Hay una brecha salarial que ya no cabe en una nómina. En España, un director general de una gran empresa gana en un año lo que una persona trabajadora con sueldo medio tardaría casi un siglo en cobrar.

Según el informe Working for the rich. The Growing Divide Between Workers and Fat Cats, elaborado por la ONG Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) con motivo de la reivindicación del Primero de Mayo, la remuneración de los directores generales de las mayores empresas del mundo creció en 2025 un 11% en términos reales (descontando el efecto de la inflación), frente al 0,5% del salario real medio de las personas trabajadoras. Es decir, aumentó 20 veces más rápido.

El análisis estudia 1.500 grandes firmas de 33 países y concluye que un alto directivo ganó de media 8,4 millones de dólares en 2025, entre salario y bonificaciones. Una persona trabajadora media necesitaría 490 años para alcanzar esa cantidad.

La brecha se agranda al observar los últimos años: entre 2019 y 2025, los salarios reales de las personas trabajadoras cayeron un 12%, mientras que la remuneración de los directores generales aumentó un 54%. Según Oxfam y la CSI, esa pérdida equivale a haber trabajado 108 días sin cobrar desde 2019.

En España, la remuneración media de los directores generales de las 12 mayores empresas aumentó un 16% en el último año. En 2025, esos altos directivos ganaron 98 veces el sueldo medio del país.

“La remuneración de los altos directivos de las grandes empresas alcanza unas dimensiones desorbitadas, muy alejadas de lo que gana el común de las personas para costearse los gastos vitales”, señala Miguel Alba en el informe, responsable de Desigualdad y Sector Privado de Oxfam.

La organización enmarca estos datos en una economía en la que el valor generado se reparte cada vez menos entre quienes trabajan y cada vez más entre accionistas, directivos y grandes patrimonios: desde 2019, la productividad global ha aumentado un 9%, mientras los salarios reales han caído un 12%.

El informe también pone el foco en los dividendos. Oxfam y la CSI identificaron las carteras de inversión de cerca de 1.000 multimillonarios, y calcularon que en 2025 recibieron 79.000 millones de dólares en dividendos, unos 2.500 dólares por segundo.

De media, un multimillonario ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que una persona trabajadora percibe con su salario durante todo un año. Entre los mayores pagos figuran Bernard Arnault, propietario de la cadena de bienes de lujo LVMH, con 3.800 millones de dólares, y Amancio Ortega, fundador de Inditex, con 3.700 millones.

Estos datos muestran que los beneficios empresariales no solo remuneran la inversión, sino que concentran poder económico en manos de una minoría. La riqueza de los milmillonarios alcanzó en 2026 un nuevo máximo histórico tras aumentar cuatro billones de dólares en únicamente 12 meses.

En España, la riqueza de los multimillonarios creció un 29,5% en el último año y equivale ya al 13,8% del PIB. En 2026 hay 44 multimillonarios, nueve más que en 2025, mientras la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3% entre finales de 2022 y finales de 2024. 

La concentración de riqueza también se refleja en la organización del trabajo. Oxfam presentó en 2024 una denuncia ante Naciones Unidas contra Amazon y Walmart por presuntas vulneraciones de derechos humanos vinculadas a vigilancia laboral, lesiones, presión sobre los ritmos de trabajo y obstáculos a la organización colectiva. 

Otro informe de la ONG, At Work and Under Watch: Surveillance and Suffering at Amazon and Walmart Warehouses, señala que el 72% de los trabajadores de almacén de Amazon y el 67% de los de Walmart afirmaron que la velocidad a la que trabajan es medida en detalle por tecnología de la empresa “siempre” o “la mayor parte del tiempo”.

El mismo documento recoge que el 75% de los trabajadores de Amazon y el 74% de los de Walmart dijeron sentir presión para trabajar más rápido. Más de la mitad aseguró que el ritmo de producción les dificulta ir al baño, y alrededor de la mitad declaró sentirse quemado por el trabajo.

Este informe, vinculado directamente al de los altos directivos y sus sueldos, muestra que la desigualdad no aparece solo en el reparto de salarios, bonus y dividendos. También se construye durante la jornada laboral, en la capacidad de una empresa para imponer ritmos, medir pausas, debilitar la organización colectiva y trasladar beneficios hacia arriba. 

