La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) del Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado al nuevo director general de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), Miguel Ángel Fontán, su posición sobre el concurso que debe fijar el modelo de medición de audiencias digitales en España a partir de 2027. El documento, firmado el pasado jueves por José Manuel Nevado, responsable de Comunicación Institucional de Moncloa, plantea que el sistema que resulte del proceso no puede seguir tratando el volumen de audiencia como el indicador central de eficacia. Hacerlo, argumenta el texto, supone medir el ruido en lugar de medir el impacto.

El escrito del Gobierno llega una semana después de que Fontán tomara posesión del cargo. Su predecesor, Carlos Lozano, dejó la AIMC en pleno proceso de licitación tras más de 15 años al frente de la asociación. El concurso, convocado por la AIMC junto con la AEA y la IAB Spain, tiene dos candidatos en liza —GfK y Comscore— después de que Nielsen quedara descartado por no cumplir los requisitos del pliego. La resolución está prevista para este mes de junio.

Es una respuesta a una petición de opinión por parte de la AIMC y no tiene capacidad de condicionar su decisión. No obstante, sí marca una posición muy relevante por parte de un actor central del ecosistema mediático, del que dependen cada año la distribución de millones de euros en publicidad institucional.

El documento de Nevado, al que ha tenido acceso infoLibre, toma como punto de partida el comunicado que publicó el Club Abierto de Editores (CLABE) el 11 de mayo, en el que los editores advertían de los riesgos de integrar el tráfico procedente de redes sociales con el que generan los activos editoriales propios. La Secretaría de Estado comparte ese diagnóstico de partida, pero lo amplía hacia una pregunta más amplia: qué mide exactamente el sistema cuando computa una “impresión” publicitaria.

La respuesta que da el texto es que los sistemas actuales no distinguen entre un lector que pasa tres minutos leyendo un reportaje sobre una prestación social y un transeúnte que cruza frente a un panel digital sin reparar en él. Ambos computan igual. Para el Gobierno, esa equiparación tiene consecuencias directas sobre la eficacia del gasto público en comunicación institucional. “Un sistema de medición que los trate como equivalentes no está midiendo la eficacia de la comunicación; está midiendo el ruido”, subraya el escrito remitido a la AIMC.

El núcleo del argumento de Nevado descansa en una clasificación de los objetivos comunicativos de las administraciones públicas que distingue tres categorías. Las campañas de información persiguen que la ciudadanía comprenda una política pública, un nuevo derecho o un cambio normativo. Las campañas de cambio de comportamiento buscan modificar hábitos: conducción, vacunación, consumo energético, prevención de la violencia de género. Las campañas de llamada a la acción intentan que el ciudadano realice un trámite concreto en un plazo determinado.

En ninguno de los tres casos, sostiene el texto, el número de personas expuestas al mensaje es un indicador suficiente de si la campaña ha funcionado. Una campaña de seguridad vial que llega a 20 millones de personas, pero no modifica el comportamiento de ninguna es un fracaso, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. El éxito, en esos casos, se mide por comprensión, por cambio de actitud o por tasa de conversión. Ninguna de esas variables la captura el sistema actual.

El documento introduce además un argumento técnico que va más allá del debate sobre plataformas: la relación entre audiencia e impacto no es proporcional. Duplicar el número de personas que ven un anuncio no duplica el efecto del anuncio. El impacto depende de variables que el volumen no registra: la atención real del receptor, la comprensión del mensaje, la credibilidad percibida de la fuente y la profundidad del procesamiento cognitivo.

El texto cita como ejemplo una campaña sobre una nueva ley de vivienda. Un reportaje televisivo de tres minutos puede transmitir condiciones de acceso, plazos y requisitos documentales con suficiente detalle como para que el espectador actúe. Un vistazo a un soporte publicitario urbano y digital situado en una marquesina de autobús no puede transmitir esa misma información, aunque el panel registre miles de impactos diarios. 

Tratarlos como equivalentes, argumenta el Gobierno, no produce información útil para decidir cómo distribuir el presupuesto de una campaña. Produce justificaciones para decisiones ya tomadas.

“En el ámbito de la publicidad institucional”, explica el documento, “donde el dinero invertido es dinero público y los objetivos son de interés general, la diferencia entre medir el ruido y medir el impacto no es una cuestión académica: es una cuestión de responsabilidad democrática".

La Secretaría de Estado propone que el nuevo sistema incorpore tres variables que los modelos actuales ignoran. La primera es la afinidad entre el mensaje y el perfil del receptor. Alcanzar a un millón de personas del público objetivo de una campaña sobre ayudas al alquiler para jóvenes es más eficaz que llegar a diez millones de personas de perfil aleatorio, pero el sistema basado en el volumen trata el segundo escenario como diez veces mejor que el primero.

La segunda variable es el contexto editorial. El documento precisa que cuando habla de “línea editorial” no se refiere a la orientación política del medio, sino a su especialización temática y a la disposición cognitiva de su audiencia. Un medio especializado en salud es un contexto más receptivo para una campaña de vacunación que una red social donde el usuario consume contenido de ocio.

La tercera variable es la compatibilidad entre el mensaje y el entorno en el que se inserta. El texto señala que cuando un anuncio institucional aparece en un contexto editorial que contradice su contenido, no solo pierde eficacia, sino que puede resultar contraproducente. Una campaña de prevención de la violencia de género en un entorno que trivializa la violencia, argumenta el documento, puede ser ofensiva para las víctimas y corrosiva para el objetivo de la campaña.

El escrito de Nevado se detiene especialmente en el riesgo de lo que denomina medición transmedia indiferenciada: la suma de todos los puntos de contacto de un usuario con un mensaje a través de diferentes medios y plataformas, sin distinguir la naturaleza de cada uno. Una lectura de tres minutos, un story visto durante un segundo, un clic accidental en un enlace patrocinado y una impresión de un banner que el usuario ni siquiera ha procesado conscientemente no generan el mismo impacto. “Producirá cifras más grandes y más detalladas, pero no producirá mejor información para la toma de decisiones“ advierte la SEC a la AIMC.

Para el Gobierno, esto tiene una dimensión específica que va más allá del mercado publicitario. Cuando una administración pública necesita justificar una decisión de gasto ante un órgano de control, un sistema que suma todos los puntos de contacto sin distinguirlos permite presentar cifras de alcance impresionantes aunque la campaña no haya cumplido ninguno de sus objetivos. 

El texto del responsable de Comunicación Institucional aborda también un argumento que circula con frecuencia en los debates sobre publicidad institucional: que el reparto de publicidad pública debe servir también para sostener la viabilidad de los medios pequeños y locales. El Gobierno reconoce que esa función es legítima. Pero sostiene que mezclar ese objetivo con el sistema de medición perjudica a los dos.

Si las administraciones quieren apoyar la pluralidad del ecosistema mediático, deben hacerlo mediante instrumentos específicos —subvenciones, ayudas a la digitalización, beneficios fiscales—, no distorsionando los criterios de asignación publicitaria. Un sistema diseñado para hacer las dos cosas a la vez no hace bien ninguna.

La posición del Gobierno no llega en el vacío. El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026 y pendiente todavía de aprobación definitiva antes de ser remitido al Congreso, obliga a que los medios que quieran optar a publicidad institucional utilicen sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024. El artículo 23 del EMFA exige que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales y que publiquen sus metodologías.

El documento de Nevado conecta esa arquitectura legal con el debate metodológico. Sin un sistema que mida el impacto real y no solo la exposición, argumenta, toda esa legislación se queda sin los instrumentos necesarios para cumplir su función. El estándar que fije el concurso de la AIMC será la base sobre la que descanse la distribución de publicidad pública en España durante los próximos años.

El escrito propone cinco dimensiones que debería incorporar el nuevo sistema. La profundidad de la exposición, que distinga entre formatos que permiten un procesamiento cognitivo sostenido —lectura, visionado, audio— y formatos de exposición superficial. La afinidad entre el mensaje y el público objetivo real de la campaña. La coherencia entre el entorno editorial y el contenido del mensaje. La capacidad informativa del formato, es decir, si el soporte puede transmitir información compleja o solo consignas breves. Y, por último, indicadores de resultado: comprensión del mensaje, recuerdo, intención de acción, acción efectiva.

El documento reconoce que muchos de esos indicadores ya se miden en investigaciones ad hoc de eficacia publicitaria. El problema es que no forman parte del sistema estándar de medición del mercado y, por tanto, no se aplican de forma sistemática a las decisiones de planificación de medios.

El concurso que debe resolverlo está a punto de cerrarse. El contrato con GfK, prorrogado para cubrir todo 2026 mientras se completaba el proceso, expira a final de año. El modelo que lo sustituya determinará qué cuenta y qué no cuenta en el mercado publicitario digital español hasta al menos 2030.

“Se acabó”. La periodista Àngels Barceló (Barcelona, 1963) puso este jueves fin, por sorpresa y de forma abrupta, a su etapa de siete años al frente de Hoy por Hoy, el programa estrella de la Cadena SER. “Hoy soy yo la que hablo”, dijo sin previo aviso al final de la emisión de este jueves. “Es el último Hoy por Hoy que hago. Se acabó. He acordado con la casa, y con su complicidad, que lo dejo aquí. Porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene”.

Fue la única explicación que ofreció, antes de añadir, a continuación, una metáfora reveladora. “Pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”, subrayó.

La periodista había anunciado su renuncia a continuar en la cadena el pasado 22 de mayo, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado dos años antes por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa. Un conflicto que se volvió especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian.

En los últimos meses se acumularon los indicios que apuntaban a que Prisa estaría modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Barceló aprovechó su último programa para sacar pecho por los mejores datos de audiencia que Hoy por Hoy ha conseguido. “Que vengan a perseguirnos”, retó antes de agradecer “la complicidad de los oyentes” que les “han traído de la mano hasta aquí”. “Porque sin los oyentes nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho. Los oyentes nos han dado la fuerza para levantarnos todas las mañanas, para venir aquí, para decidir cómo lo hacíamos, qué poníamos, dónde íbamos, dónde conectábamos”.

En defensa de su trayectoria, puso en valor su compromiso con “la verdad, el compromiso de ser rigurosos”. “Hoy termina una etapa, comienza otra”, insistió, sin mencionar siquiera al que será su sucesor a partir del 31 de agosto, el periodista Aimar Bretos.

“Sed muy felices con lo que os toque”, añadió en referencia a los miembros de su equipo. “Yo os aseguro que seré muy feliz con lo que me toca. Cuando uno se recupera de una ruptura o de un amor que no ha funcionado del todo”, añadió en referencia a la cadena, “se pasa un tiempo de duelo, pero luego a gente es capaz de volverse a enamorar. O sea que enamórense; yo no me desenamoraré de la radio, de eso pueden estar bien convencidos”.

José Luis Sastre, la mano derecha de Barceló en los últimos años al frente del programa, abandonará también las mañanas y pasará a dirigir y presentar Hora 25, el programa informativo nocturno de la cadena, precisamente el que dejará libre el periodista que se hará cargo de Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto.

En un vídeo difundido por la SER, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite de 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien, por su parte, conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 hasta las 20:30 horas.

Esta reconfiguración de la parrilla de la cadena, forzada por la salida de Barceló, tendrá como consecuencia una mayor masculinización de los principales programas, que estarán dirigidos aún más por hombres. A falta de conocer qué hará ahora la emisora de Prisa con el resto de la programación, al frente de grandes espacios quedan únicamente Aida Bao (informativos del fin de semana) y Mara Torres, que dirige y presenta cada madrugada El Faro, un programa nocturno muy personal centrado en entrevistas en profundidad.

Barceló llevaba en la Cadena SER desde julio de 2005, donde comenzó al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo Hora 25 y, desde septiembre de 2019, dirige y presenta el magacín matinal Hoy por Hoy, líder de audiencia en la radio española.

OpenAI abrirá en la segunda mitad de 2026 su primera oficina en España. La sede estará en Madrid y ofrecerá, según el comunicado remitido a medios, “mejor apoyo” a una comunidad creciente de usuarios, empresas, desarrolladores, centros académicos y administraciones públicas. El anuncio coincide con un momento relevante para la compañía: el 22 de mayo presentó de forma confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el documento previo a su salida a bolsa, y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar en Wall Street antes de que acabe el año.

La apertura de la oficina madrileña no es un gesto aislado. Forma parte de una secuencia de movimientos que la empresa está ejecutando mientras ultima su oferta pública de acciones, prevista para el cuarto trimestre de 2026 y que los bancos asesores —Goldman Sachs y Morgan Stanley, con participación de JPMorgan— sitúan entre septiembre y noviembre. La valoración objetivo se mueve entre los 852.000 millones de dólares, cifra alcanzada en la última ronda de financiación de 122.000 millones cerrada en marzo de 2026, y el billón de dólares.

OpenAI justifica la elección de Madrid con un dato concreto: España figura entre sus cinco principales mercados europeos por usuarios activos semanales de ChatGPT. La compañía subraya además que el uso de sus herramientas entre empresas y desarrolladores españoles no ha dejado de crecer. La oficina, según el comunicado, reforzará tres tipos de perfil profesional: atención a clientes, puestos técnicos aplicados, y política pública e institucional. La ubicación exacta y los procesos de selección se anunciarán en los próximos meses.

Para entender qué tipo de sede será la madrileña, conviene situarla en el mapa europeo que OpenAI ha ido construyendo. La empresa ya dispone de una red de oficinas con funciones diferenciadas. Dublín actúa como ancla jurídico-regulatoria para la Unión Europea. Bruselas opera como antena de diálogo con las instituciones comunitarias. París, Múnich y Zúrich funcionan como centros de negocio y talento técnico.

