Más de 30 políticos se pasan al lobby mientras sigue sin aprobarse una ley que regule este polémico negocio

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El negocio del lobby –es decir, de la influencia a favor de intereses privados ante los poderes públicos– se vale de un creciente número de políticos ahora alejados de la primera línea y que ponen su experiencia y sus contactos al servicio de consultoras y grupos de diverso tipo que realizan tareas de cabildeo.

Hay al menos 35 en la muestra analizada por infoLibre, 33 de ellos en ocho empresas sobresalientes dentro de un sector que lamenta el "estigma" sobre la profesión y pide reglas claras [ver el despiece de este texto].

Destacan Llorente & Cuenca y Acento, referentes en el área de "asuntos públicos". El caso de Acento es particular, ya que tanto su fundador (José Blanco) como su presidente (Alfonso Alonso) han sido ministros, uno por el PSOE y otro por el PP, partidos de los que han sido número dos y portavoz parlamentario, respectivamente. En este caso, no es sólo que pongan expolíticos en nómina, es que son políticos destacados los impulsores.

En la muestra hay siete exministros entre socios, dirigentes y asesores, seis de ellos en empresas que hacen tareas de lobby, tanto del PSOE como del PP. Otros 12 han sido secretarios de Estado. Los parlamentarios de ámbito nacional suman 18, más un eurodiputado, la mayoría de los dos grandes partidos, pero no todos. El nacionalismo catalán está significativamente representado. Hay un exdiputado de Podemos en la lista.

El conjunto es variopinto. Figuran miembros de cámaras regionales y responsables de gabinetes presidenciales. Más: un exalcalde de una metrópoli, un antiguo jefe de Protocolo de la Casa Real. Y una consejera de Estado en ejercicio. En ocasiones, el camino es de vuelta: de trabajar en las empresas dedicadas a conseguir éxitos de sus clientes ante los gobiernos, de nuevo a lo público.

Llorente & Cuenca

La consultora española Llorente y Cuenca (LLyC), nacida en 1995 y con presencia en doce países, cuenta con un listado de clientes que impresiona, con gigantes globales como Amazon, Microsoft, Cocacola, Airbnb, Bayer, McDonalds o Netflix y nacionales como Inditex, Iberdrola, Santander, Telefónica, Repsol, Naturgy, Caixabank y Mercadona, entre otros.

La compañía dispone de una destacable nómina de políticos en sus filas. Sobresale Jordi Sevilla, miembro del "consejo asesor" y director su "área de contexto económico", que fue diputado durante tres legislaturas con el PSOE (2000-2009) y ministro de Administraciones Públicas (2004-2007). Entre 2018 y 2020 fue presidente de Red Eléctrica Española, buque insignia del grupo Redeia, que tiene como máximo accionista al Estado a través de la SEPI y hoy está presidido por otra exministra socialista durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en este caso de Vivienda, Beatriz Corredor.

Joan Navarro, que fue jefe de gabinete de Sevilla, es socio de LLyC y "vicepresidente de asuntos públicos". El papel de los políticos es especialmente interesante en el área de "asuntos públicos", porque es donde las empresas que hacen tareas de lobby –como LLyC– representan a sus clientes ante los responsables políticos.

También figuran como "senior advisors" de LLyC –algo así como "asesores principales"–, otras figuras que alcanzaron sus cotas de responsabilidad institucional durante periodos de poder socialista:

– Fernando Moraleda, diputado de 2008 a 2011 y ex secretario de Estado de Comunicación (2005-2008), en la era ZP. Lidera la "oficina de proyectos NextGen Agro" de LLyC, desde donde ayuda a las empresas a recibir fondos europeos, para lo que aporta su bagaje como portavoz de Agricultura en el Congreso y secretario general de Agricultura en el Gobierno.

– Luz Rodríguez es exdiputada (2016) y ex secretaria de Estado de Empleo (2010-2011). En LLyC es "senior advisor de asuntos públicos".

