El retraso de una ayuda para el alquiler desespera a miles de familias en Andalucía

El prolongado retraso de una ayuda para el alquiler de la Junta de Andalucía está afectando a miles de familias que, cumpliendo los requisitos, no perciben la subvención a la que tienen derecho. La Consejería de Fomento y Vivienda (PSOE) abrió la convocatoria en marzo de 2015, a escasos días de las elecciones autonómicas, con una dotación de 15 millones de euros. La subvención es para personas "con ingresos limitados", según la Junta. En concreto, individuos con ingresos inferiores a 7.500 euros anuales, o familias con menos de 18.600. La cuantía máxima de la ayuda es de 2.400 euros, para cubrir un tope del 40% del alquiler.

Se presentaron más de 29.000 solicitudes, desbordando las previsiones de la consejería. Las propuestas de concesión favorables ascienden a 9.765 en toda Andalucía, según Fomento y Vivienda. No obstante, 15 meses después de cerrarse la convocatoria, ni siquiera hay resolución de beneficiarios definitivos en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Jaén.

En el resto de provincias –Cádiz, Córdoba y Huelva– al menos hay resoluciones de beneficiarios definitivos. La consejería asegura haber iniciado los pagos en Córdoba, donde hay 894 personas admitidas, que deben percibir entre todas 1,02 millones de euros, y en Huelva, donde hay 414 beneficiarios aceptados (algo más de 500.000 euros en total). En Cádiz, con 2.040 beneficiarios (2,5 millones) y el listado definitivo publicado, aún no han empezado los pagos. Éstos son los que mejor lo tienen, porque al menos hay listado definitivo. Peor es la situación en las otras cinco provincias.

En Sevilla, Granada, Almería, Jaén y Málaga los beneficiarios provisionales, sumando titulares y suplentes, superan los 5.000. Todos ellos aparecen en sendas resoluciones provinciales de 23 de octubre de 2015. En Málaga la consejería ha publicado una "propuesta provisional complementaria de resolución", pero no hay listado de beneficiarios definitivos.

El recorrido de la ayuda ha sido lento desde el principio. A principios de agosto de 2015, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ya por entonces consciente de los retrasos, aseguró que las ayudas se abonarían en septiembre. Hace ya más de diez meses. Pero en septiembre de 2015 aún no había ni listados de beneficiarios provisionales. El asunto acabó llegando a oídos del Defensor del Pueblo Andaluz, que lleva meses alertando de los impagos. La Junta no detalla el número y cuantía de ayudas abonadas, ni se pone plazos para terminar de abonarlas, ni para publicar todos los listados definitivos. Los abonos se hacen a través de la Consejería de Hacienda.

La Junta atribuye el retraso al elevado número de solicitudes, al carácter novedoso de la convocatoria y a la dilación provocada por el requerimiento del Gobierno central de que los beneficiarios estén al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.

 Los números también han bailado. Al lanzar la ayuda la Junta informó de que alcanzaría a 7.510 familias, con una dotación de 15 millones de euros. En junio de este año, la cuantía había bajado a 13,16 millones, que cubrirían algo menos de 10.000 ayudas. A la inmensa mayoría les toca esperar para cobrar. Además están los casi 20.000 descartados, a los que se denegó la ayuda.

La Consejería de Fomento y Vivienda lanzó a mediados de este mes una nueva línea de subvenciones similar, sin haber pagado la anterior. La dotación anunciada es de 16,3 millones de euros. El departamento que dirige Felipe López ha anunciado que esta ayuda se tramitará con mayor "agilidad". Por ejemplo, simplificando el proceso para cumplimentar la solicitud y permitiendo que toda la documentación se presente al principio.

Seis afectados por los impagos de la Junta de las ayudas de la convocatoria de 2015 han narrado su experiencia a infoLibre.

Carmen Ruiz. Auxiliar de enfermería de baja. 47 años. La Luisiana (Sevilla) Carmen se enteró de la ayuda "por Facebook". Le venía como agua de mayo, dadas sus dificultades personales y económicas. Sus ingresos actuales son de 816 euros al mes: 390 de una invalidez permanente y 426 de la conocida como Renta Activa de Inserción (RAI), que se le acaba en noviembre.

