Ventajas, inconvenientes e intereses detrás del cambio en la gestión de envases que estudiará el Gobierno

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), una de las opciones a disposición para la gestión, recogida y tratamiento de residuos, puede incorporarse a los temas a debatir en materia de sostenibilidad en un 2019 que ya se prevé complejo y polémico. En respuesta a diputados de la formación ecologista Equo, el Gobierno ha confirmado que encargará a lo largo del año un estudio para analizar la viabilidad de este procedimiento en la gestión de envases. A diferencia del modelo actual, el Sistema Integrado de Gestión (SIG), el SDDR consiste en que los fabricantes de productos que pueden convertirse en desechos cobran al consumidor un suplemento que se devuelve en el momento de la devolución de dicho producto, para su reciclaje o su reutilización. Ofrece una gran ventaja, al menos a primera vista, sobre el SIG: el ciudadano cuenta con un incentivo económico –recuperar su dinero– para abandonar una economía lineal y pasar a una circular. Con el SIG actual, las empresas pagan a una entidad sin ánimo de lucro (Ecoembes, en el caso de los envases) por cada potencial residuo que ponen en el mercado, y la entidad en cuestión es la que se encarga de la recogida selectiva y la recuperación, para su posterior tratamiento.

Lo que debería tratarse de una discusión técnica se convierte en un campo de batalla con acusaciones cruzadas, discusiones fuera de tono y la permanente sospecha de intereses ocultos que enturbian los argumentos. A un lado, los evidentes beneficiarios que se mantenga el statu quo: Ecoembes, que diseña y organiza el SIG de envases, y las empresas que le pagan –del sector de la alimentación, predominantemente–  para que así siga siendo. Y todos sus aliados: gran parte del presupuesto de la sociedad se destina a campañas de publicidad y sensibilización, incluyendo estudios a favor de sus intereses y medios de comunicación. El SDDR, sin embargo, tampoco se salva de las acusaciones: aun siendo la opción favorita de numerosas organizaciones ecologistas, hay otros actores que saldrían beneficiados de su implementación. Empezando por las compañías que fabrican las máquinas que, en muchos países donde el SDDR está vigente, gestionan automáticamente la recepción del residuo y la devolución del dinero.

Los principales argumentos a favor del SDDR son los que cualquier usuario puede percibir en los primeros momentos de su uso. Al existir un incentivo económico, el consumidor ya no recicla por conciencia medioambiental, sino por no perder varios céntimos en cada envase o producto que adquiere. Además, aseguran sus defensores, el número de residuos, sobre todo de origen plástico, que acaban tirados en las calles o en la naturaleza se reduce drásticamente, ya que recoger los envases y depositarlos en su lugar correspondiente permite ganar unos euros. Su llegada a España podría aumentar la eficiencia de un sistema de gestión de residuos que, muestran los datos, necesita una mejora sustancial: en España se recuperaron el 33% de los desechos en 2017, frente al 45% de la media de la Unión Europea.

El modelo más famoso de implantación del SDDR es el que afecta a los envases. A través, generalmente, de máquinas instaladas en grandes superficies comerciales, el consumidor lleva la lata o la botella y se le expende un ticket con valor monetario. El SDDR destinado a los envases es el principal blanco de críticas. “Pero no es el único”, defiende el experto en gestión de residuos Alberto Vizcaíno. “Las máquinas reciben lo que tú quieras que reciban. Es una cuestión de programación, de software”, defiende. Además, el sistema podría funcionar manualmente, con la colaboración de los propios comerciantes, extendiéndose a todo tipo de productos: incluso a las colillas de los cigarrillos, defiende.

Sus detractores apuntan en varias direcciones. Principalmente, al coste medioambiental y económico de implantarlo. “Al establecer un SDDR se tendría que crear todo un sistema de recogida de envases de bebidas en horario comercial. Eso son camiones y furgonetas expulsando CO2 en hora punta y generando más tráfico y atascos”, asegura la plataforma SDDR.info. Recoge un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que cifra en 1.398 millones de euros el coste de implantarlo. Las máquinas cuestan dinero, y no todos los establecimientos pueden permitírselas, por lo que el pequeño comercio se vería amenazado. Argumentan, además, que, en caso de una implantación exclusiva del sistema en la gestión de envases, la gestión de la basura doméstica se complicaría: las latas y las botellas no pueden sufrir desperfectos para devolverlas, lo que aumentaría el espacio que se debe destinar en casa a su almacenamiento.

