Los socios de Gobierno de Oltra creen que debería dimitir ya y Ximo Puig le pide "tomar decisiones"

Casi todo el mundo guarda silencio pero las horas de Mónica Oltra como vicepresidenta valenciana parecen contadas. Desde que se conoció su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la gestión que su departamento hizo del caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido, nadie en el seno de la Generalitat Valenciana había querido siquiera acercarse a se califica como una "bomba de relojería". Oltra apenas ha recibido el respaldo explícito en público de un puñado de compañeros de filas. El resto, calla. Pero detrás de esos multitudinarios silencios se esconde en privado la creencia casi unánime de que lo mejor que podría hacer a estas alturas es dimitir y hacerlo cuanto antes.

Lo creen así en el PSPV, lo creen en Unidas Podemos y hay quien lo cree incluso en el seno de Compromís. La reacción más recurrente entre todos los partidos que forman parte del gobierno de la Comunidad Valenciana cuando se pregunta por el caso es decir que la situación resulta "insostenible" y que se trata de un asunto "muy feo". Nadie se atreve a poner en duda la inocencia de la vicepresidenta, aunque haya quien opine que el caso "pinta mal". Pero sí hay una postura común entre los partidos que conforman el Govern: desde un punto de vista político, su renuncia ayudaría a proteger la imagen del Ejecutivo de Ximo Puig, una de las principales plazas de poder territorial que le quedan a la izquierda.

Los socialistas, centrados en la recta de final de la dificilísima campaña andaluza, miran de reojo con preocupación las turbulencias valencianas. Hasta ahora siguen fiando todas sus expectativas a que sean los propios compañeros de filas de Oltra los que la acaben convenciendo de su renuncia. Aunque Ximo Puig ha ido un paso más allá a última hora de este viernes al señalar la puerta de salida de su vicepresidenta: "Hay que reflexionar y tomar decisiones", advirtió. Puig ha considerado que ahora, con este "nuevo hito" desde el punto de vista jurídico que supone la imputación de Oltra, hay que "analizar la situación" de la vicepresidenta. Preguntado por un posible cese, Puig ha apostado por abordar la situación de Oltra con "serenidad" puesto que "los tiempos jurídicos y políticos a veces no coinciden", como ocurre "en estos momentos".

En Unidas Podemos, compañeros de gobierno valenciano de Oltra y aliados estratégicos de la líder de Compromís en el proyecto impulsado por Yolanda Díaz también están convencidos de que su dimisión protegería tanto al Ejecutivo como a ella misma desde un punto de vista personal, pero igualmente se apuesta en público por la cautela. La vicepresidenta Díaz no se ha pronunciado sobre esa posible renuncia y desde su equipo se limitan a señalar que "esperan las explicaciones" del día 6 de julio, fecha en la que ha sido citada a declarar.

Creen los morados que, en todo caso, se trata de un asunto que afecta a un partido (Compromís) que no es el suyo y que apela a unas responsabilidades (las del president Ximo Puig) que no les competen. Así que también callan. No se ha pronunciado, por ejemplo, el vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca. Tampoco la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Teniendo en cuenta que el origen del caso tiene que ver con una condena por abusos sexuales a una menor tutelada, fue preguntada hasta en tres ocasiones por los periodistas en una comparecencia de este viernes. Pero Rodríguez se limitó a responder que se remitía "a lo que hayan dicho mis compañeros de Podem en el País Valencià".

Debate interno en Compromís

El caso empieza a ser motivo de confrontación interna incluso en Compromís. Uno de los pocos apoyos públicos y explícitos de Mónica Oltra ha sido de Joan Baldoví, portavoz de la formación valenciana en el Congreso: "Básicamente lo que dice el TSJ es que no existe prueba directa que vincule el expediente con Mónica Oltra, pero nos da igual, vamos a ir a por ella. Todo mi apoyo, la verdad se acabará imponiendo", escribió en sus redes sociales. Sin embargo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó (también de Compromís) se desmarcó de esa postura de apoyo sin fisuras y abrió la opción de la dimisión como una hipótesis a discutir: "Lo más democrático es que analicemos entre todos qué hacer", aseguró.

En cualquier caso, el partido le pide a Ximo Puig que no dé pasos unilaterales si pretende conservar el pacto del Botánic: "El president de la Generalitat no puede destituir a Mónica Oltra unilateralmente sin el acuerdo de los partidos que integran el Govern. Si lo hiciera supondría una ruptura de la confianza de esta coalición", advirtió la coportavoz de Compromís, Águeda Micó, en una entrevista en la radio pública valenciana.

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Mónica Oltra descartó este jueves dimitir recalcando que "es una postura ética, estética y política" y no personal. Soy coherente y lo seguiré siendo", aseveró tras asegurar que no ha hablado con el president Ximo Puig de esto y que se siente respaldada por todo el Consell. Oltra se pronunció por primera vez sobre su imputación en una rueda de prensa con una gran expectación mediática que obligó a habilitar dos salas. Durante la comparecencia, de más de una hora, recalcó que no va "a añadir más presión al president", insistiendo en que él "sabe lo que hay".

También garantizó sentirse apoyada por todos los miembros del gobierno valenciano y que es falso que se esté negociando su sustitución, además de rechazar que este caso sea equiparable a las exigencias que ella hacía al PPCV y al expresident Francisco Camps en su etapa en la oposición. "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa", recordando que Camps se ausentaba de las sesiones de control y ella "nunca" se ha escondido.

Respecto al auto del TSJCV, Oltra destacó que la frase que "lo define" es que "cierto es que no existe prueba directa" sobre el presunto encubrimiento y volvió a apuntar a "una cacería de la extrema derecha" y a que "hay un problema si en este país la verdad es increíble". "Esta gente no puede ganar, esta es una cuestión política de defensa democrática. Si me lo hacen a mí, se lo podrán hacer a cualquiera", añadió.