Recortes, falta de plazas y, ante todo, la promoción de lo privado. Son los tres hilos que la marea verde y la comunidad educativa pública llevan años denunciando en Madrid y que tuvieron su origen —al menos de forma más evidente— con la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, con Isabel Díaz Ayuso al mando, la “libre elección” se abre paso ante una pública que ya no puede más. 

Desde que Ayuso llegó al poder, el número de nuevos centros educativos públicos ha caído en picado. De los 43 que se construían en 2018 se pasó a 19 en 2021, según los datos de la Comunidad de Madrid. En 2025, la cifra cayó aún más, hasta los 14 nuevos centros. La privatización de la educación en la Comunidad de Madrid es una realidad conocida —y denunciada durante años— por alumnos, madres, padres y docentes. Pero hay un territorio donde esa tendencia se percibe con especial intensidad: el sur de Madrid, donde a la privatización de los servicios se suma la falta de atención de las instituciones.

De todas las zonas que recoge el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, la zona sur —entendida como la Dirección de Área Territorial Madrid-Sur, que incluye municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pinto o Valdemoro— es, con la excepción del centro, el lugar donde se concentran más centros educativos privados. En concreto, cuenta ya con 470, a los que hay que añadir otros 78 privados concertados. Como comparación, en el norte de Madrid hay 175, mientras que el oeste y el este suman 278 y 221, respectivamente.

Los recortes también se reflejan en el cierre de aulas y en la falta de apertura de nuevas unidades. El curso 2025-2026 arrancó con 78 aulas menos en la escuela pública madrileña, según el informe de Comisiones Obreras (CCOO): 42 menos en Infantil y Primaria y 36 en Secundaria. Con una traducción en el personal docente: más de 215 profesionales menos. Y, según el sindicato, el sur de Madrid es la zona más golpeada por estos recortes.

En concreto, CCOO denuncia un especial ensañamiento con ciudades como Fuenlabrada o Alcorcón, que pierden 21 y alrededor de 11 aulas, respectivamente. En ambas viven ahora 39.552 y 29.419 personas en edad de escolarización, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cuentas no salen.

“Hay una falta generalizada de plazas públicas. En la zona sur también porque son municipios que han crecido muy rápido y que se han desarrollado recientemente”, destaca Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid. Esto ocurre, explica el también profesor de secundaria en Orcasitas, porque las administraciones no son capaces de desarrollar servicios públicos a la misma velocidad que se construyen viviendas privadas en estas zonas. 

“Cuesta mucho encontrar un centro público simplemente porque la Administración no lo ha construido. Las familias obreras no necesariamente eligen la privada por convicción, sino porque es la opción que tienen más cerca o porque esos centros están menos masificados. En definitiva, porque en la pública no hay plazas”, recalca Maroto. 

Tras siete años de Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, y con un precedente claro en las políticas educativas de los gobiernos anteriores del PP, las consecuencias del modelo regional se reflejan ahora en las protestas de la educación infantil. Las profesoras denuncian bajos salarios, falta de estabilidad, ratios elevadas y una privatización que acaba deteriorando el sistema público. La consecuencia es evidente: educación inestable, trabajadoras agotadas y recursos que no llegan. 

Estos recortes, según denuncia CCOO en su informe, tienen una intención clara: empujar a alumnos más pequeños hacia la educación privada o concertada. No por elección, sino por falta de alternativas. De esta forma, las escuelas infantiles quedan en el punto de mira de la privatización. Es más sencillo comenzar desde ahí: cuando un alumno inicia su escolarización en un centro privado, resulta mucho más difícil que después pase a la pública. 

“Cuando comienzan en la privada en las primeras etapas, después tienen más fácil continuar en esos mismos centros o en otros de la misma red al pasar a Primaria, por el sistema de puntos y por el arraigo familiar. De esta forma, se puede crear una segregación entre los alumnos de la privada, la concertada y la pública”, asegura Rafael Feito Alonso, profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

“Al permitir que la privada abra todas las líneas que quiera mientras se cierran o no se crean líneas públicas, se genera una falsa sensación de eficacia de lo privado frente a una pública intencionadamente saturada”, añade Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid. Así, el desprestigio de la pública, unido a una falta de plazas, provoca que esa identidad tan característica de la zona sur pueda tambalearse ante las ideas y las formas que se transmiten en la privada. 

Para muchos vecinos del sur, ser de esta zona es mucho más que un código postal. Históricamente, ha sido un territorio marcado por la lucha sindical desde que, durante el franquismo, la industria se trasladó a las afueras de la gran ciudad. Fue entonces cuando comenzaron las reivindicaciones por unas mejores condiciones de vida ante una Administración central que no miraba hacia ellos. Con el triunfo de la izquierda, cuenta una de las crónicas del momento de El País, se confirmaba esa identidad, ese orgullo de clase. 

Esa identidad, sin embargo, parece estar diluyéndose. “El modelo urbanístico de los últimos años, lo que se ha llamado el Madrid de las piscinas —una forma de urbanismo basado en urbanizaciones privadas, con zonas comunes y prácticamente sin contactos con los vecinos—, busca individualizar a la clase trabajadora. Si obligas a una familia obrera a recurrir a la privada para asegurar una plaza o un grado de FP, estás rompiendo el vínculo con lo público y fomentando una mentalidad de clase media aspiracional”, cuenta San Millán. 

Para Andrés Maroto, lo que está sucediendo es un cambio social y político. “Cuando se habla del cinturón rojo, se recurre a una narrativa de los años 70 u 80. Pero en el contexto que tenemos ahora de precariedad, competencia laboral y descenso de las expectativas sociales, la privada y concertada emergen como una alternativa con mejor reputación, menos conflictividad y un entorno social un poco más homogéneo”, matiza. 

Y parece que, al menos en el sentido de voto, ese cambio está dando sus frutos. En los últimos años empieza a verse cómo aquel orgullo se difumina ante una nueva realidad: el sur se está derechizando. En las últimas elecciones autonómicas, ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcorcón, Getafe, Pinto o Valdemoro se tiñeron de azul. 

Con ello, comienza a perderse esa identificación y esa lucha tan característica de la zona sur, en favor del “si quieres puedes”. “La política de precios del suelo y la demora deliberada en la construcción de institutos públicos son herramientas políticas para favorecer un modelo de negocio privado y captar a una nueva generación para que deje de pertenecer a ese cinturón rojo”, zanja San Millán. 

Sigue la última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

Pocos sabían qué era una persona intersexual antes de ver en pantalla grande a José Luis López Vázquez interpretar a Adela en Mi querida señorita, la película de 1972 en la que una mujer descubre, tras acudir al médico, que legal y biológicamente es un hombre. Quienes la vieron entonces tampoco salieron del cine con una idea muy clara de lo que era la intersexualidad: el largometraje ni siquiera la nombraba.

Más de medio siglo después, el desconocimiento sigue siendo enorme. La película está otra vez está en cartelera —o en el salón de casa gracias a Netflix—, en una nueva versión con Alana S. Portero como guionista. Y esta vez con una diferencia fundamental: las personas intersex ocupan el centro del relato y la realidad se nombra por fin por su nombre.

La I de LGTBIQ+ es quizá la sigla más desconocida de todas y, sin embargo, ser intersex es más común de lo que parece: alrededor del 1,7% de la población presenta alguna variación intersex, una proporción similar a la de las personas pelirrojas. La intersexualidad engloba una amplia gama de variaciones biológicas en las características sexuales corporales que no se ajustan a lo que se entiende tradicionalmente como hombre o mujer. Por ejemplo, pueden presentar características sexuales que no encajan en las categorías binarias tradicionales, patrones hormonales que no se corresponden con un sexo concreto o una disidencia entre los órganos internos y externos. 

Tal es la falta de información que incluso hay quienes ni siquiera saben que lo son. Algunos lo averiguaron ya en su edad adulta. Otros jamás lo sabrán, por las intervenciones quirúrgicas que se les hicieron desde pequeños. “No hay casi información de lo que es ser intersex. Lo que sí es cierto es que en los últimos años, aunque todavía hay poca, es de más calidad. Pero todavía no hay espacio para la intersexualidad, está todo basado en el binarismo”, cuenta a infoLibre Cira López Salvago, investigadora y experta en intersexualidades. 

Hasta hace poco, lo que se hacía cuando nacía un bebé intersex era, por procedimiento habitual, una operación quirúrgica que modificaba los genitales del menor. Esta decisión la tomaban entre los médicos y los padres que, por falta de conocimiento y ese sentimiento de “así le irá mejor”, aceptaban que se hiciera lo que los activistas intersex tachan de “mutilación”. Los problemas llegan en la edad adulta, con complicaciones médicas derivadas de esa operación o la posibilidad de que su género —su identidad— no se correspondiera con el sexo —los órganos sexuales—. 

“Se sigue tratando como una patología. Y así ha sucedido con todas las letras del colectivo. Primero se patologiza y luego, con la lucha, se consigue avanzar. Consiste en intentar separar todos los cuerpos entre macho y hembra. Por lo tanto, la intersexualidad se presenta como algo que hay que arreglar y que tiene que caber en una de estas dos casillas”, argumenta Ariana A. Celorio, miembro del grupo del año temático intersexual de la FELGTBI+, activista intersex y escritora, en conversación con este medio. 

Esta forma de patologización tiene varias derivadas, explica López Salvago. La primera es que el concepto de intersexualidad ha caído siempre bajo el marco de la medicina. La segunda es la visión binaria que existe en la sociedad española, afincada desde los tiempos de Franco. La mujer y el hombre, no hay más. “La corporalidad intersexual es una contestación al sistema cisheteronormativo. Son cuerpos que rompen las normas”, cuenta López Salvago. Y para la experta, esto ha tenido una consecuencia muy clara: la estigmatización. “Estos dos elementos han hecho que la intersexualidad esté envuelta en un halo de alarma, de escándalo e, incluso, de monstruosidad”, recalca. 

Sin embargo, en los últimos años el asunto ha comenzado a cambiar tanto en lo social —basta ver el regreso de Mi Querida Señorita— como en el plano legislativo. La ley trans de 2023 incluyó medidas para avanzar en la despatologización de las personas intersex y limitar las intervenciones médicas no consentidas. El texto prohíbe la modificación genital en menores de 12 años, pero introduce una excepción: permite esas intervenciones cuando existan “indicaciones médicas” para proteger la salud de la persona, a juicio del personal sanitario. Y ahí, advierten las activistas, está el problema. Muchas operaciones se han presentado durante años como “médicamente necesarias” sin que existiera una urgencia vital real, según un informe elaborado por ILGA Mundo en 2023. 

“Cuando esto se deja en manos de profesionales, se parte de la idea de que la ciencia y la medicina son neutrales, como si hubiera un diagnóstico objetivo y libre de valores. Pero la decisión de un médico no está exenta de prejuicios ni de valores morales. Actúan, en teoría, 'por humanidad', pensando que la persona intersex sufrirá si no se adapta a una norma corporal concreta. Entonces, justifican la intervención diciendo que quieren evitarle un sufrimiento futuro. Pero eso implica asumir que hay una única forma válida de cuerpo. Y ahí hay un problema”, recalca Rafael Cáceres-Feria, antropólogo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a infoLibre. 

El personal sanitario no tiene por qué conocer las realidades intersex, puesto que no se incluye en el temario de la carrera. De aquí nace esta forma de tratarlo, como si fuera un problema, según indica el antropólogo. “En la Facultad de Medicina se enseña una visión concreta del cuerpo y del sexo. Y ahí no entra la intersexualidad. En el fondo, manejan la misma lógica binaria que el resto de la sociedad: hombre o mujer”, expone Cáceres-Feria.