A sus 47 años, está divorciada de un marido que la maltrataba. Reside, pagando un alquiler de 225 euros, en El Campillo, una aldea de La Luisiana a la que su marido, condenado, no puede tener acceso, según explica. "Llevo tres años con teléfono de protección. Desde hace poco sí lo dejan entrar en La Luisiana, aunque no en El Campillo. Eso me intranquiliza", afirma.

Vive sola. Sus hijos, de 25 y 25 años, se han emancipado. Es el único alivio, porque sus dificultades laborales son graves. Desde una operación en 2000 de columna y cintura, vive con unos tornillos en el esqueleto. Está en lista de espera para quitárselos. "Soy auxiliar de enfermería, un título que me saqué ya con 40 años. Cuando me divorcié, me puse a trabajar en casas de personas mayores. Con el peso, me hice daño. Se me desplazaron los tornillos a la derecha", afirma.

Su aspiración es que le concedan la incapacidad absoluta, para lo que pasó un tribunal médico el 1 de junio. Así que está esperando dos respuestas: una, para su incapacidad; y dos, para su ayuda al alquiler. Según el listado de beneficiarios provisionales de Sevilla, le corresponden 1.080 euros de ayuda al alquiler. Le vendrían de perlas sobre todo con la vista puesta en noviembre, cuando dejará de percibir los 426 euros. Tiene pocas alternativas de ingresos. Carece de una red de apoyo familiar. "Mi madre tiene una pensión de viudedad, la única. Los demás están en el paro", resume. Hasta la fecha no ha acumulado ninguna deuda con el propietario del inmueble en el que reside.

Es muy crítica con la gestión de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo por la inconsistencia y diversidad de los argumentos aportados para justificar el retraso, explica.

Mercedes González. Asistenta social de baja. 39 años. Mijas (Málaga) "Solicité la ayuda en marzo de 2015", recuerda Mercedes, de 39 años, asistenta social, de baja por problemas de salud. Cuando la solicitó, pagaba 380 euros de alquiler, que han subido hasta 400 a lo largo del último año. "Salí como beneficiaria provisional en agosto, y luego otra vez en octubre, y no sé cuántos trámites he tenido que hacer", explica.

Es una constante de todos los relatos la desesperación por la cantidad de documentación requerida. "La primera vez que entregué papeles fue en servicios sociales [municipales]. Pero luego he tenido que ir tres veces a Málaga [a la Delegación Provincial de la Consejería]", explica. Mercedes tiene tres hijos, uno de 18 años, "estudiando para soldado", y dos de 7 y 4. Sus ingresos son de 527 euros al mes. Su marido ha agotado las ayudas y ya no cobra nada. Lleva el pago del alquiler al día, explica, gracias a ayudas familiares.

Según el listado de beneficiarios provisionales de Málaga, le corresponden 1.824 euros. "Ese dinero supondría un alivio bien gordo. Por lo menos para ir al Mercadona, comprar los libros del cole. Y agua, luz...", explica. No tiene aire acondicionado, pero aun así la factura eléctrica es un quebradero de cabeza.

"Llamo y llamo a la Junta y siempre me dicen lo mismo: 'Las ayudas están al salir'. Falta seriedad. Cada vez me dicen una cosa. Un trabajador me llegó a mandar un mensaje por Facebook en privado dándome explicaciones. Al final te dicen que todo tiene que pasar por Hacienda. Y lo último: que el hombre que se encarga está de vacaciones", relata. Mercedes, aunque enfadada, admite que ver la publicación de listados definitivos en otras provincias le da "esperanza".

Antonio Solís. Vigilante de seguridad en paro. 58 años. Valencina de la Concepción (Sevilla) A sus 58 años, Antonio ni encuentra trabajo ni tiene esperanzas de encontrarlo. "No me sale nada. Y ya se me junta la edad", dice. Su situación es precaria. Paga 325 euros de alquiler más luz, agua y demás gastos. Sus únicos ingresos son los 426 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI). Mantiene a su hermano, de 55 años, que vive con él.