– José Martínez Olmos tuvo escaño en el Congreso (2011-2016) y el Senado (2016-2019). En ambos casos fue portavoz de Sanidad. En su currículo figura la Dirección General de Farmacia y la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad entre 2004 y 2011 (Zapatero). También se dedica a los "asuntos públicos" en LLyC.

– Maite Arcos fue directora General de Telecomunicaciones y Ordenación de Servicios Audiovisuales del Ministerio de Economía entre 2020 y 2021, con Nadia Calviño al frente. Además, es consejera de Enagas, entre cuyos accionistas coinciden el Estado (SEPI), Amancio Ortega, Blackrock y un fondo soberano de Emiratos Árabes. Enagas figura además en la lista de clientes que publicita LLyC. Arcos se ocupa de "asuntos públicos".

En cuanto a Alberto Medrán, es responsable de comunicación y marketing de LLyC. ¿Su trayectoria? Entre 2020 y 2022, director de la Oficina del Alto Comisionado de la Presidencia del Gobierno para la España Nación Emprendedora, organismo suprimido en 2023.

Ahora, LLyC y el PP. Uno de los miembros de la cúpula de la consultora es Iñaki Ortega, que fue diputado del PP en el Parlamento vasco entre 1998 y 2005 y fue presidente –al menos en 1997– de Nuevas Generaciones del PP en Euskadi. Además, hay cuatro ex secretarios de Estado con PP en el "consejo asesor" de LLyC. Cronológicamente:

– Nemesio Fernández, de Energía: 1996-1998.

– Ramón de Miguel, de Política Exterior y para la UE: 1996-2000.

– Carmen Martínez Castro, de Comunicación: 2011-2018. Antes había sido directora de Comunicación del PP desde 2006, es decir, "jefa de prensa" de Mariano Rajoy, una de las personas con acceso más directo al líder.

– Marisa Poncela, de Comercio: 2016-2018.

Aún quedan dos nombres por repasar en la consultora que preside José Antonio Llorente, ya al margen de los dos principales partidos de ámbito estatal. Jordi Xuclà, otro miembro del "consejo asesor" de LLyC, tiene una trayectoria ligada al nacionalismo catalán: fue diputado (2004-2019) bajo diversas marcas de la derecha convergente catalana, de CiU a PDeCAT. Xuclà, que en sus inicios fue presidente de las juventudes de Convergència, es hoy vicepresidente de la Internacional Liberal.

¿Y en la izquierda alternativa? Es miembro del "consejo asesor" de LLyC Alberto Montero, diputado entre 2016 y 2019 por Podemos primero y Unidas Podemos después. Fue presidente de la comisión de Empleo y Seguridad Social y portavoz de su grupo en la de Economía.

Acento

En Acento se da una suerte de gran coalición. Nacida en 2019, Acento Public Affairs –traducido: Acento Asuntos Públicos– tiene como figura de referencia a su socio fundador, José Blanco, exsenador (1989-1996), exdiputado (1996-2014), exministro de Fomento (2009-2011) y exportavoz del Gobierno (2011). A pesar de su su extenso currículo institucional, donde más poder acumuló fue en su partido, el PSOE, donde fue secretario de Organización de 2000 a 2008 y luego vicesecretario general hasta 2012. Blanco fue, con permiso de Zapatero, el piloto del PSOE desde la oposición a Aznar hasta la pérdida del poder, pasando por toda la etapa de gobierno.

Tras una legislatura como eurodiputado (2014-2019), el apodado Pepiño dio un sonado paso al sector privado montando la consultora Acento, en la que trabaja codo con codo con Alfonso Alonso, presidente de la empresa, exalcalde de Vitoria (1999-2007), exportavoz del PP en el Congreso (2008-2016, llegando a ser portavoz del grupo más de tres años) y exministro de Sanidad (2014-2016), todo ello con el PP.