Aunque no todo es negativo. “Se siguen realizando mutilaciones, pero cada vez hay más personal de la salud concienciado”. La solución, por lo tanto, estaría en esto mismo: la concienciación. “No basta con que sepan del tema los ginecólogos o los urólogos; tiene que saber todo el personal sanitario. Hacen falta protocolos específicos y una educación que les haga ver que no somos una patología”, concuerda Celorio. 

Precisamente, la falta de información es lo que ha provocado la invisibilidad de las personas intersex, apunta Celorio. También las agresiones contra ellos. “En los colegios”, relata la activista, “la mayoría de niños intersex sufren más acoso y bullying porque el resto no sabe cuál es su realidad. Que no se sepa nada sobre ti hace que seas más fácil de agredir”, cuenta. 

Y esto se traduce en la edad adulta. Las personas intersexuales son las que sufren más discriminación, según revelaba el informe de Estado del Odio LGTBIQ+ 2025, elaborado por la FELGTBI+. De hecho, el estudio indica que el 100% de los encuestados intersexuales habían sufrido situaciones de discriminación.

Algo que parece que acaba teniendo efecto. En un estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica editada por la Public Library of Science, un 21,1% de los encuestados —todos intersexuales— declaraba tener una salud mental “mala”. El 32,5% la calificaba de “aceptable”, pero la gran mayoría (un 62,6%) declaraba tener ansiedad. Los motivos, según el estudio, pasan por la vergüenza, el estigma, la baja autoestima y la insatisfacción con el sistema sanitario. 

“Las personas intersex están más discriminadas, principalmente por el gran desconocimiento que hay. Sigue siendo una realidad poco conocida y poco explicada. Además, la intersexualidad introduce una dimensión corporal dentro de la diversidad sexual, que tradicionalmente suele entenderse solo desde la identidad de género o la orientación sexual. Incorporar esta dimensión corporal exige salir de marcos tradicionales y comprender una realidad que muchas veces no se enseña ni se visibiliza. Sin educación, referentes o ejemplos cercanos, resulta difícil entenderla, y por eso no me extraña que el colectivo intersex sea uno de los más discriminados”, zanja López Salvago. 

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

La sanidad universal es uno de los grandes bastiones del estado de bienestar español. Recogida como un derecho fundamental en el artículo 43 de la Constitución, muchos la sitúan en lo más alto de los rankings internacionales en su campo. De hecho, la OCDE indica en su informe Panorama de la salud 2025: España que el país supera la media del resto de miembros en cinco de cada diez indicadores clave que miden el acceso y la calidad de la atención en salud. Un motivo de orgullo, pero la narrativa cambia si se observan otros datos. 

En España, en 2025, alrededor de 13.000 personas encontraron algún tipo de barrera a la hora de recibir asistencia sanitaria, según recoge un informe de Médicos del Mundo. Muchas de ellas comparten una característica común: ser personas migrantes  –tan solo un 2% de los que aparecen en ese documento eran españoles–. Con esta base, además de otros elementos sociales, políticos y económicos, se llega a una situación en la que si eres migrante, poder acceder a derechos garantizados y universales puede ser un laberinto lleno de obstáculos. 

Un ejemplo es el de Saúl, un hombre de 54 años que lleva 35 en España. Tiene un trastorno psicótico crónico, una patología cardiaca e hipertensión arterial, pero no recibe tratamiento médico alguno. Ha intentado regularizar su situación en varias ocasiones, pero nunca lo ha conseguido. Además, es apátrida. No tiene recursos económicos y tampoco puede acceder a ayudas, precisamente  por los mismos motivos. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Antes tenía un Documento de Asistencia Sanitaria para Ciudadanos Extranjeros sin residencia legal en España (DASE) –un certificado que permite a los vecinos de Madrid que sean extranjeros ir al médico si lo necesitan–. Sin embargo, al no poder aportar el empadronamiento o un documento identificativo, Saúl no pudo renovar su documento para la asistencia sanitaria cuando caducó en agosto de 2023.  

Más allá de la burocracia, hay otros problemas que afectan a la atención de las personas migrantes. El racismo también está presente (como en todo) en la sanidad. En el mismo informe, Dina, una joven peruana de 25 años, explica cómo cuando intentó acceder por primera vez a la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, esta se le denegó. Esta joven llegó desde su país huyendo de la violencia de su pareja. Embarazada y sin posibilidad de empadronarse, acudió a un centro sanitario y allí no solo le negaron la atención médica, sino que, además, tuvo que hacer frente a comentarios racistas. 

Uno de los principales escollos a la hora de conseguir acceder al sistema sanitario es el empadronamiento. Al igual que a Saúl, muchas personas migrantes no tienen la posibilidad de aportar la documentación con el margen de tres meses desde su emisión que se les exige. Se trata del obstáculo administrativo más habitual. Tanto es así que impide el acceso en casi la mitad de los casos, según denuncian desde Médicos del Mundo. 

Para subsanar este problema —o al menos intentarlo—, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo un real decreto por el que se regulará la atención sanitaria universal para personas extranjeras que estén viviendo de forma irregular en España. Esta medida supone varios cambios. El principal es que el derecho a la asistencia sanitaria no dependerá solo del certificado de empadronamiento. Los migrantes podrán acreditar que viven en España de otras maneras. Por ejemplo, haciendo uso de certificados de escolarización, registros de visitas o de atención por parte de organizaciones sociales, entre otros.

Tampoco se necesitará un tiempo mínimo de residencia en España para acceder a la atención sanitaria. Hasta la llegada de esta norma, residir en el país durante tres meses –y poder demostrarlo– era indispensables. Ahora, tan solo se tendrá que presentar una declaración responsable. Pero esto también incluye una serie de requisitos. Entre ellos, entregar el pasaporte del país de origen, un contrato de alquiler o un documento que acredite que se reside en España—como facturas de la luz o del gas—. 

Sin embargo, el informe de Médicos del Mundo relata cómo muchas de estas personas que llegan a España pueden tener problemas para presentar esta documentación ya que muchas veces no cuentan con ella por las circunstancias en las que abandonaron sus países.

“El real decreto intenta superar los problemas legales y administrativos, pero problemas más sustanciales, como el tema del idioma o el miedo a las represalias siguen ahí”, apunta Francesco Passetti, investigador del CIDOB y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. Precisamente, muchos migrantes tienen reticencias a acudir al Estado por falta de confianza o miedo a posibles consecuencias que puedan sufrir por su situación administrativa irregular. 

Rafael Campos, vocal de Incidencia, Movilización Social y Salud de Médicos del Mundo, asegura a infoLibre que, a pesar de que en la redacción del real decreto se tuvieron en cuenta las opiniones de varias organizaciones —entre ellas, la suya—, todavía no llega a garantizarse una igualdad real y plena. 

Por ejemplo, el real decreto no recoge el derecho a la atención en urgencias con cargo a fondos públicos, no incluye el derecho de asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas –padres o suegros de un extranjero residente legal en España–, y sigue exigiendo dos años de residencia en España para que una persona en situación administrativa irregular pueda acceder a la lista de espera de trasplantes, algo “discriminatorio”, según subrayan desde Médicos del Mundo. 

Ante el nuevo real decreto que busca regular el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha atacado la medida y (una vez más) la ha utilizado para criticar al Gobierno de Sánchez. 

“Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos”, denunció la presidenta en la Asamblea de Madrid. Además, su Administración recurrirá el real decreto de regularización de personas extranjeras por haberse aprobado "sin articular mecanismos de financiación y provisión de medios".

Pero, según la profesora de Sociología en la Universidad Complutense, Elisa Brey, las críticas de la derecha solo se basan en un principio: la exclusión por razón de origen. “Todo el tema del turismo sanitario es un bulo. Es una cuestión de instrumentalización política más que un argumento real basado en hechos probados. La mayoría de inmigrantes que vienen a España lo hacen por motivos laborales, por lo que realmente hacen una gran contribución. Encima es gente más joven que no supone una carga para el sistema sanitario, como pueden ser jubilados del Reino Unido o de Alemania”, cuenta la también miembro del Grupo de Estudios en Migraciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. 

“Es un arma política para avivar el miedo al otro. La nueva norma resuelve parte del problema, pero no todo, porque hay factores como la discriminación, el racismo, el desconocimiento de las burocracias, las dificultades idiomáticas o el hecho de que la responsabilidad siempre recaiga en las mujeres, que no se abordan”, añade. 

Más allá de la sanidad, Alberto Núñez Feijóo también ha denunciado otro procedimiento legal que afecta a migrantes: la regularización extraordinaria. El líder del PP la ha catalogado de “inhumana” porque “alienta a las mafias”. No solo eso, también recurrió a otro de los argumentos más utilizados por su formación y por Vox: la inseguridad. En una intervención ante los parlamentarios del PP en el Congreso, Feijóo aseguró que el PP está en contra de la norma porque es “insegura”, ya que “no hay control suficiente” ni “exigencias suficientes”. 

“Frente a estos discursos políticos del miedo al otro, diciendo que se van a desbordar los servicios públicos, lo que hay que hacer es reforzar lo público en vez de achacar a los inmigrantes la falta de los servicios. Además, no se puede estar en contra de darles sanidad pública, ya lo vimos con el covid, porque si empezamos a dejar a personas sin acceso a la sanidad, a lo mejor nos encontramos con que hay brotes de enfermedades que no podemos controlar”, zanja Brey. 

Isabel Díaz Ayuso presentaba esta semana una de sus medidas estrella. La presidenta madrileña ha anunciado una estrategia para ampliar la red de residencias de la Comunidad de Madrid que ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones que pelean por dignificar la atención a los mayores. El plan contempla la apertura de 40 residencias y 40 centros de día. En total, 8.000 nuevas plazas. Al menos 3.200 estarán integradas en la red pública, mientras que el resto —la mayoría— serán privadas y contarán con una inversión de 500 millones de euros. Explica el gobierno regional que a ellas se podrá acceder a través de un cheque servicio que ofrece ayuda monetaria para quien no pueda costearlas. Las familias de las víctimas de las residencias —que aun buscan justicia por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por este periódico, y no olvidan los desplantes del gobierno regional y de Ayuso durante todos estos años— recelan de que estas ayudas puedan cubrir parte de su coste.

El plan, aseguran las asociaciones, dista mucho de ser equitativo. El principal problema que ven es la abrumadora presencia de centros privados. “Hay una discriminación clara entre las personas que tienen dinero y las que no. La mayoría de las nuevas plazas serán privadas y el cheque servicio no cubre todos los gastos”, afirma Pilar Serrano, presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Pública y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

“La colaboración público-privada no va a funcionar porque ya la hemos vivido. Cuando las residencias son públicas de gestión privada, sabemos lo que pasa: la estructura de los edificios está mal, no hay suficiente personal, tienen condiciones horribles, etc.”, retrata María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia, al otro lado del teléfono. 

Desde la organización se oponen a que con dinero público se “construyan residencias cuya propiedad sea de fondos buitre o grandes empresas del sector de residencias”. Para ellas, el objetivo no es mejorar el servicio de las residencias sino por el contrario, “hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras”. 

En Marea de Residencias también ponen el foco en los riesgos de la colaboración público-privada. “Lo que se hace con este modelo es dar recursos públicos a empresas que no tienen ningún control. Se quitan de en medio a personas vulnerables y las dejan en manos privadas", asegura Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. 

