Cuatro universidades españolas dentro del top de las 200 mejores del mundo. Todas públicas, dos en Barcelona y dos en Madrid. No sólo eso: España ha sido el único país europeo con más de un centro dentro de la clasificación QS World University Rankings hecha pública este jueves. Sin embargo, lo que a priori parece tan sólo un listado de buenas noticias esconde algún que otro claroscuro. Más que nada porque no son pocas las voces que, como mínimo, cuestionan este tipo de clasificaciones. Por lo que significan, por cómo se elaboran y por las consecuencias que producen.

El QS es tan solo uno de tantos, aunque contando con él son tres los más conocidos. Los otros dos son el ranking Shangái —o ARWU, por sus siglas en inglés— y el Times Higher Education. Y en todos se cuelan siempre varios centros españoles. En la última edición del primero, por ejemplo, entraron 36 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo. La Universitat de Barcelona fue entonces la mejor calificada y es, precisamente, la que también ha repetido este jueves. Junto a ella, la Autonóma de Barcelona y la de Madrid, acompañada también de la Complutense. Y si se amplía la mirada hay muchas más.

La clasificación evalúa a 1.500 instituciones de 106 países y territorios y entre todas ellas, en total, hay 38 españolas, trece de las cuales obtienen además mejor nota que en el último examen. Aun así, el país más representado continúa siendo Estados Unidos. Eso no cambia. Por decimocuarto año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha llevado la medalla de oro, seguido del Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

No han existido siempre. Según recoge el profesor de la Universidad de Extremadura Jorge Caldera-Serrano en un artículo titulado Perversión del uso de los rankings universitarios en las políticas educativas nacionales y supranacionales, fue en 2003 cuando surgió la primera de estas clasificaciones. Fue Shangái, que nació tan sólo un año antes de QS. El Times Higher Education, por su parte, nació de una escisión de este último y lo hizo en 2010. Todos evalúan, señala el docente, "parámetros que se consideran significativos y que son ponderados por sus creadores, extrapolando la posición numérica resultado de dicha clasificación a términos de calidad". Dicho de otro modo: otorgando puntos en función del cumplimiento de ciertas exigencias. Y es en ellas donde está lo que muchos consideran el primer problema.

Sobre el papel, la teoría dice que los rankings mundiales que posicionan las universidades del mundo miden la calidad de los centros. La cuestión es qué se puede enmarcar dentro de ese concepto. Ha sido precisamente uno de los términos protagonistas del debate público de los últimos meses, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció una reforma del decreto que marca las normas bajo las cuales se autoriza la creación de nuevos centros. El objetivo del Ejecutivo era asegurar que todas las instituciones que abrieran sus puertas cumplían unas mínimas exigencias, un precepto que pedían cumplir frente a la proliferación prácticamente sin filtros de centros privados que, sin ambages, fueron tachados de "chiringuitos". "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", señaló la ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría.

La cuestión es que cuando alguna de las primeras o alguna de las segundas —algo que ocurre menos, en cualquier caso— aparecen en uno de esos rankings internacionales, la noticia es anunciada a bombo y platillo por los defensores de uno u otro modelo. Sin embargo, lo que algunos docentes y expertos cuestionan es el significado mismo de aparecer. Porque, ¿qué miden exactamente esas evaluaciones?

"Lo que hacen es poner la atención en variables cuantitativas, sin tener en cuenta otras muchas cuestiones que también tienen mucho que ver con la calidad de los centros. Es decir, son exámenes que se basan en la apariencia y no tanto en factores que influyen incluso más en la vida cotidiana de la universidad", critica desde el otro lado del teléfono el catedrático en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid en Segovia Luis Torrego. "Medir está bien, pero hay que tener en cuenta que los factores meramente cuantitativos siempre tienen límites", añade por su parte la profesora de Sociología de la Educación en la UCM. No tienen en cuenta por ejemplo la inversión que recibe cada centro. Ni tampoco el contexto en el que se ubican.

El Shangái, el examen más antiguo y potente, puntúa los centros en función de cuatro indicadores básicos: la calidad de la educación (medida por antiguos alumnos ganadores de premios Nobel u otros galardones), la calidad del profesorado (medido de la misma manera), los resultados de la investigación (es decir, número de artículos publicados en Nature o Science) y el rendimiento per cápita. El ranking QS, por su parte, barema también la empleabilidad, la diversidad de estudiantes internacionales, la proporción que suponen sobre el total o la sostenibilidad de la institución.

Para Torrego la crítica está clara: ¿cómo se traduce en la docencia tener más o menos profesorado con premios Nobel? De ninguna manera. "Tampoco eso se traslada a la labor de investigación", subraya. "Tampoco se evalúa cómo se tutoriza al alumnado, ni la colaboración entre el profesorado. Eso sí incrementa la calidad docente, pero ningún examen de este tipo lo computa", se queja.

No se queda ahí. Para Torrego, otro de los problemas que se desprende de estos exámenes es que, al final y en síntesis, fomentan un sistema de competición entre los centros, algo que merma el conocimiento científico. "Lo que produce mejores resultados es la cooperación, no el convertir las universidades en una especie de empresas que tienen que luchar en el mercado", subraya el experto. Caldera-Serrano también lo recoge en su artículo: las mediciones son "una pieza clave en la lucha permanente por la excelencia institucional, no entendida como mejora individual sino como posicionamiento ante la competencia".

En esta misma línea, Mellizo-Soto también es clara: medir y cuantificar, insiste, no tiene nada de malo. Pero no puede ser un fin en sí mismo. Es decir, una vez obtenidos esos resultados hay que contextualizarlos, también siempre teniendo en cuenta, dice, que son realizados por empresas privadas con sus propios intereses. "No es luchar contra las demás instituciones por luchar. Lo interesante de estas clasificaciones es ver qué implican, qué significan. Contextualizar, entenderlo y actuar en función de la nota que se obtiene", explica.

El resultado, lamentan todos, es que hay muchas universidades que orientan sus políticas a salir mejor en la foto de estos rankings y no, en cambio, a mejorar su función como servicio público. Como recoge Caldera-Serrano en su artículo, el origen de estos exámenes no estaba en orientar de ningún modo las políticas nacionales o universitarias, lo que ocurre es que eso "no parece que sea óbice para que algunos gobiernos tengan en cuenta estos rankings para desarrollar sus sistemas en ámbitos como la organización y como la distribución de recursos económicos". Hay varios ejemplos: Qatar ha utilizado esas clasificaciones para repatir becas de formación en el extranjero; República Checa, para evaluar las universidades a nivel nacional; Singapur, para generar políticas.

Pero no hace falta irse tan lejos. Según explicó a profesora de la Universidad de Málaga Carmen Rodríguez Martínez en conversación con infoLibre, en España hay "muchos docentes que producen sin parar, hasta sin un proyecto claro y definido, porque eso les da acreditaciones" y eso permite subir de categoría, lo que redunda también en una mejor posición en esos rankings internacionales. Lo hacen además sin más tiempo, lamenta, lo que provoca que se contrate a becarios o ayudantes, incrementando además la precariedad laboral.

"Estas evaluaciones se dedican a la apariencia y al final consiguen que lo que quieran las universidades en entrar en ellas para aparecer en prensa. Al final, eso se traduce en prestigio. El resultado es que tienden a actuar y a presupuestar con ese objetivo. Los rankings son un mero escaparate que olvidan la visión de servicio público de las universidades", sentencia Torrego.

Diana García sale de cuentas el próximo mes de septiembre, por eso está tan implicada. Descuelga el teléfono para atender a infoLibre mientras sale de entregar en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel casi 50.000 firmas. Más de 42.000 recogidas a través de Change.org y más de 6.000 conseguidas como antaño: recorriendo las calles de la ciudad con papel y boli. No lo ha hecho sola. Alrededor de 180 mujeres embarazadas llevan movilizándose lo más rápido que pueden desde el miércoles por un motivo muy claro: el paritorio del Hospital Obispo Polanco en el que tendrán que dar a luz no tiene asegurada su viabilidad más allá de la semana que viene. Y todo por algo que llevan avisando dos décadas: faltan médicos. Cada vez más.

Fue el martes por la tarde cuando la noticia empezó a correr como la pólvora, aunque Marta Abril se enteró por casualidad. Sus alumnas embarazadas que acudieron a su clase de fisioterapia del miércoles cruzaron la puerta de la clínica con preocupación. "No va a haber ginecólogos de guardia el sábado 21 de junio", le dijeron. Le ofrecieron firmar la petición para evitarlo y fue cuando Marta decidió movilizar la causa a través de la plataforma. "Así conseguimos llegar a mucha más gente", recuerda. También obtuvieron una promesa: habrá personal ese día, algo en lo que, no obstante, no terminan de confiar. Pero no sólo eso: según les han comunicado, al menos hasta el martes está asegurado el funcionamiento del paritorio. ¿A partir de ahí? Incógnita. "No sabemos qué va a pasar este verano", lamenta Diana.

Es la historia de nunca acabar. Algo así como el día de la marmota de la sanidad. Llega el verano y, con él, los encajes de bolillos para asegurar que ningún servicio se queda sin poder funcionar. Lo que ocurre es que no siempre se consigue. Para muestra, esta. "Siempre hay problemas, y más en verano. Pero este año es el peor de todos", dice Diana.

El Hospital de Teruel atiende a toda la provincia, aproximadamente a 84.000 personas. Hay otro en Alcañiz, pero la distancia entre ambos es de 145 kilómetros. Y su situación, además, tampoco es la mejor. El siguiente, el de Zaragoza, ya requiere mucho más tiempo: son 176 kilómetros los que hay que recorrer para llegar hasta él. "¿Cómo vas a hacerlo si de repente te pones de parto?", se pregunta Diana.

Sobre el papel, el servicio de ginecología del centro debería tener a nueve médicos en plantilla, pero actualmente y por distintas causas —bajas por enfermedad o interinidades sin cubrir— sólo hay disponibles tres para todas las guardias, como explica desde el otro lado del teléfono el facultativo del hospital y portavoz del Sindicato de Médicos de Aragón en Teruel Francisco Rodilla.

"Hay que hacer 60 al mes, así que a cada uno se le asignan 20, un número completamente inviable", denuncia. La mitad son presenciales y la otra mitad, localizadas. ¿Y eso qué implica? Que si un día de guardia localizada hay que desplazarse al hospital por cualquier causa y al día siguiente se tiene que hacer otra presencial, se atiende a las pacientes prácticamente sin dormir en 48 horas. "No es seguro, ni para el profesional ni para las mujeres", lamenta una de las personas que trabaja en el centro y sabe cómo funciona el servicio.

Ya avisaron el pasado mes de octubre de que se avecinaría lo que ahora está pasando. Pero nadie les hizo caso.

Siempre han ido justos y nunca ha sido un problema único del servicio de ginecología. "El Hospital de Teruel se considera una especie de centro de paso. Por eso las plantillas siempre han sido bastante escasas", lamenta Rodilla. Según cuentan los propios trabajadores, en el departamento de anatomía patológica sólo queda una mujer, en el de oftalmología tienen que hacer 15 guardias al mes por trabajador y los anestesistas prácticamente brillan por su ausencia. "Llevamos así 20 años. No quiere venir nadie", continúa el facultativo.

La elección de plazas de médicos internos residentes (MIR) de este año ha sido la última constatación. Teruel fue la última provincia que consiguió adjudicar una plaza de formación de especialistas, después de que 3.600 personas eligieran destino. Y es habitual. Un análisis llevado a cabo por el Sindicato Médico de Granada sobre las provincias preferidas por los MIR en las elecciones de los últimos cinco años reveló que los nombres de los lugares preferidos y de los más denostados se repiten siempre. Madrid y Barcelona encabezan; Teruel, Ávila y Soria se quedan en el vagón de cola.

Los motivos son variados, pero sobre todo es que al final es un problema enquistado. Una pescadilla que se muerde la cola. Así al menos lo explica Rodilla. No hay nadie que quiera trabajar en el Obispo Polanco porque, al no haber personal suficiente, las condiciones empeoran. Así que nunca hay dotación. ¿Qué hay que hacer, entonces? Pues tanto él como otros trabajadores del hospital lo tienen claro: incentivar. Pagar mejor y, además, utilizar la figura de los "contratos mixtos" que obliguen a profesionales de Zaragoza a cubrir alguna guardia al mes.

"Cuando se quiere resolver un problema, se puede hacer. Lamentablemente, el dinero lo consigue todo", diagnostica Javier Castrillo, jefe de la sección de obstetricia y ginecología del Hospital de Verín. Sabe bien de lo que habla porque ese nombre recorrió toda España. Y lo hizo por lo mismo que ahora está ocurriendo en Teruel.

Fue en 2020, poco antes de que estallara la pandemia. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) aseguró que el bajo índice de natalidad suponía un "riesgo" para los bebés y las madres por la "pérdida de experiencia" y la "falta de pericia" de los profesionales. Por eso era mejor dejar a la localidad sin paritorio, argumentó la Xunta entonces. El Ejecutivo gallego incluso utilizó una recomendación del Ministerio de Sanidad para justificar el cierre de la que obviaba las excepciones "por motivos de tiempos de desplazamiento o accesibilidad". Todo cuando la única alternativa que ofrecía el Sergas a las madres embarazadas era un desplazamiento de más de una hora hasta el hospital de Ourense para dar a luz. 

La movilización fue inmediata. Y masiva. Tanto, que el propio Gobierno gallego acabó asumiendo que la imposibilidad de encontrar profesionales de pediatría fue el motivo fundamental de su decisión. "Querían cerrar el paritorio y lo que hicieron fue buscar excusas", señala Castrillo. Sólo tres meses después tuvieron que dar marcha atrás, recuerda. Pero eso no solucionó todo.

"Seguimos teniendo problemas de ese tipo en todas partes. Ha habido una mala planificación en cuanto a provisión de plazas y lo peor es que siempre pagan los mismos: los ciudadanos", lamenta el médico. Hace poco eran los de El Bierzo (Ponferrada, León) los que denunciaban que la falta de oncólogos les estaba dificultando el seguimiento del cáncer. Casi 400.000 niños y niñas andaluces vivían sin pediatra asignado y ver a un dermatólogo en la sierra norte de Sevilla requería desplazarse 90 kilómetros.

Hay, señala Castrillo, un problema evidente de falta de especialistas, pero es que la España llamada vaciada es la que lo sufre en mayor medida. "Lógicamente, si a un ginecólogo se le paga igual en Teruel y en Madrid preferirá Madrid, por eso hay unas zonas peor que otras", insiste. Aun así, la falta de especialistas es algo que han recalcado en no pocas ocasiones los expertos. Y hasta documentos oficiales. Así, el Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2023-2035 estimó en un 3% el déficit de facultativos en España, lo que supone una falta de 5.874 profesionales.

Y la principal beneficiaria de toda esta situación es la sanidad privada, que factura ya más de 12.000 millones al año, según los datos de la patronal Unespa relativos a 2024. Los últimos datos publicados por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS hablaban de que en 2024 ya había 12,6 millones de personas con un seguro privado.

"Tienen pendiente el edificio de Medicina. No quiero apretarle a la Universidad de Almería, pero puede venir una universidad privada...". No dio más detalles. Está por ahora, dijo, "tocando puertas". "Manteniendo conversaciones". Señaló que era "pronto" para "anuncios", pero la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, dejó claro en una entrevista publicada hace unos días en el Diario de Almería que en su proyecto político sí cabe la universidad privada. Sería, en caso de que se concretase y llegase a abrir sus puertas, la sexta de Andalucía. La quinta si sólo tenemos en cuenta las que han visto vía libre para iniciar su actividad desde que el PP de Juanma Moreno llegó a la Junta. Y no es casualidad.

La proliferación de la universidad privada en España es evidente. El último informe de Datos y cifras del sistema universitario español recoge que actualmente hay 50 universidades públicas por 41 privadas, pero los datos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades facilitó a infoLibre reflejan que, además, hay otros seis proyectos con evaluaciones desfavorables pendientes de que se les dé luz verde. Todos, sin excepción, en comunidades gobernadas por el PP. Sólo desde 2018 se han abierto cuatro universidades con informes en contra, y todas lo han hecho en regiones gobernadas por la derecha.

Por eso no sorprende lo que está ocurriendo en Andalucía. Es, ni más ni menos, lo mismo que pasa en Madrid, donde ya se ha dado vía libre a la decimocuarta universidad privada mientras se sigue infrafinanciando a las seis instituciones públicas que, denuncian los rectores, están ya al borde del desastre. "El modelo andaluz es igual o incluso peor", señala Jorge Ibáñez, secretario de Universidades de la Ejecutiva del PSOE-A. Consiste básicamente en la doble acción que los conservadores han puesto en marcha no sólo con la educación superior, sino también con la sanidad: se infrafinancia el sistema público y se presenta, después, al privado como el único salvador.