Oxfam Intermón y la CSI sostienen que el problema no es solo económico. La acumulación extrema de riqueza también aumenta la capacidad de los superricos para influir en la política, los medios de comunicación y las reglas del mercado.

El informe cita la séptima ola de la Encuesta Mundial de Valores, correspondiente al periodo 2017-2022, para señalar que una parte relevante de la ciudadanía percibe que los ricos tienen capacidad para condicionar elecciones en sus países. 

La CSI desarrolla esta idea en Corporate Underminers of Democracy 2025, donde identifica a varias grandes compañías como ejemplos de poder corporativo que, según la organización, vulnera derechos sindicales y humanos, concentra poder industrial y ejerce una intensa presión política.

La confederación incluye en esa lista a Amazon, Meta, SpaceX, Palantir, Anduril, Northrop Grumman y Vanguard, y las presenta como síntomas de un fenómeno más amplio: grandes corporaciones que protegen sus beneficios mientras debilitan derechos laborales y mecanismos democráticos.

“Este análisis pone al descubierto cómo una élite económica está capturando la democracia y sus consecuencias para la clase trabajadora”, afirma Luc Triangle, secretario general de la CSI en el documento. A su juicio, las grandes corporaciones debilitan la negociación colectiva mientras altos ejecutivos y accionistas se apropian de una parte creciente de la riqueza generada. 

Ante este escenario, Oxfam y la CSI reclaman una mayor fiscalidad sobre las grandes fortunas, límites vinculantes a la remuneración de los directores generales, actualización de los salarios mínimos conforme a la inflación y fortalecimiento de la negociación colectiva.

También plantean reforzar los cortafuegos entre riqueza y política, con normas más estrictas sobre financiación de campañas, presión de los lobbies y concentración mediática. La idea de fondo es que, cuando el dinero se concentra, también se concentra la capacidad de decidir.

“Estas medidas, además de redistribuir los ingresos, pueden crear economías que recompensen el trabajo, inviertan en las comunidades y hagan rendir cuentas a los poderosos”, defiende Alba. 

El Primero de Mayo suele hablar de empleo, salarios y derechos laborales. El informe añade otra pregunta: ¿Quién se queda con la riqueza que produce el trabajo? Y su respuesta es clara: cada vez más, quienes están arriba corren a una velocidad que el resto no puede seguir. 

El abogado Carlos Castillo, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), experto en derecho a la vivienda, aclara a infoLibre las dudas de los inquilinos tras la caída del real decreto impulsado por el Gobierno de coalición que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027.

Hay contratos que terminan esta semana, caseros que no contestan, burofaxes enviados a última hora y familias que no saben si han perdido la oportunidad de acogerse a la medida.

La clave, según explica Castillo, está en una pregunta sencilla: ¿El inquilino pidió o no la prórroga mientras el decreto seguía vigente?

Es la primera duda. Y la más urgente.

Según Castillo, los inquilinos que cumplan los requisitos y todavía no hayan solicitado la prórroga deberían hacerlo “sin más tardanza” mientras la derogación no se haya publicado formalmente en el BOE. Su interpretación es que, aunque el Congreso ya haya votado en contra, la medida sigue necesitando esa publicación para dejar de estar plenamente vigente.

“Si su contrato vence en los próximos días o semanas y no se ha acogido a la prórroga durante este último mes, lo que debería hacer es solicitarla ya”, resume.

La ventana, por tanto, es estrecha. Quien deje pasar ese momento y no haya comunicado nada al arrendador puede encontrarse con que, una vez publicada la derogación, ya no pueda acogerse a una medida que habrá dejado de existir.

Esta es la pregunta más importante para quienes actuaron a tiempo.

Castillo defiende que sí. A su juicio, todas las personas que solicitaron la prórroga mientras el Real Decreto-ley 8/2026 estaba en vigor tienen prorrogado su contrato “de forma automática y obligatoria” para el arrendador durante los próximos dos años, en plazos anuales.

El argumento es que el derecho se ejerció cuando la norma aún existía. El decreto establecía que, “previa solicitud del arrendatario”, se aplicaría una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Además, indicaba que esa solicitud debía ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo excepciones concretas.

Por eso, la caída posterior del decreto no debería borrar los efectos de una solicitud hecha correctamente mientras la norma estaba viva. Dicho de otra manera: quien pidió la prórroga a tiempo estaría en una posición mucho más fuerte que quien no lo hizo.

