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Investigación

Una trama internacional de fraude energético socava una política climática estrella de la UE

Fábrica de Sistema Ecologica en Bosnia Herzegovina.

Eli Moskowitz (OCCRP), Mubarek Asani (CIN) y Mira Sys (Follow the Money)

Las luces estaban bajas en el histórico edificio Hulstkamp de Rotterdam mientras los invitados se sentaban a cenar. Era 2017 y tenía lugar una reunión de funcionarios de la industria de las grasas y el aceite. En una mesa se sentaban tres hombres que se habían forjado una reputación –y una fortuna– como comerciantes de un nuevo tipo de biocombustible elaborado a partir de aceite de cocina usado. El producto estaba arrasando en Europa.

Cornelis Bunschoten aparecía como una de las 500 personas más ricas de los Países Bajos tras amasar una fortuna como director ejecutivo de Biodiesel Kampen B.V. Cerca de él se sentaba Wilfred Hadders, director de otra empresa holandesa de biocombustibles, Sunoil Biodiesel B.V., que llegó a acumular 18 coches de lujo, entre ellos un raro Porsche 911.

Pero su éxito sería efímero. Desde aquella cena, los dos hombres han sido investigados por dirigir tramas que hacían pasar biocombustibles tradicionales baratos por caras variedades de nueva generación fabricadas con aceite de cocina usado (en inglés, used cooked oil, UCO). Bunschoten fue condenado a 20 meses de prisión por fraude, falsificación y blanqueo de capitales en 2019. Otro comerciante en la mesa aquella noche, Gianni Rivera, está siendo juzgado por blanquear dinero para él. Y la empresa de Hadders, Sunoil, está bajo investigación por llevar a cabo un "fraude a gran escala" utilizando certificados de biodiésel falsificados.

Los tres están acusados de aprovecharse de una de las políticas climáticas emblemáticas de la UE, que pretende frenar las emisiones en el transporte animando a las empresas a mezclar biocarburantes fabricados a partir de aceite usado con gasolina o gasóleo.

Cuatro empresas –de las que los tres hombres citados eran propietarios o en las que trabajaban– compraron durante años miles de toneladas de biocombustibles UCO falsos al mismo proveedor: una empresa bosnia que, según los investigadores de la UE, estaba llevando a cabo su propia estafa. Las citadas sociedades entre las 17 compañías de nueve países que, según los investigadores, compraron a la empresa bosnia Sistem Ecologica LLC biocombustibles de soja baratos etiquetados en falso como caros combustibles a base de aceite usado. Según un informe inédito de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, los propietarios de la empresa falsificaron documentos para inflar sus beneficios y eludir millones de euros en derechos de aduana.

Las autoridades bosnias se negaron a renovar la licencia de la fábrica de Sistem Ecologica en enero de 2020, después de que la oficina antifraude de la UE comenzara a investigar. Los propietarios de la empresa se enfrentan ahora a cargos de fraude en Bélgica. Además, hay una investigación en curso en Bosnia y Herzegovina.

El abogado de Bunschoten no respondió a las peticiones de comentarios. El abogado de Rivera tampoco quiso hacer comentarios. Hadders declaró a Follow the Money que Sunoil "no tenía ni tiene conocimiento de malas prácticas" por parte de Sistem Ecologica, pero no respondió a las preguntas sobre la investigación de su propia empresa. Nenad Kokanović, uno de los propietarios de Sistem Ecologica, también negó que su empresa estuviera implicada en un fraude cuando CIN se puso en contacto con él. Dijo que la verdad "se desvelaría muy pronto", pero declinó responder a preguntas detalladas. Los periodistas llamaron a varios números de teléfono y se dirigieron a la dirección de correo electrónico de su socio, Borivoje Vukadinović, pero no obtuvieron respuesta. Un abogado que representa a Sistem Ecologica no respondió a una solicitud de comentarios.

El servicio de aduanas belga dijo que las empresas de la UE suelen ser víctimas de delincuentes que venden biocombustibles falsos, a los que apodaron la "mafia del biodiésel". "El fraude del biodiésel está (casi) siempre organizado a escala internacional, e implica a varios Estados miembros, pero también a terceros países", afirma la aduana en un comunicado. "Desgraciadamente, como importador, independientemente de si era consciente del fraude, [el Estado miembro] es responsable solidario de los derechos evadidos".

infoLibre publica en exclusiva en España esta investigación de OCCRP, Follow the Money, Center for Investigative Reporting (CIN) y De Tijd. Aquí puedes leer el reportaje en inglés.

