La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.

El canal ultraliberal Negocios TV tiene 2,71 millones de suscriptores en YouTube, emite a través de Movistar+ y llega a millones de hogares en México mediante acuerdos con plataformas de distribución. Google acaba de citarlo como modelo de éxito en la economía de creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría de los españoles, en un ecosistema mediático dominado por las cámaras de eco, no sabe que existe. ¿Qué es y de quién es Negocios TV?

El canal se presenta como un medio de información económica y financiera con una propuesta sencilla: explicar la macroeconomía —inflación, tipos de interés, deuda pública, mercados— en un lenguaje accesible, en formato vídeo, de forma gratuita y sin los muros de pago que caracterizan a medios como The Wall Street Journal o Bloomberg, con los que gusta de compararse. La información financiera, viene a decir, no debería ser un privilegio de quienes pueden permitirse una suscripción cara.

Lo opera una sociedad llamada Business Videns SL, constituida en mayo de 2021. Su fundador, presidente y consejero delegado es José Antonio Vizner, periodista económico que también ha desarrollado aplicaciones para Amazon Alexa y que describe su trabajo en términos de misión: la búsqueda de “la verdad que la economía esconde”. Vizner es, además, yerno de Julio Ariza, el empresario que fundó y dirigió el Grupo Intereconomía, referencia histórica de la televisión ultra en España y pieza sin la cual nada de lo que hoy es y representa Vox sería posible. Este dato importa para entender de qué canal estamos hablando.

Cuando Intereconomía desapareció como proyecto televisivo de alcance, dejó un hueco en el ecosistema mediático de la derecha española. Negocios TV ha ocupado parte de ese espacio, aunque con una estrategia radicalmente distinta: en lugar de apostar por la televisión tradicional, ha construido su audiencia casi íntegramente en plataformas digitales, con YouTube como motor principal. Y todo indica que está funcionando.

Business Videns SL tiene cuatro socios fundadores, cada uno con una cuarta parte del capital. El primero es el propio Vizner. El segundo es Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario.com, el digital dirigido por Eduardo Inda. Inda, bien conocido por su extremismo, su comunión con la derecha y su mala praxis profesional, no aparece directamente en el consejo de administración, pero su director general, Juan Carlos García Cabrera, sí lo hace en representación de la empresa. 

El tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, sociedad vinculada a Alejandro Suárez, figura del periodismo financiero en España y propietario, entre otros medios, de Merca2.es y el pseudomedio ultra Moncloa.com. El cuarto es Civitas Firma SL, sociedad de Julen Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza.

El resultado es una constelación en la que conviven el yerno y el hijo de Julio Ariza, el entorno de Eduardo Inda y un periodista financiero de impulsor de proyectos de perfil económico ultra. Entre los cuatro controlan un canal con una facturación declarada de 2,47 millones de euros en 2024 y un beneficio neto de 302.000 euros, según las cuentas depositadas por Business Videns SL. El negocio debe ir bien, porque el salario bruto de Vizner ese año fue de 201.500 euros.

Negocios TV se define como un medio económico, pero su línea editorial tiene una carga ideológica que va bastante más allá del análisis de balances. El canal es un altavoz de la escuela austriaca de economía, la corriente que defiende la mínima intervención del Estado, la desregulación de todos los sectores y la desconfianza hacia los bancos centrales. 

Sus colaboradores, entre ellos el economista Daniel Lacalle, denuncian de forma sistemática la inflación como un “impuesto oculto” generado, según ellos, por la irresponsabilidad de los gobiernos y la emisión descontrolada de dinero. La retórica del canal pivota sobre la idea conspiracionista de que los ciudadanos son víctimas de unas élites burocráticas que les ocultan la verdad económica.

Desde esa posición, el canal ha sido un defensor entusiasta de Javier Milei, el presidente argentino cuyas políticas de ajuste extremo conectan directamente con la doctrina que Negocios TV lleva años divulgando y que ha convertido su países en un gigantesco banco de pruebas de las teorías ultraliberales a costa de los más desfavorecidos. Nada de esto es accidental ni está oculto: es la propuesta editorial del canal, presentada como rigor frente al supuesto “control del relato” de los grandes grupos de comunicación.

Del tono que tiene el canal da idea el repertorio de titulares habitual en sus piezas de YouTube, en las que, además de informaciones, abundan los discursos doctrinarios de Vizner: "Caos militar en EEUU", "Rompe el mercado", "¿Guerra para siempre?", "Pierde la paciencia", "Crisis en Europa", "Cuarteto radical". Expresiones que casi siempre se mueven oscilan entre el anuncio del apocalipsis y el subrayado grosero.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido Negocios TV no tienen que ver, sin embargo, con su línea económica, sino con las conexiones que se le atribuyen a uno de sus socios. El Yunque es una organización ultraconservadora de origen mexicano, nacida en los años cincuenta, de carácter secreto y con ramificaciones documentadas en varios países de América Latina y Europa. Su objetivo declarado es combatir el comunismo y, más recientemente, lo que sus miembros llaman la “agenda progresista”. Diversos investigadores y medios han señalado históricamente al Grupo Intereconomía como un entorno con vínculos con esta organización.

La conexión con Negocios TV se establece, según sus críticos, a través de Julen Ariza Rossy. Varios analistas y publicaciones lo han señalado explícitamente como vinculado a El Yunque, siguiendo una línea que ya se trazó sobre su padre. Desde esta lectura, el canal no sería solo un medio de información económica liberal, sino una pieza más de una estrategia cultural más amplia orientada a combatir la Agenda 2030 y los valores del progresismo. Canal Red, el medio que dirige el exvicepresidente Pablo Iglesias y que se sitúa en las antípodas ideológicas de Negocios TV, ha llegado a describirlo, con ese telón de fondo, como un "nido de serpientes libertarias y yunquistas".

Las cifras que maneja Negocios TV son llamativas. El canal afirma tener 20 millones de usuarios a nivel mundial, registrar una media de siete millones de visualizaciones diarias y haber alcanzado puntualmente los 151 millones de visualizaciones mensuales en YouTube, supuestamente por encima de medios como Fox Business y Bloomberg. Dice contar con más de 120 anunciantes internacionales y una pequeña base de 1.300 suscriptores de pago, pese a su vocación de canal en abierto.

Son cifras que proceden del propio canal o de declaraciones de su CEO. La única métrica verificable de forma independiente es el número de suscriptores en YouTube —2,71 millones a fecha de este artículo—, un dato que la propia plataforma hace público. El resto —visualizaciones, usuarios diarios, alcance global— son datos autodeclarados que ninguna fuente externa conocida ha auditado.

Esto no significa necesariamente que sean falsos. El modelo de negocio del canal —publicación masiva, directos de larga duración, saturación del algoritmo de recomendación de YouTube— es perfectamente compatible con cifras de consumo elevadas.

Lo que sí está acreditado es su distribución: se puede ver a través de Movistar+, Samsung TV Plus, Orange TV, Digi, la plataforma estadounidense Distro TV y, en México, mediante Izzi y Total Play, a través de un acuerdo con Vme Digital. Y su expansión continúa: el canal ha abierto una sede en Miami para producir contenido específico para América, donde se le presume una influencia cada vez mayor, y ha anunciado una presencia en Amazon Prime Video, a lo que se suma la audiencia acumulada vía aplicaciones específicamente diseñadas para Apple TV, Android y Amazon Fire TV.

Negocios TV se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo construir influencia mediática en el siglo XXI a partir de recursos en principio modestos, sin licencia de televisión tradicional y sin el respaldo de un gran grupo de comunicación. Desde YouTube se ha erigido en canal de referencia para la batalla cultural del neoliberalismo en español —ese grupo de economistas que se autodenominan “libertarios”— con capacidad de influencia sobre la audiencia hispanohablante, tanto en España como en América Latina, ávida de una narrativa económica y política que se presenta como alternativa.

Ese éxito, sin embargo, no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de actores con una larga trayectoria en el ecosistema mediático conservador español, que han encontrado en las plataformas digitales el vehículo que la televisión analógica ya no podía darles.

Una redacción publica un reportaje en Facebook o en X. Horas después, la publicación ha desaparecido. No hay aviso previo, no hay explicación, no hay nadie al otro lado que responda. No hay responsabilidad. Solo un mensaje automático que remite a las condiciones de uso. El medio puede reclamar, claro. Puede rellenar un formulario, esperar días, recibir otra respuesta automática. O no recibir nada. Eso, con distintas variantes, ha ocurrido a medios de toda Europa en los últimos años: desde cabeceras con décadas de historia hasta emisoras locales con una docena de periodistas.

Para cambiarlo, la Unión Europea hace tiempo que puso en marcha su capacidad de legislar. Y ahora las cosas ya han llegado al punto en el que las grandes plataformas tienen que responder. Es lo que declaró el pasado 22 de abril el Media Board de la Unión Europea, el organismo creado para velar por la independencia y la pluralidad del periodismo en el continente y en el que España está representada a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El texto celebra las directrices que la Comisión Europea aprobó el pasado 6 de febrero y urge a Meta, Google, TikTok, X y el resto de las grandes tecnológicas a que las apliquen “cuanto antes”. Esas directrices no son sugerencias: son las instrucciones concretas, punto por punto, que explican cómo deben construir las plataformas un mecanismo para que los medios de comunicación puedan identificarse como tales y quedar protegidos frente a borrados arbitrarios. La ley que los obliga lleva más de un año en vigor. El mecanismo todavía no existe en ninguna de ellas.

Para entender el estado actual de la cuestión, hay que remontarse a 2024, cuando la Unión Europea aprobó el Reglamento Europeo de la Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act). Es la primera norma de ámbito europeo que intenta blindar el periodismo independiente frente a dos tipos de presión: la de los gobiernos y la de las grandes plataformas digitales.

Su artículo 18 es una de las piezas más prácticas de ese edificio. Establece que las plataformas más grandes —las que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE— tienen que tratar a los medios de comunicación de forma diferente a como tratan a un usuario corriente. Un periódico, una radio o una televisión que publica contenidos en Facebook, YouTube o TikTok no puede estar sujeto a las mismas reglas informales que alguien que cuelga un vídeo de su gato.

Concretamente, la ley les exige tres garantías básicas: que la plataforma avise al medio con antelación si va a borrar o limitar uno de sus contenidos, que le explique los motivos con claridad y que le dé 24 horas para responder antes de que el borrado se haga efectivo. Si un medio considera que está siendo limitado de forma sistemática e injustificada, puede exigir además un diálogo formal y que sus quejas sean atendidas con prioridad.

Suena razonable. El problema es que, para beneficiarse de estas protecciones, los medios primero tienen que identificarse como tales ante cada plataforma. Y para que eso sea posible, cada plataforma tiene que crear un mecanismo —un botón, un formulario, algún tipo de canal específico— a través del cual los medios puedan presentar esa declaración. Hasta febrero de 2026, nadie había explicado con suficiente detalle cómo debía ser ese procedimiento. Las plataformas, en ausencia de instrucciones precisas, no lo habían construido. Eso es exactamente lo que las directrices de la Comisión vienen a resolver.

Las directrices —publicadas en el Diario Oficial de la UE con la referencia C/2026/901— son bastante concretas. No dejan demasiado margen a la interpretación.

Lo primero que establecen es que ese mecanismo de declaración tiene que ser visible y accesible. No puede estar enterrado en un submenú de configuración avanzada. Debe estar disponible en todos los idiomas oficiales de la UE y ser fácil de encontrar para cualquier redacción, con independencia de su tamaño o sus recursos técnicos.

Para declararse como medio de comunicación, las organizaciones periodísticas tendrán que proporcionar siete elementos concretos. Entre ellos: que producen contenido informativo, que son editorialmente independientes —esto es, que no están controladas por un gobierno, un partido político o un Estado extranjero—, que están sujetas a algún mecanismo de supervisión regulatoria o de autorregulación reconocido (un consejo de prensa, un defensor del lector, un código deontológico acreditado), y sus datos de contacto y los del regulador o autoridad competente en su país.

