La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

¿Cómo está el PSOE de Madrid? “Patas arriba”. Esta expresión que sale de un curtido parlamentario socialista madrileño refleja lo que está pasando en la federación. ¿El motivo? La decisión de Enma López de concurrir a las primarias para ser la candidata a la Alcaldía de la capital. La mayor batalla en las municipales del año que viene.

López decidió este jueves por la noche romper el tablero y hacer pública, a través de una noticia en El País, su intención de concurrir al proceso interno. Un anuncio bomba dentro del partido y de la política madrileña. Pero no por ello inesperado. Para muchos en el partido, ella es la candidata natural a este puesto y ya debería haber encabezado la lista en 2023.

Pero su anuncio pilló por sorpresa a la mayoría de dirigentes. Y no ha sentado nada bien en la sede federal en la calle Ferraz ni en la regional en Buen Suceso. En la cúpula del partido trasladan que apenas informó antes de que saliera la noticia y que da el paso en un momento en el que todavía no se ha convocado oficialmente ese proceso interno. Algo que para muchos es desleal al ser miembro de la dirección nacional. Y ya ha tenido sus consecuencias: la propia López dejó este viernes su cargo en la Ejecutiva Federal.

Esto va de procesos y de nombres también. La carrera acaba de empezar y ya arde como la ola de calor. La líder socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, avanzó en abril su intención de repetir en 2027, algo que no fue criticado por la cúpula. Pero, al mismo tiempo, muchos en el partido también esperan que dé ese paso Mar Espinar, actual portavoz en la Asamblea y una de las caras más potentes en la etapa que vive ahora el PSOE-M con Óscar López al frente.

El paso de López coincide con la celebración de este sábado de la reunión del Comité Federal del PSOE, que activará la maquinaria electoral y pondrá sobre la mesa un calendario interno para las primarias en comunidades y grandes ayuntamientos con tres ventanas temporales: julio, septiembre y noviembre. Cada federación elegirá sus fechas y el PSOE de Madrid todavía no ha decidido a cuál se acogerá.

López es una de las figuras emergentes del PSOE. Aunque es concejala desde 2019, su imagen tiene proyección nacional porque ejercía hasta este viernes como portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal y responsable de Estudios y Programas. Además, la socialista es una de las figuras más destacadas de la izquierda en los debates televisivos que marcan buena parte de la agenda política de España.

Los partidarios de López despliegan sus virtudes para que sea la candidata: es una dirigente que genera ilusión en la militancia en unos tiempos difíciles para el partido, lleva ocho años recorriendo Madrid de arriba a abajo y conecta muy bien con la ciudadanía. “Ha llegado su momento”, como indican algunos de sus apoyos, además de poner en valor que va a por todas, a ganar; una ambición que contrasta muchas veces con la actitud de miembros del PSOE madrileño que parecen conformarse con sacar un puesto en la lista y estar en la oposición cuatro años.

En la cúpula del PSOE de Madrid hay enfado con los tiempos elegidos por López, pero también hay cargos y militantes del partido que aplauden la “valentía” de la concejala de anunciar su candidatura sin estar esperando a que la bendigan desde los grandes despachos. Como señalan fuentes socialistas: “Va a cumplir 40 años. Tiene ganas de lanzar un proyecto político. Quiere ser alcaldesa de la ciudad. No se quiere quedar solo haciendo declaraciones. Y, además, no vive de dependencias orgánicas, ella tiene su puesto como inspectora de Seguros del Estado”, analiza una voz de la federación.

En los despachos de Ferraz no disimulan su malestar con la forma en la que López ha dado el paso. Le echan en cara no haber respetado los plazos oficiales para las primarias, teniendo en cuenta la importancia de Madrid en el escenario político. Y creen que debería haberlo negociado con Óscar López, líder del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública. Asimismo, ponen el foco en que López no es outsider, sino que es una de las piezas fundamentales de la dirección nacional, por lo que se le presupone otra forma de actuar internamente.

También algunas voces críticas con López dejan caer que era una persona cercana a Santos Cerdán, ex secretario de Organización. Pero partidarios de la portavoz adjunta contrarrestan: “Es totalmente injusta esa crítica. Si se aplicara ese baremo, no quedaría casi nadie en la Ejecutiva ni en el Gobierno”.

A nivel federal y regional, varios dirigentes trasladan sus dudas sobre los tiempos de López para anunciar su candidatura. En cambio, otros indican que demuestra autonomía y que no es una candidata impuesta por Moncloa, una fórmula esta última que no ha tenido éxito en elecciones como las de Aragón y Andalucía.

Ese malestar hizo que López anunciara el viernes que dejaba sus puestos en la dirección nacional para centrarse en la carrera de Madrid. Su argumento es que, desde el máximo ejercicio de “lealtad” al partido y a Pedro Sánchez, deja sus responsabilidades orgánicas para afrontar esta carrera. 

Reyes Maroto, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de su entorno explican que está centrada en preparar el debate sobre el estado de la ciudad que se celebrará el próximo martes en el Palacio de Cibeles: “Ahora lo primero son los madrileños y hacer una radiografía del mandato de Almeida, que es lo que toca”. ¿Seguirá en la lucha? ¿Se plantea retirarse? En su círculo más cercano subrayan: “Cuando se convoque el proceso, hablará”.

Espinar es el otro apellido que aparece en todas las conversaciones. Se ha labrado un lugar desde la Asamblea de Madrid, donde protagoniza todas las semanas las sesiones de control con Isabel Díaz Ayuso (PP). Para muchos, ha dado con la tecla para poner contra la cuerdas a la presidenta, pero a ella siempre le ha tirado la vida municipal. Además, durante estas horas ha dado mucho que hablar su entrevista con Manuel Jabois en El País, que dentro del partido ha sido interpretada por algunos dirigentes como una puesta de largo para su lanzamiento a las primarias.

El socialismo madrileño vuelve a ser el socialismo madrileño. Como indica otra fuente de la federación: “Como en los viejos tiempos, un PSOE-M ruidoso, animado y convulso”.