Según Castillo, nada cambia por el silencio del propietario. El decreto no exigía que el arrendador contestara ni que aceptara expresamente la prórroga. Lo que exigía era que el inquilino la solicitara.

“El casero o arrendador está obligado a aceptar la prórroga y, por lo tanto, si no contesta, no tendría ningún tipo de efecto jurídico”, sostiene. En su interpretación, la comunicación del inquilino basta para activar la prórroga si el contrato cumple los requisitos.

Por eso, quien haya enviado el burofax y no haya recibido respuesta deberá conservar toda la documentación y seguir pagando la renta con normalidad. El silencio del casero no equivale, según esta lectura, a una negativa válida.

La respuesta es similar: la negativa del propietario no bastaría para impedir la prórroga si el inquilino tenía derecho a ella y la pidió correctamente.

El experto del CAES compara esta medida con las prórrogas extraordinarias aprobadas durante la pandemia, en las que la simple solicitud del inquilino activaba la extensión del contrato sin necesidad de aceptación expresa del arrendador.

Eso no significa que no pueda haber conflicto. Si el propietario insiste en que el contrato ha terminado, intenta recuperar la vivienda o presiona para firmar un nuevo contrato con peores condiciones, Castillo recomienda no actuar por impulso: guardar las comunicaciones, seguir pagando y buscar asesoramiento.

La medida no servía para cualquier alquiler. Afectaba a contratos de vivienda habitual regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y vigentes en el momento de entrada en vigor del decreto, que el BOE sitúa el 22 de marzo de 2026.

En concreto, se aplicaba a los contratos cuya prórroga obligatoria del artículo 9.1 terminará antes del 31 de diciembre de 2027. Esto afecta, por ejemplo, a contratos que cumplen cinco años si el propietario es una persona física o siete años si el arrendador es una persona jurídica. También alcanzaba a contratos que terminaran la prórroga tácita prevista en el artículo 10 de la LAU antes de esa fecha.

En términos sencillos: estaba pensada para inquilinos cuyo contrato de vivienda habitual estaba a punto de agotar sus prórrogas legales y que, sin esta medida, podían verse obligados a negociar un nuevo contrato, aceptar una subida fuerte o abandonar la vivienda.

El decreto también incluía un límite extraordinario del 2% en la actualización anual de la renta. Esa medida estaba regulada en el artículo 2 y se aplicaba a contratos cuya anualidad se cumpliera entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027. En defecto de acuerdo entre las partes, la subida no podía superar el 2%; y si el arrendador era gran tenedor, ese límite operaba en todo caso.

Con la caída del decreto, se entiende que ese límite también decae.

La diferencia con la prórroga es importante. La prórroga se podía solicitar. El límite del 2%, en cambio, se aplicaba cuando llegaba la anualidad del contrato. Por eso, según Castillo, quienes hayan tenido la actualización mientras la norma estaba vigente podían acogerse a ese tope. Pero quienes tengan la revisión en junio, julio o agosto deberán mirar lo que dice su contrato, normalmente vinculado al IPC.

Si no ha pedido la prórroga y su contrato vence pronto, la recomendación de Castillo es solicitarla de inmediato, siempre que todavía no se haya publicado la derogación en el BOE y el contrato cumpla los requisitos.

Si ya la pidió, debe guardar todas las pruebas: burofax, justificante de entrega, certificación de contenido, correos electrónicos y cualquier respuesta del propietario. Y debe seguir pagando la renta.

Si el casero no contesta, Castillo sostiene que la prórroga sigue adelante. Si el casero se niega, también defiende que esa negativa no impide por sí sola la ampliación. Y si el propietario alega que necesita la vivienda, el inquilino debería exigir que lo acredite documentalmente.

La caída del decreto ha dejado una situación confusa, pero no todos los inquilinos parten del mismo punto. La frontera está en haber actuado a tiempo: quien solicitó la prórroga mientras la norma estaba en vigor puede defender que su contrato sigue prorrogado; quien no lo hizo, tiene cada vez menos margen.

La temporalidad en el empleo público español lleva años siendo una de las principales anomalías del sistema administrativo. Lejos de ser una situación puntual, se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos con décadas de servicio.

El origen de este escenario se sitúa en la crisis económica de 2008, según explica a infoLibre Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de Comisiones Obreras. Los recortes en el sector público, la paralización de las ofertas de empleo y la falta de reposición de personal provocaron un aumento progresivo de la contratación temporal.

