Detrás de Atresmedia, el conglomerado audiovisual del que dependen la televisión privada más vista de España (Antena 3), el canal de sello progresista La Sexta y la emisora de radio Onda Cero, una de las referencias en algunas franjas horarias para la derecha española, hay dos familias. La primera es de aquí y tiene tres ramas que parten del tronco original que en su día representó el fundador del Grupo Planeta, José Manuel Lara, barcelonés de adopción y fallecido en 2003. La otra familia, De Agostini, es italiana, también tiene un origen editorial y hace años que comparte negocios con sus socios españoles.

En el grupo español se dan cita los nietos del fundador a través de tres linajes: los Lara García (hijos de José Manuel Lara Bosch: José Manuel, Pablo, Marta y Ángela); los Lara Hoces (hijos de Fernando Lara Bosch: Fernando y Patricia) y los Falcó Lara (hijos de Inés Lara Bosch: Laura y Juan).

Cada una de estas tres ramas ostenta aproximadamente un tercio (33%) del capital de Planeta. Esta estructura procede de la división inicial del fundador entre sus cuatro hijos: José Manuel y Fernando (26% cada uno), e Inés y Maribel (24% cada una). Con el fallecimiento de Fernando (1995), José Manuel (2015) y Maribel (2023, sin descendencia), sus participaciones se han repartido entre las ramas vivas, quedando con un tercio cada una.

En noviembre de 2023, los Lara García pusieron a la venta su tercio (33%). Encargaron la operación al banco de inversión Morgan Stanley, con una valoración de alrededor de 900 millones de euros para ese paquete, lo que implicaría una valoración total del grupo Planeta de 2.700 millones.

La decisión, según fuentes periodísticas, generó un conflicto familiar con las otras dos ramas (Lara Hoces y Falcó Lara), temerosas de una posible entrada de un socio externo en el grupo. De momento no hay constancia de que la venta se haya consumado. O de que los Lara García hayan desistido de la venta.

De Agostini, la familia italiana con la que los Lara llevan asociados desde 1982, es un holding multinacional presente en edición, coleccionables, hobbies, medios, televisión y entretenimiento. El grupo cotiza en bolsa y está controlado por la familia Drago; en su cuarta generación, la dirección estratégica y operativa la encabezan dos hermanos, Enrico y Nicola Drago, que lideran conjuntamente el holding con una estructura de gobernanza dual. Enrico se responsabiliza de los sectores de loterías y juegos, así como de todas las actividades financieras del grupo; Nicola, por su parte, dirige la división editorial y educativa, el sector sanitario y los medios de comunicación, incluidas incluidas sus participaciones en Banijay (un grupo europeo de producción y distribución de contenidos audiovisuales, con sede en Francia) y Atresmedia.

Planeta y De Agostini controlan Atresmedia a través de una sociedad instrumental llamada Grupo Pasa Cartera, que posee, según la web del grupo audiovisual, el 41,7% de las acciones. Un 15,1% está en manos de UFA/RTL, la puerta de entrada en España del Grupo Bertelsmann, el gigante alemán de medios, propietario de docenas de canales de televisión y radios en Europa, que utiliza la combinación RTL-UFA como vehículo societario.

El resto de las acciones (42,95%), siempre según la escasa información publicada por Atresmedia en su web, está en manos de “empresas”. Un bloque amplio, al parecer, de participaciones repartidas entre multitud de fondos, gestoras e inversores minoristas. Es el colchón de mercado que mantiene su condición de compañía cotizada: acciones en manos del mercado, no controladas por un solo grupo, que dan liquidez al valor y permiten la entrada y salida de nuevos inversores, pero que no configuran, hoy por hoy, un centro de mando en el gobierno de la compañía.

Nada de esta información está disponible en las webs de Antena 3 o de Onda Cero, y solo figura de forma muy incompleta en la de la matriz, Atresmedia. Ninguna de ellas publica de forma directa, clara y fácilmente accesible quiénes son los dueños de estos medios, las personas físicas que tienen la última palabra, como exige el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés).

El artículo 6 de esta norma europea, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo del EMFA añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Una de las informaciones que están obligados a hacer pública es la publicidad institucional que reciben. El Gobierno reveló hace unos días que Atresmedia es el segundo grupo que más dinero por este concepto ingresó del Ejecutivo en 2025: 8.929.631 euros (12,19% del total invertido). Pero apenas se sabe nada de lo que obtienen de comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

Ese detalle no aparece en las webs de Antena 3 o en la de La Sexta, pese a que es obligatorio, en aplicación del EMFA. Pero sí en la de Onda Cero, que especifica, en un enlace escondido al pie de su página principal, que el importe anual de fondos públicos en publicidad para medios de comunicación del Grupo Atresmedia ascendió en el ejercicio 2025 “a la cantidad de 34.320.836 euros, que representan el 3,424% sobre el total de los ingresos del Grupo, procediendo un 3,422% de autoridades españolas y un 0,003% de autoridades de terceros países”. De lo que se deduce que el año pasado Atresmedia recibió casi tres veces más dinero de administraciones autonómicas y locales que del Gobierno de España.

Al frente de Atresmedia hay un triángulo: el presidente del consejo, José Creuheras, que también preside el Grupo Planeta; Javier Bardají, que es el consejero delegado; y el miembro del consejo de administración Mauricio Casals, conocido por el sobrenombre de “el príncipe de las tinieblas”, por su extraordinaria capacidad de influencia en la política, la economía y los medios. 

Casals preside la otra pata mediática de Planeta, el diario La Razón, uno de los más significados en el ecosistema de la derecha a pesar de sus cifras de difusión relativamente modestas (ocupa el puesto 17º en el ranking de diarios, según el último EGM). La Razón tiene como director a Francisco Marhuenda, exdiputado del PP en Cataluña y asesor de Mariano Rajoy durante su etapa como ministro. Y tampoco publica quiénes son sus dueños ni la publicidad de origen público que recibe.

La influencia mediática de Atresmedia depende directamente de Antena 3, que no solo es la cadena de televisión más vista del país, además del negocio más rentable de la compañía, sino que algunos de sus programas, en particular los de más audiencia, El Hormiguero y el informativo de la noche, presentado por Vicente Vallés, son una referencia clave para la derecha.

Otra cosa es La Sexta, formalmente de orientación progresista, cuyas cifras de audiencia están cayendo progresivamente desde hace tiempo. En la temporada 2025-2026 ha perdido seis décimas y se ha quedado en un 6% de cuota, lo que supone tener que hacer frente a una realidad traumática: haber sido adelantada por Cuatro, del grupo rival Mediaset, por primera vez en doce años.

El negocio de Atresmedia se extiende a otras cadenas de TDT –Neox, Nova, Mega, y Atreseries–, además de a Atresplayer, Flooxer y Atresmedia Digital como marcas de televisión, plataforma bajo demanda y contenidos online, respectivamente. Poseen también la productora Atresmedia Cine —a través de la filial DeAPlaneta Entertainment, que produce y distribuye películas, series de televisión y contenido de animación a nivel global— y las emisoras musicales Europa FM y Melodía FM, aunque en este campo su gran apuesta es la generalista Onda Cero, la tercera radio con más audiencia de España (algo más de dos millones de oyentes, según el EGM).

Más allá de ese perímetro, su negocio comercial se extiende a Atresmedia Publicidad y Atresmedia Diversificación, junto con Atresmedia Internacional, Atresmedia Cine, Atresmedia Studios y Atresmúsica.

El año pasado entró con fuerza en el sector de la publicidad exterior con la adquisición de uno de los actores más relevantes, la compañía Clear Channel, con una presencia muy fuerte en mobiliario urbano y centros comerciales y pionera en la digitalización de soportes en Madrid y Barcelona. Atresmedia se la quedó por unos 115 millones de euros, después de que Competencia bloquease su adquisición por parte de JCDecaux, tras la decisión de su matriz estadounidense de salir del mercado español.

La decisión de Atresmedia de diversificar sus soportes publicitarios encaja con el retraimiento del mercado de anuncios en las televisiones privadas producido en 2025.

El Grupo Planeta y sus intereses, sin embargo, se extienden mucho más allá de lo mediático. Es el primer grupo editorial y de comunicación en el mercado de habla hispana, con una posición muy destacada tanto en la edición de libros como en la educación superior.

El núcleo editorial cuenta con más de 70 sellos editoriales en España y América Latina —además de la cadena de librerías Casa del Libro y su plataforma de comercio electrónico— con los que libra un pulso titánico con su eterno rival, Penguin Random House. Entre ambos se calcula que controlan más del 45% y hasta el 50% de las ventas de literatura general (ficción y no ficción) en España.

Una de las divisiones que más ha crecido en las últimas décadas es la de educación superior. Incluye la Universidad UNIE (Madrid) y Universitat Carlemany (Andorra); escuelas de negocios como EAE Business School e Inesdi Business Techschool; y centros de formación profesional avanzada como iFP (Innovación en la Formación Profesional).

A través de Planeta Formación y Universidades, el grupo ha tejido una red de centros propios y en colaboración con instituciones académicas fuera de España, sobre todo en Francia, Italia, Colombia, Marruecos y EEUU. En Francia son propietarios de escuelas como EDC Paris Business School, ESLSCA Business School y el Institut Supérieur de Marketing du Luxe. Cuentan además con la Rome Business School en Italia, y universidades o centros formativos de alcance americano como BIU University (Broward International University, con sede en EEUU y orientada al público hispanohablante), además de instituciones en Colombia (ESEIT y la corporación IBERO).

El ámbito del entretenimiento y la cultura del ocio se articula principalmente alrededor de marcas como Altaya y Editorial Planeta DeAgostini, con negocios vinculados a la venta directa o el coleccionismo.

El tamaño y la diversidad de actividades de Planeta y De Agostini hace inevitables los conflictos de intereses en sus principales medios, Antena 3, Onda Cero, La Sexta y La Razón. Porque el grupo no solo informa, sino que también vive de sectores sobre los que luego emite juicio periodístico. La frontera entre negocio y redacción se vuelve más delicada cuando el mismo accionista controla medios, editorial, educación, librerías y entretenimiento audiovisual.

El primer foco de conflicto está en el sector audiovisual y mediático. Cualquier información sobre regulación de medios, competencia, publicidad institucional, audiencias o concentración audiovisual puede quedar bajo sospecha, porque afecta directamente a su propio perímetro empresarial.

El segundo foco es el sector editorial y librero. Planeta domina un amplio catálogo de sellos y mantiene una posición central en el mercado del libro en español, de modo que la cobertura sobre premios literarios, mercado editorial, distribución, ayudas públicas o políticas de lectura nunca es neutra del todo cuando el propio grupo tiene intereses tan amplios en ese ecosistema.

La tercera zona sensible es la educación superior y la formación. El grupo afirma que Planeta Formación y Universidades agrupa decenas de instituciones y programas en varios países, lo que convierte cualquier debate sobre universidades privadas, FP, acreditaciones, becas o regulación educativa en un terreno potencialmente conflictivo para sus medios. Y el trato a las instituciones que conceden autorización para estos centros de estudios, como ocurrió en Madrid con la concesión de una universidad, queda bajo sospecha.

En el caso de De Agostini, el riesgo más claro se concentra en juegos, loterías y actividades financieras. Según la información corporativa disponible, Enrico Drago asume precisamente esos sectores, junto con las finanzas del holding, mientras Nicola Drago se ocupa de edición, educación, medios y sanidad; esa combinación multiplica los cruces posibles entre intereses empresariales y cobertura informativa.

También hay un ámbito delicado en entretenimiento y producción audiovisual, porque De Agostini comparte negocios con Planeta en Atresmedia y participa en Banijay. Eso importa especialmente cuando los informativos tratan sobre la industria televisiva, la producción de contenidos, las plataformas o la competencia entre grupos, porque el medio no está observando el mercado desde fuera, sino desde dentro.

El problema de fondo sigue siendo la transparencia. El EMFA exige que la propiedad y los posibles conflictos de interés sean fácilmente accesibles para el público, porque sin esa información resulta imposible evaluar con rigor la independencia editorial de un medio.

El buque insignia de Prisa, el diario El País, fue durante años el prescriptor de la agenda de debate público en España y la base del negocio del grupo. Hoy sigue siendo el principal activo de la compañía, aunque su influencia, en un mundo digital dominado por la intermediación de las plataformas, muy polarizado y con cada vez más actores en un ecosistema informativo atomizado, es apenas una sombra de lo que fue.

El País ya solo conserva el liderazgo en el mercado residual del papel (cifras atribuidas a la Asociación de Medios de Información hablan de unas pocas decenas de miles de ejemplares vendidos, apenas la décima parte que hace 20 años), pero la Cadena SER es todavía la emisora más escuchada —el último EGM le atribuyó 4,17 millones de oyentes diarios— y la más influyente del país. La combinación de ambos medios —y la versión digital de El País, que está en el tercer puesto entre las que tienen más audiencia media diaria, 2,6 millones, apenas por detrás de El Mundo, según los datos de GfK DAM— sigue siendo el principal activo de Prisa. Aunque no el único.

La lista de productos del grupo incluye un diario económico (Cinco Días) y uno deportivo (As), así como el nativo digital huffingtonpost.es, creado en 2012 como una versión del original estadounidense, que en su día fue una referencia de tráfico viral en Estados Unidos. Al margen de la SER, Prisa posee un entramado de radios musicales y habladas que suma en torno a una veintena de marcas repartidas entre España y América Latina, con presencia destacada en Colombia y Chile.

En España agrupa grandes radios temáticas como Los40, Cadena Dial, Radiolé y varias emisoras de nicho por géneros y épocas. En Colombia opera, entre otras, Caracol Radio (información generalista) y W Radio (información y análisis). En Chile reúne ADN Radio (actualidad y deportes) y otras ocho emisoras que cubren desde música popular y nostálgica hasta rock, pop y formatos de entretenimiento, humor y actualidad.

En el área audiovisual, el grupo tiene piezas más modestas: por un lado, Podium Podcast, plataforma de audio en español creada en 2016 que se ha consolidado como firma de referencia con algunos de los podcasts más escuchados, y el desarrollo de productos para grandes empresas como Titania (Banco Santander), Jules y Ren (Renault) o Sororas (Museo Thyssen). Posee además, LACOproductora, adquirida en 2022 a José Miguel Contreras, principal accionista de infoLibre y en aquel momento directivo de Prisa.

La otra gran pata del grupo es la editorial Santillana, especializada en contenidos educativos, lo que la hace muy dependiente de las decisiones de los gobiernos en materia de enseñanza. Opera en 19 países.

La transparencia sobre la propiedad no es el fuerte del grupo. El artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Prisa ignora esta obligación. Ni El País ni la SER publican de forma directa, clara y fácilmente accesible quién es el dueño de ambos medios y se limitan a enlazar a la web del grupo. Allí tampoco detallan la propiedad y enlazan, a su vez, a la CNMV, con la excusa de que se trata de una sociedad cotizada.

De acuerdo con estos datos, actualizados por última vez en mayo de 2026, Prisa está bajo el control del empresario francoarmenio Joseph Oughourlian. Tiene bajo su mando aproximadamente el 30% de las acciones, bien directamente o a través de Amber Capital UK LLP —un fondo de inversión especializado en adquirir empresas de cualquier sector, recortar gastos y revenderlas con pingües beneficios, lo que se conoce como fondo buitre—, de Oviedo Holdings S.à r.l. —una sociedad luxemburguesa gestionada por Amber— o de Amber Capital Investment Management ICAV–Amber Global Opportunities Fund.

La figura del tiburón financiero francoarmenio levanta suspicacias desde el punto de vista de la independencia informativa. Pero el segundo gran accionista de Prisa es todavía más inquietante. Vivendi, la multinacional francesa de medios y entretenimiento propiedad del empresario de ultraderecha Vincent Bolloré, posee un 11,7%. Aunque no es el accionista mayoritario —hace años que quiere serlo y solo se lo ha impedido el veto del Gobierno de Pedro Sánchez—, ese porcentaje le otorga una posición muy relevante como socio de referencia, con peso en alianzas industriales y en la orientación del grupo hacia determinados mercados audiovisuales y digitales. 

En la mesa donde se toman las decisiones en Prisa están también otros socios minoritarios, pero significativos: los propietarios del holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales; el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%; Rucandio SA, de la que es socio Timón SA, el vehículo desde el que los herederos del fundador de El País, Jesús de Polanco, gestionan su presencia en el grupo, y que conserva un 7,6% de los derechos de voto; Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7%; el Banco Santander (4,1%) y el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària.