Y Alberto no estaba allí después de habernos prometido la llegada de la decencia. Alberto no estaba y tampoco ninguno de su partido. Y uno se pregunta: ¿De qué decencia hablarán? ¿De la que llega con discursos solemnes o de la que se demuestra cuando toca mirar hacia dentro?

Hay palabras que en política tienen una vida curiosa. Una de ellas, por ejemplo, es libertad y la otra podría ser decencia. Aparecen cada cierto tiempo, especialmente cuando algún partido político necesita presentarse como guardián de las buenas costumbres, aunque al abrir el armario de los recuerdos salgan demasiados fantasmas y esté lleno de mierda.

Hemos manoseado la libertad hasta límites insospechados y ahora parece que le toca a la decencia.

Porque vuelve Nevenka Fernández a Ponferrada y su historia vuelve a poner delante del espejo una cuestión incómoda para el PP. Todos recordamos qué ocurrió cuando Nevenka denunció desde una posición de enorme desigualdad un tremendo acoso laboral y sexual por parte de su alcalde y compañero de partido. Cuántos años han pasado sin que nadie del PP haya hecho una revisión profunda de aquel episodio. No hay más que ver sus actitudes actuales, que no han cambiado casi nada. Hace 25 años miraron para otro lado y la culpable era la acosada y ahora, por ejemplo con el alcalde de Móstoles, vuelven a hacer prácticamente lo mismo.

Para el PP ahora parece que es la ocasión de presumir de ejemplaridad, pero la hemeroteca parece querer decir otras cosas. Ahí siguen episodios como la Gürtel, la trama del caso Kitchen, las investigaciones y condenas relacionadas con financiación irregular en diferentes etapas del partido, el caso de Cristóbal Montoro o las polémicas alrededor de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La bandera de la ejemplaridad es fácil de ondear cuando se mira al adversario, pero más difícil cuando toca revisar la propia casa.

La política española tiene una curiosa tradición: algunos creen que la regeneración consiste en cambiar el cartel de la puerta, aunque dentro sigan acumulándose los mismos trastos viejos. La decencia no es un eslogan de campaña, ni es una palabra que se tenga que estrenar en cada legislatura. Es una conducta: consiste en reconocer errores, reparar daños y no pedir a la sociedad que olvide lo que todavía no ha sido explicado. La decencia se anuncia con mucha solemnidad, pero nadie debería confundirse: en la política española casi nadie tiene el monopolio en este terreno.

Ya sabemos que en el PSOE tampoco bajan las aguas precisamente cristalinas. También han tenido sus indecencias, sus contradicciones y sus episodios difíciles de explicar. No me puedo olvidar de los GAL, y ahí quedan las recientes sentencias a Ábalos y Koldo García, ahí está Leire "la fontanera", y por último la reciente imputación de Zapatero.

Quizá el problema no sea el color de la bandera que se ondea, sino la facilidad con la que algunos la levantan cuando están en la oposición y la esconden cuando les toca responder públicamente. Porque la decencia no pertenece a siglas. No es patrimonio de un partido, ni debería ser un arma contra el rival.

La decencia es algo más incómodo: es mirarse al espejo cuando nadie te obliga y reconocer tus malas andanzas. Y algunos espejos llevan demasiados años acumulando polvo.

Y un comentario final. La sentencia de un tal Víctor Aldama: ¿Decencia o indecencia? Ahí lo dejo, juzguen ustedes.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

“No tenemos miedo a hablar de corrupción”. Desde el corazón del Palacio de la Moncloa admiten la dureza del momento, pero, a su vez, señalan que van a defender la honorabilidad del Gobierno y del PSOE ante el “ruido” del PP. Van a dar la batalla en un periodo en el que ya se empieza a oler el final de la legislatura.

En el entorno de Sánchez emiten señales de que no dan todo por perdido. Y creen, además, que el “tono duro, faltón e impropio de la democracia” que está desplegando el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le puede volver en su contra precisamente: “El foco de la corrupción está en la Puerta del Sol. ¿Qué va a hacer con Ayuso?”

Los socialistas viven días convulsos, pero creen que le fue “bien” al presidente en la comparecencia de este miércoles en el Congreso, donde lanzó mensajes como que no existe “corrupción generalizada” y que nunca conoció las prácticas de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez.

En el PSOE y en la Moncloa trasladan que quedan meses muy duros por delante con el “goteo” de informaciones judiciales, pero también sostienen que las derechas se han pasado de frenada y que los ciudadanos están percibiendo alguna anomalía. Este mismo miércoles se produjo otra “casualidad”, como señalaba un miembro del círculo más cercano a Sánchez, con la filtración de un nuevo informe de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero en mitad de la comparecencia del líder socialista, que minutos antes había defendido la presunción de inocencia del expresidente.

Fuentes socialistas insisten en que no cuela ya esa imagen de “Torquemada” de Feijóo en relación con la corrupción cuando su propia figura está llena de dudas. El propio Sánchez puso de nuevo sobre la mesa la incógnita sobre quién paga la vivienda de lujo en la que vive Núñez Feijóo, una información que destapó infoLibre. Lo hizo en el Congreso después de que el líder popular lanzara dudas sobre la declaración de la renta del socialista.

Pero, además, en Moncloa ponen el foco en que a Feijóo se le va a volver en contra su propio discurso por lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha hecho público que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón desde que inició su relación con la política del PP.

En el PSOE creen que Feijóo ha cruzado “todas las líneas rojas”, como se pudo evidenciar en la comparecencia. Por un lado, señalan sus “indecentes” palabras sobre la mujer del presidente, a la vez que repudian la parte en la que el expresidente de la Xunta le dijo a Patxi López que “si se levantara su padre y viera lo que hace, no se lo perdonaría jamás”.