Las cifras dejan ver las grietas que tiene el modelo privatizado. Algo que se hizo más evidente en la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, la mortalidad en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid fue del 7,4%. En las concertadas, la cifra se elevó a un 21,9%. Aun así, tan solo el 5,7% de las residencias son totalmente públicas. En ellas, cuentan desde Verdad y Justicia en un comunicado, imperan las “malas condiciones de vida de los residentes” además de “las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras”. 

“La presidenta Ayuso quiere ‘un pelotazo’ para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020”, denuncian desde estas asociaciones. Y critican la falta de interés de la Comunidad de Madrid en favorecer políticas públicas: “La presidenta Ayuso nunca ha actuado en favor de la salud de la ciudadanía. Es una medida que, más que útil, es puro marketing político”, afirma Serrano. 

Hay muchas cosas que se han dejado fuera del nuevo plan. Se trata de acciones que, tanto para Marea de Residencias como para 7.291: Verdad y Justicia, son imprescindibles. La principal es la zonificación. “No han hecho ningún tipo de estudio. Conceden el suelo sin tener en cuenta las necesidades de las personas que están en lista de espera. Hay muchas personas que tienen a sus mayores a kilómetros y kilómetros porque no porque no hay disponibilidad en su zona y, si dices que no, no te dan alternativa: vuelves al final de la lista”, cuenta Valero. 

Pero desde 7.291: Verdad y Justicia son claros con lo que piden: 40 nuevas residencias completamente públicas, distribuidas territorialmente en función de la población y adaptadas a los criterios de acreditación, además de mecanismos de participación. 

No parece que se vaya a cumplir en el futuro cercano. Ni siquiera la región parece escuchar las demandas, ya no de las familias, sino de la Administración central. Ahora mismo, lo que impera es un acuerdo marco que muchas comunidades, como la Comunidad de Madrid, se saltan. “El acuerdo se tiene que convertir en una ley marco que pueda blindar a las personas de las ganancias de las empresas. Hay muchos que se lo saltan. Por ejemplo las ratios están fijadas en 120 mayores por residencia pero en Madrid hay muchas que superan los 150”, relata Carmen López. 

“Si la presidenta Ayuso ya no cumple con el acuerdo marco, ¿cómo esperamos que cumpla con las promesas de este nuevo plan?”, se pregunta María Jesús. Por ejemplo, el plan recoge una forma de estructurar las residencias por módulos para que los mayores vivan como si estuvieran en un piso. “Esto es una utopía y el Gobierno de Madrid nunca ha facilitado las cosas. No se va a cumplir”, zanja María Jesús Valero.

Pocas cosas despiertan tantas opiniones, sentimientos y discusiones como el fútbol. Ni la política, ni la economía, ni la monarquía. Si hay algo que genera debate en las cenas de Navidad es el deporte más popular del mundo.

Por eso, el número de mayo de TintaLibre, la revista en papel de infoLibre, habla de fútbol y su importancia en la sociedad. Es un hecho. Como fenómeno de masas, este deporte ha conseguido abrirse paso en la cultura hasta determinar buena parte de lo que se considera aceptable, reprochable o debatible entre los ciudadanos. Quizá un joven de catorce años no lea el periódico, pero oirá hablar de racismo si Lamine Yamal lo denuncia. 

Bajo el eje La furia del fútbol, crónicas, ensayos y relatos desgranan este deporte como fenómeno cultural, político y emocional. La presentación del nuevo número tendrá lugar en la Sala Azul del Espacio Ronda, en el corazón de Madrid, a las 19:00 h del 5 de mayo. El espacio tiene una capacidad máxima de cincuenta personas que podrán asistir al acto si son socias o socios, inscribiéndose en este enlace. ¡Y si no eres socio, pinchando aquí puedes remediarlo!

Marta Gesto, directora general de infoLibre, será la capitana del acto en el que hará un recorrido por este deporte desde la pasión y la memoria personal hasta el poder de la FIFA, los mundiales o su uso político, pasando por su mercantilización, su dimensión identitaria y sus contradicciones. 

Posteriormente, la periodista dará pasó a Ramón Reboiras, jefe de redacción de TintaLibre, quien moderará una mesa redonda con la participación de Mónica Grandes, socia y colaboradora de infoLibre; Lucía Taboada, periodista y escritora; y Leyre Ollero, jugadora cadete del Sporting de Hortaleza. En ella hablarán de cómo el fútbol se convierte en fenómeno cultural y social, de qué formas lo hace y en qué ámbitos.

No habrá macrocausa. La petición que llevan seis años peleando los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha encontrado con la oposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Las familias rechazaban que las denuncias estuvieran dispersas y pedían centralizar todo en un solo juzgado. Al fin y al cabo, decían, en todos los fallecimientos existía un contexto idéntico y un denominador común de peso: la existencia de los famosos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre y que impidieron la derivación a ancianos a los hospitales durante aquellos meses. Pero los magistrados se han negado.

En el auto, fechado el 22 de abril y al que ha tenido acceso este diario, la Sección Primera señala que “no existe una identidad subjetiva y objetiva en las diferentes causas” y que, “si bien coinciden tres de los investigados, en otras causas figuran otros y los sujetos pasivos (los fallecidos) son diferentes con padecimientos distintos”. Es decir, que cada fallecimiento durante los peores meses de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid debe ser investigado de manera individualizada.

Además, los magistrados de la Audiencia de Madrid no ven conveniente la acumulación en una macrocausa por una cuestión práctica. “El conocimiento de todas ellas en una misma causa lo que haría sería añadir complejidad y dilatar más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”, apuntan.

Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias, responde contundente al otro lado del teléfono: “Es un jarro de agua fría”. Llevan años luchando para que se haga justicia y se han enfrentado a numerosas trabas burocráticas y judiciales, pero aún así, la noticia les ha cogido desprevenidos. “Ahora estamos como al principio, pero vamos a seguir luchando, nos van a tener enfrente”, sentencia. 

Con el mismo nudo en la garganta responde María Jesús Valero, portavoz de 7.291: Verdad y Justicia. “Abandonaron a las víctimas que fallecieron en lo peor de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid y ahora nos abandonan a nosotros. Basta ya de impunidad”, cuenta.

“No es lo mismo que cada juzgado investigue por su cuenta, con casos dispersos en tribunales de toda la región, a que toda la información esté concentrada en un solo", explica López. Sin embargo, el auto justifica la dispersión por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que señala que cada delito da lugar a la formación de una única causa.

“Nos parece algo incomprensible desde el punto de vista jurídico”, afirma Alejandra Jacinto, abogada de las familias. Y señala el paralelismo con lo que ha ocurrido con la dana de Valencia. “Allí, las circunstancias del fallecimiento de cada víctima se debieron a causas diferentes pero las responsabilidades de los altos cargos eran las mismas y por eso se investigan en un solo juzgado”, concreta. 

“Estas diferencias en los casos con una alta implicación política, son incomprensibles para los ciudadanos, que pueden deducir que lo que se está evitando es que haya una macrocausa que exponga el verdadero daño que se ha hecho a cientos de residentes”, añade. 

Los retrasos, la suspensión de declaraciones y el constante desprecio institucional son los tres elementos centrales que marcan la lucha de las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid. 

Una batalla que no consigue avanzar en los juzgados. De hecho, no es la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncia sobre unir las causas. Sucedió en diciembre de 2025, cuando el Juzgado de Instrucción nº5 trató de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. No tuvo recorrido. Los motivos fueron casi los mismos que ahora: alegaron que tenían que analizar de forma independiente cada caso. 

También se acumulan decenas de recursos de amparo en el Tribunal Constitucional. La resolución de estos se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están en curso, según contó eldiario.es. 

El periplo judicial de las familias comenzó con varias denuncias por homicidio imprudente y omisión de socorro. No tuvieron recorrido. Era necesario demostrar que los residentes podrían haber sobrevivido si hubieran acudido a un hospital. Tras varios casos archivados, cambiaron de estrategia. A partir de octubre de 2024, centraron su atención en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y, en vez de apuntar a Ayuso, comenzaron a centrar la ofensiva en cargos intermedios. 

La espera y la imposibilidad de encontrar justicia y reparación tiene a las familias sumidas en el cansancio, cuentan. Les afecta hasta a la salud. “Que tus seres queridos tengan que morir así, de una forma tan cruel, y no poder despedirse es algo que no se supera fácilmente. Pero también es todo lo que lo ha rodeado”, relata Carmen López. Explica la portavoz que muchas familias tuvieron que soportar que no se les aportará la información suficiente, o que llegaran pero de forma contradictoria, incluso hay personas a las que no les habían entregado las cenizas. 

“Ha sido todo tan traumático, que ya te lleva a tener una sensación de enfermedad. Cada vez que pasa algo así, te intentan hundir aún más en el hoyo, parece que es imposible salir de él. Pero la única manera de sanar es seguir luchando”, zanja.

La nueva moda está en la proteína. No hay producto que se le resista. Cereales con proteína, yogur con un plus de proteína, batidos, galletas… Hasta Starbucks ha sacado una línea de café con proteínas. Y no es lo único. Los estadounidenses ya consumen té helado con proteína, nachos (marca Kardashian) con proteína, lechuga con proteína y hasta agua con proteína. 

Y la locura por este macronutriente se está notando en los datos. Según un estudio del Consejo Internacional de Información Alimentaria, en 2025 el 70% de los estadounidenses querían consumir más proteína. Un 20% más que hace tres años. Aun así, lo cierto es que ya tomamos la suficiente. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, el consumo medio está alrededor de un gramo por kilogramo de peso corporal, un rango que ya está dentro de lo recomendado. 

En España, parece que la fiebre se ha contagiado. Ya el año pasado, el Observatorio de Tendencias de Cofares detectó que la demanda de proteínas había aumentado en los últimos meses. En concreto, la venta de estos suplementos creció un 175%. 

Pero esta nueva obsesión por lo proteico no se basa solo en una ambición por ser más saludable. Tampoco por una nueva investigación científica o por sus aparentes beneficios. Su subida al estrellato de la nutrición tiene dos vertientes más alarmantes: la llegada a la cultura popular de la machosfera y el auge de la extrema delgadez. 

Es uno de los pilares de cualquier hombre que vea los vídeos de Lladós o crea que Alvise puede salvar a España del terrible feminismo. La obsesión por el gimnasio y los batidos de proteínas siempre han sido algo especialmente masculinizado, pero para la machosfera es algo más. No va de salud, va de éxito.

“La moda de la proteína tiene una relación muy estrecha con la machosfera y el antifeminismo. La comida, y sobre todo la que vemos representada en las redes sociales, funciona como una forma de comunicar una cierta identidad, una cierta disciplina y un cierto control”, apunta Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y experta en machosfera. 

Pero todo tiene una misma causa. Nuestra percepción de nosotros mismos pasa por una pantalla. “Desde el auge de la era digital y las redes sociales, nos vemos demasiado en foto y esto altera la percepción del propio cuerpo. La presión estética ha estado desde siempre sobre las mujeres pero ahora, también sobre los hombres”, asegura la Dra. Marina Pibernat Vila, antropóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La consecuencia principal está en lo que se conoce en internet como gymbros (algo así como colegas de gimnasio). Esos chicos cuya principal ocupación es, llueva o truene, ir al gimnasio. Su bebida por excelencia es, por supuesto, el batido de proteínas. “Estas ideologías te dicen que si tienes una disciplina casi espartana y haces ejercicio, tendrás éxito en la vida. Porque hay que estar en forma: es una especie de forma de disciplinar el cuerpo, y eso se supone que te va a dar éxito”, reitera Pibernat. 