Estos son los dueños de Prisa y, por tanto, de El País y de la SER. Aunque, en realidad, Oughourlian nada puede hacer sin el visto bueno de Pimco, el principal acreedor de la compañía, porque cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros.

Pimco (Pacific Investment Management Company), gestora de bonos y deuda fundada en California en 1971, forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la Bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Amber, el fondo buitre que dirige Oughourlian y controla Prisa, es dueño también de un entramado de participaciones en empresas de Francia, España, Italia y América Latina que obliga a leer entre líneas cualquier información de El País, la SER o Cinco Días sobre los sectores en los que operan dichas compañías.

En Francia ha tenido participaciones en grandes empresas como Nexans (fabricante de cable eléctrico), donde su actuación fue clave para cambiar al presidente y consejero delegado en 2014; Suez (grupo de agua y residuos), donde presionó para que vendiera su filial española Agbar; Solocal (servicios digitales), donde forzó una reestructuración de deuda en 2017; y Lagardère (grupo mediático propietario de Europe 1, Paris Match y la editorial Hachette), donde su 18% de participación fue determinante para que Vivendi pudiera hacerse con el control del grupo y le reportó cerca de 600 millones de euros de plusvalías.

En España, su apuesta más significativa y reciente es Indra, la tecnológica y de defensa española. Entró en junio de 2022 con un 4,18% del capital (70 millones de euros invertidos), duplicó su posición hasta el 7,24% en 2023 (12,78 millones de títulos, valorados en 150 millones de euros), y en febrero de 2026 vendió cerca del 2% con una plusvalía de 140 millones de euros, ya que las acciones habían pasado de 10 a más de 50 euros. El Gobierno español había autorizado en septiembre de 2022 la entrada de Amber con un límite del 9,9%.

En 2024, el Consejo de Ministros validó también su entrada Applus, la empresa de inspección técnica de vehículos (ITV), donde lanzó una OPA de 1.258,4 millones de euros. Antes de eso, en 2010, Amber Capital había invertido en Ence (papelera), CIE Automotive (automoción) y Tubacex (tubos de acero).

También tiene inversiones en el sector de las telecomunicaciones, con participaciones en Telecom Italia y Telefónica, y en el sector bancario, con acciones en UniCredit SpA. Y en el ámbito deportivo, Oughourlian es propietario o copropietario de cuatro clubes: el Millonarios FC (Colombia, con más del 85 %), el RC Lens francés (que compró junto con otros inversores, incluido el Atlético de Madrid), el Calcio Padova (Italia) y el Real Zaragoza (España).

La estrategia a medio y largo plazo de Oughourlian en Prisa es un misterio. El presidente de Prisa sostiene que quiere permanecer en la empresa a medio y largo plazo, en contra de la práctica habitual de Amber. Son muchos en el sector de la comunicación en España los que creen que, en realidad, solo está esperando vender la compañía a un precio que le permita recuperar con ganancias lo que ha invertido en ella, para lo cual necesita un gran grupo con mucho dinero disponible y mucho interés en abrirse paso en España. Algo que solo está al alcance de muy pocos actores internacionales, entre los que destaca Vivendi.

Hay que tener en cuenta que el grupo cerró mal 2025. Al margen de la deuda viva, facturó mucho —904 millones de euros—, pero terminó el año con 27 millones de pérdidas netas. Es verdad que Prisa Media —la división de medios— y Santillana siguieron generando actividad y caja, pero el resultado final se vio afectado por indemnizaciones, cambios de divisa y otros efectos extraordinarios. En otras palabras: vendió y trabajó mucho, pero al final no le quedó beneficio alguno.

Oughourlian, sin embargo, es optimista a corto plazo. En la junta general de accionistas de junio prometió que la compañía cerrará 2026 con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros y un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que estará entre el 18% y el 19% de esa cifra.

Prisa es el principal receptor del dinero que fluye desde el Gobierno hacia los medios en forma de publicidad institucional —sin tener en cuenta la publicidad comercial—, según los datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comunicación en cumplimiento de la legislación europea. En 2025 recibió 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos, por delante de Atresmedia-Planeta (8.929.631 euros; 12,19%) y Mediaset España (5.756.090 euros; 7,86%).

La opacidad de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos hace imposible saber cuánto dinero adicional recibió este grupo —y todos los demás— por parte del resto de administraciones públicas.

Las mujeres representan la mitad de la población española, pero firman menos de tres de cada diez columnas de opinión en los diez principales medios digitales del país. Un recuento de los columnistas activos durante la semana del 19 al 25 de junio en diez de las cabeceras con mayor audiencia media diaria según GfK Media —de El Mundo a La Razón— arroja 83 mujeres sobre un total de 305 columnistas identificados: el 27,2%.

La cifra supera ligeramente la que la consultora Planner Media registró en sus dos primeras ediciones del informe ColumnistAs, presentado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en 2018 y 2019, cuando la presencia femenina en columnas y tribunas de 25 periódicos españoles se situaba en el 21%. Pero la mejora es modesta: siete años después, y con datos propios de esta semana, ninguno de los diez medios analizados alcanza la paridad.

El medio con mayor porcentaje de columnistas mujeres es elespanol.com, con un 40% —cuatro de diez firmas—, seguido de eldiario.es, con el 37,5%. Ambos responden a perfiles editoriales muy distintos: elespanol.com fue fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez, exdirector y fundador de El Mundo, con una línea claramente de derechas, mientras que eldiario.es —fundado tres años antes por Ignacio Escolar, a partir de las ruinas del desaparecido diario Público—, se posiciona en la zona izquierda del espectro. El País, cabecera insignia del grupo Prisa, dirigida hoy por Jan Martínez Ahrens tras la destitución de Pepa Bueno en junio de 2025, ocupa la tercera posición con el 36,5% de firmas femeninas sobre 63 columnistas analizados.

En el extremo opuesto se sitúa elconfidencial.com, con solo dos mujeres entre 20 columnistas: el 10%. El medio, creado en 2001 —acaba de celebrar su 25 aniversario—, de orientación liberal-conservadora, es el que presenta la brecha más amplia de los diez analizados. Le siguen okdiario.com —17,6%— y La Razón —19,4%—. Okdiario.com fue fundado por Eduardo Inda, también exdirector de El Mundo, en 2015, con una línea editorial marcadamente de derechas. La Razón pertenece al Grupo Planeta, está dirigida por Francisco Marhuenda y en noviembre cumplirá 28 años.

Los cuatro medios con menor representación femenina —elconfidencial.com (10%), okdiario.com (17,6%), La Razón (19,4%) y Abc (24,3%)— tienen todos orientación de derecha, derecha extrema o derecha liberal. Abc, del grupo Vocento y dirigido por Julián Quirós, publica a nueve mujeres entre 37 columnistas. El Mundo, del grupo italiano RCS MediaGroup, y dirigido por Joaquín Manso, comparte ese mismo 24,3%.

Pero la tendencia no se invierte del todo en el otro extremo ideológico. El diario catalán El Periódico, propiedad de la cadena regional Editorial Prensa Ibérica, del empresario Javier Moll, y con orientación de centro-izquierda, alcanza el 25,6%. 20 Minutos —en manos del grupo Henneo, propiedad a su vez de la familia Yarza, que posee el Heraldo de Aragón,  con Fernando de Yarza López-Madrazo al frente— con perfil de derecha moderada, llega al 28,6%. Ningún medio de izquierda o centroizquierda de la muestra supera el 40%.

El informe ColumnistAs de Planner Media ya detectó hace siete años que las secciones con mayor presencia de opinión femenina eran Estilo de vida, Educación y Sociedad, mientras que los contenidos de política —los más jerarquizados en las portadas— registraban la menor representación femenina. Los datos recogidos esta semana por infoLIbre no permiten desglosar por sección, pero la distribución general apunta en la misma dirección: la opinión política, núcleo de las páginas de opinión de todos los medios analizados, sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino.

La brecha en las columnas de opinión reproduce una desigualdad más amplia en el sector. El informe sobre mujeres y liderazgo en los medios informativos del Reuters Institute, publicado en 2024, señaló que apenas el 24% de las jefaturas de 240 grandes medios en 12 mercados estaban en manos de mujeres, pese a que ellas representaban en promedio el 40% del total de periodistas en esos mismos mercados.

Más allá de eso, y pensando en las lectoras, los datos de GfK del mes de abril sitúan a El Mundo en cabeza de audiencia media diaria con 2,6 millones de lectores, seguido de elespanol.com y El País (2,49 millones cada uno), elconfidencial.com (1,77 millones) y okdiario.com (1,75 millones), pero no existen datos públicos desglosados por sexo en la medición de audiencia diaria de medidor para estos medios. 

No obstante, el Digital News Report España 2026, elaborado por la Universidad de Navarra para el Reuters Institute a partir de una encuesta realizada a 2.008 adultos a finales de febrero de 2026, sí permite observar patrones de consumo diferenciados. Las mujeres consumen noticias en proporciones similares a los hombres, pero los medios que más voces femeninas ofrecen en sus páginas de opinión no son necesariamente los que lideran la audiencia.

El informe ColumnistAs subrayó en su día que en los contenidos sobre ciencia, deporte y economía la presencia masculina rozaba el 90%. La columna de opinión generalista —el formato más visible y mejor pagado del periodismo de ideas— sigue siendo, siete años después, un espacio donde la voz de la mitad de la población llega con cuentagotas.

El recuento de esta semana no es una fotografía definitiva: los columnistas rotan, algunos escriben con periodicidad irregular y la muestra puede variar semana a semana. Pero la consistencia del patrón —ningún medio por encima del 40%, ocho de los diez por debajo del 30%— sugiere que el desequilibrio no es accidental ni coyuntural. Es estructural.

La arquitectura del poder en Galicia no se sostiene únicamente sobre los pilares del Parlamento o de la sede administrativa de San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sobre una red invisible y capilar que ha logrado, a lo largo de casi 40 años, domesticar el cuarto poder hasta convertirlo en una extensión de la comunicación institucional.

Lo que en ciencia política se denomina captura mediática ha dejado de ser en esta comunidad una anomalía para transformarse en un sistema perfeccionado de supervivencia mutua entre la clase política y los grandes grupos editoriales. Un fenómeno que hunde sus raíces en la era de Manuel Fraga y que ha demostrado una resistencia asombrosa a los cambios de signo político. Ni siquiera el breve paréntesis de cuatro años del gobierno de coalición entre el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) y el BNG logró desmantelar este engranaje; por el contrario, los datos de aquel periodo revelan que se mantuvo el uso masivo de figuras jurídicas discrecionales para seguir regando con dinero público las redacciones de los medios dominantes.

Esta estructura de sometimiento no se apoya en un solo mecanismo, sino que despliega un abanico de vías de financiación que van desde la publicidad institucional directa hasta convenios de colaboración discrecionales, los patrocinios y también los contratos para la realización de programas a través de la televisión pública, conformando un círculo cerrado de retroalimentación financiera que pervierte las reglas del libre mercado y vulnera de forma sistemática el espíritu y la letra del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde hace casi un año.

El pilar fundamental de este modelo de control es la arbitrariedad en el reparto de los fondos. Una práctica que ha permitido a la Xunta de Galicia actuar como el principal anunciante y financiador de facto de la prensa privada.

No existen datos cerrados, completos y sistemáticos año a año, porque el Ejecutivo autonómico oculta cuidadosamente las cantidades y solo afloran, de manera parcial, cuando medios independientes lo solicitan aplicando la legislación sobre transparencia.

Durante la última etapa de la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, la administración gallega llegó a distribuir al menos 12 millones de euros solo a través de la figura del convenio de colaboración bilateral, un camino rápido que permite otorgar dinero público a dedo eludiendo las exigencias de competencia, publicidad y libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Estos acuerdos, cuyos textos completos a menudo permanecen ocultos al escrutinio ciudadano, se justifican bajo conceptos tan vagos como el interés general o la promoción de la identidad cultural, pero su objeto real es la inserción de campañas que, por ley, deberían haber sido licitadas de forma transparente y abierta. La asimetría en este reparto histórico es escandalosa: la Corporación Voz de Galicia lideró la recepción de estos fondos con 2,6 millones de euros, seguida por el grupo Editorial Prensa Ibérica y la propia Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes conocida como CRTVG y titular de la radio y la televisión autonómicas—, que a pesar de ser pública compite con los medios privados por estas inyecciones de liquidez. Es un sistema de dopaje financiero donde las empresas beneficiarias rara vez aportan recursos propios, desnaturalizando la figura de la colaboración no lucrativa para convertirla en un contrato de servicios encubierto.

La llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia no solo no ha supuesto una moderación en estas prácticas, sino que ha intensificado el flujo de dinero directo a las empresas de comunicación a través de los llamados contratos menores.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la Xunta de Rueda adjudicó más de 14.300 euros al día en publicidad y suscripciones mediante más de mil licitaciones sin concurso, una fórmula que permite fragmentar el gasto para evitar los controles parlamentarios y asegurar un riego constante de liquidez a los medios afines.

Bajo su mandato, el gasto diario en contratos menores ha crecido un 35% en comparación con la era Feijóo, consolidando un modelo donde el presupuesto público funciona como una línea de vida para cabeceras que el mercado privado, por su cuenta, no sostendría.

Además, Rueda ha expandido este radio de influencia hacia Madrid, para dar soporte a Feijóo, destinando cerca de 600.000 euros en poco más de un año a diarios, radios y portales digitales de línea editorial conservadora o ultraconservadora con nula o escasa implantación en Galicia, lo que sugiere una estrategia de compra de imagen a nivel nacional con fondos de los contribuyentes gallegos.

Otro de los mecanismos más sutiles y eficaces para este control es el dopaje de las cifras de difusión. Dado que el reparto de las subvenciones ordinarias y la publicidad institucional se rige técnicamente por criterios objetivos de audiencia, la Xunta interviene directamente en el mercado comprando masivamente ejemplares de los principales periódicos.

Estas miles de copias se distribuyen gratuitamente en colegios, institutos y dependencias administrativas, permitiendo a las empresas editoras inflar artificialmente sus números de venta y lectores. Este círculo vicioso garantiza que los mismos grupos mediáticos que reciben el favor gubernamental puedan justificar legalmente la percepción de mayores ayudas en el ejercicio siguiente, bloqueando la entrada de nuevos actores y asfixiando a los medios que optan por la independencia o por el uso exclusivo de la lengua gallega, los cuales reciben apenas una fracción marginal del presupuesto total.

Gracias a este flujo constante de dinero, en Galicia sobreviven en la actualidad una docena larga de cabeceras de papel —una cifra desproporcionada para el tamaño de la comunidad—, la mayoría de ellas con tiradas minúsculas.

La captura mediática en Galicia no se limita a la prensa escrita; tiene en la CSAG su mayor buque insignia de propaganda y un canal indirecto de financiación para el sector privado afín. La televisión pública ha sido denunciada reiteradamente por su utilización obscena como instrumento de partido, llegando al extremo de reproducir textualmente en sus informativos el argumentario del Partido Popular y ocultar sistemáticamente cualquier noticia que pueda perjudicar al gobierno.

La dependencia económica de los medios privados tiene consecuencias directas sobre la formación de una opinión pública libre y el derecho fundamental a recibir información veraz. Los convenios que firma la Xunta con los grandes medios comprometen seriamente la independencia editorial. Bajo la cobertura de contenidos de interés general, se cuelan reportajes patrocinados que promueven una percepción favorable de la situación económica o avalan proyectos industriales controvertidos, como la minería o las macroinstalaciones energéticas, convirtiendo a los periódicos en meros altavoces de la administración. 

Este sistema de compraventa de información genera un efecto anestesiante sobre la sociedad gallega, donde los grandes escándalos son desenfocados o directamente ocultados para proteger al poder político.

El ejemplo más paradigmático de este silenciamiento mediático se produjo tras la publicación, en las páginas de El País, de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. La respuesta del engranaje de la Xunta fue inmediata: una inyección masiva de fondos a través de subvenciones que sirvió para acallar definitivamente el asunto en la prensa autonómica, garantizando que un escándalo de dimensiones nacionales tuviera un impacto limitado en el electorado gallego.

Este tipo de intervenciones demuestra que el dinero público no se utiliza para fomentar el pluralismo, sino para construir un blindaje mediático que permite a los dirigentes sestear en el poder al margen del control social. El resultado es una democracia dopada, donde el partido en el gobierno acude a las elecciones con una ventaja injusta proporcionada por los medios que él mismo sostiene con el dinero de todos.

