Ley de Memoria

El PSOE acelera para aprobar en julio la ley de memoria que saldrá adelante gracias a Bildu

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

La Ley de Memoria Democrática es uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición. El texto contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas, y pone el foco en la celebración de actos de esta naturaleza en el espacio público. Pero no se queda ahí. La localización y exhumación de víctimas de las fosas comunes es otro de los ejes vertebradores del nuevo texto, junto con la puesta en marcha de un Banco Nacional de ADN, que conservará muestras biológicas de familiares a fin de poder compararlas con las víctimas que se vayan exhumando de las fosas comunes distribuidas por toda la geografía nacional.

Tras aprobarse en el Consejo de Ministros en julio del pasado año, la norma, impulsada por el ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se ha mantenido aparcada en una suerte de limbo parlamentario. Tanto es así que hace apenas meses el PSOE no confiaba, siquiera, en que el proyecto viera la luz esta legislatura. Todo ha cambiado en la última semana: los socialistas han intensificado las negociaciones con los grupos y han decidido desbloquear el trámite para tratar de aprobar la ley en el pleno extraordinario de julio. “Contamos con los apoyos”, resumen fuentes del grupo parlamentario a infoLibre.

El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ha celebrado este movimiento. "Estamos muy contentos de que por fin el Partido Socialista haya hecho el esfuerzo que le venimos reclamando desde hace meses para desbloquear la tramitación de esta ley. Fue en el mes de noviembre cuando presentamos las enmiendas y, francamente, ya era tiempo suficiente”, aseguró Enrique Santiago (IU), la pasada semana. La coalición morada se ha mantenido al margen de las negociaciones de los últimos días y algunas voces se muestran sorprendidas de que el PSOE haya acelerado la aprobación de la ley de memoria frente a la derogación de la ley mordaza.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha confirmado el de su formación a la norma tras acordar con el Gobierno que se reconozcan a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983. Los abertzales celebran que se declare "de manera explícita", en palabras de Aizpurua, "la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus condenas". Asimismo, la portavoz vasca ha asegurado que su grupo ha conseguido “el compromiso del Gobierno para adecuar el Fuerte de San Cristóbal”, situado en Navarra, “como lugar de Memoria”, así como la “adhesión del Palacio de la Cumbre” de San Sebastián al ayuntamiento de la ciudad. Se trata de la que fue la residencia del gobernador civil de Gipuzkoa y el lugar donde torturaron a Lasa y Zabala. Lo que no se les escapa es que el PSOE ha apretado el acelerador tras la derrota en Andalucía y por ese motivo trata de desplegar su agenda legislativa en el Congreso antes del parón del verano.

Otra de las formaciones que es imprescindible para el Gobierno es el PdeCat. En la calculadora de los socialistas aparece un ‘sí’ de los cuatros diputados de la formación catalana. "Estamos en conversaciones muy avanzadas con el Gobierno, detectamos predisposición del Ejecutivo para que la Ley de Memoria recoja nuestras demandas. Creemos que este proyecto de ley está encarrilado, pero estamos a la expectativa de cómo vaya la ponencia de mañana y la comisión de la semana que viene”, apuntan fuentes de la formación a este periódico.

Sucede lo mismo con el PNV. En una entrevista publicada el domingo en el diario Deia, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, explica que "no hay mayoría" para sacar el texto: "Nosotros tenemos la mejor voluntad del mundo. Hay que discutir algunas enmiendas, y a algunas nos han dicho que sí. No vemos con malos ojos la ley, pero nos gustaría que algunas enmiendas fueran atendidas. Hay algún otro grupo, del cual se necesita su apoyo, que hoy por hoy sí está enfrente de la ley", asegura. "Igual con los votos del PNV no es suficiente", añade.

Además de los votos afirmativos del PSOE (120) y Unidas Podemos (33), estas mismas fuentes aseguran que ya cuentan con el voto favorable del PNV (6), PdeCat (4), Más País (2), Compromís (1), Coalición Canaria (2), Teruel Existe (1), PRC (1) y de la exdiputada de UP, Meri Pita, integrada en el Grupo Mixto. En total, junto a los de EH Bildu, 176 diputados.