Londres ocupa un lugar diferente. En febrero de 2026, OpenAI confirmó que la capital británica se convertiría en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos. En abril anunció una sede permanente en el barrio de King's Cross, en los edificios Regent Quarter, Jahn Court y Brassworks Building, con una superficie de 8.200 metros cuadrados y capacidad para hasta 544 empleados. La apertura está prevista para 2027. El Gobierno británico y OpenAI firmaron además una alianza estratégica en julio de 2025 para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

Madrid no tiene ese mandato de investigación. El patrón del anuncio reproduce, casi palabra por palabra, el que de forma mucho más modesta OpenAI utilizó con París o Múnich: foco en acompañar a empresas en la integración de la IA, equipo local mixto con perfiles comerciales, técnicos e institucionales, y una retórica de “mercado en crecimiento” que convierte la decisión en lógica más que en excepcional. La capital española sería el séptimo nodo europeo de la compañía, tras Londres, Dublín, París, Bruselas, Zúrich y Múnich.

A pesar de ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó la llegada de OpenAI a Madrid como una prueba de que la regulación española de la inteligencia artificial “hace (a España) ser cada vez más competitiva”. La decisión de la empresa “demuestra el enfoque que damos sobre la regulación” de la IA, defendió López. “Lejos de alejar la inversión”, la apertura “muestra que somos competitivos”. Y encuadró el anuncio en una narrativa de liderazgo tecnológico nacional, insistiendo, una vez más, en que España “va a ser un líder mundial” en tecnologías cuánticas.

El propio comunicado de OpenAI habla de otra cosa. Su oficina, subraya el texto, servirá para “reforzar la capacidad de OpenAI para colaborar con las empresas españolas a medida que pasan de experimentar con la IA a integrarla de forma más profunda en sus operaciones”.

La comparación con el resto del despliegue europeo de la compañía matiza la importancia de la oficina española. OpenAI lleva años instalando equipos locales en los mercados donde confluyen una adopción empresarial consolidada, ambiciones públicas en materia de inteligencia artificial y un marco regulatorio que, más que restringir, ofrece certezas para operar. España cumple esas tres condiciones. La apertura de Madrid responde a esa lógica de expansión, no a un incentivo regulatorio específico.

La oferta de venta de acciones en una bolsa de valores abierta al público general que OpenAI prepara ayuda a entender el calendario de este anuncio. La compañía presentó el 22 de mayo el documento que pone en marcha el proceso ante el regulador de EEUU y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar. Los bancos asesores trabajan con un horizonte de entre septiembre y noviembre de 2026, aunque OpenAI ha subrayado que no hay fecha fija y que las condiciones del mercado podrían alterar ese calendario.

La cifra que circula en los informes de los analistas es la de un billón de dólares de valoración. Si se cumple, OpenAI se situaría como la cuarta empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia, Apple y Microsoft, y por delante de Saudi Aramco, Alphabet y Amazon. Los ingresos proyectados para 2026 rondan los 20.000 millones de dólares.

Una salida a bolsa de esa magnitud requiere que los inversores vean una empresa con presencia global consolidada. Cada oficina que OpenAI abre en los meses previos al debut bursátil forma parte del relato que la compañía construye para Wall Street: una empresa que no solo domina el mercado estadounidense, sino que ha echado raíces comerciales e institucionales en los principales países de Europa.

En ese contexto, Madrid aporta algo más que un mercado. Aporta la imagen de una compañía que ha cubierto las capitales política y económica de los cinco grandes países de la Unión Europea antes de pedir a los inversores que confíen en ella a escala planetaria.

OpenAI no es la primera empresa del sector que ha presentado su solicitud de salida a bolsa ante la SEC. Anthropic, el otro gran laboratorio de inteligencia artificial, puso en marcha el proceso el 1 de junio, diez días después que OpenAI. Su valoración actual supera la de su rival: 965.000 millones de dólares frente a los 852.000 millones que OpenAI registró en su última ronda. Sus ingresos anualizados a abril de 2026 también superan a los de OpenAI: 30.000 millones frente a entre 24.000 y 25.000 millones.

Anthropic apunta a cotizar en el Nasdaq en octubre de 2026, un mes después de la ventana que los analistas manejan para OpenAI. Junto a SpaceX, que también está en pleno proceso de salir a bolsa, las tres compañías sumarían una capitalización conjunta cercana a los cuatro billones de dólares si sus debuts bursátiles se completan en los términos previstos.

El periodista José Luis Sastre dirigirá la próxima temporada Hora 25, el programa nocturno de la cadena Ser, en sustitución de Aimar Bretos, han informado a EFE este jueves fuentes de la cadena.

Sastre, hasta ahora mano derecha de Àngels Barceló como subdirector de Hoy por hoy, pasará así a la tarde/noche para dirigir este espacio que deja Bretos, quien por su parte, como se anunció hace días, se hace cargo del programa insignia de la mañana de la Ser.

En un vídeo difundido por la Ser, Sastre ha anunciado que dirigirá Hora 25, que se emite 20:00 a 23:30 horas, y lo ha hecho junto a Esther Bazán, quien por su parte conducirá el primer tramo informativo de esta franja, desde las 20:00 a las 20:30 horas.

"Haremos lo que hacemos y lo que sabemos hacer en la Ser con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario", ha dicho Sastre en este vídeo en el que también anuncia que comenzará esta nueva etapa el 31 de agosto. Es la misma fecha de comienzo del Hoy por hoy con Aimar Bretos al frente.

La elección de Sastre se conoce en el mismo día en el que Àngels Barceló se ha despedido de la audiencia de Hoy por hoy al anunciar por sorpresa, en los últimos minutos de su emisión, que el de este jueves era su último programa.

"Este es el último Hoy por hoy que hago. Se acabó, alegraros por mí, lo he acordado con la casa y con su complicidad y lo dejo aquí porque se ha de empezar a trabajar en lo que viene", ha justificado en su despedida. "Pasamos página, yo ya soy la de la izquierda y toca completar la de la derecha", ha dicho.

Barceló ha recordado que han sido siete los años que ha estado al frente de uno de los programas más importantes de la emisora, que deja, ha subrayado, "en lo mejor de la audiencia" gracias a su equipo, con especial mención para su subdirector, José Luis Sastre.

La marcha de Barceló de Hoy por hoy se conoce desde el pasado 22 de mayo, cuando la propia periodista se lo comunicó a su equipo y a la cadena. Seis días después, la Ser informó de la elección de Aimar Bretos para sucederla al frente del programa estrella de la cadena.

Tras la despedida de Barceló, será Sastre quien se ponga al frente de Hoy por hoy desde este viernes. Según fuentes de la cadena consultadas por EFE, en principio permanecerá al frente del programa hasta el final de la presente temporada, antes de asumir la dirección y presentación de 'Hora 25' a partir de septiembre.

Para cubrir la visita de León XIV a España, RTVE ha movilizado a 660 profesionales: 400 de TVE, 200 de RNE y 60 del área digital. En la calle, 170 cámaras y más de 100 kilómetros de cableado. En el aire, un helicóptero y drones. En tierra, 17 unidades móviles y cinco estudios de producción. La corporación lo ha descrito, sin falsa modestia, como uno de los mayores despliegues técnicos de su historia.

Los diarios de papel y la mayoría de los digitales han renunciado al resto de la actualidad (y algunos incluso a sus propios principios) para multiplicar unos contenidos que tratan de narrar, a veces desde ángulos insospechados, la visita del papa. Dando, de paso, un respiro al Gobierno, asediado por titulares relacionados con el caso Leire Díez, y echando por tierra la estrategia de máxima presión y desgaste puesta en marcha por el PP para tratar de forzar elecciones.

Lo llamativo es que todo esto está pasando en un país mayoritariamente secularizado y con un Estado aconfesional. Según el barómetro del CIS de marzo de 2026, apenas el 16,2% de los españoles se declara católico practicante. Hay otro 36,6% que se declara católico, pero no practicante. El 44,8% restante son ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otra religión.

Frente a esa España, el dispositivo mediático de esta semana resulta chocante. Horas y horas de televisión pública en directo, con narrativas bordeando a veces lo confesional y decisiones tan relevantes como la supresión del informativo de RTVE la noche del sábado. La actualidad sucumbió ante el papa.

Lola Bañón-Castellón, periodista y profesora de Periodismo en la Universitat de València, lo explica con el argumento de que la cobertura no puede leerse solo en clave religiosa. “Una visita papal no es un acontecimiento estrictamente religioso en absoluto. Es un acontecimiento cultural y social”, afirma en conversación con infoLibre.

Frente a las críticas de quienes no entienden esta inflación vaticana, los defensores del despliegue argumentan con las cifras en la mano. La 1 lideró el fin de semana con una media del 13,8% de cuota y 7,8 millones de espectadores acumulados, datos muy por encima de sus registros habituales. El especial matinal por la misa en Cibeles alcanzó el 21,2% de share con 732.000 espectadores de media. El sábado, solo la llegada del papa a Barajas le había dado ya un 22,6% y 804.000 espectadores en la mañana.

Antena 3, en cambio, se quedó en el 7,6% y 283.000 espectadores con su especial dominical. Telecinco no llegó al 3% en esa misma franja: 111.000 espectadores, por debajo de Trece, la televisión de los obispos. El sábado, la cadena solo interrumpió diez minutos su emisión para mostrar la llegada al aeropuerto. Apostó por la contención y pagó el precio. Telemadrid dedicó 13 horas al evento y obtuvo un 11,1% de share. Televisión Canaria, que emite para otra de las comunidades con actos papales, alcanzó un 10,7%.

La misa en Cibeles, emitida por nueve canales entre nacionales y autonómicos, reunió en torno a un millón y medio de espectadores en la franja de mañana. Es una cifra importante, pero queda lejos de los 9,8 millones que concentró la final del Mundial de Catar 2022 en La 1, o de los cerca de 14 millones que vieron la final de Sudáfrica 2010. La boda de Felipe y Letizia en 2004 acumuló 25,1 millones de espectadores únicos entre todas las cadenas.

La visita de León XIV es un evento potente, pero concentrado. No ha parado el país.

Entonces, ¿a qué viene tanta atención mediática, la mayor parte de ella claramente militante a favor de una figura como el jefe del Estado Vaticano?

El primer elemento es aritmético. Los católicos practicantes son solo el 16% de la población, pero en números absolutos son más de ocho millones de personas. Ese segmento está concentrado en los mayores de 55 años, que son precisamente el grupo que más televisión lineal consume. Un nicho así, activado al máximo durante horas, es suficiente para mover el share de cualquier cadena. El público joven y no religioso está en plataformas de streaming y no interfiere en ese cálculo.

Para Marta Martín Llaguno, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Alicante, esa aritmética no agota la explicación. La agenda de León XIV ha incluido más de veinte actos, discursos en el Congreso y misas multitudinarias con desplazamientos por varias ciudades. “Hay un impacto institucional, diplomático, logístico y económico que trasciende a los creyentes y afecta al conjunto del país”, señala. Desde esa lectura, la cobertura no está sobredimensionada. “Se cubre la figura del papa como un símbolo que mezcla religión, política, geopolítica y marca-país”.

El segundo elemento es cultural. La socióloga británica Grace Davie explicó hace años un fenómeno que encaja bien con la España de hoy: la religión vicaria. Una mayoría que ya no practica delega esa práctica en una minoría activa, pero sigue aprobando que la iglesia esté ahí para los grandes rituales colectivos. Quien no va a misa puede sintonizar la visita papal porque reconoce en el papa un guardián de una memoria compartida, no porque busque orientación espiritual.

Bañón-Castellón añade otra capa de lectura que tiene que ver con la antropología del ritual. “Hay determinados momentos en los que las personas necesitamos la comunión con el grupo”, explica. Pone el ejemplo del Mundial de fútbol: “Gente a la que no le gusta el fútbol ve los partidos y se entusiasma y celebra o se enfada, según el resultado”.

El Vaticano, más allá de un Estado, “es escenografía, ritual. El ritual está en la esencia de todos nosotros y hace muchas veces el papel de bálsamo, de crear comunidad para ayudarnos a transitar un poco por este mundo”.

El mecanismo, sostiene, es el mismo. “Nuestro cerebro funciona igual desde hace 30.000 años. Es un cerebro que necesita rituales y reconexión con la tribu”. En las grandes coberturas, también cuando se producen grandes catástrofes, señala, hay puntos en los que se genera la necesidad “de confluir con el colectivo”.

El tercer elemento tiene que ver con cómo funcionan los medios. Cuando la televisión pública y las grandes privadas interrumpen su programación con el rótulo de directo, crean una sensación de excepcionalidad. El espectador asume que algo histórico está pasando. A eso se suma la dimensión política del evento: qué le dirá el papa al Gobierno, cómo reaccionarán los partidos, qué harán los nacionalismos. La visita papal es también un episodio de la crónica política habitual.

El cuarto elemento es el más antiguo de todos. Émile Durkheim, el fundador de la sociología moderna, describió hace más de un siglo la atracción que ejercen los momentos de efervescencia colectiva: plazas llenas, miles de personas compartiendo las mismas emociones. Esa energía tiene una fuerza visual propia que funciona con independencia de la ideología de los congregados. Se puede ver sin creer.

A eso se suma, apunta Bañón-Castellón, el perfil propio que León XIV ha construido en solo un año. “En un momento muy delicado de la actualidad internacional se ha pronunciado despertando simpatías en sectores que no se sentían nada tocados por esta cuestión”. Y lo ha hecho justo cuando “estamos muy huérfanos de liderazgos sólidos, de figuras carismáticas”.

Es verdad que los datos de audiencia del fin de semana validan la apuesta de RTVE, pero no responden a la pregunta más incómoda.

El artículo 16.3 de la Constitución establece que España es un Estado aconfesional. La televisión pública ha tratado históricamente la simbología católica como un eje de identidad nacional, y esa inercia atraviesa gobiernos de distinto signo. La Semana Santa, los funerales de Estado, las visitas papales: todos reciben una cobertura que no se cuestiona.

Bañón-Castellón, que ha analizado las diferencias entre la cobertura de RTVE y la BBC con motivo del cónclave del año pasado, llega a una conclusión que sorprende: “Desde el punto de vista de la disposición de realización y narrativa visual, Televisión Española gana por goleada. Es sorprendente, porque la BBC es la madre de los modelos de prestigio televisivo”.