Aunque ir al gimnasio no es malo, como es evidente, llevarlo al extremo sí puede serlo. Aquí llega el looks-maxxing. Este es un término especialmente controvertido que tiene su origen en la cultura incel. Para ellos, todos sus males tienen su origen en una única cosa: las mujeres. Las culpan de su falta de felicidad, vida social o éxito, porque ellas prefieren tener relaciones con hombres más musculados y atractivos que ellos. Hasta tienen una teoría de que el 80% de las mujeres se acuestan con tan solo el 20% de los hombres (a nadie le salen las cuentas). 

Solo hay una solución en la comunidad incel que no está directamente relacionada con ejercer violencia contra las mujeres: tratar de colarse en ese 20%. Por ello, estos chicos se someten a todo tipo de intervenciones para así intentar ser más atractivos. 

“Es como crear un personaje en un videojuego e intentar usar tantos puntos como puedas para mejorar tu aspecto”, comienza una guía de YouTube sobre ello. Operaciones estéticas, técnicas para tratar de marcar más la mandíbula, ir al gimnasio, dietas para bajar peso y por supuesto, una obsesión por la proteína. Por eso es especialmente relevante la forma en que se está denominando esta obsesión de las redes: protein-maxxing. Parece casi el mismo concepto. 

Los incels creen que mejorar su aspecto físico les traerá éxito. Que estar delgado es lo mejor que pueden hacer. Pero no solo ellos. En los últimos años, la obsesión con la extrema delgadez se ha ido insertando poco a poco en la cultura popular hasta llegar a la situación actual. 

Ya lo expresó la directora de cine Chloe Wallace en sus redes sociales tras la gala de los Óscar. “Cada alfombra roja, cada evento, cada vez que abro Instagram, ahí están, más delgadas que la semana pasada (...), más y más, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero todas están jugando”, denunció en Instagram. 

Precisamente, la pérdida de peso es uno de los grandes componentes que explican la nueva moda de la proteína. Y el auge del Ozempic, también. El fármaco, que en realidad sirve como tratamiento para la diabetes, ha sido popularizado por famosos como Kim Kardashian o Elon Musk como un milagro para la pérdida de peso. 

Y en el delirio del Ozempic se necesita proteína. Según la AARP, una organización estadounidense que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores de 50 años, consumir suficiente proteína es vital para evitar varios efectos secundarios del consumo del fármaco, como la pérdida ósea y muscular. 

Pero la razón principal que hace que el Ozempic se haya convertido en sinónimo de delgadez es que provoca la pérdida del apetito. El fármaco consigue reducir la necesidad de comer de quien lo toma y así la bajada de peso se consigue en tiempo récord. La proteína sigue la misma lógica: si en una comida incluyes más proteínas, podrás comer menos para mantenerte saciado durante más tiempo. 

Por supuesto, esta nueva obsesión tampoco tiene nada que ver con la salud. “La tendencia de la extrema delgadez te impulsa a poner el foco en tu cuerpo, en vez de en tu conocimiento o tu formación, por ejemplo. Son discursos que surgen del mercado de diversas industrias, desde la alimentaria hasta las de la moda o la belleza, que asumen que estás mal con tu aspecto porque vemos una gran cantidad de imágenes que no se corresponden con la realidad”, argumenta Pibernat. 

“Ahora lo que tenemos en mente son los cuerpos estilizados de la publicidad, del cine y de la televisión. Esto nos ha distorsionado la idea de qué es un cuerpo normal, corriente y perfectamente sano. Como tenemos esa distorsión provocada por ese consumo cultural, hay una mayor incomodidad con el propio cuerpo. Y ahí hay un mercado inmenso”, zanja la experta. 

Seis años después, todavía no hay justicia. Tampoco reconocimiento. Sin embargo, los familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid no desisten y, año tras año, siguen recordando lo que fue “una matanza”. Este sábado, Marea de Residencias ha convocado un acto en la madrileña plaza de Juan Goytisolo a las 12:00 horas. Allí, se realizará una performance para “romper el muro de cristal del olvido”. Con ello, quieren denunciar la crueldad de unos protocolos que dejaron morir a 7.291 personas. Algo que la justicia todavía no ha subsanado. 

Es una protesta, sí, pero también mucho más, según cuentan al otro lado del teléfono. “Es recordar. Para nosotras la memoria es lo más importante. Sabemos que nuestra lucha es algo muy difícil, pero creemos que una batalla ganada es poder seguir recordando lo que pasó y que nadie lo olvide”, explica Carmen López Llorente, portavoz de Marea de Residencias. “Cada año, queremos recordar que no vamos a tirar la toalla y que seguiremos persiguiendo la justicia que todavía no ha llegado. Vamos a estar ahí”, añade. 

Contarán con la ayuda de las actrices Ana Fernández, ganadora de un Goya, y Andrea Guardiola, que pondrán su voz al servicio de la memoria y recitarán varios poemas, todos ellos con una raíz principal: el edadismo. Es precisamente esto lo que, señalan, ha hecho que sus reivindicaciones tuvieran menos impacto en la opinión pública.

Justo después, uno de los familiares, miembro de Marea de Residencias, leerá un manifiesto para reclamar la reparación de las familias, en forma de justicia y reconocimiento por lo sucedido. Después de ello, la plaza se sumirá en el silencio más absoluto durante un minuto en honor de aquellos que fallecieron en las residencias durante el covid. 

7.291. Es el número de mayores que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Un número que se ha vuelto grito en manifestaciones, símbolo de resistencia y antídoto contra el silencio. Un número que la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de “inventado” por unas plataformas a las que ha llamado “resentidas”. 

Los llamados Protocolos de la Vergüenza, revelados por infoLibre, se crearon en el seno de su gobierno. Carlos Mur, en ese momento director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, firmó un plan de actuación que establecía unos criterios de exclusión que llevaron a lo que, desde Marea de Residencias, califican de “barbarie”. 

Según esos criterios, se impidió que los usuarios de residencias fuesen trasladados a los hospitales si tenían covid o estaban enfermos por otros motivos. Solo había una excepción: que las personas tuvieran la posibilidad de ir a un centro privado. 

La investigación judicial también continúa, aunque a paso lento. No fue hasta diciembre de 2025 cuando varios responsables fueron imputados: Francisco Javier Martínez Peromingo, exalto cargo del Gobierno de Ayuso y uno de los ideólogos de los protocolos; Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112. Los dos últimos ni siquiera acudieron a la cita. El primero reconoció que los protocolos eran “discriminatorios”. 

“No fue un error, fue algo que se hizo a conciencia, se reconoció desde el minuto uno: donde iba a haber más vulnerabilidad iba a ser en las residencias. Por las propias características de los espacios, era el sitio más peligroso. Sin embargo, sabiendo esto, se les negó la ayuda”, resume Carmen López. 

Después de todo y a pesar de las críticas acumuladas, la presidenta Ayuso ganó las elecciones de 2021 con mayoría absoluta. En 2023 sucedió lo mismo. Algo "doloroso" para las familias y que desde Marea de Residencias achacan a que la ciudadanía "no conoce o no quiere conocer" lo que pasó. “Es absolutamente necesario que haya justicia, porque la sociedad no sabe lo que realmente se ha hecho con estas personas. No puede ser que quien no quiera saberlo no se entere”, reiteran desde la plataforma.

Tampoco la justicia ha estado de parte de los familiares. Las investigaciones contra los responsables tienen constantes demoras, notificaciones que nunca llegan y, en términos de investigación, tampoco se ha llegado a mucho. “Lo que quieren es que nos cansemos, que nos aburramos y que pasemos. Retuercen nuestro dolor en la Asamblea de Madrid diciendo que hemos pasado página. Es imposible pasar página de esto, porque cuando se muere un ser querido de esta forma, eso no se olvida nunca”, asegura la portavoz.

Pero no son solo ellos. “Estamos hablando siempre de una cifra de 7.291 personas que murieron dentro de las residencias, pero es una cifra oficial del portal de transparencia. Nosotras creemos que se están quedando cortas. No hablamos de los que fallecieron en hospitales porque fueron derivados tardíamente por decisiones políticas. Y en realidad la cifra oficial es 9.468. Es escalofriante”, sostiene Carmen López Llorente. 

Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. 

Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.

Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. 

El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. 

Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. 

Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. 

Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. 

Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. 

Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. 

Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.

Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. 

La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. 

Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. 

“Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. 

Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. 

En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. 

Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. 

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. 

La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.

Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.

Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.

30.000. Una cifra política. Un símbolo. Un número que miles de argentinos han adoptado como una forma de medir lo inconmensurable, de preservar la memoria y de combatir el silencio. Una cifra que no es comprobable. La dictadura argentina (1976-1983) se encargó de ello. Sin embargo, desde que fue adoptada por organismos de Derechos Humanos se ha convertido en un grito colectivo, una protesta y un reclamo para recordar para siempre aquello de: “Señores jueces, nunca más”. 

La represión militar dejó miles y miles de desaparecidos. 30.000. Y, entre ellos, también hubo españoles. De los casos que se han podido comprobar surge otra cifra: 307. Para recordarlos 50 años después de aquel 24 de marzo, el Instituto Cervantes ha acogido un acto este jueves presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el nombre 307, ¿Dónde están?. 

El acto ha arrancado con una actuación de Pedro Pastor. El cantautor ha dedicado su tema Los olvidados a aquellos que han sido olvidados por la historia. Esa que han escrito los ganadores. Una canción para los 307 españoles que tuvieron que sufrir dos dictaduras.

Luego ha subido al escenario un emocionado Xavier Fortes, quien ha conducido el acto. El periodista ha recordado que, siendo aún niño, vio cómo Pinochet se alzaba en Chile para “vampirizar” a su pueblo. Como Videla. Como Franco. “Videla era la cara del mal absoluto, del terror y del odio”, ha remarcado. Después, ha pedido un minuto de silencio por los desaparecidos en la dictadura. Toda la sala se ha unido al homenaje y se ha sumido en un silencio absoluto, roto solo por los aplausos de los asistentes. 

“Las palabras definen nuestro pasado, pero también nuestro futuro”, ha comenzado el discurso de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, que ha subido al escenario después del emotivo momento. “Para una persona como yo, que empezó a escribir a finales de los años setenta, el golpe de Estado argentino dialogaba con lo que había sido el régimen de Franco. Lo vivimos como si fuera nuestro”, ha recordado el también columnista de infoLibre. 

García Montero ha dado paso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la forma en la que se tiene que trabajar la memoria democrática para no volver a cometer los mismos errores, aunque, ha remarcado, haya algunos que quieran volver a ellos. “Estamos aquí para arrojar luz sobre esta sombra, para recordar a los ausentes, a quienes quisieron condenar al olvido, para que su memoria no desaparezca nunca. Todos los desaparecidos eran personas que tenían un proyecto de vida que sus asesinos no querían que se cumpliera”, ha indicado Albares. 

Entre las formas de terror al que fue sometido el pueblo argentino estaban los secuestros, los asesinatos, las violaciones, la censura, el robo de niños y, por supuesto, las desapariciones. No se sabe cuántas personas tuvieron que pasar por ello. Tampoco en ese momento las familias sabían lo que había pasado con sus seres queridos. Simplemente, desparecían. 

Para poder concretar una cifra, organismos de Derechos Humanos estimaron que al menos cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas, al comprobar que, tras ser secuestradas por los militares, nunca aparecieron. 

Tomás Labrador, argentino afincado en España, ha contado la historia de su familia. Su padre fue asesinado el 10 de noviembre de 1976. Esa misma noche, los militares se presentaron en las casas de sus familiares para comunicarles el crimen y advertirles de que ellos podían ser los siguientes. Ante la amenaza, su familia partió a España en menos de 24 horas. Todos tuvieron que rehacer de nuevo sus vidas aquí. Pero su abuela Esperanza, madre de su padre, solo aguantó tres meses. Tenía que ir a Argentina a buscar a su hijo. 

