Tribunales

Las tensiones políticas colocan en la cuerda floja a cuatro de los cinco presidentes de TSJ que aspiran a renovar

Las tensiones políticas colocan en la cuerda floja a cuatro de los cinco presidentes de TSJ que aspiran a renovar su cargo

Las tensiones políticas, en su mayoría generadas por los casos de corrupción y, en lo que respecta a Cataluña, también por el proceso independentista, han colocado en la cuerda floja a cuatro de los cinco presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) que aspiran a renovar su cargo. Presidir un tribunal superior implica dirigir la llamada Sala Civil y Penal, que es la encargada de investigar y juzgar a los diputados autonómicos y miembros de Gobiernos regionales.

Con los nombramientos inicialmente previstos para el 18 de diciembre, dos días antes de las elecciones, pero finalmente aplazados a enero, ven hoy en riesgo su renovación los presidentes de los TSJ de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, envuelto en el torbellino político-penal del proceso independentista; Valencia, Pilar de la Oliva, que preside las sesiones del primer juicio del caso Gürtel; y Andalucía, Lorenzo del Río, a quien el PP señaló poco veladamente como instrumento del PSOE para apartar a la juez Mercedes Alaya del vidrioso caso de los ERE

La incertidumbre alcanza también al presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, aunque aquí obedece a lo que las fuentes consultadas describen como una patente falta de sintonía personal con destacados miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adscritos a su mismo sector ideológico, el conservador.

El único de los cinco presidentes cuyo mandato expira ahora y ante el que se presenta un futuro despejado es el del TSJ de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco. Sobrino del cardenal Rouco Varela y con María Dolores de Cospedal como gran adalid, su designación para un tercer mandato parece asegurada. Aunque los socialistas reprochan a Rouco un supuesto sesgo favorable al PP durante la investigación del incendio de Guadalajara, no harán casus belli de su renovación. Entre otras cosas, concede una cualificada fuente castellano-manchega, porque no está en su mano variar el rumbo previsto.

Lo sorprendente del asunto es que los tres presidentes cuya silla se tambalea por razones ligadas de forma directa a la política pertenecen a distintas corrientes ideológicas: a Gimeno se le considera abiertamente progresista y fue portavoz de Jueces para la Democracia; De la Oliva es de la conservadora APM y Del Río milita en la moderada Francisco de Vitoria, de la que también fue portavoz. Pero a todos les mueve la silla –o pretende hacerlo a día de hoy– el PP.

Gimeno y el comunicado apaciguador

Los conservadores, aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, no perdonan a Miguel Ángel Gimeno que se opusiera a la admisión de la querella contra Artur Mas por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Ni que luego, aplicando la misma norma que llevó al Supremo a posponer en su día las declaraciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE, demorase su citación como imputado hasta después de las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre.

Afines a Gimeno coinciden en que el presidente del tribunal catalán está intentando apaciguar al PP. El paradigma de esa estrategia sería el comunicado emitido el 13 de octubre por la Sala de Gobierno del TSJC y que calificaba de “ataque directo y sin paliativos” a la independencia judicial la comitiva de cargos públicos que ese día acompañó a Joana Ortega e Irene Rigau, querelladas como Artur Mas por la consulta del 9-N. 

¿Cambiará algo el acercamiento de Gimeno a las posiciones del Gobierno? Observadores con larga trayectoria en el mundo jurídico creen que no. Y que el presidente del TSJ catalán está sentenciado por el PP a menos que las elecciones del 20 de diciembre arrojen un resultado que obligue al poderosísimo presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a imprimir un viraje drástico a sus planes.

Que la renovación de los cinco presidentes o su sustitución por caras nuevas vaya a producirse en enero y no antes de las elecciones da margen al presidente del Poder Judicial, tanto si esa es su meta real como si la dilación del trámite obedece a razones de procedimiento, que es lo que aseguran portavoces oficiales del CGPJ. La publicación en el BOE de la convocatoria para cubrir la presidencia de los cinco tribunales enumerados acaba de comenzar.

De la Oliva no era De la Rúa

A la valenciana Pilar de la Oliva, que se acerca al final del que puede terminar siendo su primer y único mandato como presidenta del TSJ, lo que le amenaza es su decisión de potenciar la acción de la justicia en los casos de corrupción, que en esa comunidad son múltiples y con casi un protagonista único: el PP. Quienes esperaban que la jueza conservadora siguiera los pasos de su antecesor, Juan Luis de la Rúa, definido por Francisco Camps como “más que amigo”, se han visto defraudados. 

Personas próximas a De la Oliva señalan entre sus enemigos principales a Fernando de Rosa, conseller valenciano de Justicia con Camps, luego vicepresidente del CGPJ y, ahora, presidente de la Audiencia de Valencia. Y a la vocal del CGPJ Carmen Llombart.

De Rosa y Llombart acudieron hace tres semanas a la conferencia impartida en el Nueva Economía Fórum por quien desde julio preside el PP valenciano, Isabel Bonig. El acto fue presentado por María Dolores de Cospedal y asistió la plana mayor autonómica del partido

Fernando de Rosa, presidente de la Audiencia de Valencia (segundo por la derecha), en un reciente desayuno informativo de Isabel Bonig (a su espalda la primera por la izquierda), presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, sentada junto a María Dolores de Cospedal.

En el polo opuesto, los principales valedores de De la Oliva son otros dos miembros del ala conservadora del CGPJ: Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional; y el abogado vallisoletano Vicente Guilarte.

El segundo no pudo ser localizado por infoLibre. Y Marlaska rehusó pronunciarse sobre esta materia así como sobre la falta de sintonía total que tanto a Guilarte como a él mismo se les atribuye con el presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción.

Otras fuentes sostienen que José Luis Concepción cuenta con el aval del ministro de Justicia, Rafael Catalá. La situación se presenta, por tanto, como una enrevesada partida de ajedrez.

La factura de Alaya

El andaluz Lorenzo del Río también tiene ante sí un futuro incierto aunque, a priori, menos oscuro que el de Gimeno y De la Oliva. En mayo, el diario conservador Abc publicó que la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, había maniobrado con Lesmes para apartar a Alaya, extremo que fuentes de su Gobierno niegan de forma tajante.

Lo cierto es que, finalmente, Alaya ha acabado apartada. Pero, también, que su defenestración como instructora de los ERE se produjo por decisión unánime de la Sala de Gobierno del TSJA –de mayoría conservadora– y después de que ella misma enviase al CGPJ un escrito incendiario contra la nueva titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

En ese escrito, Alaya no solo cuestionaba la capacidad profesional de Bolaños, sino que subrayaba que mantiene una “estrecha amistad” con el consejero andaluz de Justicia. A la vista de esos hechos, y una vez que el CGPJ colocó la pelota en su tejado, el TSJA concluyó la imposibilidad de que las dos jueces trabajaran juntas

Los socialistas andaluces aseguran que en su agenda no hay ningún sustituto para Lorenzo del Río. Y el hecho de que el PP pasara en julio de puntillas sobre la noticia, desvelada por infoLibre, de cómo la Junta abona a Del Río un plus secreto para vivienda de 1.300 euros mensuales introduce dudas sobre si a última hora ha decidido mantener su apoyo al actual presidente del TSJA.

El TSJC defiende su criterio “estrictamente jurídico” en la citación a Mas por el 9-N

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