El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado este lunes a la Dirección de Comunicación del Congreso un escrito de denuncia en el que solicitan aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en la Cámara Baja, grabó y subió a redes sociales un vídeo en el despacho de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso.

En él, comentan que Quiles ataca a varios periodistas y amenaza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acciones judiciales.

“Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”, escribió en un tweet. “Me ha denunciado ella a mí, que soy la víctima”, comenta. Y añade: “Es una locura cómo os intentan hacer creer lo que vuestros propios ojos no han visto y quieren que os creáis lo que ellos dicen”.

La publicación del vídeo en la red social X tuvo lugar el pasado jueves, 30 de abril, dos días después de abordar a Gómez en un restaurante y perseguirla por los alrededores.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que “los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo”, tal como recoge el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Piden en esta denuncia que, en el curso de la instrucción, “se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes (tal y como exige el Reglamento de la cámara) cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter sus amenazas”.

A la denuncia de los socialistas, Quiles ha respondido a través de X: “Hoy la polémica es que me tomé un café con una diputada en su despacho. Y lo denuncian los mismos que comen los miércoles con Patxi López y Rufián, que se van a hoteles con diputados, que son invitados por Illa a la Generalitat, que tienen su oficina en Ferraz, que se hacen fotos con Sánchez y que montan en el Falcon. Es imposible ser más cínico, más hipócrita y más falso”.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exnovia, Jésica Rodríguez, y su familia disfrutaron de determinados inmuebles con absoluto desconocimiento por parte del exmiembro del Gobierno de que los sufragara el conseguidor de la trama corrupta del caso Koldo, Víctor de Aldama, a través de sus socios y conocidos. Así lo ha sostenido el ex miembro del Gobierno y ex número tres del PSOE durante su declaración como acusado y sin obligación de decir la verdad. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, Ábalos ha asegurado que la decisión de adjudicar contratos para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión procedió directamente de la subsecretaría del ministerio. "Yo solo daba la orden política de que se contratara pero no me he metido jamás en la contratación, no miraba ninguna oferta", ha declarado. "Mi única obsesión es que tuviéramos equipos de protección ya", ha añadido. El exministro, además, ha sugerido que su excompañera Jésica pudo actuar coaccionada en su declaración como testigo: "Se inculpa porque le han dicho que no le va a pasar nada".

En su declaración del pasado miércoles, Aldama aseguró que fue Koldo García, la mano derecha del ministro, el que le encargó que entablara relaciones con contratistas del ministerio para obtener mordidas en efectivo que, como dijo sin aportar prueba alguna, servirían para financiar al PSOE. Para ello, el principal asesor de Ábalos y el conseguidor y número uno del entramado, habrían establecido un sistema de pagos y atenciones al ministro. Una de esas compensaciones en especie sería el pago de un alquiler a la novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, en la Torre de Madrid, el edificio emblemático de la plaza de España. El otro era la puesta a su disposición como una garantía de los supuestos pagos procedentes de las constructoras de obra pública de un piso en la Castellana propiedad del propio Aldama. El de la plaza de España lo sufragó también uno de sus socios, Alberto Escolano.

Ábalos ha asegurado que su relación con Jésica iba en serio y que ambos buscaban "un espacio compartido" porque tenía la esperanza de que "esa relación prosperara". Fue entonces cuando Aldama ofreció la posibilidad de que firmar un contrato de alquiler con opción a compra del piso de la Castellana. El exministro llegó a rubricar ese contrato, pero asegura que no pudieron trasladarse porque estaba ocupado por otros inquilinos que no lo abandonaron hasta 2022. Ante esa inconveniencia, decidieron buscar una solución alternativa y provisional para Jésica. Es así como la entonces pareja del ministro entró a vivir en el apartamento de la Torre de Madrid, donde permaneció hasta 2022. Ábalos ha declarado que fue su asesor, Koldo, el que se ocupó de todo y que pensaba que quién pagaba al piso, no tenía nada que ver con Aldama. "Nunca tuve llaves de ese apartamento ni pernocté en él", ha asegurado.

El principal acusado y exmiembro del Gobierno ha puesto en duda el testimonio de Jésica y ha llegado a plantear que su declaración como testigo en el juicio pudo ser fruto de coacciones. "A uno no le parece bien verla sufrir así, verla comparecer aquí diciendo lo que tuvo que decir", ha declarado Ábalos. "Dijo que no iba a trabajar sin que nadie se lo preguntara; que había elegido el apartamento [de plaza de España] motu proprio; que no conocía al señor Aldama cuando yo la conocí por él", ha añadido. "Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho que no le va a pasar nada. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado por fichar todos los días tanto en INECO como Tragsatec", las empresas públicas dependientes del ministerio en las que, según la investigación, fue colocada Rodríguez por intermediación de Ábalos y Koldo.

Es en torno a esos trabajos y a si Jésica Rodríguez fue o no a trabajar, donde el exministro y ex secretario de Organización ha mostrado una mayor desmemoria. Negó que fuera idea suya que trabajara en INECO –"ni se me ocurrió", ha dicho–, que le pareció bien que encontrara un empleo pero pensaba en empresas del sector privado y no en una de las públicas del ministerio. El exministro ha declarado que lo único que hizo fue pasar el currículum a Koldo y que no hizo ninguna llamada en favor de su entonces compañera. Respecto a su paso posterior a Tragsatec, se ha remitido a un informe de la propia compañía que, dijo, asegura que consiguió legalmente a través de un proceso de selección. Sin embargo, ha negado que conociera que su novia, en realidad, no trabajara. Tenía un ordenador y pensaba que lo hacía a distancia por razón de la pandemia. En cualquier caso aseguró que no recordaba haber hablado de estos asuntos con ella porque a él no le parecían interesantes.

Otro de los inmuebles que se puso a disposición al ministro fue un chalé de la lujosa urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el escrito de acusación, se trataría de una compensación de la empresaria Carmen Pano, también cercana a Aldama, por las supuestas gestiones para que Villafuel, una de sus empresas, obtuviera la licencia de operador de hidrocarburos con la intermediación de Ábalos y Koldo. El exministro aseguró que buscaba una vivienda de alquiler para que él y su familia pasaran el verano y luego, en caso de que les gustara, adquirirla. "Como hizo siempre en estos casos, Koldo recurrió a Aldama para que le asesorara", ha declarado. "Me dijeron que era de una sociedad que no se dedicaba a nada que tuviera que ver con el ministerio", ha añadido. "¿Por qué escoge un chalé en venta en lugar de uno en alquiler si era para pasar el verano?", le ha preguntado el fiscal. "La propuesta no salió de mí, pero alguien puede intentar vender y aceptar un alquiler con opción a compra", ha asegurado. "Fue un alquiler real, nada simulado", ha añadido.

Respecto del contrato de adquisición de ocho millones de mascarillas por su departamento (y otro posterior de cinco millones) adjudicado a dedo a otra de las empresas relacionadas con Aldama, Soluciones de Gestión, en los primeros días de la pandemia, Ábalos ha asegurado que todo el proceso fue diseñado por la subsecretaría del ministerio, el órgano que se encarga de la gestión económica. "Yo daba la orden política", ha señalado, pero después, ha añadido, no decía con quien había que contratar. Según el exministro, su entonces compañero y ministro de Sanidad, Salvador Illa, le advirtió previamente de que tuviera mucho cuidado porque "hay mucha estafa". Soluciones de Gestión, según el exministro, tenía la ventaja de que era la propia empresa la que adelantaba el dinero con lo que asumía el riesgo.

"Todo el mundo sabe que buscábamos un proveedor; era un privilegio tenerlo", ha declarado detallando el nivel de angustia del momento y la perentoria necesidad de material sanitario en plena carencia. "Al menos pudimos traer las mascarillas y a un precio inferior a la media del momento", ha proseguido. "Mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya". "El riesgo económico lo asumió el proveedor", "no me pasaron ninguna otra oferta", ha proseguido. "No me he metido jamás en nada de contratación salvo el objeto del contrato", es decir, que él decidía que se adquiriese el material sin entrar a valorar o fiscalizar a quién se le compraba. Respecto al papel del Aldama, el exministro ha concedido que es probable que conociera la situación de extrema necesidad por su relación con Koldo. "Uno, en ese momento, lo interpreta como una ayuda", ha declarado. "La preselección de ofertas se podía hacer y era legal", ha añadido.

Otro de los hechos por los que supuestamente Aldama remuneró ilegalmente a Ábalos fue la ayuda del exministro para el rescate de Air Europa, compañía de la que el conseguidor era asesor. El ministerio transmitió en agosto de 2020 a varios medios su posición favorable al rescate de la compañía aérea, lo que la trama habría recompensado con una estancia en un chalé vacacional en Marbella (Málaga). Ábalos justificó esa intervención y el rescate de la aerolínea porque "un Gobierno tiene que atender las necesidades de las empresas estratégicas". Air Europa era, según ha recordado, "la única compañía de bandera española que teníamos", que había pasado con el estallido de la pandemia de valer 1.000 millones de euros a cero. El exministro de Transportes ha manifestado que la idea de contar a algunos medios la posición del ministerio favorable al rescate surgió del secretario de Estado, Pedro Saura, y que él no se opuso.

Ábalos ha rechazado responder a las preguntas de las acusaciones populares y del defensor de Aldama, pero sí ha permitido el interrogatorio de la abogada de Koldo y por supuesto al suyo. Cuando ha tocado el turno a su defensa, se ha quejado de una suerte de conspiración en su contra de la UCO con filtraciones a determinados medios. Una de ellas sobre un supuesto chalé que tendría en Perú valorado en un millón y medio de euros que en realidad valía 700 y era un centro social. También ha acusado a los agentes de llevarse una memoria USB con los vídeos del comité federal que terminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general en 2017 publicado recientemente. Ábalos ha asegurado que solo él y el presidente tenían esas imágenes. También se ha quejado de que se publicara un pantallazo de una conversación suya con el jefe del Ejecutivo. "No sé qué tiene que ver con la causa", ha dicho. Por último, ha rechazado que recibiera ningún pago directo o indirecto de Aldama. "Coincido con él en que nunca fue amigo mío, siempre mantuvo una cierta distancia; en que le gustaba alardear de tener cierto acceso".

Se dice por las redes que le ha salido un competidor apócrifo al presidente de Estados Unidos. El citado personaje se prodiga. Manifiesta vivir en la Casa Blanca II, que ha llenado de pasquines con su foto; en total 8637. Además se ha hecho acuñar varios millones de monedas de 10 dólares con su nombre. Puesto a glorificarse ha decidido celebrar los 250 años de su país con un sello de correos de 1000 dólares con su efigie y la escritura contorneada de la frase: Trump II cumple 250 años. Ha decidido que todas las corbatas que se vendan en ese gran país lleven su foto junto a un lema victorioso: Trump II tenía razón en todo, por más que le quisieran hacer “trumpas”.

Sus correligionarios han decidido ponerse una gorra, roja para más señas, que no se quitarán ni para dormir. Porta serigrafiado el lema: Trump II te desea felices sueños, cuando despiertes nuestro país será más grande. Tanto que llegará hasta Oriente Medio. Habita en un despacho octogonal, repleto de espejos que van de suelo a techo, en donde con mirarse en uno se ve ocho veces; como queriendo recalcar su poderío. Es tan buena persona que se ha hecho una foto en ese lugar con los líderes de todas las religiones dominantes en su país. La han distribuido por la redes, bueno básicamente TikTok, cuyo pie titula: Los salvadores del mundo junto a su jefe. La piensan llevar en el próximo viaje a Marte. Un secreto: va a obligar al New York Times a despedir a todos los periodistas ya que su antecesor Trump I fue un flojo que no se atrevió.

Ha hecho instalar un tiovivo delante de su Casa Blanca II. Invita a montarse en él a todos los mandatarios mundiales que van a rendirle pleitesía, más los muchos que acuden a adorar a Trump I. Tan buena persona es que ha prometido no enfadarse con nadie, excepto con un larguirucho español apellidado Sánchez II, que es como don Quijote pero en moderno. Además tiene un apellido vulgar, como muchos de los latinoamericanos que sobran en EEUU. El citado Sánchez es quien más veces le dice no. Es más, ni siquiera ha pedido visitarlo en la Casa Blanca II; por supuesto que le hubiera negado la entrada.