“La memoria es un territorio en disputa constante”, ha recalcado Labrador. Una afirmación que luego ha reiterado una voz muy conocida en España: la del actor Juan Diego Botto. “Cuando no damos esa disputa es un día que perdemos. A veces te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar, pero no hacerlo explica que hoy tengamos a gente como Javier Milei [el presidente argentino] o a personas en España cantando el Cara al Sol”, ha señalado. 

La suya y la de Labrador son dos historias que parecen reflejarse la una en la otra. El padre del actor, Juan Fernando Botto, también fue desaparecido. Su madre, la actriz Cristina Rota, trató de buscarlo, pero al hacerlo comprobó que ella corría peligro. Partió hacia Madrid con sus dos hijos y con otra en camino, y ya en España siguió buscándolo. 

Tampoco de sus hijos –recién nacidos cuando desaparecieron– se sabe nada. Se estima que al menos 510 bebés fueron robados durante la dictadura. Y muchos de sus familiares todavía no saben nada de ellos. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que trabaja desde finales de 1977 para intentar encontrar a sus nietos, ha logrado restituir y reconocer la identidad de 140 de ellos. 

La cantante Ana Belén ha sido la encargada de poner voz a una de las cientos de historias de niños y niñas que crecieron junto a quienes habían participado en un régimen que asesinó a sus padres, con la lectura del texto Carta abierta a mi nieto. El relato cuenta cómo los militares quitaban los hijos a las mujeres secuestradas para dárselos a familias de policías o militares. 

Franco y Videla. Videla y Franco. Ambas dictaduras se reflejan la una en la otra. Como también ambos países. Casi 10.000 españoles y españolas huyeron hacia Argentina entre los años 40 y 60, sin contar con la ayuda del Gobierno argentino que no facilitó la acogida de los exiliados. 

Como han remarcado Botto y el ministro Torres, España y Argentina también se parecen hoy en la nostalgia por el fascismo. Pero, para el ministro, hay un antídoto: “la democracia y la memoria”, para que no se dé nunca más la impunidad del olvido. Torres también ha sido el encargado de entregar la Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. 

El acto lo ha cerrado el cantante Miguel Ríos, que ha puesto voz a un poema de Luis García Montero contra la guerra, repartido en 2003 por las facultades mientras España gritaba “No a la Guerra”. Con ese clamor ha acabado Ríos, al que se ha sumado toda la sala. 

Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

España necesita terapia. O así lo dicen algunos datos. En 2025, el top 3 de los ensayos más vendidos lo ocupaban libros de autoayuda y desarrollo personal. Hábitos atómicos de James Clear, Ego y superconsciencia de Manuel Sans Segarra y Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. 

Algunas cifras para dar contexto: seis de cada diez españoles afirman sufrir estrés, la mitad depresión y un tercio ansiedad. Más de la mitad, el 63%, también declara que no son capaces de relajarse y un 64% dice estar “potencialmente afectado” con cualquiera de estos tres trastornos, según los datos del Estudio Internacional de Salud Mental del Grupo AXA, publicado a principios de 2025. Sin embargo, tan solo un 18,2% acudió a un psicólogo por problemas de salud mental, según el Ministerio de Sanidad.

Pero, ¿cuánto cuesta ir a terapia? En Madrid, por ejemplo, una hora ante el terapeuta puede costar entre 50 y 90 euros. La otra opción, la de la sanidad pública, se hace cuesta arriba por las largas listas de espera, que pueden durar meses. Sentarse con un psicólogo no está al alcance de todos. Así que hay quien cae en la solución más rápida y barata: los libros de autoayuda.

Vivimos tiempos de incertidumbre y ante eso, el desarrollo personal y la autoayuda se presentan como guías, como una forma de saber qué hacer cuando la individualidad es tan extrema que ya no pensamos en grupo. “Las generaciones anteriores tenían instituciones que les guiaban de alguna forma, como la familia o la escuela. Ahora han perdido peso y nos encontramos con que necesitamos nuevos instrumentos para navegar esa incertidumbre. Es ahí donde está el caldo de cultivo del desarrollo de la autoayuda", apunta José Antonio Santiago, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

De todos los autores, Marian Rojas-Estapé se lleva el podio. Su libro más vendido, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, publicado en 2018, ya acumula más de 40 ediciones y, junto con Encuentra a tu persona vitamina, ha vendido más de 3 millones de copias en más de 40 países. En redes sociales tiene más de 4,5 millones de seguidores. Además, trabaja en el Instituto Rojas-Estapé, presidido por su padre Enrique Rojas. 

El éxito es innegable, pero sus alegatos reaccionarios, también. En 2008, su padre expresó en una entrevista para EFE que la homosexualidad es “un proceso clínico que tiene una etiología, una patogenia, un tratamiento y una curación”. Defendió que podía curarse y que, para él, era una moda. Ella no se queda corta. En una entrevista en El Hormiguero, en febrero de 2025, Rojas-Estapé aseguró que “el amor entre un hombre y un hombre se puede dar pero no es igual que el que hay entre un hombre y una mujer”. Una década antes ya declaraba en un documental de Cristianos ante las urnas que la ideología de género era una farsa y que la decisión de ser hombre o mujer ya estaba decidida de nacimiento. “Al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer”, incidió. infoLibre se ha puesto en contacto con la Dra. Marian Rojas Estapé, pero no ha recibido respuesta.

Y mientras tanto, los números suben. Según un análisis de Grand View Research con datos de 2024, la industria del desarrollo personal y la autoayuda es capaz de mover 48.400 millones de euros al año. Y no va a parar. Esta misma empresa calcula que el mercado tendrá aumentos anuales superiores al 5% hasta 2030. 

Para Rojas Estapé, todo pasa por el matrimonio. Aunque ahora ha moderado sus posicionamientos más políticos, hubo una época en la que defendía a capa y espada que la solución al estrés y la ansiedad era tener una vida estable. Algo que, según sus parámetros, se traduce en estar en casa y con tu marido. 

Hace unos años ya criticó a quienes no querían seguir esta línea. “Nos encontramos en una etapa de la historia en la que todo vale. Contamos con el poliamor, las relaciones abiertas o el sexo casual (...) La gente se conoce una noche, busca placer, ansía una vía de escape y acaba en la cama sin reflexionar sobre lo que ha sucedido. Lo curioso es que cuando en terapia entro en la vida de esas personas en muchas ocasiones percibo una gran tristeza y un inmenso vacío". Claro que, el vacío no sucedería en los brazos de un marido. 

“Por el propio pensamiento que Rojas-Estapé tiene, muy individualista, parece que todos los problemas que tenemos los hayamos provocado nosotras mismas, no el sistema. Y por ello, tenemos que ser nosotras quienes lo solucionemos”, apunta María Medina-Vicent, profesora titular de filosofía en la Universitat Jaume I. ¿La forma de solucionarlo? Muy sencilla (y nada innovadora). “Ella vende que hay que volver a los modelos de antes. Defiende que la familia tradicional es la que te va a hacer sentirte feliz, porque te va a dar sentido y te va a marcar el camino que has de seguir”, resuelve la experta.

No es algo nuevo. Ya en 1995 un libro de autoayuda con el nombre The Rules (Las Reglas) animaba a las mujeres que quisieran casarse a adoptar los métodos de la mujer estadounidense tradicional: sé encantadora, hazte la difícil, nunca menciones el matrimonio y compórtate como un cervatillo atolondrado de dibujos animados que necesita ser rescatado. 

El otro flanco que Rojas-Estapé considera como vital para tener una vida plena, aparte del amor, es el trabajo. ¿Te explotan? Pon una sonrisa. ¿No te pagan las horas extra? No te enfades. ¿Te desmotiva el trabajo? Pues hazlo con ilusión. 

En un pasaje de Encuentra a tu persona vitamina, Rojas-Estapé habla de un consejo que dio a un hombre que trabajaba para Glovo. El hombre, cansado de su trabajo, le preguntó “cómo podía hacer que le pasasen cosas buenas”. La escritora no dudó. “Los repartidores acudís a las casas, pero el contacto que se genera con el comprador es casi imperceptible. En muchas ocasiones, uno no ve la cara del otro, le tapa el casco, y ese instante dura por lo general menos de quince segundos. Yo te recomiendo que pongas ilusión y pasión en tu trabajo. Por dos razones: la primera es que cuando introduces pasión en tu vida surgen cambios neurológicos importantes en tu cerebro; la segunda es que cuando actúas desde la ilusión, la gente lo capta, lo percibe y pueden suceder cosas maravillosas. Alguien con ilusión se convierte en persona vitamina”. 

Lo individual frente a lo colectivo. Toda la industria se basa en ello. “Estos discursos apelan mucho a que las soluciones son personales. Tienen que ver sobre todo con la actitud del individuo y la motivación. Si tienes una buena actitud, si eres una persona positiva, si muestras siempre felicidad, si tienes el lado positivo de las cosas y si estás muy motivado, podrás conseguir solucionarlo”, resume el profesor de la Complutense. 

“Rojas-Estapé te da pautas prácticas individuales para transformar tu vida: ser saludable, hacer ejercicio, ser optimista…Pero eso solo cambia tu forma de aproximarte al mundo, llevándote hacia la despolitización y la descolectivización”, coincide Medina-Vicent. “El coaching, la escritura terapéutica, el mindfulness… sirven para gestionar problemas, no para solucionarlos. Te ofrecen un parche para soportar mejor las dificultades, no para resolverlas”, zanja. 

La Cañada sigue a oscuras. Lo que comenzó como un corte del suministro de la red eléctrica el 2 de octubre de 2020, en plena pandemia, se mantiene desde hace más de cinco años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, que discurre por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid. Pero, de las 4.500 personas que viven allí, 1.800 están sufriendo algo que, en muchas ocasiones, es lo único que han conocido. 

Los niños y adolescentes de la Cañada sufren las consecuencias económicas, sociales y políticas de vivir apartados del mundo. Pero la posibilidad de salir de allí cada vez se hace más pequeña. Con la falta de electricidad, el ascensor social más efectivo de la democracia, la educación, se rompe ante una realidad: en la oscuridad y en el frío, no hay quien estudie. 

La excusa de Naturgy para dejar a toda una población sin luz fue que en el asentamiento había sobrecargas en la red debido a varios enganches ilegales. No ha habido soluciones reales, a pesar de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha establecido que se están violando derechos fundamentales como el de tener una vivienda digna. En este mismo escrito, se recoge que el Estado no está garantizando el derecho a la educación de la población de la Cañada. 

Precisamente, en la Cañada hay muchos que ni siquiera pueden ir a la escuela. Según un informe de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander, recogido por Vallecas Va, tan solo un 20% de los niños entre tres y seis años están escolarizados y de doce a dieciséis, solo el 24%. Los jóvenes tampoco pueden acceder a un centro que sea próximo, sino que se mueven hacia otras zonas madrileñas como Villa de Vallecas, Rivas-Vaciamadrid o Perales del Río, en Getafe, con alrededor de 1.296 desplazamientos diarios, según este mismo estudio. 

De ellos, no muchos logran superar la etapa. La falta de recursos en casa también hace que el abandono de la escuela llegue pronto. “Muchos de los chavales ven más viable ponerse a hacer una FP y quitarse los estudios rápido o directamente ponerse a trabajar para ayudar en casa”, cuenta María, profesora de un instituto de Vallecas, que escolariza a varios jóvenes de la Cañada. 