Lleva dos meses sin pagar el alquiler. También debe agua y luz, aunque no precisa cuánto. La casa en la que vive es de un particular. "Hasta ahora ha sido comprensivo, pero eso está cambiando", afirma sin culparlo. "Si me pagaran lo que me deben me pondría al día, por lo menos. Sería un respiro", explica. Segúnel listado de beneficiarios de octubre, le corresponden 1.560 euros. No tiene ni idea de cuándo va a cobrar, pero es pesimista. Recuerda que participó en un taller de empleo de la Junta de tres meses y que para cobrar tuvo que "participar en una manifestación".

Antonio tuvo conocimiento de la ayuda a través de los servicios sociales municipales de Valencina de la Concepción. Inmediatamente, en marzo de 2015, solicitó la ayuda. Aunque no le ha llegado la de 2015, en servicios sociales le han vuelto a dar los papeles para la convocatoria de 2016. "La trabajadora que me los dio está indignada con lo que está pasando. Si el dinero está otorgado, ¿por qué no lo dan? No dan ninguna explicación. A este paso, cobramos el año que viene, si cobramos", afirma.

Se ve "fuera de casa" en cuanto se le acaben los 426 euros, "que no dan ni para comer". Su hermano está pendiente de la solicitud de otra ayuda. El resto de su familia no está en condiciones de echar una mano, explica.

Está indignado con la Junta de Andalucía. "Me he gastado lo que no tengo yendo cinco veces a Sevilla. ¡Cinco veces! Al final lo último que me pidieron fue el IBAN [el número de cuenta bancaria] porque iban a pasarlo a Tesorería. He dado de todo, el contrato de la casa, un certificado del dueño...", relata. Cada día comprueba en la web de la Consejería si ha salido el listado definitivo para la provincia de Sevilla. Sin suerte, por ahora.

Olga Fonseca. Operadora de baja. 48 años. Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Olga tiene ganas de hablar. Está muy cabreada. Es la más activa del grupo virtual que han creado los afectados para intercambiar novedades y desahogarse. "Mientras hablo contigo les estoy contando que me ha llamado un periodista", explica.desahogarse