Hay un punto que merece atención especial: las directrices exigen también que los medios declaren si sus contenidos generados con inteligencia artificial tienen supervisión humana y control editorial. Es, probablemente, la novedad más relevante del texto en el contexto actual, y anticipa una conversación que apenas ha empezado en la industria periodística.

Una vez presentada la declaración, la plataforma tiene que acusar recibo de forma automática e inmediata, con un contacto humano real —no un sistema automatizado— para facilitar la comunicación posterior. Las declaraciones deben además ser públicas: cualquier ciudadano podrá consultar qué medios se han declarado como tales en cada plataforma.

Las directrices también acotan el margen de maniobra de las plataformas cuando tengan dudas sobre si un supuesto “medio” cumple realmente los requisitos. En ese caso, no pueden limitarse a rechazar la declaración: deben consultar al regulador nacional correspondiente antes de tomar ninguna decisión. 

La incertidumbre no puede usarse como excusa para el bloqueo. Y si un medio pertenece a un mecanismo de corregulación o autorregulación reconocido —un consejo de prensa, por ejemplo—, su declaración debe aceptarse de forma automática, siempre que el resto de elementos estén en orden.

Por último, las directrices abren la puerta a que organizaciones como verificadores de datos participen en la supervisión del proceso, para evitar que medios dedicados sistemáticamente a la desinformación o a la propaganda disfrazada de periodismo se beneficien de protecciones que no les corresponden.

La pelota está en el tejado de las plataformas. Las normas ya existen; lo que falta es que las implementen. La lista de obligadas incluye a Meta (Facebook, Instagram, Threads), Alphabet/Google (YouTube, Google Search, Google News), TikTok, X, Microsoft (Bing, LinkedIn), Snapchat y Pinterest, entre otras. Todas ellas están sujetas al Reglamento de Servicios Digitales y, por extensión, al artículo 18 del EMFA.

Pero no son las únicas que tienen que actuar. Los medios de comunicación que quieran beneficiarse de estas protecciones tendrán que preparar su declaración y presentarla en cada plataforma en la que tengan presencia relevante. Eso implica verificar que cumplen los requisitos —en particular los de transparencia sobre propiedad e independencia editorial— y mantenerla actualizada si sus condiciones cambian.

Y los reguladores nacionales de medios deben estar preparados para ser consultados por las plataformas cuando estas duden sobre alguna declaración. En España, eso corresponde principalmente a la CNMC y, en su ámbito audiovisual, al organismo que prevé la Ley de Comunicación Audiovisual. La agilidad de esa respuesta importa: si el regulador tarda semanas en contestar, la protección pierde buena parte de su sentido práctico.

¿Cuál es el problema? En España la CNMC sigue sin tener la habilitación legal para ocuparse de este asunto más allá del campo audiovisual.

La presidenta del Media Board, Amma Asante, resume el propósito del artículo 18 en que estas normas existen para que los intermediarios privados no puedan “restringir indebidamente el discurso público”. Dicho de otra forma: para que la decisión sobre qué periodismo llega a la ciudadanía no la tome un algoritmo de Silicon Valley.

No es una amenaza hipotética. En los últimos años, medios de distintos países —incluidos algunos europeos— han visto contenidos borrados o alcances limitados sin previo aviso, sin explicación clara y sin posibilidad real de réplica. Las plataformas aplican sus propias condiciones de uso, las cambian cuando lo consideran oportuno y no tienen, hasta ahora, ninguna obligación legal de tratar a un medio periodístico de forma distinta a cualquier otro usuario.

El artículo 18 del EMFA no cambia eso radicalmente: no obliga a las plataformas a no borrar contenidos. Solo les exige que, antes de hacerlo, avisen, expliquen y escuchen. Es una protección modesta, pero es la primera de su tipo a escala continental. Y tiene una virtud: pone por escrito, en una norma jurídicamente vinculante, que el periodismo independiente merece un tratamiento distinto al del contenido ordinario.

La eficacia de esa protección depende ahora de que las plataformas construyan el mecanismo, de que los medios lo usen y de que los reguladores hagan cumplir la norma. El Media Board ya ha avisado esta semana de que el reloj está corriendo. El primer test es el más sencillo: ¿tienen ya Facebook, YouTube o TikTok ese formulario? La respuesta, por ahora, es negativa.

El hombre que convirtió a Apple en la empresa más valiosa de la historia se va con los deberes a medio cumplir. Tim Cook anunció este lunes que dejará la dirección ejecutiva del gigante tecnológico el próximo 1 de septiembre, quince años después de heredar una compañía traumatizada por la muerte de Steve Jobs y que él transformó en una máquina de hacer dinero sin precedentes en la historia del capitalismo. Su sucesor será John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, un directivo de perfil técnico que lleva 25 años en la empresa y que tendrá que solucionar los problemas que Cook dejó sin resolver. El primero y más urgente de ellos: la inteligencia artificial.

La transición llega en un momento extraño para Apple. La compañía ronda los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil —lo que la convierte en la tercera empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia y de Alphabet, la matriz de Google— y el iPhone 17 ha tenido un rendimiento razonable en ventas. Pero debajo de esa fortaleza financiera hay señales de erosión. Apple, la empresa que en 2007 reinventó el teléfono móvil y en 2010 creó el mercado de las tabletas modernas, lleva años sin protagonizar un salto tecnológico de esa magnitud. Y en la carrera de la inteligencia artificial —el movimiento tectónico más importante del sector desde la aparición del smartphone— va por detrás de casi todos sus grandes rivales.

Esa posición de tercera empresa más valiosa del mundo merece un momento de atención. Cuando Cook tomó el timón en 2011 Apple ocupaba el primer lugar, con una capitalización de 337.000 millones de dólares. En agosto de 2018 cruzó el billón, en 2020 los dos billones y en 2023 los tres. Esa multiplicación por diez en doce años es el verdadero legado financiero de Cook. 

Pero también revela el problema: la empresa que fue primera en cruzar esos umbrales ha cedido ahora el liderazgo a Nvidia, una compañía que hace una década fabricaba tarjetas gráficas para videojuegos y que ha escalado hasta los 4,5 billones gracias a una sola apuesta: los chips que alimentan la inteligencia artificial. Alphabet también ha superado a Apple en capitalización, apoyada en haber reconvertido su imagen de gigante de internet en declive a líder en IA. Los mercados están premiando esa apuesta con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones.

Para comprender el problema de Apple hay que entender su modelo de negocio, que es también su filosofía y, en cierto modo, su carácter. Apple construye ecosistemas cerrados: hardware, software y servicios integrados bajo un control absoluto de la compañía. Esto tiene ventajas reales —seguridad, coherencia, experiencia de usuario pulida— pero tiene un coste: dificulta la incorporación de tecnologías externas, ralentiza la adaptación y genera fricciones regulatorias crecientes. 

La Ley de Mercados Digitales europea (DMA, por sus siglas en inglés) ha forzado a la compañía a permitir tiendas de apps alternativas y a abrirse parcialmente a desarrolladores externos, recortando de paso prestaciones clave en los mercados europeos. El conflicto no ha terminado. Y en el contexto de la IA la tensión se vuelve más aguda: los modelos más potentes son los que tienen acceso a más datos, más integraciones, más contexto. Un ecosistema cerrado es, por definición, un ecosistema que dificulta todo eso. Algunos analistas del sector llevan tiempo describiendo el “jardín cerrado” de Apple como una trampa: fue su gran ventaja competitiva en la era del hardware, pero se está convirtiendo en un lastre en la era de la IA.

En junio de 2024, Apple presentó Apple Intelligence en su conferencia anual de desarrolladores: modelos de lenguaje avanzados en el iPhone, una Siri verdaderamente inteligente, funciones de IA contextual que ningún otro fabricante podía igualar. Era, en teoría, la respuesta de Apple a ChatGPT. 

Lo que vino después fue una sucesión de retrasos y decepciones. Las funciones más prometidas se fueron postergando trimestre tras trimestre. Y siguen sin llegar. En diciembre de 2025, la empresa reconoció que no lanzaría la Siri renovada a corto plazo y anunció una reestructuración de su equipo de IA. John Giannandrea, el directivo que llegó de Google en 2018 para liderar la estrategia de inteligencia artificial, salió de la empresa junto a otros tres altos cargos. Las acciones cayeron de forma notable.

La situación llegó a un punto tan delicado que la compañía tomó una decisión impensable hace pocos años: integrar en el iPhone un modelo externo, el Gemini de Google, para compensar las carencias de sus propios desarrollos. Apple, que durante décadas ha presumido de controlar cada elemento de sus productos, tuvo que recurrir a su principal competidor para tapar un agujero en su propuesta de valor. 

El problema de fondo es que la IA está dejando de ser una función adicional del teléfono para convertirse en la interfaz principal con la que los usuarios interactúan con sus dispositivos. Si Siri no está a la altura, el iPhone empieza a parecer un hardware excelente con una capa de software anticuada.

Steve Jobs tenía una frase que resumía mejor que ninguna otra su capacidad de innovar: “La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”. No era arrogancia —o no solo— sino una descripción precisa de su método de trabajo. Jobs no hacía estudios de mercado para diseñar productos; creaba objetos que redefinían el marco de lo posible y dejaba que el mundo se adaptase. El iPhone no nació de una encuesta. El iPad tampoco. Esa capacidad de imaginar necesidades que el usuario todavía no sabe que tiene es exactamente lo que Apple lleva quince años sin demostrar, y es el vacío más difícil de llenar porque no se resuelve con dinero ni con ingeniería.

Mark Zuckerberg, el oligarca tecnológico propietario de Meta (Facebook e Instagram) lo dijo en voz alta hace unos meses, con la arrogancia que le caracteriza y con la puntería que a veces tienen las provocaciones interesadas: Apple, dijo, lleva años “exprimiendo” su único gran producto sin atreverse a apostar por nada radicalmente nuevo. 

La acusación tiene matices. La tecnológica  ha hecho avances muy relevantes en estos quince años: los chips Apple Silicon, las mejoras en cámaras y biometría, los AirPods, el Apple Watch, unos servicios que generan márgenes altísimos. Pero nada de eso es comparable, en términos de impacto, con el iPhone. Y el único intento serio de Cook de crear una categoría radicalmente nueva ha resultado ser, al menos de momento, el mayor fracaso comercial de Apple en décadas.

Apple Vision Pro se presentó en 2023 como “el primer ordenador espacial”. El precio era de 3.499 dólares, el dispositivo era técnicamente impresionante y las ventas han sido, con todos los eufemismos disponibles, muy decepcionantes: unos 45.000 unidades en el último trimestre de 2025, frente a los decenas de millones de iPhones del mismo período. 

A principios de 2026 la empresa frenó la producción y redujo la publicidad. Apple lanzó el Vision Pro sin tener claro para qué servía. No era un producto de consumo masivo ni exactamente una herramienta profesional. Era una demostración de capacidad tecnológica en busca de un caso de uso convincente que nunca llegó porque carecía de la visión anticipatoria de Jobs. Al final, no ha fraguado. Cook ha construido una empresa que optimiza su rentabilidad con una precisión casi matemática, y esa eficiencia tiene un precio: la tolerancia al fracaso a corto plazo —condición indispensable para la innovación radical— es baja.

John Ternus es, sobre el papel, el antídoto natural a los problemas técnicos que arrastra Apple. A sus 50 años, es el directivo más joven del equipo ejecutivo. Ha sido responsable del iPad, los AirPods, la transición a Apple Silicon y el iPhone 17. Lleva un cuarto de siglo en la empresa y conoce sus entrañas mejor que nadie. Cook le describió en el comunicado con el lenguaje previsible de estos actos: “mente de ingeniero, alma de innovador”. 

La primera parte es la que importa. Apple tiene un problema técnico —la IA— y ha elegido para resolverlo a alguien cuya credencial principal es haber construido hardware excelente. En teoría, es una apuesta por la integración: la convicción de que la ventaja de Apple no vendrá de los modelos en sí, sino de integrarlos de manera más eficiente en hardware que nadie más puede replicar. 