Tampoco si se quedan es fácil. Según el informe La Cañada Responde, realizado por el Centro Sira, junto al Grupo de Acción Comunitaria, un 78,4% de los niños, niñas y adolescentes que viven en la Cañada Real tienen o han tenido dificultades en el aprendizaje y en su proceso educativo debido al corte del suministro eléctrico. Los propios familiares de los jóvenes acreditan en el estudio que sus hijos han empeorado su rendimiento y que su actitud frente a los estudios ha ido cambiando a peor. 

La propia forma en la que ha evolucionado la educación supone un problema para estos jóvenes. Ahora, con las nuevas tecnologías, tener una conexión a internet es casi indispensable para poder rendir en la escuela. De los libros de texto se ha pasado a los PDF y de los deberes a mano a las actividades interactivas. Algo que en la Cañada es prácticamente imposible. Y eso, en la escuela, se nota. 

Un 92% de la población en la Cañada tiene dificultades para realizar acciones que ahora nos resultan tan naturales como acceder al wifi o cargar el móvil, según el estudio de La Cañada Responde. “En la educación me ha afectado mucho. Justo antes de que cortaran coincidió con la pandemia y era todo online, así que tenía muchos problemas para poder cargar el ordenador e iba fatal el generador”, cuenta una de las entrevistadas por el Centro Sira.

“El acceso a poder estudiar en invierno a partir de las cinco y media de la tarde, o a poder tener internet para consultar o para realizar trabajos o aprender, está completamente delimitado”, explica Gabriela López Neyra, coordinadora del Centro Sira. La propia dependencia de los alumnos durante la pandemia, que ha derivado en un mayor uso de las TIC en las aulas, ha hecho que aquellos alumnos que no puedan optar a una conexión se queden atrás.

Tampoco sus padres pueden hacer mucho más por ellos. Desde el Centro Sira cuentan a infoLibre que, al no tener acceso a la electricidad, las tareas de casa se acumulan y, para solucionarlas, necesitan más tiempo y esfuerzo. Hasta hacer la comida se convierte en una odisea. “La estructura familiar también se ve afectada porque quienes son los proveedores de recursos sufren un impacto derivado de la falta de suministro eléctrico y no pueden atender a sus hijos”, denuncia López Neyra. 

La posición socioeconómica de los padres también condiciona la forma en que los hijos afrontan los estudios. Según un estudio de la Fundación Foessa, los estudios de los padres tienen un impacto directo sobre los estudios de los hijos. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en este informe, el 80,2% de las personas cuyas madres tenían estudios universitarios alcanzaron su mismo nivel. Pero si por el contrario, la madre no tenía estudios primarios, la cifra se reducía al 4,6%. Es simple: si los padres han podido estudiar, los hijos podrán estudiar. Y si no ha sido así, se convierte en casi una misión imposible. 

La distancia también es un gran impedimento a la hora de mantener la motivación por la escuela. La Cañada no tiene un centro propio y a los que pueden ir, en Rivas, Vallecas o Getafe, están a kilómetros y kilómetros del asentamiento. 

Antes de que consiguieran tener un autobús –un derecho que lograron hace solo seis años–, los alumnos tenían que ir en coche (si sus padres podían llevarles) o a pie. Aunque ahora pueden ir en transporte público, la mejora no ha sido suficiente. Los trayectos que hacen los alumnos para llegar a sus centros de estudio pueden durar horas y horas, si es que los autobuses pasan. Muchos de ellos tienen que esperar y perder un tiempo que, en muchas ocasiones, no pueden permitirse. 

De hecho, María cuenta que varios de sus alumnos no siempre llegan a la hora de clase. De nuevo, no porque no quieran, sino porque no pueden. “La ruta de la Cañada es complicada. Hay chavales que tienen que estar una hora esperando el autobús, llega tarde o no llegan porque la ruta falla. Entonces tienen más faltas y más retrasos, pero está justificado. No es solo una cuestión de ‘me da igual el instituto’. Son muchas las razones por las que puede haber absentismo”, cuenta María al otro lado del teléfono. 

La propia situación en la que se encuentran los vecinos de la Cañada causa que concentrarse sea una misión imposible. El informe del Grupo Sira también pone nombre a lo que muchos se imaginan que sucede cuando se corta el suministro eléctrico. En un entorno así, afloran el miedo, la ansiedad y el estrés. En concreto, el 90% de los vecinos de la Cañada sienten tristeza prácticamente a diario. 

Todo ello acompañado de la discriminación. En el mismo informe, los investigadores encontraron –a través de entrevistas– que un 54,3% de la población de la Cañada percibe que el estigma sobre ellos se ha agravado. Algo a lo que contribuye (como todo) la falta de electricidad. 

La imposibilidad de mantener una higiene debido a la falta de agua hace que el rechazo de los otros se encuentre con “justificación”. A ello también se le añade la etiqueta de criminalidad impuesta y normalizada por muchos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a justificar los cortes relacionando delincuencia y Cañada como si se tratasen de sinónimos. La frase “tener los Porsche ahí aparcados, bien; pagar las facturas, no”, todavía resuena en el asentamiento.

“Hay toda una narrativa institucional y mediática que ha conseguido criminalizar a la Cañada y eso afecta a los chavales que viven ahí. Al final cuando llegan a otros entornos, no saben si va a ser un lugar seguro, acogedor o si les van a juzgar; y eso hace que vayan a la escuela con esa percepción”, zanja López Neyra. 

María Paloma desapareció el 17 de enero de 2026. Fue en Colungo, un pequeño pueblo de Huesca de menos de 150 habitantes. Su cuerpo apareció al día siguiente en el barranco de Las Palomeras en lo que fue interpretado por las autoridades como un posible suicidio. Sin embargo, tras más valoraciones, descartaron la teoría y tres hombres fueron detenidos. Entre ellos Juan Julián, su pareja. Este pasado 16 de marzo de 2026, se decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. No había denuncias previas. Tampoco las había en el caso de las 16 mujeres que fueron asesinadas en 2025 a manos de sus parejas o exparejas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Ya sea por miedo, falta de recursos o de dependencia económica, por vergüenza o porque los hombres “son así”, las 16 mujeres asesinadas no habían hablado. O al menos, no a las instituciones. Ya en 2020, FADEMUR realizó junto con el Ministerio de Igualdad un estudio que revelaba que las mujeres que viven en entornos rurales suelen permanecer en relaciones de maltrato durante veinte años antes de poner fin a la situación. 

Este silencio se debe, en su mayor parte, a la propia configuración del medio. Ese “en los pueblos nos conocemos todos” se alza como la mayor barrera entre la víctima y la ayuda. “Las relaciones laborales, familiares y sociales están mucho más entremezcladas y eso hace que haya mucha más vergüenza y miedo a denunciar”, asegura Fátima Cruz, profesora de Psicología de la Universidad de Valladolid y directora del Máster de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad de la UMA. El estigma y la vergüenza están ahí, pero no son lo único. 

La propia protección por parte de las instituciones tampoco está garantizada ni mucho menos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reveló el pasado 23 de febrero que, en muchas ocasiones, los sistemas de protección no llegan y que, en lugares donde hay una cobertura deficiente, no pueden garantizar un control efectivo del agresor o de la víctima a través de las pulseras telemáticas antimaltratadores. 

El Ministerio cambió en enero las pulseras por tobilleras electrónicas. Con los nuevos dispositivos, aunque no siempre se garantiza, parecen estar teniendo menos problemas, al ser menos manipulables. Aun así, todavía queda mucho para conseguir proteger completamente a las mujeres en estos espacios. 

Desde FADEMUR denuncian que, al ser espacios pequeños, la distancia entre víctima y agresor también lo es. Por eso, los dispositivos, si funcionan, no paran de saltar. “El primer día que salta, la Guardia Civil actúa, pero cuando ya identifican que el agresor pasa todos los días por ahí por el trabajo, por ejemplo, se relajan”, apunta Marta Torres, responsable del programa de Violencia de Género de FADEMUR. 

A esto se le suman otros factores en los que la Administración también falla. La falta de servicios provoca que en muchas ocasiones no haya una comisaría de Policía cerca o que, por el miedo, necesiten ir a una alejada pero no encuentren un servicio de transporte con el que ir, según recoge FADEMUR. 

“En el medio rural hay un movimiento feminista con mujeres y hombres luchando, construyendo la igualdad, pero todavía estamos muy lejos de lo ideal. Necesitamos más servicios, más apoyo y, sobre todo, más formación y sensibilización”, reitera Cruz. 

Cuando la administración no llega, las mujeres corren el riesgo de quedarse solas y dependientes de sus maridos. Uno de los motivos principales que impiden a las mujeres alzar la voz es precisamente esta falta de independencia. “En las zonas rurales, se conjugan una serie de elementos estructurales que hacen que la mujer se encuentre en una posición de mayor dependencia económica y precariedad, como una menor tasa de actividad laboral, más empleo a jornada parcial y salarios más precarios”, expone María Jesús Rivera, socióloga en la Universidad Pública de Navarra. 

Datos del Ministerio de Agricultura lo acreditan. En el año 2021, los hombres en el campo tenían una tasa de actividad laboral del 86,5% mientras que la de las mujeres era de tan solo un 69%. También, aunque tengan un trabajo, persisten las desigualdades. Según un estudio más reciente del ministerio, las mujeres cobran un 3,2% menos que los hombres en contratos de jornada completa y en los temporales un 7,6%. Además, el trabajo parcial alcanza el 19% en los casos en los que ellas asumen (como casi siempre) los cuidados. Solo un 3% de los hombres en el campo siguen esa opción.

Incluso, a veces, el propio empleo puede suponer un problema. En el campo, el trabajo cobra un perfil más familiar y cercano. “La dependencia económica del núcleo familiar no se da solo con las amas de casa, sino incluso con las mujeres profesionales, ya que muchas trabajan en una empresa que tiene vínculos con la familia”, apunta Cruz. La traducción es clara: las mujeres se ven obligadas a trabajar –y depender– de sus agresores.

“Muchas mujeres trabajan en explotaciones agrarias con sus parejas o con sus maridos”, acredita también Torres. Aun así, no siempre consiguen tener los mismos derechos que sus parejas. “La mayor parte de ellas ni siquiera son titulares de las mismas. Si tú eres titular también de tu explotación, tienes un derecho sobre esa explotación. Muchas mujeres trabajan y no tienen ningún reconocimiento de derechos y ni siquiera un reconocimiento de propiedad”, añade. 

La dependencia económica vértebra es uno de los factores que condiciona poder escapar de una situación de maltrato. El Proyecto Europeo ECOVIO Economic violence: opening pathways to guarantee women and children’s fundamental rights (2020-2021) coordinado por la Universidad de Extremadura identifica el abuso económico de género como un “control sobre el acceso de la mujer a los recursos económicos, limitando su capacidad de mantenerse a ella misma y a sus hijos e hijas, condicionando su estilo de vida generando una dependencia financiera hacia el agresor, y reduciendo sus posibilidades de escapar del ciclo de abuso”. Es un callejón sin salida y todavía no es delito. 

“La frase de ‘¿a dónde voy a ir yo?’ la escuchamos permanentemente. Estas mujeres se dedican a sus labores, al cuidado de la vida, al cuidado de personas dependientes, pero sus oportunidades laborales escasean. Si a una mujer le das una alternativa económica real, quizá se plantee otras cosas. Pero si el sistema es incapaz de poner una aunque denuncies, esa denuncia no tiene dónde ir”, zanja Torres.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

Vigésimo día de conflicto en Oriente Medio. Israel prosigue su oleada de bombardeos y, esta vez, ha continuado con sus ataques sobre el mayor yacimiento de gas natural del mundo, el de Pars Sur, situado cerca de la costa del golfo Pérsico. Una refinería de gas compartida por Irán y Catar. Por su parte, Irán no ha tardado en responder con contundencia con ataques sobre instalaciones energéticas en Oriente Medio. Mientras, el Gobierno del Líbano acusa a la milicia chií Hezbolá de “arrastrar al país a la guerra” mientras los bombardeos del ejército israelí se intensifican sobre el centro y el sur del país. 