Durante esos años, numerosas plazas estructurales comenzaron a cubrirse mediante interinos. Con el tiempo, lo que debía ser una solución provisional se consolidó como una práctica habitual en distintas Administraciones, especialmente en sectores como la sanidad, la educación o la justicia.

A pesar de la recuperación económica posterior, indica Pinillos, la temporalidad no se redujo de forma significativa. Y a día de hoy, en términos agregados, hay casi un millón de trabajadores temporales en el conjunto de las Administraciones. El último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, con datos a julio de 2025, sitúa el total de efectivos en 3.107.195 empleados públicos. Sobre esa base, distintos análisis del boletín colocan la temporalidad en torno al 32%, lo que equivale a unos 994.000 trabajadores en situación temporal o interina.

Dicho de otro modo: aproximadamente uno de cada tres empleados públicos en España sigue sin una relación laboral estable, pese a los procesos de estabilización impulsados en los últimos años. Esa magnitud da cuenta de cómo esta situación afecta de lleno al funcionamiento del sistema administrativo, a la organización de las plantillas y al cumplimiento de las exigencias europeas en materia de abuso de la temporalidad, hasta el punto de constituir una disfunción estructural del sistema.

En respuesta a esta situación, España aprobó la ley 20/2021 con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% y adaptar la normativa a las exigencias europeas. La norma contemplaba procesos de estabilización y compensaciones económicas para los trabajadores afectados. Sin embargo, su aplicación ha sido desigual y, en algunos casos, ha generado controversia.

Uno de los puntos más discutidos ha sido el diseño de los procesos de estabilización. En muchas ocasiones, estos se han desarrollado mediante sistemas abiertos que obligaban a los trabajadores que ya ocupaban las plazas a competir con aspirantes externos, algo que ha provocado situaciones en las que empleados con años de experiencia han perdido su puesto tras estos procesos.

Es el caso de Mari Carmen Garrido, trabajadora de la Comunidad de Madrid desde 1998. Tras más de dos décadas en el sistema educativo, fue cesada en 2025 después de un proceso de estabilización en el que tuvo que competir por su propia plaza, según ha contado a infoLibre.

Como ella, otros trabajadores han recurrido a la vía judicial para reclamar tanto la fijeza como una indemnización.

El conflicto ha ido escalando en los últimos años hasta situarse en el ámbito europeo, explica a infoLibre Javier Araúz, abogado especializado en casos de abuso de temporalidad en las Administraciones públicas, en el bufete Araúz y Belda Abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado en distintas resoluciones que existe un uso abusivo de la temporalidad en España y ha cuestionado si las medidas adoptadas son suficientes para sancionarlo.

En este contexto, el próximo pronunciamiento del tribunal europeo, que tiene prevista la lectura de la sentencia el próximo 14 de abril, se presenta como un punto de inflexión.

El debate jurídico se centra ahora en cómo debe sancionarse ese abuso. Entre las opciones que se contemplan están la conversión de los trabajadores en fijos, el establecimiento de indemnizaciones o una combinación de ambas medidas, especialmente en los casos de mayor duración.

Las conclusiones del abogado general de la UE –cuyas directrices siguen la mayoría de las sentencias posteriores del TJUE– ya han apuntado a que la fijeza podría ser una de las soluciones.

Además, el caso pone de relieve un problema de fondo, insiste Araúz: la dificultad de las Administraciones para ajustar sus sistemas de contratación a los principios establecidos por la normativa europea, en particular la Directiva 1999/70, que obliga a prevenir el uso abusivo de contratos temporales.

La resolución del TJUE el próximo 14 de abril no cerrará por sí sola el debate, pero sí marcará el margen de actuación de las instituciones españolas. A partir de ese momento, corresponderá a los tribunales nacionales y a los poderes públicos definir cómo se aplica el fallo y qué medidas se adoptan.

Lo que ocurra después no será menor. Si se impone la fijeza, España podría verse obligada a afrontar una regularización masiva sin precedentes, con implicaciones directas en el acceso al empleo público y en la organización de las plantillas. Si, por el contrario, se opta por la vía de las indemnizaciones, el coste económico podría alcanzar cifras millonarias, con impacto en las cuentas públicas.

En ambos escenarios, el sistema tendrá que asumir las consecuencias de un problema que lleva años sin resolverse. Y esta vez, ya no será posible posponerlo.