Lo ha denunciado también el PSOE almeriense, cuyo grupo municipal presentará además el próximo martes una moción para que, al menos, el Ayuntamiento de la ciudad se comprometa a no ceder suelos públicos a ningún ente que pretenda abrir una universidad privada, como sí ha ocurrido en Málaga. "¿Por qué está promoviendo la alcaldesa intereses privados en la ciudad en lugar de estar centrada en ofrecer a los almerienses y las almerienses unos buenos servicios públicos que hoy por hoy brillan por su ausencia?", se preguntó la portavoz de la Ejecutiva Provincial de la formación, Fátima Herrera. Es "absolutamente inaceptable", insistió.

La moción, a la que ha tenido acceso infoLibre, redunda en esa idea. "Atraer universidades privadas a una ciudad como la nuestra supone un ataque frontal y directo contra la Universidad de Almería y rompe la función de ascensor social que tiene encomendada, ya que las universidades privadas actúan al margen del sistema público de educación superior, ofrecen sus servicios en condiciones económicas inaccesibles para una parte importante de la población almeriense, consolidando un modelo universitario basado en la capacidad económica y no en el mérito y la igualdad de oportunidad", expone.

El propio anuncio de la alcaldesa de la ciudad mostraba esa estrategia. Fue María del Mar Vázquez la que vinculó la posible apertura de un centro privado a la situación de la Universidad de Almería. "No quiero apretarle", dijo. Antonio Ruiz, portavoz del PSOE-A de Universidades e Investigación, se fijó en ello con mucha atención y por eso preguntará sobre este asunto al consejero del ramo del Gobierno de Moreno, José Carlos Gómez Villamandos. Según reflexiona el socialista, el alumnado de Medicina lleva tres cursos sin un edificio propio, utilizando otros espacios de prestado. Y ello se debe a que así es más sencillo justificar esa nueva universidad privada.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de la Universidad pública de Almería? Según explica Ibáñez, la Junta lleva años en deuda corriente con ella y el año que viene la institución podría por ello entrar en déficit. La pública de Málaga, situada en una provincia con tres proyectos sobre la mesa, tuvo por su parte que ser rescatada el año pasado por la Junta, que le prestó 48,5 millones para, simplemente, poder mantener la actividad educativa. "La inversión de la Junta en la universidad pública ha bajado mientras el coste de la vida ha subido", lamenta. Según sus datos, desde 2015 el presupuesto que la Junta ha destinado a esa partida ha pasado del 3,89% al 3,58%.

Este año, la Junta de Andalucía ha aprobado una financiación de 1.750 millones para todas las instituciones públicas, una cifra que supone un ingreso extra de 21 millones que son, según Moreno, un "hito financiero" pero que se alejan, según los rectores, de la deuda de 50 millones que tiene el Ejecutivo con ellas.

Es este doble movimiento el que critica la oposición. No es, insisten siempre, la mera existencia de la privada, sino el deterioro de la pública que lleva asociado. "Fomentar la privada por una cuestión de pluralidad puede valer, pero restringir a la vez la financiación de la pública ya implica cercenar el derecho ciudadano a la educación", lamenta la profesora de la Universidad de Jaén Delia Langa.

Junto a esto, además, también entra en juego la cuestionable calidad que tienen muchos de estos nuevos centros. En sólo siete años han abierto cuatro universidades con evaluaciones desfavorables y hay otras tantas que, a pesar de tenerlos, podrían abrir sus puertas próximamente. Es el caso de tres andaluzas: la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed, online), ya aprobada, y la Universidad Internacional del mediterráneo y la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero, todavía en espera.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el primero que sabe que esto es un problema. Y por eso ha planteado una reforma del decreto que marca las normas para que se aprueben nuevas universidades. Lo dijo claramente la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría: "Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas", dijo. Desde Andalucía insisten en la misma idea.

"El modelo tradicional de universidad católica, especializada en algunas áreas e imbricada en un territorio, como la de Navarra o la de Deusto, se ha frenado", lamenta Ruiz. "Ahora tenemos universidades privadas que solo buscan crecer y abrir nuevos grados, másteres y campus por toda España a toda costa y sacrificando el nivel de calidad. No se pueden replicar grupos de investigación potentes como si fueran churros. No son universidades que vayan a dejar patentes, transferencia e investigación de calidad", lamenta. Y compara, en este sentido, la Loyola de Sevilla, la primera privada andaluza (abierta en 2011), de la Utamed, enfocada sobre todo a la mera empleabilidad del alumnado. "¿Estás cansado de estudiar para nada? Vente a Utamed y olvídate de los temarios sin foco y de las horas sin teoría. En Utamed, universidad y empleabilidad se unen", destacan en sus vídeos promocionales.

Además de esas dos, Andalucía ha dado luz verde también a la Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Europea de Andalucía, que todavía no han iniciado su actividad en Málaga, y a la CEU Fernando III de Sevilla, que sí lo ha hecho.

En cualquier caso, Madrid y Andalucía no sólo se parecen en la estrategia privatizadora que pasa por el deterioro público. Sus dos gobiernos del PP, además, han puesto ya encima de la mesa leyes que pretenden limitar las protestas que este tipo de políticas puedan generar en los campus públicos. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de Isabel Díaz Ayuso pretende castigar por ejemplo con sanciones que alcanzan los 100.000 euros "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus". Es decir, serían sancionables los escraches o incluso las acampadas por Palestina.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) consultado por infoLibre contempla, por ejemplo, que será un decreto de Consejo de Gobierno de la Junta, previo informe del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el que establezca el "marco para el ejercicio del derecho al paro académico, su declaración y su posterior desarrollo por las universidades". Se abre la puerta por primera vez, además, a que los rectores de las universidades privadas formen parte de ese Consejo.

Se presentó en común y luego se diseccionó, pero ahora puede volver a unificarse. La posible discriminación sanitaria producida entre marzo y abril de 2020 en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid podría ser ahora investigada por un único juzgado. En concreto, por el de Instrucción número 3 de Plaza Castilla, en favor del cual se ha inhibido una jueza de Leganés que tenía tres causas sobre la mesa y ha decidido suspender la declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a los que ya había citado como imputados el 17 de junio. La pelota está ahora por tanto sobre el tejado de la titular del primer juzgado que decidió investigar a los presuntos responsables de las decisiones que provocaron que 7291 mayores fallecieran en la región sin ser atendidos. Ni dentro ni fuera de los geriátricos.

La noticia cayó como una "sorpresa" para los familiares de las víctimas, según confiesa María Jesús Valero, de 7291 Verdad y Justicia, pero no fue una decepción. A menos de una semana de que los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco José Martínez Peromingo, tuvieran que acudir a declarar ante una jueza por la aprobación y aplicación de los Protocolos de la Vergüenza, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés decidió aceptar la petición de la defensa de este último y suspender la cita. Según entiende, porque otro juzgado ya estaba "investigando con anterioridad los mismos hechos".

Todo se remonta a finales de mayo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid decidía, por primera vez, imputar a estos dos hombres, además de a Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo. Lo hizo después de que la Fiscalía Provincial pidiera reabrir un caso archivado provisionalmente hace casi tres años. En ese marco, los tres acudieron a declarar como investigados el día 26, pero ninguno llegó a pronunciarse porque sus defensas alegaron que no habían recibido la totalidad del expediente.

Tan sólo cuatro días después, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés imputaba también a Mur y a Peromingo, y lo hacía también con Pablo Busca, máximo responsable del Summa 112 durante las peores semanas de la crisis sanitaria. Burgueño fue entonces citado como testigo, aunque de su declaración la jueza entendió que podía derivarse una imputación que dejó en el aire. Ahora, ha decidido apartarse de tener que tomar esa decisión. Y ha abierto el camino a que otros jueces hagan lo mismo, según entiende el equipo jurídico de las víctimas. "Tras este paso, es probable que todo se unifique", señala la abogada Alejandra Jacinto.

No es una mala noticia, ni aunque esto signifique ralentizar todo. Ahora bien, de lo que sí advierten desde 7291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias es de que, si acaba todo sobre la mesa de la jueza de Plaza Castilla, habrá que asegurarse de que existen suficientes medios materiales y humanos para poder "hacer justicia después de más de cinco años de espera".

Llevaban desde 2020 interponiendo querellas. Según los datos que en su día recogió Marea de Residencias, llegaron a contarse más de 400, pero muchas fueron archivadas —en ocasiones, incluso, sin escuchar a las familias de las víctimas— y otras tantas apenas llegaron a avanzar. Se apuntaba siempre a la presunta comisión de varios delitos: homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva. En octubre de 2024 se exploró, por primera vez, la vía de la denegación sanitaria por motivos discriminatorios, un delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal.

Se hizo en forma de macrodenuncia y ante la Fiscalía Superior de Madrid. La presentaron en concreto 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron entre marzo y abril de 2020— y apuntaron a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, Burgueño y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Por eso no señalaron a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso que sí habían protagonizado las otras querellas por los otros delitos.

Un mes después de recibirla, la fiscal Almudena Lastra se declaró incompetente y repartió los distintos casos entre varias fiscalías de área. Una vez escuchadas las familias, el Ministerio Público actuó a través de varias vías diferentes: denunció algunas muertes que no habían sido judicializadas, pidió que algunas que estaban archivadas se reabrieran y añadió este delito a las investigaciones que estaban en marcha. En otros casos, fueron las propias víctimas las que interpusieron querellas, ante una prescripción que en muchos casos era inminente. En total, señalaron las familias, las discriminación sanitaria se diseminó en 92 procedimientos. Y cada uno está ahora en manos de un juez.

Según entienden Jacinto y Carlos Castillo, también letrado de las familias, el paso dado por la jueza de Leganés puede entenderse por ellos como el camino a seguir. Serán quienes decidan si se inhiben o no en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Plaza Castilla. Y su titular la que decida si acepta los casos. Ocurra como ocurra, según explican los abogados, esto significaría volver al "espíritu" de la macrodenuncia. Se presentó en común, explica Jacinto, porque los casos eran los mismos. "Los Protocolos de la Vergüenza afectaron de forma colectiva a un colectivo, así que sí tiene lógica que se unifiquen todos los casos", señala.

La presidenta regional, por su parte, sigue durante estos días la misma estrategia que ha llevado su equipo durante los últimos cinco años. Los Protocolos no se aplicaron y son, tan sólo, una campaña de la oposición. El 5 de junio, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, acusó al PSOE y a Más Madrid de usar el "drama" de las residencias con "fines políticos", pero también para "algo más mezquino, para tapar la mafia" de Gobierno de España. A renglón seguido, la conservadora cuestionó porqué la izquierda no se interesa en lo ocurrido "en las residencias de todo el mundo" donde "murió muchísima más gente". "Lo único que están haciendo es política barata", se respondió.

Si bien no han declarado todavía imputados por este delito, sí lo han hecho testigos. Y fue precisamente en Leganés, donde el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero reiteró que las órdenes de no derivación tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia. El mismo día, el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, confirmó que sus centros privados no recibieron a ninguna persona mayor derivada de las residencias. Y Burgueño, cuya declaración fue interrumpida, terminó de estrechar por su parte el cerco entorno al Ejecutivo de Ayuso. Mencionó en concreto una reunión celebrada el 11 de marzo y en la que también participaron el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Fue entonces cuando presentó un plan, según dijo él mismo, que contemplaba la asistencia médica en las residencias. Pero que nunca llegó a ponerse en práctica.

Los ex altos cargos del Gobierno de Ayuso que estaban citados el próximo martes 17 de junio en Leganés (Madrid) para declarar como investigados por las muertes en residencias ya no tendrán que acudir a la cita. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la localidad ha decidido aceptar la petición del abogado de uno de los imputados, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria Francisco Javier Martínez Peromingo, para inhibirse en favor de otro juzgado, el de Instrucción número 3 de Madrid, que ya estaba "investigando con anterioridad los mismos hechos". Es decir, si las decisiones que se tomaron en marzo y abril de 2020 pueden enmarcarse en un delito de denegación sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal.

La causa de Leganés era la segunda que se abría por este motivo. Fue el Juzgado número 3 de Plaza Castilla el primero que decidió dar un paso inédito hasta el pasado mes de mayo: imputar a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante lo peor de la pandemia. Lo hizo con Peromingo, con su antecesor en el cargo Carlos Mur y con Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo. Tan sólo una semana después era el de Leganés el que recogía el guante y tomaba la misma decisión, aunque intercambiando a Burgueño por Pablo Busca, entonces máximo responsable del Summa 112. Burgueño, en cualquier caso, fue entonces citado como testigo, aunque de su declaración la jueza entendió que podía derivarse una imputación que dejó en el aire.

Ahora todo dependerá de la jueza de Plaza Castilla, Isabel Durántez, en la que se ha inhibido la jueza de Leganés por ser la primera que decidió investigar ese supuesto delito de discriminación. Lo ha hecho, además de en este caso, en otros dos que hasta ahora no habían trascendido. El abogado de Peromingo, según han informado este jueves las organizaciones de familiares que presentaron la macrodenuncia de la que se han extraído estas causas, ya ha solicitado que todas las investigaciones, no sólo estas, se acumulen en una sola. Será Durántez la que decidirá si lo acepta.

En caso de que ocurriera, ni Marea de Residencias ni 7291 Verdad y Justicia se oponen, pero sí que piden a las autoridades "que pongan todos los medios necesarios a disposición del Juzgado para que pueda hacer justicia después de más de cinco años de espera". Carmen López, de la primera organización, no cree que haya sido esta una mala noticia, aunque suponga el aplazamiento de las declaraciones. María Jesús Valero, de la segunda, sí que se ha sorprendido, aunque tampoco cree que les perjudique. Siempre y cuando, insiste, el juzgado que se encargue de todo tenga suficientes medios.

La del martes 17 de junio iba a ser la segunda citación de imputados por un supuesto delito de discriminación sanitaria cometida con los mayores residentes de geriátricos de la Comunidad de Madrid. La primera tuvo lugar en Plaza Castilla el 26 de mayo y a ella acudieron Mur, Peromingo y Burgueño. Sin embargo, ninguno de los tres llegó a pronunciarse. Sus defensas alegaron no haber conocido con suficiente antelación la totalidad del expediente y eso les impidió, argumentaron entonces, preparar su defensa. Así que se suspendió sine die y todavía, de hecho, no hay otra fecha prevista.

Esta causa se abrió después de que la Fiscalía Provincial de Madrid pidiera reactivar un caso archivado provisionalmente hace casi tres años y se enmarcó, además, en la macrodenuncia que los familiares presentaron el pasado mes de octubre ante la fiscal superior Almudena Lastra por un delito que hasta entonces no se había puesto sobre la mesa. En el documento en el que lo hicieron, de más de 160 páginas y firmado por 109 familias representantes de 115 residentes —111 de los cuales murieron entre marzo y abril—, se ponía en el punto de mira, precisamente, a las cuatro personas que hasta ahora han sido imputadas, es decir, a Mur, a Peromingo, a Busca y a Burgueño, además de a los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.

La causa de Leganés, aunque apunta a la supuesta comisión del mismo delito, a las mismas personas y con los mismos argumentos, se abrió sin embargo tras la querella de dos víctimas directamente ante el juzgado.

En total, y según informaron las dos organizaciones de familiares, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias por este delito. La gran mayoría proceden de la macrodenuncia y cinco, incluyendo este de Leganés, de cinco querellas presentadas de forma independiente para evitar una prescripción que, en muchos casos, era inminente. Como desveló infoLibre, 7291 mayores de residencias fallecieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir asistencia sanitaria. Ni dentro ni fuera del centro.

Hace ya tiempo que Isabel Díaz Ayuso ha convertido a la universidad pública en un enemigo a batir. Lo ha hecho con años de infrafinanciación y quiere hacerlo, también, haciéndola callar. La estrategia pasa ahora por evitar, con sanciones de hasta 100.000 euros, que esa "asfixia económica" que denuncian los rectores sea contestada en los campus. Más bien, que estos sean escenario de protestas de algún tipo. "Toda la izquierda tiene colonizada la Universidad Complutense de Madrid", dijo la presidenta durante el pasado mes de noviembre. La institución, añadió después durante un acto, debe ser un lugar "de ciencia y no de ideología". Conseguirlo parece ahora uno de los objetivos de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que pretende aprobar su Gobierno.