Pero la distancia es otra. “La BBC mete más a gente experta. Entre la gente experta que mete Televisión Española, la gente básicamente tiene una postura del ámbito católico”. Los presentadores españoles, añade, no hacen proclamas evangélicas, “pero sí comunican entusiasmo”, porque hacer “televisión sin emoción es una mesa con tres patas”. La apuesta por dar voz a la gente de la calle en lugar de a analistas produce un relato más vívido, pero también más unilateral.

La cobertura tiende a enfocar a las multitudes. La vigilia en la plaza de Lima, la misa en Cibeles, el encuentro en el Movistar Arena: cientos de miles de personas, banderas, emoción. Esas imágenes transmiten una sensación de unanimidad que los barómetros no apoyan.

Los investigadores Daniel Dayan y Elihu Katz hace décadas que explicaron este mecanismo: el evento mediático no solo retransmite lo que ocurre, sino que lo construye como un hito histórico de visionado casi obligatorio. Lo que importa para la lógica televisiva no es cuánta gente profese la fe, sino la escala visual y la capacidad de movilización.

Martín Llaguno desglosa los engranajes concretos de esa construcción. El primero es el directo prolongado, con emisión minuto a minuto y desconexiones constantes que crean la sensación de que el espectador puede entrar y salir de un flujo ininterrumpido. El segundo es la coreografía visual: las plazas más icónicas de Madrid, el Congreso, la catedral de la Almudena, con banderas, liturgia y planos que maximizan la emoción a través de símbolos. El tercero son las cifras y los superlativos, repetidos una y otra vez para dar sensación de evento histórico. 

A todo ello se suma la lógica de competencia entre cadenas. “Nadie quiere quedarse fuera”, señala, y eso empuja a que el acontecimiento aparezca en todo momento y en todas las cadenas, reforzando la percepción de excepcionalidad. “Lo que era un hecho religioso y diplomático se codifica como espectáculo mediático mediante recursos técnicos, narrativos y comerciales”, concluye.

León XIV merece cobertura. Como la merecería cualquier líder con capacidad de convocar a cientos de miles de personas y con presencia en la agenda política del país. Pero Martín Llaguno pone el acento en el cómo. La visita tiene relevancia informativa indiscutible, dice, porque afecta a una institución que todavía agrupa en términos identitarios a más de la mitad de la población, y porque sus efectos políticos, económicos y de seguridad alcanzan al conjunto de la ciudadanía. 

“La obligación es informar, no hacer propaganda religiosa ni antirreligiosa”. La sobrecobertura, añade, responde también a la lógica de un mercado de atención fragmentado: un gran evento es una oportunidad para concentrar audiencias dispersas, reforzar la marca de las cadenas y captar publicidad.

La pregunta que queda es si 660 profesionales, 170 cámaras y una semana entera de parrilla alterada responden a criterios periodísticos o a una inercia que da por supuesto que el auditorio comparte una fe que los datos llevan años desmintiendo. Una cobertura proporcional informaría sobre los actos centrales, analizaría el mensaje del pontífice y haría sitio también a quienes se relacionan con la institución de forma crítica o distante. Una cobertura de espectáculo convierte al papa en el protagonista audiovisual de la semana sin preguntarse demasiado para quién.

Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes en una entrevista en Telecinco que uno de los efectos que tendría un cambio de gobierno, consecuencia de una eventual moción de censura exitosa, sería que Pedro Sánchez “dejaría de tener RTVE para tener el NO-DO 24 horas”. El líder del PP incluyó el relevo de los directivos al frente de los medios públicos entre las medidas que quiere tomar como presidente provisional antes de ir a elecciones, en el caso de que Vox, UPN, Coalición Canaria y cuatro diputados más —que quiere conseguir en las filas del PNV o en las de Junts— apoyen una hipotética votación para ponerle a él en La Moncloa. Entre otras instituciones que quiere cambiar citó también la Fiscalía General del Estado y el CIS.

Completar ese objetivo, sin embargo, no es tan sencillo. Ni tan rápido. Para poner fin al mandato del actual presidente de RTVE, José Pablo López, y al de los miembros del consejo de administración, el PP solo tiene una posibilidad: impulsar la aprobación de una reforma de la ley vigente que regula los medios públicos.

El primer obstáculo es que a Feijóo no le bastan sus aliados tradicionales —Vox, UPN y Coalición Canaria—. Necesitaría el respaldo del PNV o de Junts, o por lo menos su abstención, para validar una reforma de la ley vigente, reformada por última vez el 29 de octubre de 2024.

El segundo es mucho más difícil de superar. El mandato del actual presidente y de los miembros del consejo de administración es de seis años, lo que significa que no expira hasta diciembre y noviembre de 2030, respectivamente. Es decir, apenas unos meses antes de que acabe la próxima legislatura.

Sin la abstención, al menos, del PNV o de Junts, Feijóo no podrá cambiar la ley para destituir a López y modificar la relación de fuerzas dentro del consejo. No podrá hacerlo, al menos, hasta que, en compañía de Vox, tenga mayoría absoluta en el Congreso, lo que, si llega a suceder, previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año, cuando se celebren las elecciones generales según el calendario de Pedro Sánchez.

Lo que el PP no parece haber tenido en cuenta, a la vista de las declaraciones de Feijóo en Telecinco, es que, aun así, no podrá reformar la ley para cambiar a la cúpula directiva de RTVE sin violar la legislación europea, que prohíbe expresamente ese tipo de maniobras, precisamente para garantizar la independencia de los medios públicos.

Este es el escollo jurídico más directo. El artículo 5.2 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) establece que los procedimientos para el nombramiento y el cese de los directivos de los medios públicos deben tener por objeto garantizar su independencia. La norma está en vigor desde el mes de agosto del año pasado y, de acuerdo con ella, los responsables de gestión y los miembros del consejo de administración deben nombrarse siguiendo procedimientos transparentes y con criterios definidos de antemano. Y solo pueden ser destituidos antes de que termine su mandato —esta es la parte decisiva— en circunstancias extraordinarias, que no incluyen un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados.

Modificar la ley para que el relevo sea posible no sortea esa prohibición: la vacía. Un Estado miembro no puede rediseñar su legislación nacional para eludir un reglamento europeo que es de aplicación directa. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea, establecido por el Tribunal de Justicia de la UE, significa que, cuando una norma nacional contradice un reglamento europeo, prevalece el reglamento. Siempre.

Lo que el PP quiere presentar como regeneración institucional sería, en términos jurídicos, una infracción del reglamento al que sus propios eurodiputados dieron el ‘sí’ en el Parlamento Europeo. Si la Comisión Europea detecta que una reforma legislativa nacional lo contradice, puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De hecho, la EMFA blinda la permanencia del actual presidente y del consejo de administración hasta finales de 2030. De manera que Feijóo, aunque consiga llegar a La Moncloa en las próximas elecciones, tendrá que convivir con una RTVE que no podrá controlar durante casi toda la próxima legislatura. O desafiar a la Unión Europea, como hizo la Hungría de Viktor Orbán, y poner fin a su mandato mediante una reforma legal que supondría una violación flagrante de la legislación europea y de las normas del Estado de derecho de la Unión.

RTVE, con cifras de audiencia y una influencia social cada vez mayor, se ha convertido en el último año en una de las obsesiones de Génova. Incapaz de forzar la caída de la actual dirección por procedimientos legales, el PP puso en marcha una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, una iniciativa que, sobre el papel, supone también un incumplimiento flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La de RTVE es una más de las muchas comisiones de investigación que el PP ha activado en la Cámara Alta, aprovechando que allí tiene mayoría absoluta para hacer lo que le plazca, con el objetivo de cuestionar así al Gobierno.

Su objeto formal es la gestión directiva, financiera y patrimonial de la corporación, que es un terreno perfectamente fiscalizable a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que el Senado comparte con el Congreso y que, todos los meses, examina la actuación de los medios públicos. Su función es velar porque el medio cumpla su misión de servicio público y sea viable económicamente.

El problema está en que la comisión de investigación sobre RTVE situó entre sus objetivos cuestionar la línea editorial de los informativos y los programas que emiten TVE y RNE, que el PP considera al servicio del Gobierno. No se trata solamente de investigar contratos, presupuestos o supuestas irregularidades en la gestión. Lo que pretenden es cuestionar qué noticias se emiten y cómo se enfocan. Y ahí empieza el conflicto legal con la EMFA, que prohíbe expresamente que un poder del Estado —y el Senado lo es— cuestione la línea editorial de los medios públicos.

Hay una consecuencia de este tipo de presiones, bien conocida en la literatura académica: el chilling effect, o efecto disuasorio. La sola amenaza de tener que comparecer ante una comisión parlamentaria para explicar por qué se eligió un enfoque informativo y no otro basta para que los periodistas empiecen a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar menos conflictivo. Ese proceso silencioso ocurre antes de que la comisión emita ninguna conclusión, antes incluso de que cite a nadie.

La propia RTVE lo denunció el mismo día del anuncio de la comisión. La corporación invocó el artículo 4.2 de la EMFA, el que prohíbe que los organismos estatales “interfieran o traten de influir” en las decisiones editoriales de los medios públicos. La iniciativa “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, advirtió.

Al mismo tiempo, el secretario general de la corporación remitió una carta a la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, encargada por ley de la supervisión de los medios audiovisuales públicos, pidiendo que analizara si la comisión constituía una interferencia en la independencia editorial y trasladara el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por la propia EMFA para vigilar el pluralismo en los medios.

Para entender la urgencia del PP basta con echar un vistazo a las cifras de audiencia de RTVE. La 1 cerró 2025 con una cuota del 11% de pantalla, su mejor dato en trece años, y el grupo RTVE en su conjunto alcanzó el 16,6%. RTVE fue el único de los tres grandes grupos que mejoró su cuota en 2025: subió 0,7 puntos mientras Atresmedia cedía 0,3 y Mediaset 0,4. En abril de 2026, el conjunto del grupo alcanzó el 17,8% de share, su mejor abril en catorce años.

Una televisión pública que crece mientras las privadas retroceden es un desafío para un PP que se siente amenazado por los profesionales de los informativos y quienes trabajan en los programas de actualidad —La Hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano o Malas Lenguas—.

La Comisión Europea lleva años repitiendo que el periodismo es una “infraestructura democrática”. La propuesta que acaba de poner sobre la mesa para el próximo presupuesto plurianual de la UE, el que regirá entre 2028 y 2034, permite calcular cuánto vale esa declaración en euros: el 11,7% del total del nuevo programa que agrupa medios de comunicación, cine y valores democráticos. Unos 1.250 millones de euros en siete años para toda la Unión. El sector audiovisual, que no quiere compartir caja con la prensa escrita, ya ha protestado formalmente.

El debate sobre si el dinero público debe sostener a los medios privados es incómodo, pero lleva décadas encima de la mesa. Lo que ha cambiado es la urgencia. El colapso de los ingresos por publicidad, el dominio de las grandes plataformas digitales en la distribución de contenidos y la retirada de lectores y anunciantes han colocado a muchas organizaciones periodísticas, especialmente las locales, ante lo que varios estudios de la Comisión llaman una amenaza de “nivel de extinción”. La pregunta ya no es solo si el Estado debe intervenir, sino cómo hacerlo sin que la intervención se convierta en el problema.

La Comisión ha diseñado un nuevo programa llamado AgoraEU, que fusionaría el actual Europa Creativa —el fondo de apoyo al cine, la música y la televisión— con iniciativas dedicadas a los valores democráticos y a la sociedad civil. Dentro de ese paraguas, el periodismo tendría su propia sección, bautizada como Periodismo e Información.

Esa decisión no ha sido bien recibida por quienes creen que, a partir de 2028, se verán obligados a compartir fondos con el periodismo. Las asociaciones europeas de productores audiovisuales independientes rechazan la modificación presupuestaria con un argumento que mezcla lo corporativo con lo técnico.

El programa MEDIA, que financia la producción cinematográfica desde los años 90, fue diseñado para fomentar la competitividad industrial y la diversidad cultural, no para cumplir objetivos políticos. Meter los fondos del cine y los de la prensa en la misma bolsa, argumentan, diluye el presupuesto.

Pero su preocupación más concreta tiene nombre: las normas actuales exigen que las productoras sean independientes de las televisiones para recibir ayudas públicas. El plan AgoraEU podría eliminar esa barrera, abriendo la puerta a que grandes grupos mediáticos o tecnológicos absorban las subvenciones pensadas para los pequeños creadores.

La Federación Europea de Periodistas, por su parte, llega al mismo debate con una queja diferente. Si el Parlamento Europeo reconoce oficialmente que el periodismo es una infraestructura democrática, el presupuesto no lo refleja. Destinar menos del 12% del programa al periodismo, mientras el resto va a cine y televisión, convierte al sector de las noticias en un “añadido” de la política cultural europea, cuando debería tener una línea presupuestaria propia y proporcional a la función que se le atribuye. La cifra de 1.250 millones de euros en siete años, repartida entre veintisiete países con mercados mediáticos en estado crítico, se considera irrisoria.

El debate en Bruselas no parte de cero. Varios Estados miembros llevan años construyendo modelos de financiación pública de los medios que intentan resolver el mismo problema, con soluciones distintas según la tradición política de cada país.

Dinamarca es el caso más citado. En 2014 reformó su sistema para hacerlo tecnológicamente neutral: las ayudas ya no financian la impresión de papel ni el reparto postal, sino los costes editoriales documentados, hasta un 35% del total. Un medio puede recibir esa ayuda si tiene al menos tres periodistas a tiempo completo, publica contenido de interés general y cumple estándares éticos verificables. La asignación es automática, basada en datos contables, sin valoración subjetiva del gobierno de turno. Ese mecanismo —llamado arm’s length principle o principio de distancia— es el que permite que el dinero público llegue a las redacciones sin que el Ejecutivo decida a quién llega.

