Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.
Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.
Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.
Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".
Mucho tiempo y pocos avances
Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.
"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.
"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.
Audiencia de Madrid, Constitucional y resistencia
El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.
Un exasesor de Ayuso reconoce que las residencias no se medicalizaron en lo peor de la pandemia
No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.
Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.
Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.
Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.