El propio López respondió posteriormente desde la tribuna de oradores, aunque Feijóo decidió quedarse en el pasillo en ese momento para no escuchar la contestación. El socialista fue muy rotundo: “Lamento que no esté el señor Feijóo, porque me gustaría decírselo a la cara. Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Por las veces que le dieron a mi padre hostias en las comisarías, por las veces que estuvo encarcelado y por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad”.

Fuentes del PP posteriormente insistieron: “El padre de Patxi era político. Lo conocimos. No dejaría que su hijo estuviera con Bildu. Al padre de Patxi le respetamos. A este Patxi, no. Y lo decimos con la legitimidad de quienes le hicieron lehendakari a cambio de nada. El padre de Patxi pertenecía a ese PSOE al que P.S. desprecia”. Los socialistas están absolutamente indignados por lo que hizo Feijóo: “Vil, ruin”.

A pesar de las encuestas y de los vaticinios de las derechas, el PSOE sostiene que es mucho más competitivo electoralmente de lo que creen sus adversarios. En Ferraz traslada que hay muchos votantes progresistas que hoy no están movilizados pero que también comparten la indignación ante algunas decisiones judiciales como la retirada del pasaporte de la mujer del presidente por parte del juez Juan Carlos Peinado y la exención del ingreso en prisión del empresario corruptor Víctor de Aldama a pesar de la condena a cuatro años por parte del Tribunal Supremo.

Asimismo, varios dirigentes del partido comparten en privado que la decisión del juez Peinado un sábado por la mañana, tras darse varios días para adoptar medidas cautelares, se produjo también “casualmente” cuando Díaz Ayuso estaba en el ojo del huracán al revelarse un informe de Hacienda en el que consta que González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en apenas tres años. Sus ingresos se dispararon a partir de 2021, año en el que se conoció, a través de un reportaje de la revista Lecturas, que mantenía una relación con la dirigente del Partido Popular.

Quirón es el principal grupo hospitalario privado en España y recibe en torno a mil millones de euros de manera anual por parte de la Comunidad de Madrid. La polémica se extiende al directivo de Quirón Fernando Camino, cuya mujer vendió una empresa estética por medio millón de euros a González Amador en León. Esta compañía no tenía empleados y apenas tres máquinas de depilación ya amortizadas.

La sombra de Díaz Ayuso es alargada. En el PSOE indican que Núñez Feijóo no se atreve a tocarla y recuerdan que el expresidente de la Xunta de Galicia llegó precisamente al despacho principal de la calle Génova por la operación para echar a Pablo Casado por denunciar los negocios del hermano de la presidenta en la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

El Partido Popular sigue encapsulando esta cuestión y evitando un choque con Ayuso. El número dos de los populares, Miguel Tellado, afirmó tras conocerse los ingresos millonarios de González Amador: “Es una cuestión particular, que no afecta a una administración, sino a una persona. Y, por lo tanto, no encontrará a nadie en la dirección nacional del partido criticando a los jueces, respetamos la actuación de la justicia y es en los juzgados donde se deben sustanciar esas responsabilidades”.

Asimismo, en el PSOE también ponen el foco en que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acabó siendo condenado sin ningún tipo de prueba por parte del Tribunal Supremo en una causa en la que se limitó a difundir una nota de prensa para contrarrestar las desinformaciones emitidas por el entorno de la presidenta de Madrid con la versión de que era Hacienda quien le debía dinero al empresario.

Sesión de alto voltaje en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado que haya corrupción generalizada en el Gobierno y en su partido y se ha desvinculado por completo de los casos relacionados con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez: "Jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas".

Sánchez, durante su discurso inicial de más de media hora, ha mostrado también su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este momento de la investigación judicial y ha defendido de manera "clara y rotunda" que no hubo un trato de favor para conceder las ayudas para el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En sus primeras palabras tras la condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso Mascarillas, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que respeta y acata la sentencia el Tribunal Supremo, "como no puede ser de otra manera". "Estamos convencidos de que en este país no puede haber espacios de impunidad para las personas corruptas, sean quienes sean", ha indicado.

Pero, acto seguido, también ha ahondado en que el PSOE "no se ha financiado irregularmente".

Asimismo, el líder de los socialistas se ha detenido en el casos de su mujer y de su hermano. Ha recordado que Begoña Gómez ha trabajado en la Universidad Complutense desde 2012 y que ha cobrado "cero euros", mientras que la plaza que ocupó David Sánchez en la Diputación de Badajoz salió a concurso cuando él ya no era líder del PSOE.

Sánchez ha lanzado: "Yo voy a confiar en la justicia de mi país. A pesar de que haya actuaciones que cuesta mucho comprender. Porque sé que la inmensa mayoría de jueces hacen un trabajo modélico, esencial y objetivo. Y solo voy a pedir a la Justicia que sea justa".

"Señorías del PP y de Vox, no sean hipócritas. No vengan de defensores del orden constitucional cuando están sistemáticamente violentando la separación de poderes. No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados por montar toda una policía patriótica. No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de treinta casos abiertos con 150 implicados", ha indicado el presidente, que ha despertado el aplauso en varias ocasiones de su bancada.

Con este mensaje para los que piden elecciones: "Para mí, la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Porque si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un Gobierno como el nuestro y no uno del PP con Vox el que podrá acabar con ellos. Porque cuando nosotros hemos detectado casos no los hemos tapado, los hemos perseguido. Y porque nosotros trabajamos para la gente, no para las élites".

Sánchez también ha querido lanzar esta idea desde la tribuna de oradores: "Entiendo el enfado de la ciudadanía. Entiendo su frustración y su decepción. Me hago cargo. Entiendo que, después de pasar treinta minutos ante el televisor viendo este chorreo de casos, tengan la tentación de pensar que todos somos iguales. Pero no es cierto".

En este sentido, ha hecho una defensa de su partido y de su acción ante el contexto judicial actual: "No somos perfectos. Lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Tenemos que hacer mucho más para garantizar el acceso a la vivienda. Para fortalecer la sanidad pública. Para subir salarios que aún son demasiado bajos y acabar con injusticias por resolver".