Italia y la región belga de Valonia apuestan por una lógica diferente, más centrada en el empleo. Italia reserva las ayudas directas a cooperativas de periodistas y entidades sin ánimo de lucro, excluyendo expresamente a los grandes grupos con accionistas industriales. Además, premia la contratación estable: hay incentivos específicos por contratar a menores de 35 años o por convertir contratos temporales en indefinidos. Valonia destina el 48% de su presupuesto para la prensa a pagar directamente salarios de periodistas acreditados.

Flandes y los Países Bajos prefieren la intervención quirúrgica. El Fondo Pascal Decroos, en Flandes, financia exclusivamente periodismo de investigación transfronterizo: los proyectos que el mercado no pagaría por su alto coste y riesgo. Los Países Bajos tienen el Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, que funciona más como una aceleradora que como una subvención: ofrece mentoría y apoyo técnico para que los medios encuentren modelos de negocio digitales antes de que se agote su capital.

Todos estos modelos comparten una premisa que los estudios de la Comisión Europea consideran innegociable: la financiación pública del periodismo privado solo es legítima si quien decide el reparto no es el gobierno que puede ser fiscalizado por esos mismos medios.

El riesgo contrario tiene un término técnico consolidado: la captura de medios. Ocurre cuando los gobiernos utilizan los fondos públicos para premiar a los medios afines y castigar a los críticos. Es lo que ha pasado en Hungría, el ejemplo más extremo dentro de la propia UE, donde la publicidad institucional representa una parte desproporcionada del mercado publicitario total, generando una dependencia financiera que vacía de contenido la independencia editorial de los medios que la reciben. Pero es exactamente lo que sucede en España, donde las administraciones siguen repartiendo decenas de millones de euros en contratos publicitarios en completa opacidad y sin otro criterio que la afinidad política.

La publicidad institucional es, precisamente, la forma más extendida y más opaca de financiación pública indirecta de los medios. A diferencia de las subvenciones directas, que al menos exigen una justificación formal, la compra de espacio publicitario por parte del Estado puede distribuirse sin criterios públicos, siguiendo la lógica de la afinidad política antes que la del impacto o la audiencia. Portugal intentó blindarse con una ley aprobada en 2015 que obliga a cualquier entidad pública a notificar al regulador cada contrato publicitario en un plazo de 15 días. La norma también exige que el 25% de la inversión estatal se destine a medios locales y regionales, los más vulnerables a la crisis de ingresos.

España no ha llegado a ninguna de esas soluciones estructurales. La financiación pública de los medios privados es aquí fundamentalmente indirecta y depende, en gran medida, de la publicidad institucional: la que reparten las administraciones públicas —Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas— entre los medios, con criterios que no siempre son transparentes ni objetivos.

El Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), aprobado por la UE en 2024, obliga a los Estados miembros a garantizar que ese reparto se haga con criterios claros, auditables y no discriminatorios. La transposición sigue pendiente. Una ley de publicidad del sector público lleva tiempo en preparación, pero no ha llegado a votarse en el Congreso y su viabilidad parlamentaria es incierta.

Lo más concreto que ha salido adelante es un paquete de ayudas aprobado en diciembre de 2024, dotado con 124,5 millones de euros y financiado en gran medida con fondos europeos de recuperación. El programa está orientado al refuerzo tecnológico del sector. Los 65 millones más voluminosos van a la consolidación digital de la prensa —adquisición de tecnología y renovación de infraestructuras—. Otros 15 millones se destinan a mejorar la ciberseguridad de los medios; 10 millones, a proyectos de I+D con inteligencia artificial dirigidos a medios grandes y medianos; otros 10 millones, a innovación basada en la compartición de datos; y 19,5 millones, a préstamos para digitalización y herramientas de difusión. Para los periódicos locales hay un “kit digital” de 5 millones de euros.

El paquete está en línea con algunas de las buenas prácticas que contempla el propio EMFA, pero tiene un límite claro que los propios términos del programa reconocen: estas ayudas refuerzan la capacidad tecnológica de la prensa, pero no tienen relación directa con la lucha contra la desinformación ni con el sostenimiento del periodismo como función democrática. Son fondos para modernizar infraestructuras, no para financiar redacciones. La diferencia no es menor: Dinamarca subvenciona el coste de producir periodismo; España subvenciona el coste de distribuirlo en mejores condiciones técnicas.

De hecho, estos fondos se reparten sin tener en cuenta las condiciones laborales de los periodistas, que están entre las más precarias de Europa.

La diferencia entre Dinamarca y Hungría no es ideológica, sino procedimental. Lo que distingue una subvención que fortalece el pluralismo informativo de una que lo destruye son tres condiciones que los estudios europeos repiten de forma consistente. Los criterios de reparto deben ser objetivos, medibles y públicos, sin margen para la discrecionalidad política. La gestión debe estar en manos de un organismo independiente del gobierno, con mandato legal y rendición de cuentas propia. Y la transparencia debe ser total y accesible, de modo que cualquier ciudadano pueda saber qué medio recibe qué cantidad y por qué razón.

Sin esas tres condiciones, la financiación pública del periodismo no es una política de pluralismo. Es otra forma de publicidad institucional con distinto nombre.

El presupuesto europeo para 2028-2034 lleva meses negociándose y AgoraEU todavía puede cambiar de forma antes de aprobarse. Mientras tanto, en los países donde no existe ningún mecanismo estructural, las redacciones locales siguen cerrando a un ritmo que los propios informes de la Comisión describen como acelerado.

Todo empezó el pasado miércoles con un titular que aseguraba que la Guardia Civil estaba registrando la sede central de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación abierta por la Audiencia Nacional en torno a la financiación ilegal del PSOE. Y enseguida temblaron los cimientos de la legislatura.

Lo publicó ElConfidencial.com y le siguieron, casi al unísono, la mayoría de los medios afines a la derecha, apenas unos minutos antes de que comenzase la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, poco dado a las improvisaciones, estaba listo a esa hora para ofrecer un canutazo a los periodistas en los pasillos del edificio de la Carrera de San Jerónimo.

“La situación es agónica”, proclamó en tono solemne. “El ambiente es irrespirable. Los socios deben decir que esto se acabó. Espero que cambien sus planes porque esto apesta”.

Iniciada ya la sesión de control, se supo la verdad. Pero, primero, el lenguaraz Miguel Tellado dictó una más de sus habituales sentencias sumarísimas: “La UCO está registrando Ferraz”; “hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España”; “este Gobierno está de corrupción hasta las cejas”; “Zapatero se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería”. Y el resto de portavoces del PP intentaron poner a los socios del Gobierno entre la espada de una supuesta financiación ilegal de los socialistas —que ellos siempre han señalado como una “línea roja” que, de traspasarse, pondría fin a la legislatura— y la pared de un adelanto electoral.

Ni había registro ni se trataba de una investigación sobre la financiación del PSOE que apuntase a prácticas ilegales. Eran agentes de la UCO presentando un requerimiento para la obtención de determinada información relacionada con el caso de la exfontanera socialista Leire Díez y sus actividades para, supuestamente, tratar de contener determinadas investigaciones judiciales.

Para entonces, el medio que había hecho saltar la liebre, citando fuentes de la investigación —hay que suponer que de la UCO de la Guardia Civil, porque el juez enseguida detalló la verdad—, ya había cambiado su titular por otro con más vínculos con la realidad. Aquí paz y después gloria. Alguno de los medios más relevantes de la derecha mediática tardó un poco más, pero terminó desdiciéndose. Sin desdecirse.

Lo ocurrido no pasaría de una simple anécdota con la que ilustrar la coordinación que, a veces, evidencian los medios conservadores con los estados mayores del PP y Vox. Incluido el alarde que hacen del conocimiento previo que tienen de actuaciones judiciales que, en teoría, solo pueden conocer policías, guardias civiles y jueces. Pero, esta vez, veníamos de escuchar, la víspera, al expresidente José María Aznar renovando su llamamiento más famoso de la legislatura.

“En esta situación insostenible de España, esta frase de que ‘el que pueda hacer, que haga’ cobra más sentido que nunca”, aseguró, sonriente, a través de un vídeo, perfectamente consciente del significado que todo el mundo ha dado a sus palabras desde que las pronunció por primera vez el 2 de noviembre de 2023, cuando todavía faltaban dos semanas para que el Congreso de los Diputados invistiese por mayoría absoluta a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Más sentido que nunca, dijo, “porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos”.

Lo ocurrido este miércoles, con el falso registro ordenado en el marco de una supuesta operación de la Audiencia para investigar la financiación ilegal del PSOE que no fue tal y con las palabras de Aznar, tiene más peso porque sucede tras siete días en los que el aparato mediático de la derecha ha llevado al límite, y más allá, sus titulares para intentar sacar petróleo del auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y del sumario del caso Plus Ultra, después.

Durante una semana, junto a algunos que sí estaban basados en hechos, se han sucedido titulares disparatados sobre el expresidente socialista fabricados a partir de supuestos hallazgos sacados de contexto y de conclusiones de culpabilidad construidas a partir de hipótesis y especulaciones del juez y la UDEF.

Donde los documentos judiciales y policiales apuntan a “posibilidades” y a “indicios pendientes de ser contrastados”, una constelación coordinada de medios conservadores, digitales afines y contertulios especializados en la fabricación de sospechas echó el resto —y continúa haciéndolo— para empujar un cambio político que los mismos medios identifican con la celebración inmediata y urgente de elecciones anticipadas.

Entre los excesos, que nunca pasarían el examen de la buena praxis si en España el ejercicio profesional del periodismo estuviera sujeto a reglas de obligado cumplimiento, destacan con luz propia los titulares publicados sobre las joyas intervenidas por la UDEF y posteriormente fotografiadas y filtradas a los medios para regocijo de chismosos y murmuradores. Pero también las afirmaciones condenatorias sobre el expresidente a partir de las conjeturas del juez; las conexiones sin nexo probatorio —al menos por ahora— entre la comisión del 1% que cobró uno de los investigados tras la concesión de la ayuda a Plus Ultra; o las que, con idéntica falta de fundamento, tratan de conectar a Zapatero con una empresa offshore en Dubái.

“Joyas, oro, discos duros…: el abrumador material incautado refuerza las líneas de investigación en el caso Zapatero”. “Zapatero guardaba decenas de collares, pendientes y relojes en una caja fuerte oculta en su despacho”. “Una caja fuerte en el despacho de Zapatero, móviles y agendas: el material intervenido por la Policía en el ‘caso Plus Ultra’”. “El «tesoro» de Zapatero llega a la prensa internacional, que tasa las joyas en más de 2 millones de euros”.

Los titulares se acumulan insinuando lo abultado de una colección de joyas que nadie, de momento, ha tasado, pero que, al margen de su valor, fuentes próximas al expresidente han atribuido a herencias familiares, como parecen mostrar fotografías tomadas décadas atrás. A falta de datos que prueben su origen ilícito, varios medios han puesto el foco en lo inadecuado que resulta, desde su punto de vista, que un socialista tenga joyas.

A falta de evidencias directas que conecten, al menos de momento, al expresidente con la ayuda pública concedida a Plus Ultra o con una empresa constituida en Dubái, la ansiedad de la derecha mediática se ha esmerado en hablar del “testaferro de Zapatero”, en referencia al empresario Julio Martínez, para poder meter en el mismo titular a quien fuera jefe del Gobierno de España y la supuesta comisión del 1% pagada por la aerolínea a partir del préstamo que recibió de la SEPI y cuya tramitación, a día de hoy, nadie ha sido capaz de poner en cuestión.

Decenas de titulares han hecho ese salto mortal para conectar ese 1% con el dinero que Zapatero ingresó por los servicios de análisis y consultoría que afirma haber realizado para la sociedad de este empresario. La misma técnica se ha utilizado para dar a entender que el tal Martínez traficaba con petróleo y oro de Venezuela en nombre del expresidente. Sin que en el sumario conste esa conexión.

Otros afirmaron haber hallado la pistola humeante del delito y titularon que “Un correo desde la cuenta de Zapatero puso en marcha la ‘operación Dubái’ para que el ‘pago no fuera en España’”, basándose en otro salto mortal: que la primera referencia a la empresa offshore se encontró en un intercambio de mensajes entre dos personas que el día antes habían comido con el expresidente. Nada más.

Para insistir en esta línea —atribuir al expresidente cualquier supuesto delito cometido por personas citadas en el sumario—, los medios de la derecha han hallado la fórmula perfecta: hablar de “la red Zapatero”, “la trama de Zapatero”.

“Zapatero canceló una hipoteca de golpe con una transferencia de 500.000 euros”. Lo que se presentaba como un pago con dinero caído del cielo, con oscuridad criminal, la prueba del nueve del delito, pronto quedó aclarado: el dinero procedía de la venta de la anterior vivienda del presidente, que había enajenado para, precisamente, construirse esa nueva. De ahí que ahora mismo viva de alquiler. Pero el titular era tan bueno que quienes lo publicaron ni siquiera se molestaron en corregirlo en los días sucesivos. Sigue siendo accesible online.

“Zapatero lideró una trama criminal”. Sin sospechas, sin presunción. Calificándolo de culpable. Así abrió a toda plana uno de los diarios más antiguos de la derecha mediática española, sin respaldo judicial ni policial que lo sustentase.

¿Cuál es la base de semejante afirmación, más propia de una sentencia firme? Que el juez haya repetido, indiciariamente, que Zapatero ha actuado como “líder” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias. Una acusación que es preliminar porque no tiene, de momento, apoyatura directa en ninguna prueba que lo corrobore.

Las insinuaciones acerca de supuestos negocios turbios de Zapatero se han extendido a China, con titulares como “De las sonrisas y el ping pong al embargo de armas: la red china que tejió el imputado Zapatero”, detrás de los cuales no hay ningún dato que señale irregularidad o delito. O que dicen: “La UDEF implica a Zapatero en la venta de petróleo venezolano a gran escala a empresas chinas gracias a su influencia con Delcy”, en los que tampoco, aunque lo que la pieza relata fuese cierto, se da cuenta de ningún hecho criminal.