Su partido, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo; a su manera, claro. Quienes quieran salir en la foto de Navidad del año próximo, la harán desde un satélite, ya saben que no pueden contradecirle. Dicha imagen será enviada a todos los hogares de su país para bendecir el año venidero y todos los demás. El nuevo criterio de felicidad o no ya no será el Día de la marmota, sino la llegada del mensaje del almanaque anual. 

Está pensando utilizar un escudo como el jefe galo Vercingetorix. Cada vez que salga habrá nuevos porteadores, previo pago de 10.000 dólares. Lo recaudado servirá para colocar una bandera en un mástil kilométrico, para que se vea desde todo el mundo; incluso desde la Estación Espacial Internacional. En la bandera aparecerá solamente su imagen, no la del Trump I, rodeada de 49 estrellas. Dice que lo de Puerto Rico da más de un quebradero de cabeza y obliga a emplear paracetamol, y no es el caso. Con ocasión de grandes eventos organizará fiestas multitudinarias. Tendrá lugar en ese estadio de beisbol en donde los malos americanos se metieron con Trump I, hasta casi dejarlo en ridículo. Sé de buena tinta que ambos Trump se han peleado espiritualmente alguna vez, si bien no recuerdo si me lo contaron o fue en sueños. Lo que sí leí hace poco es que un tal Eugene recomendó al segundo de la saga que fuese más duro con España y el “ultraizquierdista” Sánchez II. ¿Lo publicó The Wall Street Journal? No estoy seguro.

Abundio no solo significa tontuna, como tal se utiliza en España. En realidad viene de abundante, de latinajo origen, por eso se asocia a extremadamente generoso. Así, el personaje del que hablamos va a repartir los dineros ganados vendiendo armas y petróleo tras su incursión en Irán. Pero solo a los magnates que le subvencionaron la tropelía; al resto de los norteamericanos no, porque eso supondría una crisis económica mayor que la de 1929. De repartir las ganancias sacadas del fracking no ha dicho nada. 

Me lo contó un sabiondo californiano, de cuyo nombre no me acuerdo; lo único que sé es que no hacía cine. Me dijo también que este señor, el número II, era un narcisista. ¡A saber! Ni quito ni pongo. Yo he actuado únicamente de escuchante escribidor. Así que dudo si es cierto o no lo que cuento. Es posible que todo parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Acaso en una soñada lectura de El Mundo Today?

A pesar de todo, con el debido respeto. San Abundio de Como está pintado en un fresco de la iglesia románica de San Pedro de Gemonio (Italia).

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

“Un proyecto político para poner fin al saqueo de nuestros recursos naturales, para cambiar un modelo económico que sólo sirve para acumular la riqueza en las manos de los de siempre y que termine en paraísos fiscales. Un movimiento para hacer frente a los discursos de odio, al machismo y al individualismo egoísta”.

Así se define Por Andalucía, que lleva como logo una especie de arcoíris verde y blanco con aires de azulejo de patio. Y, de esta manera, quiere reflejar el espíritu de esta confluencia de izquierdas, que se ha convertido en el paraguas común bajo el que concurren a las elecciones del 17 de mayo Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde, Alternativa Republicana y Alianza Verde. 

Y estos comicios presentan por primera vez una competencia muy dura a la izquierda del PSOE, a través de esta candidatura y la de Adelante Andalucía. Dos opciones con esencias muy parecidas pero que tienen dos grandes diferencias. La papeleta de Por Andalucía está conformada principalmente por partidos con implantación estatal y con direcciones federales. De hecho, el candidato, Antonio Maíllo, es a la vez el líder estatal de Izquierda Unida. En cambio, Adelante se presenta como una opción andalucista sin dependencia de Madrid (al estilo de formaciones como Chunta, BNG y Eh Bildu).

La segunda gran diferencia entre ambas es la fórmula para gobernar. Por Andalucía apuesta claramente por formar gobiernos de coalición con el PSOE y operar desde dentro. En cambio, Adelante Andalucía es contraria a ello y ha sido muy crítico con la presencia de Sumar y de Podemos en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en los últimos años.

Las dos opciones llegan muy igualadas a esta campaña electoral. Según el sondeo del CIS, Adelante Andalucía quedaría por delante, con una media de seis escaños, en tanto que Por Andalucía se quedaría en cuatro asientos (uno menos de los que tiene ahora en el Parlamento). En cambio, en el último sondeo del Centra (el CIS andaluz), los de Antonio Maíllo se imponen, con cinco o seis escaños, a los de José Ignacio García (que obtendrían entre dos y tres plazas en el Hospital de las Cinco Llagas).

Sanidad y vivienda

Andalucía es un laboratorio ahora mismo de la izquierda española. Podemos se sumó en el último momento a la lista, aunque desde fuera Pablo Iglesias ha criticado el acuerdo alcanzado. El proyecto está pilotado con fuerza por Izquierda Unida, un partido con amplia implantación municipal en las ocho provincias. Y, además, es la fuerza que, a nivel nacional, está trabajando de manera activa con Sumar, los comunes y Más Madrid para forjar una herramienta electoral para las próximas generales.

Uno de los pilares de esta candidatura en Andalucía es precisamente la figura de Antonio Maíllo, un veterano referente del espacio de la izquierda andaluza que tiene como principal bandera la defensa de los servicios públicos. Algo que él lleva desde dentro como profesor de lenguas clásicas en institutos públicos. 

Fuentes de Por Andalucía subrayan que los temas centrales para la campaña son los servicios públicos, en particular la sanidad y la vivienda. Pero, a la vez, se han marcado el reto de “desenmascarar”, como señalan varios dirigentes del espacio, a Moreno y hacer ver “lo que hay detrás de su sonrisa de yerno perfecto”. “Es educado, pero no es un moderado”, como señalan desde esa candidatura.

Entre las propuestas clave de su programa, destacan destinar el 20% del presupuesto de la sanidad a la atención primaria y garantizar las citas médicas en un plazo de 48 horas. Asimismo, el plan prevé 8.000 nuevas contrataciones y ampliar el horario de atención en los centros de salud de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Maíllo quiere también investigar todos los contratos firmados por Moreno y recuperar todos los servicios privatizados.

“Puerta a puerta”

En Por Andalucía hablan de la importancia en su candidatura del “arraigo y de la campaña de tierra”: “A Mucha gente indecisa no se le seduce en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Vamos al tú a tú, con la militancia y los candidatos. Puerta a puerta. Ahí jugamos con ventaja”. 

El análisis que hacen en Por Andalucía pasa también por otro factor: la vinculación de las elecciones andaluzas con la batalla estatal contra las derechas. “Mucha gente puede condicionar su voto a cómo quiere influir en las próximas elecciones generales. Aquí Por Andalucía está bien posicionada por su papel y alianzas más allá de Despeñaperros”, subrayan en el entorno de Maíllo.

Además, confían en el “voto aglutinante”: “Hay mucho elector que ha pedido la unidad de las izquierdas y valora positivamente la candidatura de unidad de Por Andalucía”.

¿Y cómo afrontan esa lucha con José Ignacio García? Las fuentes hacen este análisis: “Adelante puede subir entre el votante nuevo y joven de ámbito urbano, pero tiene dificultades con el votante senior y el rural”. “Si en la campaña entra el marco estatal a través de la idea de que la batalla de las generales comienza en Andalucía, tendrán dificultades de posicionamiento”, añaden.

“En cualquier caso, la clave está en qué hacen los votantes que se descuelgan del PSOE. En ese sentido, podría darse una subida tanto de Por Andalucía como de Adelante Andalucía”, resumen desde la sala de máquinas de la candidatura.

El sur ya está de campaña. De alto voltaje. 6.812.861 andaluces están llamados a elegir la composición del Hospital de las Cinco Llagas el próximo 17 de mayo. Pero no es una cita normal, sino que marcará también el tablero político más allá de Despeñaperros en la gran convocatoria antes de las trepidantes elecciones locales y generales marcadas para el año que viene.

Andalucía lleva ya semanas inmersa en esta primavera electoral después de una legislatura de cómoda mayoría absoluta de Juanma Moreno (Partido Popular). Ahora ese resultado está en el aire, con el presidente de la Junta luchando por llegar a los 55 diputados. Los nervios se apoderan de las formaciones en estos momentos, con un Vox que ve cómo se está frenando su ascenso, mientras el PSOE pelea por superar las malas expectativas y con la izquierda viviendo una dura lucha en el espacio con las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Moreno quiere que le funcione la ‘fórmula Juanma’, una marca personal que tiene más tirón que la del Partido Popular. El presidente sigue al frente de las encuestas y es el líder mejor valorado, pero tiene una mochila que hace peligrar su anterior triunfo. Su principal problema: la sanidad andaluza. Se ha convertido en el principal problema para los ciudadanos, según recogen todas las encuestas, y ha vivido su mayor crisis con el escándalo de los cribados de cáncer de mama.

El presidente de la Junta quiere contrarrestar este desgaste con su faceta más institucional y su gestión de otras crisis como la del accidente del tren en Adamuz (Córdoba) y los temporales que han azotado Andalucía. Y, además, vende la imagen de transversalidad y moderación en tiempos de polarización política.

En Génova 13 saben que el resultado de Moreno es muy importante a nivel nacional e interno. El presidente andaluz es uno de los pilares que sustentan a Feijóo en Madrid y es la némesis de Isabel Díaz Ayuso, el referente del sector más duro de los populares. Pero, además, una mayoría absoluta supondría dejar fuera de juego a Vox después de los pactos que han firmado en Aragón y en Extremadura. En cambio, el aspirante local ha marcado distancias con la dirección nacional para no contaminar su campaña y no ha tirado de figuras como la madrileña. Él tiene su propia marca.

La fuerza de la ultraderecha es una de las grandes incógnitas del domingo 17. Los de Santiago Abascal han visto cómo en las últimas semanas las encuestas están detectando un frenazo en su ascenso a nivel nacional. Andalucía es una tierra clave para ellos: allí irrumpieron en el panorama institucional en diciembre de 2018 y es una comunidad simbólica para todo el país.

La ultraderecha lleva como candidato a Manuel Gavira después de la polémica carrera hace cuatro años de Macarena Olona, llena de escándalos como su empadronamiento exprés en Salobreña (Granada) y su intento antinatural de andalucización con fotos con mantones en bodegas y ferias. Y los de Abascal se enfrentan a un PP que se presenta como la estabilidad y como un muro frente a los “líos”.

De hecho, en algunos sondeos se abre la posibilidad de que Vox tenga peores resultados que hace cuatro años, cuando llegó a 14 escaños con un porcentaje de voto superior al 13%. En la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas se pronostica una estimación media de voto del 10,3%, lo que le llevaría a tener 13 asientos en el Parlamento andaluz. En cambio, la encuesta publicada en abril por el Centra (el CIS andaluz) recoge que la papeleta de Gavira estaría entre los 17 y 20 diputados, lo que haría peligrar la mayoría absoluta de Moreno.

La pérdida de la mayoría absoluta por parte de Moreno supondría un gran problema para el popular principalmente porque haría cambiar totalmente su imagen de hombre moderado al tener que firmar un pacto con Vox. Pero no sería una situación inédita: el presidente de la Junta llegó precisamente al Palacio de San Telmo tras las elecciones de 2018 gracias a un acuerdo con la ultraderecha y Ciudadanos, aunque los de Abascal no entraron en el Ejecutivo.

El PSOE vive estos días un momento crucial en Andalucía, su antiguo fortín y granero de votos. María Jesús Montero lidera una candidatura con el apoyo del presidente, Pedro Sánchez, que se va a volcar de lleno con ella con cuatro grandes actos, empezando este viernes en Cártama (Málaga).

Los socialistas llegan a esta cita todavía inmersos en su travesía en el desierto tras sus cuarenta años de poder y la traumática salida de San Telmo para un partido acostumbrado a gobernar y sin idea de hacer oposición. Y esto se ha notado mucho en los últimos años con continuas crisis internas en la etapa final de Susana Díaz y en el breve liderazgo de Juan Espadas, ex alcalde de Sevilla.

Montero se enfrenta a la ofensiva de la derecha, por su paso por el Gobierno central con medidas como la financiación autonómica y la condonación de la deuda, con un discurso centrado principalmente en la defensa de los servicios públicos. Para la socialista, el 17M se tiene que convertir en un referéndum sobre la sanidad, la antigua joya de la corona de la Junta que ahora sufre la ola de privatización de los populares.