Después de que el miércoles Israel bombardeara Pars Sur, Trump ha sido rápido en desmarcarse de esta acción militar. El presidente de Estados Unidos ha defendido que ni su país ni Catar tuvieron nada que ver en la ofensiva. 

En su red Truth Social, Trump explicó que ni siquiera sabía que iban a atacar ese yacimiento y aseguró que Israel no volvería a atacar a no ser que le provocaran. Una afirmación que el medio estadounidense Axios ha desmentido después de consultar con fuentes de la Casa Blanca. Él mismo había hablado con Netanyahu sobre distintos planes para atacar el lugar, según este medio, que también ha hablado con el Gobierno israelí. Esto también lo han confirmado dos fuentes israelíes a la CNN, que aseguran que fue un ataque previamente coordinado con Estados Unidos.

Por otro lado, el Gobierno de Catar se ha mostrado contrario al ataque. El ministro de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, aseguró en X (antes Twitter) que la ofensiva había sido un acto “peligroso e irresponsable”. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos declararon que se trataba de una “grave escalada”.

Debido a toda esta situación el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó los 100 dólares por barril este jueves, a pesar de las propuestas de la Administración de Donald Trump para frenar la subida de los precios.

Los países árabes han seguido este jueves pidiendo a Irán que cese los ataques, que desde este miércoles buscan el corazón de la producción energética, pero desde Teherán no solo no ceden sino que aumentan el tono asegurando que no habrá "contención" en su represalia. Además, Irán ha alcanzado también la refinería de Haifa, en Israel, que ha sufrido daños, mientras Tel Aviv se centra en los barcos iraníes en el Caspio.

A todo esto se suma el ataque de Irán en Kuwait contra dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah. La Compañía Nacional de Petróleos informó este jueves de que fueron atacadas durante la jornada por drones algo que provocó incendios que fueron controlados poco después.

En Arabia Saudí, un dron impactó en la refinería de la petrolera estatal saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto saudí de Yanbu. También se informó de ataques a dos de sus refinerías en Riad.

En Catar, tras varias oleadas de ataques a Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado, las autoridades volvieron a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética. QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otro aluvión de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron "incendios considerables y amplios daños".

El Líbano continúa bajo el foco debido a la escalada bélica con Israel que sigue bombardeando diariamente el centro (Beirut) y el sur del país. Tras los bombardeos del pasado miércoles del ejército israelí sobre dos puentes del río Litani que conectan el sur del Líbano con el resto del país, en la madrugada del jueves un nuevo ataque sobre el barrio de Bachoura (Beirut) a las 4 de la madrugada destruyó un edificio residencial. Esta fue la primera vez en esta guerra que el ejército israelí derribó un edificio entero en una zona que normalmente se consideraría segura.

Por su parte, el Gobierno de Líbano se ha posicionado este mismo jueves en contra de la milicia chií Hezbolá. Su presidente, Joseph Aoun, está decidido a “liberar al país” mediterráneo "de la influencia iraní", después de que "Irán ordenara a Hizbulá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió".

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, también se ha mostrado contundente este jueves en una reunión de ministros de varios países árabes e islámicos convocada en Riad por Arabia Saudí, para coordinar su respuesta en materia de seguridad y estabilidad en la región ante el conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero. "Irán está intentando socavar la seguridad y la paz de los países árabes e islámicos con fines oportunistas", lo que exige "una postura firme y una responsabilidad histórica para defender la seguridad y la soberanía de los países atacados por Teherán", denunció Rajji.

Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi han sido los tres primeros asesinados por el régimen iraní después de ser detenidos en las protestas de enero. La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, ha informado de que los tres condenados han sido ahorcados en la ciudad de Qom. 

El régimen les acusa de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos. En concreto, fueron detenidos por un delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje. 

Las autoridades iraníes aseguran que los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en la ciudad de Qom, durante las protestas del 8 de enero. Ambos agentes murieron. También han señalado que los detenidos habrían confesado el crimen durante distintas fases del proceso judicial. 

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno está evaluando medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y utilizar las reservas estratégicas de petróleo. Una de las opciones más destacadas sería retirar las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito, lo que permitiría una inyección inmediata de oferta al mercado global, con alrededor de 140 millones de barriles disponibles. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre los precios del crudo.

Estas medidas coinciden con la suspensión temporal de la Ley Jones por parte de Trump, que obliga a que el transporte marítimo entre puertos de EEUU se realice en barcos de bandera estadounidense. Además, el conflicto en Oriente Medio ha intensificado las tensiones, con Irán atacando infraestructuras energéticas, como la refinería de Ras Laffan en Catar, en respuesta a los bombardeos de Israel. La situación en el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, también sigue siendo un factor de preocupación.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso unos 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán. Aunque la cifra podría variar, el objetivo es cubrir tanto las operaciones ya realizadas como las futuras, en un conflicto que ya suma veinte días. El presidente Trump respaldó la medida, calificando el gasto como “un precio pequeño” para mantener la supremacía del país.

Esta solicitud supondría un aumento cercano al 25% respecto al presupuesto militar anual, que ya ronda los 900.000 millones de dólares. Parte de los fondos se destinarán a reponer y ampliar las reservas de munición y material bélico, con la intención de superar incluso los niveles habituales. Hegseth también criticó a la anterior Administración por haber reducido el arsenal al enviar ayuda militar a Ucrania, defendiendo que ahora los recursos deben priorizar los intereses estadounidenses.

En cuanto al desarrollo del conflicto, Hegseth aseguró que EEUU ha destruido la flota de submarinos de Irán y dañado sus puertos militares, aunque evitó fijar una fecha para el fin de la guerra. El coste ya es elevado: solo en los primeros seis días se gastaron más de 11.300 millones de dólares. Además, se han utilizado armas de alta precisión muy costosas, aunque el Pentágono planea recurrir a municiones más baratas en adelante para reducir el gasto.

Medicina sí o medicina no. Ciencia sí o ciencia no. Vacunas sí o vacunas no. Parecían debates ya superados, pertenecientes al siglo pasado y que nadie en su sano juicio cuestionaría, hasta que llegó la pandemia. La desinformación sobre las vacunas se abrió paso entre el miedo y la incertidumbre hasta llegar a este momento, algo peligroso no solo para quienes no quieren escuchar, sino para todos. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha organizado el foro Salud frente al bulo con el apoyo del Ministerio de Sanidad. 

Con el covid-19, fueron muchos los que se aprovecharon del miedo colectivo y alimentaron la histeria con remedios tan milagrosos como beber desinfectante para librarte del virus o ir por la calle con bolsas en la cabeza. Todos ellos ignoraban la solución más clara: vacunarse. 

La vacunación contra el coronavirus salvó casi 20 millones de vidas. Sin embargo, lo que inauguraron personajes como Trump se ha trasladado en los últimos años a España, con distintos congresos antivacunas –el último en Ciudad Real, ante la protesta del Colegio de Médicos de Ciudad Real– y mensajes difundidos en foros ultraderechistas de Telegram que hablan del peligro de ellas. 

El foro ha comenzado con una entrevista de Virginia P. Alonso, directora de este periódico, y la ministra de Sanidad, Mónica García para desmontar todos los bulos en el ámbito sanitario, cómo impactan en la sociedad y qué se puede hacer para combatirlos.

“La desinformación con respecto a la salud ha estado siempre. Pero ahora estamos viendo cómo la desconfianza también llega a cuestiones de las que ya había un marco riguroso. Los bulos se cuelan entre los huecos. La ciencia tiene un método científico, pero este método no siempre tiene respuestas para todo”, ha apuntado la ministra. Es una escena ya habitual: al no obtener una respuesta, lo más sencillo es acudir a internet. Pero en la red, lo que gana no es lo más fiable sino lo más atractivo. Y aquí entran los intereses externos. 

Para ocupar los espacios que todavía no ha cubierto la ciencia “hay actores que buscan desinformar y generar miedo para, en cierto punto, beneficiarse de ese miedo”, asegura García, que también destaca una amenaza aún mayor (pero que vemos a diario). Cuando se cuestiona o se plantea que una certeza es mentira, todo tiene que serlo. 

“Un gran ejemplo es el cambio climático. Cuando ideológicamente estás en contra de las medidas para combatir el cambio climático pero te llegan las consecuencias de él, tienen que negar todo, el papel del Gobierno, de la ciencia. Es un efecto dominó de desconfianza”, ha explicado la ministra. 

“Cuando se da un discurso antipolítico no es solo dañino para la política, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía. Todo genera incertidumbre y hay intereses políticos e ideológicos que buscan generar una sensación de caos”, ha añadido. 

Esta sensación de caos no solo llega desde los espacios políticos o públicos sino que, desde hace ya bastante tiempo, se ha contagiado a las redes sociales. De hecho, en las redes, los bulos sobre salud mental van mucho más rápido que los hechos contrastados. En la pandemia, un 25% de los videos más vistos en YouTube sobre el covid incluían información falsa. 

“Las redes sociales son el lejano oeste donde todo vale y esos algoritmos, que hay que controlar, son capaces de llevarte a lugares donde nunca llegarías. No son neutrales”, ha declarado García. Para poder combatir ese caos de las redes sociales, la ministra también ha recalcado la necesidad de proporcionar el marco y las herramientas necesarias para paliar el riesgo. 

“El 100% de alfabetización no llegará nunca, pero tenemos que seguir construyendo el ecosistema. Tiene que ser transversal, la vía de acceso de información sobre la salud no tiene que llegar solo a través de los hospitales, también puede ser a través de los coles”, ha señalado. La ministra ha explicado que es precisamente por esto por lo que las derechas quieren controlar esos espacios. 

“Por eso la derecha puso el PIN Parental, para que los jóvenes no recibieran información sobre salud sexual. Nos lo jugamos con el terreno. Tenemos que aprender a alfabetizar y a dar las informaciones veraces”, ha denunciado. 

Tras la conversación con la ministra, Marta Gesto, directora general de infoLibre, ha moderado una mesa redonda para desentrañar las causas y consecuencias de este auge de la desinformación sobre salud. La han acompañado expertos y expertas en la materia, que conocen de primera mano a qué nos enfrentamos: Aser García Rada, pediatra y doctor en Medicina (UCM) y autor de la newsletter Cuídate; Graziella Almendral, secretaria General de ANIS; Araceli Rivera, enfermera de Familia en Semap; y Pampa García Molina, coordinadora del Science Media Centre España (FECYT). 

“¿En quién confío?”, esa es la pregunta principal que se hacen ahora los pacientes. Con el auge de los bulos y el desprestigio de las instituciones y los medios de comunicación, los ciudadanos se encuentran sin certezas absolutas y en una posición vulnerable en la que se impone la emoción.

“La clave está en la emoción, prestamos más atención a aquello que nos toca. Cuando nos toca algo de la salud, ya no vamos a preguntar a nuestro médico, simplemente buscamos en Google, pero internet no muestra la información veraz o más contrastada sino que enseña las noticias más impactantes, que confirmen lo que tú ya temías”, ha explicado Araceli Rivera. 

“La gente se fía de su personal sanitario, pero muchas veces no saben muy bien que les han dicho y ahí es cuando se van a redes, donde puede haber información veraz pero también información falsa. Si no tienen respuestas y son gente vulnerable, esto puede ser muy grave”, ha asegurado Graziella Almendral. 