Las formaciones que ya han anunciado su voto en contra son el PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9) y su diputado tránsfuga, Pablo Cambronero. También se prevé el voto en contra de los 2 diputados navarros (exrepresentantes de UPN), de los de la CUP (2) y el de Foro Asturias (1). En total, 155 votos en contra. La incógnita principal es la posición que adoptará el único diputado del BNG, Néstor Rego, y, especialmente, los 13 diputados de ERC. Si todos ellos votan en contra, sumarían 169 votos. A los que se les podrían unir los 4 de Junts. En ese caso el bloque del no sumaría 173 votos.

ERC asegura que "podría llegar" a una abstención

Desde Esquerra trasladan a este periódico que "no hay ningún tipo de aproximación" que les haga plantear un voto a favor, aunque tampoco se cierran en banda a una abstención. "Tal y como está es un no, pero podemos llegar a una abstención", aseguran. Quien lidera las negociaciones es el exdiputado Joan Tardà, al que desde ERC ven una "referencia" en materia de memoria histórica, no solo en Cataluña sino también a nivel estatal. "Convencer a Joan Tardà es complicado", apuntan. Aun así fuentes de la formación reconocen que la ley introduce mejoras y se muestran satisfechos de sus aportaciones a través de enmiendas, pero también inciden en que hay otras cuestiones que "no son del todo garantistas".

Los republicanos exigen que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977. "Lo que pedimos es que un régimen salido de un golpe de Estado se declare ilegal. Y abrir una puerta real a la reparación patrimonial de las víctimas. Esto no se puede hacer sin cambiar al menos dos artículos de la ley de amnistía que blindan a los victimarios. Sin eso, ERC no puede apoyarla", fueron las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado mes de noviembre. Pero para los socialistas este punto es una línea roja. A diferencia de lo que plantea Rufián, el acuerdo al que llegaron socialistas y grupo confederal el pasado mes de noviembre a través de enmiendas al articulado no incluye una derogación de la Ley de Amnistía. Entre otras cosas, explican, porque también fue una "conquista" de las fuerzas democráticas.

Lo que sí hicieron Unidas Podemos y el PSOE es incluir vía enmienda una mención a la Ley de Amnistía. La idea es que esta inclusión permita a los represaliados durante la dictadura poder agarrarse a algo para intentar esquivar el enorme escollo que supone en los tribunales la norma de 1977. El problema es que no es el único. Aunque se pueda superar este obstáculo, nada podrá hacerse mientras se siga interpretando de forma restrictiva la aplicación del concepto de crimen de lesa humanidad a estos casos. Es un debate que el Tribunal Constitucional ha evitado. Esa tendencia, sin embargo, podría cambiar con las futuras renovaciones, que auguran un órgano más progresista.

Esquerra también reclama que la ley reconozca cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas de las víctimas y su derecho a la reparación, restituyendo los bienes inmuebles, dinero y otros valores, ya sea con la devolución del propio bien o con la compensación de su valor económico en la actualidad. Actualmente, según recoge la norma, no pueden producir "efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, administraciones públicas o particulares" ni "dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional"

Los cambios que introduce la ley

La nueva Ley de Memoria, cocinada durante la etapa de Carmen Calvo en Presidencia, y cuya responsabilidad recae ahora sobre Félix Bolaños, busca completar los espacios que dejaba la ley de memoria aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 e impulsar los trabajos en esta materia tras años de parálisis conservadora. El texto ha dado un paso más allá en todo lo que tiene que ver con las condenas o sanciones emitidas "por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa" por parte de los tribunales y jurados puestos en marcha durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de Ley las considera nulas, lo que supone un enorme avance respecto a la norma de 2007, que se quedaba exclusivamente en la "ilegitimidad" de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos.

Además, la norma también contempla la revocación de títulos nobiliarios contrarios a la democracia y condecoraciones concedidas a agentes policiales cuando se acredite que, formando parte del aparato de represión franquista, realizaron actos y observaron conductas "incompatibles con los valores democráticos”. Tras la llegada del proyecto a las Cortes, UP y PSOE pactaron introducir 29 enmiendas que, según apuntan fuentes de ambos partidos, han servido de base para los trabajos que se han desarrollado en el Congreso y a los que han añadido otras enmiendas pactadas con los grupos.

Los partidos que forman parte del Gobierno plantean otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron en la guerra civil, la creación de un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones, y la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, como la denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando el nombre original. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público.

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