Era una reclamación histórica. A izquierda y derecha. De historiadores, investigadores y archiveros. Una exigencia que ahora, cuarenta y cinco años después, se convertirá en una realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Un rayo de luz sobre uno de los acontecimientos más delicados –y con más claroscuros– de la Transición. Un levantamiento del velo que, sin embargo, aún sigue pendiente con otros tantos acontecimientos históricos. Todavía queda otra mucha información sobre hechos pasados en la sombra. Telegramas, informes o documentos de distinto tipo guardados en la caja fuerte de la Ley de Secretos Oficiales. Del terrorismo de Estado a la diplomacia. De Palomares a la descolonización del Sahara.
Cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de dicho documento oculto. Porque en nuestro país no hay, como publicó infoLibre, una suerte de catálogo en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "Es difícil saberlo. Falta personal y financiación en los archivos para saber qué hay secreto", reconoce el historiador Pablo Alcántara, autor de La secreta de Franco (Espasa, 2022), un completo estudio sobre la Brigada Político Social. Una zona clasificada que puede albergar papeles de todo tipo. El investigador, por ejemplo, relata cómo en una ocasión se le impidió acceder a una simple lista de mineros que estaban en huelga en 1957 por estar el legajo en el archivo sellado como "secreto". "Igual en su momento no, pero ahora sería un documento sin mucha trascendencia", cuenta.
Hubo una época en la que sí existía una pequeña lista. En 1988, por ejemplo, el Ejecutivo de Felipe González aportó al diputado de Coalición Popular José Antonio Trillo una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquel documento constaban más de medio centenar de asuntos, entre los que se encontraban expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones", así como programas de guerra electrónica, proyectos de investigación de bombas guiadas, datos sobre el funcionamiento de la inteligencia militar o información sobre objetos voladores no identificados o el Palacio de Marivent, residencia oficial de verano de la familia real.
De Zabalza al 'caso Pegasus'
Pese a la ausencia de un listado oficial de secretos, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. Lo mismo que con el atentado contra Carrero Blanco. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sahara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba hace cuatro años el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.
Por aterrizarlo, Alcántara pone el foco, por ejemplo, en las posibles conexiones entre grupos terroristas ultraderechistas en la Transición, como la Triple A o el Batallón Vasco Español, y miembros de las Fuerzas de Seguridad o los servicios de inteligencia. O en la actuación del aparato represor, por ejemplo, en la Matanza de Vitoria de 1976 –cinco obreros murieron por disparos de la policía– o en la muerte de Mikel Zabalza tras su detención por la Guardia Civil. Por esto último se ha preguntado en repetidas ocasiones. Hace cinco años, el diario Público desveló la grabación de una conversación entre el excoronel del ya extinto CESID –los servicios secretos– Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto en la que este último insinuaba que pudo haber muerto en el interrogatorio en Intxaurrondo.
Dentro de este oscuro capítulo también destaca el terrorismo de Estado protagonizado por los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), guerra sucia de la que el Gobierno desclasificó a finales de los noventa un puñado de documentos. Por aquel entonces, a la lucha antiterrorista se le otorgaba con carácter genérico la clasificación de "secreto". Y no es el único asunto repleto de oscuridad. En 2010, por ejemplo, el Consejo de Ministros acordó, a propuesta de Exteriores, que se otorgase "con carácter genérico" la clasificación de secreto a las "posiciones básicas de España" en "negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales" o a la información "sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos" de naturaleza "política, social, económica o comercial" que puedan entorpecer la interlocución con terceros países.
De la existencia de ese documento se enteraron los historiadores Carlos Sanz y Álvaro Jimena cuando solicitaron en 2012 acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982. Aquel acuerdo, además, colocaba un manto de secretismo sobre aquella información relativa a grupos terroristas o delincuencia organizada "con implicaciones o ramificaciones" en España o países amigos, negociaciones sobre secuestros, mediaciones en procesos de paz, viajes de familia real y presidente del Gobierno o "información relativa a cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y la integridad territorial" de España, entre otros muchos aspectos.
En relación con este último asunto, el estallido del caso Pegasus reveló el espionaje sobre dirigentes independentistas catalanes en los últimos años. Operaciones que, en algún caso, llevó a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo la supervisión del Tribunal Supremo. Por el momento, solo se han abierto los autos relativos a la vigilancia del expresident Pere Aragonès.
La desclasificación del 23-F
"La desclasificación de documentos para conocer la historia es importante", apunta Alcántara, quien también recuerda la relevancia de la transparencia en la lucha contra la desinformación. Por eso, el historiador celebra el anuncio del Gobierno en relación con el 23-F. Ahora bien, quiere ver cuál es finalmente el alcance de esa apertura anunciada. Porque, recuerda, el problema no es solo la Ley de Secretos Oficiales, cuya reforma se encuentra encallada en su fase inicial en el Congreso de los Diputados. También está el muro de la Ley de Patrimonio Histórico, que establece que los documentos con "datos personales de carácter policial" no podrán consultarse "públicamente" sin que medie "consentimiento expreso de los afectados" o hayan transcurrido 25 años de su muerte, lo que dificulta el acceso a papeles de Policía o Guardia Civil.
Algunos autores, como el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se han mostrado convencidos de que lo esencial sobre el 23-F "ya se conoce" y de que lo que aún puede quedar "secreto" seguramente sea "irrelevante". Otros, sin embargo, consideran que todavía falta mucho por conocer. El sumario del juicio está disponible para consulta en el propio Tribunal Supremo. Al menos, las partes que no tengan carácter reservado. Clasificados pueden estar, por ejemplo, informes de inteligencia relacionados con el 23-F. O cruces de llamadas. El periodista y escritor Carlos Fonseca, por ejemplo, desliza en su obra que a pesar de que el asalto del Congreso comenzó a media tarde, solo se incorporaron a la causa judicial conversaciones intervenidas de madrugada, cuando el rey ya había condenado el golpe.
Sin embargo, periodistas como Pilar Urbano, otra de las grandes especialistas, aseguran que todo lo que se habló desde la Cámara Baja, la Zarzuela y la Junta de Jefes de Estado Mayor tuvo que quedar registrado porque así se lo pidió un diputado de UCD que presidía Telefónica al entonces delegado del Gobierno en la compañía. Grabaciones a las que también aludió en su día Alfonso Guerra: "Cuando llegamos en 1982 al Gobierno, las cintas no estaban. No sabemos si están destruidas, si alguien las tiene guardadas o están en la caja fuerte de un banco... El día que se puedan oír, se conocerá exactamente todo lo que pasó".
Pero el que hace más de una década fuera director general de Seguridad, Francisco Laína, negó que existieran: "No hay más grabaciones que las de la mujer de Tejero y las de García Carrés, que se quedaron en la Comisaría General de Información de Manuel Ballesteros. Yo no podía grabar las conversaciones de las capitanías generales o de La Zarzuela: no se me habría ocurrido, habría sido ilegal y, además, ¡buena estaba la noche para cometer errores!".
Era una reclamación histórica. A izquierda y derecha. De historiadores, investigadores y archiveros. Una exigencia que ahora, cuarenta y cinco años después, se convertirá en una realidad. El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Un rayo de luz sobre uno de los acontecimientos más delicados –y con más claroscuros– de la Transición. Un levantamiento del velo que, sin embargo, aún sigue pendiente con otros tantos acontecimientos históricos. Todavía queda otra mucha información sobre hechos pasados en la sombra. Telegramas, informes o documentos de distinto tipo guardados en la caja fuerte de la Ley de Secretos Oficiales. Del terrorismo de Estado a la diplomacia. De Palomares a la descolonización del Sahara.