Los primeros pasos en memoria democrática del nuevo Gobierno: apertura de fosas, retirada de símbolos y castigo a la exaltación del franquismo

La memoria histórica ha vuelto a situarse en la lista de prioridades del Ejecutivo español. Tras casi dos legislaturas conservadoras en el olvido, la llegada de los socialistas a la Moncloa con la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy dio un nuevo impulso a las iniciativas centradas en la verdad, justicia y reparación que llevan décadas exigiendo las víctimas de la dictadura. Ahora, el nuevo Ejecutivo de coalición, el primero desde la Segunda República, tiene en sus manos continuar recorriendo el camino marcado. Y lo hará desde el Ministerio de Presidencia. Carmen Calvo ha cedido a Podemos –Irene Montero– el área de Igualdad. Pero, a cambio, su cartera ha asumido casi todas las competencias de memoria democrática, que en la actualidad se encontraban entroncadas dentro de un Ministerio de Justicia que sólo conservará la tramitación de los certificados de reparación a los represaliados del franquismo. Por el momento, la ministra de Presidencia no ha desvelado quién ocupará la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. No obstante, sí que ha señalado que tiene en mente varios nombres y que pretende dar a este área una perspectiva de género.

Calvo ya jugó un papel importante durante el procedimiento para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La vicepresidenta se reunió en octubre de 2018 con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, con quien abordó cuestiones como el régimen fiscal de la Iglesia en España, el proceso de revisión de los bienes inmatriculados o la salida de los restos del dictador del mausoleo. La visita terminó generando alguna tensión con la Santa Sede. Pocas horas después del encuentro, Calvo afirmó en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo tenía “mecanismos” a través de la ley de memoria histórica para impedir que el dictador fuera inhumado en la cripta de la catedral de La Almudena, tal y como reclamaba la familia. Y aseguró que Parolin estaba de acuerdo en buscar una alternativa: “Acordamos trabajar de manera conjunta para encontrar una salida que obviamente no puede ser La Almudena”. Estas declaraciones fueron matizadas posteriormente desde el Vaticano: “El cardenal Pietro Parolin (…) en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación”.

Franco fue exhumado tras un largo proceso administrativo y judicial. Y el Gobierno consiguió bloquear el entierro en pleno centro de Madrid. Fue el gran hito memorialista del equipo de Pedro Sánchez. Sin embargo, las asignaturas pendientes que el nuevo Ejecutivo tiene en esta materia son abundantes. Y tanto socialistas como Unidas Podemos se comprometieron a seguir avanzando en sus programas electorales de cara a los comicios del pasado 10 de noviembre. “La recuperación de la memoria democrática de nuestro país va mucho más allá de la exhumación de la momia del dictador. Hace falta verdad, justicia, reparación y no repetición. Mientras tanto, somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos a revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño)”, aseveraba la formación morada.

Exhumación de fosas comunes

El acuerdo de gobierno que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de diciembre plantea la necesidad de asegurar España “como país de memoria y dignidad”. Y, para ello, proponen desarrollar “actuaciones de reconocimiento y reparación”, declarando el 31 de octubre como día de recuerdo a los represaliados por el franquismo y el 8 de mayo como jornada de reconocimiento a los exiliados. Sin embargo, una de las medidas que tendrá que afrontar de forma prioritaria la cartera que dirige Carmen Calvo será la implementación de un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo. En España hay localizadas unas 2.500 fosas comunes. El pasado mes de febrero, un informe forense encargado por la Dirección General de Memoria Histórica (DGMH) calculaba que entre 2000 y 2018 se habían abierto unas 740 y se habían recuperado los restos de 9.000 personas. Y cifraba en entre 20.000 y 25.000 el número de cuerpos que se podrían rescatar si el Ejecutivo decidiera dar apoyo a  los trabajos de exhumación. Tareas que llevan afrontando desde 2011 los familiares y colectivos memorialistas sin ayuda económica del Estado.

Tras la exhumación del dictador, Sánchez dejó claro que el hecho de que existan “miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía” es “una aberración” que debe afrontarse “con decisión”. Por eso, el pasado mes de octubre, la DGMH puso en marcha un plan que incluía la adjudicación de varios contratos menores para llevar a cabo trabajos en este sentido en 13 localizaciones. Pero, en su comparecencia, el entonces presidente del Gobierno en funciones también puso el foco en todas las víctimas de la Guerra Civil cuyos restos se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. Porque en las diferentes criptas de la Basílica de Cuelgamuros permanecen inhumadas en la actualidad 33.847 personas, según los datos que en 2011 constaban en Patrimonio Nacional. Y más de un tercio –12.410– están sin identificar. Y poner nombres y apellidos a todos ellos no es tarea fácil. “El deterioro de las criptas y los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general, la identificación individualizada”, avisaba en 2011 la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos.