Resultado: dos exministros, uno de cada signo político, un hombre de Zapatero y otro de Rajoy, se sitúan al frente de Acento, una consultora de "asuntos públicos" que ha entrado en el ecosistema lobista pegando fuerte y que tiene entre sus clientes a la Liga de Fútbol Profesional o a la multinacional farmacéutica Novartis, según su ficha en el registro de lobbies la UE.

Otro nombre propio con mayúsculas en Acento ha sido –ya no lo es– Antonio Hernando, que perdió la condición de socio de la compañía en 2021 para aterrizar en La Moncloa como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, una decisión de Pedro Sánchez que lo devolvió al círculo de sus más estrechos colaboradores. Los primeros pasos en el partido del puño y la rosa tanto de Sánchez como de Hernando –que ahora ha vuelto al Congreso de los Diputados– se produjeron bajo la tutela de José Blanco, al que a menudo se cita como un promotor de ambos dentro del PSOE. El tercer miembro de aquella terna era Óscar López, actual jefe de gabinete del presidente.

Por debajo de Blanco y Alonso, hay una dirección con tres cabezas, una de las cuales es Miquel Gamisans, secretario de Comunicación (2016-2018) y secretario de Atención Ciudadana (2018-2021) del Govern de Cataluña, todo ello como independiente pero a propuesta de ERC. Gamisans fue director de comunicación de 2002 a 2004 de la entidad independentista Òmnium Cultural.

Con oficinas en Bruselas, Madrid y Barcelona, Acento tiene en un "consejo asesor" compuesto así:

– Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración entre 2010 y 2011, antes de ocupar escaño como diputado por el PSOE (2011-2015).

La antigua diputada socialista Elena Valenciano (2008-2014), dos legislaturas eurodiputada, vicesecretaria general del PSOE entre 2012 y 2014, es decir, tras José Blanco, y considerada una dirigente en la órbita de Alfredo Pérez Rubalcaba hasta su fallecimiento en 2019. Valenciano es actualmente miembro del pleno Consejo de Estado, "supremo órgano consultivo del Gobierno".

La coordinadora del "consejo asesor" es Elena Pisonero, del PP, secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes entre 1998 y 2000 y diputada entre 2000 y 2004.

– José María Lassalle, diputado del PP entre 2004 y 2016, emblema del ala más liberal del PP. Entre 2011 y 2016 fue secretario de Estado de Cultura; y entre 2016 y 2018 de Agenda Digital.

Acento fichó a Albert Soler, exdirector del Consejo Superior de Deportes, a principios de año, según desveló El Español. La consultora aclara a infoLibre que Soler ya no tiene vinculación con la compañía.

Vinces

Vinces, con sede en Madrid, es una "consultora estratégica especializada en asuntos públicos" nacida en 2010 y que tiene oficinas en la capital de España, Barcelona, Bruselas y Lisboa. En Cataluña su director es Ernest Benach, presidente del Parlament de 2003 a 2010, por ERC. De la cúpula de Vinces forma parte también Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) entre 2012 y 2015.

Francisco Gómez Loarte, además de socio, es director del "departamento de operaciones corporativas" de Vinces, adonde llegó tras ser director del Gabinete del Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021.

Carlos Carnero, "senior advisor" de Vinces, fue eurodiputado socialista (1994-2009) y miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea. También fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2020 y 2021. Hoy es uno de los siete acreditados que tiene Vinces para acceder al Parlamento europeo en representación de sus clientes, que abarcan los sectores industrial y farmacéutico, entre otros.

beBartlet

El "gabinete de incidencia pública" beBartlet nace en 2020 por impulso del economista Adrian Jofre y de politólogo Nacho Corredor, con experiencia en asesoría política y análisis para medios de comunicación. Diego Gago, director de "estrategia política" de la consultora, ha sido diputado del PP entre 2019 y 2023. La asesora de beBartlet Marta Pascal ha sido senadora (2018-2020) y diputada en el Parlament de Cataluña (2013-2018), comunidad donde ha centrado su vida política, siempre en el ámbito del nacionalismo en espacios como Convergència, Junts x Sí, PDeCAT y finalmente el Partit Nacionalista de Catalunya, un reciente y modesto grupo. Ahora se define como "people & politics connector". También figura como asesor de beBartlet Jordi Xuclá, el político convergente al que ya conocimos en LLyC.

