Desahucios

El PSOE intenta apagar la polémica con la PAH y atraerse a los grupos al recurso ante el TC

Ada Colau y Rafa Mayoral, abogado de la PAH, el pasado 7 de agosto a las puertas del Tribunal Constitucional.

"Queremos que la normalidad vuelva por sus propios cauces y no entrar en polémicas, ni mucho menos". Se expresa así una dirigente del máximo rango del Grupo Parlamentario Socialista cuando se le pregunta por el recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley Antidesahucios, fuente de controversia esta semana con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Y esa "normalidad" implica para el PSOE que en los próximos días acabará de reformular la impugnación con el fin de que pueda remitírsela lo antes posible al colectivo ciudadano y a los partidos políticos y, todos juntos, llevar el escrito al TC. "Ojalá sea así. Sería razonable que lograsen apagar la polémica", respondía ayer viernes Colau.

El malentendido, el lío o el choque se producía el pasado miércoles. Desde por la mañana estaba en los titulares que el PSOE finalmente se había decidido a recurrir la ley 1/2013, la norma que el Gobierno del PP aprobó sólo con sus votos (y entre protestas) para intentar hacer frente al drama de los desahucios. Claro que el texto que publicó el BOE no recogía ninguna de las tres demandas "de mínimos" por las que peleaba la PAH con el aval de más de 1,4 millones de firmas: la dación en pago, la moratoria de los desalojos y el alquiler social de las viviendas vacías.

El anuncio se conocía pocas horas antes de que la plataforma presentase ante las puertas del TC su propuesta de impugnación ante el Constitucional [consúltala aquí]. "Esperamos que reconsideren la postura y lo pedimos es que lo avalen, no que se lo apropien", dijo Colau. Alfredo Pérez Rubalcaba le replicó desde Asturias: "El problema no es quién lleva el recurso al TC, sino ganarlo, que se rehaga la ley y que las personas tengan el máximo de garantías constitucionales. El objetivo es ganar y, para ello, hay que coger los mejores argumentos de la PAH y algunos más que hay que añadir". 

El ambiente se enrareció. Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que había prestado su apoyo al documento de la plataforma, advirtió de que no firmaría el escrito del PSOE si cambiaba la redacción de la PAH, y pidió "enterrar cualquier debate que no beneficia al interés general". Un aviso que también compartieron otros grupos que se adhirieron a la demanda del colectivo: ERC, Amaiur o Compromís-Equo. 

Sin embargo, el papel del PSOE es clave. La Carta Magna explicita que una ley sólo puede ser llevada al Constitucional con la firma del presidente del Gobierno, o de 50 diputados, o de 50 senadores o del Defensor del Pueblo o de gobiernos o parlamentos autonómicos. De modo que toda posibilidad de recurso pasa por los socialistas. A esa condición se suma esta otra: el tiempo. La Ley Antidesahucios –oficialmente, la ley 1/2013, de Medidas para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social– se publicó el 15 de mayo en el BOE, así que el plazo legal de tres meses para presentar la impugnación acaba el próximo 16 de agosto

"Nadie tendrá razones para descolgarse"

El PSOE espera pues que las aguas se vayan remansando. "¿Quién ha querido buscar polémicas? –se preguntaban desde la dirección del Grupo Socialista en el Congreso con cierta perplejidad–. Nosotros hemos dicho lo mismo desde el principio: que asumimos la demanda de llevar la Ley Antidesahucios ante el TC, que asumimos todos los fundamentos jurídicos de la PAH y consideramos violados los mismos preceptos constitucionales que ella ve y que abriremos el recurso al resto de grupos. Decimos lo mismo ahora". 

¿Qué van a hacer los socialistas? Recoger "íntegra" la argumentación de la PAH, subrayar en el texto la "centralidad" de la PAH y de la sociedad civil e introducir, "a mayores", algunas razones más contra la ley del Gobierno de Rajoy si se encuentran más puntos presumiblemente inconstitucionales. "La PAH se verá totalmente reconocida en el recurso, de eso no hay duda", prosiguen desde la cúpula del grupo. Rubalcaba dijo algo semejante el miércoles: "Vamos a coger los mejores argumentos de la plataforma y añadir alguno más para hacer el mejor recurso posible".

"Se está trabajando para reforzar el recurso de la PAH, porque lo importante es que prospere", añade la portavoz socialista de Vivienda en la Cámara, Leire Iglesias, que recuerda que algo similar hizo el PSOE con la iniciativa legislativa popular (ILP) antidesahucios, que enterró el PP con su ley: "Mantuvimos las enmiendas, añadimos otras cuestiones que vimos con ellos y no desvirtuamos su propuesta". Una vez que el escrito ante el TC esté rematado, se enviará a la plataforma y a los partidos, con la pretensión de que "todo el mundo se sume". "Nadie tendrá razones para descolgarse por el contenido", complementaba una dirigente del grupo, reacia a que apareciera su nombre, justo para no alimentar la controversia. 

