Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.
A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.
El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.
Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".
Criterios de atribución anticuados
Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.
Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.
Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".
Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.
Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.
Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.