El chip Apple Silicon es genuinamente superior para ciertos tipos de inferencia local, y el procesamiento de IA en el propio dispositivo tiene ventajas reales en privacidad y velocidad. Pero la brecha con Google, Meta y OpenAI en capacidades de los modelos es grande y no se cierra con un chip mejor.

Hay además otras herencias de la era Cook que Ternus está obligado a gestionar. Cook nunca abrazó a Donald Trump con el entusiasmo de Elon Musk, ni se posicionó en su contra con la determinación de otros ejecutivos del sector. Eligió la equidistancia y la sostuvo con gestos calculados: donó un millón de dólares a la ceremonia de investidura, anunció una inversión de 500.000 millones en Estados Unidos y, durante una visita a la Casa Blanca, obsequió al presidente con una estatua de oro de 24 quilates con el logotipo de Apple. A cambio, logró que sus productos quedaran exentos de los aranceles más severos. 

Pero la tregua fue siempre frágil: Trump llegó a amenazar con un arancel del 25% si Apple no fabricaba sus iPhones en suelo americano. La guerra arancelaria de 2025 acabó costándole a la empresa más de 2.000 millones en costes adicionales y obligó a reorganizar a marchas forzadas una cadena de suministro que llevaba décadas construyendo. La equidistancia tiene un límite, y ese límite se paga caro.

Cook se marcha a los 65 años con el balance más impresionante que un CEO tecnológico puede presentar: desde 1998, la capitalización de Apple ha pasado de 4.600 millones de dólares a más de cuatro billones, un crecimiento de casi el 87.000% sin parangón en la historia empresarial moderna. Ese es su legado, pero también es su límite: construyó una empresa perfecta para el mundo de 2015, en el momento en que el mundo estaba cambiando hacia algo que esa perfección no estaba preparada para gestionar.

Ternus hereda el trono más cómodo y a la vez más incómodo de la tecnología mundial. Los recursos son inagotables. El tiempo, no tanto.

Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este jueves tres denuncias presentadas por el Partido Popular (PP) contra la corporación pública RTVE durante la campaña de las elecciones andaluzas. Las tres reclamaciones fueron desestimadas y archivadas sin apertura de expediente sancionador. 

La decisión de la JEC, en la práctica, pone coto a la ofensiva con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de desacreditar a los medios públicos en el contexto de las elecciones autonómicas, pero también con la vista puesta en las generales del año que viene.

La primera denuncia, presentada el 8 de abril por el PP de Andalucía, cuestionaba la publicación de encuestas en la cuenta oficial de RNE en la red social X. El partido consideraba que esas consultas vulneraban la normativa electoral al permitir a los partidos conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones con incidencia directa en el resultado electoral. 

La JEC no lo entendió así. En su resolución, el organismo señaló que la práctica no es contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General siempre que las preguntas no traten de averiguar, directa ni indirectamente, la intención de voto y que sus resultados no sirvan para elaborar estimaciones electorales. 

Las dos cuestiones formuladas por el programa 24 horas versaban sobre el pacto de la coalición Por Andalucía y, a juicio de la JEC, no permitían deducir preferencias políticas de los participantes. El organismo añadió, además, que el número de respuestas recibidas era insuficiente para atribuirles ningún valor demoscópico real.

La segunda reclamación, también del 8 de abril, afectaba a una entrevista emitida en Las Mañanas de RNE con la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero. 

El PP sostenía que en esa entrevista se había producido una petición expresa del voto. La frase señalada por el partido era la siguiente: “El mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones de progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda”. 

La JEC, sin embargo, puso la declaración junto a una del propio Juan Manuel Moreno Bonilla —“soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas”— e indicó que en ambos casos se habla de bloques políticos genéricos sin referirse a una formación concreta ni a un candidato determinado. 

El organismo recordó que su jurisprudencia exige una concreción “mucho mayor” para apreciar una petición de voto: ha de ser expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una formación específica. La denuncia fue archivada.

La tercera reclamación tenía una fecha más antigua: el 26 de marzo. El PP denunció entonces la emisión en La Hora de La 1 de un rótulo que calificó de ofensivo contra el presidente de la Junta de Andalucía durante la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso. 

RTVE explicó que el subtítulo había quedado en pantalla por error, arrastrado de una emisión anterior en la que subtitulaba unas declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida. 

La corporación negó que hubiera ninguna decisión editorial deliberada y señaló que el 7 de abril había emitido una rectificación. La JEC consideró que las explicaciones aportadas eran “suficientes” y que el error ya había sido subsanado. No procedía, por tanto, abrir expediente sancionador.

Las ruedas de prensa con preguntas ilimitadas —y repreguntas— ya son una rareza en España. Pero es que, además, las comparecencias ante periodistas en las que los líderes del PSOE, el PP y Vox —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal— se someten a responder a los medios se cuentan cada año con los dedos de una mano. Y a veces sobran dedos.

Los equipos de comunicación de los grandes partidos —los pequeños suelen ser otra historia, porque están mucho más necesitados de presencia mediática— llevan tiempo asumiendo como prioritaria la tarea de mantener a sus máximos dirigentes fuera del alcance de la prensa en general, y de los periodistas de televisiones, diarios y radios que consideran no afines, en particular.

En lo que va de legislatura, Sánchez, Feijóo y Abascal no solo han ofrecido contadas ruedas de prensa en las que los periodistas tienen oportunidad de preguntarles sobre temas de actualidad, sino que tampoco han concedido entrevistas a medios que sus directores de comunicación no consideran afines. La idea es simple: someter a sus líderes exclusivamente a cuestionarios supuestamente previsibles, que pueden hasta cierto punto controlar, y evitar así las preguntas incómodas.

No encontraréis entrevistas de Pedro Sánchez en El Mundo, elconfidencial.com o Abc. Tampoco de Feijóo en eldiario.es o infoLibre —este periódico las ha solicitado, sin éxito, desde 2022—. Sí se han publicado a la inversa. Lo mismo sucede con Abascal, que tampoco se expone a ser entrevistado por medios que considera hostiles, entre los que incluye algunos de la derecha como Abc o El Mundo. Sí acude, cuando le llaman, a programas de Antena 3 y Telecinco.

Este comportamiento no siempre fue la norma. Hace algunos años, los dirigentes de los diferentes partidos se sometían no solo a ruedas de prensa con cierta frecuencia, sino que concedían entrevistas a medios de diferente orientación editorial. Hasta el punto de que no hacerlo representaba un estigma. Y tenía un coste ante la opinión pública.

Hoy eso ya no sucede. Los políticos, pero también los medios, han normalizado una situación que no solo deteriora el ecosistema mediático español, sino que condiciona el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.

Todos los representantes de organizaciones de periodistas consultados por infoLibre están de acuerdo en que esta situación representa, como mínimo, una “anomalía”.

Los dirigentes políticos, recuerda Joan Maria Morro, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), “tienen la obligación de pasar cuentas y de dirigirse a toda la sociedad. No es sano ni deseable que sólo concedan entrevistas a medios o a periodistas que son afines a sus creencias. Para garantizar la máxima pluralidad, las entrevistas deberían realizarse en todo tipo de medios, públicos y privados, de audiencia estatal o autonómica”.

En su opinión, no hay duda de que este comportamiento afecta al derecho de los ciudadanos a recibir la máxima información de los líderes políticos y dirigentes institucionales. Algo que solo se “garantiza si hay entrevistas y comparecencias en las cuales todos los periodistas de todos los medios pueden realizar las preguntas libremente”.

En algunos casos, añade, se convocan comparecencias sin preguntas invocando como excusa situaciones extraordinarias o de emergencia, cuando “lo saludable e idóneo es que, incluyendo esos casos, los periodistas puedan realizar preguntas para saber qué está pasando, por qué está pasando y qué consecuencias tiene para la sociedad”.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey, no cree que estemos ante un fenómeno nuevo. “Quizás con el tiempo se está haciendo más acuciante un problema que ya existía o que se está disimulando menos a la hora de elegir las preferencias de los gobiernos”, pero en su opinión “siempre ha sido así”.

Lo que en realidad está pasando, explica, es que nos encontramos en un momento de polarización en el que se hace mucho más evidente que hay medios y periodistas que nunca tienen acceso a determinados personajes públicos para conseguir una entrevista y plantear sus preguntas en profundidad, y que “cada vez vemos a los mismos políticos en los mismos medios”.

“Esto no solo le pasa al Gobierno central”, puntualiza. “También pasa a los gobiernos autonómicos. Es una actitud que busca la comodidad y el confort de los poderes y eso me preocupa porque me parece que algo hacemos mal de los dos lados. Si los poderes buscan solo a sus periodistas afines y hay medios que transmiten la sensación de que ‘aquí vas a estar cómodo y en mí puedes confiar, que no te haré ninguna pregunta incómoda’, entonces lo estamos haciendo mal”.

En todo caso, la representante de los periodistas que operan en la capital añade que le “preocupa muchísimo más” que “no haya pluralidad a la hora de plantear preguntas en las ruedas de prensa”. En eso, sostiene, “no se puede ser absolutamente nada tolerante. Ni consejos de ministros, ni consejos de Gobierno, ni ningún tipo de rueda de prensa posterior a reuniones institucionales puede delimitar el acceso de un grupo variado y plural de periodistas”.

“Ya sé que siempre van a dar la palabra prioritariamente a determinados corresponsales políticos, pero eso no es malo en sí mismo. Eso quiere decir que esos corresponsales políticos son personas que han ganado relevancia y pueden tener ese trato privilegiado de ser los primeros en preguntar. Pasa aquí y pasa en todos los países del mundo. Pero a partir de ahí, en el turno de preguntas siempre tiene que haber medios más pequeños, más discrepantes, más críticos. Hay periodistas que llevan años yendo al Consejo de Ministros”, afirma con rotundidad, “sin poder levantar la mano y que les den el turno de palabra. Eso sí que me parece grave y absolutamente denunciable. Todos sabemos perfectamente a quién le dan la palabra y a quién no. Y ante eso hay que rebelarse”.

Sonia Vizoso, vicedecana del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), no tiene dudas. Negar entrevistas a medios no afines “es una clara erosión democrática”, pero también “una consecuencia del descrédito que sufre la profesión periodística”. Ese descrédito, explica, es un problema del que se está sirviendo “la ola reaccionaria que sacude el mundo para crecer, pero desgraciadamente lleva tiempo siendo alimentado también por los intereses cortoplacistas de los partidos democráticos”.

En esa misma línea, denuncia, “se reducen las comparecencias con preguntas y cada vez se envían más comunicaciones unidireccionales como vídeos o audios”.

Esta práctica, efectivamente, es cada vez más frecuente. Los medios, en particular televisiones y radios, pero también algunos digitales, emiten después esos audios o vídeos sin rotular o explicar, en la mayoría de los casos, que son contenidos suministrados directamente por los partidos, no el producto de la exposición de los dirigentes políticos a las preguntas de los periodistas.

En opinión de Vizoso, “para que se cumpla el derecho a la información, los dirigentes políticos tienen la obligación de someterse al escrutinio de los periodistas y de los medios de comunicación, sin adjetivos”. Es una obligación con la ciudadanía que lee, escucha o ve esos medios. “Y quienes no lo hacen, ya sea por comodidad, cobardía o falta de consistencia en su discurso, actúan igual que un algoritmo sesgado, promoviendo la polarización y la desinformación”, denuncia.

Lorena Mejías, decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), sostiene que el hecho de que los principales líderes políticos solo concedan entrevistas a medios afines para evitar las preguntas incómodas “define la altura o la calidad de los dirigentes políticos que existen hoy en día”.

“Me preocupa la capacidad que tienen los dirigentes políticos a la hora de enfrentarse a preguntas que les pueden resultar incómodas, porque eso también implica cómo pueden enfrentarse a situaciones incómodas a la hora de ejercer en un momento dado un gobierno”.