Hay una palabra que obsesiona a los moradores de la calle de San Vicente: la abstención. Montero quiere llevar a las urnas a los más de 700.000 votantes socialistas que se movilizan para las generales, pero luego se quedan en el sofá en las autonómicas. En las andaluzas de 2022, el PSOE se quedó en el 24% de voto, mientras que en las generales del año siguiente la papeleta encabezada por Sánchez alcanzó un 33%. El sur fue un factor clave para que la coalición aguante todavía en la Moncloa.

La izquierda transformadora irá dividida a esta cita, como ya pasó en los anteriores comicios. Pero en este arranque se vive una dura competición, con Por Andalucía y Adelante Andalucía, con la misma fuerza en los sondeos. La primera candidatura está encabezada por Antonio Maíllo, líder nacional de Izquierda Unida y un referente progresista durante décadas en la comunidad.

Por Andalucía ha logrado integrar en su papeleta a IU, Sumar y Podemos, lo que supone un paso en la unidad de cara a las generales, aunque el pacto ha recibido críticas de Pablo Iglesias. Su estrategia busca la mayor movilización posible, incidiendo también en los abstencionistas, y se va a presentar durante estas dos semanas como el verdadero voto útil de la izquierda. Y con un mensaje claro: son la fuerza del espacio que tiene vocación de entrar en un Gobierno si los números dan.

Pero Por Andalucía siente muy cerca el aliento de Adelante Andalucía, la formación fundada por Teresa Rodríguez. El partido tiene como señas de identidad su andalucismo sin depender de ninguna dirección de Madrid y su postura contraria a entrar en gobiernos de coalición como el PSOE (ha criticado que tanto Unidas Podemos como Sumar hayan estado en el Consejo de Ministros de Sánchez). La formación llega con un nuevo candidato, José Ignacio García, que ha hecho una reconocida labor en el Parlamento de oposición a Moreno y que se ha vuelto viral en redes, especialmente entre los jóvenes. Además, según las encuestas, está logrando extenderse en las ocho provincias a pesar de que era un fenómeno hasta ahora enmarcado en Cádiz y Sevilla.

Andalucía vive su primavera electoral. El sur también marca su norte. 

Víctor de Aldama, el empresario, conseguidor y confidente de la Fiscalía en el caso Koldo no ha dejado la oportunidad de meter su titular durante su declaración como imputado –con derecho a mentir o al menos a no sufrir consecuencias por ello– en el Tribunal Supremo. La pregunta del fiscal Alejandro Luzón, era muy concreta y se refería a sus gestiones con Koldo García y varios ministerios para lograr la licencia de operador en el mercado de Hidrocarburos para Villafuel, una de las empresas de su entorno. Pero Aldama se ha salido del guión y, sin que el presidente le interrumpiera, ha detallado la que, en su opinión, es la jerarquía de la organización criminal que se juzga. "El señor presidente del Gobierno está en el escalafón en el número uno, Ábalos, en el dos; Koldo en el tres y yo en el cuatro", ha dicho. Y lo ha remachado asegurando que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo, pero sin dar una prueba que lo demuestre. El pasado lunes, el jefe de la UCO, Antonio Balas, había puesto a Aldama en la cúspide de la banda corrupta.

La declaración más esperada del juicio, la del cooperador de los investigadores que logró supuestamente tener a su sueldo a uno de los ministros con mayor presupuesto, el de Transportes, y a su principal asesor para alcanzar un acceso que jamás habría logrado por sí solo, se ha extendido durante más de siete horas. Durante su interrogatorio inicial por el Ministerio Público –que apoyó su salida de prisión provisional tras comprometerse a confesar y colaborar–, Aldama se ha explayado en su relato, que ya mostró ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha asegurado que fue Koldo García, la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, quien le propuso convertirse en intermediario con contratistas habituales de ese ministerio para obtener mordidas que irían destinadas, ha afirmado, a la financiación del PSOE. El arrepentido ha llegado a sugerir que el asesor mandaba más que el ministro con el que trabajaba y que tenía la plena confianza de Sánchez.

El conseguidor de la trama y ahora confidente judicial ha fijado el inicio de las mordidas pagadas por contratistas en febrero de 2019. "Koldo me dice que me va a presentar a constructoras que trabajan para el ministerio", ha declarado. "Queremos ver cómo ayudarles para que ellos se lleven las licitaciones y que nosotros podamos tener un rendimiento que a nosotros nos viene bien para la financiación del partido", ha continuado. "Koldo me explica que esto no se puede facturar y que hay que pagarlo en efectivo. Entendí que estábamos haciendo algo ilegal con lo que no me sentía del todo cómodo, pero tampoco incómodo", ha continuado. Recurrieron a él como intermediario, según su relato, porque no querían exponerse. "Necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones en el sector y conozca las constructoras para ver con quién pueden hablar de esto y con quién no", ha proseguido. "Eran contratos con licitaciones millonarias; no podía ser que cualquier persona hablara con los delegados de esas empresas", ha añadido.

Aldama ha asegurado que fue Koldo quién le dijo cómo tenía que hacerse. "Que te digan a qué licitación [contrato de obra pública] quieren ir y que te den tres licitaciones. En una quedarán fuera por baja temeraria, en otra, a mitad de la tabla, y el la tercera, en cabeza para ganarla", ha detallado que le dijeron. Hasta que empezaron a caer las supuestas mordidas de las empresas, Aldama, según ha declarado, estuvo "sembrando para poder ganarse la confianza de ellos". Asegura que abonó un tratamiento de fertilidad para la pareja de Koldo o una moto para este último y un coche para su hermano Joseba.

Esa no fue la única gestión que, según la versión de Aldama –que mantiene sin aportar pruebas–, prestó a Koldo y a Ábalos para financiar al partido. Tras la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por España, Koldo y Ábalos le extendieron una carta con el membrete del Ministerio de Transportes en la que lo designaban como "enlace" con el nuevo mandatario para mostrarle toda la colaboración de la Administración española y del conjunto del Gobierno. Aldama ha asegurado que mostró sus reservas a Ábalos, al que dijo que se sentía "incómodo" con la misión y preguntó por qué no se encargaba a la ministra de Asuntos Exteriores, por entonces Arancha González Laya. El conseguidor ha asegurado que el ministro le respondió: "Si mandamos a esa inútil a Venezuela nos quedamos sin negocio".

En su encuentro con Guaidó, siempre según Aldama, el presidente interino le aseguró que tenía el control de Citgo, una empresa perteneciente a Petróleos de Venzuela (PDVSA) que opera en EEUU, y de una refinería de la petrolera venezolana en Cartagena de Indias. También le ofreció, ha asegurado, cupos de petróleo a cambio de un apoyo explícito de España a su presidencia. Después hubo supuestamente una reunión entre representantes del Gobierno interino de Caracas, ha declarado, en la sede del PSOE en la que, según su versión, se habló de "montar una estructura" para que esos cupos "se conviertan en dinero que pueda ser transferido" y sirvieran a la financiación del PSOE y la Internacional Socialista. Según el conseguidor, el resultado de esas gestiones fueron unas declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en apoyo y reconocimiento de Guaidó.

Es de esa manera que Aldama intensifica supuestamente su interlocución con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del otro Gobierno venezolano, el de Nicolás Maduro, y ahora su sucesora. El Ejecutivo bolivariano estaba quejándose del apoyo español a Guaidó y, según el arrepentido, el Gobierno español optó entonces por arreglar la situación con las autoridades de Maduro. Aldama ha declarado ante el Supremo sin aportar pruebas que Rodríguez se comprometió con él a mantener los acuerdos sobre los cupos de petróleo que había pactado previamente con el presidente interino.

Además de los pagos en metálico procedentes de las contratistas, Koldo y Ábalos reclamaron a Aldama, según ha declarado, que les cubriera una serie de gastos como "entregas del exministro a su exmujer, los niños, el colegio...". El conseguidor se compromete a pagar mensualmente 10.000 euros, un desembolso procedente de su patrimonio y el de sus sociedades y que sostiene desde 2019 hasta mediados de 2022, según ha asegurado ante el tribunal. "Era algo simbólico, una cantidad menor en comparación con todo lo que se ha dado", ha afirmado el acusado.

Aldama ha relatado cómo desde el momento en que empezó a fluir el efectivo desde las contratistas comienza a hacer entregas a Ábalos. A veces en el ministerio, otras en su propio domicilio en el barrio madrileño de El Viso. Las cantidades van de 40.000 a 250.000 euros y, dependiendo de la cantidad de billetes, opta por llevarlos en sobres o en una bolsa de la compra metida en una mochila. "Dejaba el dinero encima de la mesa y el ministro lo guardaba en un cajón", ha declarado. También que el extitular de Transportes y ex número tres del PSOE se sentía "incómodo" en esas situaciones.

Las entregas de mordidas no eran regulares. Estaban sujetas a las adjudicaciones de los contratos de obras y Koldo, según Aldama, le transmite que eso pone nervioso al ministro. Para lograr la tranquilidad de Ábalos hizo que buscaran una solución. "Tengo un piso en el paseo de la Castellana, se lo ponemos al ministro como una especie de garantía y que se sienta a gusto. En caso de que no cumpla, que se lo quede", dice Aldama que propuso a Koldo. La operación se formalizó con un contrato simulado de alquiler con opción a compra. Pero los problemas del entramado no dejaban de crecer. Obtener efectivo de las contratistas era cada vez más difícil y el conseguidor propone pagar mediante transferencia.

"Es así como se pone encima de mi mesa pagar el piso de Jésica", la pareja de Ábalos. "Koldo me dice que, como hay que pagar por transferencia, el jefe ha conocido a una persona y que esa persona necesita un piso y que la ayudemos a buscarlo y a pagarlo", ha declarado. Es el socio de Aldama, Alberto Escolano, el que se encarga de las gestiones y los pagos del inmueble alquilado en la Torre de Madrid, el edificio más emblemático de la Plaza de España. "¿Por qué no lo paga usted?", le ha preguntado el fiscal. "Estamos hablando de una relación extramatrimonial y yo tenía miedo de que saltara a la prensa", ha respondido. "Yo veía cosas de Ábalos con señoritas en las que no ponía nada de cuidado. No quería que manchara a mis empresas o que provocara problemas con mi mujer".

A Maribel Vaquero no le gustan especialmente los focos. Pero este miércoles estaban todos sobre ella. Con los otros 349 diputados mirándola atentamente. Expectantes. En especial el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sus palabras en la sesión de control eran mucho más importantes que las de Alberto Núñez Feijóo (PP). El PSOE y el PNV viven unos días de tensión, extraños, tambaleantes.

El silencio que inundó la Cámara Baja durante el intercambio de palabras entre la portavoz del PNV y el jefe del Ejecutivo materializaba la sensación que recorre la política española. ¿Se acabó la relación fructífera entre socialistas y nacionalistas vascos? ¿Puede haber un giro de guion inesperado? ¿Se tambalea la legislatura por el enfado de los jeltzales?

La política española en las últimas décadas ha girado en muchas ocasiones al son del PNV. En las paredes del Congreso todavía resuena el comunicado de mayo de 2018 que puso fin al apoyo de los nacionalistas vascos a Mariano Rajoy, apenas horas después de haber pactado con él los presupuestos generales. De esta forma, darían su respaldo a Pedro Sánchez en la moción de censura. El PP todavía no lo perdona. Y ese poder lo conocen muy bien en el Palacio de la Moncloa y en la calle de Ferraz. Orden desde arriba: rebajar el clima caldeado.

El detonante de esta tensión es un tuit del Partido Socialista vasco (PSE-EE) con una imagen generada por IA en la que se ve al líder peneuvista, Aitor Esteban, tirándose a la piscina, en referencia irónica a su comentario de que había agua en la piscina para la reforma del Estatuto. La difusión de ese tuit generó un terremoto entre los nacionalistas, que suspendieron una reunión que iban a tener con los socialistas. Una relación que ahora pilota Antonio Hernando desde la remodelación de la dirección de Ferraz tras la dimisión de Santos Cerdán.

Pero ese tuit fue la gota que colmó el vaso para el PNV, que mantiene con el PSE-EE una serie de encontronazos. No solo de fondo, sino también de forma. Como señalan fuentes conocedoras, esto también va de “una cuestión de piel”. A los nacionalistas les molesta el estilo del líder de los socialistas en Euskadi, Eneko Andueza, que no está dentro del Ejecutivo de coalición. Y dentro de ese Gobierno también le ha sentado mal al lehendakari, Imanol Pradales, la actitud del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, del ala socialista. 

