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La reforma del Código Penal de Gallardón vulnera la Convención de la ONU sobre discapacidad

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El anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por el Ministerio de Justicia vulnera al menos media docena de artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España, según el miembro experto del Comité internacional que vela por la aplicación de la Convención Carlos Ríos. El experto, que ha elaborado un informe a petición del CERMI sobre la reforma proyectada, compareció en rueda de prensa junto al vicepresidente de FEAPS, José María Sánchez; la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; el presidente de FEAPS CV, Mario Puerto y el representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Manuel Desviat, informa Europa Press. 

Según explicó Ríos, el régimen de medidas de seguridad para personas inimputables, principalmente individuos con discapacidad intelectual, no se aplica "en atención a un sistema de garantías" y establece distinciones "más gravosas" para personas con enfermedades mentales sólo por el hecho de tenerlas. Así, contraviene el artículo 5 de la Convención, porque "fija un régimen penal diferenciado que hace que la ley no sera igual para todos"; y el artículo 8 en tanto que, en lugar de evitar la estigmatización del colectivo, el anteproyecto "vincula el trastorno mental con la comisión de nuevos delitos".

En este sentido, vulnera asimismo los artículos 12 y 13 relativos al derecho de defensa y el acceso a la justicia porque, según Ríos, se aplicarán las condenas "en razón de características subjetivas e hipótesis de peligro", es decir, "dependerán de la característica del individuo y no del hecho delictivo", lo que resulta discriminatorio.

Ampliar una condena por una sospecha 

También es contrario a los artículos 14.1 y 14.2, que prohíben privar de libertad a una persona por su discapacidad. "Abre la puerta para que una vez se ha cumplido un máximo de 5 años de condena, esta sera revisable y ampliable quinquenalmente. Esto ya no tendrá nada que ver con el hecho cometido en un principio, sino con la situación de la persona. Genera un derecho penal de autor, de estatus, en lugar de proporcionalidad", afirma el experto. En opinión de Ríos, que ha elaborado un informe detallado que el CERMI está remitiendo a administraciones públicas y grupos parlamentarios, cno la nueva legislación la decisión sobre esta privación de libertad "versa sobre cuestiones opinativas y no verificables empíricamente" y "se aleja así del debido proceso" que debe regir en cualquier ordenamiento garantista.

En otras palabras, "introduce el concepto subjetivo de peligrosidad relacionado con la salud mental", lo que supone "una involución de 20 años" en el Código Penal español, conforme ha añadido el presidente de FEAPS en la Comunidad Valenciana, Mario Puerto, quien ha explicado que supondría volver a una situación en la que los presos con discapacidad intelectual fueran tratados por ello de peor manera.

Recurso a la ONU; el TEDH y al Constitucional 

Para el representante de la AEN, la redacción del anteproyecto "juzga un diagnóstico, una enfermedad, no al enfermo, no a la persona". "El Código Penal de 1999 fue un gran avance y es suficiente para atender con todas las garantías. Ahora nos pondremos a la cola en derechos de las personas con discapacidad. Les equipara con animales feroces", ha señalado.

Conforme ha explicado el presidente de FEAPS, las organizaciones del sector han presentado una batería de enmiendas al texto ante el Ministerio de Justicia y, aunque la respuesta ha sido favorable, temen que en la práctica no se adopten. "Se han quitado algunas etiquetas, pero la parte del fondo no. Pensamos que han aceptado cosas de forma, pero no de fondo", ha señalado Sánchez Monge.

Según ha dicho, en el Ministerio de Sanidad, con quien también se reúnen estas entidades para hablar de la reforma, "opinan una cosa diferente" al Ministerio de Justicia y "no entienden" que Gallardón haya planteado el Código Penal en estos términos. También los grupos parlamentarios que han consultado, "incluido el PP", les han trasladado que en su redactado actual, la iniciativa no saldrá adelante.

Con todo, las organizaciones están preparadas para ir más allá si es necesario. El primer paso será denunciar la norma ante la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque contemplan asimismo recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Constitucional español, por la discriminación en el trato ante la ley que suponen las modificaciones previstas por el ministro.

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