El último borrador del texto —al que ha tenido acceso infoLibre y que fue adelantado este miércoles por El País— establece una amplia gama de infracciones y un régimen sancionador de las mismas. Ahora bien, la ambigüedad con la que juega el documento abre la puerta a que todo tipo de protesta estudiantil pueda ser considerada una falta. Puede serlo "colocar pancartas o símbolos sin autorización", la "falta de decoro institucional" o el "vandalismo". Y considerar algo como tal dependerá, concreta la norma, de la "consejería competente en materia de universidades". Es decir, de Emilio Viciana, que este mismo miércoles publicó un vídeo defendiendo que la ley garantiza "la autonomía universitaria y la libertad de cátedra".

"Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universidad esté amparada legalmente", argumentó el departamento de Educación, Ciencia y Universidades en un comunicado remitido en respuesta a preguntas de este diario.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene tan claro siquiera que la normativa que plantea el Ejecutivo madrileño pueda aprobarse. Más que nada porque, señala el Ministerio de Diana Morant, podría "invadir competencias del Estado". Según han señalado sus fuentes a infoLibre, Universidades no ha podido acceder al documento de manera oficial, pero sí que considera "preocupantes" los detalles que han trascendido a través de la prensa. Tanto es así, que aseguran que sus servicios jurídicos "lo analizarán minuciosamente para defender la autonomía universitaria protegida por la Constitución Española". "Es llamativo que la Comunidad de Madrid esté más preocupada por cómo sancionar a las universidades que de cómo financiarlas mejor", sentencian las mismas fuentes.

La oposición madrileña tampoco ha tardado en reaccionar. Horacio Díez, diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, habla claramente de una norma "alarmante". A su juicio, el objetivo es, ni más ni menos, controlar las universidades. Y hacer un "uso político" de ellas. "La propuesta, además, le da al Gobierno regional y a la Consejería de Educación un poder ilimitado para aplicar sanciones de forma discrecional, sin contrapesos, sin órganos independientes que limiten o que revisen las decisiones que tome. Un paso más hacia el sueño autoritario de la administración de la presidenta Ayuso", sentencia.

Antonio Sánchez, responsable de Universidades de Más Madrid y Profesor Asociado en la Universidad Complutense, recoge el guante de esta valoración y tampoco duda: Ayuso está, en resumen, siguiendo "el ejemplo de Trump". "Quiere doblegar a las universidades públicas, reunirse con sus consejeros y decidir qué es grave y qué no, qué multa y con qué sanción. Si no paramos esto será el primer paso para acabar con la autonomía universitaria y la división de poderes", valora.

Por ahora, el borrador tan sólo es eso. Un documento que ha sido remitido a diferentes comisiones universitarias que deberán ahora emitir informes, pero nada más. A finales de mayo, el propio consejero Viciana estimó que que la norma se aprobará en la Asamblea de Madrid "a finales de este año", lo que implicaría, dijo, "una tramitación acelerada" del texto. "Los plazos que manejamos implican aprobar la nueva ley a finales de este año, en el último periodo de sesiones, en el mes de diciembre. Lógicamente, esto implica una tramitación acelerada que se inicia precisamente en estos momentos", concretó entonces.

En cualquier caso, la comunidad universitaria tratará de que no llegue a ver la luz. ¿Cómo? Precisamente con lo que el texto quiere limitar: con la protesta en las calles.

La representación que CGT tiene en la Universidad Autónoma, por ejemplo, llama a movilizar todos los recursos "políticos, jurídicos, sociales y sindicales para enfrentar una batalla" en la está en juego "el futuro educativo de miles de estudiantes, el futuro laboral de miles de trabajadoras, el derecho a la protesta y el derecho a la universidad pública". UCM por la Pública, que también integra a profesorado y alumnado de la universidad, han hecho por su parte un llamamiento a toda la sociedad "a prepararse para escalar las movilizaciones" contra una norma que convierte la educación en un negocio y que, además, "criminaliza" y "ataca las libertades básicas". "Este otoño vamos a parar esta ley", han señalado a través de un comunicado.

"Estamos absolutamente asombrados. Vamos a hacer jornadas de información, pasacampus y movilizaciones frente a este ataque brutal", señala la profesora de la Complutense Eva Aladro. "Esto ya es un ataque abierto y directo. Primero han utilizado la infrafinanciación y cuando eso ha generado protestas lo que quieren hacer es censurarlas", completa Sabela Martínez, estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales en la misma institución.

No se quedan cortos a la hora de exponer los calificativos porque el borrador de la ley contempla como infracción prácticamente cualquier forma de protesta que puede darse en el mundo universitario. En concreto, el texto distingue entre tres tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Las primeras, por ejemplo, hacen alusión a las "faltas de respeto leve al personal", a la "falta de decoro institucional" o a "colocar pancartas o símbolos sin autorización, o arrancar los autorizados". Hacerlo, concreta el borrador, puede costar entre 300 y 15.000 euros.

Entre las segundas, por su parte, se contempla "permitir el hostigamiento a miembros de la universidad o visitantes/invitados", una expresión genérica bajo la que podrían quedar prohibidos de facto los escraches. Y según la cual las protestas que se organizaron y llevaron a cabo cuando Isabel Díaz Ayuso fue nombrada alumna ilustre de la UCM habrían sido castigadas con hasta 100.000 euros, que es la sanción prevista para este tipo de infracciones. En esta categoría, además, también se contempla "permitir que manifestaciones o acciones no autorizadas impidan el libre ejercicio de actividades autorizadas" o "permitir la ocupación de lugar del campus". Es decir, tampoco podría haber acampadas en defensa de Palestina.

Las consideradas "muy graves", por último, son las que según la Consejería están reservadas "para los centros superiores que empiecen su actividad sin estar autorizados, contra la publicidad engañosa, contra que se cubran plazas públicas sin cumplir los requisitos y también, por supuesto, contra la censura, discriminación por raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos fundamentales". Esto podría llegar a costar hasta un millón.

Poco antes de que den las 14 de la tarde, Sergio Toribio consigue apartarse a una zona tranquila de la estación de Sants, en Barcelona, para responder al teléfono. "Vaya día", pronuncia nada más descolgar. Lleva horas atendiendo a los medios. Prácticamente desde que consiguió aterrizar en la ciudad y Mario, un bombero al que hasta este martes no conocía de nada, se presentó en El Prat para recogerlo y prestarle el móvil. "Ya le tengo como un amigo para siempre", confiesa entre risas. Han sido más de 24 horas de periplo. Primero, el ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad en la que viajaba con otros once activistas. Después, fue trasladado con todos ellos a puerto. De allí, llevado al aeropuerto. Metido en una sala. Interrogado tantas veces que llegó a perder la cuenta. Hasta que pudo subir al avión y pisar el suelo de Barcelona. Y aun así, y pese a todo, es claro: "Sí, lo volvería a hacer".

El vídeo del riojano se publicó a las 3.32 de la madrugada del lunes a través de X. "Si ven este video, estamos siendo interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes", decía a cámara. Junto a él, otros tantos vídeos como compañeros viajaban a bordo del Madleen. Apenas acababa de comenzar su noveno día de travesía hacia Gaza, un camino que emprendieron con el convencimiento —y la amenaza de Israel— de que no llegarían a completar. "Sabíamos que, como mínimo, ocurriría lo que ha ocurrido", explica. Por eso iban preparados. Sabían cómo colocarse cuando fueran interceptados. Quién se encargaría de qué. Y, sobre todo, que debían mantener la calma y, bajo ningún concepto, mostrar algún tipo de agresividad. "Aunque a veces se pierda, lo que estaba claro es que teníamos que mantener la calma", recuerda.

Es en la experiencia en lo que basa sus palabras. En 17 años de actividad y casi 40 misiones, sólo tres han logrado el objetivo de alcanzar la costa de la Franja de Gaza para tratar de romper el bloqueo que Israel impone al territorio. Ocurrió en verano de 2008, nunca más. En 2010, de hecho, el asalto israelí al Mavi Marmara se saldó con al menos nueve activistas muertos y 56 heridos, según las cifras oficiales. Por eso Sergio habla de que lo que le ha ocurrido a su tripulación ha sido "lo mínimo" que podía pasar.

Aun así, no dudó. A sus 49 años, lleva desde los 38 haciendo activismo. Mecánico de profesión, explica, siempre ha tratado de aplicar sus conocimientos a distintos buques de diferentes ONG. En esta ocasión, aunque se embarcó de tripulante raso, lo hizo igual. Sobre todo por el objetivo del barco. "Algo hay que hacer ante lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo un genocidio en toda regla", critica.

Recuerda cómo ha pasado las últimas horas suspirando. Fundamentalmente porque ha sido largo. Pasada la 1 de la madrugada del lunes, estando de guardia, avistó unas luces azules. "Cuando veo iluminación de ese color, ya me parece que hay peligro", bromea. A los pocos minutos, varios drones. Después, un audio en inglés. "Decía algo así como que nos iban a abordar, que mantuviésemos la calma, que levantásemos las manos y que no nos dañarían", cuenta. Contó hasta doce militares los que llegaron a estar en el Madleen. Y entonces emprendieron la marcha.

Previamente, todos los objetos electrónicos fueron tirados por la borda. Excepto su móvil. Previsor, Sergio lo dejó en Catania para que, antes que él, llegara a su casa de Logroño. Por eso habla desde el de Mario. Fue entonces cuando se asustó. Sobre todo de los militares más jóvenes. El trato fue cordial, señala, pero al final lo que estaba viviendo, denuncia sin rodeos, era un "secuestro". "Nos asaltaron, nos secuestraron y nos robaron la dignidad", lamenta.

Una vez llegaron al puerto de Ashdod, en Tel Aviv, pasaron a manos de la policía. Y de allí al aeropuerto. Era ya la madrugada del martes. "Los pasajeros del yate selfie llegaron al aeropuerto Ben Gurion para dejar Israel y volver a sus países de origen", informó el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Benjamin Netanyahu a través de X. "Se espera que algunos de los pasajeros se vayan en las próximas horas. Aquellos que se nieguen a firmar los documentos de deportación y dejar Israel serán llevados frente a la autoridad judicial, según dicta la ley israelí, para autorizar las deportaciones", añadió la institución.

Sergio, aconsejado por su abogada, escogió la primera opción. "Firmé porque yo ni siquiera quería entrar en Israel. Yo lo que quería era ir a Gaza. Fueron ellos los que me obligaron a estar ahí", lamenta. Junto a él, lo hicieron otros tres, entre ellos la sueca Greta Thunberg. Los restantes, en cambio, se negaron a firmar los papeles para ser expulsados y pasarán este miércoles por el Tribunal de Revisión de Detenciones por Inmigración para que decida sobre su salida del país.

En cualquier caso, y según explicó a infoLibre Jaime Rodrigo de Larrucea, doctor en Derecho Marítimo, ninguno de los activistas ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario. "Lo que es ilegal es lo que ha hecho Israel", sentenció. En concreto, el Gobierno de Netanyahu vulneró dos legislaciones internacionales: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la Convención de Ginebra de 1949. La primera porque porque el asalto llevó a cabo en aguas donde Israel no tiene ninguna jurisdicción; la segunda, porque el buque sólo cargaba material humanitario.

El pasado 2 de marzo, Israel lanzó un bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, que concluyó el pasado 19 de mayo con la entrada de algunos camiones cargados, mayoritariamente, con harina y otros alimentos. Sin embargo, las organizaciones internacionales denuncian que la ayuda que ha accedido a Gaza desde entonces es muy insuficiente para abastecer a una población de 2,1 millones de personas que llevaban sometidas a la privación de alimentos casi tres meses. Según ha denunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay ya medio millón de gazatíes que están al borde de la hambruna. 57 niños han muerto ya a causa de la desnutrición.

Por ello, y con el mismo objetivo que la Flotilla, más de 3.000 activistas de cerca de 50 países saldrán este jueves desde El Cairo hasta Rafah, en la frontera de Egipto con Israel, en lo que han bautizado como "marcha global a Gaza", un "movimiento cívico, apolítico e independiente". Y Sergio querrá estar. Lo que no sabe es si podrá.

Cuelga poco antes de que su tren con destino Zaragoza, donde hará una parada para continuar hasta Logroño, emprenda su camino. Allí, y una vez recupere su móvil, si es que lo hace, lo valorará. Por ahora se siente satisfecho. Y con la calma que produce la sensación del deber cumplido.

A las 2.32 hora española, un mensaje en X, antiguo Twitter, daba la voz de alarma. La Coalición Flotilla de la Libertad (FFC, por sus siglas en inglés), publicaba un vídeo y alertaba, con él, de que habían perdido la comunicación con el barco Madleen, que el pasado 1 de junio puso rumbo a Gaza desde el puerto italiano de Catania. A continuación, una docena de vídeos, uno por cada integrante de la tripulación, pedía auxilio a los gobiernos de sus respectivos países. "¡SOS! Los voluntarios del Madleen han sido secuestrados por las fuerzas israelíes", comenzaban todos los mensajes publicados. "Sergio Toribio es un ciudadano español. ¡Presione al Ministerio de Asuntos Exteriores y ayúdenos a mantenerlo seguro!", continuaba el que acompañaba al vídeo que se grabó el activista riojano a bordo del buque.

Poco después, a las 3.25, llegó la versión del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Lo hizo su Ministerio de Exteriores a través de la misma red social. "Todos los pasajeros del 'yate selfie' [la forma peyorativa que Israel usa para hablar de la Flotilla] están sanos y salvos. Les proporcionaron sándwiches y agua. El espectáculo ha terminado", publicó la institución, junto a un vídeo de los activistas.

Todos ellos se lo esperaban porque Israel ya había advertido de que no permitiría que llegaran a su destino. Y porque, además, tenían experiencias previas. Y el modus operandi siempre ha sido el mismo. Incluyendo, según cuentan a infoLibre activistas que han estado a bordo de otras misiones similares, los vídeos en los que se ve a fuerzas israelíes repartiendo "sándwiches y agua" a los integrantes de cada Flotilla de la Libertad. "Es su manera de hacer propaganda", critica Sandra Barrilaro, una de las activistas de la iniciativa Mujeres rumbo a Gaza que en 2016 emprendió su viaje a la Franja a bordo del Zaytouna-Oliva. "Cuando nos secuestraron a nosotros también lo hicieron, pero íbamos preparados: nos negamos a cogerles nada", completa Lucía Mazarrasa, que viajó a bordo de otra embarcación de la Flotilla, el Al Awda-El Retorno.

Las únicas noticias que se tuvieron este lunes de los 12 activistas que viajaban a bordo del Madleen, y entre los que se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, llegaron al filo del mediodía, hora española. Y confirmaban lo que Barrilaro se esperaba desde primera hora de la mañana: todos estaban siendo conducidos a puerto israelí —habitualmente los desembarcos se producen en Ashdod—. En concreto, y según lo que el equipo legal palestino Adalah explicó a la Flotilla, el Tribunal de Revisión de Detenciones de Israel comunicó que la intención es que la docena de hombres y mujeres sean deportados a su llegada, aunque algunos, previsiblemente, tengan que comparecer ante esa institución.

En cualquier caso, no podrán estar más de tres días retenidos que es, por ejemplo, lo que le ocurrió a Mazarrasa. Y una vez aterricen en sus respectivos países, no habrá consecuencias. Básicamente porque, según explica Jaime Rodrigo de Larrucea, doctor en Derecho Marítimo, ninguno de los activistas ha cometido ninguna ilegalidad. Al contrario. "Lo que es ilegal es lo que ha hecho Israel", sentencia el experto, desde el otro lado del teléfono. La abogada Loubna Tuma, del equipo legal de la organización, lo subrayó en declaraciones a EFE. Y Amnistía Internacional, a través de un comunicado, también. "La operación llevada a cabo en plena noche y en aguas internacionales viola el derecho internacional (...) La tripulación eran activistas desarmados y defensores de derechos humanos en una misión humanitaria. Deben ser liberados de forma inmediata e incondicionalmente", indicó la ONG.

Sin embargo, las denuncias tajantes y precisas no fueron completadas con una acción política acorde. Por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio de Asuntos Exteriores llamó a consultas a primera hora de este lunes al encargado de negocios de Israel en Madrid. En concreto, fuentes del departamento de José Manuel Albares explicaron que habían decidido convocar al diplomático israelí para protestar por lo sucedido y confirmaron, a su vez, que estaban en contacto con Sergio Toribio, con su familia y con el Ejecutivo de Netanyahu, "ejerciendo la protección consular" correspondiente.