Colau no hace la misma lectura. Celebra que el PSOE haya "reaccionado" y se haya "dado cuenta de su traspié". "Vimos mala fe porque salió la noticia de que presentaban el recurso, cuando ellos no pensaban hacerlo. Ahí reaccionamos molestos. Suponemos que es porque están acostumbrados a ir por su cuenta. Pero esta es una iniciativa de la sociedad civil, y deben comprender que es así", apuntaba ayer, en declaraciones a infoLibre. La PAH está dispuesta a aceptar cambios que sean "mejoras", aunque advierte de que si hay modificaciones "muy significativas" puede no haber tiempo, ya que tendría que estudiarlas el equipo de asesores legales, y el día límite es el viernes 16 de agosto. 

A la espera de CiU, PNV y UPyD

José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural, también cree que si hay "mejoras" y la PAH las acepta, no habrá problema para que el resto de grupos se sumen. "Pero en este caso las formas son muy importantes, y no sólo el fondo. Hay que darle la centralidad y el protagonismo a la PAH", afirmaba ayer el diputado. Los contactos del PSOE con él, como con las demás formaciones y con la plataforma, no han comenzado. Joan Baldoví, portavoz de Compromís-Equo, coincidía: "Queremos que se respete el texto de la PAH. Todo lo que sea abrir el recurso a la plataforma y a los grupos será positivo, porque esta no es la lucha de un partido, sino de todo un pueblo. Ahora, si se introducen mejoras que la PAH vea bien, por nosotros también". 

Colau considera que "en coherencia" con lo que ocurrió en la tramitación parlamentaria de la ley, donde el PP se quedó solo, ahora podría articularse un recurso de "toda la Cámara" contra el Gobierno. Hasta ahora, han mostrado su adhesión total al texto Izquierda Plural, ERC, Amaiur, Compromís-Equo, Geroa Bai y BNG. Anoche aún esperaba la respuesta de CiU, PNV y UPyD. 

Los socialistas, por su parte, aunque rehusaban "entrar en polémicas", recordaban que el procedimiento con otros recursos ante el TC ha sido parejo: reunión con los colectivos afectados, análisis de los argumentos jurídicos, apertura al resto de formaciones. "Ocurrió con los sindicatos, con los que trabajamos en la impugnación de la reforma laboral; o con los preferentistas, o con los médicos de Madrid. Siempre hemos hecho lo mismo", se defendían en la dirección del Grupo Socialista. Pero en este caso, según Colau, ni siquiera estaba en mente del PSOE llevar la ley al TC. "Ni lo habíamos descartado ni lo habíamos confirmado. Las aportaciones de la plataforma nos parecieron bien", opone Iglesias. 

¿Y qué dice la propuesta de la PAH? Básicamente, denuncia seis motivos de inconstitucionalidad. Uno, los "criterios arbitrarios" que la ley fija para no ser desahuciado. La norma permite la suspensión de los lanzamientos (los desalojos) en las familias especialmente vulnerables, aquellas cuyos ingresos no superen los 1.597,53 euros al mes (tres veces el IPREM, el indicador público de renta) y en las que la cuota de la hipoteca sea superior al 50% de esos ingresos. La PAH cree que al no dar margen al juez para establecer una valoración más allá de estos límites atenta contra la "inviolabilidad" del hogar y se agarra a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina que el desahucio forzoso sólo debe ser posible si no se coloca a los afectados en situación de exclusión social y no se agreda sus derechos. 

Mantiene las "desigualdades" a favor de la banca

Segundo motivo. La ley establece como una condición para la suspensión del lanzamiento y de la reestructuración de la deuda que en la unidad familiar haya niños menores de tres años. No es un criterio "objetivo" para la plataforma, pues no hay razón para que se estipule ese límite de edad, pues los niños sufren "independientemente" de sus años las situaciones de desamparo. Tres, la "vaguedad" que la PAH encuentra a la encomienda que la norma hace al Gobierno para que promueva con la banca un fondo social de viviendas destinadas a personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por impago del préstamo hipotecario. La organización reprueba que, con la situación actual de crisis aguda, el mandato no sea mucho más taxativo y concreto, en plazos y en instrumentos. 

Cuatro: crítica a que la ley dé la opción a los jueces, y no el deber, a que puedan apreciar cláusulas abusivas de las hipotecas. Cinco: la legislación da a la parte más fuerte, a los acreedores, más herramientas en el trámite judicial. Y seis: la ley favorece la venta extrajudicial de la vivienda, un sistema de ejecución más rápido que el judicial pero que, para la PAH, "quita de las manos de los jueces la administración de la Justicia y la tutela judicial efectiva". 

La PAH, a la postre, considera que la ley 1/2013 "vulnera los derechos de las personas y familias, contraviene la Constitución, la legislación europea y los tratados internacionales de derechos humanos, manteniendo las desigualdades entre las entidades financieras a las que protege frente a las familias, a las que perpetúa en su situación de indefensión". 

Ya no queda mucho margen para la incertidumbre. La incógnita de si al TC acudirá solo o no el PSOE se despejará en pocos días. Porque los plazos no se pueden estirar más

El PSOE remite a la PAH su recurso contra la Ley Antidesahucios

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