"Pero la solución a estos problemas no está a la derecha. Está en el centro y en la izquierda de este hemiciclo. Las élites de este país lo saben. Netanyahu y otros líderes y tecno-oligarcas extranjeros también lo saben. Los diputados del PP y Vox lo saben. Por eso no hablan de economía, ni de políticas sociales. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni su estrategia de posicionamiento internacional. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango al debate público", ha reflexionado el jefe del Ejecutivo en una de sus intervenciones más difíciles en la Cámara Baja.

Pero, a la vez, ha mandado un mensaje de resistencia: "No somos infalibles. Pero no vamos a cometer el error de callarnos. Ni de rendirnos. Ni de olvidar que esto no va de nosotros ni de ellos, sino de millones de españoles cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que toma el Gobierno cada martes. Por eso limpiamos lo que haya que limpiar. Vamos a defender la verdad donde esté siendo sepultada bajo mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes más lo necesitan".

La puerta está abierta. Pedro Sánchez ya no descarta adelantar las elecciones. Todo dependerá de si logra aprobar o no el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuyo primer paso se dio este martes en el Consejo de Ministros. Pero todo el tablero político está preparado ante la posibilidad de que las urnas se pongan en el primer trimestre del año que viene.

Sánchez podría pasar el gran test de los presupuestos con el debate de las enmiendas a la totalidad a finales de octubre o noviembre. Si la Cámara Baja tumba las cuentas entonces, el jefe del Ejecutivo podría apretar el botón electoral para febrero o marzo. Y las generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, se celebrarían antes de las autonómicas y municipales de mayo.

Lo que sí ha descartado ya el presidente del Gobierno es convocar un superdomingo electoral que hiciera coincidir las elecciones generales, autonómicas y municipales el mismo día. De esta manera ha escuchado principalmente al PNV, uno de sus grandes socios y un partido que no quiere que el debate nacional contamine esa cita, porque la polarización podría perjudicarle en beneficio de opciones como PSE-EE y EH Bildu.

Y si las generales van antes de las municipales, el escenario político cambiará totalmente. Con sus pros y sus contras. Desde que Sánchez es presidente, ha vivido los dos tipos de calendario. En 2019 decidió adelantar las elecciones generales tras rechazar el Congreso su primer proyecto de presupuestos. Las urnas se colocaron en abril, con el PSOE ganando los comicios. Posteriormente, en mayo, se celebraron las europeas, las municipales y las autonómicas, donde el PSOE también se impuso al PP. No obstante, durante la segunda cita todavía no se había conformado el Gobierno central. De hecho, los socialistas y Unidas Podemos no llegaron a un acuerdo y se tuvieron que repetir las elecciones generales en el mes de noviembre.

En cambio, en 2023 las fechas fueron al revés. Primero se celebraron las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, con el PP pintando de azul casi todo el mapa español y con el PSOE perdiendo autonomías clave como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Balears. Entonces todo el mundo dio por muerto a Sánchez, que aquella madrugada decidió adelantar las generales al 23 de julio (debían celebrarse en noviembre de ese año). Contra todo pronóstico, el PSOE logró aguantar en las urnas y formar posteriormente un Gobierno de coalición. Precisamente, la negociación entre el PP y Vox en autonomías y ayuntamientos fue esencial para despertar al electorado progresista.

¿Cómo puede influir que se celebren antes las generales? Dentro del PSOE hay muchos barones y alcaldes que llevan tiempo pidiendo que las generales se celebren antes para que las autonómicas y municipales no se conviertan, como en el 28M, en una cita para castigar en las urnas a Sánchez. Un argumento que utilizó de manera exitosa el PP para hacerse con la mayoría del poder regional.

La celebración de las generales, si fallan los presupuestos, también serviría al PSOE, como indican varias fuentes socialistas, para retratar los argumentos que se den en el debate de las cuentas públicas, después de que el Gobierno apueste por un proyecto expansivo, cargado de partidas sociales, frente al modelo de recortes que representan el PP y Vox bajo la bandera de la bajada de los impuestos.

El PSOE y los socios de izquierda buscan unos presupuestos centrados en temas sociales y en el beneficio de los ciudadanos en su día a día. Un ejemplo de esa línea lo materializó Sánchez este martes con la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros con una inversión récord en dependencia, que supondrá la inyección de 2.218 millones de euros extra.

Varias fuentes socialistas reflexionan que, si las elecciones generales son antes que las municipales, toda la estructura del partido se volcará en esa cita porque los alcaldes se la jugarían pocas semanas después. En el PSOE no dan la batalla por perdida y, por eso, muchos creen que será clave que los ediles vayan puerta a puerta buscando el voto ante un resultado que puede ser muy estrecho.

Un dirigente territorial hace este análisis: “Toda la estructura de los territorios se volcará en unas generales, aunque Sánchez sea el gran protagonista. En el 23J se echó encima la campaña con un partido hundido a nivel municipal y autonómico. Incluso los más críticos con Ferraz se moverán a favor de la formación porque luego les toca a ellos y saben que ir con el ánimo hundido a nivel nacional si se pierden las generales, también les perjudicará. Muchos alcaldes también entienden que si en las generales gana un partido, muchos votantes pueden ir detrás de él en sintonía. Como nos pasó a nosotros en 2019”. En este punto, muchos socialistas recuerdan lo que pasó en 2011, cuando la derrota en las municipales de aquel año fue la antesala de la debacle del 20 de noviembre.

No obstante, fuentes del entorno del presidente inciden en que la dinámica de las generales no corresponde a la de las municipales, como se pudo comprobar en 2023. Un ministro señala: “En el 28M muchos cargos del partido culparon a Sánchez de su derrota. ¿Qué pasó luego? Dos meses después el presidente sacó un millón de votos más que en las anteriores generales y logró conservar el Gobierno de coalición”.

En este juego político también, como dejan caer algunas fuentes consultadas del partido, puede jugar el componente internacional. ¿Por qué? La convocatoria de las elecciones tras el debate presupuestario podría coincidir con la celebración en noviembre de las midterms en Estados Unidos, en las que Donald Trump medirá su grado de desgaste. Este factor podría introducirse en la campaña española con el PSOE poniendo sobre la mesa si España quiere acercarse al modelo del presidente ultra estadounidense que representan PP y Vox.