Vigésimo día de conflicto en Oriente Medio. Israel prosigue su oleada de bombardeos y, esta vez, ha continuado con sus ataques sobre el mayor yacimiento de gas natural del mundo, el de Pars Sur, situado cerca de la costa del golfo Pérsico. Una refinería de gas compartida por Irán y Catar. Por su parte, Irán no ha tardado en responder con contundencia con ataques sobre instalaciones energéticas en Oriente Medio. Mientras, el Gobierno del Líbano acusa a la milicia chií Hezbolá de “arrastrar al país a la guerra” mientras los bombardeos del ejército israelí se intensifican sobre el centro y el sur del país. 

Después de que el miércoles Israel bombardeara Pars Sur, Trump ha sido rápido en desmarcarse de esta acción militar. El presidente de Estados Unidos ha defendido que ni su país ni Catar tuvieron nada que ver en la ofensiva. 

En su red Truth Social, Trump explicó que ni siquiera sabía que iban a atacar ese yacimiento y aseguró que Israel no volvería a atacar a no ser que le provocaran. Una afirmación que el medio estadounidense Axios ha desmentido después de consultar con fuentes de la Casa Blanca. Él mismo había hablado con Netanyahu sobre distintos planes para atacar el lugar, según este medio, que también ha hablado con el Gobierno israelí. Esto también lo han confirmado dos fuentes israelíes a la CNN, que aseguran que fue un ataque previamente coordinado con Estados Unidos.

Por otro lado, el Gobierno de Catar se ha mostrado contrario al ataque. El ministro de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, aseguró en X (antes Twitter) que la ofensiva había sido un acto “peligroso e irresponsable”. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos declararon que se trataba de una “grave escalada”.

Debido a toda esta situación el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó los 100 dólares por barril este jueves, a pesar de las propuestas de la Administración de Donald Trump para frenar la subida de los precios.

Los países árabes han seguido este jueves pidiendo a Irán que cese los ataques, que desde este miércoles buscan el corazón de la producción energética, pero desde Teherán no solo no ceden sino que aumentan el tono asegurando que no habrá "contención" en su represalia. Además, Irán ha alcanzado también la refinería de Haifa, en Israel, que ha sufrido daños, mientras Tel Aviv se centra en los barcos iraníes en el Caspio.

A todo esto se suma el ataque de Irán en Kuwait contra dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah. La Compañía Nacional de Petróleos informó este jueves de que fueron atacadas durante la jornada por drones algo que provocó incendios que fueron controlados poco después.

En Arabia Saudí, un dron impactó en la refinería de la petrolera estatal saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto saudí de Yanbu. También se informó de ataques a dos de sus refinerías en Riad.

En Catar, tras varias oleadas de ataques a Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado, las autoridades volvieron a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética. QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otro aluvión de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron "incendios considerables y amplios daños".

El Líbano continúa bajo el foco debido a la escalada bélica con Israel que sigue bombardeando diariamente el centro (Beirut) y el sur del país. Tras los bombardeos del pasado miércoles del ejército israelí sobre dos puentes del río Litani que conectan el sur del Líbano con el resto del país, en la madrugada del jueves un nuevo ataque sobre el barrio de Bachoura (Beirut) a las 4 de la madrugada destruyó un edificio residencial. Esta fue la primera vez en esta guerra que el ejército israelí derribó un edificio entero en una zona que normalmente se consideraría segura.

Por su parte, el Gobierno de Líbano se ha posicionado este mismo jueves en contra de la milicia chií Hezbolá. Su presidente, Joseph Aoun, está decidido a “liberar al país” mediterráneo "de la influencia iraní", después de que "Irán ordenara a Hizbulá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió".

El ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, también se ha mostrado contundente este jueves en una reunión de ministros de varios países árabes e islámicos convocada en Riad por Arabia Saudí, para coordinar su respuesta en materia de seguridad y estabilidad en la región ante el conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero. "Irán está intentando socavar la seguridad y la paz de los países árabes e islámicos con fines oportunistas", lo que exige "una postura firme y una responsabilidad histórica para defender la seguridad y la soberanía de los países atacados por Teherán", denunció Rajji.

Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi han sido los tres primeros asesinados por el régimen iraní después de ser detenidos en las protestas de enero. La agencia Mizan, del Poder Judicial iraní, ha informado de que los tres condenados han sido ahorcados en la ciudad de Qom. 

