El sector de la energía solar reduce a sólo 21,5 millones el impacto fiscal de derogar el 'impuesto al sol'

El Gobierno de España se agarró a los Presupuestos para mantener su famoso impuesto al sol con la ayuda de Ciudadanos. Hace pocas semanas el Real Decreto 900/2015, del 9 de octubre, de regulación del autoconsumo eléctrico, era puesto a prueba con una proposición de ley firmada por todos los grupos de la oposición que proponía simplificar los trámites administrativos y, sobre todo, modificar la normativa para eliminar el llamado peaje de respaldo, que supone en la práctica que la electricidad que el usuario genera en su placa solar y consume su frigorífico está gravada y contribuye al mantenimiento de todo el sistema eléctrico.

La norma de 2015 establece que los autoconsumidores cuya instalación está conectada a la red con el objetivo de consumir electricidad en las horas en las que no corre el viento o no hace sol tienen que pagar el llamado peaje de respaldo, un elemento introducido para que los poseedores de una infraestructura de este tipo se vean obligados a tener que pagar un sistema que durante muchas horas no utilizan. En este decreto se dividió en dos: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes, como el déficit de tarifa o las primas a las renovables. El primero solo se aplica cuando se hace uso de la red, pero el segundo se aplica por la electricidad autoconsumida, la que se genera en el panel fotovoltaico y consumen los electrodomésticos sin que un solo electrón salga del hogar.

Es por ello que se habla de impuesto al sol, un término utilizado por el sector, por expertos, por organizaciones de consumidores y por ecologistas, al entender que el autoconsumidor paga por algo que no utiliza y de ese modo es desanimado a apostar por un modelo que reduce su factura y las emisiones de gases de efecto invernadero. La proposición de ley, además de eliminar trabas burocráticas, proponía eliminar estos peajes. 

Pero el Ejecutivo vetó la propuesta argumentando que la ley privaría al Estado de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que, según sus cálculos, provocaría la consecuente reducción de los peajes. Esa fue la principal razón, porque la Constitución permite al Gobierno paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso. Expertos del sector y políticos a favor de la propuesta discuten, con cifras sobre la mesa, que dicha alteración sea como la venden los conservadores y denuncian un sesgo ideológico en el informe gubernamental, que no explica determinados datos e ignora el poder recaudatorio de un sistema de autoconsumo eléctrico estable y boyante.

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha elaborado un informe de contraargumentación para intentar desmontar el documento presentado por la Secretaría de Estado de la Energía, que sirvió al Gobierno de base para el veto en el Congreso a la iniciativa opositora. "El informe es ideológico y no jurídico; carece totalmente de justificaciones legislativas a las argumentaciones que presenta", consideran desde la Unef. El impacto presupuestario que alega el Ejecutivo, afirma la organización, no es tal. Y hacen sus propios cálculos para demostrarlo.

El informe de la Secretaría de Estado asegura que "el impacto económico en impuestos que dejarían de recaudarse sería de 162 millones de euros si se estima que el 2% del consumo eléctrico se produce con autoconsumo”. La Unef no entiende de dónde proviene ese dato. Alegan que la cifra del Ministerio de Energía que recoge la cobertura actual de la demanda con autoconsumo es del 1,19%. De ese porcentaje, las instalaciones sujetas al pago del peaje de respaldo son el 0,46% y un 0,01% son de autoconsumo fotovoltaico.

A partir de esas nuevas cifras, la organización actualiza las estimaciones gubernamentales. La suma de 162 millones de euros viene de tres fuentes: la pérdida de ingresos en impuestos directos sobre la generación y el consumo de electricidad (IVA, impuesto de generación y especial de electricidad) que el Gobierno estima en 74 millones y la Unef estima en 9,5 millones; la pérdida de ingresos por impuestos asociada a una menor recaudación en el pool energético –el mercado mayorista de electricidad–, cuyas cifras son similares, ya que el Ejecutivo dice que perderá 74 millones y la UNEF insiste en otros 9,5 reales; y las tasas que se dejan de cobrar por el peaje de respaldo ya mencionado. 14 millones menos para las arcas, dicen desde la Secretaría de Estado; 1,5 millones menos, dice el lobby. En total, el sector fotovoltaico afirma que los 162 millones de euros se quedarían en 20,4. Si atendemos al impacto total, pasamos de 172 millones a 21,5.