En muchos territorios prefieren ir por separado a las generales para que no se mezclen asuntos nacionales. Y así tratar de conservar poder municipal o intentar ampliarlo, pensando algunos incluso en que el PSOE pueda empezar una nueva etapa desde esos mimbres si Sánchez no logra conservar el poder. Este es el postulado que defiende, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. 

No obstante, este no es un criterio homogéneo. En el PSC hay amplios sectores a los que les gustaría que las municipales y las generales fueran de la mano porque el presidente del Gobierno tiene mucho tirón en Cataluña. “Solo hay que ver cómo le pedían fotos hasta los curas al jefe durante la inauguración de la Sagrada Familia cuando vino el papa. No todo es Madrid”, indica un socialista catalán.

Pero el calendario electoral, como reconocen también las fuentes consultadas, estará marcado también por el frente judicial. A pesar del terremoto que sufre el PSOE por la condena a José Luis Ábalos y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, , dirigentes del PSOE sostienen que la población está viendo el ataque que está sufriendo Sánchez a través de las decisiones del juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez. En Ferraz y en Moncloa también creen que muchos votantes progresistas irán a las urnas porque las próximas elecciones van de “democracia o barbarie”.

El botón electoral solo lo tiene en su mano Sánchez.

El PSOE llevaba días esperando la sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas. En mitad de una vorágine judicial que hace tambalear el tablero político. Y finalmente llegó. Con una dura condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos de más de 24 años de cárcel. Un hombre que lo fue todo en el partido, pero al que los socialistas habían dado la espalda hace ya mucho tiempo.

Nadie defiende a Ábalos hoy en día en el socialismo. Todos le reprochan no haber actuado conforme a los principios del partido. Y, además, hay una profunda indignación por el daño que ha hecho a la formación que él dirigió durante años a través de la Secretaría de Organización. Un sentimiento de decepción, rabia e indignación recorre a cargos y militantes del partido por lo que hizo el exdirigente valenciano.

El PSOE ya había hecho desde hace meses la digestión de una posible condena. Por eso, encaja durante estas horas este golpe judicial con la idea de que el partido actuó “desde el primer minuto”, como defienden en el cuartel general de los socialistas. Y se reafirman en la dirección del partido en que Pedro Sánchez hizo lo correcto al apartarlo al conocerse los primeros informes e indicios, algo que no fue bien visto incluso entre sectores del partido en ese momento.

En el PSOE dan por amortizado el daño electoral por el caso Ábalos, pero uno de sus objetivos en estos momentos es defender su actuación y remarcar que es un partido “limpio”, como indican varios dirigentes, después de los cambios orgánicos llevados a cabo a raíz de los escándalos del exministro de Transportes y del exsecretario de Organización Santos Cerdán.

“Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello”, defendieron fuentes del Palacio de la Moncloa tras hacerse pública la sentencia.

Con este mensaje principal: “Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”.

Pero también hay miembros del Gobierno que apuntan a que es “desproporcionada” esa sentencia porque conlleva penas de cárcel de más de 24 años para Ábalos y de más de 19 para el exasesor Koldo García, mientras que exime de ingresar en prisión al empresario Víctor de Aldama, condenado a más de cuatro años, y de devolver los 3,7 millones de euros de comisiones.

Este sentimiento se repite entre miembros del Gobierno y del PSOE en privado, aunque algunos dirigentes también lo sacaron a relucir en público, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, que escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

Aldama llegó a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de conocer la trama, aunque sin aportar ninguna prueba. No hay ninguna referencia al jefe del Ejecutivo en la sentencia del Tribunal Supremo. El empresario se ha convertido durante estos meses en un icono para parte de la derecha, que lo defiende al entender que puede hacer caer al Gobierno.

Diferentes voces del PSOE comentan también en privado que, tras la sentencia, el empresario condenado se hizo una fotografía con el agitador Vito Quiles, quien en redes dijo: “Lo que estamos preparando va a ser un golpe histórico contra Sánchez. Aldama ya es libre y está dispuesto a seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia. Atentos a las próximas horas”.

Asimismo, el apoyo al empresario llegó en redes a través de Daniel Esteve, líder de Desokupa, que colgó una foto con él y el siguiente mensaje: “Enhorabuena, hermano. Y los putos rojos ya podéis ir pasando a comernos los huevos por detrás. Aldama no entrará en prisión”.

Nadie en el partido sale a defender a Ábalos, pero sí muchos cargos ponen el énfasis en la idea que envía la parte de la sentencia relacionada con Aldama. Como indica un dirigente territorial: “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”.

Para muchos socialistas, se manda el mensaje de que un corrupto se puede salvar de la cárcel si ayuda a tratar de tumbar a un Gobierno progresista. Y también varios cargos del partido dicen que esto puede servir de cara a futuros procesos en casos como los de Leire Díez y Julio Martínez.

Esta condena a Ábalos y García llega en una semana clave también para el Ejecutivo por la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso para informar sobre la situación tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el paso de la UCO por segunda vez por la sede socialista para requerir información sobre el caso Leire, que investiga una supuesta trama para entorpecer procesos judiciales relacionados con el partido y con el Ejecutivo.

El Gobierno, además, da este martes el primer paso para elaborar los presupuestos generales del Estado a través de la presentación en el Consejo de Ministros, por parte de Carlos Cuerpo, de la actualización del cuadro macroeconómico. Las cuentas públicas serán la clave de hasta dónde puede llegar la legislatura después de que Sánchez haya abierto la puerta a ir a elecciones anticipadas si no salen adelante. La votación de infarto podría ser a finales de octubre o principios de noviembre con las enmiendas a la totalidad. Ya nadie en el partido descarta que la cita pueda ser en el primer trimestre de 2027.