Este choque se debe enmarcar también en el espacio temporal: falta justo un año para que se celebren elecciones municipales en Euskadi en un momento en el que EH Bildu está muy fuerte en las encuestas. Y ya todos los partidos empiezan a marcar mucho perfil, conscientes de que quedan, como mucho, apenas catorce meses para que haya elecciones generales.

Pero la bronca afecta al corazón de la relación entre el PSOE y el PNV, una de las más fructíferas en el mapa político español actual. Esto no va solo de los apoyos en la madrileña Carrera de San Jerónimo, sino que estas dos formaciones pactaron el Gobierno de coalición en Vitoria, además de las tres diputaciones forales (con un peso político y económico altísimo porque son las que recaudan los impuestos). Asimismo, ambos partidos tienen acuerdos de gobernabilidad en las tres capitales vascas.

Por lo tanto, una ruptura total entre ellos no solo afectaría a la legislatura nacional, sino que podría hacer saltar por los aires todas las instituciones vascas, donde el PSE-EE podría virar hacia EH Bildu y cambiar el color político. Y se rompería ese win-win que hasta ahora han tenido: los socialistas consiguen ese halo de centralidad de la mano de los de Esteban frente a la apuesta arriesgada de acordar con la izquierda abertzale, mientras que el PNV se asegura con Ferraz mantener las instituciones y su poder territorial. Como señala un veterano dirigente socialista. “El PNV sin la Lehendakaritza no sería lo que es”.

En este combo está también la figura de Aitor Esteban en el centro. Sus relaciones en Madrid son muy buenas con Moncloa y Ferraz, pero no existe esa conexión en Euskadi. En la izquierda vasca creen que el PNV está “sobreactuando” y reflexionan que el líder del PNV venía muy “mimado” de Madrid.

El propio Sánchez se ha puesto al frente de esta crisis con sus palabras en el Congreso para reconducir la situación. El líder de los socialistas elogió la “oposición constructiva” y tendió la mano a la “buena compañía” de los peneuvistas para agotar la legislatura. En el Palacio de La Moncloa rechazan que haya una ruptura: “No hay una crisis”. Quieren que amaine pronto el temporal.

Pero hay otro factor que también se ha cruzado durante estas horas: el PNV subió el tono contra los socialistas en una semana en la que los nacionalistas vascos se abstuvieron en la votación del decreto de prórroga de los alquileres, que fue tumbado por el ‘no’ del PP, Vox y Junts. En las bancadas progresistas, durante la sesión plenaria de este jueves, se comentaba que los nacionalistas vascos saben que su posición también es impopular y no están cómodos al situarse en el lado “de los especuladores”.

El PNV se inquieta cuando entra en la ecuación con el PP y Vox, un tándem muy mal visto en Euskadi. El acercamiento a la derecha y a la extrema derecha españolas puede suponer un revulsivo precisamente para EH Bildu, su gran rival por la hegemonía en el Parlamento vasco. Es un quebradero de cabeza para el partido de Esteban quedar como uno de los culpables de la posible llegada a La Moncloa de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal.

La historia entre el PSOE y el PNV ha estado marcada por diferentes etapas de encuentros y desencuentros. Los dos partidos formaron equipo en el Gobierno vasco entre 1986 y 1998, con el liderazgo del lehendakari José Antonio Ardanza y bajo el “espíritu de Arriaga”, que buscaba fórmulas para la comodidad dentro del Estado. Pero luego la política vasca cambiaría de eje con el Pacto de Lizarra, que supuso un marco para aventuras de corte soberanista como la impulsada por Juan José Ibarretxe, que distanció al PNV de los socialistas, quienes lograrían durante unos años el Gobierno con Patxi López a la cabeza gracias a los votos del Partido Popular. El reencuentro se produciría en 2016, cuando Iñigo Urkullu pactó con el PSE-EE de Idoia Mendia, una fórmula que se ha mantenido hasta ahora. 

El PSOE y el PNV se miran de nuevo. Saben que se necesitan. Pero queda un año para las elecciones. Y Pedro Sánchez también ha avisado: quiere ocho años más de Gobierno. Su futuro pasa también por Aitor Esteban.

El empresario Víctor de Aldama ha acusado este miércoles en el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha dado especial importancia al aseverar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo García le dijo que, como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.

Víctor de Aldama está protagonizando una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un momento de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama ha sacado a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos.

Aldama, que ha reconocido estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, ha querido dejar "una cosa clara".

"El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", ha señalado, y ha ubicado a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

El comisionista, que se avino a colaborar con la Fiscalía mientras estaba en prisión provisional por un fraude millonario en hidrocarburos por el que está investigado en la Audiencia Nacional, ha reiterado que a él se le dijo que "todo lo sabía el presidente", y que el propio Sánchez también se lo transmitió en un mitín del PSOE en Madrid en 2019, cuando le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

Y ha vuelto a destacar una vez más la fluidez en el trato de Koldo García hacia el presidente del Gobierno, a quien llamaba "Pedro y no presidente".

Aldama, que busca apuntalar su colaboración para rebajar la petición de 7 años de cárcel del fiscal y no entrar en prisión, también ha hablado de los pagos que se le atribuyen al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba -investigado en la parte del caso que se sigue en la Audiencia Nacional-.

Eran pagos de 2.000 euros mensuales, pero ha precisado que eran para paliar la deficiencias que tenía la unidad en la que el agente trabajaba, la UCE 2 dedicada a la lucha contra el terrorismo yihadista.

A cambio, la UCE 2 les facilitó teléfonos desechables -que no encriptados, ha dicho- tanto para él como para Koldo García y otras personas y a los que aludían en clave en términos de "café". De todo ello tenían conocimiento tanto el teniente coronel de esa unidad y el general, que también sabían que Aldama les regaló un dron.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 o 350.000 llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: "Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", pero lo que ellos siempre le decían es que "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo "tenía claro y lo sabía".

Tras casi un mes en vigor, la prórroga de los alquileres llega este martes al Congreso de los Diputados con pocas esperanzas de prosperar. Han sido semanas de manifestaciones, protestas frente a la sede del PP y cruces de acusaciones entre las distintas formaciones políticas. Los sindicatos han llamado a los inquilinos a solicitar la prórroga aun sabiendo que probablemente decaería y han mandado hasta 50.000 cartas a los diputados que, previsiblemente, votarán contra la norma. En medio de esta tormenta están los inquilinos, que si no han notificado a su casero no podrán hacerlo ya si el decreto decae. Quienes sí lo hayan solicitado, deberían poder disfrutar de la extensión de su contrato, aunque desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan a infoLibre que la mayoría de las peticiones no ha recibido respuesta y los caseros guardan silencio. 

La medida no es nueva, porque estuvo vigente dentro del paquete anticrisis que se implantó en la pandemia, pero puede ayudar a frenar la burbuja de precios del mercado, ya que simplemente con haberlo solicitado hasta este martes, permite extender los contratos de vivienda que vayan a concluir antes del 31 de diciembre de 2027 durante un máximo de dos años y manteniendo las condiciones, con un tope de incremento del precio del 2%.

La norma se encontró con la oposición cerrada del Partido Popular, Vox y Junts, pero desató una respuesta social entre los sindicatos de inquilinas. Otros partidos como Sumar o el propio PSOE, por boca de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedían a los arrendatarios que solicitasen la prórroga a sus caseros aun asumiendo que iba a decaer, ya que legalmente —y aunque la medida no pase el filtro del Congreso— la extensión del contrato se les debe aplicar.

Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha sido la parte del Gobierno más implicada en este proyecto y ha mantenido abierta hasta el último momento la posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts. "Apuraremos hasta el último segundo", señaló el responsable de Consumo. Además, en una carta abierta remitida la semana pasada a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Bustinduy le pedía que se replantease su postura, ya que era una medida “razonable y necesaria” que “no supone merma alguna” para los propietarios. Desde el PP respondió su portavoz, Esther López, señalando que no se sentarían a hablar porque la medida “no funciona” y tratando de vincularla con la okupación. 

Durante este mes escaso de vigencia, los sindicatos de vivienda han ayudado a cientos de personas a solicitar esta extensión automática de sus contratos, ofreciendo modelos de burofax y asesoramiento. "La percepción es que, en la gran mayoría de los casos, los caseros no han contestado", explican a infoLibre desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. La situación es incierta y muchos arrendadores han optado por el silencio a la espera de lo que pase este martes, aunque desde la agrupación sindical señalan que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala estas peticiones y la aplicación de la prórroga. 

Uno de los riesgos a los que se enfrentan quienes la solicitan es que sus caseros intenten echarlos utilizando subterfugios legales o que recurran en los tribunales la petición. De ahí que algunos expertos pronostiquen una avalancha de procesos judiciales. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, estos mensajes "son una forma de amedrentar a los vecinos para que no soliciten la prórroga" y piden seguir adelante con el envío de los burofaxes.

Sus homólogos en Cataluña también han mantenido el pulso social, han participado en el envío de misivas y han señalado a quienes planean votar en contra. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirmó este lunes en un acto donde unos 30 inquilinos de la empresa Vivenio pedían la prórroga, que los partidos políticos que se opongan “también serán responsables” de las expulsiones de los vecinos. 

Con estos mimbres y un Junts que juega con la incertidumbre hasta la última hora, es como llega la propuesta al Congreso. En la tarde del lunes, el partido de Carles Puigdemont respondía con otra negativa al intento de acercamiento del titular de Consumo. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado.

Este decreto es uno de los dos que conformaban el paquete de medidas que el Gobierno lanzó para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se elaboró a petición de Sumar, pero no fue respaldado por la mayoría parlamentaria y su aplicación quedó acotada al periodo de vigencia que expira este martes. 

"Para las personas que hayan solicitado acogerse al Real Decreto, los efectos jurídicos son los mismos, independientemente de lo que se vote en el Congreso", aclara a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Más allá de los casos particulares o de la conflictividad que pueda darse con cada casero, Jacinto explica que aquellas solicitudes que se hayan hecho mientras la norma estaba en vigor (es decir, hasta este martes, en caso de que decaiga) deberán tenerse en cuenta. "Esa es la opinión mayoritaria entre los expertos", apunta. "Un ejemplo es la renta antigua. Es una figura que ya no está vigente, pero sí se respeta legalmente para aquellas personas que la tenían antes de que fuese derogada", concluye.

Si se da el escenario más favorable y la medida sale adelante, los inquilinos que quieran acogerse a ella deben solicitarlo previamente a sus caseros, ya sin este trámite no será de aplicación automática.

Desde los sindicatos de inquilinos insisten en la posición de vulnerabilidad de los arrendatarios y también en la incertidumbre económica en la que se ven sumidas aquellas personas que se tienen que buscar otra vivienda cuando su contrato finaliza, ya que en esta situación no hay límite para subir los precios. Otro dato importante a considerar es que el número de propietarios en España ha caído un 22% en los últimos 14 años, por lo que cada vez más personas se ven expuestas al mercado del alquiler.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC publicado este lunes señala que el porcentaje de hogares que viven en una casa de su propiedad se ha reducido desde el 79% hasta el 63,9% en poco más de una década, mientras que quienes viven de alquiler han aumentado desde un 11% hasta un 19%.

En Consumo insisten una y otra vez en sus argumentos para mantener la prórroga, ya que esta bloquearía los precios aunque el contrato expirase. "En las condiciones actuales de mercado, la renovación de estos contratos supondría para muchos de ellos subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres", señalan. Y tampoco renuncian a disipar las dudas electoralistas que pudieran surgirles a PP, Vox o Junts, insistiendo con otro estudio que apunta que un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga, incluyendo un 65% de electores del PP.

Junts tiene una obsesión. Y se llama Aliança Catalana. En el partido de Carles Puigdemont no saben cómo frenar el ascenso de los de Sílvia Orriols. La preocupación se expande entre sus dirigentes cuando falta apenas un año para que se celebren las elecciones municipales, principal reducto institucional ahora de los posconvergentes. Pero las dos almas de la formación chocan en su visión.

La marca de Aliança se basa ahora mismo en un discurso de mano dura con la migración, mirando especialmente a la ultraderecha francesa de Marine Le Pen. Conscientes de la fuga de votos, en Junts se ha endurecido el tono durante las últimas semanas con críticas al proceso de regularización que ha puesto en marcha el Gobierno de coalición.

El número dos del partido, Jordi Turull, se ha lanzado contra este proceso y ha criticado que el catalán no se haya incluido como un factor para regularizar a los migrantes. Su mensaje pasa por esta línea: "Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante".