El exdiputado en el Congreso Carles Campuzano (1996-2019), que hizo el camino desde CiU hasta el PDeCAT, fue asesor de beBartlet hasta su nombramiento como conseller de Derechos Sociales del Govern de Pere Aragonès (ERC) en octubre del año pasado. Ya no está en beBartlet [en la compañía piden que se escriba así para conservar un guiño cinéfilo a la serie El Ala Oeste de la Casa Blanca].

Kreab

La consultora Kreab, fundada en 1970 en Estocolmo (Suecia), tiene una sólida implantación en España, donde cuenta como director de Investigación –"director Kreab Research– con Daniel Fuentes, exsubdirector del Departamento de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno con Pedro Sánchez (2018-2020). El responsable de "asuntos públicos" es Miguel Ferre, que fue secretario de Estado de Hacienda de 2011 a 2016, con el PP. La ficha de Kreab en el registro de transparencia de la UE ofrece la imagen de un coloso, con una lista de clientes entre 2022 y 2023 que abarca los siguientes nombres: las big tech Google y Amazon, las megagestoras de fondos Fidelity y State Street y las IBEX Acciona y Red Eléctrica, entre una larga lista de nombres.

Kreab tiene como cliente también a STC, la operadora saudí, mayoritariamente participada por el fondo soberano saudí PIF, que se ha hecho con casi el 10% de Telefónica.

Harmon y Ernst & Young

En 2017 fue sonado el fichaje del socialista vasco Eduardo Madina por parte de Kreab. Secretario general del Grupo Socialista en el Congreso entre 2009 y 2014, Madina se enfrentó a Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2014. Tras su derrota, se apartó de la primera línea. De aquellos que se enfrentaron al hoy presidente en las guerras internas de la década pasada, Madina es de los que no se han reconciliado, al menos públicamente.

En 2021 Madina dejó Kreab y se incorporó al lobby Harmon, con sede en Madrid, donde hoy es "socio de estrategia". El exdiputado es además asesor en Ernst & Young, que lo fichó en marzo para reforzar su área de "posicionamiento público", según publicó el medio especializado Dicomfidencial.

E&Y es una multinacional de servicios para empresas que junto a PwC, Deloitte y KPGM forma parte de las conocidas como big four. En la división española de E&Y, Madina está acompañado por Isabel García Tejerina, del PP, asesora principal de la firma, que fue diputada (2016-2020) y ministra de Agricultura y Medio Ambiente (2014-2018). Por E&Y también pasó, antes que Madina, su adversario político y amigo Borja Sémper, criado en el PP vasco, que en 2020 se incorporó como director de "relaciones institucionales", cargo que dejó a primeros de 2023 cuando Alberto Núñez Feijóo lo metió en la cúpula del PP.

Palacio & Asociados

Ana Palacio, que fue titular de Exteriores con Aznar (2002-2004) y diputada (2004-2006), es fundadora y cabeza del consejo consultor de Palacio & Asociados, una "asesoría jurídica y consultoría estratégica pública y privada" que figura en el registro de lobbies de la UE.

Palacio, miembro del patronato de FAES, representa en España a Albridge Stonebridge Group, una consultora estadounidense que "va más allá de abrir puertas" y que tiene entre sus clientes a la Fundación Rockefeller.

Flint

Carlos López Blanco, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información entre 2002 y 2004, con Aznar en el Gobierno, fue el hombre elegido para el aterrizaje en España de la consultora internacional Flint, de la que es asesor principal especializado en política europea.

