Acoso sexual

Así son los protocolos contra el acoso sexual del Ejército y las fuerzas de seguridad

Un grupo de mujeres pertenecientes a la Guardia Civil.

El pasado 26 de febrero, la Guardia Civil defendía el protocolo que busca prevenir y combatir los casos de acoso sexual que se producen en el cuerpo nacional. Este viernes 14 de abril, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lo rebatía y reclamaba un "verdadero protocolo". No es la primera vez que las fuerzas de seguridad saltan a primera línea de actualidad debido a episodios de violencia sexual y discriminación por motivos de género. La ahora diputada por el PSOE Zaida Cantero reveló en su día la odisea que sufrió como víctima de un superior en el seno del Ejército de Tierra, poniendo de relieve las dificultades ligadas al proceso de denuncia. Tras ello, el Ministerio de Defensa elaboró un protocolo antiacoso en el año 2015, con el que pretendía llevar a las Fuerzas Armadas una actitud de "tolerancia cero" hacia este tipo de situaciones.

El Ejército está integrado, según datos del Ministerio de Defensa, por un 12,5% de mujeres –un 11,7% en el Ejército de Tierra, un 12,5% en la Armada, un 13,6% en el Ejército del Aire, y un 25,5% en los cuerpos comunes–. Según la AUGC el número de mujeres que conforman el cuerpo es del 6,5%, mientras que en el caso de la Policía la cifra ronda las 8.700 –según datos del cuerpo correspondientes al presente año–, es decir, en torno a un 13% del total.

¿Cómo se gestionan los casos de acoso sexual en el seno de las fuerzas de defensa y seguridad del Estado español? ¿Son realmente efectivos y garantistas los protocolos?

Luces, sombras y vacíos absolutos

Los protocolos que encaran los episodios de acoso sexual en el caso de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas cuentan sobre el papel con todo un abanico de luces que en la práctica pueden convertirse en sombras, pero en el caso de la Policía Nacional el asunto va más allá: no cuenta con un protocolo referido al acoso sexual, sino que únicamente dispone de uno que regula el acoso de tipo laboral.

La Guardia Civil aprobó en abril de 2013 un protocolo de actuación que describe cómo prevenir y terminar con el acoso sexual en el cuerpo. Apunta, en primer lugar, a tres tipos de prevención: una primaria basada en la divulgación, formación y la publicación de un manual de buenas prácticas; una secundaria destinada a recordar los cauces de comunicación para consultas y asesoramiento, y una terciaria de atención temprana a las víctimas, con propuestas de medidas para cada caso.

En cuanto al procedimiento de actuación, el protocolo establece que será iniciado "siempre de oficio por acuerdo del órgano competente", aunque sin tener en cuenta denuncias anónimas, y en base a un parte donde hechos, víctima y presunto acosador sean absolutamente identificados. Si el procedimiento es tramitado por la comisión de falta grave, el cuerpo podrá poner en marcha medidas cautelares como el cese del expedientado en sus funciones habituales por un periodo máximo de tres meses. Una vez finalizado el procedimiento, el documento prevé que el director general pueda adoptar "las medidas organizativas previstas en la normativa del cuerpo que resulten procedentes en función de las circunstancias concurrentes" y señala que, en caso de detectar una denuncia falsa o "a mala fe", la autoridad competente podrá ordenar la incoación de un expediente disciplinario o la instrucción de diligencias.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dio luz verde en noviembre de 2015 a un protocolo destinado a conseguir "tolerancia cero" dentro de las Fuerzas Armadas ante el acoso sexual y por motivos de género con el fin de "garantizar una mejor investigación" de estos casos. El documento promete garantizar la indemnidad de quien presente una denuncia, comparezca como testigo o participe en una investigación, frente a cualquier represalia. Se compromete también a actuar con la mayor celeridad y diligencia posible, y a evitar la doble victimización que se produce durante el procedimiento de denuncia e instrucción. Aunque el superior de la víctima será debidamente informado, si éste resulta ser el presunto acosador, será su superior el que deberá recibir la información pertinente.

Una de las novedades más llamativas que introduce el protocolo es la creación de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA) y el Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres. El primero responde a un "órgano ajeno a la cadena orgánica de mando creado con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual", mientras que el segundo será el "responsable de coordinar la información sobre atención y de asesorar en todo lo referido a conductas de acoso".

El protocolo también contempla medidas como la difusión de una guía para la víctima y un manual de buenas prácticas para el mando. Además, el procedimiento de denuncia e investigación se tramitará de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2014, es decir, en un plazo máximo de un año. Finalmente, el documento incluye atención de carácter médico y psicológico, así como asesoramiento profesional, social y jurídico, y también la actuación ante denuncias falsas que, matiza, no serán las que deriven en la ausencia de pena o sanción, sino aquellas en la que resulte probada tal falsedad.

Goteo de información

A lo largo de la presente legislatura diversos diputados han realizado una serie de preguntas parlamentarias sobre la puesta en marcha y el seguimiento de los distintos protocolos para combatir el acoso sexual en las tres instituciones, como herramienta para aclarar las cuestiones relativas a unos organismos tradicionalmente caracterizados por su hermetismo y opacidad.

