Unidas Podemos avisa al PSOE de que si no acepta limitar el alquiler apoyará una ley alternativa

En vía muerta. Así se encuentran las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición, respecto a la Ley de Vivienda. Un acuerdo que debería haber llegado hace diez meses según los tiempos que se marcaron ambos partidos en octubre de 2020. “La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses”, reza el documento firmado en el acuerdo de Presupuestos.

El principal obstáculo se encuentra en la regulación de alquileres. Ambas partes pactaron prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y aprobaron un impuesto a las viviendas vacías, pero apuestan por mecanismos opuestos para solventar la tendencia alcista del mercado del alquiler. Según el portal inmobiliario Fotocasa los alquileres en España han subido un 41% respecto a los niveles de hace cinco años.

La parte socialista del Gobierno contempla la posibilidad de congelar precios en las zonas consideradas tensionadas, de forma reversible, mientras que desde Unidas Podemos exigen que también se faciliten eventuales bajadas de precios, como recoge el acuerdo firmado entre los socios para pactar el proyecto de Presupuestos, marcadas por un índice de precios.

Un mecanismo que se ha aprobado en algunas ciudades europeas, como París o Berlín, pero que no convence a la parte socialista del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana afirman a infoLibre que ellos quieren el modelo de la ley aprobada recientemente por Países Bajos, donde las rentas no podrán subir más de un 1% (además de la inflación) durante los tres próximos años. La propuesta del ministerio establece una limitación del 10% en comparación con el contrato anterior.

Unidas Podemos sube la presión y plantea unirse al bloque de investidura

En la formación morada aseguran que no van a ceder y se amparan en el acuerdo firmado. Es más, tal y como ha podido saber infoLibre, el partido que dirige Ione Belarra apoyaría una ley alternativa en el Congreso que sí contenga ese límite estipulado de precios en los alquileres. Un movimiento que tensionaría todavía más a la coalición y también dificultaría la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado este otoño.

Una ley que ya sopesan presentar los partidos que conforman el bloque de la investidura, tal y como confirman fuentes de Esquerra Republicana (ERC). En ese sentido se fijan en la ley que el Parlament de Cataluña aprobó en septiembre de 2020. Una norma –similar a la que quiere aprobar Unidas Podemos en el Ejecutivo– para regular los alquileres con el apoyo de los partidos del Govern, En Comú Podem y la CUP, impulsores de la norma junto a los sindicatos de inquilinos. El Gobierno central la recurrió el pasado mes de junio por entender que invadía sus competencias.

A ERC se le unirían el Bloque Nacionalista Galego y Más País, según ha podido confirmar este medio. Dichas formaciones, junto con otras como EH Bildu, JxCat y Nueva Canarias, ya presentaron un manifiesto conjunto en febrero que abogaba por “una regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio” y que fue impulsado por organizaciones y sindicatos. Unidas Podemos también se adhirió al documento.

"Nos lo planteamos hace tiempo y para nosotros es una línea roja. Fue un compromiso adquirido con las plataformas", señalan desde ERC a este periódico. "Para Más País una ley de vivienda que contemple la regulación de alquileres y la creación de un gran parque de vivienda pública es una prioridad y uno de los compromisos que adquirió el Gobierno con sus socios y con los ciudadanos. Por supuesto, si el Gobierno de España no va a llevar al Congreso una ley de vivienda a la altura exploraremos las vías parlamentarias necesarias", aseguran, por su parte, en el partido que dirige Íñigo Errejón. "Si se presenta como iniciativa conjunta, nos uniremos", afirman en el BNG.

Sin grandes avances tras la salida de Ábalos

Fue el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien pilotó la parte socialista de las negociaciones hasta su destitución el pasado mes de julio. La posición defendida por el PSOE consistía en proporcionar incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles como la mejor medida para bajar los precios. "La vivienda es un derecho pero también un bien de mercado que genera actividad económica" y que "busca también seguridad jurídica", afirmó. Esas declaraciones provocaron una airada respuesta de la otra formación del Gobierno.

A finales de junio el todavía titular de Transportes propuso congelar los precios del alquiler a inquilinos que deseen prorrogar sus contratos de arrendamiento en zonas tensionadas. También que los nuevos inquilinos que accedan a una vivienda sigan pagando exactamente el mismo precio fijado a los anteriores arrendatarios si el inmueble también está en una zona tensionada.

Pero Unidas Podemos no acepta otra fórmula que no sea la de dotar de herramientas legales a ayuntamientos y comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, para intervenir en el mercado del alquiler y fijar precios máximos en las zonas especialmente tensionadas por las subidas abusivas de las viviendas. En ese sentido recuerdan que la actual ministra se acogió en mayo a la ley catalana de alquileres para que su municipio fuera declarado zona de mercado tensionado y poder, así, limitar las rentas durante cinco años.

Desde la incorporación de Sánchez únicamente se ha mantenido una reunión entre los equipos del Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales, pilotado por Belarra, para discutir los pormenores de la ley. Pero mientras que desde Podemos critican que no hay voluntad en el PSOE para cumplir lo pactado, desde el otro lado se muestran optimistas y creen que el acuerdo llegará pronto.

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En el ministerio que dirige Raquel Sánchez destacan que se ha avanzado mucho en la ley puesto que abarca mucho más que los alquileres. En ese sentido aseguran que debe ser “estable, sólida y segura” para evitar que los recursos que previsiblemente presentará la oposición prosperen. "Tenemos que garantizar unos derechos blindados para que no se puedan recurrir", afirman.

Asimismo sostienen que ellos "están cumpliendo con la letra pequeña del acuerdo" porque sí proponen regular los alquileres, pero "bajo otros mecanismos" que difieren a los que proponen en el ministerio de Derechos Sociales. "Vamos a hacer posible la reducción de los precios de los alquileres, pero sin establecer precios fijados, sino dando incentivos", valoran.

Por último en Transportes recalcan que el objetivo que persiguen es el mismo que Unidas Podemos y se basa en limitar la subida indiscriminada en los precios de los contratos. Sin embargo los morados creen que el problema es de fondo y auguran que puede erosionar, todavía más, la convivencia en el seno de la coalición.