Volkswagen maniobra para paralizar los expedientes abiertos en tres comunidades por el fraude de las emisiones

Este domingo se cumple un año desde que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) acusó a la firma de vehículos alemana Volkswagen de trucar sus coches para sortear los límites de emisiones a través de la instalación de un software en sus motores. El escándalo, que se llevó por delante al entonces director de la firma germana por tener conocimiento de la infracción y mantenerla oculta, afectaba, según admitió la empresa, a casi cinco millones de vehículos en todo el mundo, que tendrían que ser reparados por la casa de forma gratuita a medida que la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) fuese desbloqueando las soluciones de software para cada grupo de modelos.

Sólo en España, según las cifras barajadas por la compañía, se contabilizaron 680.000 coches afectados. El Gobierno prometió en un primer momento tomar cartas en el asunto: el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, planteó la devolución de ayudas en relación con el Impuesto de Matriculación y el llamado plan PIVE –unos 50 millones que volverían a las arcas del Estado–, así como la supresión de las autorizaciones para casi 6.000 coches con motores EA 189 diésel EU5. Todas estas promesas cayeron en saco roto, y aunque la compañía provisionó para 2016 un montante de 16.200 millones de euros para hacer frente a posibles pagos, en España el llamado Dieselgate les está saliendo barato.

Un año después del escándalo, la compañía no ha indemnizado a los consumidores afectados en España, siguendo la misma tónica en el resto de países europeos. Tampoco ha tenido que afrontar, por el momento, ninguna sanción administrativa en nuestro país. Sin embargo, tres autoridades autonómicas –el Instituto Galego de Consumo, la Dirección General de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha y la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía– han abierto procedimientos sancionadores contra la firma alemana en los últimos meses.

La primera en hacerlo fue la castellanomanchega, en abril de 2015, a través de un expediente en el que se imputaba a Volkswagen-Audi España "la alteracion, adulteración o fraude en bienes o servicios susceptibles de consumo (de vehículo automóvil) por adición o sustraccion de cualquier elemento, alteración de composición o calidad, induciendo a engaño o confunsión al consumidor". El organismo decidió incoar un expediente sancionador, tras las denuncias de Facua, por cada uno de los consumidores que reclamase ante la comunidad, fijando un máximo de 5.000 euros de multa por cada afectado que denunciase ante la Dirección de Consumo autonómica. 

La asociación de consumidores, que presentó cerca de 800 denuncias en Andalucía, desveló el pasado mes de junio que la Junta iniciaba también un proceso para imponer sanciones a la firma germana. Dos meses después, el Instituto Gallego de Consumo y Competencia cerraba el círculo haciendo pública la apertura de 30 expedientes de este tipo por la "posible comisión de una falta grave consistente en un fraude en la calidad de los vehículos", según explican a infoLibre fuentes de la Consejería de Sanidad de la que depende el organismo.

Suspensión de las sanciones

Sin embargo, alertan que todavía se están analizando más de 150 reclamaciones en suelo gallego, por lo que la cifra se podría incrementar. Según concretan desde la Xunta, la multa prevista "es de dos veces el valor del vehículo, por lo que el importe global máximo de la sanción en relación a los 30 expedientes sería de 1,2 millones de euros". Pero señalan que "si la empresa diera cumplimiento y satisfacción a las pretensiones solicitadas por los consumidores, la sanción se reduciría a 90.030 euros (3.001 euros por cada expediente como sanción atenuada)" y recuerdan que antes de imponer las multas se abre "un plazo de alegaciones".

Los intentos de sancionar económicamente a la firma germana, sin embargo, han quedado bloqueados en Castilla-La Mancha. El expediente sancionador fue suspendido el pasado 11 de julio después de que Volkswagen-Audi España alegase que ya había un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que, "con el fin de evitar juicios contradictorios entre autoridades judiciales y administrativas" y atendiendo a la legislación española, el expediente tenía que suspenderse hasta que "recaiga resolución judicial", según consta en el acuerdo de suspensión al que tuvo acceso infoLibre.

La compañía, preguntada en relación a este asunto, evita explicar si va a hacer las mismas alegaciones en Andalucía y Galicia: "Sobre procesos abiertos judiciales o administrativos no nos vamos a pronunciar", señalan fuentes del grupo automovilístico.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el expediente sancionador andaluz va por el mismo camino: "Han alegado que el asunto está en manos de la Audiencia Nacional, a la que hemos remitido un escrito para que lo confirmen oficialmente", sostienen fuentes de la Junta de Andalucía. Todo esto hace pensar que los pasos que dará la firma alemana en el caso gallego serán los mismos.

Sin movimientos en España

"A nivel de acción de Gobierno no hay novedades", denuncia en conversación con infoLibre Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que nuestro país "sigue plegado a los intereses de Volkswagen". Por el momento, ni multas ni participación activa del Ejecutivo. "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin aclarar si va a abrir expediente sancionador a la firma automovilística", afirma Sánchez. "No hay una auténtica presión gubernamental", continúa el portavoz de la asociación de consumidores española, que considera prioritario que "los Estados miembro actúen" en este sentido como lo han hecho en países como Brasil –donde se impuso una multa de 13.000 millones–, EEUU –se han conseguido indemnizaciones para los consumidores– o más recientemente Australia –el organismo equivalente a la CNMC ha llevado a la compañía a los tribunales–.