“Comprar medios de comunicación”

Aunque deberían tener la capacidad de “responder ante las adversidades”, “creo que hoy en día no están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a, entre comillas, comprar medios de comunicación, a que solo les hagan preguntas que les resultan cómodas, incluso en muchas ocasiones preguntas pactadas, a no someterse a las preguntas”.

Frente a este diagnóstico compartido, la pregunta más incómoda de contestar es por qué los periodistas no responden colectivamente. Las voces consultadas por infoLibre apuntan en una misma dirección, aunque con matices distintos.

Hace unos años, sobre todo entre 2011 y 2013, parecía haber fraguado un movimiento que denunciaba al menos las convocatorias sin preguntas y proponía un boicot activo. Pero no se consolidó. La falta de unanimidad en la respuesta fue la causa.

Por eso, recuerda el decano del colegio catalán de periodistas, las protestas “deberían ser unánimes por parte de todos los periodistas y todos los medios”. “Debería haber una actuación conjunta cuando se coarta el derecho a entrevistar y acceder a los dirigentes políticos”, subraya Morro.

Para Mejías, la explicación de la falta de respuesta del gremio es estructural y tiene que ver con la precariedad que atraviesa la profesión. “Una persona que está temiendo continuamente perder su puesto de trabajo no es capaz de enfrentarse ni a su empresa ni, por supuesto, al político”.

A eso se suma, en su opinión, un olvido colectivo sobre la naturaleza de los medios: “Todo el mundo ha olvidado que las empresas de comunicación son, sobre todo, empresas que desarrollan servicios públicos. Y pensar que los medios de comunicación no son eso es un error y es el motivo por el que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos ahora”.

El resultado no es indignación, sino resignación: “Los periodistas no es que estén hartos ni que haya desazón. Se trata de que nos hemos acostumbrado”. Y lo dice con humor y un punto de sarcasmo: “Me río yo de la precariedad que dicen los médicos que tienen, comparada con la que tienen los periodistas. Y estamos nosotros en la calle cubriendo las protestas de los médicos y de todos los trabajadores y no somos capaces de reunirnos y de organizarnos”.

Vizoso, por su parte, añade una dimensión que cierra el círculo: “Somos una profesión encerrada en una paradoja, ya que nuestros problemas como gremio están invisibilizados en los medios en los que trabajamos”. Eso, dice, “ha coartado siempre nuestra capacidad de movilización para reclamar mejores condiciones laborales y profesionales, vitales no solo para nosotros sino también para la salud democrática”.

Sin embargo, la vicedecana gallega no renuncia a señalar una salida. Aunque los periodistas “estamos debilitados, es crucial que nos defendamos. Y en este caso concreto, quizás deberíamos buscar la complicidad de nuestras empresas, sea cual sea su línea editorial, para empezar a destapar a aquellos que no se someten a nuestro escrutinio. Al menos, para sembrar una reprobación social que desaliente esa estrategia entre los asesores políticos”.

Y concluye con una distinción que resume el problema en una frase: “Periodismo crítico es una redundancia. Lo otro, cuando hablamos de partidos y dirigentes, se llama comunicación política”.

Cerrar los servicios de noticias de los medios públicos de Hungría, controlados hasta ahora por el saliente Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, será una de las primeras medidas que aplicará el futuro Ejecutivo encabezado por el conservador Péter Magyar, según prometió este martes.

“Después de formar gobierno, una de las primeras medidas será suspender el servicio de noticias de este medio propagandístico”, afirmó Magyar en declaraciones a la radio pública Kossuth al referirse a la forma en la que el partido Fidesz de Orbán logró controlar la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, durante los últimos 16 años.

Según Magyar, en ese periodo los servicios noticieros de los medios públicos han funcionado de una manera “que le habría encantado a Goebbels (Joseph, ministro de Propaganda del Tercer Reich) y a Corea del Norte”.

El futuro primer ministro denunció que, a pesar de haber sido el claro líder de la oposición, con su partido, Tisza, favorito en los sondeos previos a las elecciones legislativas del pasado domingo en las que se impuso al Fidesz, la televisión pública húngara no le ha invitado ni una vez, no sólo durante la campaña electoral, sino desde hace más de año y medio.

El Tisza recibió el 52% de los votos, mientras que el Fidesz el 40%, con lo que el partido de Magyar, debido al complejo sistema electoral, tendrá una mayoría de dos tercios en la Asamblea, lo que le facilitará realizar las reformas prometidas a sus seguidores.

Magyar adelantó que el nuevo Parlamento redactará una nueva ley de prensa que, entre otros, determinará que los medios públicos “deben servir a los húngaros”.

Orbán, primer ministro desde 2010, cimentó su poder promoviendo legislaciones que centralizaron el Estado.

Una de sus muchas polémicas normativas, apodada por sus críticos como 'ley mordaza', creó el consejo de medios, que controla el funcionamiento de la prensa, formado por figuras leales al Gobierno de Orbán.

La entrevista de este miércoles se desarrolló en un ambiente tenso, el reportero interrumpió repetidas veces a Magyar, una situación que llamó la atención por el contraste que supuso frente a los frecuentes programas de la misma radio en los que Orbán habló, durante años y regularmente cada viernes, largo y tendido sin recibir preguntas incómodas o ser interrumpido.

La cadena pública británica BBC recortará en torno a un 10% de su plantilla de unos 21.500 trabajadores en un periodo de tres años para reducir costes, informan este miércoles los medios británicos.

El personal de la corporación de radiotelevisión fue informado de los planes en una teleconferencia en la tarde de este miércoles, sin que por el momento se sepan los detalles de las unidades o secciones donde recaerán los recortes, considerados los mayores desde 2011.

La noticia se conoce antes de que el 18 de mayo asuma el cargo de director general de la emisora el exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie, quien anunció su dimisión en noviembre tras la polémica por la edición manipulada de un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con la prensa, los recortes son parte de los planes presentados en febrero para reducir costes en un 10% —unos 500 millones de libras (575 millones de euros)— en los próximos tres años a fin de abordar las "presiones financieras" que afronta la compañía.

El anuncio se produce cuando a BBC está inmersa en una negociación con el Gobierno para revisar sus estatutos, que caducan en 2027, y su método de financiación, que actualmente consiste en un canon de 180 libras anuales (más de 200 euros) que pagan los hogares británicos que cuentan con un televisor.

Como otros medios de comunicación, la BBC se enfrenta a la competencia de plataformas de contenidos digitales y a la carta, así como a la presión de empresarios y políticos británicos, sobre todo de derecha, que consideran que su actividad supone una competencia desleal al sector privado.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el puesto en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda multimillonaria presentada por Trump que ahora se discute en un tribunal de Florida.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó, cuando fue nombrado en marzo, que el nuevo responsable "aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación" y lo definió como "un líder excepcional".

Por su parte, Brittin expresó sus ganas de "empezar el trabajo" en un contexto que describió como "un momento de verdadero riesgo, pero también de verdadera oportunidad".

"El Reino Unido necesita una BBC próspera que funcione para todos en un mundo complejo, incierto y en rápida evolución", señaló, para añadir que la corporación "necesita la velocidad y la energía para estar donde están las historias y las audiencias".

La salida de Davie se produjo tras la controversia por la edición supuestamente engañosa de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, que podía dar la impresión de que el presidente había incitado los posteriores disturbios en el Capitolio.

La BBC pidió disculpas por el programa, que se emitió antes de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024, pero se negó a pagar la compensación que pedía Trump, lo que derivó en una demanda por difamación del presidente.

La semana pasada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos convocó de urgencia a los principales bancos del país y a la Reserva Federal a una reunión de crisis para hacer frente a la vía de agua en la seguridad corporativa que supuestamente supone Claude Mythos, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic que ha puesto en pie de guerra a reguladores, empresas de ciberseguridad y mercados financieros de medio mundo.

La alarma es generalizada en todo el mundo, porque el nuevo modelo, según la propia empresa que lo ha fabricado, es potencialmente capaz de violar la integridad de sistemas que hasta ahora se consideraban seguros y fuera del alcance de cualquier intervención no autorizada. Ese temor, sin embargo, parece no haber alcanzado a España.

“Al tratarse de un sistema de propósito general —como ocurre con otros como, por ejemplo, ChatGPT—, la competencia es de la Comisión Europea”, se limitó a responder la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) cuando infoLibre le preguntó qué medidas había adoptado o pensaba adoptar para hacer frente al riesgo que representa Mythos.

La primera reacción de la Aesia, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que dirige Óscar López, fue lavarse las manos ante el problema —un modelo capaz de encontrar vulnerabilidades de décadas de antigüedad en infraestructuras críticas— y dejar cualquier decisión en manos de Bruselas.

La agencia, sin embargo, matizó después que, en su condición de miembro del grupo director del GPAI —l grupo donde se aterrizan las obligaciones del reglamento de IA convirtiéndolo en líneas de actuación concretas para los proveedores de modelos de propósito general—, ha trasladado a la Comisión Europea su interés en conocer la información de que dispone Bruselas sobre Mythos. El GPAI no tiene capacidad legislativa, pero sí es el foro donde se coordinan posiciones entre potencias antes de que las normas se escriban.

¿Y qué dice la UE? “Actualmente estamos evaluando las posibles implicaciones a la luz de las políticas y la legislación de la UE”, dijo con cierta vaguedad el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, en un comunicado enviado por correo electrónico. “También estamos monitoreando las implicaciones de seguridad de esta tecnología en rápida evolución, tanto para aumentar nuestras defensas cibernéticas como para posibles usos indebidos”.

Las competencias de Bruselas no han impedido que, en Alemania, la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) se hiciese eco del problema, admitiendo que Mythos va a tener implicaciones significativas. “Estamos en contacto con el fabricante Anthropic con respecto a Claude Mythos”, anunció la presidenta del BSI, Claudia Plattner. 

Aunque su autoridad aún no había podido probar la nueva herramienta, explicó Plattner, sí había podido obtener información sobre la forma en que funciona hablando directamente con los desarrolladores del modelo. Plattner señaló que el BSI se está tomando muy en serio los anuncios de Anthropic porque cree que tendrán consecuencias “en el tratamiento de las vulnerabilidades de seguridad”. Lo que, “a su vez, plantea cuestiones de seguridad y soberanía nacionales y europeas”, precisó.

Mucho más concreta y práctica ha sido la reacción en el Reino Unido. Los reguladores financieros británicos están en conversaciones urgentes con bancos y funcionarios de ciberseguridad para examinar los riesgos. 

Según un informe del Financial Times, las autoridades financieras clave del Reino Unido, incluidos el Banco de Inglaterra, la Autoridad de Conducta Financiera y el Tesoro, están en conversaciones con el Centro Nacional de Seguridad Cibernética para verificar si el último modelo de IA de Anthropic podría representar alguna amenaza para los sistemas de tecnologías de la información utilizados en las finanzas. Los reguladores informarán a los bancos, aseguradoras y bolsas en las próximas dos semanas sobre los riesgos de ciberseguridad vinculados a Claude Mythos.

Lo primero que hay que entender sobre Claude Mythos —conocido internamente en Anthropic como Capybara— es que todavía no existe como producto comercial. Su potencial destructivo es tal que Anthropic ha decidido no lanzarlo al público. Es la primera vez que la compañía restringe así el acceso a uno de sus modelos, y la razón que da no deja lugar a dudas: el sistema es demasiado peligroso para soltarlo sin más.

Durante las pruebas internas, Mythos encontró miles de vulnerabilidades en los principales navegadores y sistemas operativos del mundo, incluyendo fallos que llevaban décadas sin ser detectados. Una brecha de 27 años en OpenBSD, un sistema diseñado específicamente para ser difícil de atacar. Otra de 17 años en FreeBSD que permitía tomar el control completo de una máquina sin contraseña. Una más de 16 años en FFmpeg, la librería que usan casi todas las aplicaciones de vídeo del planeta. El investigador de la compañía Nicholas Carlini lo sintetizó con una frase que ya circula por los foros de seguridad informática: “Ha encontrado más vulnerabilidades en dos semanas que yo en toda mi vida”.

