Ayuso dice ahora que está "esperando" a que las víctimas de las residencias vayan a verla

Falta apenas una semana para que se cumplan cinco años de la aprobación de la primera versión del Protocolo de la Vergüenza. Ese mismo día empezarán también a prescribir los posibles delitos que pudieron cometerse tras la firma de ese documento, una decisión tras la que fallecieron sin ningún tipo de asistencia sanitaria 7291 usuarios de residencias de la región. Y es ahora, cuando ya está activada esa cuenta atrás, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura que no tiene problema en reunirse con los familiares de esas víctimas. Con las organizaciones que ha tachado en no pocas ocasiones de "marea de rebotados" de la oposición.

Lo dijo este lunes, durante la rueda de prensa posterior a un acto oficial en Getafe. "Yo estoy esperando a que los familiares de víctimas vengan a verme, lo he dicho a lo largo de estos años en numerosas ocasiones. Los recibiré como es debido, como merecen, en la Comunidad de Madrid. Les espero. Lo sigo repitiendo una y otra vez, ahí estaré", señaló. Preguntado por infoLibre, su equipo subraya estas palabras. E insisten en que no ha habido "ningún cambio de postura". "La presidenta lleva años diciendo lo mismo sobre recibir a las familias de personas que fallecieron en las residencias de la región durante el covid. Siempre, en sus declaraciones, entrevistas, respuestas en la Asamblea ha repetido que estaba a disposición para recibir y escuchar a los familiares. Y hasta el momento no ha habido ninguna petición al respecto", señalan. Sin embargo, las familias son tajantes: no han recibido, ni ahora ni "nunca", ninguna invitación formal. Y han pasado cinco años.

En cualquier caso, una petición oficial tampoco conseguiría que el encuentro se llevase a cabo, al menos por parte de Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia. El motivo es que ha sido un lustro, describen, de "insultos" y "ofensas". "Cuando la atacan siempre responde que nos recibiría, pero al mismo tiempo nos ataca. Es una fea manera de iniciar un acercamiento", critica Carmen López, de la primera organización. Ella es clara: no iría, en ningún caso. Y duda que lo hiciera cualquier otra víctima. "No creo que ninguna pueda mirar a Ayuso a la cara", señala.

La segunda organización, en cambio, no lo descarta, pero impone sus propias condiciones. Para acudir a la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, lo primero es que la conservadora pida perdón. Tanto en los medios como en la Asamblea de Madrid. Lo segundo, que en ese mismo escenario lea la treintena de cartas de los familiares entregadas hace apenas una semana en la sede de la Presidencia. Y lo tercero, que acuda al acto de conciliación que le pidieron para rectificar la "frase vejatoria" en la que dejó caer que si no trasladó a los mayores a los hospitales durante la primera ola de la pandemia era porque en aquel momento las personas mayores "no se salvaban en ningún sitio". Si pasara eso, la plataforma consideraría poder acudir. Pero tampoco lo da por hecho.

Desde Pladigmare, por su parte, sí están abiertos a que se produzca un encuentro. Según indica su presidente, Fernando Flores, la aceptarían "con la intención de seguir ayudando a las familias", a pesar de que la presidenta nunca haya mostrado "la más mínima humanidad por este caso, ni tampoco ningún respeto". Critica en este sentido el "tono provocador" de Ayuso, pero argumenta que la "indiferencia y el silencio" no es la mejor respuesta a la "memoria" de las víctimas. Por eso esta organización pidió reuniones con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, el 3 de julio y el 6 y 20 de septiembre. En concreto, buscaban abordar el asunto de las olas de calor y las medidas de las residencias para paliar sus consecuencias, presentar alegaciones al Acuerdo de Acreditación para los geriátricos y conocer los planes del Gobierno en lo relativo a la estrategia de desinstitucionalización del Gobierno.

Años de ataques

No ha sido esta la primera vez que Ayuso afirma que no tiene problema en reunirse, pero la realidad es que jamás lo ha ofrecido. En lugar de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su equipo han llevado a cabo una auténtica campaña de ataques a las organizaciones de víctimas. La última vez fue cuando, durante un pleno en el parlamento regional, la líder del Ejecutivo respondió a la oposición que siempre preguntaba por "las mismas mierdas". Habían pasado pocos días entonces del último desprecio.

Lo protagonizó en aquella ocasión el jefe de su gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que acusó de mentir a la hija de una mujer fallecida en una residencia que partició en el programa de Lo de Évole. "Ya tengo comprobado que la primera señora [...] no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid", publicó. Menos de doce horas después, rectificó. Pero sólo en lo relativo a su identidad. Rodríguez no hizo ni un sólo comentario sobre el mensaje en el que advirtió con investigar a los familiares de las víctimas. Tampoco explicó cómo había comprobado que el testimonio de aquella mujer era cierto. Y tampoco mencionó nada sobre el cuestionamiento que hizo de las propias víctimas. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira" [sic], escribió en su perfil de X.

Ayuso redobla su desprecio a las víctimas en residencias tras cinco años negando el Protocolo de la Vergüenza

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Tres días antes, Ayuso afirmó desde un acto en Ribadeo (Lugo) que todo lo relativo a su gestión de los centros de mayores durante el covid no es más que una polémica creada "por una plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas" y que actúan junto a "una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad". "Están utilizando una cifra inventada y muchas familias nos han escrito para pedir que les bajen de esas cifras porque les da vergüenza", aseguró, entre aplausos de los presentes.

Una prescripción inminente

Más allá de las plabras, los familiares también han buscado justicia en los tribunales. Su última baza la depositaron en la macrodenuncia por un supuesto delito de denegación sanitaria por discriminación que está ya en manos de cuatro fiscalías que dirimen ahora si judicializan o no —y por tanto si paralizan o no el plazo de prescripción— los 109 casos que incluye. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, confirmó hace unos días en el Senado que el objetivo es investigarlos todos.

En concreto, dijo, cada una de esas fiscalías está comprobando si los hechos ya han sido objeto de investigación para asegurar que se hayan "realizado todas las diligencias necesarias a partir de esta nueva denuncia". Si ya había un proceso penal abierto, las pruebas de la misma ya han sido añadidas; si no, señaló el fiscal general, "se está desarrollando la correspondiente actuación investigadora en el seno de unas diligencias de investigación, tratando de realizarlo a la mayor brevedad para evitar la prescripción de los hechos denunciados".