"Tú llamas y llamas y llamas, pero allí [en la Junta] nadie sabe nada", protesta. La situación le parece"una burla". Lo que más le fastidia es que varias veces le hayan dicho que la solución es"inminente" al llamar a la delegación provincial de la consejería. "¿Pero saben lo que significa inminente? En agosto del año pasado me pidieron el número de cuenta bancaria. ¿Por qué dicen inminente?", se pregunta.Recuerda las prisas para presentar en plazo (de 10 de marzo a 30 de abril de 2015) todos los papeles. "Empadronamiento, catastro, dependencia... ¡Lo presenté todo!", dice. Cumple los requisitos. Por eso figura como beneficiaria provisional de 2.160 euros. "Yo no estoy suplicando, ni implorando. Estoy en situación de vulnerabilidad, sólo pido mi derecho. Pero es que se burlan, cuando llamas y te dicen 'inminentemente'. Cómo molesta eso, qué falta de respeto. Es una burla", denuncia.Tiene 48 años y vive en Castilleja de la Cuesta con sus dos hijos, una de 11 y uno de 22, con esquizofrenia y discapacidad reconocida. Ella también es discapacitada. "Tengo una prótesis de cadera, fémur y rodilla", cuenta. Antes trabajaba en Movistar. "Ahora ni puedo trabajar, ni me darían empleo. Pero se entiende que estoy apta para trabajar, aunque no puedo. Tenía un subsidio de 288 euros, pero ya no lo tengo", cuenta.Su alquiler es de 450 euros. "No es que sea imposible pagarlo, es que es más que imposible. Tengo que comer, tengo que vestir a mis hijos, gasto más en medicamentos que en comida", relata. Sale adelante con ayuda de Cáritas, de la Cruz Roja... "Y de mi madre, claro".Cubana de nacimiento, Olga lleva "40 años" en España. Se siente "decepcionada" por el retraso en una ayuda que para ella es "urgente". "Es una auténtica barbarie. Y ahora tienen el descaro de sacar la ayuda de 2016", afirma. Este detalle, el haber sacado la ayuda de 2016 sin pagar la de 2015, irrita a los beneficiarios que esperan sus cobros, pese a que ambas subvenciones son de partidas presupuestarias diferentes y no interfieren entre sí. Olga no soporta que le den explicaciones en clave de retraso burocrático. "Hay miles de personas paradas, ¡que las pongan a trabajar en eso!", dice con indignación. Es más, le llega a molestar que salgan "unas listas sí y otras no" de la convocatoria de 2015. "Debería haber un criterio, una organización. Ahora unos están contentos y otros desesperados", afirma, aunque admite que las primeras listas de definitivos dan "un poquito de esperanza". "No quiero más que lo que es mi derecho", concluye. Diego Aranda. Trabajador en la restauración en paro. 37 años. Salteras (Sevilla) "A mí me ha tocado ya tener que pedir hasta leche para la niña", lamenta Diego, de 37 años, residente en Salteras. Solicitó la ayuda en 2015 a través de asuntos sociales municipales. "La Junta me ha hecho ir a Sevilla capital por lo menos ocho veces. Es increíble. Lo último que me pidieron fue el IBAN de cuenta corriente, ya no sé ni cuándo", afirma con cierta desesperación.Su situación es delicada. Vive con su mujer y su hija. Tanto él como su esposa fueron despedidos del mesón de Triana en el que trabajaban, en Sevilla capital. "Nos despidieron en 2014 por tener a la niña", asegura. No obstante, tienen algún ingreso a la vista. La mujer ha empezado a trabajar, haciendo una sustitución de un mes por vacaciones, en la cafetería del tanatorio de Pino Montano. Diego tiene la ayuda de 426 euros."He llamado muchas veces [a la Delegación en Sevilla de la Consejería]. Me da coraje. Nos atiende cada vez uno distinto. Y al final me han dicho que mire Internet, la web de Fomento y Vivienda, que ahí tiene que aparecer. No dan fechas. Nada", lamenta. Diego paga 400 euros de alquiler. Tiene que hacer "milagros" con el dinero. Afirma que, por ser colombiano, la familia de su esposa no los ayuda. "No lo aceptan", asegura.Aunque se alegra por los beneficiarios que ya están en listas definitivas, cree que deberían salir todas a la vez. "O todos en la cama, o todos al suelo", opina. Le corresponden 1.560 euros, según el listado provisional. Alegría Crespo. Limpiadora en paro. 31 años. San Roque (Cádiz) Alegría Crespo, de 31 años, vive con su marido, Diego, de 33, y una hija de 5 años en una vivienda de la empresa pública de San Roque (Cádiz). Paga de alquiler 210 euros al mes."Ahora mismo debo 1.000 euros", afirma. ¿Facilita las cosas que sea una empresa pública? "Bueno", duda, "facilitar, facilitar... Fue mi marido a hablar con ellos y nos dijeron que si no pagábamos teníamos que irnos", explica Alegría, que está desempleada. Su marido ha logrado un contrato en el Ayuntamiento de San Roque, donde cobrará "unos 800 euros al mes".Alegría está en el listado de beneficiarios definitivos de Cádiz, publicado el 29 de junio. Le corresponden1.288 euros. En el listado provisional le tocaba más: 1.680 euros. "Va bajando", dice. También es cierto que cuando solicitó la ayuda pagaba de alquiler 350 euros, 140 más que ahora. Tiene intención de solicitar la ayuda en la convocatoria de 2016. "Me han dicho en servicios sociales que todavía no puedo", afirma, aunque en teoría la convocatoria está abierta."A mí me hicieron traer todos los papeles hace ya más de un año. Cuando me preguntaron por el número de cuenta pensé que iría rápido, pero nada", resume. "una burla""inminente"el número de cuenta bancaria

beneficiaria provisional

dos hijos, una de 11 y uno de 22, con esquizofrenia y discapacidad reconocida

más que imposible

"urgente"retraso burocrático

Diego Aranda. Trabajador en la restauración en paro. 37 años. Salteras (Sevilla)hasta leche para la niña"IBAN de cuenta corriente

despedidos

No dan fechas. Nada"

"O todos en la cama, o todos al suelo"listado provisional

Casi el 60% de los desahucios son fruto de impagos por alquiler

Ver más

"Ahora mismo debo 1.000 euros""unos 800 euros al mes"

listado de beneficiarios definitivos de Cádiz1.288 euros"Va bajando", dice

hace ya más de un año