El régimen les acusa de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos. En concreto, fueron detenidos por un delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje. 

Las autoridades iraníes aseguran que los acusados atacaron con armas blancas a dos agentes de seguridad en la ciudad de Qom, durante las protestas del 8 de enero. Ambos agentes murieron. También han señalado que los detenidos habrían confesado el crimen durante distintas fases del proceso judicial. 

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el Gobierno está evaluando medidas de emergencia, como desbloquear crudo iraní y utilizar las reservas estratégicas de petróleo. Una de las opciones más destacadas sería retirar las sanciones al petróleo iraní que ya se encuentra en tránsito, lo que permitiría una inyección inmediata de oferta al mercado global, con alrededor de 140 millones de barriles disponibles. Esta estrategia busca aliviar la presión sobre los precios del crudo.

Estas medidas coinciden con la suspensión temporal de la Ley Jones por parte de Trump, que obliga a que el transporte marítimo entre puertos de EEUU se realice en barcos de bandera estadounidense. Además, el conflicto en Oriente Medio ha intensificado las tensiones, con Irán atacando infraestructuras energéticas, como la refinería de Ras Laffan en Catar, en respuesta a los bombardeos de Israel. La situación en el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global de petróleo, también sigue siendo un factor de preocupación.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Pentágono solicitará al Congreso unos 200.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán. Aunque la cifra podría variar, el objetivo es cubrir tanto las operaciones ya realizadas como las futuras, en un conflicto que ya suma veinte días. El presidente Trump respaldó la medida, calificando el gasto como “un precio pequeño” para mantener la supremacía del país.

Esta solicitud supondría un aumento cercano al 25% respecto al presupuesto militar anual, que ya ronda los 900.000 millones de dólares. Parte de los fondos se destinarán a reponer y ampliar las reservas de munición y material bélico, con la intención de superar incluso los niveles habituales. Hegseth también criticó a la anterior Administración por haber reducido el arsenal al enviar ayuda militar a Ucrania, defendiendo que ahora los recursos deben priorizar los intereses estadounidenses.

En cuanto al desarrollo del conflicto, Hegseth aseguró que EEUU ha destruido la flota de submarinos de Irán y dañado sus puertos militares, aunque evitó fijar una fecha para el fin de la guerra. El coste ya es elevado: solo en los primeros seis días se gastaron más de 11.300 millones de dólares. Además, se han utilizado armas de alta precisión muy costosas, aunque el Pentágono planea recurrir a municiones más baratas en adelante para reducir el gasto.

Tras diecinueve días de conflicto en Oriente Medio, las muertes en Irán se cuentan por millares y la posibilidad de una negociación parece cada vez más lejana. En la mañana de este miércoles, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha informado de que la central nuclear de Bushehr (Irán) ha sido alcanzada por un proyectil por primera vez, en un ataque del que todavía no se tiene constancia de daños o víctimas. Otras, como las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan, también en Irán, –en las cuales la OIEA no ha detectado fugas radiactivas– ya habían sido atacadas antes. 

En la embajada estadounidense en Bagdad (Irak) también se han registrado ataques que han sido identificados como provenientes de milicias “proiraníes”. Seis drones atacaron el edificio pero solo dos impactaron en los alrededores del complejo, mientras que el resto fueron derribados. Cinco ataques se registraron durante la noche, mientras que el último llegó de madrugada. 

El portavoz del primer ministro iraquí, Mohamed Shía al Sudani, ha subrayado que esta ofensiva constituye una grave violación de los acuerdos internacionales y apuntó a las milicias “proiraníes” como responsables, afirmando que "una vez más, grupos fuera de la ley han llevado a cabo un acto criminal de agresión al atacar esta tarde la sede de la Embajada de Estados Unidos en la capital".

El foco de la guerra se centra en cuatro puntos clave: Teherán, la capital iraní, que este pasado martes amaneció con el anuncio del abatimiento de Ari Lariyani, jefe de seguridad iraní y natural sucesor del ayatolá Ali Jamenei; el Estrecho de Ormuz, que aún sigue bloqueado por Irán; el sur del Líbano, donde miles de personas huyen debido a la escalada bélica en su frontera con Israel; y las instalaciones gasísiticas de Pars Sur, parte del mayor yacimiento de gas del mundo, que ha sido bombardeado por Israel.

