Luz verde para limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, tal y como adelantó infoLibre este domingo, una medida con la que el Gobierno quiere que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad tanto la administración general del Estado como las comunidades autónomas y los ayuntamientos, según informa EFE.
Esta regulación, que ha llevado al Consejo de Ministros el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, se incluye en el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, una de las 31 reformas planteadas por el Plan de Acción por la Democracia impulsado en septiembre de 2024 por el Gobierno. Según ha subrayado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este anteproyecto permitirá adaptar la actuación de las administraciones públicas "al momento actual, con un mayor protagonismo de los medios digitales".
"El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación", ha subrayado Saiz. Con esta medida se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que es directamente aplicable en los 27 estados miembros de la Unión Europea.
Todos los documentos secretos del 23F se podrán consultar libremente
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz también ha concretado que toda la documentación relacionada con la intentona golpista del 23F hasta ahora clasificada y "que se ha encontrado" será de acceso libre mañana miércoles a mediodía desde la página web de Moncloa.
Se trata de 153 "unidades documentales", ha revelado la ministra, cuya desclasificación acordada este martes por el Gobierno, 45 años después de aquellos acontecimientos históricos, permitirá su libre consulta por parte de investigadores, historiadores, periodistas y cualquier ciudadano interesado.
Su difusión, ya "no supone un riesgo real y presente" y por eso el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez ha optado por permitir su conocimiento porque, en palabras del propio presidente "la memoria no puede estar bajo llave", ha recordado Saiz.
El Gobierno reforma el reglamento taurino: sin resquicio para los espectáculos denigrantes
El Gobierno ha dado luz verde a una modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de que no quede ningún resquicio legal que permita los espectáculos cómico-taurinos que denigren a personas con discapacidad, y más concretamente a personas con enanismo.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que añade un apartado 4 al artículo 90 del citado reglamento, con la siguiente redacción: "En todo caso, los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos cómico-taurinos que infrinjan este mandato".
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado esta modificación normativa para reforzar la prohibición establecida desde 2023 a través de la Ley General de la Discapacidad. "Nunca más se puede consentir que la discapacidad se convierta en una causa de mofa o de risión para ganar dinero con ello", ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa.
El ministerio recuerda también que ofrece el programa Pisadas con dignidad de reinserción laboral para las personas con discapacidad que se han visto obligadas a trabajar en estos espectáculos.
Pese a la prohibición, de forma esporádica se han programado espectáculos de este tipo, en la mayoría de los casos prohibidos por las autoridades. En febrero de 2025, un juzgado de Málaga dio la razón a los promotores del evento Toreo cómico, al que la Junta de Andalucía había denegado dos años antes su autorización, porque en él participaban personas con enanismo. El juzgado consideró que no existían pruebas de que el espectáculo tuviera como fin la mofa.
Un nuevo órgano para mejorar la accesibilidad
El Consejo de Ministros ha aprobado también la creación de la UTAC (Unidad técnica de apoyo y coordinación), un órgano que asesorará y controlará a las administraciones autonómicas en el cumplimiento de la directiva europea de accesibilidad para las personas con discapacidad.
El Gobierno -explica el ministerio de Bustinduy- culmina el proceso de transposición de esta directiva europea que obliga a garantizar los derechos de los consumidores con discapacidad para que puedan acceder y utilizar determinados productos y servicios en condiciones de igualdad.
Balance del nuevo artículo 49 de la Constitución
Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, Bustinduy ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para dar respuesta a esta modificación legislativa. El documento recoge todos los avances normativos puestos en marcha en cumplimiento del renovado artículo 49.
Así, detalla que se ha aprobado un real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA dotado con 500 millones de euros con el que las personas con esta enfermedad en fase avanzada tendrán derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes, y la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados para el que se han movilizado más de 2.000 millones de euros.
También se han destinado 65 millones de euros para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado con autismo, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad.
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En estos dos años también han visto la luz la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente y el primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Derechos Sociales subraya además que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que están en tramitación parlamentaria será "la norma que va a terminar de consolidar" la reforma del artículo 49 para garantizar la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Destaca también el esfuerzo presupuestario sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y recuerda que desde la inversión ha crecido un 12% en estos dos años.