Sumar, socio de coalición, pidió además que se trasladase una protesta oficial por lo sucedido y su líder, Yolanda Díaz, pidió también "una respuesta clara y contundente" de la Unión Europea. Podemos, por su parte, exigió interceder al propio Sánchez "dada la extrema gravedad de los hechos". "Tiene que ser el presidente el que actúe para la puesta en libertad inmediata de los activistas y para que se tomen medidas contundentes en contra del Estado genocida Israel", señaló el secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández. No hubo nada más.

Pero Rodrigo de Larrucea es claro. La acción llevada a cabo en la madrugada de este lunes sí viola el derecho internacional. En concreto, dos convenciones: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y la Convención de Ginebra de 1949.

La vulneración de la primera se produce, explica el experto, porque el asalto se ha llevado a cabo a 160 millas náuticas de la costa de Gaza, distancia equivalente a unos 300 kilómetros. "La regulación internacional establece que el mar territorial de cada país abarca 12 millas desde la costa, aunque los Estados tienen cierto control en las 12 siguientes. Es decir, lo que ha hecho Israel ha sido en aguas internacionales, donde no tienen ningún poder", señala Rodrigo de Larrucea.

Pero es que no es sólo eso. El bloqueo —que es total, pero en este caso hablamos del marítimo— que Israel ejerce sobre Gaza no puede continuar cuando alguien o algo lo rompe para facilitar material humanitario. Es decir, en el hipotético caso de que el asalto se hubiera producido a siete millas náuticas de la costa de la Franja —en aguas de Israel— las fuerzas del país podrían haber subido al barco para inspeccionar su carga, pero en ningún caso habrían podido paralizar su travesía. "Dicho de otro modo: Israel está ejerciendo una doble ilegalidad", denuncia Rodrigo de Larrucea.

Tampoco es la primera vez. La suerte que ha corrido este lunes de madrugada la tripulación del Madleen es la misma que casi siempre han tenido los otros tantos buques que han tratado, hasta ahora sin éxito, de romper el bloqueo que Israel ejerce sobre Gaza. La Flotilla de la Libertad se creó hace 17 años y surgió como una iniciativa conjunta de varias organizaciones internacionales. Desde entonces, distintos buques han intentado llegar a las costas de la Franja en casi 40 ocasiones, pero sólo lo han logrado tres de ellas.

Era 23 de agosto de 2008 cuando lo consiguieron las dos primeras. 44 personas procedentes de 17 países diferentes navegaron durante 30 horas desde Chipre y hasta Gaza en dos pequeñas embarcaciones pesqueras de madera, el Free Gaza y el Liberty. En el mar, fueron seguidos por buques de la armada israelí y sus sistemas de navegación sufrieron interferencias, pero no fueron detenidos. Lo mismo ocurrió con el yate La Dignidad a finales de octubre de ese año, cuando logró atracar con suministros médicos y 26 activistas a bordo. Desde entonces, no ha vuelto a ocurrir.

Entre diciembre de aquel año y enero del siguiente las fuerzas israelíes empezaron a interceptar los buques y en 2010 se produjo el ataque más cruento, como recuerda Barrilaro. El día 31 de mayo, seis barcos con unos 700 activistas internacionales —entre ellos Mairead Corrigan, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1976 y activista por la paz— se dirigían a Gaza con 10.000 toneladas de ayuda cuando comandos navales rodearon las embarcaciones. Uno de ellos, el turco Mavi Marmara, fue asaltado. Al menos nueve activistas murieron y 56 resultaron heridos, según las cifras oficiales. La versión de Israel explicó que algunos activistas se resistieron a la invasión con barras de hierro y sillas. Sin embargo, los organizadores de la flotilla acusaron a las fuerzas israelíes de abrir fuego tan pronto como desembarcaron en la cubierta.

Este mismo lunes, Israel ha matado a siete gazatíes en bombardeos en Al Mawasi, la zona costera en el sur de la Franja de Gaza en la que se agolpan palestinos desplazados. Los muertos en Gaza en ataques directos de Israel desde el 7 de octubre de 2023 se aproximan a los 55.000, según el último informe de Sanidad palestino.

Se negó a descolgarse del proyecto el pasado 29 de mayo. La Universidad de La Rioja, además, fue clara cuando expuso sus razones. "El mundo académico israelí es independiente del gobierno y del ejército, y opera de forma autónoma en todos los asuntos académicos", señaló ese día. Exactamente una semana después, este 5 de junio, cambió de opinión.

El grupo universitario que participaba desde enero en una investigación en la que también estaba presente el instituto tecnológico de Israel, Technion, decidió abandonar el proyecto por, dijeron, "protección de la institución" y de su "imagen". No aludieron a la vinculación con Israel. Ni a que haber firmado ese trabajo vulneraba el compromiso alcanzado hace exactamente un año por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Aquel mayo dijeron que se revisarían todos los acuerdos con actores israelíes que no se comprometieran con la paz. Pero no sólo La Rioja firmó proyectos después de aquello: hay otros 43, de los cuales 19 cuentan, además, con financiación de la Unión Europea. Y entidades israelíes están recibiendo más de siete millones de euros por ellos.

Fue el 9 de mayo de 2024, y después de que las acampadas por Palestina se hubieran extendido por los campus de medio país, cuando la CRUE movió ficha. Ese jueves, y a través de una nota de prensa, la institución quiso dejar constancia de "su hondo pesar por los gravísimos acontecimientos que en estos momentos se están produciendo en la Franja de Gaza" y reafirmaba su compromiso "con la paz, la convivencia, la justicia y con la defensa del derecho internacional humanitario". Por eso dijeron que suspenderían todas sus colaboraciones con centros israelíes que no estén "comprometidos con la paz" y que intensificarían "la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino".

Cada centro reaccionó entonces como consideró. Algunos claustros y consejos de gobierno como los de la Universidad de Granada, de Jaén, de Barcelona, de València o la Complutense emitieron comunicados alineados con la CRUE. Once formaron además mesas de seguimiento para evaluar la implantación de medidas (Granada, Barcelona, Málaga, Pompeu Fabra, A Coruña, Illes Balears, Jaén, Cádiz, Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid y Politècnica de Catalunya). Otras suspendieron colaboraciones en marcha. Otras tantas, se negaron a firmar nuevas. Pero lo más extendido, según los datos que ha recopilado la Red Universitaria por Palestina en un informe, ha sido el inmovilismo práctico —aunque haya habido previamente un posicionamiento verbal—. En concreto, algunas mantuvieron su colaboración comercial con empresas del país; otras, los proyectos de investigación como, hasta este jueves, hizo la Universidad de La Rioja.

Guillermo Muñoz es físico investigador de la Universitat de València y forma parte de esa Red. Cuando se le pregunta, no se anda con rodeos. "Es increíble que durante 2024 —y da igual el mes, si fue antes o después de ese posicionamiento de la CRUE— a alguien le haya parecido bien organizar un consorcio de investigación con una institución de Israel cuando se estaban ejecutando crímenes contra la humanidad. Y ya no sólo eso, sino que además lo haya firmado una institución universitaria", denuncia, en declaraciones a infoLibre.

Por otro lado, además, el 19 de julio de 2024 la Corte Internacional de Justicia emitió un dictamen en el que se recogían obligaciones "para todos los Estados" como "no prestar ayuda" a la ocupación israelí, no "entablar relaciones económicas o comerciales" con el país en relación con Palestina o "tomar medidas" para impedir las relaciones "que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel". En septiembre, la Asamblea General de la ONU ratificó esa opinión que, entienden los profesores integrantes de la Red, obliga también a las universidades como "Administraciones del Estado".

Sin embargo, y a partir de entonces, han sido 43 los proyectos firmados entre universidades y entidades israelíes dentro del programa Horizon Europe. De ellos, 19 son consorcios de investigación en los que las entidades participantes reciben fondos por parte de la Unión Europea. Xavier Bohigas, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, explica que cada uno de los proyectos enmarcados en ese programa tiene que tener la participación de, al menos, tres países, y que Israel puede formar parte de los mismos porque tiene "un acuerdo preferencial de comercio". "Es decir, es como si fuera un Estado miembro más", señala. Así figura en muchos de ellos.

En concreto, y según el informe de la Red Universitaria, hay 18 universidades españolas, además de varios centros de investigaciones o institutos académicos, implicados en este tipo de consorcios. Los más antiguos se firmaron el propio 1 de septiembre y el más reciente está fechado el 1 de abril de este mismo año. A través de él, la Universidad de Navarra recibirá 352.775 euros para investigar la terapia celular y génica con, entre otras entidades, la universidad israelí Bar Ilan. Según la información oficial, el acuerdo se extenderá hasta el 31 de marzo de 2030.

Hay muchas otras universidades españolas. Están, por ejemplo, y siempre según la información recopilada por la Red, la Politécnica de València, la de Sevilla, la de Oviedo, la de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la de València, la de Barcelona, la de Murcia, la de Santiago de Compostela, la Rovira i Virgili de Tarragona, etc. Entre las israelíes, algunas como la Hebrea de Jerusalén, la de Tel-Aviv, el Weizmann Institute of Science o la Universidad Ben-Gurion. "Centros como el de Tel Aviv o el de Jerusalén han dicho públicamente que tienen un compromiso con la paz, pero es que hasta el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha hecho esas afirmaciones. Lo cierto es que todas las universidades y centros académicos israelíes están al servicio del Estado y sus acciones militares. Estas dos instituciones, en concreto, tienen hasta convenios con el ejército", denuncia Ángeles Díez, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la UCM.

Hay, en cualquier caso, algunos ejemplos más graves. Fue el propio Bohigas —junto a su compañera del Centre Delàs Teresa de Fortuny— quien escribió un artículo hace poco más de un año denunciando que universidades como la de Burgos o la Politécnica de Madrid participaban en proyectos con la empresa estatal Israel Aerospace Industries, fabricante de armas. Lo hacían también en el marco de Horizon Europe y dos de esos tres acuerdos continúan hoy vigentes, según se puede comprobar en la información oficial.

En concreto, la Universidad de Burgos continúa apareciendo en el proyecto FreeMe (proceso de metalización libre de tóxicos para superficies plásticas), que se extenderá hasta mayo de 2026. Sin embargo, en un comunicado emitido ahora hace un año y remitido como respuesta a preguntas de infoLibre, el centro negó tener "convenios con ninguna universidad ni con ningún centro de investigación israelíes", aunque también especificó que "la Universidad de Burgos, a través de su instituto ICCRAM, participa en dos proyectos de investigación de la Unión Europea mediante su programa Horizon Europa, en los que figura la empresa Israel Aerospace Industries".

La Politécnica, por su parte, y según la información recogida por los dos expertos del Centre Delàs, participaba en GAM-2020-AIR y HERA, aunque el primer proyecto finalizó en abril del año pasado y el segundo, en cambio, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026. Preguntada por esta cuestión, la institución no ha respondido.

También con Israel Aerospace Industries, aunque financiado esta vez por el Fondo Europeo de Defensa, la Universidad de Oviedo participa en el proyecto TICHE (identificación de amenazas mediante vehículos colaborativos para salvar vidas humanas contra explosivos), una actividad, defiende en este caso el informe de la Red Universitaria por Palestina, "de contenido declaradamente militar". El proyecto finalizará en noviembre de este año y la UE contribuirá a él con casi cinco millones de euros. Por su parte, la Universidad de Alcalá está presente en un consorcio similar y financiado por los mismos presupuestos. También con esta compañía.

En este contexto, el pasado mes de febrero el colectivo UniOvi, que agrupa a estudiantes, profesorado, personal investigador, técnico y administrativo de la Universidad de Oviedo, interpuso un recurso contencioso-administrativo por, precisamente, su colaboración con esa entidad de armamento israelí en el marco del proyecto TICHE. Con él, la agrupación pretende que se anulen los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad, que decidió no hacer caso de las protestas y continuar adelante con el proyecto.

El pasado mes de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Granada desestimó el recurso presentado por el lobby sionista Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que llevó ante los tribunales a la Universidad de Granada por suspender su colaboración académica y científica con instituciones israelíes. Según estimó el juez, hacerlo no sólo no es discriminatorio, sino que se trata de una medida "proporcionada" y "legítima". Y que se enmarca, además, dentro de la autonomía de la institución. 

Noah Higón (Cheste, 1998), es jurista, politóloga, escritora y, sobre todo, activista. Descuelga el teléfono puntual, aunque confiesa que horas antes pensó que no iba a ser capaz. Las siete enfermedades raras que padece le impiden tener una vida como la de cualquiera y también, claro, tener certidumbre sobre cada uno de sus días. Cuando agenda algo, o tiene que acudir a algún acto, tiene la duda hasta el final de si podrá asistir. "Respiro cuando lo tacho de la agenda y puedo decir: lo he hecho", dice.

Este 11 de junio ya lo tiene marcado en el calendario. Acudirá al Ateneo de Madrid para recibir, de manos de infoLibre, el premio joven al compromiso social. Lo hace por el trabajo que lleva años haciendo para informar, visibilizar y sensibilizar sobre las enfermedades raras que sufren tres millones de personas en nuestro país. Su lucha, insiste siempre que puede, pasa por conseguir que se investigue. Y para ello, que se financie la ciencia. Sin ella, dice, "no hay futuro".

Recibes por parte de infoLibre el premio joven al compromiso social. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cómo definirías tu lucha?

Tengo 26 años y empecé con 14 a difundir las enfermedades raras, a difundir aquello que me ocurría. Y ya no sólo a mí, sino a tantos millones de personas en nuestro país. Aquella niña que se encontró en un mundo en el que nadie hablaba de enfermedades raras, en el que contarlo condenaba prácticamente la ostracismo porque era un tabú, vio que la única forma de que el mundo se enterase de lo que era convivir, sobrevivir y vivir con estas patologías era hacer activismo. Estos años he dado unas vueltas de campana increíbles. Si le llegan a decir a aquella niña todo lo que iba a venir no se lo hubiera creído. Se hubiese tenido que frotar los ojos. Tengo un agradecimiento muy grande de que la labor se reconozca.

Padeces en total siete enfermedades raras. La última, diagnosticada en 2019 después de una década de, has dicho textualmente, “hospital en hospital”. ¿Cómo te enfrentaste desde tan joven a tantas visitas al médico y a tantos diagnósticos?

Es una vida totalmente distinta a la de las personas de tu edad. Yo me he criado en hospitales. De hecho, es que no tengo prácticamente conciencia de lo que es no tener una vida ligada a esto, sobre todo a la incertidumbre, a no saber muy bien qué te pasa, al periplo de querer encontrar un diagnóstico, a la incomprensión de la sociedad y del desconocimiento de muchos médicos. Todo eso ha forjado la mujer que soy, con mucha lucha y mucho empeño en seguir hacia delante y dar voz a todos aquellos que no la tienen porque la enfermedad se la ha quitado.

¿Cómo impactan en tu día a día las siete enfermedades que padeces?

Es muy cíclico. Hay temporadas que son más buenas y otras que son más malas. Yo suelo dormir una media de dos o tres horas al día, porque el resto me lo paso vomitando. Es una especie de montaña rusa, de no saber muy bien qué va a ser de ti a lo largo del día. Vivo con una mochila preparada por si tengo que salir pitando al hospital, porque mi vida está ligada a ellos. Todas las semanas tengo que acudir a ponerme mis goteros, llevo 17 operaciones y he firmado ya la número 18. He asumido que el cansancio va intrínseco a mi persona. Hay mucha sintomatología, es muy diversa, así que cada día es distinto al anterior. 

Y cada enfermedad tiene una sintomatología diferente en cada paciente, ¿no?

Son enfermedades muy variopintas y eso dificulta el diagnóstico porque no hay dos personas iguales. Sí que es cierto que yo me conozco muy bien, sé cómo funciona mi cuerpo y distingo muy bien en cada momento lo que me pasa, así que sé actuar en consecuencia. Es más, me dan más miedo las enfermedades comunes que las mías, porque no sé manejarlas. Hay días que me levanto y no puedo hablar porque la lengua se me paraliza, pero llamo al 112 y me voy al hospital.

A través de tu activismo has denunciado en numerosas ocasiones la poca inversión en ciencia que tenemos en España. ¿Por qué crees que no se invierte lo suficiente? 

Básicamente porque los pacientes que las padecemos somos pocos para investigar. Es mucho más sencillo tratar a una persona enferma que te haga un gasto diario que buscar una cura, aunque entiendo que es difícil porque hay siete millones de enfermedades raras. Además, va ligado a la precariedad que sufren los investigadores en nuestro país, que se tienen que ir fuera. El porcentaje del PIB que tenemos destinado a ciencia en España es ínfimo en comparación con otros países europeos. También el hecho de tener 17 sanidades distintas dificulta todo. Es un engranaje que requiere que las instituciones se pongan las pilas para tener una mejor calidad de vida. Ya no digo una cura, que aunque suene triste es algo utópico, pero que se nos permita no ir deambulando de hospital en hospital. 