La semana pasada también Míriam Nogueras fue al choque directo con Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde pidió incluso un adelanto electoral. También se refirió al proceso de regularización: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca. Pero no paga usted. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña”.

Y en este tema vuelven a aparecer las dos almas de Junts. Algunos sectores del partido, según fuentes internas, creen que no es conveniente ir a una línea dura al estilo de Aliança. Como señala un dirigente: “Eso sería un error. Deberíamos tener un discurso más humanista y más integrador. Recuperar el modelo de Jordi Pujol. Lo contrario supone hacernos una enmienda a la totalidad a nosotros mismos”.

“No se puede competir con Aliança con su mismo discurso. Hay que abordar de manera diferente el fenómeno de la migración. Esto nos afecta a nosotros, pero también quita votos al PSC, a ERC y a la CUP”, indica este dirigente. 

Parte de Junts apela a la vía con la que abordaba Pujol la migración y al espíritu de la “Cataluña de los seis millones” que defendía el expresident en la década de los noventa. Una fórmula en la que se combinaba la integración con políticas para extender el catalán, con una profunda relación además con la Iglesia y el catolicismo que practicaba.

Dentro de Junts hay familias que reivindican el pragmatismo del pujolismo y su vocación pactista para favorecer los intereses de Cataluña frente a la política de la dirección actual, que prima una estrategia basada en las decisiones que adopta de forma unilateral Carles Puigdemont desde Waterloo y que les aleja de un discurso más transversal y necesario para recuperar la Generalitat. 

De esta manera, la migración entra de lleno en la vida interna de Junts, que sigue muy pendiente de lo que diga la justicia europea sobre la ley de amnistía para que pueda volver Puigdemont. Un partido en el que algunos también internamente recelan del tono de Nogueras en Madrid y en el que las distintas familias se posicionan discretamente para imponer un nombre afín para la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona.

La postura de Junts sobre la regularización de migrantes choca, en cambio, con el apoyo que le han dado al proceso los empresarios y la Iglesia, dos ámbitos con estrecha relación con los de Puigdemont y que marcan muchas iniciativas de Junts. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aseveró que las empresas “necesitan la inmigración como el agua” para poder cubrir puestos de trabajo.

Pero la presión interna a Puigdemont para endurecer el discurso viene especialmente de alcaldes y dirigentes locales, que han trasladado a la dirección cómo el discurso de Aliança Catalana está calando entre muchos de sus vecinos. Uno de los que empuja con más fuerza es el primer edil de Vic, Albert Castells, que repite que la saturación de los servicios públicos se debe a la “llegada masiva de personas sin control”: “Tenemos muchos jóvenes que no podrán prosperar y gente mayor a la que no podremos atender”.

El partido está preparando una gran convención municipalista para el próximo 30 de mayo, donde pondrá el acento en temas de migración como el padrón y el intento de prohibir el burka, una iniciativa que llevó al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley y que fue tumbada finalmente por el Pleno.

Una de las grandes frustraciones de Junts es que no haya salido adelante su proposición de ley, junto a los socialistas, para delegar competencias de migración en la Generalitat. Desde el Gobierno recuerdan que ellos han cumplido con su parte del pacto, pero que de ellos no dependen las votaciones en el Congreso. En este apartado, Podemos se posicionó en contra al entender que el texto tenía tintes xenófobos.

Además, el partido posconvergente está muy enfadado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado que la formación soberanista es “siempre” un proyecto clasista y racista: “Definir a Junts como progresista… En mi vida he dicho esto”. El choque entre ella y los de Puigdemont ha ido creciendo desde que tumbaron su proyecto estrella de reducción de la jornada laboral. Muy lejos quedan esos días en los que ella viajó a Bruselas para reunirse con el expresident después de las elecciones de julio de 2023.

La actitud de Díaz ha levantado ampollas entre los socialistas, que creen que hay que mantener abierta la puerta de la relación con Junts, y entre sus propios compañeros de espacio. La líder de los comunes en el Parlamento catalán, Jéssica Albiach, tachó de “preocupantes” algunas posturas de los posconvergentes en migración, pero indicó: “No creo de ninguna de las maneras que los votantes de Junts sean racistas, tampoco creo que lo sean los militantes, los simpatizantes o los dirigentes".

Las dos almas de Junts se vuelven a evidenciar. Un partido que sigue a la espera de la vuelta de Puigdemont. Y que sabe que este año es vital para su futuro. Endurece su tono contra Pedro Sánchez, pero no se atreve a dar el paso final para una moción de censura de la mano del Partido Popular y de Vox. Pero, a la vez, crecen cada día los nervios por la pujanza de Aliança. Cualquier paso puede cambiar la historia de la derecha catalana.

En tiempos de polarización, hay una batalla soterrada ahora mismo que preocupa especialmente en los cuarteles generales del Partido Popular y del PSOE: el voto de centro. El espacio de los que se consideran más moderados y se sitúan en mitad del tablero decantará las próximas elecciones. Y la indecisión alcanza los niveles más altos en esa franja: uno de cada cuatro electores situados ideológicamente en la media no sabe qué hará en las elecciones generales.

El concepto de centro es magmático. Y en España los partidos que surgieron supuestamente para aglutinar ese espacio no lograron triunfar y sus dirigentes acabaron engrosando las filas principalmente de opciones de derechas. Ciudadanos y UPyD son los ejemplos más claros de esos movimientos. Un teórico centro que terminó virando hacia el Partido Popular.

¿El centro es mayoritario en España? Según el último barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la media del votante español se sitúa en el 4,64 dentro de la escala ideológica que va del 1 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha). El 21,6% de los electores se auto ubica en el 5 (centro-centro). Y los bloques a los lados quedan así: 43% izquierdas y 30,1% derechas.

Por eso, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo buscan ese espacio, que, en términos electorales, ahora mismo está siendo dominado por Génova 13. Los datos del CIS señalan que los electores radicados en el 5 prefieren en este momento al Partido Popular (19%), por delante del PSOE (11%). Las siguientes opciones son: Vox (8%), Sumar (1,7%) y Se Acabó la Fiesta (1,6%).

En cambio, los socialistas se imponen con claridad en el centroizquierda, aquellos que se puntúan con un 4 en la escala ideológica. Pedro Sánchez arrasa en ese grupo con un 44,9%. Pero lo que obsesiona principalmente a socialistas y populares es la amplia masa de electores ubicados en el centro que no saben a quién votarán en las generales (un 24,6% en los que se dan un 5). En la última encuesta de 40dB. se recoge también que los españoles se sitúan en un 4,9 de media. En ese punto de la tabla, el Partido Popular tiene ahora mismo una intención de voto del 22,5% frente al 16,5% del PSOE.

Ese espacio de centro (en la media del 5) tuvo sus cotas históricas más altas, en la autoubicación del CIS, durante la pandemia, llegando a superar el 31% en el estudio de junio del año 2020. Pero esa concepción del centro también se marca por los extremos. La extrema derecha, que había sido casi residual, empezó a despegar a finales de 2018, cuando irrumpió Vox. Hasta ese momento estaba en menos del 1%. Hoy un 6,4% de los españoles se sitúa en el 10 (extrema derecha). Pero a la vez, también están marcando en el último año cifras históricas aquellos que se sitúan en la extrema izquierda, ahora mismo por encima del 15% de los ciudadanos.

Otro de los elementos que distingue, a estas alturas de la legislatura, a los votantes del centro es precisamente, que registran el mayor grado de descontento con los líderes. Sánchez aparece como el preferido para ser el presidente del Gobierno en este segmento, pero solo concita el apoyo del 14,7%, mientras que Núñez Feijóo apenas supera el 11%. Y es que el dato más relevante es que el 41% no quiere a ninguno de los actuales líderes de los partidos.

Además, el centro también es voluble en cada carrera electoral, dependiendo de los candidatos y de las vías pragmáticas que se abren. Un ejemplo es Hungría, donde ha ganado un candidato muy de derechas frente a Viktor Orbán, pero en el que se han volcado tanto los centristas como los progresistas para desalojar al anterior primer ministro.

Precisamente, en el PSOE miran mucho a los pactos entre el Partido Popular y Vox en comunidades como Extremadura y Aragón como un factor que puede hacer que los indecisos del centro terminen apoyando a Sánchez porque les aterrorizan esos acuerdos que suponen una “involución”, según fuentes socialistas.

Además, los socialistas creen que tienen una gran opción de avanzar en el voto del centro con el último movimiento de Sánchez en el Gobierno al haber aupado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como vicepresidente primero. Su figura moderada, técnica y profesional conecta muy bien con ese tipo de electorado. Asimismo, como señalan dirigentes del partido, no se puede crecer mucho más por la izquierda, un flanco con el que conecta directamente la propia figura del presidente.

En el espacio a la izquierda del PSOE temen ese dominio de Sánchez, pero los socialistas señalan que se ha dado de manera natural por las políticas del presidente, pero también por la falta de unidad de esos partidos en pleno avance de la ultraderecha. No obstante, dirigentes progresistas, como señaló Jéssica Albiach, de los comunes, en una entrevista con infoLibre confían en que esta tendencia cambiará una vez haya una fórmula electoral con un candidato después del verano.

En Génova 13 confían precisamente en ese espacio para poder vencer a Sánchez en las próximas elecciones. En el equipo de Feijóo hacen este análisis: “El PP es el partido de las mayorías porque es el que mejor representa al votante centrado”. Según señalan fuentes populares, el PSOE les ha dejado un “hueco importante en ese espectro, ya que vampiriza a quien está a su izquierda”.

Por eso, los populares quieren amarrar ese voto de centro que, según sus análisis, pide “gestión, buena praxis, sensatez y sentido común”. “El PP se siente muy cómodo en el centro porque está centrado en lo que importa a la mayoría de los españoles”, indican desde la sala de máquinas de la formación que lidera Núñez Feijóo.

Estados Unidos vuelve a tener problemas con España. En un correo interno del Pentágono se plantean distintas formas en las que el país norteamericano podría penalizar a los aliados “difíciles” de la OTAN que no apoyaron a Estados Unidos en su ataque a Irán. En esos aliados “difíciles” entra España. 

Un funcionario estadounidense ha explicado a Reuters que en el correo se recoge la posibilidad de suspender a España de la Alianza y de revisar la postura estadounidense en respecto a la reclamación británica a las Islas Malvinas. 

Por su parte, Pedro Sánchez, restó relevancia a esto y aseguró que el Ejecutivo español no trabaja sobre correos electrónicos, sino sobre documentos oficiales, y cumple con sus obligaciones.

"La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", añadió.

El texto enviado recoge la frustración estadounidense por la negativa de algunos aliados de permitir el acceso, uso de bases y derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán, algo que se indica en el mensaje que ven como “el mínimo imprescindible para la OTAN”, según ha contado este funcionario, que ha hablado bajo condición de anonimato con la agencia. 

Lo cierto es que no es la primera vez que Estados Unidos muestra su disconformidad con España. Uno de los últimos choques entre los dos mandatarios llegó por la guerra en Oriente Medio, que comenzó con el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán. El presidente Pedro Sánchez se negó a dejar que los estadounidenses utilizaran sus bases en suelo español –una naval en Rota y una aérea en Morón– para atacar a el país y cerró el espacio aéreo a aviones de Estados Unidos que participan en la guerra.

Ante esa nueva novedad en las cada vez más constantes amenazas por parte de la Administración Trump, el presidente del Gobierno ha sido claro y ha restado importancia a lo sucedido a su llegada a la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre. “Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”, ha reiterado Sánchez. 

Si bien las medidas que se incluyen en el correo no tendrían mucho impacto en las operaciones militares de Estados Unidos, si lograrían enviar una señal fuerte. Su finalidad entonces sería “reducir el sentido de derecho adquirido por parte de los europeos”. Por tanto, suspender a España de la Alianza no tendría un impacto real pero sí uno simbólico. 

Una de las propuestas se basa en suspender a los países “difíciles” de puestos importantes o prestigiosos dentro de la Alianza. Precisamente, el presidente Trump ya lleva varios meses mostrando su inconformidad con la OTAN. Su último ataque llegó con la negativa de los países de enviar refuerzos al Estrecho de Ormuz, que se cerró al tráfico marítimo después de que comenzara la guerra. 