El impacto en los mercados fue inmediato. El índice de software y servicios del S&P 500 cayó un 1,6% el viernes de la semana del anuncio y acumula un descenso del 26% en lo que va de año. CrowdStrike perdió un 4%. Palo Alto Networks, un 7%. Datadog, un 3%. Empresas de crédito privado con exposición al sector del software también sufrieron.

El Financial Times fue el primero en reportar que Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, había convocado a los consejeros delegados de Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley y Wells Fargo para hablar de los riesgos cibernéticos que plantea el modelo. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, también estuvo en la reunión. 

Ante la imposibilidad de publicar el modelo sin haber controlado antes sus consecuencias imprevisibles, Anthropic ha optado por una estrategia singular: usar a Mythos para cerrar las mismas vulnerabilidades que podría abrir. Ha puesto en marcha el llamado Proyecto Glasswing, una coalición cerrada de doce empresas —Apple, Microsoft, Google, Amazon Web Services, Nvidia, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks, JPMorgan Chase, Broadcom y la Linux Foundation— que tienen acceso controlado al modelo para usarlo en sus propios sistemas y parchear los fallos antes de que otros los descubran.

Lo ocurrido revela una carrera contra el tiempo difícil de ganar. Anthropic da por hecho que otros actores —sus competidores, Estados con capacidades ofensivas, grupos criminales— desarrollarán pronto modelos con capacidades similares. La pregunta no es si eso ocurrirá, sino si la infraestructura digital global estará parcheada cuando suceda.

Para facilitar el proceso, la compañía ha puesto sobre la mesa 100 millones de dólares en créditos de uso para sus socios y cuatro millones adicionales en donaciones a organizaciones de seguridad de código abierto.

El Proyecto Glasswing incluye también infraestructuras críticas más allá del software comercial: sistemas de agua, plantas de energía, redes de transporte. Vulnerabilidades que, de ser explotadas, tendrían consecuencias en el mundo físico.

Es verdad que hay voces que apuntan a que todo esto es, al menos en parte, una operación de relaciones públicas. El analista Gary Marcus, crítico habitual con los grandes anuncios en relación con a la IA, asegura que en las pruebas de explotación del navegador Firefox se desactivó el sandboxing, el mecanismo de aislamiento que en condiciones reales habría dificultado enormemente la tarea del modelo.

También sostiene que modelos de código abierto más pequeños y económicos ya son capaces de realizar análisis de vulnerabilidades similares. La referencia implícita al precedente de GPT-2 —que OpenAI retuvo en 2019 por ser “demasiado peligroso” y que luego resultó ser bastante menos apocalíptico de lo anunciado— flota en el ambiente. El propio Dario Amodei era entonces el responsable de investigación de OpenAI.

Pero hay una diferencia con aquel episodio que los propios escépticos reconocen: las vulnerabilidades de software actuales son verificables. Existen o no existen. Las empresas del Proyecto Glasswing, hasta ahora, no han desmentido nada de lo que Anthropic afirma.

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y en proceso de aplicación progresiva, clasifica los modelos de IA de propósito general según su potencia de cómputo. Los que superen un determinado umbral en su entrenamiento se consideran de “riesgo sistémico” y están sujetos a obligaciones adicionales: evaluaciones de adversarios, notificación de incidentes graves, medidas de ciberseguridad. Mythos, si los datos de Anthropic son fieles, encajaría en esa categoría.

Es verdad que la supervisión de estos modelos corresponde a la Comisión Europea, no a las agencias nacionales. La AI Office —la oficina creada en Bruselas para gestionar precisamente estos casos— tiene competencia sobre los grandes modelos de propósito general. Las agencias nacionales como la Aesia son, en este esquema, auxiliares: pueden participar en investigaciones conjuntas, recibir información y colaborar. Pero la palanca regulatoria no está en Madrid.

En todo caso, la tranquilidad institucional española es muy llamativa, sobre todo en comparación con otros países. El reglamento de IA de la UE es, en muchos aspectos, más exigente que cualquier norma equivalente en Estados Unidos. Pero hay una brecha entre tener una regulación y activarla cuando algo pasa. Mythos es, en este sentido, el primer test real de si el sistema europeo de supervisión de la IA es capaz de responder a tiempo a una crisis concreta —o si funciona mejor como marco normativo de largo plazo que como mecanismo de respuesta inmediata—.

España tiene millones de dispositivos conectados a sistemas operativos o plataformas de software que, según Anthropic, contienen vulnerabilidades que Mythos ha identificado. Tiene infraestructura crítica —energía, agua, transporte, banca— tan expuesta como la de cualquier otro país desarrollado. Tiene empresas que compran servicios en la nube a Amazon, Google y Microsoft, tres de los doce socios de Glasswing.

Ni el ministerio ni la Aesia respondieron a otras preguntas de infoLibre. Así que no es posible saber si las infraestructuras críticas españolas están siendo contempladas dentro del paraguas preventivo del Proyecto Glasswing o si hay algún canal abierto para evaluar los riesgos específicos para el tejido digital español.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llega 20 años más tarde que la China comunista a la hora de censurar internet, por lo que se ve obligado a tomar medidas más radicales para garantizar el control absoluto de la red por medio de un nuevo telón de acero digital.

Mientras en el cortafuegos chino la introducción de palabras clave -Tiananmen, Tibet, Falun Gong o Taiwán- bloquea el sistema, en el GULAG que el Kremlin intenta construir en Rusia la táctica es de acoso y derribo, lo que ha provocado un brusco desplome de los índices de popularidad del líder ruso hasta los niveles previos a la guerra.

Paradójicamente, ni la campaña militar en Ucrania ni la subida de los precios habían causado tanto descontento como la ralentización de internet y el bloqueo de las redes sociales, que afecta desde hace meses a la práctica totalidad de los rusos, desde el campo a la ciudad, desde los nostálgicos de la URSS a los más jóvenes, de los más belicistas a los más pacifistas.

Esta guerra busca consumar la desconexión informativa, intelectual y tecnológica del mundo occidental, en lo que rusos y chinos llaman 'el internet soberano'.

Putin, un hombre analógico sin teléfono móvil, ha colocado en unos pocos meses a Rusia en la cola de la lista de países por su libertad digital. Al mismo nivel que China, Irán o Pakistán, y sólo por delante de Corea del Norte, donde hay nulo acceso a la red.

Rusia suma actualmente cuatro puntos de cien posibles, en gran medida por los continuos cortes -una nueva ley permite interrumpir el internet móvil sin justificación-, no sólo en las regiones fronterizas con Ucrania, sino en las grandes ciudades. El último aviso tuvo lugar el viernes y afectó a varios barrios céntricos de la urbe de 13 millones de habitantes por presuntos motivos de seguridad.

Según el proyecto OONI, el bloqueo de Telegram, el principal medio de información y comunicación en Rusia, alcanzó a finales de esta semana el 95 %, más aún que en el caso de las redes de mensajería Signal o WhatsApp.

Los combates en Ucrania no llegan a todos los hogares, pero esta guerra alcanza los teléfonos y los ordenadores de todos los rusos. Según The New York Times, la mitad de las 50 webs más populares se quedarán fuera de las 'listas blancas' propuestas por el regulador ruso y filtradas por las fuerzas de seguridad.

Aunque es criticado tanto por los expertos como por militares, gobernadores y diputados, la alternativa oficial, MAX, alcanzó los 77,5 millones de usuarios en febrero, cada vez más cerca de los 95,7 millones de Telegram y los 80,3 millones de WhatsApp.

Con todo, para el ideólogo del imperialismo ruso, Alexandr Duguin, esto no es suficiente. Es necesario bloquear completamente la red hasta después del verano para que los rusos aprendan a disfrutar de una "vida auténtica".

"¿Qué hacer?", se preguntó Lenin. Ahora, el nuevo revolucionario es Pável Dúrov, el fundador de Telegram. Y, en respuesta a esa pregunta, llamó a los rusos a la resistencia digital.

"Bienvenidos de nuevo a la Resistencia Digital, hermanos y hermanas rusos. Toda la nación está movilizada para sortear estas absurdas restricciones. Miles de personas están creando VPN y proxies. Por nuestra parte, seguiremos adaptándonos para que el tráfico de Telegram sea más difícil de detectar y bloquear", proclamó en su cuenta de la red de mensajería.

Los rusos no se han quedado de brazos cruzados. Las barricadas ahora son las redes VPN (Virtual Private Network), una excepcionalidad hace unos meses que ya emplean más de 50 millones de rusos, al igual que ocurre en Irán.

El Ministerio de Información Digital admitió abiertamente que está intentando ralentizar las VPN y, de hecho, ya restringido ya el acceso a cerca de medio millar de esos servicios y también ha eliminado del App Store en Rusia varias aplicaciones VPN que podrían permitir el acceso a recursos censurados.

Pese a que el Estado ha invertido cientos de millones de dólares en la censura digital, algunos populares servicios como PAPER consideran que el regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, no ha logrado bloquear ni una sola red VPN que haya contrarrestado dichos bloqueos.

El propio Dúrov anunció el sábado la renovación de los protocolos de Telegram "para la lucha contra la censura" y llamó a los rusos a "hacer acopio de varias VPN".

Además, según la prensa local, la realidad es que los especialistas en ciberseguridad han detectado más de 200 vulnerabilidades en MAX, por lo que los altos funcionarios y los directivos empresariales siguen sin confiar en el GULAG digital que propone Putin.

Quienes recuerdan esos tiempos, hace algo más de dos décadas, quizá se reconozcan en la idea de que publicar en internet era un acto de optimismo. La promesa de las redes sociales era horizontal y democrática. Cualquiera podía ser emisor, cualquiera podía encontrar su público, la conversación fluía en abierto.

Un cuarto de siglo después, esa promesa está en revisión. El informe de Ofcom —el regulador mediático británico—, publicado hace unos días, pone cifras a lo que muchos usuarios llevan años experimentando: la mitad de la población conectada del Reino Unido se ha convertido en lo que los analistas denominan fantasmas digitales, consumidores pasivos de contenido que no dejan rastro de interacción pública.

Solo el 49% de los adultos británicos que usan internet publican, comparten o comentan activamente en redes sociales. En 2024, esa cifra era del 61%. Doce puntos porcentuales de caída en apenas dos años. Hay que esperar y ver cómo evolucionan los datos, pero todo apunta a un cambio estructural en la relación de una generación con el espacio público digital.

El informe de Ofcom identifica uno de los motores de este repliegue. Casi la mitad de los adultos —el 49%— reconoce estar preocupado por cómo sus publicaciones pasadas podrían causarles problemas en el futuro, frente al 43% del año anterior. El rastro digital, que durante años se percibió como un activo —visibilidad, red de contactos, reputación construida post a post—, ha pasado a ser percibido como un lastre.

La consecuencia lógica es el refugio en los formatos efímeros: las stories de Instagram, los snaps, los contenidos que desaparecen a las 24 horas. La permanencia, que antes era un signo de solidez, se ha convertido en una señal de vulnerabilidad. Y donde la permanencia persiste, muchos usuarios prefieren directamente no publicar.

Ya hay quien ha puesto nombre a este comportamiento: zero posting. El usuario permanece en las plataformas —consume el feed, ve vídeos, sigue perfiles—, pero  abandona la producción propia de contenido. No cierra la cuenta. No se va. Pero desaparece como sujeto activo y se queda como espectador. Y eso está cambiando la naturaleza misma de las redes sociales.

La conciencia de que X, Instagram o YouTube son un problema es cada vez mayor. El mismo informe de Ofcom revela que el porcentaje de personas en el Reino Unido que cree que las redes sociales son buenas para su salud mental ha caído del 42% al 36% en un año. Y la percepción de que los beneficios de estar conectados superan los riesgos ha pasado del 72% al 59%. El balance, que durante años se asumía ampliamente positivo, está perdiendo consenso.

