El Ministerio de Educación presentó la pasada semana a los sindicatos más representativos del sector —entre ellos, la CIG-Ensino, mayoritario entre el personal docente público gallego— su propuesta para la bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. En el caso gallego, implicaría una notabilísima reducción con respecto a la normativa vigente, un decreto aprobado hace más de veinte años, en los días finales del fraguismo.
La iniciativa del Gobierno de España consiste en que en las aulas de 0 a 1 años cada docente tendría que estar a cargo de un máximo de cuatro bebés, cuando en Galicia actualmente son más. En las de 1 a 2 años el límite estaría en 8 frente a los 13 menores actuales y en las de 2 a 3 años, actualmente con hasta 20 niñas y niños por docente, la relación no podría pasar de 8 plazas de alumnado por cada plaza de personal educador.
Frente a la buena acogida entre las centrales sindicales, la Xunta recibió la iniciativa estatal con abierta hostilidad. La conselleira de Política Social, Fabiola García, lo interpretó como “un intento del Gobierno central de boicotear” el “modelo de gratuidad pionero puesto en marcha por Galicia”, esto es, la extensión de la escolarización de 0 a 3 años sin pago directo por parte de las familias mediante subvenciones a escuelas privadas y no con la ampliación de las plazas públicas.
“No aportó ni un euro”, censuraba García la pasada semana en una reunión con representantes de empresas del sector. “El presidente Sánchez dijo que iba a implicarse en la financiación de las escuelas infantiles, en la gratuidad, pasaron tres años y no hizo nada”, ahondaba en la misma línea este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ambas consideraciones obvian que el Gobierno de España llegó a remitir al Ejecutivo gallego 34,9 millones de euros para crear hasta 3.417 nuevas plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, de los cuales la Xunta devolvió la mayoría: 22 millones de euros.
Como informó Praza.gal, a finales de 2024 el departamento que dirige Fabiola García tramitó ante el Estado la devolución de 22,3 millones de fondos europeos de recuperación al Ministerio de Educación. Lo hizo cuando aún quedaba un año para gastarlos en la creación de las citadas más de tres mil nuevas plazas de educación infantil.
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Política Social justificó el retorno del dinero en que los fondos “habían sido diseñados para aumentar la tasa neta de escolarización” en 0-3 años y Galicia ya lideraba este indicador. Pero también —y sobre todo— lamentó que el Gobierno de España “no permitiese utilizarlos para financiar el programa de gratuidad que tiene Galicia”.
Esta segunda razón fue la clave del conflicto. La Xunta reclamaba poder destinar los fondos indistintamente tanto a crear plazas públicas como a financiarlas en centros privados y el Estado los enfocó únicamente a la red pública. De esta manera, en Galicia se gastaron 12,54 millones —fundamentalmente, en transferencias a ayuntamientos para escuelas infantiles municipales— y los otros 22 se devolvieron.
Más de un año después de esa devolución, Rueda esgrime esa queja de falta de financiación estatal para advertir de que la bajada de ratios que promueve el Gobierno de España “compromete muy seriamente la gratuidad de las escuelas infantiles” porque sería una “obligación sin ningún tipo de financiación”. “Habría que doblar el número de plazas o bajar a la mitad el número de matriculados”, sostiene el presidente, en cuya opinión el sistema en Galicia “estaba funcionando”, hasta el punto de ser “modélico”.
El Ministerio de Educación presentó la pasada semana a los sindicatos más representativos del sector —entre ellos, la CIG-Ensino, mayoritario entre el personal docente público gallego— su propuesta para la bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. En el caso gallego, implicaría una notabilísima reducción con respecto a la normativa vigente, un decreto aprobado hace más de veinte años, en los días finales del fraguismo.