¿Sientes por ello que las personas que padecéis enfermedades raras en España sois una especie de “ciudadanos de segunda”? ¿Crees que sois tres millones de olvidados?

Es triste decirlo, pero sí. Además, parece que las cifras se dicen muy a la ligera, olvidando que detrás de esos tres millones de personas hay gente como yo, con nombres y apellidos, con familia y con amigos. Por eso insisto tanto en la inversión, porque quienes sufrimos esto no somos sólo quienes sufrimos este tipo de patologías, también repercute en la sociedad. Debería de ser una lucha de todos. 

Precisamente sobre esto que comentas, has escrito dos libros y has utilizado los medios y las redes como altavoz para sensibilizar sobre este asunto. ¿Crees que no lo estamos? ¿Qué nos falta?

Creo que cada vez hay más sensibilidad, pero también es verdad que luego ves cosas que ocurren y te echas las manos a la cabeza. Ayer o antes de ayer salió por ejemplo la noticia de un chico al que le hicieron quitarse los audífonos en la PAU. Cuando lo ves te preguntas: ¿Pero cómo puede seguir pasando? Es que el capacitismo va intrínseco en nuestra sociedad. Creo que la solución es actuar sobre las bases, educar en valores a los niños, explicarles que todos somos raros y únicos. Y que, ojalá, algún día no tengamos que hablar de inclusión. Cuando incluyes es porque has excluido antes.

¿Y tú has sufrido esas exclusiones?

Sí, por desgracia bastantes veces. Por ejemplo, he salido al baño en un examen, no me han vuelto a dejar entrar y me han suspendido la asignatura. Son cosas que siguen pasando, así que lo único que queda es seguir peleando y conquistando derechos.

Más allá del terreno más científico, ¿crees que hay apoyo suficiente para apoyar la salud mental de todas las personas que sufren enfermedades como las tuyas? ¿Cómo impacta emocionalmente tener un diagnóstico tras otro?

Hay muy pocos psicólogos en la sanidad pública. Yo nunca he recibido atención psicológica por parte de un hospital. Es triste que no haya ningún acompañamiento, y ya no sólo para el paciente, sino también para la persona que cuida, que en muchas ocasiones lo necesita incluso más. En mi caso no me queda otra que sobrellevarlo con mi madre y mi padre, que son los que han estado siempre conmigo, pero es una tarea muy ardua. Tengo que recomponerme a mí misma y tirar hacia delante teniendo prácticamente todo en contra.

Has explicado que fue tu madre la que se plantó en el hospital antes de que te detectaran la primera enfermedad rara. La que ha estado ahí también, junto a tu padre, en todo el periplo que has pasado hasta hoy. ¿Cómo es el impacto de las enfermedades raras en las familias de quienes las sufren? Y sobre todo, ¿qué necesitan?

Es un huracán. Cuando te hablan de estos diagnósticos lo normal es que no tengas ni pajolera idea de lo que te están contando ni de lo que va a suponer. El 90% de los cuidados recaen en la mujer y en mi caso ha sido mi madre la que ha cuidado siempre de mí. Mi padre, mientras tanto, tenía que trabajar, porque siempre hemos tenido el vicio de comer todos los días. El problema es que se borra muchas veces la identidad de estas personas. Mi madre no es Susana Bellver, es "la mamá de Noah". Es triste que las familias se vean obligadas sin quererlo a vivir una vida de hospitales. Además, cuando tienes un hijo enfermo, la gente suele desaparecer, bien porque no entienden o porque no quieren entender. Falta conciliación, que un padre o una madre no se tenga que ver obligado a dejar de trabajar por esto. 

¿En qué momento decides empezar con tu activismo? 

Siempre he estado enferma, pero con 12 años empecé a ponerle nombre a lo que me pasaba. En ese momento me quedé prácticamente sola, de hecho sólo conservo dos amigos de la infancia. Me pregunté: ¿Qué pasa? ¿Por qué es más fácil irse cuando no conocemos algo? Vi las redes sociales como una ventana para contarle al mundo lo que me pasaba, pero entonces no sabía que esto iba a llegar tan lejos. Ahora vemos gente que visibiliza la discapacidad con naturalidad, pero hace 12 años esto era impensable. Yo compartía mi vida como lo hace cualquier persona. Si estaba en el hospital, compartía una foto mía con los goteros; si estaba de viaje, pues de viaje. He querido mostrar esa dualidad de que se puede coexistir en ambos mundos. Lo que no sé muy bien es cómo he llegado hasta aquí, siempre digo que mi vida es un cúmulo de casualidades y causalidades. Llámalo suerte, pero también mucho trabajo y tocar muchas puertas.

En una entrevista comentaste que se ha romantizado a través de algunos vídeos el momento en el que algunos pacientes consiguen escuchar o ver por primera vez. Dices que para ti es importante mostrar las situaciones tal y como son. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo compatibilizas enseñar la realidad sin tampoco caer en el pesimismo?

No hablo desde una parte victimista porque no me considero una víctima por estar enferma. Me considero Noah y punto. Soy una persona de 26 años a la que le ocurren ciertas situaciones. Intento siempre hablar desde la verdad, pero igual que lo puede hacer otra persona. No vivo en Mr. Wonderful, no es todo color de rosa, pero intento verlo desde la cara optimista de la vida, porque si no te hundes y eso es malo para ti mismo y para tu alrededor. La vida no es una felicidad constante, la vida son pequeñas putadas con ápices de felicidad. Independientemente de que tengamos enfermedades o no, todos tenemos problemas y nos venimos abajo. Eso es la vida. 

¿Qué le dirías a tu 'yo' de 12 años que recibió ese primer diagnóstico?

Le diría que no va a ser fácil, que todos los días se va a levantar y le van a poner una mochilita a la que van a ir añadiendo piedras pero que, aun así, merece la pena levantarse para ver el sol. Ha habido muchos días en los que no queríamos hacerlo, ha habido muchos días en los que hemos pensado que no lo volveríamos a ver, pero pese a todo la vida es muy bonita y merece la pena vivirla.

Las familias de las víctimas fueron claras desde el primer momento: "Hay que apuntar a cargos más altos". Lo dijeron cuando conocieron la primera imputación de ex altos cargos del Gobierno que Isabel Díaz Ayuso tuvo durante lo peor de la pandemia y lo repitieron cuando conocieron la segunda. Para las organizaciones que llevan cinco años peleando en los tribunales que se juzgue la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid no es suficiente con que lo sucedido recaiga únicamente en el autor y el firmante de los Protocolos de la Vergüenza. Ni en el presunto responsable del plan de choque que incluyó una medicalización que no se produjo. Ni en el responsable del Summa 112 o en los geriatras de enlace. Si en aquellos meses de marzo y abril de 2020 realmente se cometió un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios la orden tuvo que llegar desde instancias superiores, entienden. Por ahora, no han sido pocos los que han apuntado en este sentido a un nombre propio: el de Enrique Ruiz Escudero.

Este martes lo hizo el exasesor de Ayuso Antonio Burgueño. Pasaban pocos minutos de las 11.30 de la mañana cuando apareció, abriéndose paso entre una nube de periodistas, para acudir a declarar como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Fue su jueza titular, María Pilar Esteban Pellicer, la que le había citado en el marco de una querella presentada por dos mujeres que habían perdido a dos familiares durante lo peor del covid en la residencia Los Frailes. Las dos lo hicieron en las mismas condiciones: con una asistencia sanitaria que o bien llegó tarde o, directamente, no llegó. Ni dentro ni fuera del geriátrico. "Tendríamos que haber revisado científicamente la epidemia", dijo Burgueño a preguntas de los medios.

Una vez en la sala, y frente a la jueza, su declaración no duró mucho más tiempo. La Fiscalía interrumpió su relato porque el papel que según estaba narrando había jugado en las primeras semanas de marzo apuntaban a que el exasesor debía declarar en la causa como imputado, no como testigo. La decisión por ahora no se ha tomado, pero en caso de producirse sería la segunda vez que es llamado como investigado, puesto que ya le ocurrió la semana pasada, en el marco de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid ante el Juzgado de Instrucción número 3. Concretamente, esa causa parte de una petición de repertura de la Fiscalía Provincial de Madrid, que recibió parte —53— de los casos en los que se dividió la macrodenuncia que 109 familiares presentaron ante el Ministerio Público el pasado mes de octubre.

Según lo poco que le dio tiempo a narrar a Burgueño, fue la propia presidenta madrileña la que le llamó por teléfono el 10 de marzo para convocarle a una reunión que tuvo lugar sólo 24 horas más tarde. A la cita de aquel día 11 acudieron, además de ellos dos, el entonces consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, el de Sanidad, Escudero, y la mano derecha de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha detallado el abogado de las familias presente en la declaración, Carlos Castillo, Burgueño especificó que en aquel encuentro propuso la creación de un mando único sanitario liderado por Ayuso pero del que él era responsable nominal, nunca de manera oficial o formal. Fue ahí cuando se cortó su declaración.

En cualquier caso, no era esta la primera vez que el exasesor hablaba de aquella reunión. En la breve comisión de investigación que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid, aseguró que aquel día trasladó a los presentes que había que hacer "un plan" y que presentó un documento con "270 puntos" de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Utilizó entonces la palabra "medicalización", pero no fue la primera vez que lo hacía. Tampoco llegó a producirse nunca. "No se llevó a cabo", dijo, en una entrevista en El País. En cualquier caso, Escudero estuvo presente. Y tuvo conocimiento de todo lo que se habló entonces.

La macrodenuncia que apuntó por primera vez a la vía del delito de denegación de asistencia santiaria por motivos discriminatorios explicaba claramente que ese supuesto abandono se había producido por la confluencia de varias decisiones que habían derivado en 7291 fallecimientos sólo entre los meses de marzo y abril de 2020. Por un lado, la no medicalización de las residencias; pero por otro, también, la existencia de unos protocolos que incluían literalmente criterios de exclusión y que impedían que los mayores que vivían en residencias y tuviesen un deterioro físico o cognitivo fueran trasladados a los hospitales, tuvieran o no covid.

Para explicar cómo se aprobaron y su funcionamiento, junto a Burgueño acudió también este martes a declarar a Leganés el que entonces fuera consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Fue recibido y despedido con los aplausos de los familiares que le esperaban a las puertas del juzgado, y en declaraciones a los medios detalló que había explicado lo mismo de siempre: que los Protocolos de la Vergüenza eran discriminatorios y que así lo trasladó a sus compañeros de Gobierno. En concreto, el exconsejero ha confirmado que los documentos fueron firmados por el director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y que establecieron un sistema de geriatras de enlace, que hasta ese momento no había existido.

Y al igual que Burgueño, apuntó a Escudero. En concreto, Reyero ha señalado que el 21 de marzo se dirigió a él —los protocolos se firmaron los días 18, 20, 24 y 25 de marzo— y al propio Mur para decirles que si esas órdenes se aplicaban los mayores que vivían en las residencias morirían "de forma indigna".

Además, y según consta en la macrodenuncia, de más de 160 páginas, la Consejería de Sanidad en manos de Escudero conocía de primera mano el estado de las residencias prácticamente a tiempo real. La de Políticas Sociales, que dirigió Reyero hasta octubre de 2020, elaboraba dos excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Día a día recopilaba información detallada que recibían, entre otros, en Sanidad. Y entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro.  

En esta misma causa acudirán el próximo 17 de junio, pero en calidad de imputados, los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y respectivos firmante y autor de los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; el director del Summa 112 en el momento en el que sucedieron los hechos, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Los dos primeros, además, ya acudieron como investigados en la primera causa abierta por el mismo delito en Madrid, pero consiguieron aplazar su declaración porque sus abogados argumentaron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente con suficiente antelación y que, por tanto, no habían podido preparar su defensa.

Habrá que esperar a ver si la estrategia del próximo día 17 pasa por lo mismo, pero en cualquier caso no será en ningún caso esa la primera vez que Mur se explique ante un juez. Las otras vecez que lo ha hecho, siempre como testigo, ha sido claro: firmó los protocolos, pero le trasladó siempre a Escudero su oposición a los mismos.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2023, en el marco de la investigación de cuatro delitos —homicidio imprudente, denegación de auxilio y prevaricación omisiva— presuntamente cometidos tras el fallecimiento de tres residentes del centro DomusVi Albufera. Entonces, Mur fue claro. Según aseguró ante el juez, él no estaba de acuerdo con el criterio que recomendaba no trasladar al hospital a las personas dependientes, pero que firmó el documento "para proteger a los profesionales de la Sanidad", dándoles así una guía homogénea para aplicar. A preguntas entonces del abogado de Marea de Residencias —la asociación detrás de la causa— admitió que todo lo relacionado con el Protocolo lo comentó con "su superior", el consejero de Sanidad, y que Ruiz Escudero dio su aprobación a los documentos. Además, explicó que el Protocolo se envió a los hospitales desde la Consejería de Sanidad.

Dos años antes, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, aseguró que el Gobierno de Ayuso tampoco permitió que los ancianos que no podían ser derivados fuesen atendidos ni en el hospital de campaña montado en Ifema ni en los hoteles medicalizados. Textualmente, señaló, "se dijo que se trasladasen a Ifema personas sin problemas para actividades básicas de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Y lo mismo para los hoteles medicalizados".

Mur fue apartado de su cargo en mayo de 2020 y le sustituyó Peromingo, hasta ese momento geriatra de hospitales de Quirón, una de las principales concesionarias de la sanidad madrileña. Actualmente, además, es jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, un hospital, también, de Quirón.

En cualquier caso, en el supuesto de que alguna causa elevara la responsabilidad de la posible discriminación sanitaria en las residencias de mayores, a Escudero sólo lo podría investigar el Tribunal Supremo, puesto que está aforado como senador por designación autonómica.

Antonio Burgueño ha cruzado la puerta de los juzgados de Instrucción de Leganés como testigo, pero ha salido poco después con un pie como imputado. La jueza de la localidad madrileña que investiga la segunda causa por un posible delito de discriminación sanitaria en las residencias de la región durante lo peor de la pandemia ha decidido paralizar la declaración del que fuera asesor de Isabel Díaz Ayuso ante la petición de la Fiscalía, que ha entendido que de su declaración podría desprenderse una posible imputación. Burgueño, por otro lado, ya fue imputado en la primera causa abierta, en aquella ocasión por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, aunque su declaración fue aplazada. por petición de su defensa.

Lo ha explicado así a la salida de los juzgados el letrado Carlos Castillo, abogado de las dos querellantes que este martes también estaban citadas como testigos y que han detallado ante la jueza cómo ocurrió el fallecimiento de dos familiares usuarios del centro Los Frailes.

En concreto, y según ha explicado Castillo, Burgueño ha explicado que fue llamado por la propia presidenta madrileña el 10 de marzo con el objetivo de citarle a una reunión al día siguiente. Al encuentro de aquel 11 de marzo acudieron, además de él mismo y de la propia lider del Ejecutivo, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty; y la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Según ha explicado ante la jueza Burgueño, él propuso la creación de un mando único que, a su entender, estaría pilotado por la propia Ayuso, aunque él jugaría un papel técnico por su experiencia sanitaria —fue director general de hospitales durante la época de Esperanza Aguirre. En ese preciso momento ha sido cuando la Fiscalía ha pedido paralizar la declaración para, si cabe, citarle de nuevo como investigado, algo a lo que la defensa de las familias no se ha opuesto.

No ha dado tiempo, por tanto, a realizarle preguntas sobre aquel supuesto plan de medicalización para los geriátricos, ni tampoco sobre la conocida como Operación Bicho que le fue encargada a su hija, Encarnación Burgueño, y que consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros.

Junto a Burgueño, también ha declarado el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca, que ha confirmado —según ha explicado Castillo, puesto que él no ha ofrecido declaraciones—, que sus centros privados no recibieron a ninguna persona mayor derivada de las residencias. Excepto, ha matizado, dos o tres personas, aunque no ha concretado si estas tenían o no seguro privado y en qué fechas se produjo. En cualquier caso, sí ha asegurado que recibieron pacientes con discapacidad o deterioro cognitivo, precisamente los criterios de exclusión que los Protocolos de la Vergüenza marcaron como barrera para el traslado a hospitales desde los geriátricos. Todos estos pudieron hacerlo porque disponían de una póliza sanitaria privada.