El debate del coste, sin embargo, es más complejo de lo que parece. No solo se trata de ver qué alternativa cuesta más, sino de quién paga la gestión de residuos. La Ley de Residuos en vigor establece que la empresa que pone en el mercado el producto que puede reciclarse debe pagar por su tratamiento. Con el SIG vigente, las empresas pagan a Ecoembes para que se haga cargo, aunque repercuten la tasa en el precio final del producto. Además, dicha gestión debe contar con la colaboración de los municipios, que lo sufragan mediante impuestos. Según asegura Julià Álvaro, ex secretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, en una entrevista en El Salto, el ciudadano paga actualmente tres veces por los envases abandonados: la tasa que las comercializadoras repercuten en el precio del producto, las labores municipales y la limpieza de las calles. El SDDR, defiende Vizcaíno, lo pagarían solo las grandes compañías. Álvaro fue destituido en febrero de 2018 antes de poder implantar el sistema en la comunidad autónoma.

El negocio de Ecoembes

La principal defensa del SDDR está relacionada con este aspecto. Según explica el experto, Ecoembes cobra de cada empresa inscrita al Sistema Integrado de Gestión por cada envase que se comercializa, pero, a juzgar por las tasas de reciclaje, Ecoembes no gasta todo este dinero en reciclar todos los envases, porque no todos acaban en el contenedor amarillo. Al ser una sociedad sin ánimo de lucro, la entidad invierte sus beneficios en la retribución de sus directivos y en campañas de sensibilización y publicidad. Dichas campañas incluyen la crítica al SDDR, ya que su implantación acabaría con su modelo y con su propia existencia. En la práctica, Ecoembes participa en informes sobre sostenibilidad que no incluyen ni una sola crítica a su gestión, está detrás de secciones de medioambiente de medios de tirada nacional, financia formación universitaria y pone en marcha, junto a otros actores interesados, plataformas en contra de la devolución y retorno.

El esfuerzo de Ecoembes en contra del SDDR es notorio. Ya sea a través de informaciones en medios donde el logo de la entidad aparece en la cabecera, entradas de blog en su propia página, o en plataformas como Envase y Sociedad, donde se une a otras entidades de SIG y grandes industrias que dependen del envase o lo fabrican, pero sin la participación de organizaciones ecologistas, entre otras ausencias. El argumentario de Envase y Sociedad rechazando la devolución y retorno es idéntico al que usa la propia Ecoembes. Una de las personas que aparecían vinculadas a la plataforma es Juan Quintana Cavanillas, director de Kreab, agencia dedicada, entre otras labores, a la “construcción de opiniones” para compañías u organizaciones. La sospecha se extiende a otras plataformas beligerantes contra el SDDR, como SDDR.info, impulsada por un experto en social media marketing: sin embargo, el vínculo entre esta última y Ecoembes no existe, al menos de manera pública y constatable.

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El negocio del SDDR

Sin embargo, las campañas a favor del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno tampoco están exentas de las sospechas de intereses más allá de la gestión medioambiental. Tal y como informó Crónica Global, la plataforma Retorna, compuesta por diversas organizaciones que apuestan por la implantación del SDDR, ha sido financiada por Tomra, multinacional noruega que se dedica a las máquinas de retorno de envases y que obtendría grandes beneficios de la apuesta por el modelo –ha sido multada por prácticas monopolísticas–. El mismo medio desveló como en una experiencia piloto en Pamplona de dichas máquinas, enmarcada en la campaña Navarra por los retornables, los encargados de Retorna introducían varias veces los envases para inflar los resultados finales de la iniciativa.

En la reacción a la respuesta del Gobierno, Equo ha pedido que el estudio se lleve a cabo “de manera imparcial y por parte de instituciones independientes”. Las principales plataformas presentes en esta lucha entre los distintos sistemas de gestión de residuos no cumplen, sin embargo, los requisitos exigidos por la formación para analizar la viabilidad de esta alternativa.