La situación de Galicia es especialmente grave si se compara con otros territorios con lenguas propias en España y con los estándares europeos. Mientras que comunidades como Cataluña o el País Vasco destinan presupuestos millonarios específicamente para proteger la prensa en su idioma, en Galicia los medios escritos íntegramente en gallego sobreviven con migajas, obligados a competir en igualdad de condiciones de audiencia con los grandes emporios escritos en castellano que cuentan con el respaldo incondicional de la administración.

Esta asimetría ha llevado a organismos internacionales como la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minorizadas (Midas) a calificar la situación gallega como la peor de toda Europa en materia de protección de la prensa en lenguas minorizadas.

En la actualidad, este modelo de gestión opaca choca frontalmente con la normativa europea. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige que las administraciones publiquen con absoluta transparencia todas las transferencias financieras a las corporaciones editoriales y que el reparto se base en criterios científicos y no discrecionales.

Galicia, sin embargo, carece de una ley autonómica de publicidad institucional que regule de manera transparente este reparto, después de múltiples promesas incumplidas de los sucesivos presidentes de la Xunta. La ausencia de un registro de medios independiente y la falta de datos detallados sobre cuánto dinero recibe exactamente cada cabecera y por qué conceptos sitúan a Galicia en una posición de rebeldía frente a las directrices comunitarias destinadas a proteger la independencia de la prensa frente a la injerencia estatal.

La captura de los medios en Galicia, que nació con Manuel Fraga en la Presidencia y se consolidó después con Feijóo al frente de la Xunta, se ha convertido, a lo largo de 40 años, en un sistema de corrupción legalizada que ha pervertido las reglas del mercado y ha erosionado la calidad democrática de la comunidad. Al convertir a los periódicos en dependientes de la subvención y del contrato menor, se ha destruido el incentivo para el periodismo de investigación y la fiscalización del poder.

En 2024, RTVE vivió un año de inestabilidad institucional casi sin precedentes: tuvo tres presidencias distintas —Elena Sánchez, destituida el 26 de marzo tras la crisis por el fichaje de David Broncano; Concepción Cascajosa, elegida al día siguiente como interina y con poderes ejecutivos plenos desde mayo por aval del Tribunal Supremo; y José Pablo López, nombrado por el Congreso el 28 de noviembre con mandato fijo de seis años—, además de una reforma legal de fondo,que amplió el consejo de administración de 10 a 15 miembros, rebajó la mayoría necesaria para elegirlos y cambió la retribución de los consejeros de dietas simbólicas a sueldos fijos de entre 105.000 y 125.000 euros anuales. 

Todo ello mientras el coste neto del servicio público subía a 1.194,87 millones de euros (123,7 millones más que en 2023) y el pluralismo informativo se deterioraba en varios de sus programas insignia, según el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE durante 2024. 

Según el regulador, que por ley está obligado a supervisar a RTVE, cada ciudadano pagó aquel año de media 2,01 euros al mes por el sostenimiento de RTVE, 18 céntimos más que en 2023. Y la deuda pendiente de cobro con la Agencia Tributaria, que paralizó las devoluciones del IVA soportado, pasó de 530,6 a 606,5 millones de euros entre ambos ejercicios.

La cifra tiene el valor que tiene, porque se refiere a la RTVE de hace dos años, en la que el nuevo modelo dirigido por José Pablo López apenas había comenzado su andadura, pero el informe otorga a la corporación una puntuación global de 3,09 sobre 4, lo que supone un cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de servicio público durante 2024, tal y como las fija el Mandato-marco y la normativa audiovisual. Es una nota que se reparte entre 3,04 para las obligaciones de servicio público, 3,01 para los contenidos programáticos, 3,16 para la promoción cultural y 3,67 para la gestión interna.

La CNMC reprocha a Radio Nacional de España que ese año mantuviese, una vez más, su negativa a facilitar al supervisor ningún dato sobre el reparto de tiempo de palabra entre Gobierno y oposición en sus informativos. El propio informe lo describe como un incumplimiento de la obligación de pluralismo político.

En televisión, los datos dibujan un panorama desigual según el programa. Los informativos diarios de TVE se acercaron al equilibrio en 2024, con un 50,20% de tiempo de palabra para el Gobierno frente al 49,80% de la oposición. Un año antes, la diferencia había sido de siete puntos a favor del Ejecutivo.

Ese acercamiento, en cambio, no se repite en otros espacios. En Informe Semanal, el Gobierno concentró en 2024 el 68,26% del tiempo de palabra frente al 31,74% de la oposición. La diferencia, de más de 36 puntos, creció 7,78 puntos respecto al año anterior.

En La hora de La1, la presencia del Ejecutivo pasó del 50,90% al 60,12% en un solo año. En cambio, en La noche en 24 horas la oposición se mantuvo en ventaja, con el 54,49% de la presencia frente al 45,51% del Gobierno.

De los cinco principios que exige el Mandato-marco a la actividad informativa de RTVE, dos obtienen las peores notas de todo el informe. El rigor logra un 1,86 sobre 4 y la imparcialidad, un 2,23. Son las puntuaciones más bajas del documento. El informe basa esas dos puntuaciones en un análisis cualitativo de casos concretos detectados durante el año, no en una fórmula numérica como la del tiempo de palabra. 

Entre los episodios que cita el documento están la edición de unas declaraciones de agricultores en una protesta, que suprimió parte del contenido crítico; las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo emitidas sin contexto suficiente; una entrevista al fiscal general del Estado señalada por falta de neutralidad; la polémica de Inés Hernand en la gala de los Goya; un comentario de Anne Igartiburu sobre Aida Nízar; y el silencio de RNE ante la dimisión de la periodista Montserrat Boix, que la cadena no informó. A partir de esa acumulación de incidentes, la CNMC concluye que el rigor y la imparcialidad son los dos principios peor cumplidos de todo el informe.

Para valorar independencia, neutralidad, imparcialidad y rigor, la CNMC no investiga por su cuenta, sino que “analiza los informes de los Consejos de Informativos de TVE, RNE (...) y Digital” y a partir de ahí selecciona “las más relevantes” de las denuncias internas que esos consejos ya habían presentado durante el año.

Los contenidos informativos ocuparon en 2024 el 22,79% de la programación de TVE y el 20,42% de la de RNE. Ambas cifras son las más bajas desde que la CNMC empezó a medirlas en 2021.

La corporación tampoco alcanzó el porcentaje de producción interna que exige el Mandato-marco para su oferta generalista. La norma fija un mínimo del 60% y RTVE se quedó en el 54,34% en 2024. Para los programas de género divulgativo y de entretenimiento, el objetivo del 55% se incumplió en los tres cuatrimestres del año, con un resultado del 46,10%.

En accesibilidad, Teledeporte necesitaba emitir 780 horas anuales con audiodescripción y sumó apenas 124,78. El propio informe reconoce que el canal se queda muy lejos de conseguir el mínimo exigido.

La emisión en lenguas cooficiales distintas del castellano se limitó, en los canales lineales, al catalán, con un 6,16% del tiempo. Euskera, gallego, valenciano y aranés no registraron ninguna emisión.

La Defensora de la Audiencia gestionó 14.550 comunicaciones durante el año, un 50% más que en 2023. Entre los motivos que explican el repunte figuran la cancelación de un programa de Radio Nacional y las quejas por falta de subtitulado y de audiodescripción, que se repiten cada año.

La plantilla de la corporación bajó de 6.904 a 6.770 empleados, la primera caída en tres años. El fomento de la igualdad de género, con una brecha salarial que se redujo del 6,30% al 3,90%, obtuvo aun así la segunda puntuación más baja de todo el capítulo dedicado a las obligaciones de servicio público.

El ejercicio que evalúa el informe fue, dentro de RTVE, un año de inestabilidad institucional. La corporación tuvo tres presidencias distintas y vivió una reforma legal que cambió las reglas con las que se elige a su cúpula directiva.

Elena Sánchez ejercía la presidencia interina desde septiembre de 2022. El Consejo de Administración la destituyó el 26 de marzo de 2024, tras una crisis interna motivada por el fichaje del presentador David Broncano y el cese simultáneo del entonces director de Contenidos, José Pablo López.

Al día siguiente, el Consejo eligió como presidenta interina a Concepción Cascajosa, para un mandato inicial de seis meses. En mayo, el Tribunal Supremo avaló una reforma de los estatutos que le otorgó poderes ejecutivos plenos, ante el bloqueo del propio órgano.

Para desatascar esta situación, el 22 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024, que modificó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La norma amplió el Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y rebajó la mayoría necesaria para elegirlos, de dos tercios a mayoría absoluta en segunda vuelta. Un cambio que hoy chocaría frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025.

El mismo decreto sustituyó el sistema de dietas de los consejeros, que rondaba los 11.000 euros brutos anuales por persona, por un sueldo fijo de 105.000 euros, ampliable hasta 125.000 con complementos. El coste conjunto del Consejo pasó de unos 100.000 euros al año a entre 1,5 y 2 millones.

El Congreso de los Diputados nombró a José Pablo López presidente el 28 de noviembre, por mayoría absoluta en segunda vuelta. Tomó posesión el 2 de diciembre, con un mandato fijo de seis años, lo que le garantiza estabilidad hasta el 2 de diciembre de 2030, pase lo que pase en las próximas elecciones generales. El Consejo de Informativos de TVE había rechazado, meses antes, la aplicación del decreto que rebajaba las mayorías para llevar a cabo la elección.

La CNMC certifica, de nuevo, la ausencia de un Contrato-Programa entre RTVE y el Gobierno y la falta de actualización del Mandato-marco, vigente desde 2007 y prorrogado desde 2016 sin que se haya aprobado uno nuevo. El regulador repite esta advertencia en cada informe anual desde hace años.

El apartado dedicado al plan estratégico de la corporación recibe en el documento la puntuación más baja de todo el análisis, 1 sobre 4, por la inexistencia de ese contrato.

Ya hay decisión. La semana pasada, la industria de la comunicación en España cerró uno de los capítulos más determinantes para su futuro económico y editorial con una decisión que, aunque técnica en apariencia, será determinante para el futuro de los medios que viven de la publicidad. La Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), tras una reunión extraordinaria y un proceso de deliberación publicitado como unánime, anunció que Comscore volverá a ser el medidor recomendado de las audiencias digitales en el mercado español. 

Comscore es una empresa norteamericana de medición y análisis de audiencias y consumo de medios en distintas plataformas, muy usada en el sector digital y publicitario. AIMC está integrada por diferentes grupos del sector —medios, anunciantes, agencias y consultoras—.

Para entender la magnitud de esta decisión, hay que recordar que el mercado de los medios de comunicación funciona como una gran plaza donde se compra y se vende atención y en la que el sistema de medición es la moneda oficial con la que se paga en cada puesto. Si la moneda está mal fabricada o no distingue el valor real de lo que se adquiere, toda la plaza termina distorsionada. 

Durante casi una década, esa moneda fue acuñada por Comscore, pero en 2021 el testigo pasó a manos de GfK DAM —una empresa controlada por una sociedad privada de capital riesgo con sede en Boston (Estados Unidos)—, cuyo contrato expiró recientemente, dejando un vacío que ahora Comscore vuelve a llenar con una propuesta renovada que promete adaptarse a las exigencias de transparencia y calidad que reclama el sector.

La relevancia de esta elección no es un simple asunto de despachos o de expertos en estadística, sino que afecta directamente a la sostenibilidad de los medios que consumimos cada día. 

El gran dilema que enfrentaba el concurso de la AIMC se puede explicar con una metáfora sencilla: imagina que eres un músico independiente. Cada vez que tocas en tu local de siempre, 100 personas compran entrada porque son fans de verdad: conocen tus canciones, te siguen desde hace años y vuelven concierto tras concierto. Pero además, una de tus canciones ha caído en una lista de éxitos que gestiona Spotify, y eso te genera 500 reproducciones diarias de gente que ni siquiera sabe tu nombre y que solo te escucha porque el algoritmo la puso ahí delante.

Si buscas un patrocinador para tu gira, le dirás que tienes 600 seguidores. Pero si un sello discográfico quiere saber si tu carrera es sólida a largo plazo, lo que de verdad le importa son esos cien fans fieles, porque los otros 500 dependen de que Spotify no cambie el algoritmo o decida destacar a otro artista mañana mismo.

Con los periódicos digitales pasa lo mismo: una web puede presumir de millones de visitas, pero si la mayoría llegan porque un algoritmo caprichoso de Facebook, Google o TikTok decidió mostrarlas ese día, esa audiencia es volátil y, en gran medida, prestada.

El reto que Comscore tiene por delante a partir de ahora es ser capaz de distinguir entre el “tráfico de calidad” y el simple “ruido” de clics accidentales. 

Hasta ahora, el mercado ha vivido una tensión constante entre dos formas de contar. Por un lado, sistemas como el de la antigua Comscore se centraban fundamentalmente en contar pantallas; es decir, ponían un contador en cada móvil, ordenador o tableta y registraban cada entrada, lo cual generaba el problema de que si una misma persona leía una noticia en el trabajo y luego la terminaba en el metro con su teléfono, el sistema la contaba como si fueran dos personas distintas, inflando los números totales. 

Por otro lado, sistemas como el de GfK apostaban por contar personas reales a través de un panel, una muestra de miles de individuos cuyos hábitos se estudiaban para calcular el comportamiento de toda la población, algo más parecido a lo que busca un anunciante, pero que a menudo dejaba invisibles a los medios más pequeños que no podían pagar por estar en ese estudio. 

El nuevo modelo que se ha aprobado busca ser un híbrido que combine lo mejor de ambos mundos: etiquetas técnicas instaladas en todas las webs para registrar cada visita y un panel de al menos 5.000 personas reales que permitan humanizar esos datos y saber quién está realmente detrás de cada pantalla.

La decisión de la AIMC llega en un momento de presión política y legislativa sin precedentes. No es solo que los anunciantes privados necesitan saber dónde ponen su dinero; es que el propio Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, ha dejado claro que el sistema de medición es una cuestión de responsabilidad democrática. 

El dinero de los ciudadanos, invertido en publicidad institucional para campañas de salud, seguridad vial o información de trámites, no puede distribuirse basándose únicamente en el volumen bruto de clics. El Gobierno ha argumentado que un sistema que trata por igual a un lector que dedica tres minutos a comprender una nueva ley de vivienda y a un usuario que simplemente pasa de largo frente a un anuncio mientras hace scroll infinito en una red social no está midiendo eficacia, sino ruido. 

Por eso, el nuevo contrato con Comscore debe alinearse con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), que exige que los sistemas de medición sean transparentes, imparciales y que publiquen sus metodologías de forma abierta para evitar que se conviertan en “cajas negras” opacas donde nadie sabe cómo se cocina el dato final.

Para ganar este concurso, Comscore ha tenido que presentar una evolución tecnológica significativa que atienda a las nuevas realidades del consumo. Una de las grandes novedades es la incorporación de la medición de audiencias en la televisión conectada (Connected TV), un entorno que hasta ahora era difícil de rastrear con precisión. 

Además, la compañía se ha comprometido a ofrecer una mayor granularidad regional, desglosando los datos por comunidades autónomas y provincias, algo vital para los medios de proximidad que vertebran el territorio y que a menudo quedan sepultados bajo las grandes cifras de los medios nacionales. 

Para garantizar la fiabilidad de este nuevo panel de internautas españoles, Comscore contará con la colaboración de Kantar Insights, buscando así una robustez metodológica que convenza a un sector que se juega su supervivencia en este tablero. La idea es que el mercado pueda “desmontar” el número total de un medio para ver cuánto de ese tráfico es directo (gente que busca el medio activamente) y cuánto es prestado por plataformas externas.

Algunos sectores de la industria, especialmente los editores agrupados en asociaciones como CLABE, habían advertido sobre los riesgos de mezclar el tráfico que llega de redes sociales con el generado por el propio prestigio editorial del medio. 

Existe el temor de que, si el sistema no es lo suficientemente fino, se acabe premiando el sensacionalismo o incluso a influencers ajenos al periodismo que algunos medios solo usan para engordar las métricas de forma artificial para atraer publicidad. 