Poco después de salir de los juzgado, el grupo sanitario privado envió un comunicado en el que aclararon que HM hospitales atendió tanto a pacientes con seguro como sin él y que estos últimos supusieron un 25% del total y procedían, siempre, de la sanidad pública. "HM Hospitales carecía de capacidad de decisión sobre la derivación y su labor se centraba exclusivamente en proporcionar recursos y capacidades a los profesionales sanitarios para atender a aquellas personas enfermas que acudían a nuestros hospitales, independientemente de que fueran remitidos desde el sistema público o no", han aclarado en el comunicado. La "toma de decisiones", han añadido, era únicamente asistencial "y comenzaba en el momento en el que los pacientes acudían a nuestras urgencias por el medio que fuera".

El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha insistido por su parte en que los protocolos tuvieron "un carácter discriminatorio" en función del lugar de residencia, del nivel de capacidad y de dependencia. En declaraciones a los medios a su salida del juzgado, Reyero ha subrayado que corresponde a la justicia determinar si hubo delito con las instrucciones para no derivar a pacientes a hospitales de la región, si bien ha remarcado que tienen un "componente discriminatorio claro".

El exconsejero ha sido recibido y despedido con los aplausos de los familiares, que le han catalogado como "lo mejor" de aquel Gobierno madrileño que operó durante lo peor de la crisis sanitaria.

Por su parte, Carmen López y Ana Cristina Gómez, las dos mujeres querellantes que han impulsado esta causa —con una querella particular interpuesta poco después de la macrodenuncia por un supuesto delito de denegación sanitaria discriminatoria—, han lamentado tener que haber rememorado ante la jueza lo sucedido. "Salgo un poco afectada, pero creo que he dicho lo que tenía que decir", ha señalado López, que a su llegada a los juzgados poco antes de las 9 horas de la mañana ya confesó sentirse "muy nerviosa". A su lado, Gómez mostraba entereza. "Estoy esperanzada. Tengo dudas, claro, pero ojalá esto sirva para depurar responsabilidades", decía.

Junto a esta causa, hace poco más de una semana otro juzgado de Madrid —en concreto, el de Instrucción número 6— imputó al propio Burgueño y a los dos exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmantes y autor de los protocolos de exclusión, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. En aquella ocasión, los tres acudieron para declarar como investigados el día 26 de mayo, pero la declaración quedó aplazada sin, por ahora, nueva fecha.

Los Protocolos de la Vergüenza impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores que vivían en residencias y tenían un deterioro físico o cognitivo, independientemente de que tuvieran o no covid. Sin embargo, la presunta denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios que investigan ahora dos juzgados de la Comunidad de Madrid no apunta sólo a esas órdenes. La macrodenuncia de la que parten ambas causas —una por denuncia de la Fiscalía y otra de particulares— apunta a que el abandono no sólo se produjo por la ausencia de traslado, sino porque tampoco les dieron alternativas para ser tratados si lo necesitaban durante aquellos meses de marzo y abril de 2020. No se les envió al hospital "milagro" de Ifema, ni a hospitales privados, ni se medicalizaron los centros de mayores. Y eso a pesar de que había un plan de choque que así lo indicaba, elaborado por Antonio Burgueño, que fue asesor sanitario para la Comunidad de Madrid durante aquellos meses y que este martes se sentará ante una jueza por primera vez para aclarar por qué no se puso en marcha.

No lo hará solo. A partir de las 10 horas de la mañana están citados como testigos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés otros dos nombres clave en lo que ocurrió en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria: Alberto Reyero, que entonces era consejero de Políticas Sociales, y Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la región. Junto a ellos acudirán las dos familiares querellantes, que se sentarán ante la jueza María Pilar Esteban Pellicer a partir de las 9 horas.

La citación se conoció el pasado viernes, 30 de mayo, exactamente una semana después de que la justicia decidiera, por primera vez, imputar a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el mismo delito: el de la denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. Todo partía entonces, y ahora también, de una macrodenuncia que habían interpuesto 109 familiares de 115 residentes —111 de los cuales fallecieron entre los meses de marzo y abril de 2020— contra 29 personas, entre las que se encontraban, además de Burgueño, los dos ex directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño que redactaron, firmaron y enviaron los Protocolos de la Vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo; y Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos.

Mur y Peromingo han sido imputados en las dos causas abiertas hasta ahora por este delito, mientras que en la segunda lo han sido también Busca y un geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés. En la primera lo fue además, por su parte, Burgueño, que estaba previsto que declarase como investigado el pasado 26 de mayo, pero la jueza Isabel Durántez decidió suspender y aplazar la sesión porque, según argumentó su defensa —igual que la de Mur y Peromingo—, no había recibido la totalidad del expediente y no había podido, por tanto, preparar su estrategia. La derecha y su aparato mediático, no obstante, no tardaron en poner en duda la profesionalidad de la titular del Juzgado número 3 de Madrid, a la que criticaron por formar parte de la "de la asociación izquierdista de Juezas y Jueces para la Democracia".

Burgueño, al acudir este martes como testigo, está obligado ahora a decir la verdad y no tiene por qué hacerlo junto a un abogado, explica el letrado de las familias Carlos Castillo. Además, la posibilidad de que se aplace la declaración o de que no se produzca es mínima, puesto que los testigos no tienen que tener conocimiento de la totalidad de la causa. "Tendrá que explicar cuál fue su función desde que le llamaron para asesorar al Gobierno y le preguntaremos si existe algún documento o prueba de aquel plan de choque, así como los motivos por los cuales no lo llevó a cabo", añade Castillo. "Esperamos que diga la verdad y cuáles fueron las medidas que nunca llegaron a llevarse a cabo", señala Carmen López, de Marea de Residencias.

Burgueño tiene un largo historial en la sanidad madrileña. Fue director general de Hospitales cuando la conservadora Esperanza Aguirre estaba al frente de la Comunidad. Impulsó el llamado modelo Alzira o PPP (partenariado público-privado), un sistema por el que la Administración que oferta las concesiones cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión de un hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio, la Administración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias. En otras palabras: fue el ideólogo de una de las fórmulas por las que se ha privatizado la sanidad madrileña.

Según contó él mismo, primero en una entrevista en El País y luego en una comparecencia en la breve comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre lo ocurrido en las residencias, el 10 de marzo de 2020 recibió la llamada de la presidenta Ayuso para asistir a una reunión en la que debía dar su "opinión" sobre la "situación" que el SARS-CoV-2 había generado hasta entonces. En aquel encuentro estuvieron presentes, dijo en la Cámara autonómica, el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. "Dije que había que hacer un plan y me comprometí a llevar al día siguiente un papel", explicó ante las preguntas de la diputada de Unidas Podemos Paloma García.

En el documento, según aseguró también, se incluyeron "270 puntos", de los cuales "unos diez o quince se referían a la actuación de las residencias". Y no usó en aquella ocasión por primera vez la palabra "medicalización". Empleó el término mucho antes, cuando como director general de Hospitales intuyó "que el sistema de residencias en España adolecía de cobertura sanitaria de primaria", afirmó en la comisión. Por eso "una de las medidas era cómo y de qué manera podría tratarse que los médicos de primaria pudieran atender" dentro de los geriátricos. Algo que, confesó, no se hizo en ningún sitio.

"La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. [...] No ha pasado solo en la Comunidad de Madrid, sino en las 17 comunidades autónomas. Mi plan era medicalizarlas con los tres mil y pico médicos de atención primaria en la Comunidad, pero ellos no fueron (a las residencias). La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados", dijo en El País. Según los datos que contiene la macrodenuncia presentada por el centenar de familiares en el mes de octubre —y que proceden del Portal de Transparencia—, el Gobierno regional no envió a ningún sanitario en el mes de marzo a las residencias, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.

Según desveló El País, el 26 de marzo el propio Mur encargó la medicalización de los geriátricos a la hija de Burgueño, Encarnación Burgueño, que no tenía ningún cargo público y que cuenta con la titulación de auxiliar de enfermería y varios "cursos", según su propio testimonio. Un plan denominado Operación Bicho y que consistió en subcontratar a una empresa de ambulancias privadas, Transamed, para que visitase los centros. El dueño de la compañía, cuando compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, admitió la absoluta carencia de medios con la que había trabajado y confesó que en los doce días que duró aquella operación le dejaron trasladar al hospital a una persona de las cien residencias que visitó.

Para Reyero será esta la cuarta declaración como testigo ante un juez. Las tres primeras ocasiones fueron en 2023: en marzo, en junio y en noviembre. La postura ha sido siempre la misma: el Protocolo de la Vergüenza nunca fue un borrador, como ha defendido siempre —y sigue haciéndolo— la Comunidad de Madrid. Al revés, existió y tuvo consecuencias. Y lo mismo dirá este martes, según señala en conversación con infoLibre.

"La discriminación existió y eso lo he defendido siempre. Otra cosa es que los jueces lo consideren delito, porque la calificación jurídica les corresponde a ellos", explica, desde el otro lado del teléfono. "Como consejero entendí lo mismo que entiendo ahora: que unos protocolos que proceden de la Consejería de Sanidad y que se elaboran en plena pandemia tienen que seguirse. Escudarse en que eran recomendaciones no tiene sentido", insiste.

Es lo que sin embargo ha tratado de defender el equipo de Ayuso durante estos cinco años. La última vez que lo hizo la propia presidenta fue el pasado 24 de marzo, durante un desayuno informativo con Europa Press en el que criticó que se hable "a toro pasado" de lo ocurrido en las residencias que, por otro lado, fue "anecdótico". "Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica, me parece horrible", señaló en concreto.

Más allá de los protocolos, Reyero también narró ante el juez que no se utilizaron otras alternativas para atender a las personas mayores que vivían en residencias. Mientras que en Ifema murieron 16 personas, en las residencias fallecieron más de 5.000", dijo en el mes de marzo. Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano procedente de geriátricos.

Tampoco fueron tratados en hospitales privados. A no ser, eso sí, que dispusieran de un seguro privado. Para ello acudirá este martes también como testigo Juan Abarca, que en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid confirmó que a los centros privados no les llegó ningún protocolo que impidiera las derivaciones. "No hicimos discriminación por edad ni por ningún tipo de motivos", señaló en la Cámara autonómica.

El 12 de marzo, el Ejecutivo de Ayuso ordenó la creación de un mando único bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad —en manos entonces de Enrique Ruiz Escudero—, que aglutinaba a los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados.

Los hábitos de los españoles y españolas han cambiado. Pero no en todos los casos igual ni en el mismo sentido. Fumamos menos, somos menos sedentarios y cada vez tachamos menos nuestra salud de mala o muy mala. Sin embargo, bebemos más y nuestra salud mental está cada vez más deteriorada. Algo que, además, puede ir ligado. Y que ha ocurrido desde la pandemia, precisamente el periodo en el que más ansiedad y depresión sentimos y más consumo de bebidas alcohólicas se produjo, según los datos de la consultora Kantar. Y no sólo eso: tenemos, además, más enfermedades crónicas. Sobre todo las mujeres, aunque se cuiden mejor. Es decir, parece que hemos tratado de mejorar algunos de nuestros hábitos, pero eso, al menos por ahora, no ha dado demasiados resultados.

Son los datos que se extraen de la Encuesta de Salud de España (ESdE) presentada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana con cifras correspondientes al año 2023. Empecemos por la primera. Según indica el organismo, en 2020 había un 19,78% de personas que fumaban a diario, un porcentaje que hoy ha caído hasta el 16,64%. Y, sobre todo, en las mujeres: si hace cinco años eran el 16,44% las que consumían tabaco, hace dos lo eran ya el 13,26%. Este jueves, además, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento ampliará los espacios libres de humo incluyendo, por ejemplo, vehículos de uso laboral —como por ejemplo furgonetas de reparto—, instalaciones deportivas o piscinas, campus universitarios o discotecas al aire libre. Sólo 24 horas antes, y desde Ginebra, García ya avanzó que la próxima reforma de la Ley Antitabaco sería "lo más ambiciosa posible". El objetivo: seguir reduciendo estos porcentajes.

Vayamos al segundo dato. En 2020 había un 36,41% de personas que afirmaban basar su tiempo de ocio en el sedentarismo, un porcentaje que en 2023 había disminuido hasta el 29%. Las mujeres, en cualquier caso, incrementan esa media. Porque sus porcentajes han descendido, sí, pero siguen siendo mucho más elevados: han pasado de ser sedentarias en un 40,34% a serlo en un 32,61%; ellos, en cambio, pasan del 32,27% al 25,29%.

Con estos resultados, podría parecer lógico, al menos a priori, que la percepción de salud de los españoles sea más positiva. Son dos hábitos que, al fin y al cabo, han mejorado. Sin embargo, lo cierto es que, aunque ocurre, lo hace con matices. Menos personas califican su salud de mala o muy mala, pero también menos ciudadanos la califican de buena o muy buena. ¿Qué ocurre entonces? Que al preguntar, la respuesta casi es unánime: "Mi salud es 'regular". Si acercamos sin embargo la lupa vemos, una vez más, las diferencias: son ellas las que se ven peor y ellos, los que se ven mejor.

La respuesta puede deberse al resto de factores. A que, por ejemplo, las enfermedades crónicas no han hecho más que incrementarse. En concreto, y según el INE, el 57,7% de la población de 15 y más años declaró padecer alguna enfermedad o problema de salud crónico, un porcentaje que en 2020 era del 54,31%. Y, otra vez, las mujeres salen peor paradas: el 62,32% dice sufrir alguna; de ellos, sólo el 52,84%. Las más frecuentes, en general, fueron la tensión alta (20,2%), el dolor de espalda crónico lumbar (19,8%) y el colesterol alto (18,3%). ¿Y entre ellas? La osteoporosis es la que gana por goleada.

Ahora bien, las mayores dolencias, lejos de ser físicas, son las mentales. Según los datos del INE, el 14,6% de la población de la población de 15 y más años presentaba un cuadro depresivo durante las dos semanas anteriores a la entrevista y un 8% un cuadro depresivo severo. En 2020 esta sintomatología fue, respectivamente, 5,5 y 3,7 puntos inferior. Las diferencias en este caso entre hombres y mujeres, además, son abismales. El 61,3% de los cuadros depresivos mayores les son diagnosticados a ellas; el 38,7%, a ellos. En cuanto a otros más leves, ellas protagonizan el 60,4%; ellos, el 39,6%.

Por último, y ligado a este contexto según los expertos, lo que revelan también las cifras del INE es que el consumo de alcohol no sólo no disminuye, sino que aumenta. "El incremento en el consumo de alcohol a partir de 2020 está ligado a que cada vez hay más problemas de salud mental, muchas veces asociados a la pandemia y la pospandemia", explica el exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Daniel López Acuña. "Hay una relación clara entre el consumo de alcohol y los problemas de salud mental. Las personas que tienen mayores ideaciones suicidas siempre presentan, por ejemplo, una mayor prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas, incluida esta", añade Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

En cualquier caso, el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en el periodo estudiado por el INE fue leve. En concreto, el año de la pandemia consumió alcohol el 65,49% de la población frente al 66,85% en 2023. Entre los hombres la cifra es prácticamente idéntica: del 74,64% al 74,49% en estos tres años; en el caso de las mujeres, sí se da un incremento, del 53,86% al 59,66%. Ellas son, hay que recordar, las que sufren una mayor prevalencia de depresión.

La pregunta es obvia: ¿por qué son ellas las que tienen, al menos a la luz de las estadísticas, mayores problemas de salud mental? Carme Valls Llobet, médica especializada en endocrinología y en medicina con perspectiva de género y autora de Mujeres invisibles para la medicina (Capitán Swing), zanja que hay dos explicaciones. Por un lado, son ellas las que tienen una mayor ansiedad social, aquella que se asocia a la desigualdad, a cargar con los cuidados; por otro, las menos escuchadas en las consultas.

Ella misma pone un ejemplo claro en su libro: ante una visita a urgencias por un dolor en el pecho, ellas tienen más probabilidades de irse a su casa con un diagnóstico relacionado con el estrés o la ansiedad y con la prescripción, incluso, de un tratamiento con ansiolíticos. Ellos, sin embargo, podrán salir por la puerta con una cita para una prueba que analizará si tienen alguna enfermedad cardíaca.

"Las mujeres no están el doble de locas. Lo que pasa es que son diagnosticadas con más ansiedad y depresión porque no se diagnostican bien otros problemas subyacentes que hay detrás. La falta de hierro, que es un problema que sufrimos muchas, provoca depresión. El problema es que la solución, habitualmente, es una receta de psicofármacos", lamenta, desde el otro lado del teléfono.

