Muy pocos doctores están dispuestos a ejercer en prisión. De hecho, el de facultativo de Sanidad Penitenciaria debe ser de los pocos –si no el único– procesos de empleo público en el que se cuentan menos aspirantes que plazas ofertadas. Esta compleja realidad está provocando una falta de profesionales médicos. Un agujero del que se está beneficiando la sanidad privada. En el último lustro, el Ministerio del Interior ha tenido que desembolsar a diferentes clínicas más de un millón de euros para cubrir la asistencia médica básica de los reclusos.
El sistema penitenciario español, entendiendo como tal aquel que depende del departamento que lidera Fernando Grande-Marlaska, cuenta con 65 cárceles –además de dos hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social–. Las direcciones de al menos 17 de ellas, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, han ajudicado desde la pandemia importantes contratos a empresas del sector de la salud para que se hagan cargo de la atención primaria de sus internos. En total, se han desembolsado más de 1,1 millones de euros.
Las adjudicaciones recogidas por este diario se limitan a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica. No se han tenido en cuenta, por tanto, las que giran alrededor de especialidades –desde ginecología a psiquiatría u odontología–, que engordan aún más la cuenta. Ni los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores. Del mismo modo, se han dejado fuera de la factura aquellas adjudicaciones en las que no se establece una cuantía total por el servicio, sino que se fija un precio por hora –lo que impide conocer la facturación final–. Y las que han acabado canceladas por incumplimiento.
Uno de los últimos contratos de este tipo fue formalizado hace solo un par de semanas, el pasado 11 de diciembre. A un lado, la directora del Centro Penitenciario de La Moraleja-Dueñas. Al otro, la empresa CMD Salud Castilla y León. Y sobre la mesa, 51.620,58 euros. La firma se produjo apenas unas horas antes de que la cárcel de Valdemoro modificase su contrato de atención primaria con Gestión Sanitaria Tressalud para aumentar el número de horas de servicio, elevando el valor del mismo de 34.342,88 a 51.342,88 euros.
Cuando se licitó el servicio, el centro penitenciario madrileño solo tenía cubiertos dos de los diez puestos de facultativos previstos. Y ambos médicos se encontraban de baja. Una situación que se ha mantenido hasta final de año sin que "exista previsión cierta" sobre su "reincorporación". "Estas circunstancias determinan una situación sobrevenida de imposibilidad de prestación satisfactoria del servicio sanitario de atención primaria, por falta de personal facultativo propio que hace imprescindible incrementar la prestación del servicio contratado", resalta la dirección de la prisión en el acuerdo de modificación del contrato.
En una situación similar se encuentran en la prisión de Alicante, que lleva los tres últimos años recurriendo a la sanidad privada. "El personal médico propio [...] se ha visto reducido en los últimos años como consecuencia de jubilaciones, renuncias y situaciones de incapacidad temporal, pasando de tres médicos a un único médico en estos momentos. Asimismo, el centro carece desde el año pasado de subdirector médico. Como consecuencia de ello los efectivos de personal médico propio [...] son insuficientes para garantizar adecuadamente la asistencia sanitaria", recogía el informe justificativo del último contrato, de hace unos meses.
Varios años ha estado también la prisión de A Lama, en la provincia de Pontevedra, apoyándose en clínicas externas para poder dar cobertura sanitaria a sus internos, con contratos cuyo valor se ha movido entre los 21.010,54 y los 61.864,11 euros, respectivamente. Adjudicaciones a las que también han recurrido las cárceles de Villena, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Huelva, Soto del Real, Málaga I, Málaga II, Mallorca, Zaragoza, Algeciras, Teixeiro –si bien en este caso el contrato no estipula una facturación total, sino un precio/hora– y Puerto III.
Licitaciones desiertas
Esta última, la cárcel gaditana, se encuentra en estos momentos en una situación complicada. A finales de noviembre, la dirección del centro se vio obligada a romper el contrato suscrito con Emergencias 360 con el que se pretendía cubrir la atención médica básica de los presos hasta la próxima primavera. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".
Diez días antes de oficializar la ruptura con dicha compañía, contratada por la cárcel de Algeciras en años anteriores, la dirección de Puerto III puso en marcha un nuevo proceso de adjudicación para cubrir el servicio sanitario hasta el arranque de 2027. Sin embargo, el concurso ha quedado desierto. La única empresa que concurrió al mismo renunció a la licitación después de no responder al requerimiento que se le hizo para presentar los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y los títulos de los médicos que prestarían los servicios requeridos.
Interior se encomienda a la sanidad privada para cubrir el agujero de médicos en las cárceles
Lo mismo le sucedió el pasado otoño a la prisión de Algeciras, donde solo están cubiertas tres de las nueve plazas previstas de facultativos. Su licitación para dar atención médica primaria y de urgencias a los internos hasta octubre del próximo año quedó desierta. En este caso, no recibió una sola oferta. Ahora, están tramitando un nuevo contrato similar aunque con un presupuesto de licitación ligeramente superior –59.700 euros, en lugar de los 57.360 euros que pusieron sobre la mesa en octubre–.
Unas plazas que nadie quiere
En Instituciones Penitenciarias son plenamente conscientes de que, al igual que ocurre en la calle, las cárceles tienen un problema de falta de médicos. No obstante, recuerdan una y otra vez que la atención médica de los presos está garantizada. Y que la oferta de empleo público en este ámbito es constante. El problema es que muy pocos quieren optar a dichas plazas. El pasado año, por poner un ejemplo, se convocaron 89. Y, según la última memoria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tan solo se recibieron 23 instancias.
La clave está, según los expertos, en las condiciones de trabajo. De media, en los centros penitenciarios los médicos pueden estar ganando 1.000 euros menos al mes que en los de salud. Una desigualdad que se debe, fundamentalmente, a la diferencia de pagadores. En el primer caso los facultativos dependen de la Administración General del Estado. En el segundo, de las propias comunidades autónomas. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 dio a las regiones 18 meses para asumir las competencias de sanidad penitenciaria. Veintidós años después, sin embargo, solo Euskadi, Cataluña y Navarra lo han hecho.
Muy pocos doctores están dispuestos a ejercer en prisión. De hecho, el de facultativo de Sanidad Penitenciaria debe ser de los pocos –si no el único– procesos de empleo público en el que se cuentan menos aspirantes que plazas ofertadas. Esta compleja realidad está provocando una falta de profesionales médicos. Un agujero del que se está beneficiando la sanidad privada. En el último lustro, el Ministerio del Interior ha tenido que desembolsar a diferentes clínicas más de un millón de euros para cubrir la asistencia médica básica de los reclusos.