La profesora Ana Isabel Rodríguez, experta en audiencias de la Universidad de Santiago de Compostela, consultada por infoLIbre, subraya que la transparencia no puede ser un lujo solo para los grandes grupos de comunicación que tienen representantes en el Comité Técnico Digital que evalúa estos procesos. Los medios pequeños y locales, que no tienen recursos para auditar por su cuenta estas cifras, necesitan que el sistema sea justo por defecto y que los costes de acceso sean asumibles para evitar que la medición actúe como una barrera que los haga invisibles ante los anunciantes de su propia región.

El impacto de esta decisión de la AIMC se extenderá al menos durante los próximos tres años, con posibilidad de prorrogarse hasta cinco, marcando las reglas del juego de la segunda mitad de esta década. Es un periodo crítico en el que se decidirá qué tipo de periodismo sobrevive: aquel que se dedica a cazar clics vacíos para sobrevivir en un sistema de agregación pura, o aquel que cultiva una relación de lealtad con su público. 

El propio documento remitido por el Gobierno a la AIMC sugería que el éxito de una campaña de comunicación no debería medirse por cuánta gente la ve, sino por cuánta gente la comprende o cambia su comportamiento tras verla; una campaña de vacunación que llega a 20 millones de personas pero no convence a nadie es un fracaso absoluto, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. 

Este enfoque orientado al impacto y a la atención real es el que el nuevo sistema de Comscore está llamado a facilitar, permitiendo a los anunciantes y a las administraciones públicas distinguir entre la profundidad de una lectura pausada y la superficialidad de un impacto fugaz.

Un detalle relevante en este nuevo contrato es la cláusula que permite que, al finalizar el periodo de adjudicación, la propiedad del panel de medición pueda pasar a ser de la propia AIMC, dejando a la empresa tecnológica solo como un gestor técnico. 

Este es un paso hacia la soberanía de los datos por parte de la industria española, tratando de reducir la dependencia indefinida de empresas privadas extranjeras y asegurando que la infraestructura sobre la que se asienta el mercado publicitario sea un bien común del sector. 

Como bien señalaba la metáfora de la panadería, no se trata solo de contar cuántas personas pasan por la puerta, sino de saber quiénes son, por qué vienen y si volverán mañana. 

La vuelta de Comscore no es, por tanto, un simple regreso al pasado, sino una apuesta por un modelo que debe demostrar que es capaz de proteger el valor editorial frente a la volatilidad de los algoritmos y garantizar que el periodismo real, el que informa y forma a la ciudadanía, tenga un peso medible y valorado en el ecosistema digital español.

Francisco Conde preside desde octubre de 2025 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una de las más apacibles de la Cámara baja. Y ocupa un escaño discreto en el hemiciclo, en las filas del grupo parlamentario del PP. Pero antes de aterrizar en Madrid como cabeza de lista del PP por Lugo, pasó casi once años al frente de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, primero como conselleiro y después como vicepresidente. En ese cargo firmó algunas de las operaciones más costosas y menos transparentes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Conde, nacido en Monforte de Lemos (Lugo) en 1968, no encaja en el perfil de político de partido. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a la Xunta en 2009 como asesor económico de Feijóo, a quien conocía de sus años compartidos en Madrid. No tuvo carné del PP hasta bien entrada su etapa como conselleiro, en 2012. Su vínculo con el partido empieza y acaba en el propio Feijóo, al que ha estado unido por una estrecha amistad que durante mucho tiempo incluyó incluso vacaciones familiares compartidas.

El suyo es un perfil antitético, por ejemplo, del de Miguel Tellado, otro peso pesado del PP gallego que también dio el salto a Madrid. Tellado es un hombre de aparato, negociador duro, experto en exabruptos y encargado habitual de las tareas orgánicas más delicadas del partido, primero en Galicia y ahora en toda España. Conde, en cambio, es un economista de despacho, discreto, que rehúye la confrontación pública y al que nadie recuerda subiendo el tono en una intervención pública.

Esa discreción, sin embargo, no ha impedido que su nombre haya acabado en el centro de varias de las decisiones económicas más discutidas de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta.

En 2018, la Consellería de Economía dirigida por Conde autorizó, a través de Xesgalicia y el Igape, dos organismos públicos que dependen de esa consellería y que él mismo presidía, un préstamo de 2,5 millones de euros a la editora de El Correo Gallego, diario afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga. El consejo de administración del periódico reconocía entonces por escrito una situación de quiebra.

Un auto judicial firmado el pasado 20 de mayo por la magistrada Ana López-Suevos, al que ha tenido acceso infoLibre, recoge que José Manuel Rey Novoa, entonces máximo responsable del periódico, presumía ante su propio Consejo de Administración de que la Xunta tenía “voluntad” de “aliviar la mochila financiera” del diario. En esas mismas actas, quedó registrado cómo Rey Novoa afirmaba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para lograr el crédito. Rey Novoa es, como Conde, natural de Monforte de Lemos, una población de menos de 20.000 habitantes que hace las veces de centro económico y social del sur de la provincia de Lugo.

El dinero concedido por la Xunta de Feijóo, con la firma de Conde, permitió a Editorial Compostela saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero la deuda con la plantilla siguió creciendo hasta los 4,7 millones de euros en el año 2020. El periódico entró en concurso de acreedores en 2022 y acabó en manos del grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones.

En la actualidad, está en marcha un procedimiento judicial contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, pero no por tráfico de influencias. El juicio no se celebrará hasta 2027. El Fondo de Garantía Salarial tuvo que adelantar 1,8 millones de euros a los extrabajadores del diario, de los que solo ha recuperado 138.231 euros.

Conde fue también el hombre de la Xunta en la negociación con la petrolera estatal mexicana Pemex, presentada en 2012, justo antes de las elecciones de aquel año, como una “alianza estratégica” para la industria naval gallega. El acuerdo preveía la construcción de dos floteles y catorce remolcadores en los astilleros Barreras de Vigo, además de una terminal de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña.

Solo se construyeron dos barcos. Barreras entró en concurso de acreedores. Varios directivos de Pemex que negociaron el acuerdo, entre ellos Emilio Lozoya, fueron procesados en México por blanqueo de capitales y pago de sobornos. Todo quedó en un enorme fracaso, pero para entonces las elecciones ya habían pasado.

En paralelo, Conde gestionó la salida de la crisis financiera de las cajas gallegas. Novagalicia Banco, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, recibió 9.050 millones de euros públicos para su rescate. En diciembre de 2013, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet la compró por 1.003 millones y la convirtió en lo que hoy es Abanca. Los 8.000 millones restantes son dinero público que nunca se ha recuperado.

Los cuatro gestores que pilotaron la fusión terminaron imputados. Dos de ellos ingresaron en prisión por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la entidad se hundía y pedía dinero público. Conde tuvo que enfrentarse además a las protestas de los afectados por las preferentes, un producto financiero híbrido, a medio camino entre la deuda y las acciones, que acabó privando de sus ahorros a miles de personas.

La última gran operación de Conde al frente de la Consellería de Economía tampoco ha sido transparente. En 2021 firmó, como presidente de Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por la Xunta para captar fondos europeos, un memorando de entendimiento con la papelera portuguesa Altri para instalar una fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

La Xunta controlaba entonces el 48,2% de Impulsa Galicia a través de su participación directa y de sus otros socios, Abanca, Reganosa y Sogama. Pese a ese control, el Gobierno gallego sigue negando el acceso al memorando alegando que Conde no lo firmó como conselleiro, sino como representante de una entidad privada en un “negocio jurídico privado”.

La sociedad se disolvió en 2023, ya con Conde fuera de la Xunta, y su papel lo asumió Recursos de Galicia. El proyecto de Altri en Palas de Rei que generó un fuerte rechazo social en las comarcas afectadas, fue archivado definitivamente el viernes pasado.

Conde ha combinado esa gestión, llena de claroscuros, con un discurso constante contra el Gobierno central. Achacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no dar respuesta a las prioridades de Galicia” y calificó de “verdadera chapuza” el reparto del Perte del vehículo eléctrico, del que depende buena parte de los 25.000 empleos que genera el sector del automóvil en Galicia, con la fábrica de Stellantis en Vigo como principal activo.

El mismo conselleiro que reclamaba una rebaja fiscal para “dinamizar el tejido productivo” fue quien defendió la reforma laboral de 2012 y tachó de “estética” la presencia de la ministra Yolanda Díaz en la manifestación del Primero de Mayo de 2022. Su agenda, de inspiración liberal y alejada del intervencionismo, convivió con la gestión de un concurso eólico anulado que generó indemnizaciones y sentencias en contra, hasta que la propia Xunta acabó renunciando a ser socia mayoritaria en las empresas del sector.

Antes de hacerse amigo de Feijóo y entrar en política, Conde había desarrollado una carrera en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), formada por católicos laicos pero vinculada a la Conferencia Episcopal. Allí fue profesor de Estructura Económica entre 1995 y 2009 y llegó a vicerrector de Relaciones Internacionales. Su padre, César Conde, dirigió la sucursal de Caixa Galicia en Monforte y fundó una de las primeras autoescuelas de la comarca de Lemos. A su mujer, la periodista Cruz Martínez, corresponsal desde hace 30 años de la Radio Galega en Madrid —la emisora pública controlada por la Xunta—, la conoció dándole clases de conducir.

Su familia, su mujer y sus dos hijos, siguió residiendo en Madrid durante los años en que él ejerció como conselleiro en Santiago. Conde viajaba casi todos los fines de semana a la capital, una doble vida que él mismo ha reconocido como la parte más dura de su etapa gallega.

Pese a su cercanía personal con Feijóo, nunca entró en las quinielas para sucederle al frente de la Xunta, papel que recayó en Alfonso Rueda. Tampoco él se movió para disputar esa pugna. Su ascenso ha sido siempre el de un gestor, no el de un candidato.

Fue el propio Rueda quien, al asumir la presidencia de la Xunta en 2022, reivindicó su continuidad llamándolo “Paco” en público y calificándolo de “imprescindible” para el Gobierno gallego. Conde tuvo entonces la opción de volver a Madrid de la mano de Feijóo, que ya lo había incorporado a la dirección nacional del PP, pero optó por quedarse un año más al frente de la vicepresidencia económica.

Esa doble vida entre Madrid y Galicia terminó en 2023, cuando Feijóo lo designó como cabeza de lista del PP por Lugo al Congreso, con la vista puesta, según la mayoría de los observadores, en situarlo en el Consejo de Ministros o a su lado en Moncloa tras una victoria electoral que en la calle Génova daban por segura. Hoy, con el PP en la oposición, preside la Comisión de Defensa, es portavoz de la Comisión de Industria y Turismo y forma parte de las comisiones de Economía, Comercio y Transformación Digital y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El sueldo mínimo de un diputado que preside una comisión y fue elegido por una circunscripción distinta de Madrid ronda los 7.000 euros mensuales en catorce pagas, unos 100.000 euros al año. Sin contar la asignación como portavoz que le haya concedido el partido, que se desconoce porque su declaración de ingresos en el Congreso sólo incluye datos de 2022.

Conde forma parte de ese grupo de incondicionales que siguieron a Feijóo desde Galicia y del que forman parte también los diputados Pedro Puy y Rosa Quintana, así como su círculo más estrecho de confianza: el secretario general del partido, Miguel Tellado; Mar Sánchez, su mano derecha desde los tiempos de Correos; Luis de la Matta, director de comunicación, y Marta Varela, asesora y redactora de discursos, además de Álvaro Ortiz, especializado en Derecho y coordinador parlamentario. Todos ellos, salvo De la Matta, ocupan hoy un escaño en la Cámara Baja.

El Grupo UDEF II de la Policía Nacional en A Coruña entregó el 13 de octubre de 2022 al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela un informe de 67 páginas sobre la financiación pública que la Xunta de Galicia canalizó hacia el diario El Correo Gallego a través de Xesgalicia, la gestora de capital riesgo de la propia Xunta, en el que queda claro que la concesión de 2,5 millones al periódico, que ya estaba en quiebra, nunca debió haberse realizado. 

El documento se incorporó a las diligencias previas 185/2022 abiertas contra los responsables del periódico mediante una providencia de la magistrada Ana López-Suevos, que se limitó a unir el escrito a la causa y darle traslado a las partes personadas, sin adoptar ninguna medida contra la Xunta.

No obstante, el informe policial reconstruye, con las actas originales del consejo de administración de Xesgalicia, cómo se aprobaron 2.500.000 euros para Editorial Compostela SA , la empresa que entonces editaba El Correo Gallego —hoy en manos del grupo editorial Prensa Ibérica—, en plena crisis financiera de la cabecera. Y documenta que, semanas antes de esa aprobación, un informe de riesgo ya incorporado al expediente de Xesgalicia advertía de que la empresa tenía casi un 63% de probabilidades de no devolver el dinero.

Editorial Compostela cerró 2017 con una cifra de negocio de 5,95 millones de euros, un resultado neto de solo 87.000 euros y un activo total de 28,5 millones. La plantilla había pasado de 156 empleados en 2016 a 91 en 2017, tras una renegociación de la deuda financiera que en 2016 ya había supuesto quitas de 4,6 millones de euros.

Pese a ese ajuste, el grupo arrastraba una deuda financiera de 17,2 millones de euros, con Abanca como principal acreedor, con préstamos por 11,8 millones y pólizas de crédito por 1,2 millones. El grupo tenía siete nóminas pendientes de pago a sus trabajadores, una deuda con antiguos empleados de 4,4 millones y una deuda con administraciones públicas de 2,2 millones. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –un organismo público de la Xunta diseñado para servir de cauce a la concesión de ayudas, préstamos, avales e instrumentos de financiación a las empresas gallegas– avalaba, además, el 40% de un préstamo de 3 millones.

La dirección del Igape encargó a Deloitte una revisión independiente del plan de negocio, entregada el 23 de abril de 2018. El informe hablaba de una “grave crisis de liquidez” y advertía de que, sin una inyección de dinero fresco, la empresa entraría en concurso de acreedores. Esa inyección dependía, sobre todo, del apoyo institucional de la Xunta a través de Xesgalicia, por 2,5 millones de euros.

Xesgalicia no dijo que sí a la primera. El informe de la UDEF recoge que la gestora pública trasladó inicialmente un rechazo a la propuesta de reestructuración, porque en un escenario de caída de ingresos publicitarios la empresa no podría devolver la deuda.

Para reforzar su solicitud, la dirección de Editorial Compostela aportó contratos de arrendamiento y convenios que, según constató la UDEF a partir de datos de Hacienda, no tuvieron ninguna facturación real entre 2018 y 2022. Los investigadores concluyen que esos documentos, con la Universidad Liberquaré, con Farma Soluciones, con Besteiro Servicios Audiovisuales y con el Grupo Quatrium, se aportaron para inflar los ingresos futuros del grupo y facilitar la entrega del préstamo.

El 17 de septiembre de 2018, mientras Xesgalicia tramitaba la operación, quedó incorporado a su propio expediente un informe de la agencia de calificación Axesor sobre Editorial Compostela. Es el documento que la UDEF describe como determinante para entender lo que sucedió después.

El informe concluye que la sociedad tenía “una situación muy próxima a la insolvencia”, con una posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones de pago del 62,86%. Le asigna una puntuación de un punto sobre diez y la declara de “máximo riesgo de impago”.

Axesor detalla los motivos. Editorial Compostela mostraba un comportamiento irregular en ficheros de morosidad, no atendía puntualmente sus obligaciones, y sus fondos propios representaban solo el 3,71% del total de sus fuentes de financiación. El nivel de efectivo y activos líquidos era reducido, y la empresa tenía difícil acceso a nueva financiación para el corto plazo.

La recomendación del informe era muy simple: “No se aconseja realizar operaciones con esta entidad”. Axesor fijaba la cantidad de crédito comercial recomendada en 0 euros, frente a una media sectorial de 719.430 euros para empresas de tamaño similar.

El propio informe de la UDEF, al reconstruir esta parte del expediente, lo resume sin rodeos: “Era obvio que la situación financiera de la empresa no aconsejaba la concesión de un préstamo por el alto nivel de impago que existía, como así resultó”, escribe el inspector jefe del grupo policial que lo redactó.

El análisis de riesgo incluía también un mapa de las empresas vinculadas a Editorial Compostela. Xeogal Publicacións SL recibía la calificación de riesgo máximo, Código Televisión SL y Anova Multiconsulting SA quedaban en riesgo moderado, y solo CTVSA se libraba con un riesgo mínimo.

