La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en el llamado caso Mascarillas, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor, informa EFE.
El documento, incorporado a las diligencias previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de la instrucción vinculadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y a otros expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.
La cifra de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado dentro de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE.
El juez instructor ha acordado la declaración como investigados de todos los señalados en el informe policial, incluidos administradores o representantes legales de las sociedades mencionadas en el mismo.
La investigación de la Guardia Civil se estructura en tres grandes bloques temáticos. El primero se centra en el contrato de suministro de material sanitario adjudicado a la mercantil Azor Corporate Ibérica, administrada por Kilian López Solé.
Este contrato, firmado en abril de 2020 por importe superior a 2 millones de euros, habría servido para generar un retorno de fondos ilícitos mediante sobrecostes de aproximadamente un millón de euros. Según la UCO, este dinero se habría distribuido entre cargos públicos con la connivencia de Óscar Liria, entonces vicepresidente de la institución.
La segunda vía analiza una serie de contratos licitados por la Diputación que habrían permitido la adjudicación fraudulenta de expedientes a empresas como Pulconal u O.Y.C. Servicios Urbanos. La UCO ha indicado que estas sociedades formaban parte de un "plan preconcebido" para obtener lucro económico ilícito aprovechando la capacidad de decisión de Óscar Liria en materia de contratación. En esta red habrían participado numerosos empresarios y otros cargos públicos, como el jefe de sección C.J.G.
El tercer bloque apunta a la existencia de un flujo de dinero en efectivo cuyos destinatarios finales serían, supuestamente, otros cargos de la cúpula provincial. El oficio ha destacado indicios sobre la percepción de fondos por parte de Javier Aureliano García y Fernando Giménez, expresidente y exvicepresidente de la Diputación.
La Guardia Civil ha detallado operativas para integrar estos fondos en el circuito legal, incluyendo el uso de cuentas de familiares y la instrumentalización de una comunidad de bienes para canalizar dinero de origen desconocido.
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En este contexto, los agentes investigan también un viaje a Madrid en junio de 2025 de Javier Aureliano García junto a una estrecha colaboradora de su equipo de confianza, cuyo coste fue asumido por la institución.
Aunque se justificó como una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el análisis de llamadas y cámaras de seguridad no sitúa a los investigados en dicha sede, sino realizando actividades privadas y compras en el centro de la capital.
La UCO ha concluido que no se ha podido acreditar actividad institucional vinculada a este desplazamiento, que habría respondido a motivos personales. Ante la gravedad de los hechos, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha dictado una providencia para tomar declaración a los 43 investigados, subrayando la necesidad de avanzar en la causa tras los registros y el análisis de los volcados telefónicos.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en 43 el número de personas físicas y jurídicas investigadas en el llamado caso Mascarillas, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor, informa EFE.