A nivel judicial en España, el pasado mes de junio el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó un auto en el que imputaba a la matriz alemana de Volkswagen por un posible delito de fraude de las subvenciones y contra el medio ambiente. Un paso que se había dado unos meses antes contra la filial española de la compañía. "De este proceso, por el momento, no hay nada nuevo a resaltar", señala el portavoz de Facua, organización que forma parte de la acusación particular, que lamenta a renglón seguido que el Ejecutivo en funciones tampoco se esté involucrando en esta causa abierta.

División en Europa

Con unos 8,5 millones de vehículos afectados en todo el continente, las autoridades europeas se mueven con lentitud. Justo antes de que el periodo estival pusiese fin al curso político 2015-2016, Bruselas exigió en hasta dos ocasiones a la firma alemana que compensase a los clientes afectados de la misma manera que en EEUU. "Los consumidores de la UE han sido engañados de la misma forma que los de EEUU, por lo que esconderse con argumentos legales no es el mejor modo de proceder", afirmó el pasado mes de julio Lucía Caudet, portavoz del Ejecutivo europeo. Sin embargo, quiso dejar claro que "se trata de una decisión de Volkswagen, no de la Comisión" e instó a los Ejecutivos nacionales a que impusiesen sanciones "efectivas y proporcionales" si la ley de homologación "no se hubiese respetado".

Tras el verano, el nuevo curso político en el Viejo Continente arrancó con el escándalo Volkswagen en uno de los primeros planos. Casi un año después de que se descubriese el fraude, la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, se reunió el pasado 8 de septiembre con una treintena de organizaciones de consumidores. "La reunión fue un paripé, una pantomima que buscaba dar la imagen de que la Comisión Europea iba por fin a hacer algo. Se nos vendió humo", se lamenta el portavoz de Facua. Preguntado por los detalles de la cita, Sánchez detalla que pidieron a la comisaria que hiciese "una petición pública" instando a la firma a indemnizar a los afectados y a los Estados miembro a que llevasen a la firma alemana a los tribunales. "Ella se negó sin darnos explicaciones", sentencia.

Sin embargo, el pasado lunes la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, se mostró contundente durante la comisión de investigación del Dieselgate en el Parlamento Europeo: "No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando alguien no aplica la legislación europea", señaló, y añadió su intención de abrir expedientes a los Estados miembro que no cumpliesen con su deber de comprobar las emisiones de los vehículos fabricados por la compañía y por no imponer sanciones una vez descubierto el fraude. "Tengo poder para abrir un expediente y sin duda lo voy a hacer", afirmó la comisaria polaca.

"Parece que hay dos voces contrapuestas", señala Sánchez. Una idea con la que coincide Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo integrado en el grupo Los Verdes/ALE. "La Comisión Europea no es un bloque unitario. Hay diferentes visiones y algunos comisarios parece que se toman más en serio el bien de la Unión Europea", sostiene. "Entre los deseos de algunos y la intención de que se cumplan las normas de otros", apunta por su parte Paloma López, europarlamentaria de IU en el grupo GUE-NGL, que alerta de que dichas declaraciones pueden ser simplemente un "intento de calmar los ánimos" mientras avanzan los procesos judiciales y las investigaciones en el seno de las instituciones europeas. A ninguno de los dos les consta que desde las autoridades comunitarias se haya movido todavía ficha en relación a los expedientes adelantados por Bienkowska.

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Emisiones y comisión de investigación

Por el momento, a nivel comunitario se han tomado dos medidas claras desde que se descubrió el fraude. La primera de ellas, que procede de la Comisión y que fue respaldada en el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, es permitir que los automóviles diésel que se vendan a partir de 2017 puedan rebasar en un 110% los límites de óxido de nitrógeno en análisis siempre hechos en carretera. Así, entre 2017 y 2019, podrán emitir como máximo 168 mg; desde 2019 hasta 2022, el límite se marcará en los 120 mg; y a partir de 2022, todos los vehículos diésel que se pongan a la venta deberán emitir como máximo los 80 mg que la legislación marca actualmente. "En vez de exigir que se respete la ley, la cambian para que la cumplan los que antes no podían. Es inmoral", lamenta Marcellesi.

La segunda medida que han tomado las autoridades comunitarias ha sido abrir una comisión de investigación en el Parlamento Europeo con el objetivo de depurar responsabilidades, tanto de los Estados por haber permitido el fraude como de la empresa alemana. Con una duración de un año, la comisión se encuentra en estos momentos en el punto intermedio. López, que forma parte de la misma, lamenta que "las empresas que han ido pasando por ella" no "hayan dado información exhaustiva" y que los responsables de la firma germana no hayan respondido alegando que "hay procesos judiciales" en marcha. "Todo está muy abierto todavía", señala la eurodiputada, que desea que finalmente se "depuren responsabilidades" y que haya sanciones.