Pese a ese informe, el proceso interno de Xesgalicia siguió adelante. El comité de dirección informó favorablemente el 24 de septiembre de 2018 elevar la propuesta al consejo de administración. Al día siguiente, el 25 de septiembre, el propio comité de dirección aprobó por unanimidad someter la operación al consejo, en una reunión a la que asistió Francisco Conde López, entonces conselleiro de Economía de la Xunta y presidente del consejo de administración de Xesgalicia, que más tarde asumiría también la vicepresidencia de la Xunta.

Pero la aprobación definitiva no llegó en una sesión del consejo. Llegó por escrito. El acta número 217 del consejo de administración de Xesgalicia, fechada el 23 de noviembre de 2018, recoge que la concesión del préstamo se decidió “mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión”. 

Ninguno de los consejeros citados, entre ellos el propio Francisco Conde, un representante del Igape y varios vocales de la Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, expresó su oposición.

Dos días antes, el 21 de noviembre de 2018, un documento interno titulado Procedimiento de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión del consejo de administración de Xesgalicia explica por qué se optó por esa vía. El texto señalaba que, “siguiendo instrucciones del presidente del consejo de administración del Xesgalicia —el propio Conde— y por razones de urgencia, se ha decidido proponer la adopción del acuerdo de concesión” del préstamo mediante votación escrita, sin convocar una sesión presencial del órgano.

El préstamo, de hasta 2.500.000 euros, se concedió con garantías, un vencimiento fijado en el 31 de diciembre de 2022, una carencia de amortización hasta el 31 de diciembre de 2020 y un interés del Euribor trimestral más cuatro puntos porcentuales.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno que entonces presidía el hoy líder del PP no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del diario.

En esas mismas actas, que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

Al revisar toda la documentación entregada por Xesgalicia, la UDEF hizo una observación adicional sobre el estado del expediente. Los investigadores constataron que Xesgalicia “no disponía de un expediente escrito unificado y aparentemente completo”, y que se encontraron más documentos en el contenido informático facilitado que en la documentación en papel entregada inicialmente.

Esa falta de un expediente único es, según el propio informe, la razón por la que hubo que cruzar el material en papel con las carpetas digitales para reconstruir el proceso completo de aprobación del préstamo, incluida la fecha exacta en la que se incorporó el informe de riesgo de Axesor.

El expediente policial recoge otro indicio que apuntaba en la misma dirección que el informe de Axesor. En el informe de auditoría de las cuentas de 2019, la firma ACR Auditors Group se negó a emitir una opinión sobre las cuentas anuales de Editorial Compostela, “debido al efecto muy significativo” de las cuestiones que describía en su informe.

Un año después, el 31 de agosto de 2020, el auditor independiente Crowe llegó a la misma conclusión sobre las cuentas de 2019. La denegación de opinión se basaba en saldos de 2.681.483 euros que la auditora consideraba de dudoso cobro, una cifra que, de eliminarse, dejaría el activo y el patrimonio neto de la empresa sobrevalorados. La propia nota de la auditoría advertía de que la sociedad se encontraba en causa de disolución.

El deterioro no se detuvo con el préstamo. La UDEF recoge que, en octubre de 2020, la deuda de Editorial Compostela con su plantilla ya ascendía a 4,7 millones de euros, “el talón de Aquiles” de la empresa, según la expresión que el propio administrador, José Manuel Rey Novoa, empleaba para describir la situación.

Los hechos posteriores confirman la advertencia de Axesor. Según consta en el informe, Editorial Compostela nunca atendió ninguna de las amortizaciones del préstamo, la primera de las cuales vencía el 31 de diciembre de 2020. Solo pagó intereses hasta el devengo del 31 de diciembre de 2019, por un total de 88.104,97 euros.

Desde diciembre de 2019, poco después de cumplirse un año de la concesión del crédito, la empresa dejó de pagar. Xesgalicia envió una primera carta reclamando el impago el 3 de diciembre de 2020, por 20.416,44 euros. Una segunda carta, del 17 de junio de 2021, elevaba la deuda reclamada a 264.434,56 euros. Ante la falta de respuesta, el 7 de febrero de 2022 el expediente pasó a los servicios jurídicos de Xesgalicia para iniciar la reclamación judicial.

El 21 de marzo de 2022, el departamento financiero de Xesgalicia reclamó formalmente 1.130.715,17 euros, de los cuales 950.000 euros correspondían a amortizaciones de capital no atendidas desde diciembre de 2020, y el resto a intereses devengados y no pagados.

Editorial Compostela entró después en concurso de acreedores. En ese procedimiento, según el informe de la UDEF, Xesgalicia reclamó la totalidad del préstamo concedido más los intereses pendientes, por un importe total de 2.712.245,22 euros. Pero nunca se personó en la causa penal que se sigue contra Rey Novoa en un juzgado de Santiago.

La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

La Corporación RTVE justifica la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE) como una obligación legal derivada de denuncias graves por acoso laboral y mala praxis interna, y no como una decisión arbitraria contra el Consejo de Informativos.

En respuesta a un comunicado de este órgano, que representa a los trabajadores de la radio pública y que ha merecido el respaldo de los consejos del resto de empresas de la Corporación —RTVE, TVE y RTVE.es— y de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF), la dirección de los medios públicos estatales advierte de las consecuencias que puede tener para futuras víctimas de acoso la exposición pública a la que algunos medios han sometido a las denunciantes y reivindica que el proceso se desarrolle con garantías jurídicas, protección de las personas afectadas y disposición al diálogo con los órganos de representación profesional.

El texto, difundido este martes por RTVE horas después de haber declinado hacer declaraciones sobre este asunto, responde a “las informaciones publicadas en los últimos días” sobre la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de RNE.

RTVE enmarca el asunto en un plano procedimental y legal, subrayando que los pasos que se han dado responden a denuncias concretas y a obligaciones formales de actuación. Los procedimientos abiertos, argumenta, no se explican por una “decisión arbitraria”, sino por una “doble vía de investigación” derivada de denuncias por acoso laboral y por presuntas irregularidades internas en el propio Consejo de Informativos de RNE.

RTVE detalla que existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de la emisora pública, que han sido sometidas a un informe técnico preceptivo elaborado por una entidad externa especializada.

Según la Corporación, ese informe externo habría validado “la gravedad de los hechos”, circunstancia que, de acuerdo con el comunicado, activa una obligación legal para la Dirección de Recursos Humanos de tramitar los expedientes disciplinarios correspondientes.

En paralelo a las denuncias de acoso, el comunicado añade una segunda vía: las denuncias por “mala praxis en el propio Consejo de Informativos de RNE”. En este punto, RTVE explica que dos miembros del actual Consejo de Informativos han trasladado a la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del órgano, lo que ha llevado a remitir el expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para una investigación oficial.

Uno de los elementos más sensibles que aborda el comunicado es la intervención de la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo, un órgano integrado por representantes sindicales. RTVE reconoce que esta comisión “no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta”, un dato que apunta a la ausencia de consenso entre los sindicatos respecto a las denuncias analizadas.

No obstante, la Corporación sostiene que la falta de un dictamen sindical no invalida las actuaciones ya practicadas ni limita las competencias de Recursos Humanos, que mantiene “intactas” sus competencias legales para proseguir el procedimiento. Con este razonamiento, RTVE reivindica un margen de actuación propio, más allá de la posición que puedan adoptar los representantes sindicales en el seno de la Comisión de Acoso.

RTVE trata de desmentir la idea de que el conjunto del Consejo de Informativos de RNE sea el objetivo de la actuación disciplinaria. La Corporación afirma que “los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución”, del que dice respetar “absolutamente” su papel, y precisa que lo que se investiga son “denuncias de hechos concretos sobre personas concretas”.

A partir de ahí, la Corporación lanza un mensaje de alcance más general: “Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria”.

El comunicado subraya que la apertura de un expediente disciplinario “no es una sanción ni prejuzga culpabilidades”, sino la herramienta legal prevista en el Convenio Colectivo para ordenar el proceso de alegaciones y defensa de los afectados. RTVE encuadra la figura del expediente como un mecanismo que permite a las personas implicadas “aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas”.

El pasaje más crítico del comunicado se dirige contra la “difusión interesada” del caso, que, según RTVE, ha llegado “al extremo de filtrar y publicar el nombre de las denunciantes”. La empresa lamenta que se hayan realizado “afirmaciones parciales” sin recoger el punto de vista ni los argumentos de estas trabajadoras, lo que, a su juicio, ha provocado “un nuevo señalamiento” de personas que “solo pedían amparo”.

RTVE advierte de que esta exposición pública lanza “un peligroso mensaje” al resto de la plantilla, en la medida en que puede disuadir a cualquier persona que en el futuro sufra una situación de presunto acoso. En concreto, RTVE expresa su preocupación por que se genere en la plantilla “miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública”, conectando así la gestión del caso con un posible efecto disuasorio sobre futuras víctimas.

La empresa asegura que “la Dirección mantendrá siempre la vía del diálogo abierta”, aunque establece una “premisa innegociable”: que la protección de las denunciantes y el respeto a los procedimientos legales “deben quedar salvaguardados”.

La dirección de los medios públicos estatales, al frente de la cual está Juan Pablo López, plantea que un proceso de interlocución “constructivo” exige, manteniendo “absolutamente” la presunción de inocencia, un acercamiento a las denunciantes, cuyo relato no se considera “falso o infundado” a la luz del informe externo, así como el conocimiento de sus motivaciones. Además, reclama “el restablecimiento inmediato de las normas fundamentales de convivencia en el entorno de trabajo”.

El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto sustituye a la norma vigente desde 1982 y queda ahora en manos del Congreso de los Diputados, que deberá tramitarlo como ley orgánica, lo que exige mayoría absoluta en el pleno.

El texto que llega ahora a la Cámara Baja no es exactamente el mismo que el Consejo de Ministros aprobó como anteproyecto el 13 de enero. El Ministerio de Presidencia ha incorporado cambios tras el trámite de información pública.

Tres de esos ajustes son los más relevantes para entender qué cambia respecto al borrador de enero.

La ley considera intromisión ilegítima el uso o la difusión de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista. Esa definición ya estaba en el anteproyecto de enero y se mantiene intacta.

También se mantiene la excepción para las personas con cargo público o proyección pública cuando su imagen o voz ultrarrealista forme parte de una obra o programa satírico, artístico o de ficción.

Lo que cambia es la condición para acogerse a esa excepción. El anteproyecto de enero obligaba, en todo caso, a que el responsable de divulgar la obra hiciera pública la existencia del contenido generado o manipulado con inteligencia artificial. El proyecto que llega ahora al Congreso limita esa obligación a los casos en los que el contenido pueda inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico.

En la práctica, un vídeo satírico con la voz clonada de un político que resulte evidentemente paródico ya no tendría que advertir de que ha sido generado con inteligencia artificial. La obligación de etiquetado solo se activará cuando exista riesgo real de confusión sobre su autenticidad. Decidir la frontera entre un caso y el otro quedará en manos de los jueces si alguien decide denunciar porque se considera afectado.

El segundo cambio afecta al artículo que regula la tutela judicial. El proyecto añade que, cuando la lesión del honor, la intimidad o la imagen sea consecuencia de contenidos difundidos en entornos digitales, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la perdurabilidad de esa difusión.

Esta previsión no estaba en el anteproyecto de enero. Se suma a otra herramienta que sí figuraba ya en el texto original y que también se mantiene, la reforma del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que un juez ordene, como medida cautelar, la retirada de imágenes o voces reales, manipuladas o simuladas cuando afecten a estos derechos.

El proyecto final amplía además el alcance de esa medida cautelar, que ahora también podrá dictarse cuando el contenido afecte al derecho a la protección de datos personales, no solo al honor, la intimidad o la imagen.

El tercer cambio afecta al supuesto que castiga la utilización del delito por parte de cualquier condenado en sentencia firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico. Esta previsión, pensada para encajar la creciente producción de contenidos del género true crime, ya apareció en el anteproyecto de enero.

El proyecto que llega ahora al Congreso mantiene ese supuesto, pero precisa que basta con que la actuación del condenado dañe de cualquier modo el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas. No es necesario acreditar que buscaba notoriedad o beneficio económico.

El Ministerio de Presidencia ha presentado este ajuste como una ampliación de la protección de las víctimas, al desvincular la existencia de intromisión ilegítima de la prueba de una intención concreta por parte del condenado.

El resto de los ejes centrales de la reforma se mantiene sin cambios sustanciales respecto al texto de enero. La ley fija en 16 años la edad a partir de la cual se presume que un menor tiene madurez suficiente para consentir el uso de su propia imagen, aunque ese consentimiento nunca será válido si menoscaba su dignidad o su reputación.

También amplía quién puede reclamar la protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida, incorporando a las parejas de hecho junto al cónyuge y a los familiares directos.

Se introduce, además, la posibilidad de que una persona prohíba mediante testamento el uso de su imagen o su voz con fines publicitarios o comerciales tras su muerte, y designe a alguien para autorizar o denegar ese uso. El proyecto final concreta que solo podrá designarse a una persona, frente a la posibilidad de varias que contemplaba el anteproyecto.

La reforma fija también, por primera vez, los criterios que los jueces deberán ponderar para fijar la indemnización por daño moral, entre ellos la gravedad de las expresiones empleadas, la reincidencia del infractor o las repercusiones sociales de la intromisión. El proyecto final añade un criterio que no estaba en enero, el beneficio obtenido por quien causó la intromisión, incorporado a raíz de las alegaciones recibidas durante la información pública.

En ningún caso, señala el texto, la indemnización podrá tener carácter simbólico. Y a partir de ahora, si el perjudicado lo solicita, la sentencia firme que declare la intromisión podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, con la identidad de la persona condenada, el derecho vulnerado y el importe de la indemnización.

La reforma del derecho al honor forma parte del Plan de Acción por la Democracia que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2024. Aquel plan llegó semanas después de que Pedro Sánchez suspendiera su agenda pública durante cinco días, tras la admisión a trámite de una querella contra su esposa, Begoña Gómez, presentada por la asociación Manos Limpias.

El proyecto necesita ahora superar su tramitación parlamentaria, y ahí empiezan las dudas sobre su futuro. Al tratarse de una ley orgánica, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, algo que este Gobierno no tiene garantizado.

Otras iniciativas con apoyo teórico de los socios de investidura, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con Bildu en octubre de 2024, siguen bloqueadas en la Cámara Baja. Dirigentes del PSOE reconocen en privado que le resulta cada vez más difícil sacar adelante iniciativas legislativas.

Si Sánchez decide agotar la legislatura hasta su límite legal, el decreto de convocatoria electoral tendría que firmarse antes del 28 de junio de 2027. Cualquier ley orgánica que no haya completado su tramitación en el Congreso y el Senado para entonces decaerá,y su futuro dependerá de las mayorías que salgan de las próximas elecciones.

La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha respaldado al Consejo de Informativos de RNE después de que la corporación abriera expedientes disciplinarios contra siete de sus nueve miembros. La organización calificó la medida de “extraordinariamente preocupante” en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El texto de RSF sostiene que “expedientar individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado”, es "un caso grave e insólito". Y añade que "vigilará de cerca" lo que ocurra de ahora en adelante. 

La Dirección de RRHH y Relaciones Laborales de RTVE notificó pliegos de cargos por presuntas faltas laborales muy graves a siete de los nueve integrantes del Consejo de Informativos de RNE, según el comunicado del propio Consejo, fechado en Madrid el 2 de julio de 2026. Los hechos que sustentan estos expedientes son, según la misma fuente, pronunciamientos institucionales del órgano sobre la línea editorial y la programación informativa de RNE.

Esos pronunciamientos, señala el Consejo, fueron adoptados de forma colegiada, en ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.

El Consejo de Informativos rechaza “de forma categórica” estos expedientes. Los define como “un nuevo e inaceptable intento de neutralizar el control editorial independiente que la ley obliga a ejercer a este órgano”.

El comunicado del Consejo recuerda un episodio anterior en el mismo año. El presidente del órgano y seis de sus ocho vocales fueron sometidos a evaluación psicológica dentro de un procedimiento de acoso que tuvo su origen en los mismos pronunciamientos institucionales.

Ese procedimiento no prosperó. La Comisión de Acoso Psicológico de RTVE no alcanzó, en su reunión del 18 de junio de 2026, los votos necesarios para formular una propuesta de resolución.

El Consejo describe lo ocurrido después como un intento de la empresa de perseguir los mismos hechos que ya habían sido examinados y desestimados por el mecanismo previsto específicamente para ello a través de expedientes disciplinarios individuales.

