La antigua área de salud de A Mariña, incluida desde la reforma de 2018 en la de Lugo —que desde entonces se amplió a toda la provincia—, es uno de los epicentros de las protestas por el funcionamiento de la sanidad pública. Sindicatos y vecinos consideran que hay una falta de servicios en su hospital comarcal, el de Burela, pero también una falta de personal en Atención Primaria que, como en otras zonas de la Galicia, los centros de salud sufren más en verano por la combinación de vacaciones de los profesionales y la llegada de turistas.
Ante este panorama, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña así como la Xunta de Personal del hospital, fuerzas políticas y otras entidades han redoblado sus movilizaciones. La gerencia del área sanitaria acaba de responder con la instauración de un sistema de censura previa para evitar la colocación de cartelería en los centros de salud.
Después de que, durante el mes de junio, en algunos de estos centros el propio personal colocara comunicados informando de la falta de personal durante el verano y mientras proliferan protestas como las organizadas bajo el lema Resurrección da nosa sanidade —aprovechando el eco que tiene en la comarca el viveirense Resurrection Fest—, el gerente del área, Ramón Ares, envió una circular para advertir de que "toda información que se pretenda difundir deberá requerir" su "autorización en cuanto a forma y fondo".
Este documento, remitido a los centros el 30 de junio y al que tuvo acceso Praza.gal, advierte que "carteles y anuncios" deben "seguir las normas y protocolos del Sergas" y, por lo tanto, "en caso de que los profesionales consideren conveniente difundir información a los usuarios" con "carteles u otras notas y anuncios" tendrán que enviarlos previamente por correo electrónico a la Gerencia. Especifica que deberán "indicar la información que se pretende trasladar", el "lugar de colocación" y su "vigencia".
Tras esta comunicación, señala Ares, "los órganos competentes de la Gerencia resolverán sobre la procedencia, contenido y forma de la mencionada información, dando las indicaciones oportunas al respecto". La primera indicación, en cualquier caso, ya está dictada en el propio documento: "Deberán retirar todos aquellos carteles o anuncios que aparezcan en las instalaciones de dicho centro sanitario que no se ajusten" a estas normas o que no "hayan sido emitidos por el Sergas".
Precedentes en el Sergas con Feijóo y en Educación con Fraga
Fuentes sanitarias relacionan este movimiento con las protestas de las últimas semanas y, en concreto, con las advertencias explícitas sobre la falta de personal médico en verano como las difundidas mediante carteles por personal de centros de salud como los del municipio de Cervo. No se trata, en cualquier caso, de una práctica nueva por parte del Sergas, que en ya en años anteriores intentó frenar la difusión de mensajes contrarios a la política sanitaria del Gobierno del PP no solo en un área sanitaria, sino en toda Galicia.
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Así sucedió, por ejemplo, a principios de 2020. En unos meses marcados por la importante movilización que logró revertir la decisión de cerrar la sala de partos y las urgencias pediátricas del hospital de Verín, la gerencia del Servizo Galego de Saúde emitió una circular en la que, entre otros aspectos, prohibió la colocación de anuncios o carteles que no estuvieran expresamente autorizados por "la dirección de cada centro", a la que facultó para retirar cualquier anuncio o cartel "por su contenido" o por estar ubicado en una ubicación que no considerara adecuada.
Estas normas tenían, a la vez, innegables similitudes con las dictadas por el Gobierno de Manuel Fraga, en su caso para el ámbito educativo, en plena crisis política por la gestión del desastre del Prestige y la participación española en la invasión de Irak. En aquel entonces, en 2003, la Xunta instó a las direcciones de los centros educativos de Galicia a retirar los carteles "propagandísticos, publicitarios o que hicieran referencia a declaraciones o manifestaciones de conocimiento, juicio o voluntad sobre cuestiones ajenas" a la educación" por ser "claramente ilegales".
Paralelamente, también se observan similitudes entre las directrices marcadas por el área sanitaria de Lugo y las dictadas por el Departamento de Educación para la organización de actividades complementarias en el curso 25-26. Según la orden ya oficial, los centros educativos e institutos deben comunicar antes del inicio del periodo lectivo todas las actividades previstas y, las que puedan ser "sobrevenidas", solo podrán celebrarse con el control previo de la Inspección. Todo ello, defiende el departamento, para velar por la "neutralidad ideológica" en las aulas.
La antigua área de salud de A Mariña, incluida desde la reforma de 2018 en la de Lugo —que desde entonces se amplió a toda la provincia—, es uno de los epicentros de las protestas por el funcionamiento de la sanidad pública. Sindicatos y vecinos consideran que hay una falta de servicios en su hospital comarcal, el de Burela, pero también una falta de personal en Atención Primaria que, como en otras zonas de la Galicia, los centros de salud sufren más en verano por la combinación de vacaciones de los profesionales y la llegada de turistas.