“La desinformación está muy bien hecha y llega a todos los sectores. Tenemos que clasificar los bulos como un riesgo para la salud pública y articular acciones concretas”, ha añadido. 

Cuando se trata de salud, es normal tener dudas. Por eso, los expertos han coincidido en que no se debe generalizar. “No me gusta hablar de antivacunas porque eso implica que están en oposición a algo. Es más acertado hablar de reticencias. Hay que contar todo el proceso, escuchar y entender que una reticencia puede surgir ante la duda”, ha reclamado Araceli Rivera. 

“No hay que llamar a la gente antivacunas por tener dudas legítimas. Se vio con el covid. En ese momento le vimos las costuras a la ciencia y se comprendió que es necesario tener toda la información para poder tomar decisiones”, ha añadido Pampa García Molina. 

Precisamente en la pandemia los medios de comunicación aumentaron sus espacios para la información de sanidad y dieron espacio a expertos para poder aliviar la incertidumbre que trajo el covid. Incluso, Aser García ha contado cómo durante el covid, cuando trabajaba en pediatría, recurría a los medios de comunicación para informarse sobre los avances médicos que estaban surgiendo. 

Ahora, la cosa ha cambiado. “Se han reducido los espacios sobre salud en los medios, en el covid estos contenidos aumentaron su presencia pero ahora hemos vuelto a lo de antes. Solo nos llaman cuando hay una amenaza”, ha denunciado Graziella Almendral. Ese hueco lo están ocupando quienes buscan, como decía la ministra, el “caos”. 

Por ello, es importante saber en quién confiar. “Hay que hacer ver a la ciudadanía que es normal tener dudas, que es legítimo. Pero tienen que buscar en quien confiar: busca a quien te cuida, a quien está pensando en informarte aunque sea difícil. Busca a quien te de una mano”, ha zanjado Pampa García. 

Tras diecinueve días de conflicto en Oriente Medio, las muertes en Irán se cuentan por millares y la posibilidad de una negociación parece cada vez más lejana. En la mañana de este miércoles, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado de que la central nuclear de Bushehr (Irán) ha sido alcanzada por un proyectil por primera vez, en un ataque del que todavía no se tiene constancia de daños o víctimas. Otras, como las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, también en Irán, –en las cuales la OIEA no ha detectado fugas radiactivas– ya habían sido atacadas antes. 

En la embajada estadounidense en Bagdad (Irak) también se han registrado ataques que han sido identificados como provenientes de milicias “proiraníes”. Seis drones atacaron el edificio pero solo dos impactaron en los alrededores del complejo, mientras que el resto fueron derribados. Cinco ataques se registraron durante la noche, mientras que el último llegó de madrugada. 

El portavoz del primer ministro iraquí, Mohamed Shía al Sudani, ha subrayado que esta ofensiva constituye una grave violación de los acuerdos internacionales y apuntó a las milicias “proiraníes” como responsables, afirmando que "una vez más, grupos fuera de la ley han llevado a cabo un acto criminal de agresión al atacar esta tarde la sede de la Embajada de Estados Unidos en la capital".

El foco de la guerra se centra en cuatro puntos clave: Teherán, la capital iraní, que este pasado martes amaneció con el anuncio del abatimiento de Ari Lariyani, jefe de seguridad iraní y natural sucesor del ayatolá Ali Jamenei; el Estrecho de Ormuz, que aún sigue bloqueado por Irán; el sur del Líbano, donde miles de personas huyen debido a la escalada bélica en su frontera con Israel; y las instalaciones gasísiticas de Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo, que ha sido bombardeado por Israel.

Según las autoridades iraníes, el fuego fue contenido rápidamente por los equipos de emergencia y no se han registrado víctimas, mientras que la situación en la zona se encuentra actualmente bajo control.

Aunque inicialmente se observó una gran columna de humo negro, las autoridades aseguraron que no existe riesgo de fugas de gas y que los restos del incendio se extinguirán de forma natural. Sin embargo, no se ha aclarado si los ataques han afectado a la producción o al suministro de gas en este importante yacimiento compartido con Catar.

El ataque ha sido condenado por el emirato, que lo calificó como una acción peligrosa para la seguridad energética global. En paralelo, Irán ha amenazado con represalias contra infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, en un contexto de creciente tensión tras recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones petroleras iraníes.

Desde el lunes, las fuerzas israelíes ya se han cobrado tres nuevos altos cargos iraníes muertos: el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani; Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij –vinculada a la Guardia Revolucionaria– y el ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, cuya muerte ya ha sido confirmada por el régimen. Israel ha identificado a Jatib como uno de los principales responsables de la represión de las protestas en Irán. 

Desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, al menos 1.444 personas han sido asesinadas y 18.551 han sido heridas en Irán, según el Ministerio de Salud iraní.

Lariyani era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y, tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor, se le consideraba como uno de los hombres fuertes del régimen. Incluso, era muchas veces descrito como el gobernante de facto, aunque el régimen no depende de una única persona sino que tienen varios pilares, como confirmó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, poco después de que se supiera de su asesinato. 

La venganza por la muerte del que consideran "un mártir" ha llegado a primera hora de la mañana de este miércoles, con varios ataques iraníes a la capital de Israel, Tel Aviv. A pesar de las bombas y de la muerte de dos personas en el distrito Ramat Gan (Tel Aviv) por el impacto de los misiles, Araghchi ha declarado que no tienen como objetivo la población civil. 

En la tarde, se celebraron los funerales de Ali Lariyani y Gholamreza Soleimani, que han tenido lugar en la plaza Enghelad de la capital. En la ceremonia también se rindió homenaje a los 84 marineros asesinados el 4 de marzo por un bombardero estadounidense. 

Mojtaba Jameneí, emitió un supuesto nuevo mensaje escrito en el que presentó sus condolencias por la muerte de Ali Lariyani y advirtió que sus asesinos "pagarán pronto" por su muerte. "Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani", se lee en el mensaje de pésame publicado en su cuenta de la red social X y recogido por varios medios iraníes.

"Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto", advirtió.

Jameneí describió a Lariyani como un "erudito, visionario, inteligente y comprometido", y responsable "con una amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y administrativos".

En relación con el líder supremo, las autoridades iraníes negaron, que Mojtaba Jameneí se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

"Las noticias sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo", escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

La suerte y el paradero de Jameneí son un misterio tanto para los iraníes como para los observadores extranjeros, ya que desde su nombramiento no ha realizado ninguna aparición pública.

Aun con los ataques, parece que los iraníes están comenzando a ceder, sobre todo en relación al comercio internacional. Según datos del seguimiento de los barcos en el Estrecho de Ormuz, Irán estaría dejando pasar varias embarcaciones comerciales. Ya el pasado lunes se detectaron ocho embarcaciones cruzándolo, sin contar los buques que tenían bandera iraní. 

Sin embargo ahora, según la empresa de inteligencia marítima Windward, el número de embarcaciones habría crecido al doble. Los analistas de esta misma compañía aseguran que esto significa que Teherán está permitiendo “tránsitos con autorización previa a países amigos”. Araghchi llegó a decir el lunes que el Estrecho estaba abierto, “pero cerrado para nuestros enemigos”. 

Ante este cierre, el sábado, Donald Trump instaba al Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y otras naciones a enviar barcos al Estrecho para unirse a un "esfuerzo conjunto" para abrir la vía marítima, pero este miércoles algunos de estos países recordaron al mandatario estadounidense que no mandarán buques de guerra a defender el canal pese a las amenazas de Trump sobre "el futuro de la OTAN".

A través del Estrecho, que controla Irán, se mueve la quinta parte del flujo de petróleo mundial y, con su cierre, el mercado está sufriendo la volatilidad de los precios, con el barril de Brent –de referencia para Europa– en máximos históricos. 

La guerra en Oriente Medio sigue golpeando con fuerza al Líbano. En el sur, el conflicto entre la milicia chií Hezbolá e Israel está provocando desplazamientos masivos de la población libanesa y un amplio descontento incluso entre las facciones más afines al grupo paramilitar. Son más de un millón de personas las que han tenido que abandonar sus casas tras los bombardeos del ejército israelí, que se han saldado con casi 1.000 muertos, según apuntan autoridades locales.

Hezbolá decidió responder al asesinato del ayatolá iraní, Ali Jamenei, el pasado 2 de marzo con bombardeos contra Tel Aviv, lo que se tradujo en una escalada militar entre los países vecinos. El ejército israelí ha ampliado los bombardeos sobre tres puntos críticos del territorio: la capital, Beirut; el Valle de la Beká, cercano a la frontera con Siria; y el sur del Líbano, en una franja de 30 kilómetros que marca la frontera con Israel. Aquí Israel está aplicando la táctica de la tierra quemada, utilizando bombardeos para extenderse por el territorio.

Tras una oleada de ataques nocturnos sobre Beirut en la madrugada de este miércoles que han causado al menos 12 muertos y 41 heridos, Israel se dispone ahora a bombardear los puentes sobre el río Litani, que conectan el sur del Líbano con el resto del país. "Para impedir el paso de refuerzos (de Hezbulá) y equipo de combate, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán los cruces del río Litani a partir del mediodía de hoy", declaró este miércoles el ejército en un comunicado en X en árabe.

Según el Ministerio de Sanidad libanés, los ataques del ejército israelí han matado a al menos 912 personas, entre las que se encuentran 67 mujeres y 111 niños. También más de 2.000 personas han resultado heridas. En este contexto, la oficina de derechos humanos de la ONU se pronunció este martes sobre la situación en el país asegurando que estos ataques de Israel sobre edificios residenciales, personas desplazadas y trabajadores de la salud podrían constituir crímenes de guerra.

Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber desmantelado más de 80 infraestructuras de Hezbolá, precisamente en el sur del país. Además, esta madrugada, Israel completó una nueva "oleada de ataques", en este caso contra instalaciones, según otro comunicado que enumera bombardeos contra lanzadores, depósitos de armas y centros de mando antes de que fueran usados por la milicia chií. 

Al menos doce personas murieron y 41 resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes contra varios barrios de Beirut, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los ataques se produjeron en zonas como Basta, Bachoura y Zuqaq el Blat, con un primer balance de diez fallecidos durante la madrugada y otros dos en un bombardeo posterior por la mañana.

Entre las víctimas se encuentra Muhammad Shari, director de programas políticos de la cadena Al Manar vinculada a Hizbulá, quien murió junto a su esposa, mientras que sus hijos y nietos resultaron heridos. Estos ataques marcan una escalada, ya que hasta ahora Israel había realizado acciones limitadas dentro de Beirut desde el inicio de su ofensiva aérea el 2 de marzo.

Este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ratificado su apoyo a Ucrania ante la agresión de Rusia en una reunión mantenida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa. 

Un Zelenski que este pasado martes, en una entrevista con la cadena israelí i24NEWS, ofreció colaboración directa al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes. Además del ofrecimiento de cooperación entre ambas naciones, el líder ucraniano advirtió de nuevo que Rusia está ayudando al régimen iraní con datos de satélites y en la fabricación de drones. 

A esta acusación, el Kremlin ha respondido asegurando que en torno a la guerra en Oriente Medio hay “muchos bulos”. “En torno a esa guerra hay todo tipo de informaciones y la mayoría de estas no son más que bulos”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Todo ello pese a las informaciones del diario Washington Post, que a comienzos de este mes aseguró que Rusia estaba proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones.

El mismo Peskov también ha condenado el asesinato de Lariyani, en el marco de la operación estadounidense-israelí en el país persa.