El caso Leire investiga si el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pagó con fondos del partido actuaciones dirigidas a desestabilizar investigaciones judiciales que perjudicaban y siguen perjudicando a los socialistas. En el auto y en lo que se conoce del sumario no hay ninguna referencia al presidente del Gobierno ni ninguna conclusión que permita, siquiera indiciariamente, suponer que estaba en la cúspide de la trama.

Pero eso no fue obstáculo para que varios periódicos, aprovechando un entrecomillado atribuido a la exmilitante socialista Leire Díez, que solo deja constancia de sus propias suposiciones, sentenciasen a Pedro Sánchez. “El PSOE persiguió a jueces, fiscales y la UCO “por orden del ‘One’” y tuvo a sueldo a la ‘trama criminal’”, tituló uno a cinco columnas. “Las cloacas del PSOE actuaron “por orden del One”, según el sumario del juez”, se atrevió a difundir una televisión autonómica. "El juez sitúa a Pedro Sánchez como el epicentro de la cloaca: “el one”", insistió un digital, sin que en el texto de la información se haga referencia a que el juez afirma eso. Sencillamente, porque no es verdad.

El tratamiento que la derecha mediática ha dado al caso ilustra a la perfección el mecanismo que los investigadores sobre desinformación identifican como el más eficaz y el más difícil de combatir: la descontextualización. No la invención de hechos, sino la separación quirúrgica de los hechos reales de las condiciones en que existen.

El auto judicial del caso Plus Ultra imputa a Zapatero por indicios. No por pruebas. No por hechos probados. La distinción no es un tecnicismo procesal: es la diferencia entre un ciudadano investigado y un culpable. El juez instruye, recaba elementos para determinar si hay base para seguir adelante y, en ese proceso, puede imputar a alguien sobre la base de indicios que la investigación deberá confirmar o descartar. Es el funcionamiento ordinario de un proceso penal en un Estado de derecho. Eso es lo que dice el sumario.

Lo que una parte de la cobertura mediática ha construido sobre ese sumario es otra cosa. Zapatero aparece en determinados relatos como el eje de una trama: situado en la cúspide de supuestos mensajes para facilitar el préstamo que Plus Ultra solicitó al Gobierno, vinculado a negocios de oro y petróleo que ninguna resolución judicial ha concretado, presentado como figura central de operaciones que el instructor menciona como líneas de investigación abiertas y que el espacio mediático convierte en hechos establecidos.

La descontextualización funciona así precisamente porque no miente sobre lo que existe. El auto existe. La imputación existe. Los indicios, sobre todo en torno a personas próximas a Zapatero, existen. Lo que se omite —o se minimiza hasta hacerlo invisible— es el marco que da sentido a todo eso: que los indicios son el punto de partida de una investigación, no su conclusión; que imputar no es condenar; que los negocios mencionados son hipótesis que el juez considera relevantes explorar, no realidades acreditadas. Separar el dato de su contexto es suficiente para producir un relato en el que el expresidente no es un investigado, sino un culpable pendiente de sentencia.

Un estudio publicado en 2025 en la revista Emerging Media, con verificadores de hechos de Brasil, Alemania y Reino Unido, concluyó que la mayoría del engaño informativo sigue basándose en la descontextualización, por encima incluso de los deepfakes o las noticias directamente fabricadas. La razón es operativa: el contenido original es verídico, lo que lleva al receptor a asumir que la interpretación también lo es y a compartirlo sin verificar.

El caso Plus Ultra y el tratamiento de la figura de Zapatero en parte de la cobertura mediática española es un ejemplo aplicado de ese mecanismo. La pregunta que ese tratamiento deja sin responder —y que el periodismo que trabaja con fuentes primarias sí puede— es qué dice realmente el sumario y qué distancia hay entre eso y lo que se ha publicado.

Ha pasado en la derecha mediática, pero también en medios tradicionales. Antonio Caño, el que fuera director de El País en una de sus etapas más convulsas y hoy referente del digital ultra TheObjective.com, lo reconoció abiertamente en su cuenta de X: “Buena cobertura en El País, incluso en la SER, del caso Zapatero, cosa que agradecen los lectores y, al mismo tiempo, deja en evidencia lo ocurrido en los últimos años”.

The Late Show with Stephen Colbert ya es Historia de la televisión. Su último programa, emitido simultáneamente en CBS y Paramount+ la noche del 21 de mayo, se alargó media hora más de lo habitual con un desfile de talento, compañeros de profesión y hasta un agujero de gusano. El último entrevistado fue sir Paul McCartney, que volvió al histórico escenario del Teatro Ed Sullivan, donde en 1964 The Beatles ofrecieron su primer concierto televisado para la audiencia norteamericana.

Colbert convirtió el último episodio en una celebración de su legado, con escasas referencias políticas (y sin mencionar a Trump en su monólogo). También describió el Late Show como una “máquina de felicidad” (joy machine, en inglés), y ese ha sido el tono que el presentador ha mantenido durante su semana de despedida: alegría y gratitud, tanto hacia los espectadores como hacia las más de 200 personas que integran el equipo del programa.

Al cierre de este artículo, el último monólogo de Colbert ya había sobrepasado un millón de visualizaciones en YouTube, apenas seis horas después de su publicación en el canal. Se espera que los datos de audiencia de este episodio sean históricos, sobre todo teniendo en cuenta que, para apoyar a Colbert, sus compañeros en la franja del late night decidieron “irse a negro” y emitir repeticiones de programas antiguos.

Ha pasado menos de un año desde que, en julio de 2025, Stephen Colbert anunció que la cadena CBS (que forma parte del grupo mediático Paramount Skydance) preveía cancelar su Late Show en mayo de 2026 por “motivos puramente financieros”. Esta decisión levantó sospechas tanto entre el público como en distintos sectores de la industria.

La cronología de los hechos resulta cuando menos llamativa. En primavera de 2025, la matriz de CBS, Paramount, buscaba la aprobación federal para su fusión con Skydance, un proceso que topaba con la resistencia de la Administración Trump y la FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones). El 1 de julio, Paramount pagó 16 millones de dólares para zanjar la demanda de Trump contra el programa 60 Minutes, de CBS, por el montaje de una entrevista con Kamala Harris en 2024, un caso que ningún experto jurídico consideró entonces con fundamento legal.

Colbert calificó públicamente ese acuerdo de “soborno en toda regla”. Tres días más tarde, CBS anunciaba su cancelación. Y una semana después, la FCC aprobaba la fusión Skydance-Paramount.

El late night está viviendo una crisis que, de manera generalizada, se presenta como un problema económico, consecuencia de la migración de las audiencias a nuevas plataformas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y se ve condicionada por otros factores, como los intereses de los grandes conglomerados mediáticos o un intervencionismo político sin precedentes.

La historia del formato se remonta a los orígenes mismos de la televisión, que adaptaba fórmulas ya probadas con éxito en la radio. En sus inicios giraba en torno a un tipo de entretenimiento apolítico, siguiendo la estructura de un programa de variedades con música, danza, actores y cómicos.

El late night como lo conocemos hoy en día debutó formalmente en la NBC en 1954, con Tonight Starring Steve Allen, que estableció una estructura en segmentos y unas características formales que todavía hoy persisten.

Como género televisivo, el late night es un programa de entrevistas definido por su ubicación en la franja horaria nocturna, que bebe tanto del entretenimiento como de la actualidad informativa. Esta última, como ha expresado el propio Colbert, vertebra uno de los ejes del formato, el monólogo inicial: “No marcamos la agenda; reflejamos lo que ha ocurrido durante tu día y te lo devolvemos filtrado por nuestras propias emociones”. Dentro de este contexto, la sátira es el vehículo para dicha interpretación. El presentador expone, cuestiona e interpreta el mundo que rodea al televidente.

El late night nació ligado al acto de ver la tele en casa, un día y una hora en concreto. Así que es fácil comprender por qué el desembarco del streaming supuso un golpe directo al corazón del formato, que se vio obligado a adaptarse. A partir de 2015, el replanteamiento en la difusión de los programas se hizo más evidente, con YouTube convertido en una línea de flotación clave, donde un sketch de cuatro minutos podía generar millones de visualizaciones.

La plataforma no se transformó únicamente en una forma de diseminación del contenido, sino en una fábrica de contenidos satélite. Es el caso de Carpool Karaoke, de James Corden, que acabó teniendo su propia serie original en Apple Music; o Lip Sync Battle, que de segmento del programa de Jimmy Fallon pasó a ser un reality de competición.

La popularidad en redes de los contenidos generados por late night shows no ha bastado, sin embargo, para tranquilizar a los ejecutivos de las cadenas, que han visto cómo programas que en tiempos contaban con una audiencia masiva ahora son incapaces de congregar unos pocos millones de espectadores delante del televisor. Entre 2015 y 2020, los principales late night shows de Estados Unidos registraron caídas de audiencia de hasta un 80% en el grupo demográfico de 18 a 49 años.

La paradoja más llamativa de este período es la posición de Colbert. CBS describió la cancelación de su Late Show como una decisión puramente financiera, pese a que lideró la audiencia durante nueve temporadas consecutivas, el récord histórico de la franquicia. Según datos Nielsen Live+3, la semana del 21 de julio de 2025 (la primera tras el anuncio de cancelación) fue la de mayor cuota semanal de toda la historia del programa, con un 12.63%. Colbert también registró su mejor audiencia en dos años, con 3.059 millones de espectadores nocturnos, más que sus dos competidores juntos.

Los ejecutivos de las grandes cadenas estadounidenses continúan anclados en un modelo de medición de audiencias propio del siglo XX. Uno de los grandes referentes del género, The Tonight Show Starring Johnny Carson (1962-1992), llegó a tener una audiencia media de 16 millones de espectadores por programa, cifra que sería impensable en el contexto televisivo contemporáneo.

Al mismo tiempo, y según Jimmy Kimmel, los números indican que hoy en día hay más personas que nunca viendo late night shows, en plural. Simplemente consumen estos formatos de manera diferente. Es más, a pesar de que ahora estos programas compiten con una oferta infinita de contenidos audiovisuales a la carta, Kimmel afirma que “la audiencia sigue volviendo a nosotros”.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, las cadenas de televisión también están experimentando presiones políticas, ejercidas por parte de la FCC.

El propio Colbert ha hecho públicas estas presiones de manera recurrente. Por ejemplo, las nuevas normas de la FCC hicieron que la CBS impidiera la emisión en abierto de una entrevista a James Talarico, candidato al Senado como representante del Partido Demócrata de Texas. Desde el Late Show decidieron subir esa entrevista a su canal de YouTube, donde en menos de 24 horas fue vista por 3 millones de personas.

Disney también ha recibido su ración de presión por parte de la FCC. Su presidente ha amenazado en dos ocasiones con retirar las licencias de emisión de la cadena. La primera, en septiembre de 2025, cuando Jimmy Kimmel hizo comentarios sobre las reacciones de Trump al asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que no sentaron bien en las filas republicanas. La consecuencia fue la suspensión temporal del programa. La segunda tuvo lugar hace menos de un mes. La FCC ordenó a Disney renovar anticipadamente las licencias de sus estaciones de ABC (que vencían entre 2028 y 2031) alegando que sus políticas de diversidad, equidad e inclusión podrían vulnerar normas antidiscriminación, concediéndole un plazo de apenas 30 días para hacerlo.

A esto se suman las acciones manifiestas de Trump. El presidente de Estados Unidos ha demandado a varias cadenas, incluso más allá de sus fronteras, por emitir contenidos que considera difamatorios, y ha pedido abiertamente la cancelación de los late night shows que le critican.

Por tanto, los ejecutivos no están únicamente preocupados por los datos de audiencia; también se están viendo afectados por el control de un gobierno que puede bloquear sus decisiones e intereses empresariales.

Cabría suponer que estas presiones políticas podrían tener un impacto en el contenido de los late nights. Es decir, para evitar una potencial cancelación de sus programas, los presentadores podrían autocensurar sus chistes o blanquear sus mensajes.

Sin embargo, desde que se anunció la cancelación de Colbert en julio de 2025, los late nights en abierto de Colbert, Kimmel y Meyers han mantenido un tono muy crítico con la administración Trump. Incluso Jimmy Fallon, considerado el presentador menos político del late night, ha hecho comentarios sobre esta situación. El propio Late Show ha tenido una semana de despedidas en la que los invitados se han cargado de comentarios contra el presidente de Estados Unidos.

Por tanto, no parece que lo que está ocurriendo vaya a generar un blanqueamiento del formato en sí mismo… Aunque sí es posible que a medio plazo la FCC persiga “domesticar” esta franja horaria: que los programas y los presentadores incómodos desaparezcan, para ser reemplazados por otros contenidos más del agrado de quienes mandan.

Tras la cancelación de The Late Show with Stephen Colbert, CBS ha optado por una solución de transición que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la ambición creativa. Ha cerrado un acuerdo de un año con el empresario Byron Allen para que su programa Comics Unleashed ocupe la franja de las 11:35 de la noche bajo la fórmula del time buy. Es decir, Allen paga a la cadena por ocupar el espacio en lugar de ser al revés. La cadena, al parecer, no cierra la puerta a otras fórmulas, aunque ha descartado el formato clásico de talk show.

Por su parte, Colbert ya ha anunciado un nuevo proyecto que le llevará de la televisión a las salas de cine: está coescribiendo el guion de una película que forma parte de la saga de El señor de los anillos, de la que es un fan apasionado.

Está claro que no le faltará trabajo y que continuará siendo un referente para la opinión pública norteamericana. Como dijo David Letterman, histórico creador del Late Show, en su última entrevista con Colbert: “A un hombre puedes quitarle su programa, pero no puedes quitarle su voz”.

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Isadora García Avis es profesora de Narrativa Audiovisual en la Universitat Internacional de Catalunya y Elena Neira trabaja como profesora colaboradora de los Estudios de la Comunicación y de la Información de la Universitat Oberta de Catalunya

Las empresas de inteligencia artificial (IA) llevan años leyendo la prensa. Leyéndola, copiándola y usándola para entrenar los sistemas que ahora responden preguntas de millones de personas. A cambio, los medios de comunicación reciben visitas. Muy pocas visitas. 