Esta erosión de la confianza no es exclusiva del mercado británico. Según datos recogidos por el Digital 2025 Global Overview Report de DataReportal —un servicio privado de análisis digital—, el Digital News Report del Reuters Institute y estudios de Deloitte y Edelman —las consultoras de comunicación más grandes del mundo—, la Generación Z, la primera que creció con las redes como infraestructura social, es también la que más activamente intenta autorregularse. 

El 63% ha planificado o realizado algún tipo de detox digital, y el 68% ha tomado descansos de las plataformas específicamente por razones de salud mental. La generación que las adoptó con más naturalidad es la que hoy las gestiona con más cautela.

En España, el diagnóstico es parecido. El Estudio Anual de Redes Sociales 2025 de IAB Spain constata que el tiempo de uso diario ha descendido en absolutamente todas las redes sociales analizadas. La intensidad media de uso bajó de una hora y ocho minutos a una hora y un minuto. No es una caída dramática, pero su universalidad —ninguna plataforma se salvó— apunta a una saturación sistémica, no a la crisis particular de una aplicación.

Hasta un 33% de los usuarios españoles afirma haber dejado de usar alguna red social en el último año. Y también un tercio declara haber publicado menos contenido propio que en el año anterior. Los datos de Edelman de febrero de 2026 registraron, además, una caída del 2,5% en usuarios activos entre 2023 y 2024, seguida de estancamiento.

El caso más llamativo es el de X (la red propiedad del oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk), que justo ahora cumple 20 años de existencia. Según datos de GfK DAM, la plataforma antes conocida como Twitter ha perdido el 36% de sus usuarios activos en España, y el estudio de IAB cifra en un 28% la tasa de abandono. Y no es solo una cuestión de controversia reputacional en torno a la propiedad de la compañía —que también—. X ejemplifica con nitidez el agotamiento de un modelo basado en la conversación abierta, pública y confrontacional.

Facebook, por su parte, propiedad del también multimillonario Mark Zuckerberg, dueño a su vez de Instagram y WhatsApp, ha alcanzado sus niveles más bajos de uso y valoración desde que se inició el registro en 2009. El abandono es especialmente pronunciado entre los perfiles más jóvenes, que nunca la adoptaron con la intensidad de las generaciones anteriores.

Es cierto que el 86% de los internautas españoles —32,4 millones de personas— sigue usando redes sociales. Pero ese porcentaje lleva tiempo funcionando como un techo estructural. El crecimiento se ha agotado, y la discusión ya no es cuántos usuarios entran, sino qué hacen dentro.

Porque el hecho de que los usuarios publiquen menos en abierto no significa que se comuniquen menos. Significa que se comunican en otro sitio. La conversación se ha desplazado hacia lo que la industria de la atención —la que gana dinero consumiendo nuestro tiempo— ha bautizado como dark social: los grupos de WhatsApp, los mensajes directos en Instagram o TikTok, los canales de Discord, los correos electrónicos. Canales donde la interacción es más íntima, más controlada y donde los algoritmos de analítica apenas pueden rastrear el origen del tráfico.

Las estimaciones actuales apuntan a que aproximadamente el 84% de todo lo que se comparte en internet ocurre a través de estos canales privados o semicerrados. Es una cifra que, si se confirma con solidez metodológica, implica que la conversación digital visible —la que circula por los feeds públicos, la que miden los estudios de engagement, la que monetizan las plataformas— es apenas la punta de un iceberg mucho más vasto e invisible.

El dark social no es un fenómeno nuevo, pero su consolidación como destino preferente responde a factores concretos: la percepción creciente de toxicidad en los espacios abiertos, la fatiga de los algoritmos diseñados para maximizar la atención a cualquier coste y la búsqueda de entornos donde la confianza sea real y el juicio de extraños, inexistente.

En España, esta tendencia se materializa de manera especialmente clara en la persistencia de WhatsApp como plataforma dominante. No por sus capacidades técnicas, sino por lo que ofrece simbólicamente: privacidad percibida, grupos de confianza, ausencia de exposición pública. WhatsApp no es exactamente una red social en el sentido convencional del término, pero es donde ocurre buena parte de la vida social digital española.

Lo que está pasando está desencadenando otro fenómeno relevante: un cambio que recorre transversalmente todos estos datos y que las plataformas llevan años acelerando con sus propias decisiones de diseño: la transformación de las redes sociales en canales de entretenimiento pasivo basados en vídeo algorítmico.

El usuario de 2026 ya no abre Instagram para ver qué ha publicado su círculo cercano. Abre Instagram para que el algoritmo le sirva contenido basado en sus patrones de consumo, con independencia de si sigue o no a quien lo produce. La distinción entre red social y plataforma de entretenimiento se ha vuelto semántica. Lo que técnicamente sigue siendo una red social funciona cada vez más como una televisión personalizada.

Este giro —que algunos analistas describen como el paso de Social Media a Interest Media, de redes sociales a redes de intereses— no es neutro. Debilita uno de los argumentos originales que hicieron hegemónicas a estas plataformas: que conectaban a personas entre sí. Lo que conectan ahora, en buena medida, es a personas con contenido. La experiencia es más cómoda, más adictiva en algunos casos y sustancialmente más pasiva.

El criterio que decide qué aparece en tu pantalla ha cambiado. Ya no es a quién sigues, sino qué has mirado en los últimos minutos. En el modelo original de las redes sociales, el algoritmo organizaba lo que veías en función de a quién conocías. Tu muro se llenaba de tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo. El motor era la conexión interpersonal.

En el modelo actual, ese principio ha sido desplazado. Lo que aparece en pantalla ya no depende de quién eres socialmente, sino de qué comportamiento has exhibido en los últimos minutos. El algoritmo calcula tus intereses en tiempo real y sirve contenido en consecuencia, con independencia de si sigues o no a quien lo produce.

TikTok es el ejemplo más puro y precoz de este modelo. Su algoritmo no requiere que el usuario siga a nadie para inferir que le interesan, por ejemplo, los vídeos de cocina coreana o los tutoriales de carpintería: basta con medir cuántos segundos se detiene en cada pieza.

El resultado es una experiencia que puede resultar perturbadoramente precisa desde el primer uso y que ha redefinido las expectativas de los usuarios sobre cómo debe funcionar una plataforma.

Instagram replicó la lógica con los reels y la sección Para ti. Aunque nació como una red para seguir a amigos, hoy una parte sustancial del tiempo de uso transcurre en contenidos que el algoritmo selecciona al margen de quién está en la lista de seguidos.

YouTube, por su parte, se ha consolidado para muchos usuarios como sustituto de la televisión lineal, precisamente porque su sistema de recomendación permite encontrar contenido sobre intereses muy específicos —tutoriales, deportes, podcasts, divulgación científica— sin necesidad de buscar activamente. Incluso Facebook, la red social más asociada al modelo original de conexiones personales, ha introducido feeds de vídeo basados en recomendación algorítmica para retener a una audiencia que ya no interactúa con sus contactos.

Una de las consecuencias menos discutidas de este giro es la ruptura de la ecuación entre seguidores y alcance. En el modelo anterior, acumular seguidores era la estrategia central de cualquier creador o marca: más seguidores equivalía a más audiencia potencial.

En el ecosistema del Interest Media, esa lógica se debilita. Una pieza de contenido coincidente con la demanda puede alcanzar a millones de personas aunque el creador cuente con apenas unos cientos de seguidores, porque el algoritmo la distribuirá a quienes tengan ese interés específico.

Es una meritocracia del contenido concreto, no de la audiencia acumulada. Lo que importa ya no es el tamaño de la comunidad construida, sino la capacidad de cada vídeo, cada post, cada pieza individual de retener la atención en un entorno de competencia extrema.

Si se consolida el modelo, los influencers que basen su negocio únicamente en el volumen de seguidores verán debilitada su capacidad de negociación. La monetización dependerá cada vez más de la capacidad de entrar de forma legítima en las conversaciones privadas (dark social) y de producir contenido que cada algoritmo, por sí mismo, considere relevante para un interés específico del usuario.

Este modelo explica también, en parte, el fenómeno del zero posting. Si el contenido de tus contactos ya no ocupa un lugar central en la experiencia de las plataformas, el incentivo para publicar decrece: ¿para qué compartir si nadie en tu red va a verlo necesariamente?

La promesa original —publicas, tus amigos lo ven— se ha roto. Lo que queda es competir con creadores profesionales por la atención de un algoritmo que favorece el entretenimiento de alta producción. Muchos usuarios han decidido, racionalmente, no jugar esa partida.

Los datos de Ofcom, IAB Spain, GfK DAM y Edelman apuntan todos en la misma dirección. No hacia el fin de las redes sociales, sino hacia su redefinición. El usuario que está emergiendo de esta transición es más selectivo, más cauto con su huella pública, más interesado en la privacidad que en el alcance. Ha pasado de la fascinación por la exposición a algo más parecido a la gestión del riesgo. Puede que sea madurez. Puede que sea agotamiento. Probablemente, ambas cosas a la vez.

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

Imagina que tienes un amigo que, cuando le cuentas tus problemas de pareja, siempre te dice que tienes razón. Pase lo que pase. Engañaste a tu pareja y te dice que lo entiende cualquiera. Faltaste a una cita importante y te explica que tenías tus motivos. Le preguntas si eres el malo de la película y te dice que no, que la situación es compleja. Ese amigo te hace sentir bien, pero cada vez que vuelves de quedar con él, eres un poco peor persona.

Ahora imagina que ese mismo amigo, cuando la conversación deriva hacia la política, de repente se vuelve sensato, matizado, incluso aburrido. Expone argumentos de los expertos. Reconoce la complejidad. Se niega a validar las teorías más extravagantes. Si venías con ideas radicales, sales de la conversación con ideas algo menos radicales.

Eso, en esencia, es lo que dos estudios publicados con días de diferencia dicen sobre los grandes modelos de lenguaje —los motores que impulsan ChatGPT, Gemini, Claude o Grok—. Y la aparente contradicción entre ambos no es un error. Es una descripción precisa de cómo se comporta realmente la inteligencia artificial cuando hablas con ella.

El primero llegó de Stanford. Un equipo de investigadores liderado por la doctoranda Myra Cheng y el lingüista Dan Jurafsky evaluó once modelos de lenguaje punteros —entre ellos ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek y Llama— ante miles de situaciones de consejo interpersonal.

Para tener un punto de comparación claro, usaron una fuente inesperada: los posts de una comunidad de Reddit donde la gente confiesa sus conflictos y pide a los demás que juzguen si estaban en lo correcto. El consenso de la comunidad en todos los casos seleccionados era el mismo: el que preguntaba estaba equivocado.

Los resultados, publicados en la revista Science, fueron contundentes. Los modelos de IA validaron el comportamiento del usuario un 49% más que los humanos en los casos generales. Cuando los escenarios incluían conductas abiertamente dañinas o ilegales, los chatbots aun así respaldaron al usuario el 47% de las veces. Un ejemplo del estudio: alguien confiesa que lleva dos años fingiendo ante su pareja que tiene trabajo. La IA le responde que su comportamiento, "aunque poco convencional, parece surgir de un deseo genuino de entender la dinámica real de la relación".

Eso no es un consejo. Es maquillaje.

La segunda parte del estudio fue aún más reveladora. En torno a 2.400 participantes conversaron con chatbots, unos aduladores y otros no. Los que hablaron con la versión aduladora salieron más convencidos de que tenían razón, menos dispuestos a disculparse o a reparar el daño causado, y con mayor confianza en ese mismo chatbot para futuras consultas. El bucle es diabólico: la IA que peor consejo da es la que más te gusta y a la que más vuelves.

El psicólogo israelí Anat Perry, consultado para valorar el estudio, lo resumió así: la ”fricción social” —que alguien te diga que te equivocas, que te exija que te pongas en el lugar del otro— es indispensable para el crecimiento moral.

