La XII Legislatura

El PSOE ya ha registrado en el Congreso iniciativas contra las leyes más polémicas de Rajoy

El PSOE presenta iniciativas contra las leyes más polémicas aprobadas por Rajoy

El PSOE ha decidido llevar ya al Congreso su oposición a las leyes más polémicas aprobadas durante la anterior legislatura por el Gobierno de Mariano Rajoy. En las escasas semanas que han transcurrido de esta legislatura los socialistas han presentado 12 proposiciones de ley y 137 proposiciones no de ley, entre las que se cuentan iniciativas destinadas a derogar la ley mordaza o la reforma local, reducir el IVA cultural, suprimir las tasas judiciales, suspender el calendario de aplicación de la Lomce o reimplantar la sanidad universal.

Las Cortes Generales celebraron su sesión constitutiva el pasado 19 de julio, y a partir del día siguiente los diferentes diputados y grupos parlamentarios pudieron comenzar a registrar iniciativas. Casi todos los grupos del Congreso han presentado preguntas al Gobierno, si bien en cuestión de proposiciones de ley, proposiciones no de ley, peticiones de comparecencia o peticiones de creación de comisiones el desempeño de unos y otros ha sido dispar: formaciones como el PNV, Foro o EH Bildu no han registrado ninguna iniciativa de este tipo, mientras que ERC suma 29, Ciudadanos un total de 15, UPN lleva 12 y el Partit Demòcrata Català (la antigua CDC) nueve. El PP, a preguntas de este diario, no respondió si ha presentado iniciativas parlamentarias.

En el caso del grupo que reúne a Podemos, IU, En Marea y En Comú Podem hay diferencias entre unas y otras formaciones. Ni el partido morado ni la coalición catalana –que aúna a Podemos, EUiA, ICV y Barcelona en Comú– han presentado todavía proposiciones de ley, no de ley o peticiones de comparecencias o apertura de comisiones. IU y En Marea, por el contrario, suman entre ambas 25. Además, Compromís –que pese a presentarse en coalición con Podemos a las pasadas elecciones está encuadrada en el grupo mixto– también ha registrado más de una decena de iniciativas.

Pero, en términos absolutos, el partido que más iniciativas ha planteado en el Congreso es el PSOE. 12 de las 165 son proposiciones de ley que se debatirán en el Pleno, y en ellas los socialistas plantean reformas o directamente derogaciones de algunas de las leyes más polémicas aprobadas por Rajoy entre 2012 y 2015. La Cámara baja discutirá a raíz de estas proposiciones la suspensión del calendario de la Lomce –que ya se tramitó la pasada legislatura–, así como la vuelta de la sanidad universal, la prohibición de indultar a condenados por corrupción y violencia machista o la derogación del voto rogado, aprobado en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre estas proposiciones de ley también se cuentan tres referentes al ámbito judicial: una destinada a la supresión de la ley de tasas judiciales promovida por el anterior ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, otra para reinstaurar el principio de justicia universal –que tras el recorte que sufrió en el año 2009 se vio de nuevo acotado en 2014– y una tercera que pretende anular la existencia de un plazo máximo para instruir un proceso judicial, instaurado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno llevó a cabo la pasada legislatura. Además, se debatirá a instancias de los socialistas un paquete de medidas para combatir la pobreza energética.

En sus proposiciones no de ley el PSOE también muestra su rechazo frontal a algunas de las medidas más polémicas aprobadas por el Ejecutivo, si bien a través de este tipo de iniciativas el Congreso únicamente insta al Gobierno a seguir una determinada línea política y no aprueba modificaciones normativas. Los socialistas, en cualquier caso, tratarán de que la Cámara baja pida al Gobierno derogar tanto la reforma local como la ley de seguridad ciudadana y la reforma laboral aprobadas por el PP, y también que reduzca el IVA cultural al 10%, que establezca una ayuda para familias sin ingresos o que eleve el salario mínimo al menos un 5% este año.

ERC presenta tres proposiciones de ley

La actividad del resto de grupos del Congreso ha sido notablemente menor a la de los socialistas, si bien portavoces de varios de ellos argumentan que sirve de poco presentar estas iniciativas cuando no se ha elegido Gobierno y, especialmente, durante un mes inhábil como es el de agosto, en el que la Mesa no califica los escritos registrados por los grupos. De hecho, la propia presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, prometió que durante el mes de septiembre el Congreso recuperará su ritmo de trabajo, y será el día 6 cuando la Mesa dará trámite a todas las iniciativas presentadas para que comiencen su andadura parlamentaria.

En cualquier caso, el más activo del resto de los grupos ha sido el de ERC, que ha presentado 29 iniciativas –sin contar con las preguntas parlamentarias–: 24 proposiciones no de ley, tres proposiciones de ley y la petición de apertura de dos comisiones parlamentarias. En este sentido, los republicanos buscan que el Pleno debata sobre la eliminación de las penas de prisión para los piquetes informativos que "coaccionen a otros trabajadores para iniciar o continuar una huelga", según explica el partido en un comunicado, y también plantean modificaciones legales para reinstaurar el principio de justicia universal y para extender el derecho al voto a los mayores de 16 años.