El presidente Donald Trump, ha insistido varias veces en la posibilidad de que su país abandone la OTAN, "considerando seriamente" la retirada de la alianza a la que ha calificado como un "tigre de papel". El propio Mark Rutte, secretario general de la OTAN, explicó que el mandatario está “claramente decepcionado” tras reunirse con Trump en la Casa Blanca. 

El republicano siempre ha sido crítico con la Alianza Atlántica, al considerar que su país gasta demasiado en la defensa de los aliados, pero ha incrementado su frustración por la negativa del bloque a implicarse en la guerra de Irán y desbloquear el Estrecho de Ormuz. Y parece que cada vez más, aunque la posibilidad de que sus amenazas se materialicen no están tan claras. 

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

En psicología, se denomina “desplazamiento” al intento de arreglar un problema cuando en realidad no podemos solucionar el que verdaderamente nos preocupa, el que es la causa determinante de nuestro malestar. Digamos que es como si decidiéramos cambiarle las ruedas a nuestro coche cuando lo que en realidad le pasa es que le falla el motor. Conecto esto con un libro que me acaba de llegar, y que creo que ilustra perfectamente la situación en la que estamos: se trata de La chica más lista que conozco, y va de relaciones asimétricas. Al otro lado de mi mesilla de noche tengo el primer volumen de Archipiélago Gulag; pero claro, ya no se escriben historias como las de antes. La mirada es profundamente introspectiva, personalista e individual.

No solamente no quiero echar un jarro de agua fría a la Cumbre Progresista que acaba de tener lugar, el pasado fin de semana, en Barcelona; todo lo contrario, creo que ha sido un verdadero éxito y que los progresistas deberían hacer mucho más a menudo lo que han hecho en Barcelona: exhibir que, por paradójico que parezca, hoy los necesitamos más que nunca. Son como el oxígeno que respiramos: necesarios para la vida. Pero, al mismo tiempo, sigo pensando que están obsesionados con cambiarle las ruedas al coche, cuando lo que le falla es, en realidad, el motor. Relaciones asimétricas, antes que archipiélagos.

Creo realmente que la historia del mundo, desde luego la historia de Europa, y más concretamente la de la Unión Europea y la de los países que la forman, empezó a cambiar a finales de los años 80. Se produjo, en ese momento, lo que en vela se denomina un “rolo de viento”: el curso de los acontecimientos cambió de dirección. Hasta ese momento, la política y el Estado tenían la suficiente fuerza como para imponerse a las otras esferas de la vida y, en particular, a la economía. A partir de ahí las cosas cambiaron, y lo hicieron de una manera no contingente, sino estructural. Se empezó a cerrar, dicho sea de otra manera, un episodio de la historia, y empezó a abrirse otro. ¿Se acuerdan, no? Empezamos a asistir, en aquellas fechas, a la explosión de la revolución digital, al despliegue de internet, a la progresiva aparición de las redes sociales, lo que se acompañó de los primeros procesos serios de liberalización y de privatización, de las telecomunicaciones, de la energía eléctrica, del Gas Natural, y un largo etcétera. En muchos casos, esos procesos fueron auspiciados por fuerzas progresistas, que observaban atónitas cómo la única opción que tenían era la de subirse al barco o morir irremediablemente ahogados. No, no creo que la Tercera Vía, ni ésta ni aquella, sea la culpable de la situación de la izquierda en el mundo. Creo que la izquierda hizo lo que pudo para adaptarse al entorno, a costa, eso sí, de perder gran parte de su credibilidad. Pero, si somos serios, ¿qué podía hacer la izquierda realmente en ese momento? Adaptarse o morir. Y todas las adaptaciones se dejan parte de la genética original por el camino. No, no fue ese el problema. El problema fue otro.

Sigo pensando que el intelectual que mejor ha diagnosticado los males de los Estados modernos, y de la izquierda por tanto, es Dani Rodrik. Rodrik señala, como sabemos, que no se puede optar por globalización económica, soberanía nacional y democracia a la vez. Al menos, hay que dejar una por el camino. Aunque, como digo, el análisis de Rodrik no es un análisis sobre el estado de la izquierda, sí que tiene claras implicaciones para ella: si decidimos dejar la democracia a un lado, como en realidad está sucediendo, la socialdemocracia sufre más que otras fuerzas políticas, puesto que la socialdemocracia no puede sobrevivir sin democracia (otras fuerzas políticas, sí). Aunque Rodrik ha matizado su “trilema” en posteriores estudios, lo que me interesa recalcar aquí es que el marco que establece es esencialmente válido para entender lo que ha pasado: cuando se expandió la globalización económica, ello tuvo efectos sobre los otros dos vértices del triángulo. Dejemos a un lado la cuestión del voluntarismo (¿se optó por la globalización económica o simplemente ocurrió de forma inexorable?). El caso es que la globalización económica acabó de sellar la dominancia de la esfera económica sobre todas las demás, y en particular, sobre la política. Me da igual que en estos momentos haya un loco en la Casa Blanca que con su política arancelaria esté frenando, de alguna manera, la globalización económica: eso sí que es contingente, y cuando este episodio recesivo termine, volveremos exactamente a lo mismo de antes, aunque con mucha más fuerza.

El marco de Rodrik nos permite ver qué han hecho los Estados ante la globalización económica: optar por soberanía nacional en lugar de por democracia. Es verdad que probablemente la causa de esa opción haya que encontrarla en la crisis económica de 2008, que para mí es el epítome del triunfo de la esfera económica sobre las demás; en efecto, la crisis de 2008 produjo una reacción nacionalista tanto entre las fuerzas progresistas como entre aquellas a las que lo nacional y hasta lo local les salía de dentro de manera natural. De tener que endosar algún error a la izquierda, yo le apuntaría este: el no haber dejado a un lado la soberanía nacional y haber apostado de forma más clara por el internacionalismo, es decir, por la vía democrática regional y global.

Está muy bien que el proyecto progresista para los próximos decenios sea la ecología; también que se intente poner coto a la expansión antiética de la revolución digital. Pero mis queridos amigos y amigas del mundo progresista: ¿cuándo abordaremos definitivamente que si la economía es global, la política democrática también tiene que serlo, que no caben ya miradas nacionalistas, ni siquiera nacionales? El programa de la izquierda es, pues, de escala: una democracia global para una economía global. Si lo hacemos, a lo mejor hasta tenemos una oportunidad.

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Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

"Todo lo que yo he hecho en estos largos años ha sido siempre privilegiando el objetivo superior de la libertad de Venezuela. Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. En determinados momentos convienen y en otros no convienen ciertas reuniones para tal objetivo. Por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista".

Con esas palabras ha rechazado María Corina Machado, durante su visita a España, reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En cambio, sí se ha visto con dirigentes del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. También se entrevistó con el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, en la sede de la Fundación Disenso.

 En su agenda también estuvo un acto en el Senado, dominado con mayoría absoluta por el Partido Popular. Asimismo, protagonizó un desayuno informativo presentado por el expresidente del Gobierno Felipe González. Tuvo tiempo para entrevistas con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Federico Jiménez Losantos. Y llegó incluso a fotografiarse con Mariano Rajoy. En cambio, no visitó el Palacio de la Moncloa, a pesar de que Sánchez le ofreció una reunión.

Este rechazo ha abierto un nuevo frente entre la galardonada con el premio Nobel de la Paz y el Ejecutivo. Y supone un agravio por parte de la política a un Gobierno que ha dado pasos a favor de la libertad en Venezuela mayores que otros países de la UE. Incluso, Machado ha dicho en las últimas horas que espera que España pueda tener pronto “unas elecciones impecables”, un mensaje que hace alusión al manido bulo del fraude electoral que utiliza la extrema derecha en España sin ningún dato que lo respalde.

Precisamente España se ha convertido en el principal país receptor de venezolanos en Europa. Desde 2018, año en el que llegó Pedro Sánchez al poder, se ha aplicado una vía exprés para que los ciudadanos de este país pudieran obtener permiso de residencia por razones humanitarias. Un instrumento que ahora se extingue coincidiendo con el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Consejo de Ministros. Bajo esta fórmula, se han concedido permisos durante estos ocho años a más de 240.000 venezolanos.

La comunidad venezolana en España ha crecido durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez. Ha pasado de 255.000 en 2018 a casi 700.000 ahora, según el INE. De todos ellos, más de 250.000 tienen nacionalidad española.

La visita de Machado se ha producido apenas unas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López, uno de los rostros más reconocidos de la oposición venezolana durante años. El Gobierno justificó así su decisión: “Fue alcalde del municipio Chacao entre 2000 y 2008 y coordinador nacional del partido Voluntad Popular desde 2009. En 2014 fue encarcelado por promover protestas antigubernamentales y permaneció más de tres años privado de libertad antes de pasar a arresto domiciliario. Posteriormente, se refugió en la embajada de España en Caracas y a finales de 2020 se trasladó a Madrid donde reside actualmente”.

"La concesión de la nacionalidad se fundamenta en su relevancia política, defensa de los valores democráticos y situación excepcional, en la que no es reconocido como nacional por su propio país. Por eso, el Gobierno quiere subrayar que esta decisión refleja su compromiso con el pueblo venezolano y su transición democrática”, argumentó el Ministerio de Justicia, pilotado por Félix Bolaños, respecto al acuerdo gubernamental. López precisamente estuvo resguardado en la residencia en Caracas del embajador de España en Venezuela desde abril de 2019 hasta octubre de 2020, cuando Sánchez ya llevaba un año en la Moncloa.

El Gobierno español no reconoció el resultado oficial de las últimas elecciones en 2024 en Venezuela, donde Nicolás Maduro se autoproclamó ganador. Desde el Ministerio de Exteriores siempre se exigió la publicación de las actas electorales. Ante esta situación, España acogió en septiembre de ese año al candidato opositor, Edmundo González, que fue trasladado hasta Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

El Ejecutivo resaltó entonces: “El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su traslado, realizado a solicitud suya”. Y reiteró “su compromiso con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, muy especialmente de los líderes políticos”. 

El propio Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa a González y escribió un mensaje en X en el que daba una “cálida bienvenida” al candidato opositor y defendía su acogida “mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos”. En las redes, el candidato agradeció al presidente su “disposición” por recibirlo a él y a su esposa: “Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés en trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en nuestro país. De igual forma le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de siete millones de electores”.

En febrero de 2019, Sánchez también fue uno de los primeros mandatarios en reconocer a Juan Guaidó como “presidente encargado de Venezuela” y exigió la convocatoria de unas elecciones presidenciales “libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “No daré ni un paso atrás. Por la libertad, la democracia y la concordia”, indicó durante aquellos días el socialista.

Al calor del choque con Machado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha relatado que también a ella el Gobierno le ofreció ayuda. En una entrevista en RNE, señaló que ella misma “en un momento” solicitó refugio en la embajada española. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, reveló el responsable de la diplomacia, que consideró “injustas” esas críticas porque precisamente es el Ejecutivo “que más ha hecho por el pueblo venezolano en todo el mundo”.

Por eso, el Gobierno español considera una “falta de respeto” la actitud de Machado. El propio Albares verbalizó: "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas". A pesar de todos estos episodios y acciones de los gobiernos de Pedro Sánchez, Machado ha decidido sembrar dudas sobre las elecciones en España y ha evitado reunirse con el presidente de un país que ha acogido a cientos de miles de venezolanos por razones humanitarias durante años.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de abril sitúa al PSOE como fuerza más votada, 12,8 puntos por encima del PP, con Vox a la baja, al igual que las fuerzas situadas a la izquierda de los socialistas, como Sumar y Podemos, que también perderían apoyos.

La encuesta concede al PSOE el 36,4% del voto estimado, en tanto que el PP obtendría el 23,6% de los sufragios si se celebraran ahora elecciones, con el 14,7% para Vox, el 5,8% para Sumar y el 2,2% de respaldo para Podemos, unos resultados procedentes de 4.020 entrevistas realizadas entre los pasados 6 y 10 de abril.

El despegue de los socialistas se debe a una subida en sus apoyos de 4,6 puntos respecto al anterior muestreo de marzo, en tanto que el PP solo ganaría tres décimas, Vox se dejaría 1,9 puntos en solo un mes, Sumar caería 1,3 puntos, y Podemos, siete décimas.

El instituto dirigido por José Félix Tezanos concede además un alza de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9%; mientras Se Acabó la Fiesta se llevaría el 1,7%, Eh Bildu, el 1,3%, y Junts, el BNG y el PNV, el mismo porcentaje: el 0,8% cada uno. A Coalición Canaria le adjudica el 0,2% y a UPN el 0,1%.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados, a gran distancia de Alberto Núñez Feijóo (PP), citado por el 9,9%, y de Santiago Abascal (Vox), que lo es para el 7,4%.

