El PSC enfría el acuerdo con Aragonès y exige condiciones que alejan a ERC de los comunes

Esquerra Republicana sufre las consecuencias de la ruptura con Junts. Los republicanos gobiernan en solitario en la Generalitat desde el mes de octubre, después de que la militancia de los postconvergentes decidiera salir del Govern. En un contexto de máxima debilidad parlamentaria —ERC solo tiene 33 escaños y la mayoría absoluta está fijada en 68— los de Pere Aragonès buscan pactar los presupuestos con otras fuerzas del Parlament, entre las que se encuentran sus antiguos socios pero también el PSC.

Los socialistas ya mostraron su disposición a pactar las cuentas públicas cuando se produjo la ruptura del Govern. "Si usted quiere, el 1 de enero habrá unos presupuestos en vigor en Cataluña", le aseguró el líder del PSC, Salvador Illa, a Aragonès durante un pleno del Parlament. Un ofrecimiento que ya hizo en el mes septiembre. Entonces, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, rechazó ese pacto alegando que "muchos" de los dirigentes socialistas "se enrojecieron las manos aplaudiendo nuestro encarcelamiento".

Tres meses después de esas palabras, es Esquerra quien reclama —y anuncia— un acuerdo mientras que el PSC se lo toma con calma. Según trasladan a infoLibre fuentes cercanas a Illa, ERC no está creando un clima "de confianza" en esta negociación, en la que ya se han producido 16 reuniones entre ambas partes, y creen que esto se debe a que el sector Junqueras no quiere realmente cerrar un acuerdo con el PSC.

Los socialistas están molestos con el equipo de Aragonès porque el pasado lunes anunciaron un principio de acuerdo cifrado en más de 5.000 millones de euros y en el que aseguraban que se incluía el 87% de los puntos que pidió el partido de Illa, unas 147 propuestas en el ámbito de la salud, la energía, los derechos sociales, la industria, el conocimiento, la educación la gestión del aguda o la movilidad.

Sin embargo, desde el PSC aseguran que "la negociación no está cerrada": "Nuestra condición es encajar el documento que les hicimos llegar el pasado 28 de diciembre", trasladan fuentes de la formación. Es más, los socialistas no creen que el acuerdo llegue este fin de semana y sitúan la pelota en el tejado de Aragonès. "Tenemos los mismos escaños que ERC. Y tienen que aceptar nuestro documento. No nos vale con que le den el sí a 2 o 3 cosas. Tiene que ser todo", especifican.

Más optimistas se muestran desde ERC. "La negociación se acelera. Hoy se ha producido una reunión provechosa que sirve para encarar los últimos retoques. Y mañana habrá dos reuniones más. Estamos centrados en las medidas y en las cifras, que aún se están negociando", sintetizan. El principal escollo entre ambas formaciones, tal y como admiten las fuentes consultadas, está en los tres macroproyectos que el PSC exige reactivar a la Generalitat.

Ampliación del Aeropuerto de El Prat

Los socialistas catalanes exigen que se lleve a cabo la ampliación del aeropuerto de El Prat para convertirlo en un hub de conexión internacional. Un proyecto presupuestado en 1.700 millones de euros para ampliar la tercera pista del aeropuerto, construir una terminal satélite que entraría en funcionamiento en 2026 y llegar a acoger en 2031 hasta el doble de pasajeros que en la actualidad.

Este proyecto que ya provocó choques entre Junts y ERC en 2021: los posconvergentes apoyaban esta ampliación mientras los republicanos lo rechazaban alegando que no respetaba el humedal protegido de La Ricarda, una reserva verde ubicada en los alrededores del aeropuerto. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también se opuso a esta ampliación y alegó que equivaldría a que "toda la ciudad de Barcelona aumentara entre un 60 % y un 80 % sus emisiones".

Reactivar el proyecto del Hard Rock Café

Los de Illa también reclaman que se reactive el proyecto del Hard Rock Café, un complejo recreativo con hoteles y un casino ubicado en Vila-Seca y cercano al parque temático de Port Aventura. El PSC asegura que este proyecto generará 1.000 millones de inversión y 13.000 empleos y demanda que las obras empiecen este mismo año.

Sin embargo, los comunes "no contemplan" que este proyecto se realice bajo el mandato de Aragonès, amparándose en un informe de Acció Climàtica que detectó incumplimientos medioambientales "Nuestro acuerdo de Presupuestos de 2023 con el Govern debe mantenerse intacto. Creo que los votantes del PSC no entenderían que su líder nos tumbe unos presupuestos que avanzan por un proyecto de sangría y ludopatía como es el Hard Rock", ha traslado a través de su cuenta de Twitter su portavoz en el Parlament, Jéssica Albiach.

Las obras del cuarto cinturón del Vallès

Otra de las condiciones del PSC pasa por proseguir con las obras del denominado "cuarto cinturón" del Vallès, un nuevo tramo de la autovía B-40 para conectar el municipio de Terrassa con  el de Granollers. Los socialistas, tal y como consta en el documento, le dan un plazo de dos meses a la Generalitat para acordar con el Gobierno central un convenio en el que se establezca el financiamiento, la redacción y la ejecución del proyecto.

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El día del anuncio, el Govern dio plantón a la ministra de transportes, Raquel Sánchez, y calificó el proyecto de "sociovergente". Según afirmó Aragonès "perpetúa modelos de movilidad caducos en Cataluña", por lo que propone "una alternativa" a esta vía, como una "rambla" interurbana que conecte los diferentes municipios.

Cercanías y Delta del Llobregat

Cercanías también entra dentro de esta partida. El PSC alega que la Generalitat mantiene sin firmar el contrato programa con Renfe que debe servir para mejorar la flota de trenes. Según trasladan los socialistas, deben firmarlo en el plazo de dos meses para desatascar las cuentas. Además, también piden que se paralice la ampliación de las áreas ZEPA de especial protección para las aves en el delta del Llobregat.

Control parlamentario y delegaciones en el extranjero

Desde la formación dirigida por Salvador Illa también reclaman que se aplique un mayor control parlamentario a las subvenciones que se otorgan a los medios escritos publicados en catalán y que el Centro de Estudios de Opinión (CEO), el ente que elabora los barómetros de opinión, actualmente en manos de la Consellería de Presidencia, pase a depender del Parlament. Asimismo, los socialistas demandan el cese de aperturas de delegaciones de la Generalitat en el extranjero, incluyendo el cierre de algunas de las existentes.