Según las autoridades iraníes, el fuego fue contenido rápidamente por los equipos de emergencia y no se han registrado víctimas, mientras que la situación en la zona se encuentra actualmente bajo control.

Aunque inicialmente se observó una gran columna de humo negro, las autoridades aseguraron que no existe riesgo de fugas de gas y que los restos del incendio se extinguirán de forma natural. Sin embargo, no se ha aclarado si los ataques han afectado a la producción o al suministro de gas en este importante yacimiento compartido con Catar.

El ataque ha sido condenado por el emirato, que lo calificó como una acción peligrosa para la seguridad energética global. En paralelo, Irán ha amenazado con represalias contra infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos e Israel si continúan los ataques, en un contexto de creciente tensión tras recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones petroleras iraníes.

Desde el lunes, las fuerzas israelíes ya se han cobrado tres nuevos altos cargos iraníes muertos: el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani; Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij –vinculada a la Guardia Revolucionaria– y el ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, cuya muerte ya ha sido confirmada por el régimen. Israel ha identificado a Jatib como uno de los principales responsables de la represión de las protestas en Irán. 

Desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero, al menos 1.444 personas han sido asesinadas y 18.551 han sido heridas en Irán, según el Ministerio de Salud iraní.

Lariyani era el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y, tras el nombramiento de Mojtaba Jamenei como sucesor, se le consideraba como uno de los hombres fuertes del régimen. Incluso, era muchas veces descrito como el gobernante de facto, aunque el régimen no depende de una única persona sino que tienen varios pilares, como confirmó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, poco después de que se supiera de su asesinato. 

La venganza por la muerte del que consideran "un mártir" ha llegado a primera hora de la mañana de este miércoles, con varios ataques iraníes a la capital de Israel, Tel Aviv. A pesar de las bombas y de la muerte de dos personas en el distrito Ramat Gan (Tel Aviv) por el impacto de los misiles, Araghchi ha declarado que no tienen como objetivo la población civil. 

En la tarde, se celebraron los funerales de Ali Lariyani y Gholamreza Soleimani, que han tenido lugar en la plaza Enghelad de la capital. En la ceremonia también se rindió homenaje a los 84 marineros asesinados el 4 de marzo por un bombardero estadounidense. 

Mojtaba Jameneí, emitió un supuesto nuevo mensaje escrito en el que presentó sus condolencias por la muerte de Ali Lariyani y advirtió que sus asesinos "pagarán pronto" por su muerte. "Con profundo pesar recibí la dolorosa noticia del martirio de Ali Lariyani", se lee en el mensaje de pésame publicado en su cuenta de la red social X y recogido por varios medios iraníes.

"Los antiislamistas deben saber que derramar esta sangre a los pies del sistema islámico solo lo fortalece y, por supuesto, toda sangre tiene un precio que los asesinos de los mártires deberán pagar pronto", advirtió.

Jameneí describió a Lariyani como un "erudito, visionario, inteligente y comprometido", y responsable "con una amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y administrativos".

En relación con el líder supremo, las autoridades iraníes negaron, que Mojtaba Jameneí se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

"Las noticias sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Su lugar está en las calles junto a su pueblo", escribió en ruso en su cuenta de X el embajador iraní en Moscú, Kazem Jalali.

La suerte y el paradero de Jameneí son un misterio tanto para los iraníes como para los observadores extranjeros, ya que desde su nombramiento no ha realizado ninguna aparición pública.

Aun con los ataques, parece que los iraníes están comenzando a ceder, sobre todo en relación al comercio internacional. Según datos del seguimiento de los barcos en el Estrecho de Ormuz, Irán estaría dejando pasar varias embarcaciones comerciales. Ya el pasado lunes se detectaron ocho embarcaciones cruzándolo, sin contar los buques que tenían bandera iraní. 

Sin embargo ahora, según la empresa de inteligencia marítima Windward, el número de embarcaciones habría crecido al doble. Los analistas de esta misma compañía aseguran que esto significa que Teherán está permitiendo “tránsitos con autorización previa a países amigos”. Araghchi llegó a decir el lunes que el Estrecho estaba abierto, “pero cerrado para nuestros enemigos”. 

Ante este cierre, el sábado, Donald Trump instaba al Reino Unido, China, Francia, Japón, Corea del Sur y otras naciones a enviar barcos al Estrecho para unirse a un "esfuerzo conjunto" para abrir la vía marítima, pero este miércoles algunos de estos países recordaron al mandatario estadounidense que no mandarán buques de guerra a defender el canal pese a las amenazas de Trump sobre "el futuro de la OTAN".