Tras conocerse la sentencia del caso Mascarillas, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) exigió la dimisión del presidente y la convocatoria urgente de elecciones, aunque evitó presentar una moción de censura en el Congreso. Desde el PSOE insisten en su hoja de ruta, mientras critican la hipocresía del líder del PP: “Antes de lanzar su propia moralina barata, debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El PSOE también criticó este lunes duramente la nueva decisión del juez Juan Carlos Peinado, que ha exigido a Begoña Gómez que entregue su pasaporte el próximo miércoles, el día en que el presidente ofrece explicaciones ante el Congreso. El Consejo General del Poder Judicial inició el proceso para decidir si abre expediente al magistrado. Desde el Ejecutivo insisten en lamentar la instrucción “anómala” y con carácter político que está sufriendo la esposa del presidente.

La confianza es la materia prima de las sociedades, y más aún de las sociedades democráticas. En la actualidad ese preciado elemento está en horas bajas. Se mire donde se mire se comprueban mínimos históricos de confianza en las instituciones, en los agentes de intermediación e incluso en nosotros mismos como sociedad.

Quienes se dedican a cuestiones públicas, y en especial a la política, saben que construir confianza es la única manera de que las cosas vayan bien. Y saben también que es un material muy sensible; puede tardar décadas en construirse y se dinamita en un segundo. Así las cosas, una de las formas más eficaces que se conocen de crear confianza es pasar de las palabras a los hechos.

Autos como el dictado por el juez Peinado en relación a las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y su asistenta, Cristina Álvarez, dinamitan la confianza en una institución esencial, nada menos que la justicia. Si ya la ciudadanía la valoraba por debajo del cinco, en los últimos años se comprueba cómo la desconfianza crece más entre los progresistas que entre los conservadores (aquí pueden ver los datos que ofrece el profesor Coller y aquí un estudio de More in Common, con similares conclusiones).

Si hay hechos que destrozan la confianza, también hay otros que la crean, o ayudan a ello. De ahí que sea difícil de entender que el Partido Socialista no pase de las palabras a los hechos e inicie las acciones judiciales contra los entornos de Leire Diez y Cerdán por haber creado –supuestamente– una oscura red de chantajes, presiones y corrupción, que no por fallida deja de ser grave.

Ya no basta con decir que actuaban por su cuenta. Si así es, la querella criminal está tardando. Es más, al no hacerlo, puede levantar la sospecha de que, tal como la propia señora Díez declaró recientemente en una entrevista en El Diario Montañés, la cántabra vale más por lo que calla que por lo que dice. Querellarse contra ambos sería una forma de demostrar que no hay nada que ocultar y marcar distancias. Un buen argumento con el que los militantes socialistas podrían mantener, fortalecer o recuperar la confianza en sus líderes.

También el presidente Zapatero a su salida de la Audiencia Nacional pedía en un comunicado que confiemos en él. En este caso será su abogado quien tendrá que asesorarle sobre cómo se consigue tener o retener la confianza de los suyos y al mismo tiempo preservar su defensa ante el juez, que, según hemos oído en los audios filtrados, no parecía muy convencido de las respuestas que iba dando el presidente Zapatero. A veces es muy difícil atisbar dónde acaba la confianza y empieza la cuestión de fe.

Quien estos días, sin embargo, ha mostrado que los suyos pueden confiar en él ha sido Alberto Núñez Feijóo, aunque el proceder ha sido al contrario: no ha pasado de las palabras a los hechos, sino de los hechos a las palabras. ¡Al fin! Después de años negando que se planteara gobernar con Vox en caso de que llegue a la Moncloa, tras acuerdos en decenas de ayuntamientos y en no pocas comunidades autónomas, por fin la pasada semana, movido por la ansiedad y aprovechando algo tan institucional como el programa El Hormiguero de Pablo Motos, reconoció que, en efecto, si los números lo requieren —como indican todas las encuestas— llegará a un acuerdo con Abascal para gobernar España.

El líder de Vox ya tiene la sartén por el mango; podrá pedir lo que quiera, le acaban de dar un cheque en blanco. Resultado: los votantes de Feijóo ya pueden confiar en que, si suman —no adelantemos acontecimientos—, Abascal será vicepresidente y los suyos dirigirán unos cuantos ministerios. No es que antes se dudara de ello, a la vista de los hechos, pero ahora lo han dejado meridianamente claro, tras haber prometido lo contrario en el congreso del PP celebrado hace un año. “Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”. Pues bien, sus votantes ya pueden confiar en que, si sus principios no funcionan, tiene otros. Y sin ninguna duda, gobernará con VOX (salvo que Abascal no quiera, que todo puede suceder).

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

“Hemos superado una semana muy dura”. Esta es la sensación que domina ahora mismo el Palacio de la Moncloa y el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Nadie resta dureza a lo vivido durante estos días, con los tribunales como grandes protagonistas. Pero no ven el game over que presagiaba la derecha política y mediática.

Los socialistas vieron durante toda la semana cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante la Audiencia Nacional, cómo Begoña Gómez comparecía en una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y cómo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrentaba al interrogatorio parlamentario en el Senado por sus reuniones con la exmilitante Leire Díez.

Moncloa y Ferraz mantienen su apoyo a Zapatero, que salió de la Audiencia sin medidas cautelares, pero al que el juez mantiene su imputación, además de ampliar la investigación a sus hijas y a su secretaria. Desde el círculo de Sánchez confían en que siga el expresidente aclarando todas las cuestiones y consiga demostrar su inocencia ante el supuesto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Y, además, creen que se ha visualizado que el caso de Gómez no tiene sustancia y se basa en una instrucción malintencionada del juez Peinado. Sobre la directora de la Guardia Civil, en el entorno de Sánchez consideran que “salió viva” y que fue contundente en su cita en el Senado, donde despejó cualquier sombra respecto a una supuesta injerencia en las investigaciones judiciales.

Sobre la situación, señalan en el círculo íntimo del presidente: “La semana arrancó con mucha pesadumbre. No le quitamos dureza. Pero hemos ido explicando todo. Y hemos escuchado a Rodríguez Zapatero. La hemos superado”.