Flint defiende los intereses de Google, Apple, Carlyle, Uber, Amazon, Meta, Astrazeneca, Siemens, Goldman Sachs, Iberdrola y la Superliga de fútbol, el proyecto de competición europea que abanderan el Real Madrid y el Barcelona.

Asval, Fiabci, ACI y Tedea

También es fértil el campo de las asociaciones. Veamos.

Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona (1997-2006), ministro de Industria, Comercio y Turismo (2006-2008), embajador en Turquía (2008-2010) y embajador en Azerbaiyán (2009), ejerce al mismo tiempo como presidente de Asval, una asociación de propietarios de viviendas que tiene al fondo de inversión Blackstone como integrante destacado.

Clos también preside en España la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), una de las ramas del frondoso árbol del lobby del ladrillo en España. Y todo ello lo hace mientras mantiene su condición de miembro del Consell Assessor del líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.

En el enjambre de entidades en defensa de los intereses de los propietarios del ladrillo encontramos también a Ricardo Martí-Fluxá, secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, en la etapa de Jaime Mayor Oreja (PP) en Interior. Antes (1993-1996) fue Jefe de Protocolo de la Casa Real. Además de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI), Martí-Fluxá preside también Tedae, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, un lobby armamentístico.

CEOE

Las dos facetas de Joan Clos, el presidente del lobby a favor de Blackstone que asesora a Salvador Illa

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Hasta febrero de 2023, el director del área de "contexto político" de Llorente y Cuenca fue José Luis Ayllón, exdiputado del PP (2000-2019), que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, en los últimos meses de Rajoy, tras la marcha de Jorge Moragas, fue elegido por el presidente como su jefe de gabinete, es decir, como su mano derecha. Apenas le dio tiempo a ejercer el cargo unos meses. Rajoy lo encumbró en enero y en junio Pedro Sánchez ya era presidente. Tras ser apartado del poder, Ayllón recaló en Llorente y Cuenca y de ahí ha pasado este mismo año a la CEOE, donde ocupa el cargo de director del área de "asuntos públicos y relaciones con las Cortes", creado con su llegada.

La CEOE está dada de alta en el registro de transparencia de la UE, obligatorio para las entidades que desarrollan tareas de lobby ante las instituciones comunitarias. También figura en el listado de "grupos de interés" de la CNMC. No obstante, la CEOE no se considera un lobby. "Nuestra actividad no es equiparable a la que, legítimamente, puedan desarrollar grupos especializados en public affairs u ONG o asociaciones sociales o de otro tipo", señala un portavoz. "Porque las organizaciones empresariales tenemos un papel reconocido en la Constitución, como lo tienen los sindicatos o los partidos". La patronal reivindica su legitimidad para "colaborar con el poder público" y "defender los intereses económicos y sociales que le son propios, es decir, no limitados únicamente al diálogo social".

En el equipo directivo de la CEOE Ayllón coincide con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la entidad, secretario de Estado de Economía entre 2014 y 2016, con Rajoy en La Moncloa. Mismo cargo, vicepresidente de la patronal, acredita Josep Sánchez i Llibre, diputado con CiU de 1993 a 2006, que fue además senador y diputado en el Parlament. También para la patronal trabaja, como presidenta de la Fundación CEOE, la exdiputada del PP Fátima Báñez (2000-2019), ministra de Trabajo durante el ajuste postcrisis (2011-2018). Ninguno de los tres mencionados en este párrafo están incluidos en los 35 políticos o expolíticos considerados en la lista para este artículo.

El negocio del lobby –es decir, de la influencia a favor de intereses privados ante los poderes públicos– se vale de un creciente número de políticos ahora alejados de la primera línea y que ponen su experiencia y sus contactos al servicio de consultoras y grupos de diverso tipo que realizan tareas de cabildeo.

