Justicia

Violencia machista y tribunales: los jueces niegan falta de formación y las feministas denuncian un problema estructural

Mujeres en la manifestación del 8M en Madrid.

Las trabas que a nivel judicial deben superar las mujeres víctimas de violencia de género constituyen una de las denuncias más reiteradas por parte del movimiento feminista. La llamada "doble victimización" que soportan quienes deciden dar el paso de denunciar es queja habitual y eterna preocupación de las asociaciones de mujeres, quienes hablan de escasa formación en las entrañas del sistema judicial. Las asociaciones de jueces, sin embargo, no comparten diagnóstico: para ellos la formación de quienes operan en los juzgados de violencia es rigurosa.

El pasado lunes seis asociaciones de mujeres –Fundación Mujeres, Federación de Mujeres Progresistas, Themis Mujeres Juristas, Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Asociación de Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos– anunciaron su intención de interponer quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar el trato judicial que reciben con frecuencia las víctimas de violencia machista. "Las instituciones insisten en que denuncien pero, una vez lo hacen, luego no se responde de forma adecuada", lamentaron.

La respuesta por parte de las asociaciones judiciales no se hizo esperar. Tan sólo dos días después, el miércoles, las cuatro organizaciones –Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente– emitieron un comunicado conjunto en el que tildan de ataque a la independencia judicial la crítica feminista. Los magistrados sostienen que los miembros de la carrera judicial destinados en órganos con competencias en violencia sobre la mujer "gozan de una formación específica sobre la materia". Bajo su punto de vista, "tanto es así que España es referente internacional por contar con este tipo de órganos judiciales especializados" y la formación se traduce "en un tratamiento especial y diferenciado para las víctimas de violencia de género". Por tanto, añaden, "tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables –incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia–, constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia".

El planteamiento de las asociaciones de jueces dista de la realidad que denuncian las expertas en violencia de género. El mismo jueves, la Asociación de Mujeres Juezas hizo público un comunicado en el que, si bien difiere de la idea de presentar quejas sistemáticas al CGPJ, recalca la escasa formación que existe en el aparato judicial. "A propósito de la campaña de denuncias sistemáticas frente a la actuación de determinados órganos judiciales, consideramos que no se deben personalizar las disfunciones que aún existen, pues éstas son estructurales y tienen causa directa en la falta de medios personales y materiales, falta de implementación de medidas concretas en materia de formación obligatoria en género, determinación de cargas judiciales máximas de trabajo razonables y especialización de los juzgados", sostienen. 

"Todo es manifiestamente mejorable"

Ignacio González, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, explica en conversación con infoLibre que no cree en la existencia de un problema estructural. "Si hay alguna deficiencia, hay que ponerlo de manifiesto ante las autoridades competentes", señala. González relata que "la cuestión está en el tema de la función jurisdiccional" y en ese sentido, sostiene, "cuando una persona no está conforme con una resolución es impugnable por el sistema de recursos, igual que si no está conforme con el trato que le dispensa un juzgado", en cuyo caso "debe acudir al servicio de atención al ciudadano". Pese a todo, admite el juez, lo cierto es que "no estamos ante un sistema perfecto y todo es manifiestamente mejorable".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, explicó el lunes que hay juzgados que deniegan el 75% de las órdenes de protección solicitadas por las víctimas, lo que evidencia, a su entender, la falta de valoración adecuada del riesgo que sufren las mujeres. "Por ello pedimos al CGPJ que investigue las razones por las cuales se deniegan y que, además, evalúe la calidad de la aplicación de la justicia y de la aplicación de la Ley de Violencia de Género", demandó. Respecto a esta cuestión, Ignacio González subraya que "si se conceden o no órdenes de alejamiento" está en manos "del juez que debe actuar conforme al derecho". Si en un caso concreto, remata, "una parte considera que ha visto lesionados sus derechos, debe recurrir".

En su comunicado, los jueces señalan que "el trato desconsiderado a quienes acceden a los órganos judiciales siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ, especialmente si quien no es atendido con el respeto debido es víctima de un delito". No obstante, indican, "los miembros del poder judicial gozan de independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley", de modo que están obligados a adoptar "medidas de investigación" ante un presunto delito "con independencia de si el resultado judicial posterior es condenatorio o no". Los magistrados expresan, además, su apoyo a "todos los miembros de la carrera judicial que, a diario, aplicando la ley al caso concreto, tras una ponderada valoración de los indicios y pruebas presentados, imparten justicia en los juzgados con competencias en violencia sobre la mujer".

  "Problema estructural"

"Estamos un poco cansadas de reclamar una y otra vez la necesidad de formación, además de que aquellos jueces que tienen prejuicios no pueden juzgar casos de violencia de género", decía el lunes Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. "Lo que vamos a hacer para no exponer a las víctimas, es ir recopilando los casos e iremos formulando las oportunas quejas ante el CGPJ", anunciaba.

La vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, relata en declaraciones a infoLibre que "con mucha frecuencia las mujeres que denuncian malos tratos no son tratadas adecuadamente". Por ello, y como han hecho "en otras ocasiones", su respuesta al respecto es ponerlo en conocimiento del CGPJ. Para Gonzalo, el comunicado de las asociaciones judiciales "rezuma un poco de corporativismo y no sirve a lo que es el acercamiento de la justicia a los ciudadanos". Si asociaciones de mujeres que vienen "trabajando desde hace muchos años" denuncian la existencia de "una situación que se repite", dice la jueza, "lo lógico sería tratar de hablar e investigar las quejas".

Glòria Poyatos preside la Asociación de Mujeres Juezas y recuerda, en conversación con este periódico, que "el poder judicial no es más que un servicio público a la ciudadanía". Dado que el "derecho de la ciudadanía es un derecho legítimo", las personas que así lo deseen pueden plantear quejas ante el CGPJ, "que de acuerdo con los elementos que existan presentará una solución". Esto, dice la magistrada, "es una vía legal positiva en aras de mejorar cualquier servicio público".

No obstante, matiza, "existen disfunciones más allá de lo personal que son estructurales" y que se expresan a través de la "falta de medios materiales, personales o cargas máximas de trabajo que no son razonables". Esto, "junto con la falta de formación en género y violencia machista, se traduce en anomalías que debieran atajarse". La propia ONU así lo indicó en 2014 tras el caso de Ángela Carreño. El organismo internacional recomendó entonces a España "proporcionar formación obligatoria a los jueces y personal administrativo competente sobre la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia doméstica".

Poyatos considera que no se debe "personalizar", sino atajar los "problemas endémicos". En este caso, insiste, la falta de formación es un problema que las juezas vienen denunciando "de forma sistemática" y que no responde únicamente a la realidad de este país. "Existen lo que se denominan unas ilusiones cognitivas irracionales, estereotipos, inmunes a las leyes y que se reproducen socialmente", explica la jueza. Los magistrados y profesionales que forman parte del sistema judicial "viven en la misma sociedad estereotipada y los inhalan", de modo que "la formación está para franquear esos estereotipos" porque de lo contrario "convertiremos las resoluciones en armas de discriminación institucional". Para avanzar hacia la igualdad real y no sólo formal, por tanto, son necesarias "medidas concretas que tengan efectividad y se traduzcan en formación permanente y obligatoria para acabar con la estereotipia dentro de la carrera judicial y en todos los ámbitos institucionales".

Altamira Gonzalo, por su parte, distingue entre "la falta de recursos y un trato inapropiado". Entiende la ausencia de medios como una realidad y reivindica una solución, pero insiste en diferenciarla de "un trato desconsiderado" por parte de los profesionales. Sucede con "relativa frecuencia" que una mujer denunciante es "recibida con incredulidad y de una manera desconsiderada". Ese, agrega, "es el objeto de la denuncia". Combatir esa actitud, zanja, no requiere recursos, sino "poner sobre la mesa casos concretos e impulsar una correcta formación de género" para quienes integran el sistema judicial.

El caso de Isabel López

"Entré al juzgado pidiendo ayuda y salí imputada". Así se expresó durante la rueda de prensa del lunes Isabel López , víctima de violencia de género. A ella y a su expareja se les impuso una orden de alejamiento mutua que hizo que, cuando tenía que dejar a su hija con el maltratador, tuviera que vivir con "la eterna angustia" de no saber si "volvería sana y salva". La mujer –finalmente absuelta, mientras que su agresor está en la cárcel– expresó su voluntad de interponer una queja contra la jueza que llevó su caso por haberse sentido "cuestionada y desamparada". Las asociaciones de mujeres dijeron respaldar dicha queja y, además, mencionaron otra interpuesta el pasado 10 de enero contra el titular del Juzgado de Primera Instancia Número uno de Violencia sobre la Mujer de Sagunto (València), por sus "actitudes arrogantes y autoritarias, faltas de respeto y nula empatía".

Por su parte, la jueza que llevó el caso de Isabel López, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número uno de Arganda del Rey (Madrid), ha solicitado amparo al CGPJ, que lo ha admitido a trámite por unanimidad. Ante las acusaciones, la magistrada señala "que sus actuaciones judiciales se han llevado a cabo con escrupuloso respeto a la legislación vigente tratando de buscar la máxima objetividad e imparcialidad ante las posturas enfrentadas de las partes".

La jueza indica que la mujer se situaba en la zona de acceso al juzgado esperando a que llegaran otras víctimas de violencia de género, a las que decía que allí "no se las trataba bien". Además, Isabel López también habría creado un blog en el que "prácticamente a diario" publica comentarios contra su persona, "cuestionando su labor".

42 tribunales españoles incumplen la igualdad al estar copados por hombres

42 tribunales españoles incumplen la igualdad al estar copados por hombres

Más sobre este tema
stats