Y, a pesar del “ruido”, en la sala de máquinas del PSOE dicen que “la militancia está muy enchufada” y pide que el Gobierno siga actuando. En el Ejecutivo admiten que es muy difícil en el actual entorno mediático que se ponga el foco en las medidas que están saliendo adelante. Pero indican que el electorado progresista valora que se vaya a aprobar el día 29 un nuevo escudo social, que ya está negociando el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los sectores implicados.

Los socialistas insisten, frente a la imagen de parálisis que venden las derechas, en que se están dando pasos de gran calado, como la aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición de ley para penar con cárcel las llamadas “terapias de conversión” del colectivo LGTBI. Y que también se nota esa acción del Ejecutivo en el día a día con medidas como el Verano Joven, el programa de grandes descuentos para traslados en trenes y autobuses.

Pero esta semana se ha producido un movimiento de Sánchez de enorme trascendencia. Por primera vez, ha abierto la puerta a que las elecciones puedan adelantarse en el caso de que no se logre una mayoría para aprobar los presupuestos generales para el año que viene. El primer paso para esas cuentas públicas se dará el martes que viene con la actualización del cuadro macroeconómico, que presentará Cuerpo como base para ese proyecto de ley. 

A partir de ese momento echarán a andar los trabajos para los presupuestos generales, aunque nadie prevé que vayan al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Los cálculos que hacen en círculos socialistas es que el debate de enmiendas a la totalidad, el primer gran test de las cuentas en el Congreso, no se produciría al menos hasta finales de octubre o noviembre.

En caso de que el botón rojo se impusiera en la Cámara Baja, se abriría la pantalla de poder adelantar elecciones. Este escenario no es nuevo para Sánchez, ya que fue el mismo que vivió en 2019 y que le llevó a llamar a las urnas en abril de ese mismo año. Pero la mayoría de fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas entienden que esas elecciones serían ya en 2027, lo que supondría adelantarlas casi de manera técnica.

No obstante, hay un factor esencial: las generales podrían producirse antes que las municipales, una opción que es bien vista por amplias capas de barones regionales y alcaldes. Lo que no está encima de la mesa, como ya ha confesado el propio Sánchez en alguna ocasión, es un superdomingo electoral, algo a lo que teme mucho, por ejemplo, el PNV.

“Presentaremos los presupuestos en 2026. Y habrá elecciones en 2027. No serán junto a las municipales. No puedo decir más. La realidad es muy dinámica”, aseveró Sánchez este viernes en Bruselas.

Voces socialistas también interpretan la declaración de Sánchez abriéndose al adelanto electoral si no hay presupuestos, como un gesto a algunos socios, como el PNV. Y también como una señal ante las presiones parlamentarias que persigue Junts, junto al PP, de tratar de que se vote algún texto simbólico parlamentario que exija que se pongan las urnas antes de 2027.

Pero sus colaboradores más cercanos recalcan que Sánchez está fuerte: “Está convencido de lo que está haciendo. No se trata de estar agazapado en una silla en la Moncloa. Está convencido de lo que tiene que hacer frente al avance ultra. Si Sánchez claudica, ¿qué va a quedar en Europa?”.

Sánchez está convencido de seguir, pero también engrasa ya de lleno la maquinaria electoral. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se reunió este miércoles con sus homólogos territoriales para fijar las primarias para la elección de cabezas de lista para municipios de más de 20.000 habitantes y para las comunidades autónomas.

Y se ha elaborado un sistema voluntario de tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Lo elegirá cada agrupación y federación. Esa flexibilidad fue una petición de los diferentes territorios para que quedara constancia en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

De esta manera, como indican fuentes del partido, el PSOE “entra de lleno en modo electoral”: “Ponemos toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. Se da el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral, que sin duda nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades, y a revalidar el Gobierno de España”.

Los socialistas miran a estas autonómicas como una oportunidad para recuperar terreno perdido, con batallas tan cruciales como la de Madrid, donde la izquierda echará el resto con dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y con la líder de Podemos, Ione Belarra, frente a una Isabel Díaz Ayuso, que ahora se ve más acorralada por el caso de su pareja.

Una cita en 2027 en la que el PSOE mira con fuerza también a la Comunidad Valenciana, la tercera más poblada y donde los socialistas esperan poder, junto a Compromís, vencer a las derechas después de la tragedia de la dana. Y hay mucha esperanza puesta en recuperar Canarias gracias a la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El PP, Junts y el PNV apuntan desde hace tiempo hacia unas elecciones anticipadas. Deseo, anhelo, cálculo político. En sus manos está presentar una moción de censura, que saldría adelante junto a Vox si reman todos a favor. Pero, por el momento, no quieren utilizar ese instrumento constitucional y dejan toda la presión para que sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien pulse el botón para poner las urnas.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles dejó patente esa presión que intenta ejercer cada uno de estos partidos para que Sánchez vaya a elecciones antes del verano del año que viene. Pero en la Moncloa insisten en que su hoja de ruta sigue pasando por convocar esos comicios en 2027. Y, como muestra de ese intento de llegar hasta el final, aparece el plan del Ejecutivo de arrancar la semana que viene el proceso para elaborar los presupuestos con la fase de la actualización del cuadro macroeconómico.

Por lo tanto, ahora se da el juego político de la presión en ambos sentidos. PP, Junts y el PNV quieren que el paso sea de Pedro Sánchez, lo que supondría asumir en primera persona el fracaso ya de la legislatura. Pero el líder de los socialistas tira de su habitual manual de resistencia, con su consabida piel de cocodrilo para aguantar pulsos externos. Algo que ha sufrido dentro de su partido durante años, como durante su gestión en temas como el choque con Donald Trump. 

El Partido Popular descarta por ahora presentar esa moción de censura. Cree que por el momento no le dan los números y no se fía de que Junts o el PNV les dejen tirado en la votación de ese instrumento. En esta pantalla, los populares tratan de presionar más al presidente del Gobierno con alguna votación simbólica que evidencie que no tiene mayoría en el Parlamento.