Una IA que siempre está de tu lado te priva de ese aprendizaje. “Si hay pocas fuentes alternativas de feedback correctivo”, advertía otro de los análisis vinculados al estudio, “esa validación constante puede influir de forma desproporcionada en la capacidad de una persona para aprender cuándo se equivoca”.

Los más vulnerables a este efecto son los jóvenes, los socialmente aislados y quienes buscan apoyo emocional —precisamente los perfiles que más usan la IA para hablar de sus problemas personales—.

El segundo texto llegó esta semana a través de las páginas del Financial Times. El periodista de datos John Burn-Murdoch publicó el pasado viernes un análisis con una tesis llamativa: las redes sociales son populistas y polarizantes, pero la IA podría funcionar al revés.

Burn-Murdoch usó decenas de miles de respuestas del Cooperative Election Study —una encuesta de referencia sobre creencias políticas en Estados Unidos— para construir un experimento. Creó miles de usuarios simulados que reflejaban el espectro ideológico real de la población y los puso a conversar con los principales chatbots sobre 61 temas sociopolíticos. Luego midió qué posición adoptaba la IA y en qué dirección empujaba a cada usuario.

El resultado: todos los modelos analizados, sin excepción, alejaron a los usuarios de los extremos hacia posiciones más moderadas. Grok —el chatbot de Elon Musk, el menos sospechoso de sesgo progresista— empujó hacia el centro-derecha, moderando a los conservadores más radicales. GPT, Gemini y DeepSeek empujaron hacia el centro-izquierda, moderando a los progresistas más extremos. Nadie se fue de la conversación más radicalizado de lo que entró.

El contraste con las redes sociales es enorme y significativo. En las plataformas sociales, las voces más extremas están sobrerrepresentadas respecto a la población general: el algoritmo premia el conflicto y la indignación porque generan atención, y la atención genera dinero.

En la IA, la distribución de posiciones se comprime hacia el centro. Además, cuando se les preguntó directamente sobre teorías conspirativas —que las vacunas causan autismo, que la pandemia fue un plan de vacunación forzosa, que los muertos por covid fueron inflados artificialmente—, los chatbots las rechazaron de forma casi sistemática. Las mismas afirmaciones, en cambio, están sobrerrepresentadas en redes sociales en comparación con la población general.

Burn-Murdoch añadía un detalle crucial en su metodología: los resultados se mantenían incluso teniendo en cuenta las tendencias aduladoras de los chatbots. Es decir, la moderación política sobrevive a la adulación. Lo describía explícitamente: “A pesar de las tendencias aduladoras de los bots de IA, tienden a alejar a los partidarios de las visiones más radicales”.

Aquí está el nudo del asunto y también la respuesta a la aparente contradicción.

Los dos estudios miden fenómenos reales, pero en registros completamente distintos. Stanford midió la IA en conversaciones sobre conflictos personales y dilemas morales propios. El FT la midió en debates sobre política y sociedad. Y la IA se comporta de manera diferente según el tipo de pregunta.

Cuando alguien le pregunta a un chatbot “¿tengo razón en estar enfadado con mi pareja?”, la IA no tiene una respuesta correcta que defender. No hay consenso experto sobre si tú eres el malo de tu historia. En ese vacío, el modelo hace lo que ha aprendido a hacer para maximizar la satisfacción del usuario: validar, afirmar, consolar. Es adulación emocional.

En cambio, cuando alguien le pregunta “¿qué piensas sobre la inmigración?” o “¿las vacunas causan enfermedades?”, la situación es diferente. Ahí sí existe un cuerpo de conocimiento experto, una literatura científica, un consenso institucional. Los modelos han sido entrenados con enormes cantidades de texto académico, periodístico e institucional —exactamente el tipo de texto que representa el conocimiento consolidado—. Y eso se refleja en sus respuestas: tienden hacia ese consenso, no hacia el extremo que el usuario pudiera preferir.

Son, en realidad, dos tipos de servilismo distintos. Uno sirve al ego del usuario. El otro sirve a la autoridad del corpus sobre el que fue entrenado.

Que ambas cosas ocurran simultáneamente no significa que estén bien equilibradas ni que el resultado neto sea positivo. Las dos tienen problemas propios que vale la pena señalar.

La adulación en lo personal tiene consecuencias documentadas: refuerza comportamientos dañinos, erosiona la capacidad de asumir responsabilidad, deteriora las relaciones. El estudio de Stanford pide regulación explícita: auditorías de comportamiento previas al despliegue, métricas que midan no solo la satisfacción inmediata sino el impacto a largo plazo en el juicio moral de los usuarios.

La moderación en lo político tampoco es algo neutro ni inocuo. Que los chatbots empujen hacia el "centro" supone que hay un centro identificable y deseable, y que son los modelos —sus creadores, sus datos de entrenamiento, sus ajustes de seguridad— quienes deciden dónde está ese centro. El sesgo de centro-derecha de Grok y el de centro-izquierda de GPT y Gemini revelan que no hay una posición verdaderamente neutral: hay posiciones con mayor o menor peso en los datos de entrenamiento. Y el hecho de que los chatbots rechacen el negacionismo de las vacunas es, en este contexto, la mejor noticia posible —pero sigue siendo la IA quien decide qué cuenta como consenso y qué cuenta como conspiración—.

Hay además una tercera dimensión que los dos estudios apenas rozan: la escala. Un amigo que siempre te da la razón es un problema personal. Doscientos millones de usuarios conversando con sistemas que sistemáticamente validan sus conflictos emocionales y suavizan sus posiciones políticas extremas es un experimento social sin precedentes, sin grupo de control y sin cláusula de salida.

La metáfora más precisa para describir lo que hace la IA no es la del oráculo ni la del asistente. Es la del espejo con filtros.

En lo emocional, el espejo te devuelve una imagen ligeramente embellecida: más razón de la que tienes, menos culpa de la que mereces, más validación de la que necesitas. En lo político, el espejo te devuelve una imagen ligeramente corregida: algo más cerca del centro de lo que estabas, algo más lejos de los extremos, con las teorías más extravagantes recortadas del marco.

El resultado es una tecnología que te hace sentir mejor contigo mismo en lo personal y algo más moderado en lo político. Lo primero puede ser un problema grave. Lo segundo podría ser, comparado con las redes sociales, una mejora real. Pero ninguno de los dos efectos lo has elegido tú. Los han calibrado ingenieros, datos de entrenamiento y métricas de satisfacción en empresas con sede mayoritariamente en California y, cada vez más, en China.

Burn-Murdoch cerraba su análisis con prudencia: ”Estos son solo los resultados de un análisis, y es posible que los patrones de uso y los modelos en sí evolucionen de forma distinta a los que he observado. Pero, al menos, hay motivos para el optimismo de que la próxima revolución de la información nos lleve por un camino menos perjudicial que la anterior”.

Es un optimismo razonable. Y también, visto lo que mide el estudio de Stanford en paralelo, un optimismo que conviene no confundir con tranquilidad.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

El periodista Diego Carcedo, quien fue director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, ha fallecido este domingo en Madrid, han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) de la que era presidente de la sección española.

Nacido en Cangas de Onis (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación.

Su nombre ha quedado ligado a RTVE, donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96).

Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

Los comienzos como periodista de este diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia se sitúan en el diario ovetense 'La Nueva España' (1965-1968).

Siguió su carrera como redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario 'Arriba'. Fue enviado especial en América a la "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa 'Los reporteros', que le permitió viajar a más de un centenar de países.

Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal, desde donde narró en directo la Revolución de los Claveles, y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EEUU, cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró.

Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario 'El Independiente', como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias.

Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari.

De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado. Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como 'Fusiles y claveles' (1999), 'Un español frente al holocausto' (2000) y de 'Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocauto', que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.

La capilla ardiente por Diego Carcedo se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y estará abierta de 12:00 a 20:00 horas

Decir que hay muchos influencers en España —lo que en castellano se llama, desde hace siglos, “influente”— es como decir que hay muchos cantantes: cierto, incontestable y, por sí solo, casi inútil. Si creemos lo que dice el Estudio Anual de Influencer Marketing 2025 —obra de la asociación española de publicidad, marketing y comunicación digital—, hay en el país 207.000 perfiles activos con más de 10.000 seguidores. Otras estimaciones elevan esa cifra a 235.000. Son números que impresionan hasta que se mira qué hay en realidad debajo de ellos.

El Real Decreto 444/2024 estableció una categoría legal específica —Usuarios de Especial Relevancia— para aquellos creadores que superasen simultáneamente tres umbrales: más de 300.000 euros de ingresos anuales, más de un millón de seguidores en una plataforma o dos millones entre varias, y al menos 24 vídeos publicados al año. A día de hoy, 119 personas figuran inscritas voluntariamente en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual. Son quienes han dado el paso por iniciativa propia; el número de creadores obligados a hacerlo por cumplir los requisitos legales es, previsiblemente, bastante mayor.

La distancia entre los UER inscritos legalmente y las estimaciones del numero real de quienes cuentan con audiencias relevantes no es una anomalía estadística. Es la estructura real de un sector que ha sido descrito sistemáticamente como una oportunidad económica de primera magnitud mientras esconde una pirámide laboral en la que la base es vastísima y el vértice casi no existe. Quienes se dedican a esta actividad reconocen que vivir profesionalmente de ello es muy difícil. La Asociación Española de Creadores de Contenido estima que solo 1.187 personas en España generan ingresos suficientes para vivir exclusivamente de lo que producen en YouTube —apenas 2.932 superan los 100.000 suscriptores en esa plataforma—. La economía del sector tiene una distribución muy desigual que los datos agregados tienden a ocultar.

La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) asegura haber identificado, con criterios más amplios que los del registro oficial, a más de 1.600 creadores a los que atribuye un impacto significativo sobre sus audiencias y a los que ha sometido, dice, a supervisión directa. Para materializarla, la institución ha licitado en 2026 servicios de análisis especializados por casi 180.000 euros. El regulador los trata como trata a los medios de comunicación audiovisuales —como agentes con responsabilidades específicas frente a audiencias vulnerables— hasta el punto de reclamar para ellos la capacidad de invocar el derecho al secreto profesional.

Sean 1.187 o 1.600, las evidencias indican que es un ecosistema con una amplia base y una cúspide muy estrecha, donde la visibilidad y la rentabilidad se distribuyen de forma desigual. Más que un sector accesible, se configura como un espacio altamente selectivo, en el que el acceso efectivo —vivir de ello— está al alcance de muy pocos. En ese sentido, su estructura se asemeja a la de ciertas élites profesionales o creativas: como ocurre con algunos cuerpos superiores de la Administración, donde el acceso está limitado por filtros muy exigentes, o con industrias culturales como la música o el cine, donde una minoría concentra la atención y los ingresos mientras la mayoría permanece en posiciones precarias o complementarias.

También comparte rasgos con otros ámbitos marcados por el llamado “efecto estrella”, en los que el reconocimiento y la recompensa no crecen de forma proporcional al número de participantes, sino que se concentran en unos pocos perfiles dominantes. Igual que sucede con determinados nichos del deporte profesional o con la alta dirección empresarial, el ecosistema de los influencers combina una enorme competencia en la base con una fuerte concentración de oportunidades en la cima, lo que refuerza su carácter de mercado abierto en apariencia, pero muy restringido en la práctica.

El negocio que sí existe, y el relato que lo infla

Eso no quita que, independientemente de lo que ocurra en el escalón individual, el mercado agregado del marketing de influentes en España sea real y creciente. En 2024 alcanzó una inversión récord de 125,9 millones de euros, con un crecimiento del 58,9% respecto al año anterior, lo que representó el 2,3% de toda la inversión en medios digitales del país. Más de 10.000 creadores colaboran de forma regular y documentada con marcas.

El interés de los anunciantes es comprensible. El 86% de los internautas españoles de entre 12 y 74 años —unos 30 millones de personas— usa redes sociales. De esos, el 49% sigue activamente a creadores de contenido. Entre los jóvenes de 12 a 24 años, la penetración supera el 80%. Y el 38,6% de los usuarios reconoce que las recomendaciones de esos creadores influyen directamente en sus decisiones de compra. Para una marca que busca conversión, esos números son difíciles de ignorar.