“El patrón es el mismo”, afirma el comunicado. “Cuando un cauce no ofrece el resultado buscado, se activa otro”. El objetivo, según el Consejo, no varía. Se trata de presionar, disciplinar y disuadir a quienes tienen la obligación legal de ejercer el control editorial en los medios públicos.

Los siete miembros expedientados forman parte de un órgano de nueve integrantes elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras de Radio Nacional de España. Su función, recogida en la normativa interna de la corporación, es velar por la independencia, el rigor y la veracidad de los contenidos informativos.

El Consejo sostiene que los mecanismos de control editorial son consustanciales a los sistemas democráticos y al servicio público de radiotelevisión. Atacarlos, señala, no es solo atacar a las personas que los ejercen. Es atacar la independencia de la información pública.

El órgano anunció que ejercerá todas las acciones legales e institucionales a su alcance para defenderse frente a estos expedientes y para proteger el mandato legal que tiene encomendado. El comunicado concluye que el Consejo seguirá ejerciendo sus funciones con la misma independencia y el mismo rigor con que lo ha hecho hasta ahora, y que ningún expediente disciplinario cambiará eso.

Tras el comunicado de RSF, los tres consejos de informativos de la corporación, los de RTVE, TVE, RNE y RTVE.es, respondieron de forma conjunta. Agradecieron públicamente a Reporteros Sin Fronteras el apoyo mostrado en el proceso y compartieron el enlace a la publicación original de la organización.

En el mismo mensaje, los tres consejos exigen el archivo de los expedientes disciplinarios contra el Consejo de Informativos de RNE en la causa abierta contra siete de sus nueve miembros, un órgano que, subrayan, es colegiado.

El comunicado conjunto añade una consideración sobre los cauces disponibles para la Dirección de RTVE. “La Dirección tiene herramientas para poder comunicar o desmentir lo que crea necesario”, señala el texto. “Los desencuentros no se pueden convertir en expedientes disciplinarios”.

Los tres consejos plantean además una pregunta sobre el funcionamiento de la corporación. Se cuestionan si existen en RTVE condiciones para poder desarrollar sus funciones con independencia.

Un conflicto que se repite dentro de la corporación

El comunicado del Consejo de Informativos de RNE deja constancia de una secuencia de hechos que se extiende a lo largo de este año. Primero, la evaluación psicológica al presidente y a seis de los ocho vocales. Después, el archivo de ese procedimiento por falta de votos en la Comisión de Acoso Psicológico. Y ahora, la apertura de expedientes disciplinarios individuales sobre la misma base fáctica.

Esta secuencia constituye, según el propio órgano, el elemento central de su rechazo. No se trata, sostiene el Consejo, de una controversia aislada, sino de un mecanismo que se repite cuando el anterior no produce el resultado buscado.

RTVE no ha respondido, a la hora del cierre de esta información, a la petición de infoLibre de dar una respuesta pública a las declaraciones de RSF ni al comunicado conjunto de los tres consejos de informativos.

Una fotografía cualquiera basta para alimentar las aplicaciones que prometen desnudar imágenes. Un retrato de perfil, una instantánea de vacaciones o una foto de campaña electoral se introducen en el programa. En cuestión de segundos, el sistema devuelve una imagen sexual manipulada de la persona retratada.

La fotografía resultante es falsa, pero el daño que provoca es muy real. Una vez publicada, la imagen se copia, se comparte y queda indexada en buscadores antes de que nadie pueda rastrear su origen.

Un análisis recién publicado en el el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) firmado por Benjamin Shultz, investigador principal de la American Sunlight Project (ASP), organización con sede en Washington dedicada a denunciar los peligros en línea, sostiene que muchas de las aplicaciones que generan vídeos con contenido sexual explícito ni siquiera funcionan con imágenes de hombres porque el sesgo de género está integrado en los datos con los que se entrenan las herramientas.

Según este investigador, en los últimos dos años los enlaces que publicitan estas aplicaciones han crecido más de un 2.400% en las principales plataformas sociales. Una práctica antes marginal y técnicamente compleja se ha convertido en un producto de consumo barato y fácil de usar.

Shultz sostiene que cuando las víctimas son mujeres con proyección pública, el objetivo de estas imágenes cambia: buscan desacreditarlas, humillarlas y silenciarlas. Políticas de distintos países han sido blanco de imágenes sexuales falsas programadas para coincidir con elecciones, controversias o momentos de visibilidad.

Hasta hace poco, la evidencia sobre el fenómeno era sobre todo anecdótica. Salía a la luz a través de testimonios individuales, incidentes virales en redes como X o 4Chan, o titulares sueltos de la prensa local.

Esa situación empieza a cambiar. ASP midió por primera vez con qué frecuencia aparecen los miembros del Congreso de Estados Unidos en sitios que alojan deepfakes. A partir de ese trabajo, Shultz ha presentado los resultados preliminares de un estudio transnacional sobre cerca de 2.200 miembros de parlamentos de ocho democracias.

Para establecer un punto de referencia, Shultz utilizó un motor de búsqueda personalizado. Comprobó si los nombres de esos parlamentarios y parlamentarias aparecían en cerca de dos docenas de dominios que alojan deepfakes. Decenas de nombres aparecieron.

El estudio encontró dos patrones principales. El género resultó ser el factor predictivo más relevante de la exposición a esos dominios. Las legisladoras tienen una probabilidad mucho mayor de aparecer en ellos que sus colegas hombres.

El segundo patrón afecta a la legislación. En los países con leyes explícitas contra este tipo de abuso, la probabilidad de que las legisladoras aparecieran en esos dominios fue significativamente menor. Una prohibición legal clara parece tener un efecto disuasorio.

La edad, la antigüedad en el cargo y el origen migratorio, en cambio, apenas influyeron en los resultados de este estudio concreto. Investigaciones anteriores sí habían vinculado esos factores con una mayor vulnerabilidad al abuso en línea. Los resultados completos se publicarán en formato académico a finales de 2026.

La conclusión que extrae Shultz es que quién resulta víctima de un deepfake no es aleatorio. Está estructurado por el género y condicionado por las políticas públicas de cada país.

Ese segundo hallazgo plantea un problema para la regulación europea de plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea se apoya en la transparencia. Si las plataformas revelan cómo operan y qué contenido distribuyen, investigadores, reguladores y público pueden exigirles responsabilidades.

Pero esa transparencia solo funciona si la información declarada es honesta. Y según la investigación de ASP, no siempre lo es.

Esta organización colaboró el año pasado con el medio especializado Indicator para rastrear miles de anuncios de aplicaciones nudificadoras publicados en Facebook. Los anuncios habían rellenado los campos obligatorios de “beneficiario” y “pagador” —es decir, quién financia el anuncio— con información ficticia o no verificable.

Los campos de divulgación que exige la normativa europea existían, pero estaban simplemente rellenos con texto falso, a gran escala.

La investigación encontró una única excepción. En los anuncios dirigidos a países fuera de la Unión Europea, como Singapur y Taiwán, las anotaciones sí eran legítimas. La mayoría de beneficiarios y pagadores de esos anuncios tenían su sede en el sudeste asiático.

La misma herramienta de transparencia que exige la DSA se ha convertido, dentro de la Unión Europea, en un escondite. Para Shultz, eso indica dos escenarios posibles. O Meta permitió de forma deliberada ese incumplimiento, o las normas publicitarias de Singapur y Taiwán se aplican con más rigor.

La lección que extrae el investigador es que no se puede juzgar el comportamiento de las plataformas a partir de los datos que ellas mismas deciden entregar. Tampoco es posible calcular con precisión la magnitud real del problema mientras plataformas y proveedores de alojamiento web no colaboren.

La legislación no carece de efecto. Los datos internacionales recogidos por Shultz sugieren lo contrario, y varios gobiernos han empezado a actuar.

El proyecto de ley alemán contra la violencia digital prevé crear nuevos delitos penales para los deepfakes sexuales. El texto señala de forma explícita que las mujeres son el colectivo más afectado. El Reino Unido, por su parte, ha avanzado en la criminalización de la creación y difusión de este contenido.

En Estados Unidos, la Ley Take It Down obliga a las plataformas a retirar este tipo de contenido con rapidez. Son pasos reales, pero la mayor parte de ese andamiaje legal actúa después del daño. Castiga a quien crea una imagen concreta y elimina esa imagen concreta una vez publicada. 

Mientras tanto, nuevas aplicaciones de desnudos siguen apareciendo en las tiendas de aplicaciones y nuevos anuncios se siguen publicando. Y las imágenes retiradas reaparecen en otros lugares en cuestión de horas. Ni Meta ni la Unión Europea han resuelto el vacío legal en la divulgación de estos anuncios.

Shultz propone cuatro medidas a escala europea que irían más allá del actual régimen de transparencia de la DSA. La primera exige transparencia de fondo, no solo de forma. En lugar de permitir texto libre en los campos de divulgación, las plataformas deberían alojar únicamente anuncios de entidades comerciales reales y verificadas, con sede en los países a los que se dirigen.

La segunda aborda el problema en origen. Tiendas de aplicaciones, proveedores de alojamiento web y redes publicitarias deberían dejar de distribuir y monetizar herramientas cuyo propósito principal es el abuso, entre ellas las aplicaciones de intercambio de rostros.

La tercera redefine el marco del problema. Shultz la describe como una cuestión de integridad informativa e igualdad de género, y reclama financiación sostenida para la investigación, tanto académica como de la sociedad civil.

La cuarta exige unidad europea. Los 27 Estados miembros mantienen 27 regímenes distintos sobre la legalidad de la pornografía deepfake. Los datos del estudio muestran que las prohibiciones explícitas tienen un leve efecto disuasorio.

Como solución, Shultz plantea que las futuras revisiones de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial incorporen una política unificada a escala comunitaria. Que prohíba la pornografía deepfake no consensuada en los 27 países al mismo tiempo.

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

La desigualdad en el periodismo español sigue siendo una de las paradojas más agudas del mercado laboral contemporáneo: una profesión feminizada masivamente desde hace años en sus bases y en las aulas, pero que mantiene una estructura de mando rígidamente masculina en sus niveles de decisión.

A pesar de que las mujeres representan desde hace tiempo la mayoría de los graduados y una parte esencial de las redacciones, su acceso a los puestos de alta dirección no solo se ha estancado, sino que los datos más recientes de 2025 sugieren un preocupante retroceso estructural.

El año 2025 marcó un punto de inflexión negativo para el liderazgo femenino en la prensa de referencia en España. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el número de mujeres ha descendido.

Este retroceso se ha hecho patente en cabeceras con mucha visibilidad. En junio de 2025, el diario El País relevó a Pepa Bueno —quien dirigía el medio desde 2021— para nombrar a Jan Martínez Ahrens. Casi simultáneamente, en la prensa económica, Amanda Mars fue sustituida al frente del económico Cinco Días por Ricardo de Querol. Estos movimientos han provocado “una descapitalización del liderazgo femenino en los nodos de decisión estratégica del Grupo Prisa”, según la APM, devolviendo estos puestos a perfiles masculinos y restableciendo pautas históricas de mando.

Actualmente, el panorama en las grandes cabeceras impresas es desolador para la paridad. De las 15 principales cabeceras de prensa en España, según el Estudio General de Medios (EGM), solo el diario económico Expansión, controlado por el grupo italiano que también posee El Mundo, cuenta con una directora, Ana Isabel Pereda, nombrada en 2010.

Al margen de eso, solo hay cuatro excepciones en papel, las dos primeras del grupo Editorial Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll. Se trata de Gemma Martínez, quien acaba de asumir la dirección del catalán El Periódico, y de Isabel Morillo, al frente de El Correo de Andalucía desde enero de 2024. A las que hay que sumar otras dos, también de ámbito local y regional: Esther Vera en el diario Ara y Teresa Cobo en La Rioja, del grupo Vocento.

Si incluimos en el análisis las cabeceras digitales, hay pocas excepciones. La primera entre los generalistas es infoLibre, dirigido por una mujer: Virginia P. Alonso asumió el cargo en marzo de 2025, después de liderar la redacción de publico.es, un caso único en el periodismo español. La segunda es el huffingtonpost.es, la versión del digital estadounidense propiedad del grupo Prisa, al frente de la cual está Laura Riestra desde junio de 2025.

La fotografía más reciente de la cúpula de los medios de prensa en España la ofrece un mapa elaborado con datos actualizados a marzo de 2026 por otra excepción: lamarea.com , dirigido desde 2015 por la periodista Magda Bandera. El resultado es contundente: 64 de los 219 directivos de los principales medios impresos y digitales del país son mujeres. Menos de tres de cada diez.

Los números se vuelven más elocuentes cuando se bajan al detalle. En El País, la dirección tiene 4 mujeres de 14 puestos directivos en los niveles analizados. En El Mundo, 3 de 11. En La Vanguardia, 4 de 14. En Abc, 1 de 9. En los consejos de administración y presidencias la proporción empeora: en varios de los grandes grupos, la cifra es de una mujer sobre cinco, cuatro u ocho hombres.

Entre los medios digitales el panorama es algo menos uniforme. eldiario.es, infoLibre o publico.es presentan mayor presencia femenina en sus estructuras que las cabeceras impresas tradicionales. Pero incluso allí la paridad no es la norma.

Las facultades de comunicación llevan años con un desequilibrio llamativo: entre el 70% y el 80% del alumnado son mujeres, y sus notas medias superan a las de los hombres —6,83 frente a 6,64, según estudios de caso. La cantera es femenina. El problema está en lo que ocurre después.

En las redacciones, las mujeres representan más del 52% del personal contratado. Son la base operativa de las empresas informativas. Pero a medida que se asciende en la jerarquía, esa mayoría se evapora. Y fuera del mercado laboral, el paro también se ceba con ellas: el 62% de los periodistas desempleados que buscan empleo como primera opción son mujeres, frente al 38% de hombres, según datos del SEPE.

La literatura académica sobre el tema ha ido abandonando la metáfora del techo de cristal —la barrera final y visible— para sustituirla por imágenes más precisas. Como la formulada en 2007 por Alice H. Eagly y Linda E. Carli, investigadoras de Northwestern y Wellesley College respectivamente. La imagen que propusieron es la del laberinto: no hay un muro al final de la carrera, sino obstáculos distribuidos a lo largo de toda la vida laboral. Entre ellos, los prejuicios sobre la autoridad femenina y la exclusión de las redes informales donde se deciden ascensos y mentorías, espacios de socialización masculinos a los que las mujeres raramente acceden. Un recorrido de obstáculos continuos —prejuicios en la promoción, resistencia cultural al liderazgo femenino, cargas familiares desiguales— que se acumulan a lo largo de toda la vida laboral.

La transición digital no ha roto la desigualdad. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados.

La tecnología ha añadido un tramo más al recorrido. En las escuelas de ingeniería, las mujeres representan el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

A las barreras verticales se suman las horizontales. Las mujeres son empujadas hacia secciones consideradas blandas —sociedad, cultura, consumo— mientras que los espacios con más peso simbólico y proyección pública —política, economía, opinión— siguen dominados por hombres. En las páginas de opinión, la cifra es elocuente, igual que en las tertulias y en la presentación de espacios informativos y de actualidad.

Resulta revelador contrastar la situación de los medios convencionales con el sector de la comunicación corporativa e institucional, que tradicionalmente ha funcionado como un entorno más igualitario. Hasta hace poco, la representación femenina en puestos directivos de departamentos de comunicación era significativamente superior a la de las redacciones, llegando a alcanzar el 65%.

Sin embargo, incluso este refugio profesional está mostrando signos de fatiga en términos de igualdad. Los datos de 2024 indican que la mujer ha perdido presencia en estos cargos directivos, cayendo del 65% al 52% en apenas un año. Este dato refuerza la tesis de que el techo de cristal no es un problema que el tiempo solucione por sí solo, sino que requiere cambios estructurales profundos en la cultura organizacional.

La desigualdad no se detiene en los organigramas. Afecta también a las condiciones materiales del trabajo. En estudios regionales se ha detectado que las periodistas cobran hasta 6.000 euros menos al año que sus compañeros varones, una brecha que se abre en una profesión donde la precariedad ya es norma compartida.

Las jornadas tampoco ayudan. El 56% de los periodistas trabaja más de 40 horas semanales, y una parte significativa supera las 45. Esa disponibilidad permanente es difícilmente compatible con una distribución desigual de las cargas domésticas, que en España sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

El desgaste tiene consecuencias medibles. Alrededor del 66% de los profesionales afirma sufrir problemas de salud mental relacionados con la precariedad y la presión laboral. Para las mujeres, esa presión tiene una capa adicional: la exigencia de demostrar de forma continua una competencia que a sus compañeros varones se les presupone.