En noviembre de 2016, el Gobierno respondió a una pregunta formulada por Ciudadanos, sobre el grado de cumplimiento del protocolo elaborado por el Ejército. El Ejecutivo explica que las UPA comenzaron a operar "sin siquiera agotar el plazo máximo de dos meses para su puesta en funcionamiento", y que tanto la guía práctica como el manual han sido ya divulgados. También señala que las medidas son atendidas "con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio dentro del presupuesto de gastos del Ministerio de Defensa", lo que significa que no existe un presupuesto concreto para garantizar la aplicación de las novedades introducidas.

En respuesta a otra pregunta de En Comú Podem, el Gobierno señaló en febrero de 2017 que hasta la fecha se han creado ocho unidades de protección, así como campañas de sensibilización y divulgación. Sobre los procedimientos, indica que por el momento no existen datos sobre la labor de las UPA, pero sí sobre años anteriores. Entre 2012 y 2015 se registraron un total de 25 procedimientos penales, tres con sentencias condenatorias, ocho no condenatorias y un total de 14 que permanecen en trámite. Por otro lado, entre 2012 y 2016 fueron registradas un total de nueve denuncias englobadas en procedimientos disciplinarios, de las que tres fueron  archivadas, dos finalizaron en sanción, y otras cuatro se encuentran en trámite. "En relación con los posibles casos de homofobia y discriminación por su condición sexual habidos en los últimos cinco años", el Gobierno señala que "únicamente en el año 2016 se ha iniciado un procedimiento disciplinario por falta muy grave que se encuentra en trámite".

Los socialistas Zaida Cantera y Antonio Ramón María Trevín también cuestionaron al Gobierno sobre los resultados del protocolo de la Guardia Civil. Entre el 2013 y el 2015, periodo al que hacen referencia los informes disponibles, el Gobierno explica que "se tiene constancia de la presentación de tres denuncias o partes disciplinarios" relacionados con casos de acoso sexual en el seno de la institución. Una de ellas ha desembocado en una sanción disciplinaria, y otras dos se encuentran en procesos judiciales o expedientes disciplinarios en trámite.

En la Policía, pese a no existir un protocolo concreto, el Gobierno señaló el pasado mes de febrero que durante los últimos diez años se han registrado cuatro casos de acoso sexual, de los cuales dos expedientes llevaron aparejado un procedimiento penal, resultando sobreseído uno de ellos y permaneciendo el otro a la espera de resolución judicial.

Las asociaciones critican la falta de resultados

Fuentes del Sindicato Unificado de Policías (SUP) recuerdan en conversación con infoLibre que la Policía ha estado trabajando en un borrador para poner en marcha un protocolo al respecto. El sindicato critica, sin embargo, que "para los responsables no es un asunto urgente" y señala que "casi es más recomendable denunciar" los casos de acoso por el procedimiento ordinario, en comisaría y acudiendo a la vía judicial, "antes que hacerlo internamente". En este sentido, lamenta la "ausencia de protección", y demanda un protocolo que contemple la vertiente sexual y la laboral. 

Juan Fernández, portavoz de la AUGC, también censura la escasa efectividad del protocolo aprobado por la Guardia Civil. Señala que "ha sido llevado a la práctica de forma muy deficiente". Explica que "cuando una guardia civil es acosada primero se abre información reservada, lo que forma parte de un expediente disciplinario". Si esa información reservada se cierra –agrega el portavoz– "se dictamina directamente que no hay acoso y por tanto el protocolo no se llega a aplicar", algo que "camufla las estadísticas". "Al final el subordinado es sancionado por observaciones falsas y nunca se usa el protocolo", lamenta.

La asociación solicita la creación de un grupo de especialistas que se dedique a "mediar y llegar a un acuerdo para que la convivencia sea factible", y que investigue si existe acoso para poner en marcha el procedimiento necesario. Además, critica que los agentes son "muy reticentes" a acudir a los psicólogos "porque también son mandos de la Guardia Civil, y al final son jefes". Recalca, asimismo, que el protocolo no incluya plazos fijos, dejando abierta la posibilidad de que el procedimiento se eternice.

Fernández asegura haber presentado "muchas" reclamaciones "por los cauces" de los que dispone, es decir, el Consejo de la Guardia Civil, que tacha de "ineficiente tal y como está planteado", porque "escucha las demandas pero no es vinculante, de modo que no tienen un efecto práctico".

Por su parte, el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, también muestra su disconformidad ante el protocolo aprobado en 2015. Denuncia que la guía "deja sin que sea objeto de tratamiento específico en el mismo el acoso laboral, al que sólo se refiere si fuera derivado del acoso sexual" y reclama que "debe estar expresamente recogido en el protocolo".

Además, "no existe indicación alguna que permita ponderar si cualquier acción de acoso reviste los caracteres de ilícito penal o disciplinario", de forma que "parece que se impone en el documento la idea de que el acoso sexual ha de ser considerado como un ilícito disciplinario de naturaleza muy grave y no como delito".

Critica, por tanto, que el protocolo "no es más que un trasunto del régimen disciplinario, en el que la víctima del acoso sexual no está protegida, ni siquiera es considerada como víctima, de tal forma que debe enfrentarse a una acción inicial que le puede suponer un verdadero esfuerzo para que se inicien los trámites", y exige que las medidas a poner en marcha estén basadas en lo establecido por el Estatuto de la Víctima.

Propone asimismo "constituir una comisión de carácter permanente en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para el seguimiento, control y, en su caso, de propuesta sobre la puesta en marcha del protocolo", y censura que el tratamiento de la información de las UPA "siempre se realiza a nivel oficial interno", por lo que reclama datos sobre "su funcionamiento, su actividad, sus informes y estadísticas".

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