La nueva legislatura

Semejanzas y diferencias entre los documentos de Iglesias y Sánchez para formar Gobierno

Semejanzas y diferencias entre los documentos de Iglesias y Sánchez para formar Gobierno

Suscribir un pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos parece, hoy por hoy, una posibilidad muy lejana. Tras semanas de tira y afloja entre ambos partidos, la formación liderada por Pedro Sánchez hizo pública su propuesta para negociar hace unos días, y este lunes ha sido el turno de los de Pablo Iglesias. Entre los documentos presentados por Podemos y el PSOE hay amplias coincidencias en materia social, fiscal o económica, pero el escollo fundamental sigue siendo el mismo que se interpone en los discursos de ambos partidos desde el pasado 20 de diciembre: la convocatoria de un referéndum en Cataluña.

Iglesias compareció este lunes en el Congreso y aseguró que el objetivo de su propuesta es "superar la situación de inmovilismo". El PSOE, en su documento, pide "generosidad y la voluntad de diálogo y acuerdo". Pero lo cierto es que los dos partidos no empiezan con buen pie, ya que la forma en la que Iglesias presentó su escrito y el hecho de que planteara un esbozo del gabinete ministerial no gustó en las filas socialistas, un descontento que verbalizó gráficamente el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, al asegurar que “Iglesias no sabe ni dónde está ni qué papel le corresponde”.

Declaraciones aparte, las coincidencias programáticas entre PSOE y Podemos se han trasladado a los documentos de negociación, aunque también lo han hecho sus divergencias. Entre ellas, la más destacada es la que afecta a los diferentes modelos territoriales que proponen ambos partidos, aunque también la propia estructura del Gobierno separa a ambas formaciones: Podemos ha planteado una estructura de 15 ministerios con una Vicepresidencia con amplios poderes, mientras los socialistas han preferido no esbozar la configuración de un hipotético futuro Ejecutivo. Pero, ¿qué propone cada documento?

Modelo territorial

El PSOE plantea en su Programa para un Gobierno progresista y reformista la necesidad de apostar por una reforma de la Constitución en clave federal. Pero los socialistas no ofrecen gran cantidad de detalles sobre ella, aunque sí señalan que "su reforma no puede ser el resultado de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos". "Sólo tendrá sentido y sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto, si cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las fuerzas políticas y de la ciudadanía", afirma el documento.

En este sentido, el PSOE propone crear "en el plazo de un mes" una "subcomisión para la reforma Constitucional en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso". En este órgano, los partidos deberían consensuar acuerdos que afectarían a varios bloques, entre los que se establecen la "modificación de la composición y funciones del Senado" y la "revisión del Título VIII [de la Carta Magna, el que hace referencia a la "organización territorial del Estado] y los preceptos conexos" con el fin de "desarrollar el concepto de Estado federal".

Los socialistas no ofrecen más detalles sobre la reforma constitucional que proponen, aunque sí que plantean en su documento la necesidad de llevar a cabo una reforma de la ley de financiación autonómica "que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad". De igual forma, el PSOE quiere "redefinir el papel y la estructura de las diputaciones provinciales", al contrario que Podemos, que sí busca eliminarlas, a excepción de las de las tres provincias vascas.

La propuesta de Podemos a nivel territorial es más concreta, especialmente en lo referido a Cataluña. "Es imprescindible la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña que permita a sus ciudadanos y ciudadanas ejercer el derecho a decidir sobre su futuro político", sostiene el partido de Pablo Iglesias en su documento, en el que detalla que este referéndum se celebraría a través del artículo 92 de la Constitución. "La pregunta de este referéndum debe ser única y clara, y tener como objetivo fijar la posición de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Cataluña".

Además, la organización territorial del Estado dependería del Ministerio de la Plurinacionalidad, Administraciones Públicas y Municipalismo, un ente que estaría compuesto por dos Secretarías de Estado: la de Plurinacionalidad y Administraciones Públicas y la de Municipalismo. Además de impulsar el referéndum en Cataluña, el departamento debería promover una modificación del Senado para convertirlo en un órgano que decidiría sobre los temas que afectasen fundamentalmente a las comunidades. Podemos también busca "aprobar un nuevo marco competencial y un nuevo sistema de financiación autonómica" que respete "el principio de ordinalidad", es decir, que las comunidades que más aporten no puedan verse superadas en financiación por otras que hayan aportado menos.

Reforma fiscal y reducción del déficit

Mucho más coincidentes son los documentos de PSOE y Podemos al plantear que la reducción del déficit público para cumplir con las exigencias de Bruselas debe hacerse a un ritmo más lento. Los socialistas señalan que el déficit público debe situarse en 2019 en el 1%, mientras que el partido morado es más laxo e incrementa esta cifra hasta el 2,2% del PIB para ese año. En este sentido, la memoria económica que acompaña al documento de propuestas de Podemos calcula que aminorar la senda de reducción del déficit proveería de 26.300 millones extra al Estado.

Según el PSOE, el nuevo Gobierno debería ofrecer a cambio a la Unión Europea "un paquete de reformas estructurales que aumentará el crecimiento potencial de la economía española", así como "el impulso a un nuevo sistema fiscal que sitúe entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal y el final de las aministías fiscales que permita elevar los ingresos de forma estructural en unos dos puntos de PIB a lo largo de la legislatura". También pide Podemos en su documento una reforma fiscal que aumente la progresividad e incremente los ingresos del Estado, y cifra en 28.000 millones de euros los ingresos extra que el Estado tendría entre 2016 y 2019 con su propuesta.