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Además del porcentaje de potencia autoconsumidora instalada, otra cifra dispar que hace que bailen los cálculos es la referente al precio medio del pool previsto para 2017, que el informe del Ministerio cifra en 50 euros por el megawatio/hora. Unef señala que el propio dato real previsto de Energía, proveniente de la Orden de Peajes, es de 42,31 euros/MWh. La asociación ha revisado a la baja el impacto económico estimado por el Gobierno en base a las cifras del propio Gobierno, incluyendo la aportación extra a los Presupuestos, que el Ejecutivo cifra en 10 millones y el lobby en 1,1. 

La bajada del recibo de la luz no es un problema

A la hora de abordar si el cálculo del impacto económico estimado del Gobierno es real, si se trata solo de números o más bien de ideología antirrenovable, hay un punto que indigna especialmente a los expertos contrarios al veto ejecutivo a la propuesta. El Ministerio de Energía argumenta que el precio de la electricidad descenderá si nos ponemos todos a generar nuestra propia luz y que eso hará bajar la recaudación del IVA. A Jorge Morales, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, le parece un argumento especialmente grave. "El Gobierno está diciendo que va a ingresar menos porque vamos a pagar menos IVA. Porque vamos a abaratar el recibo de la luz. No está hablando de desequilibrar el sistema eléctrico, está hablando de eso. Es escandaloso, una barbaridad", sentencia.

Pilar Lucio, la responsable de Energía en el Grupo Parlamentario Socialista, lo equipara a quejarse de que el Estado ingresa menos porque los hogares están más preparados contra el frío y no encienden la calefacción: el sector considera el autoconsumo como una medida de eficiencia energética similar. Lo esgrimido por el Gobierno le parece "sencillamente increíble. Va en contra de la lógica. Tenemos que cumplir una senda de eficiencia energética" impuesta por Bruselas, recuerda. La Secretaría de Estado de la Energía no considera el autoconsumo ni ahorro ni eficiencia energética porque, según recoge en su informe, "es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo, tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo". La Unef recuerda lo que para ellos sí que es evidente: el consumidor ahorra en la factura, se ahorran pérdidas en la distribución de la electricidad, se ahorra en emisión de combustibles fósiles y se ahorra en dependencia energética del exterior.

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Con respecto al IVA, la disidencia argumenta también en otro sentido. No solo se oponen a que la bajada en el recibo de la luz sea algo considerado negativo por el Gobierno, sino que afirman que Energía no tiene en cuenta lo que recauda en caso de que el autoconsumo aumente en España al haber menor carga impositiva y al simplificarse los trámites. En la Unef son contundentes: "En el supuesto de que se ingresasen en el sistema en un año 100 MW de autoconsumo fotovoltaico, el saldo positivo en retornos fiscales y costes anuales evitados al Estado supondría 73 millones de euros. En este escenario, la pérdida de ingresos no sería superior a 5 millones, por lo que en cualquier caso el saldo sería positivo para el Estado con ingresos de más de 68 millones de euros". Apuntan, además, que lo que perciben las arcas públicas procedente del ahorro en emisiones de CO, eficiencia energética e importaciones de combustibles fósiles ascendería a 7,6 millones de euros.

Esa cifra de 73 millones de euros parte de la cifra de negocio de la cual, en base a impuestos, retorna al Estado un porcentaje significativo y, además, tiene en cuenta los empleos directos estructurales a tiempo completo que generaría la iniciativa opositora de supresión del peaje de respaldo, calculados en unos 1.300.

Aún en el caso de que, realmente, los costes para el Estado de suprimir el impuesto al sol fueran significativos, Lucio cree que no es excusa. "El futuro está en el autoconsumo. Va a suponer en el futuro una disminución de ingresos al sistema, pero eso no lo puede parar un decreto del Gobierno. Tiene que adaptarse a una nueva realidad. Imparable, por mucho que el Gobierno quiera atarlo", sentencia.