Una demanda creciente y un sistema propicio para el fraude

El interés en la UE por los biocombustibles ha crecido desde 2009, cuando Bruselas estableció que el 10% del combustible de transporte debía ser renovable para finales de la década siguiente. La demanda se ha disparado desde 2018, cuando se aumentó ese objetivo al 14% para 2030. La normativa también exige a los proveedores de combustible que demuestren que los biocombustibles que mezclan con la gasolina y el gasóleo no causan daños medioambientales. Los biocombustibles tradicionales hechos de soja y aceite de palma impulsan la deforestación en América Latina y Asia, por lo que las compañías energéticas están buscando alternativas más sostenibles. Los biocarburantes fabricados a partir de aceita de cocina usado resultan atractivos porque, al ser residuos convertidos en combustible, algunos Estados miembros los contabilizan con el doble de valor para el objetivo del 14% de la UE.

Con el auge de la demanda, grandes empresas energéticas como Royal Dutch Shell, Total Energies y Repsol han anunciado una avalancha de inversiones en nuevas refinerías capaces de procesar aceite de cocina usado. Pero esta fiebre ha creado un sistema propicio al fraude. Los biocombustibles a base de UCO son mucho más caros que los elaborados con aceites vírgenes, pero es difícil distinguirlos a simple vista y los cargamentos rara vez se analizan cuando entran en la UE. Con unos simples retoques en la documentación, los comerciantes sin escrúpulos pueden añadir millones de euros al valor de un cargamento declarándolo falsamente como UCO, con pocas posibilidades de ser descubiertos.

El fraude no sólo merma el presupuesto de la UE, sino que socava sus objetivos climáticos. La soja y el aceite de palma, dos materias primas habituales de los biocombustibles tradicionales, se consideran tan nocivas para el medio ambiente que la UE ha acordado eliminarlas para 2030. Pero los fraudes permiten que sigan entrando sin ser detectados. Chelsea Baldino, investigadora principal de la organización sin ánimo de lucro International Council on Clean Transportation, afirma que el fraude de los UCO "socava por completo" los esfuerzos de la UE por eliminar progresivamente los biocombustibles tradicionales. "Especialmente en el caso de las materias primas vegetales, las emisiones derivadas del uso de la tierra son muy elevadas y, en algunos casos, incluso peores para el clima que las derivadas del petróleo", explica.

Demasiado bueno para ser verdad

Milorad Dodik, entonces primer ministro de la República Srpska –una de las entidades políticas que componen Bosnia y Herzegovina–, sonreía al cortar la cinta roja de inauguración de una nueva fábrica de biocombustibles en la ciudad septentrional de Srbac. Era septiembre de 2008 y la fábrica de Sistem Ecologica prometía ser la primera del país capaz de producir biocombustibles avanzados a partir de aceites usados. Sus propietarios habían prometido que la instalación produciría 100 toneladas diarias, que el Gobierno de Dodik pensaba utilizar para alimentar una nueva flota de autobuses ecológicos.

Sistem Ecologica, propiedad de los bosnio-estadounidenses Kokanović y Vukadinović, amplió significativamente su negocio en los años siguientes, con datos de la autoridad fiscal bosnia que muestran que vendió biodiésel por valor de unos 30 millones de euros a la UE en 2017. La empresa afirmaba que este combustible biodiésel se fabricó a partir de aceite de cocina usado exportado desde Estados Unidos por dos empresas vinculadas a Kokanović y Vukadinović. Sistem Ecologica sostenía que procesaba este UCO en su fábrica bosnia, antes de exportarlo a refinerías y comerciantes de la UE.

Pero a principios de 2018, las aduanas francesas notaron que el biodiésel de Sistem Ecologica era de calidad extremadamente alta, según el ex inspector de impuestos bosnio Nenad Kojić, lo que indicaba que el combustible no estaba hecho de UCO sino de biocombustibles tradicionales. Poco después, dijo, las aduanas eslovenas dieron la voz de alarma por motivos similares. Ambos compartieron sus sospechas con las autoridades fiscales bosnias, pero se les dijo que todo estaba en orden, dijo Kojić.

Al año siguiente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación. Por orden de la OLAF, la aduana del puerto croata de Rijeka analizó nueve contenedores que iban de Estados Unidos a la fábrica de Sistem Ecologica. Los resultados del laboratorio confirmaron lo que sospechaban los aduaneros franceses y eslovenos: no contenían aceite de cocina usado, sino biodiésel ya preparado.