A través del Estrecho, que controla Irán, se mueve la quinta parte del flujo de petróleo mundial y, con su cierre, el mercado está sufriendo la volatilidad de los precios, con el barril de Brent –de referencia para Europa– en máximos históricos. 

La guerra en Oriente Medio sigue golpeando con fuerza al Líbano. En el sur, el conflicto entre la milicia chií Hezbolá e Israel está provocando desplazamientos masivos de la población libanesa y un amplio descontento incluso entre las facciones más afines al grupo paramilitar. Son más de un millón de personas las que han tenido que abandonar sus casas tras los bombardeos del ejército israelí, que se han saldado con casi 1.000 muertos, según apuntan autoridades locales.

Hezbolá decidió responder al asesinato del ayatolá iraní, Ali Jamenei, el pasado 2 de marzo con bombardeos contra Tel Aviv, lo que se tradujo en una escalada militar entre los países vecinos. El ejército israelí ha ampliado los bombardeos sobre tres puntos críticos del territorio: la capital, Beirut; el Valle de la Beká, cercano a la frontera con Siria; y el sur del Líbano, en una franja de 30 kilómetros que marca la frontera con Israel. Aquí Israel está aplicando la táctica de la tierra quemada, utilizando bombardeos para extenderse por el territorio.

Tras una oleada de ataques nocturnos sobre Beirut en la madrugada de este miércoles que han causado al menos 12 muertos y 41 heridos, Israel se dispone ahora a bombardear los puentes sobre el río Litani, que conectan el sur del Líbano con el resto del país. "Para impedir el paso de refuerzos (de Hezbulá) y equipo de combate, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacarán los cruces del río Litani a partir del mediodía de hoy", declaró este miércoles el ejército en un comunicado en X en árabe.

Según el Ministerio de Sanidad libanés, los ataques del ejército israelí han matado a al menos 912 personas, entre las que se encuentran 67 mujeres y 111 niños. También más de 2.000 personas han resultado heridas. En este contexto, la oficina de derechos humanos de la ONU se pronunció este martes sobre la situación en el país asegurando que estos ataques de Israel sobre edificios residenciales, personas desplazadas y trabajadores de la salud podrían constituir crímenes de guerra.

Por su parte, el ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber desmantelado más de 80 infraestructuras de Hezbolá, precisamente en el sur del país. Además, esta madrugada, Israel completó una nueva "oleada de ataques", en este caso contra instalaciones, según otro comunicado que enumera bombardeos contra lanzadores, depósitos de armas y centros de mando antes de que fueran usados por la milicia chií. 

Al menos doce personas murieron y 41 resultaron heridas en una serie de bombardeos israelíes contra varios barrios de Beirut, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los ataques se produjeron en zonas como Basta, Bachoura y Zuqaq el Blat, con un primer balance de diez fallecidos durante la madrugada y otros dos en un bombardeo posterior por la mañana.

Entre las víctimas se encuentra Muhammad Shari, director de programas políticos de la cadena Al Manar vinculada a Hizbulá, quien murió junto a su esposa, mientras que sus hijos y nietos resultaron heridos. Estos ataques marcan una escalada, ya que hasta ahora Israel había realizado acciones limitadas dentro de Beirut desde el inicio de su ofensiva aérea el 2 de marzo.

Este miércoles, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha ratificado su apoyo a Ucrania ante la agresión de Rusia en una reunión mantenida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa. 

Un Zelenski que este pasado martes, en una entrevista con la cadena israelí i24NEWS, ofreció colaboración directa al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes. Además del ofrecimiento de cooperación entre ambas naciones, el líder ucraniano advirtió de nuevo que Rusia está ayudando al régimen iraní con datos de satélites y en la fabricación de drones. 

A esta acusación, el Kremlin ha respondido asegurando que en torno a la guerra en Oriente Medio hay “muchos bulos”. “En torno a esa guerra hay todo tipo de informaciones y la mayoría de estas no son más que bulos”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Todo ello pese a las informaciones del diario Washington Post, que a comienzos de este mes aseguró que Rusia estaba proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones.

El mismo Peskov también ha condenado el asesinato de Lariyani, en el marco de la operación estadounidense-israelí en el país persa.