El sector pide respeto y reglas claras: "Pesa un estigma inmerecido"

Se podrían sintetizar tres mensajes de las impresiones rescatadas por infoLibre de los agentes del sector. El primero, que hace falta una ley de lobbies, porque –en contra de lo que dictaría la intuición–, los lobistas quieren reglas claras que normalicen su actividad (y le quiten el aura de oscuridad). El segundo, que pesa un injusto estigma sobre su tarea, sobre todo cuando la ejerce un político. El tercero, que no es para tanto que un exministro o un exdiputado se pase al negocio de la influencia. Más que sus contactos, señalan, lo que aportan es su conocimiento. "Lo fundamental [...] no es el acceso, sino el conocimiento. El poder, por suerte, cada vez está más repartido, dura menos tiempo y está más fiscalizado. Conocer a algunos políticos tiene un valor relativo. Lo fundamental para relacionarse con las instituciones es conocer la naturaleza de su funcionamiento [...] y para eso es fundamental contar con sociólogos, economistas, ingenieros, periodistas, personas que han trabajado en el tercer sector o personas que han dedicado una parte de su vida a la política", afirma, en respuesta por escrito, Adrian Jofre, de beBartlet.

La unanimidad es total en cuanto a la necesidad de una norma para "garantizar la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas y reforzar la seguridad jurídica", en palabras de un portavoz de Llorente y Cuenca. En noviembre del año pasado el Gobierno aprobó un anteproyecto de Ley de Transparencia sobre Grupos de Interés, pero no llegó a las Cortes, para decepción de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la organización de referencia del sector. Dolores González Pastor, vocal de su junta directiva, afirma que la norma que se apruebe debe incluir una definición de lobby basada "en la actividad" realizada –no en la supuesta naturaleza de la entidad que la lleva a cabo–, profundizar en la transparencia de las agendas públicas y en la huella en las normas que dejan los distintos grupos y regular los posibles conflictos de interés.

"Somos los más interesados en proyectar luz y taquígrafos sobre nuestro trabajo, para que se entienda que el lobby es una actividad no sólo legítima, sino tremendamente útil", añade el portavoz de LLyC. Coincide Alfonso Alonso, presidente de Acento: una ley "generaría grandes beneficios a todos". "No solo a los que nos dedicamos a ello", puntualiza el exministro de Sanidad, que defiende procesos "garantistas" que dejen claro dónde están los "márgenes". Desde beBartlet, su presidente, Adrian Jofre, afirma: "Necesitamos que la participación sea lo más transparente posible para normalizar las relaciones entre las instituciones y la sociedad, superar brechas, desconfianzas y evitar desequilibrios en el acceso a los decisores". Y añade: "Vamos muy tarde en hacer más transparentes esas relaciones. Hay que ser más ambicioso".

"El lobby se ha profesionalizado mucho en los últimos años en nuestro país. Sin embargo, aún pesa un estigma inmerecido sobre la profesión y la manera de conjurarse contra ello es disponer de un regulación", señala el portavoz de Llorente y Cuenca. "El estigma de la palabra lobby sólo pasa en España", lamenta Dolores González Pastor (APRI), autora de este este artículo y de un capítulo de este libro sobre la materia. Alfonso Alonso (Acento) añade: "El cine, la literatura o la cultura popular han dibujado una relación ficticia de las relaciones entre el sector público y la esfera privada. Esa visión oscura y sensacionalista tiene campo abierto mientras el sector de los asuntos públicos no sea capaz de explicar qué hacemos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra actividad y por qué mejora la toma de decisiones. Por eso es importante que exista una legislación".

¿Qué aporta un perfil con recorrido institucional a las consultoras de este tipo? Llorente y Cuenca: "Aporta un conocimiento a fondo y especializado del funcionamiento de las administraciones públicas a todos los niveles, que es tremendamente útil para nuestros equipos y, por ende, para nuestros clientes". Alfonso Alonso (Acento) cree que el papel del político lobista está mitificado: "Es un error habitual pensar que los perfiles de personas que hemos tenido altas responsabilidades públicas tenemos un valor añadido por la gente a la que conocemos o los contactos que guardamos. Nuestro valor añadido es conocer las instituciones públicas".

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