Para Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España, hay también un factor que lo marca el propio patriarcado. Según opina, esta estadística puede explicarse, en parte, porque son ellas, y no ellos, las que piden ayuda. Y las que quedan reflejadas por tanto después en las cifras oficiales. "Creo que hay una parte cultural de seguir considerando que los varones no pueden ser débiles y que las mujeres, de hecho, lo son", critica.

Sin embargo, la lectura de los datos también lleva a otra pregunta: ¿por qué cada vez es mayor la prevalencia de las enfermedades crónicas? ¿Y por qué ocurre si se han tratado de mejorar los hábitos de vida? Según los expertos consultados, ni lo primero es negativo ni lo segundo es, aunque lo parezca, una paradoja.

La primera respuesta tiene que ver con que la esperanza de vida en nuestro país es cada vez mayor, y más entre las mujeres, por lo que parece lógico que sean ellas las que más enfermedades crónicas padezcan. Según el INE, cuando una niña nace, se espera que viva hasta los 83,4 años; cuando lo hace un niño, hasta los 78. El problema, señala el exdirector de Sistemas de Salud de la OMS Rafael Bengoa, es que el sistema sanitario actual actúa demasiado tarde. "El modelo que tenemos prevé que una mujer de 65 años puede vivir 23 años más. Ahora bien, como mucho sólo tendrá diez años buenos más", lamenta. Ocurre porque la medicina es puramente curativa, cuando debería virar a un sistema preventivo. Es a lo que obliga, dice, la previsión demográfica.

Además, que haya una elevada prevalencia de enfermedades crónicas pero no un incremento exponencial de una mala percepción de la salud también es muestra de otro elemento positivo: que los tratamientos funcionan, valora Armenteros. "En este aspecto no se puede decir que haya ninguna paradoja. Estamos comprobando que puede haber más diabéticos, hipertensos o personas con problemas de tiroides, pero que los tenemos cada vez más controlados", celebra.

Valls, en cambio, no es tan positiva. Para esta experta, las dolencias crónicas aumentan porque les afectan, sobre todo, a ellas. Y la medicina y la ciencia se encarga, sobre todo, de ellos. "Las mujeres vivimos en una sociedad androcéntrica desde que nacemos, no hay ciencia de la diferencia", razona.

En todo caso, ¿por qué hay más enfermedades crónicas si los hábitos de vida relacionados con el tabaco o el sedentarismo, sin embargo, han mejorado? En esto los expertos sí que coinciden. Y son claros. "Bajar los niveles de riesgo de enfermedades no tiene un impacto inmediato. Que se fume menos y se haga más deporte es algo que podremos observar en las estadísticas, pero quizás dentro de entre 20 ó 40 años", sostiene López Acuña.

"Se fuma menos y se hace más deporte, pero es que esos estilos de vida se expresan con años. Diez o quince años antes de la pandemia el estilo de vida de los españoles era muchísimo peor. La foto que hemos sacado hoy de esos buenos hábitos la veremos, pero queda tiempo", remata Bengoa.

Los familiares de las víctimas de la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de mayores llevan cinco años luchando, pero desde hace meses lo hacen contrarreloj. La última vía judicial que abrieron para investigar lo que sucedió durante los peores meses de la pandemia llegó a los juzgados prácticamente sobre la bocina y eso consiguió retrasar una prescripción que, en muchos casos, era inminente. Meses después de aquello, sólo el Juzgado de Instrucción número 3 ha movido ficha, imputando a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de entonces. ¿En qué situación queda ahora la prescripción de las muertes?

Estaba previsto que fuera a las 12.30 horas de este lunes cuando, por primera vez, tres ex altos cargos acudieran a declarar en forma de investigados. Se trataba de Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, exdirectores de Coordinación Sociosanitaria y firmante y autor respectivamente de los Protocolos de la Vergüenza, y Antonio Burgueño, encargado de realizar un plan de medicalización de los centros de mayores que jamás se llevó a cabo. Sin embargo, tan sólo habían pasado cuatro minutos de la hora estipulada cuando la noticia cayó como una losa sobre los familiares de las víctimas que se concentraban en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla: la declaración quedaba suspendida.

Según explicaron los abogados de las organizaciones de familiares, las defensas de los tres hombres consideraban que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente, por lo que apenas habían tenido tiempo para preparar la defensa. Sin embargo, y según defendieron ante las puertas de los juzgados los abogados Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo, el movimiento no era más que una "estrategia dilatoria" para "evitar lo que las víctimas reclaman, que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo", defendió Ranz. 

Sin embargo, la maniobra no tendría demasiado sentido, explica Jacinto, teniendo en cuenta que los tres imputados van a tener que declarar igualmente y no van a lograr, en ningún caso, la prescripción. Una afirmación que, de todas formas, sirve exclusivamente para este caso concreto. De momento, para ningún otro.

Los presuntos delitos por los que iban a declarar este lunes —algo que finalmente acabarán haciendo en una fecha que los abogados de las víctimas estiman antes de verano— se enmarcan en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. En este caso, por vivir en una residencia de mayores y tener un deterioro físico o cognitivo. No hacía falta tener covid, puesto que los "criterios de exclusión" que marcaban esos Protocolos de la Vergüenza se basaba, únicamente, en las otras dos condiciones.

Fueron 109 los familiares que en octubre lo denunciaron y lo hicieron en representación de 115 mayores, 111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020. Los otros cuatro sí pudieron ser tratados por los servicios sanitarios, pero en todo caso de forma demasiado tardía. El delito que el centenar de víctimas llevaron ante la Fiscalía Superior de Madrid prescribe a los cinco años de haberse cometido, por lo que en principio iba a ser hace un par de meses cuando todo se quedara para siempre en un cajón. En concreto entre marzo y abril, en función de la fecha de fallecimiento —o de hospitalización, en el caso de los que no fallecieron.

Sin embargo, un mes después de tenerlo sobre la mesa, la fiscal superior Almudena Lastra decidió declararse incompetente y dividir y repartir las causas entre varias fiscalías que tomaron declaración a los denunciantes, muchos de los cuales fueron escuchados por primera vez por la justicia. Fue entonces cuando el Ministerio Público interpuso denuncias nuevas o pidió reabrir otras tantas —como la relativa al caso que se iba a dirimir este lunes en el Juzgado de Instrucción número 3—. En este contexto, varios particulares se sumaron a esta acción y presentaron también sus propias denuncias. En ese momento, el plazo de prescripción de los casos de todas esas muertes se vio ampliado en seis meses.

Ahora bien, el condicionante es que en ese periodo el juez debe dirigir la investigación. Es decir, tomar alguna decisión como la que adoptó la titular Isabel Durántez. Por eso esa muerte en concreto está paralizada. Y por eso el resto tienen hasta septiembre u octubre para esquivar la prescripción del posible delito, como detalla desde el otro lado del teléfono a Infolibre Alejandra Jacinto.

En total, y según la información que ofrecieron las familias la semana pasada, hay 92 procedimientos relacionados con la presunta comisión de este delito. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya están en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados por esas víctimas que han visto rechazada su querella.

Las organizaciones de familiares, en cualquier caso, seguirán luchando. Lo expresaron así también sus letrados, después de la suspensión de la declaración de los ex altos cargos de Ayuso. "Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", señaló Jacinto a las puertas de los juzgados. "Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7291 discriminaciones no van a quedar impunes", añadió Eduardo Ranz.

Por su parte, las organizaciones de familiares 7291 Verdad y Justicia y Pladigmare han convocado un acto para este domingo 1 de junio en la plaza Juan Goytisolo de Madrid, frente al Museo Reina Sofía. El objetivo, según explicaron en rueda de prensa, es rendir homenaje a todos los fallecidos y reclamar verdad, justicia y reparación. Lo harán, además, con el apoyo de víctimas de la dana de la Comunitat Valenciana, con las que se sienten, dicen, íntimamente ligados.

Sus caminos, entienden, están íntimamente ligados. Sus luchas son parecidas porque su agravio ha sido similar. Por eso, este domingo unirán sus voces. Familiares de víctimas de la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la pandemia y de la gestión de la dana de la Comunitat Valenciana se concentrarán este 1 de junio en la Plaza Juan Goytisolo de Madrid, frente al museo Reina Sofía, con dos objetivos: rendir homenaje a todos los fallecidos —7291 de un lado y 228 del otro— y reclamar verdad, justicia y reparación.

Lo anunciaron los convocantes, las organizaciones Verdad y Justicia y Pladigmare, en una rueda de prensa en Madrid este martes. Habían pasado menos de 24 horas desde que los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputados por las muertes en los geriátricos aplazasen su declaración y dilatasen, así, la investigación. Pero las fuerzas están intactas. "La citación sólo significa que la justicia acaba de empezar. Sin embargo, la verdad todavía continúa en entredicho, puesto que ninguna de estas 7291 personas han sido todavía reconocidas como víctimas", lamentó Javier Cordón, de Verdad y Justicia, durante la comparecencia.

Ya no es sólo eso. Ni siquiera han podido reunirse con la que entienden que fue la responsable última de la denegación de asistencia sanitaria en los centros de mayores. De la elaboración y aplicación del Protocolo de la Vergüenza. De la no medicalización. De no haber derivado a los mayores a Ifema o a hospitales privados. En cinco años, Ayuso nunca se ha reunido con las víctimas, aunque ella insiste en que está "esperando" que vayan a verla. Las víctimas de la dana, cuando están a punto de cumplirse siete meses de la catástrofe, tampoco han sido recibidas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que también aseguró que tenía las puertas abiertas. Y también fue un extremo negado por las organizaciones.  "No nos han contactado a ninguna de las tres asociaciones. No vamos a llamarles nosotros, tienen que ser ellos", aseguró Rosa Álvarez, presidenta de Asociación de Víctimas 29 de Octubre.

"En ambos casos, las autoridades agravaron lo que ocurrió con sus decisiones políticas, en Madrid negando la asistencia y en Valencia enviando tarde la alerta. En lugar de reconocerlo, han lanzado desinformaciones. Cuando se ha empezado a saber la verdad, han intentado que la responsabilidad recaiga en otras personas", denunció Cordón. Por eso en un viaje a Gandía con motivo de la presentación del documental 7291 de Juanjo Castro aprovecharon para empezar a unir lazos. Y por eso han decidido mostrarlos públicamente este domingo.

No serán los únicos que asistan. Como han detallado también las organizaciones convocantes, el evento será presentado por la abogada y comunicadora Inés Hernand y también intervendrán, además de familiares y una trabajadora de la Gran Residencia, el magistrado José Antonio Martín Pallín, Juanjo Castro, el cantautor Zuri o el poeta Mario Obrero. "Queremos que sea un acto emotivo, pero también reivindicativo. Todos los familiares necesitan pasar su duelo y poder seguir con sus vidas, no pueden seguir con su dolor", lamentó Carmen Martín, también de Verdad y Justicia.

Ha sido por pura casualidad, pero el anuncio del acto de este domingo se ha producido menos de 24 horas después de que la declaración como investigados de tres ex altos cargos del Ejecutivo de Ayuso retrasaran la declaración que en principio estaba prevista para este lunes, 26 de mayo. Las defensas de Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ex directores de Coordinación Sociosanitaria, y Antonio Burgueño, responsable de la medicalización de las residencias que nunca llegó a producirse, entendieron que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que necesitaban más margen para preparar la defensa. La jueza de Instrucción del juzgado número 3 de Madrid lo aceptó.

Era esta la primera vez que los tres hombres acudían como imputados por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza. En concreto, en el marco de la judicialización de un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin ser tratados. Ni fuera ni dentro de los centros.

"La declaración que estaba prevista para el lunes se sigue viendo como una operación de Estado y no como un acto de justicia. Pero si lo dejamos pasar, no habrá garantías de que mañana, o cualquier otro día, pueda volver a ocurrir", sentenció Cordón.

Pasaban tan sólo unos pocos minutos de las 12.30 del mediodía cuando los gritos rompieron el silencio. "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!", empezaron a gritar, al unísono. Estaba previsto que a esa hora comenzase la declaración de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso imputados por las muertes en residencias de mayores durante la pandemia. Una cita que los familiares de las víctimas esperaban "con ilusión", aunque también con "prudencia", como expresó Carmen López, de Marea de Residencias, a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla. Lo que no esperaban era irse de vacío. Únicamente con la promesa de que volverán, esperan que pronto, al mismo escenario.

No eran ni las 10.30 de la mañana cuando las cámaras ya esperaban apostadas alrededor de la puerta de los juzgados. Media hora después, y ya con un sol de verano anticipado calentando el ambiente, decenas de personas empezaron a desplegar sus pancartas. Además de Marea de Residencias, 7291 Verdad y Justicia y Pladigmare habían convocado a sus miembros a las 11 horas para recibir a los tres hombres que, por primera vez, declararían como investigados por una presunta denegación de asistencia sanitaria en los geriátricos durante la crisis sanitaria. Sin embargo, sólo Antonio Burgueño, el que fuera encargado de elaborar un plan de medicalización de geriátricos que jamás se produjo, se atrevió a entrar por la puerta principal. "Esta era mi madre, ustedes colaboraron con matarla. ¿No tiene nada que decir?", le recriminó Concha Quirós, hija de una fallecida cuyo rostro mostraba en una pancarta. "En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio", respondió él.

Los otros dos ex altos cargos que iban a sentarse frente al juez no se dejaron ver. Ni Carlos Mur ni Francisco Javier Martínez Peromingo cruzaron el mar de cámaras, micrófonos y víctimas. Ambos fueron directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. El primero fue además el responsable de firmar digitalmente las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza —los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como desveló infoLibre—, además del encargado de enviarlo a altos cargos de las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales. El segundo, el autor de otro protocolo clínico que complementó al primero y que establecía instrucciones a las residencias para solicitar la hospitalización, como el índice de Barthel y la escala GDS, que sirve para medir la demencia. Era este el documento que sirvió, en cierto modo, de barrera para la derivación.

Los tres fueron puntuales. De hecho, minutos antes de la hora a la que les citó la jueza ya estaban frente a ella. Pero no tardaron más de cinco minutos en levantarse para volver a cruzar la puerta del edificio, esta vez ninguno por la principal. Sus defensas fueron claras y actuaron al unísono: pidieron un aplazamiento de la declaración alegando que no se les había dado traslado de la totalidad del expediente y que, por tanto, no habían tenido tiempo para preparar su defensa. Isabel Durántez, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que les citó a petición de la Fiscalía Provincial, lo aceptó. No sirvió que los letrados de los denunciantes —Eduardo Ranz, Alejandra Jacinto y Carlos Castillo— pidieran que se siguiera adelante. La próxima fecha, además, ha quedado pendiente de determinarse, aunque las acusaciones esperan que sea "antes de verano", según avanzó Castillo.

"¿Pero de verdad se ha aplazado?", se preguntaban los manifestantes entre ellos cuando la noticia empezó a saltar de boca en boca. Sus letrados, mientras tanto, explicaban ante las cámaras que consideraban que lo que había ocurrido no era más que una "estrategia dilatoria". Una maniobra para retrasarlo todo. Quieren "evitar lo que las víctimas reclaman, que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", señaló Ranz en declaraciones a los medios.

Era el delito que iba a estar encima de la mesa. Los 109 familiares que presentaron una macrodenuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid el pasado mes de octubre lo hicieron por lo que ellos entendían que había sido un delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios contenido en el artículo 511 del Código Penal. En el documento, de más de 160 páginas, apuntaban directamente a estas tres personas, pero además de ellas también pedían investigar el papel de Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid. En total, la denuncia apuntaba a 29 personas, pero también señalaba que deberían ser más. Según explicaban las víctimas, sólo incluyeron a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Pero eso no era óbice para apuntar más alto. Y eso era, de hecho, lo que las familias querían que ocurriese este lunes.

"Es muy importante que los citados sepan apuntar a quienes dieron las órdenes [de no derivación]. Lo que esperamos es que se esclarezcan las máximas responsabilidades, porque ellos fueron los brazos ejecutores, pero detrás había responsables", señalaba Carmen López al inicio de la concentración. "Necesitamos que nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel con los mayores de las residencias. Ojalá tiren de la manta, tengan valentía y señalen", añadía María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. No pudo ser este lunes, pero esperan que pueda ocurrir pronto. Y que además esta citación sea tan sólo "un precedente" de otras muchas.

La macrodenuncia se presentó en conjunto, pero apuntaba a una presunta denegación de asistencia sanitaria por discriminación cometida contra 115 mayores —111 de los cuales fallecieron entre marzo y abril de 2020. Sin embargo, un mes después de llegar a la mesa de la fiscal superior Almudena Lastra se separó en distintas causas que recayeron sobre varias fiscalías y luego en varios juzgados. La de este lunes era tan sólo una de ellas, pero en total son 92, según informaron las propias organizaciones de familiares el pasado viernes. Algunos están esperando que los juzgados los admitan, mientras que cinco de ellos ya estan en la Audiencia Provincial, tras los recursos presentados en los casos en los que se ha rechazado investigar.