En este sentido, hay coincidencias entre ambas formaciones. Los socialistas afirman querer "reformar el impuesto de sociedades [...] con el objetivo de asegurar una tributación mínima del 15%", mientras el partido morado sostiene que su intención es acercar igualmente los "tipos efectivos" a los nominales, "que se fijarán en el 30%". "Se establecerá un tipo mínimo para las grandes empresas y un tipo diferencial para los beneficios distribuidos y los beneficios reinvertidos, que será del 25 %", propone Podemos, que asegura que con su planteamiento el Estado ganará 12.000 millones en la legislatura.

En cuanto al IRPF, el PSOE únicamente plantea la necesidad de abordar una "reforma integral de la tributación de la riqueza" –lo que también incluiría el impuesto de patrimonio–, aunque no da más detalles al respecto. "Se corregirá progresivamente la dualidad de la tarifa entre rentas del trabajo y ahorro en el IRPF, para avanzar hacia una tarifa única", sostiene en la misma dirección Podemos, que además plantea aumentar el número de tramos del IRPF a partir de los 60.000 euros de base imponible "desde el 45 % actual hasta un 55 % para rentas superiores a 300.000 euros anuales". Según el partido morado, esta modificación proveerá de 10.000 millones de euros extra al Estado.

La formación de Pablo Iglesias, además, también incluye otra medida que ya contenía su programa electoral: la modificación del IVA para aumentar el número de productos básicos que se gravan con el tipo superreducido del 4% y la creación de un nuevo tipo del 25% "para los artículos de lujo". Según Podemos, estas medidas harían que el Estado perdiera 4.000 millones de euros en cuatro años con respecto a la situación actual. El PSOE no hace referencia a este impuesto en su documento de negociación. 

Emergencia social

La lucha contra la pobreza y la exclusión también son puntos de entendimiento entre el PSOE y Podemos, al menos en los documentos que han presentado. Los socialistas insisten en su propuesta de establecer un "ingreso mínimo vital", que básicamente coincidiría con el plan de "renta garantizada" que plantea la formación morada y que costará, durante los dos primeros años, 15.000 millones de euros, según los cálculos de Podemos.

De igual forma, los dos escritos plantean la necesidad de luchar contra la pobreza energética, aunque de nuevo el de Podemos es más concreto que el del PSOE. Los socialistas proponen "una ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética que incorpore los elementos mínimos imprescindibles para desarrollar una protección efectiva", mientras que el partido de Pablo Iglesias insiste en que los suministros básicos que actualmente no se gravan con el IVA del 4% ("calefacción, gas, electricidad") lo hagan y, además, plantea impedir "los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad".

"Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado", detalla Podemos, que también plantea aprobar la dación en pago y prohibir "los desalojos forzosos sin alternativa habitacional".

Asimismo, en cuanto al alquiler social también hay coincidencias entre PSOE y Podemos. "Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional", sostiene el partido morado, una propuesta prácticamente calcada a la de los socialistas: "Las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio" tendrán derecho "a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos".

Empleo

El salario mínimo interprofesional, para PSOE y Podemos, debería incrementarse. ¿Cuánto? El partido morado explica que tendría que aumentar "de forma gradual hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los dos primeros años de legislatura" y los 950 al final de la misma, mientras que los socialistas coinciden en este último extremo, pero a corto plazo sólo señalan que el Gobierno subiría el salario mínimo en 2016 y no detallan en qué cantidad.

La derogación de la última reforma laboral también es un punto común en ambos documentos, aunque Podemos también quiere acabar con la que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El partido de Iglesias plantea en la nueva legislación del mercado laboral que "los contratos de obra o servicio determinado se convertirán de manera automática en indefinidos cuando su duración sea superior a un año o cuando se concatene una sucesión de estos contratos durante dicho periodo", así como dar más poder al trabajador que sea despedido. El PSOE, por su parte, plantea "suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores", aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que establece un periodo de prueba de un año tras el cual el trabajador puede ser despedido de manera gratuita.

En cuanto a los ERE, tanto Podemos como el PSOE establecen igualmente cambios, y los dos plantean la necesidad de que Inspección de Trabajo –un ente dependiente del Ministerio de Empleo– autorice los despidos colectivos para que puedan llevarse a cabo. De igual forma, el partido de Iglesias incluye en su documento un amplio catálogo de medidas para aumentar el poder de los trabajadores en los convenios colectivos, como un sistema de "prórroga automática" de los convenios o la preeminencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa "a la hora de reconocer derechos básicos".

Lucha contra la corrupción

Tanto PSOE como Podemos plantean en esta materia, por ejemplo, tipificar como delito el enriquecimiento injusto para penar "el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento", en palabras de los socialistas. Además, Podemos pide rebajar la cuota a partir de la cual una evasión de impuestos se considera delito fiscal a 50.000 euros, mientras el PSOE centra el objetivo en los partidos y plantea igualmente rebajar "e la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión" por financiación ilegal de las formaciones políticas.

La diferencia más icónica se produce al tratar el problema de las "puertas giratorias", según la denominación que utiliza el partido de Iglesias. Los socialistas sólo plantean "revisar las normas reguladoras de los conflictos de intereses", mientras que la formación morada se explaya al sostener la necesidad de "extender y clarificar las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez finalizada su prestación como tales", así como de "extender la incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones profesionales remuneradas de cualquier tipo con empresas o un grupo de ellas, que previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o hayan recibido subvenciones o exoneraciones de cualquier tipo".

También existen diferencias formales a la hora de poner en marcha estas medidas. Y es que, según el documento presentado por Podemos, las competencias de la lucha contra la corrupción corresponderían a la Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, precisamente el puesto que ocuparía Iglesias en un Ejecutivo de coalición.

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