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Cataluña ante el 1-O

El voto en contra del PSOE tumba la propuesta de Ciudadanos para apoyar a Rajoy ante el 1-O

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

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El Pleno del Congreso, con los votos del PSOE, Unidos Podemos y los independentistas catalanes, rechazó este martes la proposición no de ley planteada por Ciudadanos con idea de respaldar la actuación del Gobierno contra el referéndum del 1 de octubre, que fue suspendido por el Tribunal Constitucional, informó Europa Press.

Ante la negativa de Ciudadanos a incluir una llamada a crear un foro de diálogo para buscar una solución a la crisis de Cataluña, la dirección del PSOE ordenó votar en contra de la moción de Cs, y ha provocado la división en las filas socialistas, pues se registraron cuatro abstenciones.

Entre ellos figura la exportavoz socialista Soraya Rodríguez, que rechazó votar en contra y que consideró que el PSOE no contemplaba el no, sino como máximo la abstención. Los otros tres son los andaluces Gregorio Cámara (portavoz de la Comisión Constitucional), José Juan Díaz Trillo y Antonio Pradas, que aseguraron haberse equivocado porque su compañera Zaida Cantera cantó por error abstención.

El texto de Ciudadanos sumó un total de 158 votos, con el respaldo del PP y de sus socios electorales de UPN y Foro, pero fue derrotado por los 166 diputados del resto de grupos: Unidos Podemos, Compromís, PNV, Bildu y los independentistas catalanes (ERC y PDeCAT). La diputada de CC, Ana Oramas, también se abstuvo.

Con la abstención habría bastado

Si el Grupo Socialista se hubiera abstenido, al menos, el texto se habría aprobado, pero el no del PSOE acabó por tumbar la iniciativa.

En su iniciativa, el partido naranja pedía al Congreso su respaldo al Ejecutivo, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum".

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Del mismo modo, quería trasladar el apoyo de la Cámara Baja a "todos los funcionarios del Estado", que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña.

La proposición no de ley también instaba al Gobierno a que "impida la utilización de recursos públicos" en la realización de todos aquellos actos destinados a la promoción, preparación y ejecución del referéndum de secesión.

Por último, el texto incluía un reconocimiento "a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de Derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia".

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