La transición digital no ha paliado el problema. En algunos aspectos lo está reforzando. Aunque el acceso a internet está equilibrado entre hombres y mujeres, persiste una brecha de género en la e-inclusión —la capacidad de participar de forma plena y activa en la sociedad digital— y en los puestos técnicos especializados. En las escuelas de ingeniería, las mujeres siguen siendo minoritarias: representan, por ejemplo, el 14,3% del alumnado de Informática. Esa escasez se traslada directamente al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que ya se utilizan en más de la mitad de las redacciones españolas.

La ausencia de mujeres en esos equipos técnicos tiene consecuencias concretas, según los expertos. Los sistemas de IA tienden a replicar los prejuicios presentes en los datos con los que son entrenados, lo que genera un sesgo de género algorítmico que se cuela en herramientas que afectan a la selección de contenidos, la distribución de la audiencia y la visibilidad de las firmas.

El entorno digital ha traído además nuevas formas de violencia. Las periodistas sufren de manera desproporcionada campañas de acoso en línea y discursos de odio, que actúan como mecanismo de silenciamiento en la esfera pública digital.

La conclusión es que el tiempo y la formación superior de las mujeres están lejos de ser capaces de derribar las barreras de género en el periodismo español. Las facultades siguen graduando a una mayoría de mujeres, y los despachos de dirección siguen estando ocupados mayoritariamente por hombres.

Para subvertir esa inercia, expertas en igualdad como Marta Ortiz y Mª Angustias Bertomeu proponen estrategias que van desde la implantación de cuotas y medidas de acción positiva en los consejos de administración hasta un pacto de reconocimiento entre las propias profesionales para visibilizar genealogías femeninas y fomentar el liderazgo. Sin una transformación de la cultura masculina de las empresas periodísticas, el periodismo seguirá siendo una profesión escrita mayoritariamente por mujeres que sigue siendo pensada y dirigida por hombres.

Buenas noticias para TVE, que ha cerrado junio con un hito en audiencias. La 1 ha sido la cadena más vista del mes con un 14,3% de cuota de pantalla (share), impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol, y ha puesto fin a 22 meses consecutivos de liderazgo de Antena 3, que queda en segunda posición con un 12,5%. Telecinco, por su parte, se mantiene tercera con un 8,3%, su peor junio histórico y también su peor mes en temporada regular.

El resultado supone la primera victoria mensual de La 1 desde julio de 2024, cuando la cadena pública también se vio beneficiada por grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión, el Mundial ha vuelto a actuar como motor de audiencia: las emisiones de la Copa del Mundo han aportado 3,4 puntos de cuota a La 1, cerca de una cuarta parte de su resultado mensual.

El liderazgo de junio refuerza el buen momento de RTVE en el cierre de la temporada televisiva. La 1 registra su mejor mes de junio desde 2011 y se impone en varias franjas clave, entre ellas el prime time, la tarde, la madrugada y el late night, según los datos publicados por las consultoras de audiencias.

La buena evolución de la televisión pública no se limita a La 1. La Noche en 24 horas, el programa que dirige y presenta Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, ha alcanzado esta temporada un nuevo récord histórico al cerrar con un 2,5% de share. Es el tercer año consecutivo en el que el espacio nocturno dedicado al análisis de la actualidad política y social bate su máximo de audiencia.

El programa ya había alcanzado por primera vez los dos puntos de share en la temporada 2023-2024, superando el anterior máximo, que databa de la temporada 2017-2018, que estuvo marcada por el procés y la moción de censura. En la temporada siguiente, la 2024-2025, mejoró aquel registro hasta el 2,1%. Ahora, con el 2,5%, suma cuatro décimas más y completa un trienio de crecimiento continuado.

El dato de La Noche en 24 horas llega en un contexto de crecimiento de los contenidos informativos de RTVE y del propio Canal 24 Horas, que también ha firmado récord histórico esta temporada con un 1,3% de cuota.

El mes deja, además, un mapa televisivo muy marcado por el efecto del fútbol. Antena 3 pierde el liderazgo mensual después de casi dos años en cabeza, aunque conserva una posición sólida gracias a su parrilla diaria. Telecinco, en cambio, vuelve a encadenar mínimos y cierra junio con un 8,3%, por debajo incluso de sus registros más débiles en temporada regular. Cuatro se mantiene por delante de laSexta, con un 6,4% frente al 5,5%, mientras La 2 alcanza un 3,5%, su mejor junio desde 2009.

Con estos datos, RTVE cierra junio en una posición reforzada, ya que La 1 recupera el liderazgo mensual gracias al Mundial y el Canal 24 Horas consolida el crecimiento de uno de sus programas de referencia, La Noche en 24 horas, que vuelve a marcar techo de audiencia por tercer año consecutivo.

Las condiciones básicas para que el periodismo pueda ejercerse con libertad han empeorado en España durante el último ejercicio. El ámbito de la protección fundamental del periodismo ha pasado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto entre 2025 y 2026, según la última edición del Media Pluralism Monitor (MPM), el informe con el que la Unión Europea mide cada año los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en sus Estados miembros.

Esta área evalúa concretamente cuatro cosas: que haya salvaguardias legales eficaces para la libertad de expresión, que exista el derecho a buscar y difundir información veraz, que las condiciones para ejercer el periodismo sean favorables y que la autoridad reguladora de los medios sea independiente y eficaz. Se descompone a su vez en cinco indicadores: protección de la libertad de expresión, protección de la integridad de la información, protección del derecho a la información, profesión periodística (estándares y protección), e independencia y efectividad de la autoridad mediática.

El informe, publicado este lunes, evalúa el ejercicio 2025. Lo elabora un equipo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, coordinado por Jaume Suau Martínez, bajo la supervisión del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, de referencia para las instituciones europeas.

El documento atribuye el deterioro en el área de la protección fundamental al proyecto de ley del Gobierno para la gobernanza de los servicios digitales, al entender que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenar la retirada de contenidos en internet. Hasta ahora, esa potestad corresponde solo a los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 estableció que únicamente un juez puede autorizar el bloqueo o la retirada de contenidos digitales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advirtió de que trasladar esa facultad a un organismo administrativo elude las garantías procesales de la vía judicial. 

En realidad, lo que persigue ese proyecto de ley no es que la CNMC pueda retirar contenidos, sino que, en consonancia con la ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su nombre oficial en inglés), pueda actuar como autoridad supervisora del marco digital, no como un censor general de contenidos. La retirada, en el esquema europeo, suele depender del tipo de contenido, del prestador de servicios y de los procedimientos de notificación, con obligaciones y garantías distintas para cada caso.

El indicador de integridad de la información subió hasta riesgo alto por el mismo motivo. El resto de variables del área, como la protección del derecho a la información o las condiciones de la profesión periodística, se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior.

Entretanto, reprocha el informe, la difamación (injurias, calumnias y delitos contra el honor) continúa siendo un acto delictivo penal en España. Los artículos 205 y 208 del Código Penal que prevén penas de hasta dos años de prisión siguen en vigor.

El país carece todavía de una legislación específica contra las demandas estratégicas destinadas a silenciar a periodistas, conocidas como SLAPP. Y eso a pesar de que un estudio de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo situó a España en segundo lugar de la Unión Europea por número de casos SLAPP entre 2022 y 2023, con el 17% del total registrado en el bloque.

Es verdad que el Gobierno prevé trasponer la directiva europea contra estas demandas, como prometió en el Plan de Acción por la Democracia de 2025, pero diferentes asociaciones consideran insuficiente esa iniciativa si, como parece, se limitará a cubrir únicamente los casos transfronterizos.

El MPM se hace eco del informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2025, que sitúa la precariedad laboral como el principal problema estructural de la profesión. Un 45% de los periodistas encuestados gana menos de 2.000 euros mensuales. 

Y otro 70% declara además un deterioro de su salud mental. La plataforma Mapping Media Freedom registró diez agresiones físicas y 19 casos de agresión verbal contra periodistas españoles durante 2025.

La pluralidad del mercado sigue siendo, en términos absolutos, el ámbito con más riesgo del sistema mediático español, según este Monitor. Su calificación pasó de riesgo alto a riesgo medio-alto, aunque el cambio responde sobre todo a una revisión metodológica.

El indicador de transparencia en la propiedad de los medios incorpora ahora los requisitos del artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Por eso, el dato de este año no es estrictamente comparable con el de informes anteriores.

El EMFA entró en vigor en toda Europa el 8 de agosto de 2025. Pero la norma que debía adaptar la legislación española a sus exigencias, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, sigue sin aprobación parlamentaria. Mientras no entre en vigor, no hay nadie que supervise el cumplimiento de las reglas de transparencia sobre la propiedad ni los conflictos de intereses de los medios.

A su vez, el indicador de concentración de la propiedad y de audiencias empeoró hasta situarse en riesgo muy alto. Los niveles de concentración se mantuvieron por encima del 75% en televisión, radio y prensa escrita durante 2025.

Y el de independencia política de los medios del MPM empeoró también hasta riesgo medio-alto. España continúa sin una norma específica que impida a actores políticos poseer o controlar medios de comunicación, según recoge el informe.

La gobernanza de RTVE concentra buena parte de las preocupaciones del área después de que el Consejo de Informativos de la corporación denunciase en septiembre de 2025 que no había sido consultado sobre varios nombramientos directivos, pese a que el Estatuto de Información obliga a esa consulta.

El informe también se hace eco de que, en diciembre de 2025, representantes de los comités de empresa de doce radiotelevisiones autonómicas trasladaron al Congreso sus quejas por la interferencia política en las redacciones. Agrupados en la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, también denunciaron procesos de privatización en sus respectivas cadenas.

El Mandato Marco de RTVE sigue sin actualizarse desde hace más de quince años. Su aprobación requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios que el Congreso no ha logrado reunir.

Por su parte, la igualdad de género en los medios de comunicación se mantuvo en riesgo alto. Las mujeres ocupan únicamente el 6% de los puestos de dirección editorial en los principales medios informativos españoles.

En el sector audiovisual privado, la presencia femenina en consejos de administración y cargos ejecutivos no llega al 20%. En los medios regionales, la proporción de mujeres en la dirección editorial alcanza el 37%.

El Global Media Monitoring Project registró en su edición de 2025 que las mujeres aparecen como expertas o comentaristas solo en el 32% de las informaciones. La puntuación de España en el índice GEM-I, que mide la brecha de género en los contenidos informativos, empeoró de -27.235 puntos en 2020 a -35.639 puntos en 2025.

La diversidad cultural y lingüística en los medios también se mantuvo en riesgo alto. El Gobierno español no reconoce oficialmente la existencia de minorías nacionales, lo que el informe vincula a la ausencia de un marco legal que garantice la representación de comunidades como la población gitana.

Los disturbios de Torre-Pacheco, en julio de 2025, pusieron a prueba el sistema de detección de discurso de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su herramienta FARO detectó 138.204 contenidos potencialmente constitutivos de discurso de odio durante el episodio.

El MPM recuerda que solo se retiró el 22% de esos contenidos mientras duraron los disturbios. Tras la presión de la ministra de Inclusión y la creación de grupos de trabajo con las plataformas digitales, la tasa de retirada subió del 45% en el tercer trimestre de 2025 al 51% en noviembre.

Los medios comunitarios, reconocidos legalmente desde 2010, continúan sin acceso garantizado al espectro radioeléctrico. El informe contabiliza menos de cien emisoras de radio comunitaria en España, ninguna de ellas formalmente autorizada.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios  (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.

La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.

ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.

Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.

Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.

El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.

La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.

Presiones en IB3 y huelga en la radiotelevisión catalana

La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.

El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.

La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.

43 de cada 100 personas que participaron en las tertulias de los principales programas informativos y de actualidad de televisión y radio en España la semana pasada fueron mujeres. El dato corresponde a un análisis de los 26 programas más relevantes de RTVE, Atresmedia, Mediaset, Cadena SER, COPE, Onda Cero y RNE realizado por infoLibre del lunes 15 al viernes 19 de junio. La paridad, fijada en el 50%, quedó por debajo en el conjunto del sistema. En televisión, la presencia femenina alcanzó el 44%; en radio, el 42%.

Los datos proceden del recuento de las personas que aparecieron en los bloques de tertulia de cada programa. No se han contabilizado los presentadores ni las presentadoras, sino únicamente los invitados externos y los colaboradores fijos de tertulia.

La Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 establecen la obligación de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los medios. La segunda, que incorpora la directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, obliga específicamente a los prestadores de servicio público a garantizar esa representación. Ninguna norma fija un porcentaje mínimo vinculante para las tertulias. Pero el umbral del 50% funciona como referencia habitual en los informes de seguimiento.

El análisis de la semana pasada revela que diez de los 26 programas no alcanzaron el 40% de presencia femenina. Cuatro no llegaron al 30%.

Y ahora Sonsoles, de Antena 3, fue el espacio con mayor proporción de mujeres en sus tertulias: un 72%. En cinco días de emisión, el programa presentado por Sonsoles Ónega invitó a 18 mujeres y siete hombres. El jueves, la tertulia fue íntegramente femenina. El miércoles fue el único día en que los hombres superaron a las mujeres, con tres frente a dos. Se trata de un programa que mezcla actualidad social, política y contenidos de entretenimiento.

Las Tardes de RNE, conducido por David Cantero y Marta Solano, ocupó el segundo lugar con un 71% de presencia femenina en sus tertulias.

La Tarde de la COPE, con Pilar García Muñiz, alcanzó el 60%. En este caso, la muestra es pequeña —dos invitados por día como norma— pero la distribución fue consistente: cuatro días con más mujeres que hombres y uno en empate.

En boca de todos, de Cuatro, con Nacho Abad, fue el programa de actualidad con mayor paridad real de los analizados: 56% de mujeres —22 frente a 17 hombres a lo largo de la semana—. Lo relevante es que la proporción se mantuvo estable los cinco días: en ninguno de ellos los hombres superaron a las mujeres en más de uno.

La Hora de la 1, de RTVE, con Silvia Intxaurrondo —que esta semana estuvo ausente—, superó el umbral con un 54%: 22 mujeres frente a 19 hombres. El martes fue el mejor día, con seis mujeres y cuatro hombres. El lunes fue el peor, con tres mujeres y seis hombres.

Malas Lenguas, de RTVE, con Jesús Cintora, alcanzó el 50% exacto: 15 mujeres y 15 hombres. Todo es Mentira, de Cuatro, también llegó al 50%. El Tiempo Justo, de Telecinco, y Por Fin, el programa vespertino de Onda Cero, se situaron igualmente en el 50%. Vamos a Ver, también de Telecinco, se quedó muy cerca con un 44%: ocho mujeres y 10 hombres en la semana.

Cuatro programas de televisión se quedaron en la franja entre el 40% y el 49%, demasiado cerca de la paridad para sumarse al bloque de los que no cumplieron, pero sin alcanzarla.

Espejo Público, de Antena 3, con Susanna Griso, y Más Vale Tarde, de La Sexta, con Cristina Pardo e Iñaki López (la primera acaba de dejar el espacio para preparar un nuevo proyecto en Antena 3), se situaron ambos en el 45%. En los dos casos, la semana presentó días muy desiguales: Espejo Público tuvo el viernes una sola mujer entre diez tertulianos, pero el martes invirtió la proporción con seis mujeres y tres hombres. Más Vale Tarde siguió un patrón parecido: lunes con una mujer y tres hombres, miércoles y martes con mayoría femenina.

Mañaneros 360, de La 1, con Adela González y Javier Ruiz, y La Noche en 24h, de RTVE, con Xabier Fortes, alcanzaron el 46% y el 44% respectivamente. En Mañaneros la distribución fue estable, con dos o tres mujeres por día. La Noche en 24h trabaja con grupos más pequeños y la presencia femenina osciló entre una y dos personas según el día.

La Brújula, el nocturno de Onda Cero, fue el programa con menor presencia femenina de todos los analizados: un 20%. En una semana completa, el espacio presentado por Rafa Latorre, que a partir de septiembre estará al frente de Más de uno, tuvo cuatro mujeres como tertulianas frente a 16 hombres. El miércoles no hubo ninguna mujer entre los invitados a la tertulia.