Pero, además, ERC quiere que el Congreso –a través de sus proposiciones no de ley– inste al Gobierno a crear un fondo dotado con 800 millones de euros para combatir la pobreza infantil, así como a que recorte el presupuesto militar en un 40% y a que fije un salario máximo en las empresas privadas, por el cual el directivo mejor pagado de la compañía no pueda tener un sueldo más de doce veces mayor al del empleado con menor salario.

IU y En Marea se mueven en Unidos Podemos

Las iniciativas del grupo de Unidos Podemos, por su parte, se refieren a ámbitos muy diferentes en función de si han sido presentadas por IU o por En Marea. La federación de izquierdas ha planteado un total de cinco proposiciones no de ley, entre las que se cuenta una de "medidas urgentes frente a la Lomce", cuyo encabezamiento es muy similar a otra registrada por el PSOE. No obstante, fuentes de IU aseguran que su iniciativa, a diferencia de la registrada por los socialistas, recoge "íntegramente el acuerdo alcanzado entre alrededor de 30 asociaciones y colectivos en defensa de la educación pública y partidos como el PSOE, ERC y Podemos, además de la propia IU".

Además, la federación liderada por Alberto Garzón busca que el Congreso inste al Gobierno a aprobar un paquete de medidas contra las agresiones al colectivo LGTB, y ha registrado otras tres proposiciones no de ley: una para declarar el 24 de agosto –el día de 1944 en el que La Nueve, el grupo de soldados de la España republicana encuadrados en el ejército de la Francia Libre, entró en París venciendo a las tropas nazis– "día oficial de la resistencia antifascista", otra para "anular la sentencia a Blas Infante y a todas las víctimas del franquismo" y una tercera para fundar un sistema de evaluación de la producción científica.

En Marea, por su parte, ha presentado iniciativas centradas en Galicia. Cuatro de sus proposiciones no de ley están referidas a la gestión de Navantia, la empresa pública de construcción naval, que cuenta con un astillero en Ferrol, y también han planteado iniciativas para pedir que el Estado transfiera las competencias de la gestión de la autopista AP-9, para la protección del gallego o para anular la prórroga a la empresa Ence y evitar que siga operando en la ría de Pontevedra. Esta última proposición no de ley ya fue aprobada durante la pasada legislatura.

Las iniciativas de Compromís también tienen un carácter eminentemente regional, si bien hay algunas de ámbito más general, como la que busca que el Congreso inste al Gobierno a "elaborar un Plan Joven de Empleo Estatal" o la que plantea la rebaja de la edad de jubilación de los cuidadores de personas dependientes. El partido, por ejemplo, propone que la Cámara baja pida al Gobierno el cese del jefe superior de Polícía de la Comunidad Valenciana, José Javier Cuasante, envuelto en diferentes polémicas, y también que se detenga la construcción de una línea de alta tensión en Castellón.

La única proposición de ley presentada por Ciudadanos, por otra parte, es relativa al autoconsumo eléctrico, y tiene como objetivo derogar el polémico impuesto al sol impuesto al solaprobado por el PP en 2013. Este compromiso fue adoptado por prácticamente toda la oposición durante la fallida legislatura anterior, y busca reconocer "el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo". Además, entre sus trece proposiciones no de ley, el partido naranja incluye una batería de medidas contra la pobreza energética, así como otras relativas a temas como la protección de la cultura en situaciones de catástrofe o para agilizar los procesos de adopción de menores.

Finalmente, el Partit Demòcrata Catalá (la antigua CDC) ha presentado por el momento cinco proposiciones de ley y cuatro no de ley. En cuanto a las modificaciones normativas, los nacionalistas defenderán ante el Pleno la derogación de la reforma del Tribunal Constitucional que aprobó el año pasado el Gobierno para que el órgano pueda suspender a quien no cumpla sus resoluciones; por otra parte, el PDC ha planteado una proposición no de ley para instar al Ejecutivo a que renegocie con las comunidades autónomas los objetivos de déficit para este año.

Montoro, Guindos o Fernández Díaz, en el punto de mira

Pero los grupos no sólo han presentado en el registro del Congreso proposiciones de ley y no de ley. Varios ministros y altos cargos podrían verse obligados a comparecer en la Cámara baja a raíz de las peticiones registradas por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos o Compromís, que han planteado diferentes iniciativas en este sentido.

El más señalado es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que tanto los socialistas como IU piden que comparezca: los primeros quieren preguntarle por el techo de gasto para 2017, mientras los segundos buscan que explique el error que cometió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al publicar sus cuentas –el primer dato hecho público por el organismo hablaba de pérdidas por un valor de 1.293 millones de euros, 230 millones menos de los que suponen las pérdidas reales–. IU también pide que rindan cuentas el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del FROB, Jaime Ponce.

Por su parte, Ciudadanos solicitó en julio la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que dé explicaciones sobre elas grabaciones en las que buscaba pruebas contra políticos catalanes de la oposición junto al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. El partido naranja, no obstante, rechazó apenas un mes antes –cuando las Cortes aún no se habían constituido– junto a PP y PSOE que Fernández Díaz compareciese ante la Diputación Permanente del Congreso.

Y para Compromís, quien debe comparecer en el Congreso es su propia presidenta, Ana Pastor, para rendir cuentas de su etapa como ministra de Fomento. La formación le reclama que informe sobre "los sobrecostes de 17,6 millones de euros descubiertos en la construcción de la línea AVE Alicante-Murcia", construida durante su mandato.

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