Memoria histórica

El PSOE sostiene que la norma que blinda la impunidad del franquismo no es una “ley de punto final”

Los votos del PSOE inclinaron este martes en el Congreso la balanza a favor del PP y de Ciudadanos para mantener en toda su extensión la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, cuya derogación ha sido reclamada por Naciones Unidas y un buen número de organizaciones internacionales de derechos humanos porque contradice el derecho internacional al impedir que los tribunales españoles puedan investigar los crímenes del franquismo. Casi 41 años después de su aprobación, anterior a la vigente Constitución, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias no fueron suficientes para poner fin a la impunidad de la Dictadura.

El diputado andaluz Gregorio Cámara fue el elegido por el PSOE para defender el voto en contra de los socialistas y lo hizo con el argumento de que “aquella ley”, que desde hace 40 años impide a los tribunales españoles investigar los crímenes del franquismo, “no fue una ley de punto final”.

Cámara acusó a Unidos Podemos y a los demás promotores de la reforma de querer “tergiversar la historia y denostar al sistema constitucional de 1978”. A pesar del contexto político en el que se aprobó la norma —con las mayoría de las instituciones franquistas todavía a pleno rendimiento, incluidos el Ejército, la justicia y la policía— “nunca nadie”, subrayó, “podrá hacernos creer que aquella ley fue producto de la imposición de las élites franquistas y de la debilidad de la posición de izquierdas porque fue obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo”.

La amnistía, que desde 1977 impide investigar los crímenes de la Dictadura, es en opinión del PSOE “una política nacional y democrática, la única que puede cerrar ese pasado de guerra civil y de cruzadas”. Aprobar la reforma promovida por los demás grupos de la oposición —que habría permitido a los juzgados y tribunales españoles investigar, enjuiciar e imponer “las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos” antes del 15 de octubre de 1977— dejaría “desarticulada una ley que fue uno de los grandes pilares de la transición”, subrayó el portavoz socialista.

Y con qué efectividad, se preguntó Cámara. “¿Sería legítima esta justicia selectiva? No lo sería”, se respondió a sí mismo, “porque además se estaría pretendiendo la aplicación retroactiva de normas penales”, lo que afectaría a la seguridad jurídica consagrada por la Constitución.

El PSOE, alegó, defiende otra estrategia. “Nosotros estamos trabajando con una perspectiva diferente, señorías, mucho más productiva. Nuestra reciente proposición de ley de modificación de la ley de memoria histórica es buena muestra de ello porque permitiría ampliar y establecer nuevas medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura”. Aunque, admitió, esa estrategia no tiene recorrido, porque ha recibido “el veto del Gobierno del PP”.

Al final, el PSOE ha votado con PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, lo que ha permitido a la derecha mantener la vigencia de la ley que, según todas las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y los organismos internacionales de derechos humanos, constituye la piedra angular de la impunidad del franquismo.

Reforma pendiente del Código Penal

Pendiente queda todavía el debate de otra iniciativa, promovida por los mismos grupos, liderados por Unidos Podemos, Esquerra y el PNV, para reformar el Código Penal para que reconozca uno de los principios básicos del derecho internacional: la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Al igual que el PSOE, PP y Ciudadanos también ha acusado a los promotores de la reforma de pretender “tergiversar” y “reescribir la historia”. Pese a votar en contra, el portavoz del PP, Lorenzo Torres, llegó a decir que si la ley fuese abolida “no pasaría nada”.

También el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Prendes, acusó a Podemos de renegar de “parte de la historia” y de tener un “sentimiento de revancha y no de reconciliación”.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz consideró una “triste ironía” que la Ley de Amnistía acabase convertida “en una ley de punto y final, un escudo para no poder investigar lo que pasó en nuestro país“. No se puede “igualar a los asesinos con sus víctimas”, proclamó.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, mostró su "indignación" y su "profunda tristeza" por la negativa del PSOE a aceptar la tramitación de la reforma porque si, como se teme, PP y Ciudadanos suman mayoría absoluta tras las próximas elecciones, ya no quedará “ninguna esperanza” para las víctimas porque se cerrarán todas las puertas para que se juzguen los crímenes franquistas.

Joseba Agirretxea, a su vez, instó en nombre del PNV a los que se oponen a la tramitación a decir si los crímenes del franquismo son o no delitos y si no deben ser perseguidos porque, a su juicio esto es una “asignatura pendiente” de la democracia. La Ley de Amnistía, recordó, no se hizo “en total libertad” por culpa de las “amenazas veladas” de los militares franquistas.

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