El sector inmobiliario y los fondos buitre se posicionan en contra del decreto

El sector inmobiliario se posiciona en contra del nuevo real decreto de medidas urgentes sobre viviendas de alquiler que ha aprobado el Consejo de Ministros, que limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado, y que finalmente no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda, según han concretado fuentes del Ministerio de Fomento. Distintas empresas del sector han aclarado sus posturas ante el decreto aprobado este viernes. Entre las declaraciones se le considera un decreto que "aumenta la inseguridad", de carácter "restrictivo" y no creen que pueda ser efectiva para una bajada de los precios.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) ha solicitado a la Administración que busque el "necesario consenso" y que tenga en cuenta los posibles efectos que pueden tener sobre el mercado del alquiler algunas iniciativas reflejadas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, según informa Europa Press. 

ACI, en un comunicado, pidió que el Ejecutivo "se abra a revisar" algunas de las medidas aprobadas, puesto que, en su opinión, tal y como están redactadas "no favorecen el normal desarrollo" del alquiler dentro del libre mercado. Desde la organización resaltaron que el sector comparte la necesidad de alcanzar un marco normativo que regule de manera eficaz el mercado del alquiler, a través de normas que se adapten al dinamismo del mercado y en el que tengan espacio todos los agentes implicados.

"Al contrario del Real Decreto-ley aprobado hoy, se requiere de un consenso elevado que conlleve una mayor garantía de estabilidad para todas las partes involucradas en cualquier proceso de arrendamiento", subrayó ACI.

Blackstone afirma que el decreto "discrimina sin razón alguna" a los operadores profesionales

El senior advisor de Blackstone en España, Claudio Boada, ha rechazado este viernes el nuevo decreto, al considerar que "discrimina sin razón alguna" a las operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores.

"En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta", denunció Boada, tras afirmar que la nueva norma "dificulta la operativa de una plataforma profesional del alquiler en España".

En opinión de Blackstone, la ampliación de los plazos del alquiler, las limitaciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre van a suponer que los precios de salida ofertados sean "más altos" para adaptarse al nuevo decreto, lo que va a perjudicar principalmente a los arrendamientos más asequibles, aquellos que están por debajo de 600 euros.

Asimismo, lamentó que con este real decreto el Ejecutivo habrá cambiado en menos de tres meses hasta tres veces la normativa del mercado del alquiler, lo que ha aumentado "enormemente la inseguridad jurídica" de los ciudadanos que son propietarios o inquilinos de una vivienda. "La nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en el Congreso en los próximos 30 días", reiteró.

Para Blackstone, el aumento de la inseguridad jurídica no se circunscribe solamente al mercado del alquiler, ya que considera que también afectará a la inversión extranjera en España en el conjunto de sectores productivos. Por todo ello, apuesta por un "análisis exhaustivo" y por un debate entre todas los operadores de este mercado, "condiciones que no se han dado en esta ocasión", y aboga por introducir cambios mediante la tramitación de un proyecto de Ley.

"Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado", reiteran desde Blackstone, que añaden que 10 millones de inquilinos se van a ver perjudicados por estas medidas.

Fotocasa celebra que no se incluya limitaciones al precio del alquiler

El portal inmobiliario Fotocasa ha celebrado que el real decreto ley no incluya medidas en favor de limitar el precio de los alquileres, "pese a que este fue el principal escollo para sacar adelante el texto en el mes de diciembre".

La directora de estudios del portal, Beatriz Toribio, ha señalado "toda medida que suponga impugnar o penalizar al propietario de una vivienda en alquiler puede perjudicar la marcha del mercado más que favorecerlo". Por ello, ha lamentado que finalmente no se haya incluido la bonificación fiscal de hasta el 80% del IBI a aquellos propietarios que alquilaran sus viviendas por debajo de los índices de referencia.

Bajo su punto de vista, "para mejorar la oferta de vivienda en alquiler y a precios asequibles necesitamos incentivos fiscales y ahora apenas existen".

También ha celebrado que se establezca la creación de un índice de precios estatal de referencia del precio de la vivienda en alquiler y cree que "toda medida que favorezca la transparencia del sector es bienvenida".

Pisos.com cree que "no ayuda a crear seguridad jurídica" en el alquiler en España

Pisos.com cree que la nueva legalidad "no ayuda a crear la seguridad jurídica necesaria para la estabilidad del mercado del alquiler en España", según ha señalado en un comunicado tras la aprobación del nuevo real decreto de vivienda.

En concreto, ha afirmado que la limitación en las garantías que un propietario puede pedir a un inquilino en el contrato del alquiler "añade aún más excepcionalidad a la situación anterior, donde existía una legalidad para la mayoría de contratos de alquiler y otra para los que se firmaron durante los 35 días en los que el primer decreto ley estuvo en vigor".

Por otro lado, ha señalado la recuperación de "uno de los puntos críticos" del anterior real decreto que tumbó el Congreso, respecto a la duración de los contratos, que vuelven a pasar de tres a cinco años y su prórroga de uno a tres años.

La Agencia Negociadora del Alquiler avisa de que creará "inseguridad jurídica y precios altos"

La Agencia Negociadora del Alquiler ve "claramente electoralista" el real decreto y advierte de que creará "inseguridad jurídica, confusión y precios altos" en el sector, ya que se acumulan siete regímenes jurídicos para regular los arrendamientos de viviendas en España.

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"Es un decreto claramente electoralista que va contra el mercado de alquiler y que esconde en el fondo la ausencia de una política social de vivienda que pueda garantizar el acceso a la misma", afirma el consejero delegado de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo.

En este sentido, advierte de que las medidas van a crear mayor inseguridad jurídica y confusión, al establecer otro nuevo régimen jurídico diferente para todos los arrendamientos que se firmen desde su entrada en vigor. "Nuevamente nos volvemos a enfrentar con la posibilidad de que el decreto no se convalidara, en este caso por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y tendríamos que volver al régimen jurídico anterior", avisa. A su juicio, el nuevo contexto hará que "pocos propietarios puedan estar motivados a poner sus viviendas en alquiler".

Además, considera que las medidas "en ningún caso atacarán de lleno los altos precios de los alquileres, y muy al contrario crearán un clima de restricción de la oferta de viviendas en alquiler", puesto que, añade, los precios de los alquileres podrán bajar cuando se aumente considerable la oferta de viviendas destinadas al alquiler, tanto pública como privada, y no mediante un índice de precios que " no tiene en cuenta el estado de la vivienda". En esta línea, Zurdo critica que no se incluyan medidas para dotar de una mayor seguridad jurídica en el alquiler para aumentar la oferta, y recuerda que el mercado del alquiler en España está mayoritariamente en manos de arrendadores particulares y se estima en más de un millón de viviendas vacías que sus propietarios "no se atreven a poner en alquiler por la inseguridad jurídica existente".