Por cada cien páginas de periodismo que los robots de Anthropic —la empresa detrás del asistente Claude— rastrearon en sitios de noticias, devolvieron en tráfico el equivalente a una décima parte de una visita humana. En OpenAI la proporción no es mucho mejor. 

La consecuencia ha sido que la inteligencia artificial genera hoy el 0,04% del tráfico externo que reciben los editores de noticias. Y ahora, con esa extracción masiva ya consumada, las mismas empresas que la han padecido ofrecen a los medios un acuerdo para cobrar por el uso futuro de sus contenidos.

Estos datos, recogidos en un informe publicado en abril de 2026 por el Open Markets Institute y el Center for Media and Digital Governace (CMDG) describen una estructura de poder que, según ese mismo informe y un segundo estudio del Media and Journalism Research Center publicado en mayo, reproduce fielmente el modelo que ya arruinó la relación entre los medios y las plataformas digitales durante la primera década de este siglo.

Cuando los grandes modelos de lenguaje empezaron a ingerir internet, los editores de noticias no fueron convocados a ninguna negociación. El entrenamiento de esos sistemas se hizo, mayoritariamente, sin consentimiento, sin compensación y sin que los medios tuvieran siquiera acceso a los datos de qué contenido suyo se había usado y en qué proporción. Más de cien demandas por infracción de derechos de autor se acumulan hoy en los tribunales estadounidenses y en media docena de países más.

Lo que se negocia ahora, en su mayor parte, no es ese entrenamiento histórico. Es otra cosa. Las empresas de IA necesitan que sus sistemas de respuesta en tiempo real, los que funcionan cuando un usuario hace una consulta al chatbot, tengan acceso a información actualizada y contrastada. Esa tecnología se llama RAG (retrieval augmented generation) y consiste, simplificando, en que el modelo consulta fuentes externas antes de responder para no limitarse a lo que aprendió durante el entrenamiento. Y como ahora todo el mundo sabe de dónde toman los datos, necesita licencias. Y ahí es donde los medios tienen, por primera vez, algo de poder de negociación. Algunos medios. Pocos.

El resultado es un mercado naciente que el primero de los dos informes citados mapea con detalle. OpenAI ha firmado acuerdos con unos 35 editores. Microsoft lanzó en febrero de 2026 su Publisher Content Marketplace con un grupo inicial de grandes cabeceras estadounidenses. Perplexity tiene un programa de socios que cubre unas 20 publicaciones. Los números que se han filtrado son llamativos: News Corp –propietario de al menos una cincuentena de medios, como The Sun en Reino Unido o The Wall Street Journal en EEUU– habría cerrado un contrato de cinco años valorado en unos 250 millones de dólares. Thomson Reuters (dueño de la agencia Reuters) declaró 33 millones en ingresos por licencias de IA solo en los primeros meses de 2026. Amazon paga a The New York Times unos 20 millones anuales.

Son cifras que suenan bien sobre el papel. Hasta que se examina a quién están beneficiando.

Los acuerdos bilaterales descritos son, casi sin excepción, contratos entre empresas tecnológicas y grupos mediáticos con presencia internacional, departamentos jurídicos propios y suficiente peso de marca como para que las plataformas los quieran sentados en la mesa. Prácticamente todos son anglosajones o del norte global.

La prensa local, regional, en lenguas minoritarias, étnica e indígena no existe en este mercado. No tiene el reconocimiento de marca que atrae el interés de OpenAI. No tiene abogados especializados en propiedad intelectual. No tiene capacidad técnica para detectar cuándo sus contenidos son rastreados, ni con qué frecuencia, ni para qué fin. En muchos casos, ni siquiera sabe si sus artículos forman parte de los datos de entrenamiento de los modelos que ahora responden preguntas sobre sus propias coberturas locales.

El informe Same Gatekeepers, New Tollbooths, elaborado por las investigadoras Courtney Radsch y Karina Montoya para el Center for Media and Digital Governance, sostiene que la distribución de ingresos del mercado de licencias de IA seguirá probablemente una curva de potencia muy pronunciada. Un puñado de grandes grupos captará la mayor parte del valor. Miles de cabeceras locales e independientes no recibirán prácticamente nada. Y eso, señalan las autoras, no refleja cómo está distribuido el valor informativo real del periodismo. Refleja cómo está distribuido el poder de mercado.

Para España, la consecuencia es directa. Los medios independientes, los comarcales, las radios municipales digitales, los nativos digitales locales que cubren lo que nadie más cubre en sus territorios son exactamente el tipo de publicación que este mercado ignora. No por mala voluntad declarada, sino porque el diseño estructural del sistema los excluye antes de que empiece la negociación.

Hay otro problema más profundo que los informes identifican y que tiene consecuencias a largo plazo. La métrica que domina las negociaciones actuales, el criterio con el que las empresas de IA justifican lo que pagan, es el tráfico de referencia. Cuántas visitas genera la presencia de un medio en los resultados del chatbot. Cuántos clics devuelve el sistema al sitio original.

Esa métrica es heredada de la era de las plataformas sociales y tiene el mismo defecto congénito que entonces. Mide solo una fracción de lo que el periodismo aporta a los sistemas de IA. Los modelos de lenguaje no solo usan el periodismo para responder preguntas en tiempo real. Lo utilizaron para aprender a razonar, a construir argumentos, a redactar con coherencia, a distinguir hechos verificados de rumores. Todo eso ocurrió durante el entrenamiento, sin compensación, y el debate público sobre licencias lo da por amortizado o lo trata como un asunto puramente jurídico pendiente de resolución en los tribunales.

Para corregirlo, el informe del CMDG propone un marco de valoración diferente. La contribución del periodismo a la IA tiene, como mínimo, cuatro dimensiones. La primera es la capacidad lingüística y de razonamiento que los modelos extrajeron de décadas de prosa periodística de calidad. La segunda es el anclaje factual, el mecanismo por el que los hechos sobre el mundo se establecen y verifican públicamente. La tercera es la actualidad, la información de tiempo real que los chatbots —Claude, ChatGPT— necesitan para ser útiles. La cuarta es la legitimidad cívica, la credibilidad que los sistemas de IA heredan cuando citan fuentes periodísticas reconocidas.

Pagar solo por el tráfico de referencia que generen las consultas a la IA es, en este análisis, un error categórico que beneficia a las empresas de IA. Es como tasar una casa sin examinar el estado de la cubierta, de la estructura y de los cimientos.

Tal es el potencial del negocio que está en juego que entre los grandes acuerdos bilaterales y el vacío en el que navegan la mayoría de los medios ha surgido un ecosistema de startups intermediarias. TollBit, Sphere.ai, ScalePost, Defined.AI, ProRata, Miso.ai. Más de una docena de empresas que ofrecen distintas versiones del mismo servicio básico: conectar a los editores con las empresas de IA, gestionar los permisos de rastreo, cobrar por cada consulta o por cada acceso y repartir los ingresos.

Los modelos varían. TollBit y Sphere.ai dicen quedarse con cero comisión sobre los ingresos del editor. ScalePost aplica un 15%. Cloudflare, que gestiona aproximadamente el 20% del tráfico mundial de internet y ha convertido el bloqueo de crawlers de IA –los programas automáticos que recorren internet leyendo páginas web de forma masiva y continua– en opción predeterminada para sus clientes, operaría con una comisión de entre el 20% y el 30%. ProRata, que ha desarrollado tecnología de atribución para calcular la contribución de cada fuente a cada respuesta generada y reparte los ingresos en proporción, se queda con el 50%.

El problema estructural de este ecosistema intermediario es que reproduce, en formato acelerado, la misma trayectoria que tuvo el ad tech, el sector de tecnología publicitaria que durante la década pasada fue acumulando startups especializadas hasta que Google y Meta las absorbieron o las hicieron irrelevantes. La mayoría de estas empresas están financiadas por capital riesgo. Son, por tanto, potencialmente adquiribles por las mismas grandes tecnológicas de las que nominalmente protegen a los editores.

El segundo informe, firmado por Marius Dragomir director y fundador del Media and Journalism Research Center (MJRC), amplía el análisis hacia una pregunta más incómoda. No solo quién cobra qué, sino qué ocurre con el pluralismo informativo cuando los sistemas automatizados deciden, a través de criterios de licencia y de recuperación de datos, qué fuentes son visibles y cuáles no.

Dragomir introduce el concepto de Orden de Información Automatizado para describir el sistema que está reemplazando al ecosistema mediático como infraestructura de conocimiento público. Un ciudadano que pregunta a un asistente de IA qué decidió su gobierno ayer recibe una respuesta fluida y confiada que puede no citar al medio local que publicó la información, porque ese medio no está en la red de licencias del sistema. La respuesta puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, quedar sistemáticamente empobrecida porque quien la recibe no sabe cuál es su origen.

El pluralismo, argumenta Dragomir, no es lo mismo que la exactitud. Un sistema puede dar respuestas correctas y seguir estrechando el espacio informativo si cita siempre las mismas fuentes dominantes, ignora el periodismo local, excluye las lenguas minoritarias o aplana los debates sobre asuntos controvertidos. Los instrumentos clásicos de medición del pluralismo mediático, construidos sobre datos de propiedad, audiencia y línea editorial, no detectan este tipo de concentración porque opera en capas que esos instrumentos no miden.

El problema es que la oportunidad de resolver este doble problema se está acabando, aseguran tanto Radsch y Montoya como Dragomir. Las estructuras contractuales, las tasas de intermediación y las normas de gobernanza que se fijen ahora serán difíciles de revisar cuando se normalicen. La historia de los medios con las plataformas sociales lo ilustra con bastante claridad. Los editores aceptaron condiciones estructuralmente desfavorables porque el tráfico inmediato parecía compensarlas. Cuando quisieron renegociar, la infraestructura ya era demasiado costosa de abandonar.

Los modelos legislativos que los informes señalan como referencias son el Código de Negociación de Australia, la Ley de Noticias Online de Canadá y el derecho afín de la Directiva de Copyright europea, que en España se transpuso como el llamado canon AEDE, luego reformado. Ninguno es perfecto. Todos tienen en común algo que los informes consideran esencial: establecen que la elegibilidad para la compensación es una decisión de política pública, no una preferencia comercial de la plataforma. Quien decide qué medios reciben dinero no puede ser la misma empresa que decide cuánto paga.

Sin esa separación, el mercado de licencias de IA no es un nuevo modelo de financiación del periodismo. Será el mismo modelo de patrocinio de siempre, con nuevas pantallas.

La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

Su ascendiente sobre Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa acabó cediendo a su exigencia de que la renegociación de la deuda quedase vinculada a su continuidad al frente de la compañía. Precisamente por haber facilitado información que no era veraz sobre este extremo, la CNMV sancionó a la matriz de El País hace unos meses. De hecho, tienen obligación legal de informar de ello a la próxima Junta General. 

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, de la que es socio Timon SA, el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo, conserva un 7,6% de los derechos de voto. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.

La Cadena SER no ha tardado ni una semana en despejar la incógnita. Aimar Bretos, director desde hace cuatro años del programa informativo nocturno de la emisora, Hora 25, será a partir de septiembre quien tome el relevo de Àngels Barceló al frente de Hoy por Hoy, el buque insignia de la radio de Prisa.

La renuncia de la periodista catalana a continuar se produjo hace una semana, después de meses de tensiones internas entre algunos de los principales responsables de programas y Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con Barceló y que tiene que ver —según fuentes internas— con la reorientación ideológica que quiere impulsar Oughourlian. El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo.

El propio Bretos anunció este jueves, a través de un vídeo difundido por la emisora, que dirigirá y presentará Hoy por Hoy a partir del 31 de agosto. En el mensaje, invoca los 40 años de historia del programa y la cadena de relevos que lo ha definido: “Hace 40 años nació Hoy por hoy, de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo. 40 años después, es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Ángel”.

El periodista aprovechó la ocasión para hacer una apelación explícita a la independencia editorial: “Con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia, de ese periodismo que tan bien saben hacer los enormes periodistas de esta redacción, de la Cadena SER”.

Aimar Bretos Loidi (San Sebastián, 25 de noviembre de 1986) dirigía hasta ahora Hora 25, el programa nocturno de mayor tradición en la radio española.

Estudió Periodismo en la Universidad de Navarra y comenzó su carrera a los 15 años como colaborador en Otxoki Irratia, una emisora local de San Sebastián. Durante la carrera realizó prácticas en la COPE de Navarra.

En 2008 se incorporó a la Cadena SER en el equipo de informativos de fin de semana, dirigido entonces por Jesús Cintora. Pasó posteriormente a Hoy por Hoy, el programa que ahora va dirigir y presentar, donde trabajó como redactor bajo la dirección de Carles Francino primero, y de Pepa Bueno y Gemma Nierga después. Desde 2013 ejerció como sustituto habitual de Bueno en sus ausencias.

En 2019 fue nombrado subdirector de Hora 25, cargo que ocupó hasta julio de 2021, cuando el nombramiento de Pepa Bueno como directora de El País dejó vacante la dirección del programa. Bretos asumió entonces la conducción del espacio nocturno más longevo de la radio española. Desde hace varias semanas presenta en La Sexta el espacio La noche de Aimar.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa, según han informado a EFE fuentes de la SER.

Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga, Pepa Bueno o Carles Francino.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado a la emisora que no renovará su contrato", indica el comunicado, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia de la radio en España.

Ha recibido, entre otros, el Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga (2015), el Premio Ondas a la mejor presentadora de radio (2024) y el Premio de Comunicación Manuel Alonso Vicedo (2025). También cuenta con galardones como el Ondas, el Micrófono de Oro y el premio de la Academia de la Televisión.

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. EFE

El mercado televisivo nacional suma un nuevo operador. El consorcio Siete –nombre comercial del proyecto de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo– ha obtenido del Gobierno, en una decisión aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la licencia imprescindible para poner en marcha el vigésimo tercer canal privado de cobertura nacional en España.

En la elección de Siete frente a la segunda oferta presentada, la de Mediaset, pesó el criterio del “pluralismo”, toda vez que este grupo ya controla siete canales: Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad.

