Sanidad pide a las autonomías que exijan dos test semanales al personal de residencias no vacunado

El covid-19 ha vuelto a las residencias de mayores. En los últimos quince días el número de residentes contagiados se ha duplicado y desde principios de verano se ha multiplicado por dieciocho. Según los últimos datos actualizados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), a día 1 de agosto había contagiadas 1.272 personas residentes y en los siete días anteriores fallecieron por coronavirus 72, justo el doble que la semana previa. En los primeros siete días de julio, por ejemplo, no se contabilizó ningún fallecimiento. Una evolución que ha hecho saltar las alarmas.

Gracias a la vacunación masiva de las personas de mayor edad el número de contagios y de fallecimientos se mantiene aún hoy muy alejado del de los peores momentos de la pandemia, cuando estos centros se convirtieron en una auténtica zona cero de letalidad del coronavirus. La campaña de inmunización a las personas residentes provocó un descenso drástico de la incidencia y, por tanto, también del número de muertes, datos que se han mantenido estables durante meses. Pero ahora la quinta ola se prolonga en el tiempo y empieza a causar estragos otra vez entre la población más vulnerable.

Preocupación en Sanidad

Desde el Gobierno no ocultan su preocupación por estos datos. Tal y como adelantaba infoLibre, el ministerio de Sanidad ha publicado un nuevo documento (aquí PDF)que pretende actualizar los protocolos de seguridad vigentes en las residencias de mayores. Se trata de nuevas recomendaciones a las Comunidades Autónomas, a quienes están transferidas las competencias de este tipo de centros y que, por tanto, tendrán la última palabra. Varias fuentes participantes en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la semana pasada confirman que este tema “ya se trató” entre las diferentes administraciones y que incluso se llegaron a plantear ideas concretas de medidas que podrían implantarse a partir de ahora, aunque se acordó volver a tratar el asunto en futuras reuniones con más detalle. Este miércoles, de nuevo, el Consejo volverá a celebrar su reunión semanal, pero en el orden del día enviado a las Comunidades no se especifica si el de las residencias será o no uno de los puntos a tratar.

En el documento publicado y que se hará llegar a los gobiernos autonómicos,  Sanidad pone el foco en el personal que haya rechazado vacunarse. En concreto, especifica que "en trabajadores que rechacen la vacuna o que no hayan completado su vacunación se realizará control de temperatura diaria y PDIA de forma regular (mínimo 2 veces por semana), como medida específica de evaluación del riesgo y de prevención en estas personas trabajadoras, habida cuenta del riesgo a terceros que supone esta situación". Es decir, el Gobierno recomienda aumentar los controles hacia el personal no vacunado con dos test PCR o de antígenos a cada semana y de manera obligarotia. En el documento también se plantea para estas personas la posibilidad de"valorar el cambio de puesto de trabajo".

Visitantes y trabajadores

Las vías de contagio evidentes de los mayores que viven en centros son, por un lado, las visitas que reciben y, por otro, los propios trabajadores de las residencias. De ahí que los nuevos protocolos vayan a implementar medidas de control hacia ambos grupos. En anteriores reuniones del Consejo Interterritorial, algunas autonomías plantearon la posbilidad de endurecer también los controles de las visitas, aunque el Gobierno en su nuevo protocolo publicado prefiere no entrar en ello y se limita a mantener "las medidas no farmacológicas de prevención de la enfermedad". Es decir, mascarillas y distancia. En el caso del personal sociosanitario, la patronal de centros de mayores calcula que un 95% de ellos están vacunados, quedando sin inmunizar alrededor de un 5%. Un porcentaje pequeño pero que supone un riesgo mayor de contagio hacia las personas atendidas.

La Fiscalía interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de mayores

Ver más

De hecho, tanto la propia patronal como varias Comunidades Autónomas se han sumado a la petición formal al Gobierno central para que decrete la obligatoriedad de la vacuna a este tipo de trabajadores. Una medida descartada desde Sanidad, que apuesta por controles exhaustivos de esos trabajadores vía PCR o antígenos. Además, la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales exigen que se inocule una tercera dosis a trabajadores y residentes tras un estudio epidemiológico que lo avale. 

Debido al preocupante aumento del número de casos en residencias de mayores, casi la totalidad de gobiernos autonómicos han ido actualizando progresivamente su normatia vigente en relación a la seguridad de los centros. En el caso de la Junta de Andalucía, por ejemplo, la última actualización es del pasado 4 de agosto. En ella se dispone que todo el personal sociosanitario no vacunado deba ser sometido semanalmente a un test de antígenos. En el caso de la Comunidad de Madrid también a principios de agosto publicó, en este caso, una batería de recomendaciones. El Gobierno de Ayuso plantea, por ejemplo, que las visitas a residentes se restrinjan a personas vacunadas con las dos pautas, así como que el personal que se contrate en esos centros cuenten también con la pauta vacunal completa.

Sanidad prevé tener concluido el nuevo documento en pocos días para posteriormente trasladarlo a los gobiernos autonómicos, con quienes se intentará consensuar una actuación conjunta.