Cuando los investigadores de la OLAF visitaron la fábrica de Sistem Ecologica, encontraron la maquinaria en mal estado. Las facturas de electricidad mostraban que sólo se utilizaba una pequeña fracción de la energía necesaria para procesar todo el aceite de cocina usado que la empresa había declarado. El proveedor que supuestamente suministraba el metanol utilizado en el proceso de refinado resultó ser una tapadera. Cuando la OLAF examinó las declaraciones de aduana presentadas por los proveedores estadounidenses de Sistem Ecologica, descubrió 83 envíos que se habían descrito como biodiésel cuando se exportaron, pero que se declararon como aceite de cocina usado cuando llegaron al puerto de Croacia. "Los hechos establecidos demuestran que la supuesta transformación en realidad no se produjo", decía un informe de la OLAF sobre la investigación. "El producto importado de Estados Unidos ya era biodiésel".

El biodiésel estadounidense producido a partir de soja es el más barato del mercado. A finales de 2019, cuando la OLAF visitó la fábrica de Sistem Ecologica, algunos combustibles a base de soja se vendían por unos 730 euros la tonelada en el norte de Europa, mientras que los biocombustibles a base de UCO se vendían por unos 1.100 la tonelada, según un análisis de expertos encargado por el grupo Transport and Environment.

Además de aumentar ilegalmente sus beneficios, la OLAF calcula que Sistem Ecologica también eludió el pago de millones de euros de derechos antidumping de la UE, impuestos que deberían haberse aplicado a las importaciones de biodiésel de Estados Unidos.

Los propietarios de Sistem Ecologica niegan haber cometido fraude. Después de que la OLAF comunicara sus conclusiones a los Estados miembros, Kokanović y Vukadinović acudieron al Tribunal de Justicia Europeo para que anulara la investigación, alegando que no habían sido informados de la misma. Un juez desestimó su demanda el año pasado. Ahora se enfrentan a cargos penales en Bélgica por intentar defraudar a las aduanas y perjudicar las finanzas de la UE, según una sentencia preliminar que permitió archivar el caso en marzo del año pasado. La próxima vista está prevista para septiembre. La Fiscalía Europea informó de que su oficina alemana también está realizando una investigación preliminar sobre la presunta estafa.

Principales actores

Cuando la OLAF empezó a investigar a Sistem Ecologica, las autoridades fiscales bosnias también se interesaron por el asunto. Según los cálculos de la agencia, la empresa vendió más de 115.000 toneladas de biocarburantes a nueve países de la UE, entre ellos Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

El combustible fue comprado por al menos 17 empresas, desde pequeñas refinerías hasta el gigante húngaro Mol, que anunció recientemente que empezará a mezclar biocombustibles UCO en su gasóleo como parte de una inversión de 1.000 millones de dólares en energía sostenible. Algunos compradores parecen ser pequeñas empresas comerciales con sede en paraísos fiscales como Suiza y Luxemburgo. Entre los compradores también se encontraban las cuatro empresas vinculadas a los acusados de fraude de biocombustibles que cenaron juntos en la cena comercial de 2017 en Rotterdam: Rivera, Bunschoten y Hadders.

Una de ellas era la empresa de Hadders, Sunoil. La autoridad fiscal de Bosnia descubrió que esta compañía había comprado a Sistem Ecologica biocombustibles UCO falsos por valor de casi 7,8 millones de euros. La policía holandesa comenzó a investigar a la empresa por fraude de biocombustibles y falsificación de certificados de sostenibilidad en 2020, según una persona conocedora de la investigación, que pidió hablar de forma anónima. Los fiscales confirmaron que la investigación estaba en curso, pero declinaron hacer más comentarios.

La autoridad tributaria de Bosnia dijo que Sistem Ecologica también vendió más de 44.000 toneladas de biocombustibles a Biodiesel Kampen, cuyo director general, Bunschoten, fue condenado por fraude. El abogado de Bunschoten no respondió a las solicitudes de comentarios.

Dos empresas vinculadas al presunto colaborador de Bunschoten, Rivera, también compraron a la empresa bosnia: una era Greenergy Fuels Ltd., con sede en el Reino Unido, donde Rivera trabajaba como comerciante de biocombustibles cuando fue acusado de blanquear dinero para Bunschoten.

Rivera está siendo juzgado en un tribunal de Londres por mover presuntamente dinero para Bunschoten. Su abogado dijo que negaba todos los cargos, pero se negó a hablar del caso mientras estuviera en curso (Greenergy también fue investigada, pero se abandonó la investigación. La empresa declinó hacer comentarios).