A partir de ahora, los promotores de la propuesta ganadora del concurso tienen un plazo legal de seis meses para comenzar las emisiones. Si el calendario se cumple, la señal estará en antena antes de que acabe el otoño de 2026.

Detrás del proyecto está un grupo de cuatro inversores que se reparten el capital a partes iguales –tres de ellos son, además, accionistas minoritarios del grupo Prisa– que cuentan con el asesoramiento estratégico de José Miguel Contreras, fundador de Globomedia, uno de los artífices de La Sexta y principal accionista de infoLibre.

El primer 25% está en manos del empresario Andrés Varela, que lidera el proyecto porque es el único accionista procedente del sector televisivo. Su participación es, en todo caso, a título personal, no a través del llamado Grupo Alconaba, que es la sociedad a través de la cual él y otros socios participan en Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER.

El segundo accionista, con idéntico porcentaje, es Diego Prieto, un empresario andaluz que estuvo vinculado al sector de las ambulancias. Otro 25% del consorcio está en manos de una sociedad integrada por personas vinculadas a Adolfo Utor, el dueño de Baleària.

El capital lo completa el empresario argentino José Luis Manzano a través de su sociedad Integra Capital. Manzano es un multimillonario con negocios de todo tipo, muchos de ellos vinculados a la energía y la minería, que fue ministro con Carlos Menem en los años noventa y que en los últimos tiempos se ha hecho fuerte en medios de comunicación de su país.

Integra es, desde hace poco tiempo, la empresa de referencia de la principal emisora de televisión argentina, Telefe. Pero su entrada en Siete no se ha producido a través de ella, sino mediante la sociedad Integra Capital.

Según algunas fuentes, el plan de negocio de Siete parte de un presupuesto operativo anual de entre 20 y 25 millones de euros. Es una cifra notablemente baja para una cadena generalista de cobertura nacional —Mediaset España o Atresmedia mueven presupuestos entre diez y veinte veces superiores— y condiciona directamente el modelo de programación.

Los promotores del nuevo canal aseguran que quieren ir más allá de la TDT y presentan la cadena como la primera etapa de una plataforma de contenidos audiovisuales más amplia, cuyo territorio base será el entorno digital. De ahí que su hoja de ruta contemple una distribución a través de todas las ventanas disponibles.

La cadena prescindirá de servicios informativos, pero se volcará en la actualidad, con el directo como principal seña de identidad. Este modelo, aseguran fuentes del consorcio, es “el único que ha resistido” en el mundo y “el que ha crecido en estos años frente a las plataformas digitales” como Netflix o HBO. Esta “va a ser una tele para estar en directo hablando en todo momento de aquello que sea el tema más interesante”.

La estructura de contenidos se articulará en torno a tertulias, debates y programas de análisis, un formato con costes de producción sustancialmente menores que los boletines o los noticiarios con redacción propia. Los servicios técnicos serán externalizados, así como la gestión comercial, para la que los promotores del canal están considerando contratar a la empresa Pulsa.

La emisora todavía no tiene nombre. Fuentes cercanas al proceso han señalado que el consorcio no descarta llegar a un acuerdo para usar la marca CNN con el fin de dotar al canal de un perfil informativo reconocible y tener acceso a información internacional de primer nivel, si bien las negociaciones ni siquiera han comenzado.

Fuentes del consorcio ganador aseguran que la nueva cadena de televisión buscará competir por “abrirse un hueco” junto a las seis grandes nacionales dirigidas a amplias audiencias. Lo hará “con una rejilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo”. Los contenidos abarcarán “todos los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas”.

Para conseguirlo, el elemento determinante de la apuesta, según las mismas fuentes, “será la presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente de cada uno de sus propios espacios” y a los que se respetará “su independencia”. Se busca potenciar “no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades”.

Aunque no hay nada cerrado y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se han iniciado las conversaciones, en el punto de mira están algunos de los principales activos de RTVE, desde Javier Ruiz a Jesús Cintora, pasando por Marta Flich, Gonzalo Miró o Silvia Intxaurrondo.

En todo caso, la cadena asegura que no apostará “por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso”.

Uno de los objetivos de Siete es alcanzar acuerdos con otros actores informativos en un sentido muy amplio, desde diarios digitales a plataformas y creadores de contenidos. “Tendremos que ver cómo acumular y llegar a acuerdos con todo el mundo”, señalan las fuentes de Siete consultadas por infoLibre. Alianzas que también les den acceso a información deportiva y económica.

Los promotores se proponen competir en la liga de los seis principales canales, empezando por los dos más pequeños: Cuatro (Mediaset) y La Sexta (Atresmedia). Sobre todo este último, toda vez que la composición del accionariado de Siete apunta a un perfil informativo progresista, que durante un tiempo fue el principal público de esta cadena.

No obstante, advierten las fuentes consultadas, “para hacer un canal de televisión rentable no puedes hacer un canal militante. Hacer televisión implica actualidad” no exclusivamente volcada en la política, sino con abundantes contenidos de música, cultura, entretenimiento, cocina, viajes o humor.

Con la licencia formalizada, el consorcio abre ahora la fase de ejecución. El primer nombre incorporado al proyecto es Luis Morales Losada como Production Manager, exdirectivo de Mediapro, con experiencia en la puesta en marcha de empresas audiovisuales de producción y distribución. El reto inmediato es cerrar contratos con el personal técnico y los perfiles mediáticos que ocuparán los distintos espacios, además de consolidar la estructura comercial.

Desde 1989, todos los gobiernos han convocado concursos públicos para adjudicar frecuencias de televisión privada. El nuevo canal es el resultado del último de esos procesos y convierte a España en uno de los mercados europeos con mayor densidad de canales generalistas de ámbito nacional.

El ministro Óscar López, titular del departamento de Transformación Digital, responsable del concurso, recordó este martes que la adjudicación del nuevo canal es una obligación legal derivada de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que en su artículo 26 establece la necesidad de convocar nuevos concursos cuando exista capacidad técnica disponible.

“Eso ocurrió en el año 2005, cuando pasamos de la televisión analógica a la televisión digital”, recordó López, y “volvió a ocurrir en el año 2015, porque pasamos de la televisión digital terrestre a la televisión digital terrestre de alta definición y, por lo tanto, se volvió a comprimir la señal, volvió a haber espacio y hubo otro concurso”.

“Ahora hemos pasado de la alta definición a la ultra alta definición, que vuelve a comprimir la señal y vuelve a dejar espacio libre”. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2025 el nuevo plan técnico de la televisión digital terrestre y convocó el 20 de noviembre un concurso “que se ha resuelto en tiempo y forma, con toda normalidad”, subrayó el ministro.

El periodista Carlos Alsina confirmó este lunes en antena que dejará la dirección del primer tramo de Más de Uno, el programa matinal de Onda Cero, al final de la presente temporada. A partir de septiembre, será Rafa Latorre, actual director de La Brújula, quien conduzca el tramo de actualidad e información del magacín de las mañanas. Es el mayor movimiento en la programación de la cadena desde que Alsina tomó las riendas del programa y ha coincidido en el tiempo con el anuncio, por parte de la Cadena SER, de la salida de la emisora de Àngels Barceló. Las mañanas de la radio española cambian de cara de golpe justo a un año de las decisivas elecciones generales de 2027.

Alsina, que lleva 36 años en la radio y 33 dirigiendo programas diarios de información y opinión, justificó la decisión en términos estrictamente personales. “He llegado a la conclusión de que me he gastado”, dijo literalmente durante su programa este lunes a las ocho de la mañana. “Considero que, para estar a la altura de lo que ustedes merecen en la información y en la opinión, hay que estar pleno de energía”. Y añadió que ya no lo está, al menos no en la medida que exige ese tramo. “Cuando tienes 25 años te comes el mundo, y cuando tienes 56 para 57, pues ya te conformas con que el mundo no te coma a ti”.

La decisión, según relató él mismo, fue comunicada a la dirección de la cadena el 13 de marzo, hace algo más de dos meses. El director general de Onda Cero intentó disuadirlo. No lo consiguió, aunque sí logró una concesión. Le recordó a Alsina sus propias palabras en una entrevista publicada en El País al inicio de esta temporada, en la que el presentador había reconocido que la radio son muchas cosas más allá de la actualidad política. Sobre esa base, acordaron una solución intermedia: Alsina no desaparece del programa, pero se retira del tramo informativo.

La dirección de Atresmedia y Alsina cerraron en marzo que el presentador se hará cargo únicamente del segundo tramo del programa, el de entretenimiento, humor y contenidos no informativos. Un espacio que él mismo reivindicó con energía en antena frente a quienes lo desprecian. “El humor, la comedia y la ficción son parte sustancial de la radio desde que nació hace 100 años”, dijo. “Si además consigues dar un poco de felicidad, pues has tocado el cielo”.

Alsina fue explícito al nombrar lo que supone este movimiento en términos profesionales. “Pasar de conducir todo el programa de la mañana a conducir solo el segundo tramo es una relegación profesional. Lo es. Soy relegado. Lo sé. He decidido relegarme”. Y añadió que se trata de una “autorrelegación” que considera “probablemente inédita en la radio en España”.

El argumento de fondo es el cansancio acumulado tras décadas de madrugones y de dedicación intensiva a la actualidad. “Me vendría bien madrugar menos. Me vendría bien llevar una vida menos plena de obligaciones y con más tiempo de libre disposición”.

Rafa Latorre, que ha batido el récord histórico de audiencia de La Brújula en sus cuatro temporadas al frente del programa nocturno de Onda Cero, pasará a ocupar el espacio de las mañanas a partir de septiembre. Alsina lo presentó como “la persona idónea para dotar de nueva energía a nuestro tramo más madrugador”.

Para sustituirle en La Brújula, Onda Cero ha designado a Marta García Aller, una de las voces del propio Más de Uno, cuya carrera en la radio comenzó hace dos décadas precisamente en ese programa junto al propio Alsina.

El movimiento responde a una lógica de cantera. Alsina llegó a Onda Cero con 21 años, asumió la dirección del informativo Al Día con 23 y desde entonces no ha dejado de conducir un programa diario. Latorre y García Aller son producto de la misma casa. “Si yo tuviera que volver a empezar, elegiría crecer y disfrutar con estas mismas personas. Sin dudarlo”, dijo Alsina.

El anuncio fue precedido por un fin de semana de especulaciones en medios y redes sociales, algunas de las cuales apuntaban a que el movimiento era un castigo o un apartamiento forzado, y otras sugerían contactos con la Cadena SER. Alsina las descartó todas con cierto sarcasmo. “He descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía ni idea”.

Sobre la posibilidad de un fichaje por la SER, fue tajante. Dijo no conocer personalmente al gestor de fondos Joseph Oughourlian, presidente del grupo Prisa y primer accionista de la Cadena SER. La última vez que habló con un directivo de esa emisora, precisó, fue en febrero de 2025, durante el Día de la Radio, cuando coincidió con Carles Francino en una conexión en autobús. “Ese día, cuando comentamos Montse Domínguez y yo lo salado que había estado Francino… Conexión en la que Carlos me contó que él no tenía ningún deseo de jubilarse pronto y yo le dije que yo estaba deseándolo”.

El anuncio de Alsina coincidió con otra sacudida en la radio española. Àngels Barceló confirmó este lunes que no renovará su contrato con la Cadena SER al término de la temporada, poniendo fin a 21 años en la emisora y a casi siete al frente de Hoy por Hoy, el magacín matinal líder de audiencia en España.

La salida de Barceló se produce después de meses de tensiones internas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Oughourlian en mayo de 2024, y está ligada a la reorientación ideológica que el presidente del grupo quiere imprimir a sus medios. El propio Oughourlian había manifestado en varias ocasiones su predilección por el programa de Alsina frente al buque insignia de su propia cadena, hasta el punto de sintonizarlo cada mañana en lugar de la SER.

La periodista catalana aterrizó en la SER en 2005, condujo durante once años el informativo vespertino Hora 25 y desde 2019 dirigía y presentaba Hoy por Hoy. “Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, declaró el viernes. La dirección de la SER no ha anunciado todavía quién la sustituirá. Por el programa han pasado, entre otros, Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga y Carles Francino.

La propia Barceló, en su primera intervención en antena este mismo lunes, reconoció que hubiese preferido quedarse, confirmando que ha sido la empresa la que ha forzado su salida. “¿Era la decisión que querías tomar?”, le preguntó el escritor y guionista Bob Pop en su sección del programa. “Bueno, pues a lo mejor no”, respondió la periodista con franqueza. “Pero una vez está tomada, yo soy de una manera que, cuando tomo una decisión: ¡pa’lante!”.

Los movimientos en Onda Cero y en la Cadena SER no son equivalentes en su naturaleza. En un caso, una salida pactada y anunciada por el propio protagonista, con relevo designado y calendario definido. En el otro, una ruptura tras meses de conflicto interno que ha dejado muy mal sabor de boca en la redacción, con el sucesor aún por determinar y la deriva editorial del grupo como telón de fondo.

Lo que tienen en común es que dos de los programas matinales más influyentes de la radio española estrenarán nueva cara en septiembre. El liderazgo histórico de Hoy por Hoy y el tercer puesto consolidado de Más de Uno quedan en manos de periodistas que deberán construir su propio peso específico en un medio que sigue midiendo la audiencia en décimas y en el que las mañanas son, todavía, su prime time. Carlos Herrera, el presentador de la COPE, será el único superviviente de los tres principales comunicadores de la radio española a la vuelta del verano.

El papa León XIV ha publicado este 15 de mayo su primera encíclica, Magnifica Humanitas —“Humanidad magnífica”, en español—, un extenso documento sobre la era de la inteligencia artificial que constituye un llamamiento urgente a establecer marcos regulatorios estrictos sobre las tecnologías digitales. En el texto, el pontífice advierte de que el poder tecnológico ha adquirido “un rostro inédito, predominantemente privado”, concentrado en manos de actores transnacionales que disponen de recursos superiores a los de muchos gobiernos, lo que dificulta “discernir, gobernar y orientar hacia el bien común” estas tecnologías.