Sánchez es también el mejor valorado, aunque sin llegar al aprobado, porque los entrevistados por el CIS le conceden una nota media de 4,81, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,68) y de Santiago Abascal (2,75).

El jefe del Ejecutivo despierta más confianza en los ciudadanos que Feijóo: en concreto, al 36,8% le genera "mucha" o "bastante" confianza, mientras que el 17,32% confía en el jefe de la oposición.

La desconfianza es también mucho mayor en el caso de Feijóo, con un 81,6% al que le provoca "poca" o "ninguna" confianza, un índice que en el caso de Sánchez es del 61,9%.

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, con un 41,3% de menciones (hace un mes acumulaba el 43,5%), seguida de los problemas económicos (29,9%), la calidad del empleo (19,2%) y la inmigración, citada por el 15,8%, cuando en marzo este porcentaje era de un punto menos.

Los encuestados se quejan mayoritariamente de la situación económica de España, que es "mala" o "muy mala" para el 52,8% y "buena" o "muy buena" para el 38,1%, aunque personalmente el 64,7% afirma que su situación económica es "buena" o "muy buena".

Además, el 56,5% se reconoce "muy" o "bastante" optimista, con un 30,7% que no se decanta por ninguna opción y solo un 8,4% que admite ser "bastante" o "muy" pesimista.

Al fijarse en los demás, los ciudadanos están divididos, porque el 29% afirma que los españoles son optimistas, frente al 29,8% que los ve pesimistas; el 30,6% responde que "ni optimistas ni pesimistas".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este lunes de que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes, informa EFE.

"Este disparate no tiene ni pies ni cabeza", ha afirmado en una rueda de prensa Tellado, en la que ha explicado que además los alcaldes se dirigirán por escrito a los delegados del gobierno de sus comunidades para exigir explicaciones "por el caos generado" con esta medida aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros.

Según Tellado, toda España está viendo "el descontrol" de la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está provocando el caos", con oficinas municipales "colapsadas" y "desbordadas" en toda España.

En ampliación

La Plaça de la Pau es un espacio efímero. Con olivos. En mitad del pabellón 8 de la Fira de Barcelona. Su duración: 48 horas. “Make love, not fascism”, reza la gorra de uno de los asistentes. Allí se cruzaron todos los caminos de la Global Progressive Mobilisation. Y se concentraba el sentimiento del evento: surge una nueva relación entre las izquierdas mundiales para hacer frente a la hiperorganizada internacional ultraderechista.

El dj que pinchaba en esta plaza enganchaba temazo tras temazo entre los distintos foros y diálogos. Preferencia por Bad Bunny. Pero no era una mera coincidencia, sino el reflejo del sentimiento compartido por más de tres mil progresistas llegados de todos los puntos del planeta. La izquierda se quita la cara agria y se pone rumbosa (o rumbera, que también sonaba Peret). Se acabó llorar. 

Durante 48 horas se ha compartido, desde todos los niveles, que la ultraderecha no es invencible y que empieza a dar signos de agotamiento con ejemplos palpables como la derrota en Hungría, el ‘no’ al referéndum de Giorgia Meloni en Italia y la caída de la popularidad de Donald Trump. Pero no se trata sólo de que se debilite el otro bloque. Barcelona supone un punto de inflexión. Los problemas son compartidos, y hay que empujar con soluciones a nivel internacional.

Y de esta cita sale un bloque con una alternativa clara configurado en muchos estratos. En la cabeza están líderes como Pedro Sánchez (España), Claudia Sheinbaum (México), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Yamandú Orsi (Uruguay). Pero también reman con fuerza figuras como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no estuvo presente en la ciudad condal, pero envió a Ana María Archila, una de sus colaboradoras más cercanas y encargada de asuntos internacionales. Sí acudió desde Minnesota el gobernador Tim Walz, que fue el tique electoral de Kamala Harris.

La red progresista impulsada en Barcelona cuenta con figuras emergentes como la italiana Elly Schlein y referentes con peso simbólico como el expresidente chileno Gabriel Boric, además del paraguas institucional global con pilares como Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El compromiso es firme: se abre una nueva etapa de unidad. Y se debe hacer con practicidad. Con medidas concretas y de la mano de intelectuales y de la sociedad civil. Prueba de ello, por ejemplo, es que de Barcelona sale la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común, un órgano impulsado por el vicepresidente primero espñaol, Carlos Cuerpo, y la economista Mariana Mazzucato (University College London).

El espíritu de derrotismo no ha existido en el foro en Barcelona, que se ha convertido en un gran referente progresista a través del triunvirato Pedro Sánchez-Salvador Illa-Jaume Collboni. “Estamos armando el ejército desde el bando correcto de la historia”, deslizan fuentes del Gobierno. Y es que la izquierda ha encontrado su narrativa durante estas horas, uniendo puntos en común. Desde el “No a la guerra” a la necesidad de frenar la especulación de los pisos turísticos, pasando por la reivindicación de la democracia y la exigencia de una política fiscal progresiva con impuestos globales.

“La izquierda necesita también narrativa”, analizan desde el entorno del presidente. La cita de Barcelona tiene una gran importancia política para Sánchez, que se ha convertido en uno de los grandes referentes del espacio a nivel internacional. España será una de las grandes batallas políticas mundiales el año que viene. Es uno de los grandes objetivos de las derechas. Y una eliminatoria previa se vivirá en Brasil este otoño, con Lula a la cabeza. El brasileño ha sido el otro gran referente durante estos dos días en la capital catalana.

Pero esta cita también ha servido para reconstruir el puente entre España y México. Claudia Sheinbaum dejó atrás las rencillas por su choque con la Casa Real por sus exigencias de condena del pasado colonial: “No hay crisis diplomática, nunca la ha habido”. Y se implica de lleno en la construcción de este bloque progresista y se ha ofrecido como anfitriona de la cumbre para el próximo año. Asimismo, invitó a Sánchez a visitar el país.

"Es el momento de hacer frente al miedo con más democracia y a la desigualdad con más justicia", fue uno de los mensajes que llevó Sánchez a Barcelona, donde llamó a la acción conjunta del progresismo: “Si estamos aquí es porque compartimos una preocupación pero, sobre todo, una responsabilidad. Hay una vieja distinción entre asomarse a la ventana y bajar a la calle cuando algo ocurre. Estamos aquí para responder y actuar”.

“La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral. Un intento de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad. La desinformación erosiona la confianza en los gobiernos y, por tanto, en las instituciones. Es el riesgo al que nos enfrentamos: que la democracia se vacíe por dentro mientras se le ataque desde fuera”, analizó Sánchez.

Por eso, el jefe del Ejecutivo pidió a los líderes y a todo el espacio progresista que la respuesta no sea meramente defensiva: “No basta con resistir. Tenemos que proponer, tenemos que liderar. Tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, sino que se fortalece y se perfecciona día a día. Es el espíritu de esta reunión”. La hoja de ruta de la izquierda a nivel internacional, marcó Sánchez, debe pasar por el multilateralismo. Y mirando en ese 'ahora qué', el presidente apostó por una reforma de la ONU y por una mujer como sustituta de António Guterres. Entre las favoritas están en estos momentos Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan, aunque el Gobierno español no ha concretado ninguna preferencia específica.

En esos pasos precisos que debe dar la izquierda, otra de las prioridades que se ha puesto sobre la mesa es la gobernanza digital. De hecho, varios equipos de los países participantes han estado en contacto en Barcelona para empezar a trabajar en temas de redes sociales. Otra de las columnas vertebrales del proyecto es el combate contra la desigualdad.

Esas sensaciones se extienden entre los líderes progresistas. Pero no sólo con el pegamento anti Trump. Lo definía así el colombiano Petro: “Es una cumbre por una alternativa en el mundo, no en contra. Es una especie de faro que, en medio de la confusión y del desorden global peligroso, marca una especie de flecha que sigue un rumbo. El rumbo de la vida y no de la muerte”.

Pero la red que se lanza desde Barcelona no solo se trata de un orden de mandatarios, sino que se enfoca con fuerza en lo local. Es donde se ejercen las políticas públicas más cercanas a los ciudadanos; donde la izquierda debe demostrar su forma de gobernar; y donde se frena a la ultraderecha puerta a puerta. Esto no va solo de grandes discursos.

Algo que se evidenció en la gran asistencia al foro sobre gobiernos locales pilotado por el alcalde de Barcelona, que ha centrado mucho la atención de sus colegas por la decisión de acabar con los pisos turísticos en la capital catalana, lo que hará que salgan al mercado más de diez mil viviendas. El regidor se prepara para una dura lucha contra los fondos buitre, pero, como confesaba en los pasillos, en lo más profundo se trata de una lucha “entre el poder democrático de una ciudad y los especuladores”. Él quiere que la gente pueda seguir viviendo en L'Eixample y en Gràcia.

Esas experiencias las llevó hasta Barcelona también Kicillof, uno de los políticos más aplaudidos en sus intervenciones y en los pasillos. Contó en primera persona lo que está sucediendo en Argentina: “La política de Milei no está funcionando. Es un fracaso. Está destruyendo el modelo productivo, la salud y la justicia social. Este desastre recae sobre los gobernadores y alcaldes, que somos el escudo y la red para sostener la vida cotidiana. Estamos actuando con valentía. Tenemos que dar respuesta a la gente”. “Hay que decir que hay otro camino. Y también ‘No a la guerra’. Milei no representa lo que siente el pueblo argentino y de Buenos Aires. La solución ante esta política tiene que ser internacional. Acá la estamos construyendo”, remachó.

Barcelona lanza esa flecha internacional, como decía Petro. Y las luces se apagan, pero para encenderse de nuevo mañana entre los progresistas. Ahora toca poner en marcha todo lo dicho. El momento de la acción. “Creo que no somos conscientes de lo que ha pasado en estos dos días”, decía un organizador entre bambalinas al abandonar el recinto.

Hace ya tiempo que lo de menos es la realidad, el mínimo respeto a unos hechos comprobables sobre los que aportar visiones diferentes. Lo que importa es la versión parcial e interesada de la realidad que se consiga instalar en la conversación pública. Prueben a analizar portadas de periódicos, aperturas de telediarios o tiempo dedicado en programas televisivos de debate en los últimos días. Se diría que la noticia es exactamente lo que no ha ocurrido. A vueltas permanentes sobre la nada. Lo que pudo haber sido y no fue. Este mismo jueves (por ejemplo) me topo con la portada de El Mundo: "Aldama pagó un ‘catering’ para 5 ministros la noche que aterrizó Delcy" (ver aquí). Más abajo, en cuerpo más pequeñito, se matiza: "La cita no se celebró al tener la actual presidenta de Venezuela prohibida su entrada en la UE". Total, que no existió la cena, no acudieron los ministros, tampoco la actual presidenta venezolana. ¿La fuente? Un empresario inculpado por una estafa fiscal de casi doscientos millones de euros, pero que sigue en libertad, paseándose por los estudios de la COPE o por OkDiario, pregonando que él solito con su mochila de facturas liquidará el actual Gobierno y pondrá la alfombra roja a quienes considera que vendrán a “salvar” España. Patriotas especializados en hidrocarburos sin IVA y bitcoins sin factura. ¿Por qué la fiscalía consiente este bochornoso e intencionado espectáculo? Un misterio que más pronto que tarde tendrá que explicar el ministerio público.

El miércoles fue ABC quien dedicó su portada a otro tema que nos tiene sin dormir: "Bolaños presiona a Perelló con una cascada de cartas desde que es presidenta del CGPJ" (ver aquí). Se supone que esas supuestas cartas contienen quejas, “reproches”, “advertencias” o “indicaciones” del ministro de Justicia a Isabel Perelló, la jurista que el propio Bolaños propuso para presidir el órgano de gobierno de los jueces como nombre de consenso para que el PP suspendiera un bloqueo de más de cinco años en la renovación (obligada constitucionalmente) del Poder Judicial. La verdad es que bien podría ahorrarse el ministro de Justicia el feísimo (y torpísimo) detalle de poner mensajes de WhatsApp a Perelló expresando sus cabreos. Pero el resultado de esa “insoportable injerencia”, como la califica ABC, es perfectamente descriptible. No se me ocurre dictadura ni autocracia más eficaz que la que “soportamos” en España, donde ni una sola de las supuestas “injerencias” gubernamentales parece surtir el mínimo efecto. Más bien lo contrario. Y si no, ahí tienen la condena sin pruebas contra el fiscal general García Ortiz, el proceso alucinógeno de Peinado contra Begoña Gómez o la inusitada velocidad con la que Ábalos y Koldo se sientan en el banquillo (dos años desde el estallido frente a trece años desde que se destapó la trama Kitchen).