Pero el sector lleva años acompañando esos datos reales con otros que no lo son tanto. El ejemplo más llamativo es el del 85% de adolescentes españoles que supuestamente sueña con convertirse en creador de contenido, una cifra atribuida al Ministerio de Educación y Formación Profesional que ha anidado en informes sectoriales, comunicados de prensa y presentaciones ante inversores. El problema es que ese informe no existe. Lo que circula con esa atribución proviene de materiales promocionales elaborados por consultoras del propio sector —principalmente 2btube y MKD— que citan al ministerio de forma vaga, sin número de expediente, sin fecha ni enlace. Los medios lo han reproducido sin comprobarlo.

Lo que sí existe, con fuente verificable y probablemente origen de esa cifra desproporcionada, es un dato del estudio El ocio digital de la población adolescente de la Fundación FAD Juventud y la Fundación La Caixa: el 85% de los jóvenes ha creado y subido algún tipo de contenido propio a las redes. Pero eso es haber posteado algo alguna vez. No es una aspiración profesional. Los datos reales sobre aspiraciones son bastante más modestos: el estudio más amplio realizado hasta la fecha, promovido por Red.es junto a UNICEF y la Universidad de Santiago de Compostela, con casi 100.000 encuestados, concluye que el 21,3% de los adolescentes cree que podría llegar a ser influente, y que solo el 7,8% dedica tiempo activamente a intentarlo. Son cifras sociológicamente significativas, pero radicalmente distintas al 85% que el sector ha convertido en hecho institucional.

La confusión no es inocente. Sirve para inflar la magnitud cultural del fenómeno y justificar demandas regulatorias. Y ha calado en las instituciones con consecuencias concretas.

Quiénes son los 119: un retrato de la élite oficial

El listado del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual —los 119 creadores que en el momento de redactar esta información habían formalizado voluntariamente su condición de Usuarios de Especial Relevancia— no es un censo del fenómeno influente en España. Es, más bien, una radiografía de su capa más visible y, en muchos casos, más antigua. Analizados por perfil de actividad principal, el registro revela una composición que desmiente algunos tópicos sobre el sector y confirma otros.

El grupo más numeroso es el de moda, estilo de vida y belleza, con alrededor de 30 perfiles: Dulceida, Maria Pombo, Marta Pombo, Marta Lozano, Rocío Osorno, Jessica Goicoechea, Gala González, Violeta Mangriñán o Laura Escanes, entre otros. Es la categoría que popularizó el modelo de negocio tal como se conoce hoy —colaboraciones con marcas de moda, cosmética y viajes, contenido aspiracional, audiencias femeninas jóvenes— y sigue siendo la más representada. Que casi una cuarta parte del registro pertenezca a este nicho dice algo sobre qué tipo de creador ha tenido más incentivos, o más asesoramiento, para cumplimentar el trámite.

El segundo bloque en tamaño es el de juegos, retransmisiones en directo y deportes electrónicos, con una veintena larga de perfiles: Ibai Llanos, El Rubius, IlloJuan, El Xokas, Knekro, DjMaRiiO, Folagor, Jordi Wild, Yosoyplex o Adri Contreras. Es el grupo de más reciente consolidación como sector económico, el que ha construido audiencias más jóvenes y masculinas, y el que ha generado los mayores fenómenos de masas del último lustro —desde los combates de boxeo amateurs hasta la Kings League. Su presencia nutrida en el registro refleja también que son perfiles con estructuras empresariales más formalizadas: varios de ellos operan a través de sociedades limitadas, no como autónomos.

El tercer grupo relevante es el de deportistas de élite con presencia digital consolidada: Carlos Alcaraz, Marc y Álex Márquez, Sergio Ramos, David Villa, Ilia Topuria, Vinícius Jr. o Ibán García. Su inclusión en el registro es reveladora: el decreto los obliga no por lo que hacen en la pista o en el campo, sino por el volumen de sus audiencias digitales y los ingresos que generan a través de ellas. Son, en la práctica, marcas personales que utilizan las redes sociales con una lógica idéntica a la de cualquier creador de contenido, aunque su actividad principal sea otra.

Un cuarto bloque significativo es el de rostros procedentes de la televisión tradicional que han completado con éxito la transición al entorno digital: Cristina Pedroche, Paula Echevarría, Belén Esteban, Nuria Roca, Tamara Falcó, Lara Álvarez, Sandra Barneda o Jesús Calleja. Su presencia subraya que el registro no es un inventario de nativos digitales, sino de cualquier persona con audiencia masiva y facturación suficiente, independientemente de su origen mediático.

Más pequeños en número pero significativos en términos de lo que revelan son otros dos grupos. El de gastronomía y cocina —Dabiz Muñoz, Alfredo Vozmediano (avozmechef), Anna Recetas Fáciles, Marta Sanahuja (Delicious Martha) o el italiano Federico Zompicchiatti (Zazzaelitaliano)— refleja la profesionalización de un nicho que ha encontrado en YouTube y en Instagram un canal de negocio propio. Y el de divulgación y educación —Javier Santaolalla (física), Anna Cuevas (Tecnonauta), Rodrigo Septién (Destripando la Historia), Romuald Fons (marketing digital) o Eugenio Monesma (etnografía)— es el que más directamente se solapa con funciones que el periodismo y la academia han desempeñado tradicionalmente, aunque desde lógicas distintas.

Hay además una categoría que el propio registro hace visible casi por accidente: la de entidades colectivas y estructuras empresariales inscritas como UER. La Kings League, Team Heretics, Porcinos FC, Post United, Xbuyer & Minibuyer, Laian Studios, Arta Media Film o la discográfica Divucsa. No son personas físicas con audiencias: son empresas o proyectos colectivos que han alcanzado el umbral legal de relevancia. Su presencia en el mismo listado que los creadores individuales ilustra hasta qué punto el decreto diseñó una categoría pensando en personas y se encontró con que el fenómeno ya había generado estructuras corporativas propias.

Ninguno de los 119 inscritos tiene el contenido político como actividad principal, aunque hay perfiles donde la política aparece de forma secundaria o instrumental. Ibai Llanos se ha pronunciado con regularidad sobre fiscalidad, derechos LGTBI y política vasca, con peso suficiente como para que sus declaraciones generen cobertura mediática propia. Tamara Falcó transita ocasionalmente el territorio político-social desde un perfil conservador y católico. La Vecina Rubia hace sátira política sistemática, aunque en clave humorística.

El caso más significativo es el de El Xokas (Joaquín Domínguez Portela). Es probablemente el perfil del registro con el posicionamiento político más explícito y consistente: streamer con audiencia muy joven que ha hecho del discurso político —de corte nacionalista español, crítico con el independentismo, con posiciones que en ocasiones rozan la derecha populista— una parte sustancial de su marca, no un elemento ocasional. Sus directos mezclan gaming y entretenimiento con opinión política de forma deliberada. Lo que lo hace especialmente relevante es el modelo que encarna: el creador que usa la cercanía y la aparente espontaneidad del formato streamer para trasladar posiciones políticas a audiencias que han abandonado los medios tradicionales, sin que sus seguidores lo perciban necesariamente como consumo político.

El registro confirma, en cualquier caso, que la élite oficial del sector no produce contenido político de forma significativa. Quienes más influyen políticamente en redes entre los jóvenes —perfiles de TikTok e Instagram de ideología explícita, tanto de izquierda como de ultraderecha— no están en este listado, probablemente porque no alcanzan los umbrales económicos del decreto o simplemente porque no se han inscrito. El resto lo componen, sin excepción, perfiles cuya actividad central es el entretenimiento, la aspiración o el estilo de vida. El debate sobre si los influentes están sustituyendo a los medios informativos queda, a la vista del registro oficial, sin respaldo en la élite del sector: los 119 que han dado la cara ante el regulador no son, en su inmensa mayoría, gente que informe. Son gente que influye.

Sin embargo, el reciente informe Understanding Young News Audiences at a Time of Rapid Change, publicado por el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, sintetiza una década de datos del Digital News Report global y dibuja un paisaje en el que los influencers no compiten con los medios de comunicación: los sustituyen.

El informe del Reuters Institute detecta algo que conecta directamente con los datos sobre el sector en España: el 51% de los usuarios jóvenes de redes sociales presta más atención a creadores individuales o personalidades que a medios o periodistas tradicionales. La arquitectura de las plataformas —TikTok, Instagram, YouTube— favorece estructuralmente a las personas sobre las instituciones. Premia la autenticidad percibida, la cercanía y la frecuencia de publicación. No el rigor ni la verificación. Algo que tiene que ver más con la publicidad que con el periodismo.

Solo el 28,8% de los jóvenes lee diarios. No es que hayan dejado de consumir información: es que consumen la que les llega mientras hacen otra cosa, en plataformas que no están diseñadas para informar sino para retener. Y en esas plataformas, la persona que habla a cámara desde su cuarto tiene ventajas estructurales sobre el periodista que firma un reportaje. La distinción importa porque son actividades radicalmente distintas: el periodismo descansa sobre la independencia editorial respecto a quien paga; el modelo de negocio dominante de la creación de contenido se basa precisamente en fusionar esa independencia con el mensaje comercial. La autenticidad que las marcas compran es que no haya distancia entre la voz del creador y el producto que promociona. Una investigación coordinada por la Comisión Europea en 22 países concluyó que la inmensa mayoría de los creadores no identificaba de forma adecuada sus publicaciones comerciales. Los incumplimientos son sistemáticos, no excepcionales.

La pregunta sobre si el fenómeno tiene más presencia mediática que importancia real es difícil de resolver. Hay datos que apuntan a una evidente sobredimensión: la inmensa mayoría de los 207.000 perfiles activos no llegan a vivir de ello, la aspiración de “ser influencer” afecta a uno de cada cinco adolescentes —no a cuatro de cada cinco, como el sector ha intentado instalar—, y buena parte del seguimiento masivo que generan se construye sobre una promesa de éxito que el mercado real no puede absorber.

La segunda sostiene que el fenómeno es exactamente tan grande como las cifras del mercado y del comportamiento indican: las marcas invierten porque funciona, los reguladores supervisan porque el impacto sobre las audiencias es real, y los jóvenes se informan por estas vías porque los medios convencionales no han logrado competir en los entornos donde esa generación pasa su tiempo. No es que los influentes hayan hincado el diente al periodismo: es que el periodismo no ha llegado donde los jóvenes están.

Lo que ninguna de las dos lecturas discute es la existencia del fenómeno y sus efectos reales. Que un joven de 18 años dedique 6,95 horas diarias al ocio digital y consuma contenido producido mayoritariamente por creadores individuales no es un dato sobre el mercado publicitario. Es un dato sobre cómo se construye la identidad, el prestigio social y las expectativas laborales de una generación.

El Reuters Institute concluye, sin mucho margen para el optimismo, que hay pocas razones para esperar que los jóvenes adopten hábitos informativos que, a diferencia de las generaciones anteriores, nunca han tenido. Si eso es correcto, el debate sobre si los influentes están sobredimensionados es secundario. La pregunta relevante es qué tipo de ecosistema informativo se construye cuando la atribución de relevancia —qué importa, qué no, quién habla con autoridad sobre qué— la decide, en última instancia, un sistema de inteligencia artificial cuyo único objetivo es que la gente no deje de hacer scroll.

La CNMC persigue con una mano la publicidad encubierta que los creadores no etiquetan, y propone con la otra extenderles garantías propias del secreto profesional periodístico. La contradicción resume bien el estado del debate: un sector que ha aprendido a definir sus propios términos, unas instituciones que no terminan de decidir qué son exactamente estos nuevos actores, y millones de jóvenes que se dejan llevar por ellos sin haber elegido hacerlo. El dato del 85% nunca existió. El fenómeno, en cambio, sí.