Simbología, exaltación y retirada de medallas

Otro de los puntos de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos gira alrededor de la retirada de la simbología franquista de los lugares públicos. La Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero instaba a las administraciones a tomar las medidas necesarias “oportunas” para retirar escudos, insignias, placas u otras menciones conmemorativas de actuación. Sin embargo, no incluía ningún marco sancionador para forzar su cumplimiento. Esto ha provocado que diferentes ayuntamientos españoles hayan terminado desatendiendo durante la última década dicha exigencia normativa. Por eso, los socialistas incluyeron en la reforma de la ley de memoria histórica que registraron el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados –iniciativa que decayó con la repetición electoral de noviembre– un catálogo de infracciones. El mantenimiento de la simbología franquista se considera “grave” e implica una multa de entre 2.001 y 10.000 euros. Este castigo económico, además, puede ir acompañado de algunas “sanciones accesorias” atendiendo a los hechos constitutivos de la infracción.

El nuevo Ejecutivo de coalición también deberá afrontar la “prohibición de la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso público”, prometida en el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, la reforma memorialista planteada por los socialistas durante la pasada legislatura ya establecía como “muy grave” la “falta de adopción de las medidas necesarias para impedir o poner fin a la realización, en espacios abiertos al público, de actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración” del golpe de Estado, la Guerra Civil, la dictadura o de Francisco Franco. El castigo, una sanción de entre 10.001 y 100.000 euros y “el cierre temporal, por un período de seis meses y un día a dos años, de los locales o establecimientos públicos” donde se realicen dichos actos. Junto a estas medidas, la norma planteada también instaba en su disposición final tercera a llevar a cabo, en el plazo de un año, las modificaciones legales necesarias para “declarar ilegales” aquellas asociaciones o fundaciones que “públicamente inciten directa o indirectamente al odio o la violencia” contra las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

A estas tareas pendientes se suma, además, la retirada de condecoraciones y prestaciones asociadas “concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo”. Ésta fue, junto con la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, una de las principales promesas de los socialistas desde que llegaron a La Moncloa. El descubrimiento de las cuatro medallas al Mérito Policial otorgadas al expolicía Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, llevaron al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a estudiar las posibilidades para quitar las insignias al exagente investigado en Argentina por torturas. El Gobierno socialista apostó por tramitar esta cuestión como una enmienda en la reforma de la Ley de Memoria Histórica, en lugar de emplear la vía del Real Decreto. Sin embargo, las diferentes convocatorias electorales han impedido la tramitación de la norma y, por ende, la retirada de las distinciones. Unas medallas que siguen permitiendo al expolicía cobrar un plus del 50% sobre su pensión vitalicia.

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Condenas y bienes expoliados

La Ley de Memoria Histórica de 2007 declaró la “ilegitimidad” de los tribunales y jurados políticos del régimen franquista, así como de sus resoluciones, por “vulnerar las más elementales exigencias del derecho”. Sin embargo, la ambigüedad del término “ilegitimidad”, de raíz política más que jurídica, provocó que este movimiento no tuviese ningún efecto práctico. Un ejemplo de ello es la condena a muerte del poeta Miguel Hernández, que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazó revisar alegando que la normativa memorialista ya reconoce estas resoluciones como “radicalmente injustas”. Por eso, socialistas y Unidas Podemos fueron claros en el acuerdo de gobierno suscrito: “Declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género”. Un documento que, sin embargo, no incluye la promesa electoral del partido morado de modificar la Ley de Amnistía.

En el programa para los comicios del 10N, la formación liderada por Pablo Iglesias recordaba que el régimen franquista “no sólo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión”, sino que también “operó” como “un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista”. Por ello, otra de las prioridades que tendrá el Ejecutivo sobre la mesa en materia de memoria histórica, incluida en el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, será la de llevar a cabo una auditoría de “los bienes expoliados por el franquismo” para “devolverlos a sus legítimos titulares”. Dentro de esta lista se encuentra el Pazo de Meirás, por el que el Gobierno presentó el pasado mes de julio una demanda alegando que su venta al dictador se había llevado a cabo de forma fraudulenta. La familia Franco también se apropió de varias obras de arte. Destacan, por ejemplo, las estatuas del Mestre Mateo que formaron parte del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y por las que está batallando en los tribunales el consistorio de la ciudad coruñesa. Un asunto sobre el que terminará decidiendo el Tribunal Supremo.