Disculpen que insista. Lo que está ocurriendo en determinadas instancias judiciales es a mi juicio lo más grave que se ha producido en la historia democrática reciente. Porque se pretende con todo el cuajo vender el mundo al revés: cuando por fin llega la hora (trece años después) de sentar en el banquillo a todo un exministro del Interior, a su número dos, a toda la cúpula de las fuerzas de seguridad de la época, con el desfile de testigos que van repitiendo que ¡oh, sorpresa!, ‘M. Rajoy’ es (...tambores…) Mariano Rajoy, también apodado El Asturiano, nada menos que presidente del Gobierno en las fechas de los gravísimos hechos delictivos; cuando otros indicios y testimonios salpican, pese a los esfuerzos del juez de instrucción por perimetrar las responsabilidades, a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; cuando en la sala del juicio se escuchan cada mañana declaraciones de testigos que ofenden a la inteligencia como la que este miércoles protagonizó Ignasi Cosidó, exdiputado del PP, exsenador y, sobre todo, ex director general de la Policía, que dice que no se enteró de nada, ni por arriba ni por abajo, de lo que hacían sus jefes y sus subordinados, dedicados en cuerpo, alma y cartera (del contribuyente) a —presuntamente— obstruir a la justicia para tapar cualquier prueba que pudiera incriminar a los dirigentes del PP o del Gobierno del Estado en delitos como la financiación ilegal, los cobros en dinero negro o el espionaje a adversarios políticos… En fin, cuando uno ve, lee y escucha todo esto y mucho más, entran ganas casi definitivas de hacerse portugués.

Porque en los principales medios audiovisuales, escritos y digitales no hay día en que las referencias a la trama Kitchen, por la que esta próxima semana tendrán que declarar (como testigos) M. Rajoy, D. Cospedal o S. S. Santamaría, entre otros altísimos cargos de la era de los recortes, no queden limitadas a media página, a un triste faldón, a veinte segundos de emisión o a una doble columna, en beneficio del enorme escándalo que provocan las decisiones del juez Peinado sobre Begoña Gómez o las vomitivas andanzas de Ábalos o Koldo.

De modo que el objetivo, por el momento, está conseguido: puro y duro ventilador, empate de escándalos de corrupción, desgaste autodestructivo del prestigio de la política (y del periodismo). Llevamos muchos años defendiendo que conviene no comparar unos casos con otros ni meterlos en la misma coctelera. Nuestra obligación es analizar uno por uno y denunciarlo en las proporciones adecuadas a su gravedad, el volumen del daño causado y también la reacción de la formación o la institución afectada. Nos han dividido estos días las pantallas en las que aparecen (en el mejor de los casos) compitiendo los Kitchen, los Ábalos y Begoña Gómez. Y es importante denunciar que se trata de un planteamiento burdo y tramposo. Por terminar por el final: el auto del juez Peinado dejando al borde del banquillo a la esposa del presidente del Gobierno contiene tantas pruebas o indicios de delito como el que en su día se llevó por delante al entonces fiscal general García Ortiz. Invito a leerlo sin gafas sectarias. No se sostienen ni por asomo la apropiación indebida, ni la corrupción en los negocios, ni el tráfico de influencias ni la malversación de caudales públicos (ver aquí). La comparación que Peinado hace de Sánchez como un nuevo Fernando VII dice mucho de la inquina que puede motivar la actuación de este inefable juez que maneja los tiempos como si fuera inevitable que un posible juicio oral contra la mujer del presidente se celebrara en puertas de las próximas elecciones generales. Todo muy casual.

P.D. La sierra extremeña parió un ratón. Después de cuatro meses mareando las perdices, PP y Vox firman un acuerdo por el que los de Abascal ocupan dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia y una denominación para echarse a temblar: Familia, Desregulación y Servicios Sociales, que a juzgar por las 74 medidas que contiene el pacto también cabría llamarla de Familia (católica tradicional), Negacionismo, Racismo y Recortes sociales (ver aquí). Vox impone su discurso, sus ejes programáticos (algunos de muy dudosa o ninguna constitucionalidad) y se queda con la gestión de las parcelas que le importan: agricultura, ganadería, caza, inmigración… El texto podrían haberlo firmado al día siguiente de los comicios extremeños. O la víspera. Confirma lo que ya sabíamos: Feijóo tiene asumido que sólo podrá llegar a La Moncloa del brazo de Abascal (pase lo que pase en Andalucía). Un ejercicio interesante para el fin de semana: compárense los contenidos políticos de este acuerdo con los que se escuchan en Barcelona en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en la que participan líderes progresistas de más de veinte países (ver aquí). Unos hablan de discriminar, de recortar, de prohibir, de rechazar… y otros de avanzar, de dialogar, de incluir, de respetar… Es un pulso de época. Democracia o barbarie. Y seguimos a la espera del reseteo pendiente (e imprescindible) en la izquierda de la izquierda.

“No estamos solos. Ellos tienen las mismas estrategias en todo el mundo. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Por eso es tan importante este evento. No hablar solo de los autoritarios, sino sobre lo que la gente necesita. Tenemos que hacer este networking. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Es una gran oportunidad para empezar a reconstruir la democracia. No se trata de tener claro contra quién estamos, sino para quién nos levantamos”.

Estas palabras brotaron desde lo más profundo de Claudia Ortiz, la figura más visible que hace oposición a Nayib Bukele en El Salvador. Y representan el sentimiento que domina desde este viernes por la mañana la Global Progressive Mobilisation de Barcelona, un espacio sin precedentes en la izquierda internacional para forjar una alianza que haga frente a la ola de extrema derecha que sacude el tablero internacional.

Esta cumbre, impulsada principalmente por Pedro Sánchez, Stefan Löfven y Luiz Inácio Lula da Silva, aspira a cambiar el paradigma en el mundo de la izquierda. No se trata de hacer grandes declaraciones con muchos puntos, sino de darse la mano casi literalmente entre más de cien partidos a lo largo y ancho de todo el mundo; arrancar un proceso de colaboración hasta ahora nunca visto en todos los niveles. No es cuestión de fotos de presidentes y dirigentes, sino de entrelazar a miembros de gobiernos, alcaldes, líderes sindicales y referentes en las redes y entre los jóvenes.

Un trabajo que se extenderá hasta el sábado por la noche, pero que ya en la primera jornada respondió a ese espíritu. Los participantes, tanto en los foros como entre el público, se identificaron con las intervenciones. De Barbados a Chile, de Estados Unidos a Australia, de Portugal a México. Un sentimiento, como señalan diferentes dirigentes a infoLibre, de que muchas vivencias son compartidas. Muchas preocupaciones. Muchas ideas. Muchos errores. Y muchas soluciones.

En este primer día los caminos empezaron a labrarse. Con la idea de que la democracia debe reforzarse desde muchos ámbitos en un mundo donde la desigualdad cabalga de manera imperante. Frente a la ola ultraliberal de los líderes autoritarios, la izquierda comparte que solo se saldrá de la crisis con mayor igualdad. ¿Y por dónde pasa la solución? Hay una expresión que se impuso durante todo el viernes: “Tax the super rich”. 

Un concepto que atraviesa a todo el mundo progresista, que ya se está abriendo paso en diferentes lugares del mundo, como en Brasil o en Nueva York, donde el alcalde, Zohran Mamdani, ha prometido gravar el parque inmobiliario de los multimillonarios. Precisamente, desde el Gobierno de Lula habló en uno de los foros la ministra de Finanzas, Debora Freire, que ha implementado este impuesto este año.

“No hay ninguna solución aislada. Debe haber progresividad fiscal, transparencia y equidad internacional”, recetó Freire, que indicó que esta acción no debe ser simplemente a escala nacional, sino que se debería implementar a nivel mundial. Un debate que, precisamente, está intentando evitar la Unión Europea, como recordó el eurodiputado socialista portugués Bruno Gonçalves, que avisó de que la izquierda va a dar la batalla en Bruselas y en Estrasburgo frente al bloque conservador y de extrema derecha: “Hay una falta de voluntad política. Pero lucharemos”.

Este concepto de lucha ideológica está muy presente en la cumbre desde su arranque. Y todos ponen sobre la mesa la importancia de las elecciones de Brasil del próximo mes de octubre. Cuando se nombra a Lula en algunos foros, inmediatamente hay un aplauso. Y es que es una pieza a abatir por parte de la ultraderecha internacional después de haber logrado dominar grandes países del área como Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast).

Precisamente, analizó en primera persona la experiencia de Chile Gabriel Jackson, una de las personas más cercanas al expresidente Gabriel Boric y ex ministro en el anterior Gobierno. Su radiografía: “Chile vive un contexto duro. Cometimos errores por las grandes expectativas, pero hicimos avances como la reforma de las pensiones, la subida histórica del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y las ayudas familiares. Ahora tenemos un Gobierno de la extrema derecha heredera de Pinochet. Aplican el manual de Steve Bannon”.

Jackson hizo una llamada muy importante a la unidad de la izquierda, un eterno debate en todo el espacio, donde se suceden las luchas cainitas de manera constante. Una petición que también llevó en primera persona Luisa González, excandidata presidencial progresista en Ecuador, que denunció que el presidente de su país, Daniel Noboa, lo ha convertido casi en un régimen dictatorial, controlando las instituciones y a jueces y fiscales. Este mandatario ha recibido el apoyo, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, lo que evidencia cómo sí está engrasado el bloque de las derechas.

Esa sensación de lawfare es compartida por muchos dirigentes de la izquierda. Y está más presente que nunca también en España, donde el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Un giro judicial que ha provocado un nuevo enfrentamiento contra el Ejecutivo, que pone en duda la instrucción llevada a cabo por el magistrado.

El lawfare ha marcado la política brasileña en las dos últimas décadas. Con Lula como máximo exponente. Barcelona tiene durante estos días también sabor a Pernambuco. Sánchez y el brasileño tuvieron un primer encuentro en la cumbre bilateral entre los dos países, a las puertas de la Global Progressive Mobilisation. Y la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, también participó el viernes en el foro de partidos.

Lo hizo en uno de los paneles estrella bajo la idea del acceso global a la justicia de las mujeres y de las niñas. Un acto de reivindicación del feminismo en tiempos de crecimiento del negacionismo. Una charla clave en un momento también en el que sectores de la izquierda llaman a suavizar el discurso feminista. A su lado estuvieron el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Ana Maria Archila.

Esta mesa registró un lleno total en el ágora Ernest Lluch con un Rodríguez Zapatero como gran brújula moral del socialismo. “Esta es la cumbre progresista más importante de este siglo”, arrancó el expresidente, que enfatizó: “Nos estamos jugando en estos momentos qué siglo XXI queremos”. Marcó un objetivo a toda la izquierda: “Necesitamos más internacionalismo. Y, sobre todo, determinación y coraje. No podemos dudar de las grandes convicciones que arrancaron en la Ilustración. Tenemos dos grandes anhelos: la paz como tarea y la igualdad de género como la palanca transformadora”.

Y en el aire barcelonés pesó durante todo el día un tema que preocupa en toda la izquierda internacional: el acercamiento de los jóvenes a la ultraderecha. El año pasado, en la cumbre de la alianza progresista en Santiago de Chile, los líderes encargaron un informe al Observatorio Multilateral de Juventudes frente al Extremismo. Un documento que vio la luz este mismo viernes, que señala que los menores de 30 años son los que tienen en estos momentos menos apego al sistema democrático (con un respaldo poco superior al 45%).

No obstante, sigue siendo el sistema predilecto entre la juventud. ¿Pero por qué hay ese desapego? Este observatorio, liderado por el brasileño Alexandre Pupo, determina cinco factores principales: el trabajo precario, las dificultades de acceso a la vivienda, la salud mental, la inseguridad climática y el entorno digital polarizado. La llamada a la izquierda de los jóvenes es clara: “Es el momento no sólo de reconstruir, sino de reimaginar la democracia”. En eso andan los progresistas, con olor a Mediterráneo.