León XIV ha resultado especialmente claro al identificar el cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico contemporáneo. Mientras que históricamente eran los Estados quienes impulsaban y orientaban la innovación, su diagnóstico es que actualmente “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. Esta concentración de poder constituye, según el papa, uno de los desafíos más graves de nuestro tiempo, ya que quienes poseen el conocimiento y “sobre todo el poder económico para explotarlo” ejercen “un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero”.

El pontífice ha recuperado unas palabras del papa Francisco para subrayar que la cuestión no se limita a la regulación técnica, sino que requiere preguntarse “con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta”. Esta reflexión constituye el núcleo de la encíclica: la tecnología no es neutral, sino que “toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”. Por tanto, la primera decisión no es entre aceptar o rechazar la tecnología, sino entre construir una “torre de Babel” basada en el poder concentrado o reconstruir una “Jerusalén” donde el trabajo compartido y el bien común orienten el desarrollo tecnológico.

La encíclica no se limita al diagnóstico, sino que formula un llamamiento directo a la acción regulatoria, en línea con las posiciones que defiende la Unión Europea —y, dentro de ella, en particular el Gobierno de España— y en contra de la posición que abanderan los Estados Unidos de Donald Trump.

León XIV afirma que “es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico”. Esta exigencia de regulación responde a la constatación de que “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma”, lo que hace especialmente complejo “evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común”.

La encíclica insiste en que las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Esta omnipresencia de las tecnologías emergentes hace que su regulación sea una cuestión de justicia social y democrática, no meramente técnica o sectorial.

En el capítulo tercero, dedicado específicamente a la inteligencia artificial, León XIV desarrolla los principios que, según él, deben guiar su gobernanza. Bajo el epígrafe “Responsabilidad, transparencia y gobernanza de la IA”, el documento plantea que estas tecnologías requieren una atención especial precisamente por su capacidad de afectar a derechos fundamentales y estructuras democráticas.

Una de las aportaciones más significativas de la encíclica es su análisis del “paradigma tecnocrático y el poder digital” como amenaza sistémica. León XIV advierte contra lo que denomina el “síndrome de Babel”: “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”.

Este paradigma tecnocrático constituye, según el papa, un riesgo de deshumanización que consiste en “construir el futuro excluyendo a dios y reduciendo al otro a un medio”. Se trata de una tentación antigua que hoy adopta un rostro técnico, pero que, en esencia, representa la concentración de poder en manos de quienes controlan las tecnologías más avanzadas.

El capítulo cuarto de la encíclica aborda la relación entre verdad, democracia y el ecosistema comunicativo digital. León XIV dedica secciones específicas a “Verdad y democracia”, “Comunicación e imaginario colectivo” y propone “una ecología de la comunicación” como respuesta a los desafíos actuales.

El pontífice señala que la verdad es un “bien común” esencial para el funcionamiento democrático. En un contexto en el que las plataformas digitales moldean el imaginario colectivo y condicionan el acceso a la información, la concentración de poder en pocas corporaciones tecnológicas representa una amenaza directa para la democracia.

La encíclica también aborda las consecuencias de la transformación digital sobre la dignidad del trabajo y actualiza la tradicional preocupación de la Doctrina Social de la Iglesia por la cuestión laboral, aplicándola a la era de la automatización y la inteligencia artificial.

Especialmente relevante es el apartado sobre “Custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización”, donde el papa denuncia las “dependencias y el control social” que generan las tecnologías digitales, y llama a “romper las cadenas de las nuevas esclavitudes”. Esta crítica se dirige tanto a las formas de explotación laboral en la economía de plataformas como a los mecanismos de adicción y manipulación que emplean ciertos modelos de negocio digitales.

León XIV propone además “una economía que valore la dignidad” como alternativa al modelo dominante. Y rechaza expresamente la ideología de los tecnoligarcas al cuestionar las visiones transhumanistas y posthumanistas que prometen superar los límites humanos mediante la tecnología. “La verdadera realización”, defiende en el documento, “no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso”, donde “el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos”.

El papa subraya que enfrentar el poder tecnológico concentrado requiere una “responsabilidad compartida”. Ninguna instancia puede, por sí sola, contrarrestar el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas, pero tampoco ninguna es tan débil como para no poder contribuir. León XIV convoca a “científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe” a asumir cada uno su parte en la reconstrucción de un orden digital más justo.

Esta lógica de subsidiariedad, que valora “la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas”, constituye para el pontífice “el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz”. Las diferencias no deben intimidar, sino que, dice, pueden convertirse en “energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida”.

En el capítulo quinto, León XIV aborda la crisis del multilateralismo en la era digital y denuncia que las dinámicas de concentración de poder tecnológico se inscriben en una lógica más amplia de “normalización de la guerra” y de “fuerza sin límites” que amenaza la paz mundial.

En un apartado sobre “Armas e IA”, el pontífice advierte sobre los riesgos de la militarización de las tecnologías de inteligencia artificial. Propone “relanzar el diálogo” y subraya “la necesidad de la diplomacia y el multilateralismo” como instrumentos para construir gobernanzas globales que limiten el poder tanto de actores estatales como privados en el ámbito tecnológico.

En su conclusión, León XIV hace un llamamiento a “permanecer profundamente humanos” en la era de la inteligencia artificial. Y, sin adoptar una postura tecnofóbica, invita a todos —católicos, cristianos de otras confesiones, creyentes de otras religiones y “personas de buena voluntad”— a “no temer ensuciarse las manos en la obra de nuestro tiempo”, trabajando juntos para que las tecnologías sirvan al bien común y no a la acumulación de poder en pocas manos.

Al acto de presentación de la encíclica solo acudió un representante de las grandes tecnológicas: Christopher Olah, uno de los cofundadores de Anthropic, que no dudó en sumarse al mensaje del papa. En declaraciones a los medios, su tesis central fue que el rumbo de esta tecnología no puede quedar al albur exclusivo de los laboratorios y las grandes plataformas, porque estos operan bajo fuertes presiones comerciales, geopolíticas y personales que a menudo chocan con el interés general.

Por eso reivindicó la necesidad de un escrutinio externo fuerte —iglesias, gobiernos y sociedad civil— que funcione como contrapeso a los incentivos internos de la industria y obligue a alinear el desarrollo de la IA con el bien común.

Olah aprovechó la ocasión para afirmar que existe “una posibilidad real” de que la IA desplace trabajo humano “a gran escala” y de que eso abre un imperativo moral “de proporciones históricas”: sostener a quienes pierdan su empleo por esta transición tecnológica. No habla solo de un ajuste laboral, sino de la responsabilidad colectiva de que el impacto económico de la automatización no se traduzca en exclusión y precariedad masiva.

De ahí que subrayase otras dos urgencias: garantizar que los beneficios de la IA se repartan también fuera del reducido grupo de países ricos donde se concentran los avances, y abordar el problema de sistemas cada vez más complejos y opacos cuya conducta ni siquiera sus creadores terminan de comprender.

También las compañías que se presentan como más prudentes, como la misma Anthropic, están atrapadas en esa red de incentivos y limitaciones que “a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”, reconoció. Esa constatación es lo que le lleva a defender que la gobernanza de la IA no puede dejarse en manos de la autorregulación corporativa, por bienintencionados que sean algunos investigadores, y que hacen falta marcos éticos y normativos construidos con participación religiosa, política y social.

Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino Hoy por hoy, líder de audiencia de la radio en España, según ha confirmado la propia emisora.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa. Su renuncia se produce después de meses de tensiones internas de algunos de los principales responsables de programas con Fran Llorente, director de contenidos designado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en mayo de 2024. Un conflicto que ha sido especialmente significativo con la periodista catalana y que tiene que ver –según fuentes internas– con la reorientación ideológica que quiere hacer Oughourlian.

El pasado marzo, infoLibre desveló que Barceló no contaba con el respaldo del presidente del grupo, que en más de una ocasión había manifestado su predilección por Carlos Alsina, el presentador estrella de Onda Cero Radio, propiedad de Atresmedia, en detrimento de Hoy por Hoy, el buque insignia de su propia emisora, dirigido y presentado por Barceló. Hasta el punto de sintonizar la emisora de Alsina cada mañana, en vez de la SER, según fuentes internas de Prisa, que oficialmente negó esta información.

En los últimos meses se acumulan indicios que apuntan a que Prisa está modulando su perfil de centroizquierda hacia posiciones más cómodas para la derecha política y económica. Es un desplazamiento que no se ha producido mediante un manifiesto explícito, sino a través de cambios en las afinidades de sus principales responsables, en la selección de voces y enfoques editoriales y en la manera de situarse en el mapa de alianzas mediáticas. El resultado es la sensación, dentro y fuera del sector, de que el grupo busca cambiar su centro de gravedad para alejarse de Pedro Sánchez y preparar el terreno para una eventual victoria de la derecha en las próximas elecciones generales.

Una de las claves de este proceso sería, en opinión de algunos observadores, la creciente sintonía entre Prisa y operadores mediáticos claramente instalados en el campo de la derecha, tanto en el ámbito audiovisual como en el radiofónico. La elección de determinados referentes informativos, el creciente protagonismo de tertulianos y analistas conservadores en espacios antaño asociados al centroizquierda, o la decisión de abrir espacios de reflexión con firmas de marcado perfil neoliberal, son movimientos que, cada uno por separado, podrían leerse como gestos de pluralidad –como explican desde la dirección de la SER–, pero que en conjunto dibujan una deriva reconocible.  

Se trata de un reajuste que desdibuja la frontera que separaba a Prisa de los grandes conglomerados privados alineados con la derecha, hasta el punto de favorecer dinámicas de colaboración y convergencia de relato donde antes predominaba la competencia ideológica. 

Este corrimiento tiene implicaciones políticas evidentes en un ecosistema mediático ya fuertemente desequilibrado hacia la derecha, en el que cada actor que abandona de facto el espacio progresista deja un vacío difícil de cubrir. Si un grupo con el peso simbólico y estructural de Prisa en la socialdemocracia española se desplaza hacia un centro cada vez más escorado, el resultado es una pérdida de capacidad de interlocución crítica frente a las agendas conservadoras y una mayor homogeneización del debate público en torno a marcos favorables a la derecha. 

De momento no se sabe todavía quién va a sustituir a Barceló a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

Nacida en Barcelona en 1963, Ángels Barceló aterrizó en la Cadena SER en Madrid en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana A vivir que son dos días. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino Hora 25 y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magacín matinal Hoy por hoy, líder de audiencia en la radio en España.

"El 31 de agosto, con el inicio de la temporada 26-27, la SER estrenará una nueva etapa de 'Hoy por hoy' sin Àngels Barceló, que hoy ha comunicado que no renovará su contrato", indica el comunicado hecho público por la emisora, que recoge las palabras de la presentadora: "Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores".

"Trasladamos a Àngels nuestro reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años", señala en el comunicado Jaume Serra, director general de radio y negocio audiovisual, mientras que Pilar Gil, consejera delegada de Prisa Media, ha recordado que está en marcha un "gran proyecto de transformación" para la nueva temporada. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso Pasapalabra, al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia recurrida.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un primer término enfrentó a Telecinco, cuando 'El Rosco' se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV.

Ahora, cuando 'El Rosco' se emite en Antena 3 y el contencioso se centra en la cadena de Atresmedia, el Supremo resuelve que el titular de este formato es MC&F y condena a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato.

Le obliga además a retirar del comercio y a destruir todas las grabaciones de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluyan un juego de esas mismas características.

También establece que debe eliminar de los circuitos comerciales, inutilizar y, en caso necesario, destruir "todos los elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, creación o fabricación de cualquier programa de televisión u obra audiovisual que incluya un juego basado en dicho formato, a expensas de la demandada".

El tribunal le condena, asimismo, a indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios materiales causados por la infracción desde la fecha de la notificación de esta sentencia, en la cantidad que se fije en su ejecución.

Sí que fija en 50.000 euros la indemnización por daños y perjuicios morales si continúa la emisión del programa desde la notificación de la sentencia.

Así lo determina el Supremo tras establecer que 'El Rosco' es una obra protegida por la propiedad intelectual "al ser un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".

Antena 3 seguirá emitiendo el concurso y estudia qué hacer con la prueba final. Así lo han señalado a EFE fuentes del programa, que han subrayado que mantendrán la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran no afecta a la emisión de 'Pasapalabra', sino a la de la prueba final, a 'El Rosco'.

El alto tribunal ratifica la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2022, que obligó a Antena 3 a dejar de emitir la prueba de 'El Rosco', al considerar que se habían infringido los derechos de propiedad intelectual de la sociedad holandesa MC&F, a la que reconocía como titular de dichos derechos y no a ITV.

La sentencia de la Audiencia revocó la decisión previa de un juzgado mercantil que había permitido continuar a Antena 3 con la emisión al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.

El primer gran litigio por 'El Rosco' enfrentó a Telecinco con la productora británica ITV, y en octubre de 2019 el Supremo confirmó que Mediaset había vulnerado los derechos de ITV sobre el formato y el título del programa y le obligó a cesar de inmediato su emisión, además de indemnizar a la productora.

Posteriormente, un juzgado cuantificó en más de 45 millones de euros la cantidad que Mediaset debía abonar a ITV por las ganancias obtenidas por el uso del formato, incluyendo ingresos publicitarios, merchandising e intereses.

En 2024, el Supremo anuló una segunda indemnización al considerar que el daño ya había quedado resarcido en el primer pleito.

Tras esa resolución, ITV cedió los derechos a Atresmedia y el programa pasó a emitirse en Antena 3, pero de nuevo se abrió un nuevo frente judicial por la titularidad de 'El Rosco', reclamado por MC&F.

Esta empresa presentó demandas para que se reconociera su propiedad intelectual sobre la prueba y se prohibiera su emisión. En 2022, un juzgado mercantil de Barcelona desestimó esa demanda y permitió a Antena 3 seguir emitiendo El Rosco, al no acreditarse que el formato fuera protegible como obra original autónoma.