El mismo año en que Rivera se incorporó a Greenergy, 2015, fundó Biogra Trading Ltd, que también compró miles de toneladas de biocombustibles a Sistem Ecologica. Hoy Biogra –de la que Rivera sigue siendo propietario– opera en decenas de países y recientemente se asoció en una enorme refinería en Emiratos Árabes Unidos que suministra biodiésel UCO a la UE.

La investigación de la OLAF sobre Sistem Ecologica precipitó una cascada de casos judiciales en los que estaba implicada Biogra.

Después de que la agencia antifraude compartiera sus conclusiones con los Estados de la UE, las autoridades belgas declararon que Biogra Trading les debía más de 3 millones de euros en concepto de derechos. Para cubrir la deuda, Biogra embargó un envío por valor de aproximadamente la misma cantidad a Waste Oil Trade LLC, una de las empresas estadounidenses que había suministrado a Sistem Ecologica y que está relacionada con las mismas personas. Biogra demandó a Waste Oil Trade y al otro proveedor estadounidense de Sistem Ecologica, Better Energy Solutions Today Inc. por daños. Waste Oil Trade presentó entonces su propia demanda. Un abogado de Biogra declinó comentar porque los casos están en curso. Preguntado por CIN sobre su relación con Rivera, el cofundador de Sistem Ecologica Kokanović sonrió y dijo: "No preguntes por este tipo de cosas".

"Debilidades en el sistema"

En 2016, el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió de que "las debilidades del sistema de certificación de biocombustibles sostenibles podrían socavar" los objetivos de emisiones del transporte de la UE. Casi cinco años después, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos se hicieron eco de esa preocupación y pidieron una supervisión más estricta. Ciarán Cuffe, diputado al Parlamento Europeo por Irlanda, uno de los principales usuarios de aceite de cocina usado, afirmó que la UE sigue sin hacer lo suficiente para resolver el problema. "Las normas actuales son insuficientes para combatir y prevenir los casos de fraude", afirmó.

Los analistas han señalado en repetidas ocasiones que los proveedores europeos recogen mucho menos UCO del que afirman exportar. Un análisis del think tank Farm Europe estimó que en 2019, Malasia podría haber exportado hasta ocho veces más UCO a la UE de lo que realidad podría haber recogido dentro del país. Fuentes de la industria culpan a la débil regulación del sistema de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC), que acredita qué empresas pueden suministrar UCO a la UE. Los críticos afirman que el sistema se basa en los informes de las propias empresas y carece de pruebas sistemáticas de las importaciones a la UE. Un analista afirma que es "esencialmente un sistema de honor". Patrick Lynch, antiguo comerciante de biocarburantes, afirma que, aunque en teoría el mercado de biocarburantes de la UE es uno de los más regulados del mundo, no se está haciendo lo suficiente para hacer cumplir esa normativa. "Debería haber una forma mejor de vigilar a estos auditores", señala.

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El ISCC no respondió a las reiteradas peticiones de comentarios. También es difícil obtener datos fiables sobre la cantidad de aceite de cocina usado que importa la UE. A pesar de las peticiones de los eurodiputados, e incluso después de que el Defensor del Pueblo Europeo la censurara por "mala administración", la Comisión Europea no publica cifras sobre los países a los que compra. Cuffe, el eurodiputado irlandés, dijo que la negativa de la Comisión es "una clara indicación de que las normas actuales son insuficientes para combatir y prevenir los casos de fraude".

Un portavoz de la Comisión afirma que no tiene acceso a las cifras que muestran cuánto aceite de cocina usado se importa, sólo las cantidades que han sido certificadas. Añade que la Comisión se toma "en serio" las acusaciones de fraude y que la nueva base de datos está diseñada para "mejorar la transparencia del mercado de los biocarburantes." "Para nosotros, garantizar la sostenibilidad de los biocarburantes y otras formas de bioenergía es crucial y evitar el fraude en la certificación es esencial para garantizar la sostenibilidad", asegura el portavoz.

Para disipar las dudas, la Comisión está desarrollando una base de datos que permita saber cómo se utilizan los biocarburantes como combustible de transporte en los Estados miembros. Tras repetidos retrasos, se puso en marcha a finales del año pasado, pero su adopción ha sido lenta. Cuando el OCCRP revisó la nueva base de datos en abril, la mayoría de los proveedores certificados de la UE no habían facilitado ningún dato. Barbara Smailagic, responsable de políticas del grupo de defensa Transporte y Medio Ambiente, afirma que los funcionarios de la Comisión le habían dicho recientemente en broma que "los certificados de biocarburantes... no funcionan realmente". "Ellos mismos lo saben", afirmó.

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