Horizonte, el espacio ultraconservador de Cuatro, con Iker Jiménez y Carmen Porter, registró el segundo peor dato: 24%. Ocho mujeres frente a 26 hombres en cinco días. El jueves fue el día más extremo: tres mujeres y nueve hombres. El programa combina política con contenidos de corte conspirativo y su modelo de tertulia tiende a reunir grupos numerosos con predominio masculino.

La Linterna, el programa de la noche de la COPE, con Ángel Expósito, se quedó en el 25% de presencia femenina. El miércoles y el martes, sin ninguna mujer.

Herrera en la COPE anotó un 29%. Carlos Herrera organiza su tertulia en bloques de tres personas y solo en uno de los cinco analizados hubo más de una mujer. El miércoles no tuvo ninguna.

Directo al Grano, de RTVE, con Marta Flich y Gonzalo Miró, llegó al 38%. El viernes fue el día más desequilibrado: tres mujeres frente a siete hombres. El jueves, en cambio, fue el único con paridad.

El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, se quedó en el 37%: 10 mujeres y 17 hombres en la semana. El lunes fue el día de mayor desequilibrio: una mujer frente a tres hombres.

Al Rojo Vivo, de La Sexta, con Antonio García Ferreras, registró un 39% de presencia femenina: 21 mujeres frente a 33 hombres. Es el programa de mayor volumen de tertulianos de los analizados, con invitados que se van dando el relevo hasta alcanzar entre ocho y 12 personas por día. Ese volumen amplía la brecha en términos absolutos.

La radio acumula los datos más bajos. De los ocho programas radiofónicos analizados, solo La Tarde de la COPE y Las Tardes de RNE superaron el 50%. El resto quedó por debajo, con La Brújula y La Linterna en los puestos más bajos.

Hoy por Hoy (SER) y Hora 25 (SER) se situaron en el 47% y el 46% respectivamente, los datos más cercanos a la paridad entre los programas de radio. Más de Uno, de Onda Cero, llegó al 42%. La única colaboradora fija presente los cinco días fue Marta García Aller, que a partir de septiembre se hará cargo de La Brújula. Las Mañanas de RNE, con Juan Ramón Lucas, alcanzó el 40%. Por debajo ya se situó 24 Horas de RNE, con Rosa María Molló, que registró un 39%: siete mujeres frente a 11 hombres en la semana, con el jueves sin ninguna mujer en la tertulia.

La televisión, en conjunto, ofreció la semana pasada un panorama algo más equilibrado. Pero la diferencia entre cadenas es grande. RTVE, considerando todos sus programas analizados, superó el 48% de media. Mediaset alcanzó el 47% de presencia femenina agregando los cinco programas analizados —El Programa de AR, Vamos a Ver, El Tiempo Justo, En boca de todos y Horizonte—, aunque con una dispersión muy amplia entre ellos: Horizonte está en el 24% y En boca de todos en el 56%. Atresmedia presentó la mayor asimetría interna: mientras Y ahora Sonsoles superaba el 70%, Al Rojo Vivo no llegó al 40%.

El análisis de las apariciones individuales ofrece un contrapunto a los porcentajes globales. Aunque en conjunto hay más hombres que mujeres en las tertulias, entre quienes más repiten durante la semana predominan ellas. De las nueve personas que más veces aparecieron —con cinco o más intervenciones en distintos programas—, seis son mujeres: Ainhoa Martínez (Abc), Pilar Velasco, Marta García Aller (Onda Cero), Paloma Esteban (Abc), Cristina de la Hoz (elindependiente.com) y Ketty Garat (theobjective.com). Los tres hombres del grupo son Eduardo Inda (okdiario.com), Rubén Amón (elconfidencial.com) y Antonio Naranjo (eldebate.com).

El dato es aún más claro cuando se mide el posicionamiento en diferentes medios y espacios: las ocho personas que aparecen en más programas distintos durante la semana son todas mujeres. Ainhoa Martínez encabeza ese ranking con presencia en seis espacios diferentes —Al Rojo Vivo, Espejo Público, La Brújula, La Noche en 24h, Más Vale Tarde y Más de Uno—. Le siguen Pilar Velasco y Marta Nebot —ambas sin adscripción a un medio concreto—, presentes en cinco programas distintos cada una. Paloma Esteban, Cristina de la Hoz, Ketty Garat, Ana Pardo de Vera (publico.es) y Ángela Martialay (El Mundo) aparecen en cuatro programas diferentes. El primer hombre en este ranking llega empatado con ellas en cuatro programas.

Los números apuntan, por tanto, a una asimetría en la variedad de voces. A lo largo de la semana, infoLibre identificó 185 hombres distintos frente a 132 mujeres distintas. La diferencia no se explica solo por el mayor volumen de intervenciones masculinas: el sistema convoca a un elenco más amplio de tertulianos hombres, mientras que el grupo de mujeres que circula por los distintos espacios es más reducido y más concentrado.

El recuento de presencia no mide otros factores relevantes para evaluar la representación real de las mujeres en las tertulias. No contabiliza el tiempo de palabra por persona, la frecuencia de interrupciones, ni el tipo de temas sobre los que se les pregunta. Tampoco distingue entre colaboradoras fijas e invitadas puntuales.

Los estudios disponibles sugieren que contar sillas no basta. Un análisis de los programas de infoentretenimiento político —La hora de La 1, La mirada crítica y Al rojo vivo— correspondiente a la temporada 2023/24 sitúa la presencia femenina global en el 39,7%, una cifra que mejora los registros de estudios anteriores pero que encubre una desigualdad funcional: las mujeres ocupan el 63,2% de los roles de relatora, aquellos que contextualizan la información sin emitir opinión propia. El rol de experta, el que otorga autoridad en el debate, está en manos de mujeres solo en el 8,5% de los casos.

El libro Tertulianos, publicado en 2025, ofrece otro ángulo. Entre los 53 tertulianos más frecuentes de la quincena analizada —aquellos que aparecen más de dos veces por semana—, solo 18 son mujeres, lo que representa el 34%. El núcleo duro del sistema es más masculino que la media.

Un informe de 2025 del CAC —el Consell de l'Audiovisual de Catalunya— sitúa en esta comunidad la presencia femenina entre los tertulianos más reclamados en torno al 30%, y concluye que la representación global en la programación se ha estancado alrededor del 40%, sin avanzar hacia la paridad desde hace varios años.

Lo que sí permite el recuento semanal es establecer una línea base propia, actualizada y desagregada por programa. Esa línea sitúa al conjunto del sistema mediático español siete puntos por debajo de la paridad. En televisión, seis puntos. En radio, ocho.

Por primera vez en la historia de la democracia española, el Gobierno central ha publicado un informe de publicidad institucional que desglosa, medio a medio y campaña a campaña, cuánto dinero público fue a parar a cada cabecera, cada emisora de radio, cada canal de televisión o cada plataforma digital durante el ejercicio 2025. El documento, elaborado por la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional, dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación, supera así en detalle todo lo publicado en los veinte años anteriores.

De momento, sin embargo, el informe no es completo, porque no desglosa la distribución de la llamada publicidad comercial —la ley actual no lo exige—, que depende de entidades como Renfe, Aena o Loterías del Estado y que, en conjunto, superó los 84 millones en 2025. 

El detonante es externo. Desde el 8 de agosto de 2025 es de obligado cumplimiento el  Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios, conocido como EMFA, por sus siglas en inglés. Su artículo 25.2 obliga a todas las autoridades y entidades públicas a hacer pública anualmente, en formato electrónico, la distribución de su gasto en publicidad estatal. La información debe incluir las denominaciones legales de cada prestador de servicios de comunicación que haya recibido dinero, el grupo empresarial al que pertenece y el importe total y desglosado. El informe de 2025 es la primera respuesta española a esa obligación.

El Gobierno ha decidido no esperar a la modificación de la norma que regula esta materia para dejarla adaptada al reglamento europeo. La Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional sigue por tanto vigente, pendiente de que el Ejecutivo remita su reforma al Congreso de los Diputados. Pero el EMFA es de obligado cumplimiento y el Ejecutivo ha decidido cumplirlo, a diferencia de las comunidades autónomas, que siguen ocultando el reparto de su publicidad institucional.

La inversión total del Gobierno en 2025 ascendió a 88.078.848 euros, frente a los 70.430.604 euros del año anterior. El incremento es del 25,06%. El número de campañas también creció, de 108 a 120, un 11,11% más. De ellas, 26 superaron el millón de euros y concentraron el 86,15% de todo el gasto.

El soporte que lidera la inversión es el digital, con 20,85 millones de euros (el 27,60% del total de difusión, sin contar el gasto en producción y evaluación, partidas que no son compra de espacios en medios). Le siguen televisión (15,88 millones, 21,03%), radio (15,48 millones, 20,50%), publicidad exterior (10,53 millones, 13,95%) y medios impresos (10,09 millones, 13,37%). El cine apenas supuso 615.000 euros, el 0,81% del gasto en difusión.

El informe identifica quiénes se beneficiaron más. El grupo Prisa, la compañía controlada por el fondo británico de inversión Amber Capital, encabeza el ranking con 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos. Su posición se sustenta en la Cadena SER, Los40, El País y Cinco Días, entre otras cabeceras. Atresmedia-Planeta recibió 8.929.631 euros (12,19%), apoyado en Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega, Atreseries, Onda Cero y Europa FM. Mediaset España captó 5.756.090 euros (7,86%), con Telecinco, Cuatro y sus canales temáticos como FDF, Divinity, Energy y Be Mad.

Los tres grupos juntos concentraron el 36,68% de toda la inversión pública en publicidad. Ningún otro grupo supera el 5%.

El resto del top diez lo completan, por este orden, el Grupo Vocento (3,65 millones, el 4,99%), apoyado en Abc y su extensa red de cabeceras regionales; Google (propiedad de Alphabet) (2,99 millones, 4,09%), fundamentalmente a través de YouTube; el Grupo Unidad Editorial (2,72 millones, 3,72%), con El Mundo, Marca y Expansión; la agencia especializada en publicidad en cines y soportes en espacios interiores 014 Media, S.L. (2,61 millones, 3,57%); el Grupo Prensa Ibérica, el más potente a escala local y el dueño de El Periódico de Catalunya (2,60 millones, 3,55%); el grupo Ábside Media, a través del cual los obispos controlan la COPE, (2,49 millones, 3,40%); y el Grupo Godó (1,86 millones, 2,54%), con La Vanguardia y RAC1 como principales referencias.

Entre los conglomerados que superan el 1% de la inversión total figuran también la filial española de un gran grupo británico de medios y publicidad exterior en estaciones y transporte público conocida como Global Media & Entertainment (1,79 millones); la empresa especializada en aeropuertos, mobiliario urbano, aparcamientos y centros comerciales Exterior Plus (1,78 millones), la central de publicidad en medios Delivery Media (1,51 millones), la compañía del tecnoligarca Mark Zuckerberg Meta Platforms (1,46 millones), RTVE (1,37 millones), Grupo Henneo, propietario de Heraldo de Aragón y 20 Minutos (1,32 millones), Spotify (1,29 millones), el Grupo Telefónica (1,24 millones), la plataforma de gestión de publicidad en medios conocida como Grupo Alayans (956.646 euros), NewixMedia, controlada por las televisiones autonómicas (890.290 euros), y la central especializada en televisión de pago y plataformas Pulsa Media Consulting (769.811 euros).

El resto está por debajo del 1%. infoLibre recibió, de acuerdo con el informe, 10.990,25 euros en todo el año 2025 (un 0,05%). 

La lectura del ranking por grupos revela una particularidad: varias de las entidades que aparecen como beneficiarias no son grupos editoriales, sino intermediarios técnicos o gestores de espacios publicitarios.

014 Media, séptima del ranking, no edita ninguna cabecera. Es una empresa especializada en la exclusividad de espacios en salas de cine y soportes de publicidad exterior. Su alta posición se debe a que gestiona una fracción muy amplia de la inversión del Gobierno en el soporte cinematográfico. Global Media & Entertainment y Exterior Plus operan en el mismo segmento: son gestoras de soportes exteriores (mupis, vallas, pantallas en infraestructuras de transporte) que no aparecen en los kioscos, pero sí en los contratos.

El caso más llamativo de intermediación es Grupo Delivery Media (13º del ranking, con 1,51 millones). Funciona como un agregador de soportes locales. Cuando el informe le asigna esa cantidad, el dinero no queda en una sola empresa: se distribuye entre cientos de medios de ámbito municipal, regional y comarcal. La lista completa, incluida en el informe, va del Diario de Burgos o el Diario de Ávila hasta portales como muchocastro.com, elsemanaldelamancha.com, murciadiario.com o pamplonaactual.com, entre muchos otros.

Lo mismo ocurre con NewixMedia, que gestiona la publicidad de las televisiones autonómicas agrupadas en la FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos). Cuando el Gobierno compra espacio en las autonómicas, el importe consolidado figura bajo ese nombre. Y con Alayans Media, la comercializadora que representa a cabeceras del Grupo Henneo (20 Minutos, Heraldo de Aragón) y de varios grupos regionales.

La comparativa con 2024 revela cambios muy acusados en la distribución de dinero por departamentos.

Tres son los ministerios con mayor incremento en términos absolutos. En primer lugar, Política Territorial y Memoria Democrática, que pasó de 87.665 euros en 2024 a 7.058.494 en 2025 —el salto se explica por dos campañas: “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la sobrevenida de respuesta a la dana “Reconstruyendo juntos: respuesta y recuperación frente a la dana” (1.456.238 euros), que no estaba en el plan inicial—.

En segundo lugar, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que pasó de 125.446 a 5.971.097 euros, concentrados en la campaña de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros). Vivienda y Agenda Urbana, por su parte, subió de 16.767 a 3.150.318 euros.

También crecieron de forma significativa Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (de 393.236 a 3.275.263 euros), Hacienda (de 4,81 millones a 7,19 millones), Derechos Sociales (de 2,63 millones a 5,42 millones) y Sanidad (de 2,15 millones a 4,31 millones).

En el otro sentido, Interior casi redujo a la mitad su inversión, de 10,32 millones a 5,87 millones. Agricultura bajó de 12,50 millones a 7,97 millones, aunque sigue siendo el tercer ministerio por gasto total. Industria y Turismo cayó de 4,32 millones a 1,40 millones. Y el Ministerio de Juventud e Infancia no ejecutó en 2025 ninguna de las campañas que tenía previstas, frente a 1,25 millones invertidos en 2024.

El ministerio que más gastó en términos globales fue Igualdad, con 11.885.646 euros (el 13,49% del total), seguido de Cultura (8.028.015 euros, 9,11%) y Agricultura (7.973.161 euros, 9,05%).

La campaña con mayor presupuesto fue la de sensibilización fiscal de la Agencia Tributaria, con 7.190.017 euros. La de seguridad vial de la DGT fue la segunda, con 5.873.105 euros. A continuación, la de ciberseguridad del Incibe (5.661.994 euros), la de Memoria Democrática “El valor de las libertades y la democracia en España” (5.602.255 euros) y la de violencia de género del Ministerio de Igualdad (5.236.403 euros). El Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura sumó 4.416.291 euros.

Por detrás de estas destaca la campaña denominada “La naturaleza y riesgos de las cajas botín” del Ministerio de Derechos Sociales (1.932.836 euros), centrada en los riesgos del juego en el entorno digital juvenil, y las “Becas Seré” del Ministerio de Justicia (2.453.615 euros), para fomentar el acceso igualitario a la carrera judicial.

La publicación del informe estatal establece un parámetro de referencia que, a su vez, ilumina una zona de opacidad mayor: la de las Administraciones autonómicas. Ninguna comunidad autónoma española publica un informe equivalente. La mayoría ni siquiera hace pública la cuantía global de su gasto en publicidad institucional, que en conjunto supera con holgura lo que destina el Estado central.

El EMFA obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a garantizar esa transparencia. Sin embargo, las Administraciones autonómicas no han adaptado sus marcos normativos ni sus comportamientos a la nueva legislación europea y el Gobierno central no tiene competencia directa para imponérselo. El resultado es que la mayor parte del dinero público destinado a medios de comunicación en España sigue siendo invisible.

Esa opacidad tiene consecuencias documentadas. En varias comunidades gobernadas por el PP y Vox existen indicios —en algunos casos producto de investigaciones periodísticas— de que fondos de publicidad institucional se están destinando a medios que difunden desinformación o que actúan como plataformas de comunicación partidista. Algunos de esos medios fueron creados expresamente sin estructura redaccional verificable ni audiencias acreditadas, con la publicidad institucional como principal o única fuente de ingresos.