Fueron decenas de familiares de víctimas las que quisieron recibir a los tres imputados. Sobre todo hijos e hijas de fallecidos que, como Concha Quirós, no pueden olvidar lo que pasó. "El día 8 de marzo fue el último que pasé con mi madre. Sólo espero justicia para ella y respeto para nosotros, que ni siquiera hemos recibido ninguna condolencia por parte de la Comunidad de Madrid. Jamás me han dicho que se equivocaron o me han pedido perdón", lamentó, en conversación con infoLibre, mientras recibía el abrazo de un compañero.

Prácticamente al mismo tiempo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizaba el plató de Telecinco para volver a minimizar la imputación. Y para defender a la Comunidad de Madrid. Y para asegurar que en todas partes ocurrió lo mismo. En concreto, y según señaló el líder conservador, dijo estar "convencido" de que la investigación a los ex altos cargos "se aclarará" porque "ha habido muchas denuncias y todas han sido archivadas". "Investíguese, ¿pero qué pasa, que el resto de los fiscales no querían investigar y ahora sí?", se ha preguntado. La propia Ayuso criticó el viernes que la decisión respondía a "un cambio de criterio" de la Fiscalía, que fue la que pidió la declaración. Es más, al hacerlo, la presidenta regional habló de la "fiscalía de Sánchez". Y este viernes habló sin tapujos de un "muro norcoreano" del presidente del Gobierno.

Lo cierto es que, en su día, los familiares de las víctimas denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que no consiguieron prosperar en los tribunales. En octubre esta macrodenuncia abrió una nueva vía y aportó, además, nuevas pruebas. Entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza.

En la concentración frente a las puertas de los juzgados no sólo había familiares directos. Otras muchas personas fueron, únicamente, como muestra de apoyo a la causa. Lo hizo por ejemplo María, que con una chapa sobre su solapa mostraba el número 7291 y se remitía a las víctimas. "Son ellas las que tienen que hablar hoy", señalaba. "Yo sólo vengo como parte de una sociedad que no quiere tolerar estas injusticias", decía con rabia. Carmen, con la misma cifra estampada sobre una camiseta negra, coincidía con ella. "Llevo dos años y medio involucrada en la lucha de todas estas familias. Ante tanta injusticia y dolor, tengo claro que tengo que apoyarles y ayudarles", señaló.

El Juzgado de Instrucción número 3 ha suspendido la declaración de los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que estaban citados a declarar este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, como investigados en el marco de la causa por un presunto delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Es la primera vez que la justicia imputa cargos del Ejecutivo madrileño por los conocidos como Protocolos de la Vergüenza. Durante ese periodo, solo entre marzo y abril, 7291 personas fallecieron en los centros de mayores de la región sin asistencia sanitaria.

En concreto, la decisión se ha tomado porque los acusados entienden que no se les ha dado traslado de forma adecuada de su imputación. Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ex directores de Coordinación Sociosanitaria, y Antonio Burgueño, responsable de la medicalización de las residencias que nunca llegó a producirse, tendrán que volver a acudir ante la jueza, aunque por ahora se desconoce la fecha.

Los abogados de las familias de las víctimas creen que se trata de una estrategia para dilatar el proceso. No obstante, entienden que esta maniobra entra dentro del derecho de la defensa de los acusados. "A nosotros sí nos han dado traslado (las actuaciones) y hemos tenido tiempo de estudiarlas y analizarlas. Entendemos que es una estrategia dilatoria más para evitar lo que las víctimas reclaman que es el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y poder cerrar una herida que llevan cinco años sufriendo. Vamos a seguir presentando medios de prueba y, desde luego, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes", ha afirmado uno de los abogados de los denunciantes, Eduardo Ranz.

La citación tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se produce meses después de que más de un centenar de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, un tipo penal contemplado en el artículo 511. El pasado mes de marzo, después de que varias fiscalías tomasen declaración a los denunciantes, la Provincial de Madrid pidió investigar a los “autores intelectuales” de los Protocolos de la Vergüenza identificados en la denuncia. Es decir, Mur y Peromingo, aunque hoy también estaba citado Burgueño.

Antes de esta suspensión los familiares de las víctimas, que se han manifestado ante los juzgados, esperaban que estos tres ex cargos de Ayuso que tirasen de la manta y dijesen quién dio la orden. “Llegamos con la ilusión de que por primera vez en cinco años se haya dado un paso como este, pero necesitamos que los tres imputados nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel”, ha dicho María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. “Esperamos que sepan apuntar a quienes estuvieron por encima de ellos, que solo fueron brazos ejecutores”, ha añadido Carmen López, de Marea de Residencias.

Otra de sus abogadas, Alejandra Jacinto, ha reconocido su labor y ha agradecido que no hayan cesado "en intentar conseguir que se arroje verdad y justicia sobre algo tan horrible que ocurrió hace ya cinco años". "Lo que queríamos poner encima de la mesa a día de hoy era la posible comisión de un ilícito penal del artículo 511 del Código Penal, un delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria porque a los residentes se les impidió ser trasladados a los hospitales públicos, se les impidió ser trasladados a los hospitales privados, se les impidió morir dignamente en unas residencias que tenían que haber sido medicalizadas y tampoco se les permitió el traslado al hospital Ifema", ha subrayado.

"Nosotros no vamos a parar. Vamos a acompañar a las víctimas y a las asociaciones de familiares hasta que se dilucide la verdad y se haga justicia", ha resaltado. A su juicio, la discriminación en el acceso a la prestación sanitaria fue "una decisión política y que ha tenido consecuencias absolutamente nefastas, presuntamente criminales, en las vidas de tantos mayores que no fueron derivados a los hospitales por razón de discapacidad o por deterioro cognitivo". Carlos Castillo, también del equipo de la acusación de las organizaciones de familiares, ha mostrado su confianza en que "más pronto que tarde" se señalará una nueva fecha.

Que tiren de la manta. Que expliquen quién les dio la orden. Que el día de hoy, en definitiva, sea un punto de inflexión. Familiares de víctimas de residencias han pedido este lunes que la primera imputación de ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no se quede, ni mucho menos, aquí. Lo han dicho frente a los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, donde este lunes por la mañana declararán como investigados por primera vez ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. En concreto, acudirán Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, los que fueron directores de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad y autor y firmante, respectivamente, de los Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales de los mayores usuarios de residencias de la región.

Además, también está previsto que declare Antonio Burgueño, que fue nombrado responsable de la medicalización de los centros de mayores, algo que jamás se produjo y dijo, de hecho, el propio Mur ante el juez, en una de las ocasiones que fue llamado a declarar como testigo.

“Llegamos con la ilusión de que por primera vez en cinco años se haya dado un paso como este, pero necesitamos que los tres imputados nos digan quiénes y por qué tomaron esa decisión tan cruel”, ha dicho María Jesús Valero, de Verdad y Justicia. “Esperamos que sepan apuntar a quienes estuvieron por encima de ellos, que solo fueron brazos ejecutores”, ha añadido Carmen López, de Marea de Residencias.

La citación tiene lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid y se produce meses después de que más de un centenar de familiares de víctimas interpusieran una macrodenuncia ante la Fiscalía por un supuesto delito de denegación de la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, un tipo penal contemplado en el artículo 511. El pasado mes de marzo, después de que varias fiscalías tomasen declaración a los denunciantes, la Provincial de Madrid pidió investigar a los “autores intelectuales” de los Protocolos de la Vergüenza identificados en la denuncia. Es decir, Mur y Peromingo.

Por el momento, esta es la única citación de un juzgado que ha seguido esa orden.

Este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, se ha referido horas antes a la declaración, poniendo en duda la actuación de la Fiscalía. “¿No querían investigar y ahora sí?”, se ha preguntado, durante una entrevista en Telecinco en la que ha recordado además los múltiples archivos de otras denuncias o querellas.

Sin embargo, ha obviado explicar que los archivos se han producido hasta ahora por otros delitos diferentes como omisión del deber de socorro y homicidio imprudente. “La Comunidad de Madrid está muy tranquila y yo también”, ha sentenciado el líder conservador.

Adoptó el apodo de la droga de Hollywood. Y la empresa que lo empezó a comercializar lo convirtió en su santo grial. Hoy ya no queda prácticamente nadie que no lo conozca. Ozempic, un medicamento desarrollado en 2012 por la danesa Novo Nordisk, dejó hace tiempo de ser un tratamiento para diabéticos para convertirse en el milagro de quienes querían perder peso sin esfuerzo. O así al menos lo vendieron en redes sociales quienes lo habían consumido con este objetivo. Tras ese fármaco llegaron otros tantos. Y estos sí exclusivos para tratar el sobrepeso o la obesidad. Pero eso sí, puntualizan todos los expertos: sólo la que requiere un abordaje médico, no la construida desde una presión estética que sufren, sobre todo, las mujeres. "Esto no es bótox, no puede convertirse en un tratamiento estético", explica Cristóbal Morales, médico endocrino de la junta directiva de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO). El problema es que eso ha provocado inevitablemente que el debate de su financiación gire, también, en torno a esto. Y que no haya terminado.

Lo popularizaron nombres como el de Elon Musk o Kim Kardashian. El dueño de X (antiguo Twitter) llegó a decir que el fármaco había sido su "motivación para hacer ejercicio" y "comer más sano". Las fotos que mostraban la efectividad hicieron el resto. Tanto, que el Centro de Información sobre Suministro de Medicamentos gestionado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos denunció que el medicamento escaseó en las farmacias durante todo 2024. Y todo 2023. En concreto, el organismo registró 116,8 millones de falta de suministro de Ozempic el año pasado, un 41,7% menos que el anterior. La Agencia Española del Medicamento (AEMPS) también se hizo eco del problema y alertó de que ocurría porque se estaba suministrando, en muchos casos, de forma ilegal.

Se refería a quienes lo compraban siguiendo los consejos y el ejemplo de Musk o Kardashian. Según detectó el organismo, estaba habiendo casos de prescripción "para indicaciones no incluidas en su ficha técnica" y eso estaba provocando que los pacientes con diabetes tipo 2 se vieran afectados por la falta de suministro. Es decir: Ozempic estaba siendo comprado como milagro adelgazante con una receta dispensada de forma irregular o, directamente, sin ella. "Ha habido intrusismo, o directamente una mala praxis de algunos facultatitovs, pero es cierto que se ha creado todo un mercado negro en torno a este fármaco", lamenta desde el otro lado del teléfono Carlos Miranda, responsable del grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La consecuencia directa es evidente: la farmacéutica multiplica sus beneficios. Lleva años ocurriendo así, de hecho. Novo Nordisk obtuvo en 2023 un beneficio neto de 11.225 millones de euros, una cifra un 51% superior a la de un año antes. En 2024 fue todavía mayor: el beneficio superó los 13.000 millones, un 20,7% más. La particularidad es que ese año entró en escena también Wegovy, un medicamento similar pero indicado, este sí, para tratar el sobrepeso y la obesidad. Según indica su prospecto, "Wegovy es un medicamento para perder peso y mantenerlo que contiene el principio activo semaglutida". Igual que el Ozempic. ¿La diferencia? Que este no está financiado. Y que tiene un precio todavía más elevado.

Según lo fijado por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, el Ozempic se vende a 128,15 euros la caja, un importe que en otros países como Alemania se reduce más de un 50%, hasta los 52,7. Wegovy, por su parte, asciende hasta, como mínimo, los 179,89 euros, una cantidad que puede incluso llegar a los 292 euros al mes. Y que en otros países vuelve a ser mucho menor: en Alemania se vende a 125 euros y en Reino Unido a 82,3.

El incontestable éxito —sobre todo el económico— del fármaco llevó a que otras farmacéuticas quisieran replicar el uso de la semaglutida y rompieran, de ese modo, el monopolio que tenía Novo Nordisk. Entró de este modo en escena el laboratorio estadounidense Eli Lilly, que comercializó el medicamento Mounjaro y consiguió, con él, duplicar sus beneficios. En concreto, y según informó la propia compañía, en 2024 ingresó un beneficio neto de 10.214 millones de euros, un 102% más que lo contabilizado doce meses atrás. El fármaco resultó ser una perfecta combinación entre Ozempic y Wegoby. "Mounjaro contiene un principio activo llamado tirzepatida y se utiliza para tratar adultos con diabetes mellitus tipo 2. También se utiliza para tratar a adultos con obesidad o sobrepeso", detalla su prospecto.

Este medicamento llegó a las farmacias de nuestro país el pasado verano y lo hizo, también, sin financiación. Y con un precio muchísimo más elevado. Según la OCU, oscila entre los 271,35 euros y los 358,71 euros al mes, en función de la dosis. Ahora bien, según la organización de consumidores, la requerida para mantenerse es la más elevada y la que requiere, por tanto, el mayor desembolso.

Y por eso surge el debate: ¿debería financiarse? ¿Y Wegovy? Los expertos creen que, como mínimo, hay que discutirlo. Y Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se atreve a aventurar, incluso, que terminará ocurriendo. "La financiación terminará llegando. Son medicamentos eficaces y seguros", señala en conversación con infoLibre.

La afirmación tan tajante tiene un matiz. Básicamente, el que presenta cualquier fármaco: es eficaz y es seguro siempre y cuando se use para lo que indica el prospecto y bajo supervisión médica. Fuentes del Ministerio de Sanidad confirman que actualmente se negocia una posible financiación de estos medicamentos y cómo llevarla a cabo. Porque el problema radica en que estos tratamientos no pueden emplearse para bajar de peso por un mero deseo o malestar con la apariencia física. No pueden tener, resume Morales, "un uso frívolo". "Su prescripción debe abordarse, siempre, desde la salud", especifica. Es decir: actuando sobre las consecuencias que puede provocar el sobrepeso o la obesidad.

En este sentido, un estudio reciente ha demostrado que la semoglutida, además de un éxito incontestable en el tratamiento de la diabetes tipo 2, reduce hasta un 57% el riesgo de infarto de miocardio, de ictus o incluso de muerte por causas cardiovasculares en pacientes que tienen problemas de peso graves. Por eso los expertos abogan por facilitar la adquisición de estos fármacos. "Queremos que se usen para adelgazar en quienes tienen riesgo de sufrir un problema grave derivado de un exceso de peso", recalca Morales.

Lo contrario no sólo puede derivar en un desabastecimiento para quien de verdad lo necesita, sino en complicaciones de salud. De hecho, una investigación publicada en Nature Medicine concluyó que el consumo de sustancias como Ozempic puede derivar en desmayos por hipotensión, problemas del sueño, dolores de cabeza, artritis, dolencias gastrointestinales, renales y pancreáticas. Por eso el acceso a estos fármacos debe hacerse siempre bajo control médico y nunca "fuera del circuito", como señala Miranda.

En cualquier caso, si hay algo que explica el boom de este último uso —y que ha derivado de hecho en el desabastecimiento— es la violencia estética que históricamente han sufrido —y, de hecho, sufren— las mujeres. Sobre todo las más jóvenes. Según un informe publicado en 2019 por la UNESCO, el aspecto físico es la principal causa de acoso escolar entre los más jóvenes. Uno de cada cuatro alumnos europeos víctimas de acoso, afirma que la violencia se ha producido alrededor de su aspecto físico. Según el mismo informe, las niñas son más propensas que sus compañeros a ser juzgadas por su físico.

En España, la Fundación ANAR reveló que efectivamente el motivo más frecuente de burla hacia los escolares es su aspecto físico: ocurre así en el 56,5% de los casos. Otro reciente estudio, elaborado por investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), concluyó que la apariencia de los personajes de los videojuegos influye en la insatisfacción de las niñas con su imagen, algo que no ocurre cuando se trata de varones.

La exsecretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género Ángela Rodríguez Pam contó hace unos días en un artículo publicado en este periódico que sucumbió a inyectarse esta sustancia por la presión que sentía sobre su cuerpo. "Sufrir por ser delgada, tratar mal nuestros cuerpos por encajar en no sé qué estándares es algo contra lo que demasiadas mujeres vamos a luchar cada día del resto de nuestras vidas", explicó. Como explica Guillermo Fouce, de Psicología Sin Fronteras, la visión distorsionada de uno mismo puede derivar en un consumo de cualquier sustancia sin importar las consecuencias. Y siempre desde la percepción de que el problema no existe. Hasta que deriva en algo peor.