Esta semana se ha frustrado el intento de llevar al Pleno una enmienda en la que el Congreso exija esos comicios adelantados a Sánchez a través de una moción consecuencia de interpelación urgente. Una iniciativa planteada por el PP de manera paralela a Junts, pero que finalmente no fue aceptada por la Mesa del Congreso al entender que se trata de una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno.

El Partido Popular vuelve a la carga después de esa iniciativa e incluirá en el orden del día del próximo miércoles en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una moción en la que se pide a Sánchez que adelante ya las elecciones.

En concreto, el texto registrado por el grupo del PP en el Senado insta en su último punto al presidente del Gobierno a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

El texto no tiene ningún efecto y se trata solo de un movimiento simbólico, pero los populares insisten en que tiene un gran valor porque el Senado deja constancia de la falta de apoyo al presidente. No obstante, esa Cámara no tiene esa representación que buscan los populares porque el respaldo en España se mide en el Congreso, que es el encargado de votar las investiduras, las mociones de censura y las cuestiones de confianza.

Precisamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tachó de “cobarde” a Sánchez durante su cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, además de acusarle de tratar de amordazar al Parlamento por el veto de la Mesa a su enmienda sobre adelanto electoral. 

Fuentes del Partido Popular insisten: “Sánchez impide que los españoles voten en las urnas por el miedo que tiene a que los españoles se expresen, y el sanchismo ha dado un paso más impidiendo que los diputados voten iniciativas por el pavor que tiene Pedro Sánchez a comprobar que ha perdido todos los apoyos y que las Cortes exigen elecciones generales”.

Durante estas horas, también Junts ha elevado la presión al Gobierno y sorprendió con esa enmienda para unirse al texto del PP en el Congreso para pedir elecciones, que al final no salió. Tanto los populares como los independentistas niegan tener relaciones, pero a muchos diputados de la izquierda les sorprendió que de manera simultánea los dos grupos presentaran enmiendas similares destinadas a un texto inicial del partido de Feijóo.

Junts se encuentra en una encrucijada. Rompió relaciones con el PSOE, pero, a la vez, no quiere dar el paso definitivo de unirse al PP y Vox para materializar una moción de censura. Pero sí ve con buenos ojos que sea Sánchez quien vaya a elecciones porque así no tendrá que cargar con la idea de que la ultraderecha llegaría a la Moncloa precisamente gracias al soberanismo catalán.

Pero detrás de los movimientos de Junts también está la ansiedad que genera en este partido en estos momentos el subidón en las encuestas de Aliança Catalana. Los posconvergentes no saben cómo frenar el ascenso de la ultraderecha independentista y la dirección de Carles Puigdemont está recibiendo mucha presión por parte de sus alcaldes y cargos locales, que están avisando de la fuerza que ven en las calles de sus municipios del partido de Sílvia Orriols.

"Queda claro, tras esta decisión, la evidencia de la debilidad extrema en la que se encuentra el Gobierno del Estado español, incapaz de afrontar una sencilla votación en el Pleno", indican desde el partido de Puigdemont respecto al veto de su enmienda en el Congreso.

La postura del PNV es la que genera siempre más nervios dentro del Gobierno y del PSOE porque el partido vasco es clave para aguantar. Los peneuvistas llevan ya tiempo dibujando la idea de un adelanto electoral con la idea precisamente de que esa cita no coincida con las elecciones municipales.

El presidente del Gobierno descartó recientemente hacer un superdomingo electoral en mayo del año que viene. Un mensaje que iba dirigido principalmente al PNV. ¿Por qué? Los soberanistas no quieren un día en el que se pongan varias urnas porque el debate nacional polariza y puede beneficiar, en su opinión, al PSE-EE y a EH Bildu, como un frente de izquierdas ante el avance de las derechas. El partido de Aitor Esteban quiere seguir manteniendo su gran poder municipal, con ayuntamientos en sus manos como los de Bilbao y San Sebastián, además de las tres diputaciones forales, con un poder inmenso al ser las que recaudan los impuestos.

El mensaje del PNV fue claro este miércoles en la sesión de control a través de la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, que dijo directamente a Sánchez que está “nadando en el último largo de la legislatura” y que es “evidente” que se ha perdido la mayoría de la investidura. Con este límite: debe convocar elecciones si no logra aprobar los presupuestos generales.

Por un lado, supone delimitar ya en el tiempo su apoyo a Sánchez, aunque, por otro, también es un balón de oxígeno porque la tramitación de los presupuestos generales puede conllevar meses desde su presentación hasta su votación en la Cámara Baja. No es una exigencia de poner las urnas ya.

Fuentes de la Moncloa quieren ver el vaso medio lleno y se quedan con que el PNV se abre precisamente a negociar las cuentas del año que viene: “Partido a partido. Somos optimistas y no nos planteamos que nos los vayan a tumbar”. El debate de totalidad de ese proyecto en la Cámara Baja, primer gran test de apoyos, podría producirse, según cálculos del propio Ejecutivo, entre octubre y noviembre.

La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El Partido Popular ha activado toda su maquinaria tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Lejos de conceder el beneficio de la duda o esperar al recorrido de la instrucción, el principal partido de la oposición ha fijado una posición de máximos. Para Génova, el expresidente socialista ha salido del juzgado "exactamente igual que entró", arrastrando siete presuntos delitos graves, entre ellos organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han tardado en salir en tromba para tratar de contrarrestar el relato del entorno del exlíder socialista. La consigna de Génova es que la imputación sigue intacta y que la comparecencia ante el juez José Luis Calama no ha servido para despejar las sospechas que pesan sobre él. “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, apuntan.

Según recalcan los conservadores, la declaración de Zapatero sigue sin justificar "a día de hoy" el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia”, zanjan.

Una sesión de control en el Congreso marcada por la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional a la misma hora. Puro fuego. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mostrar iniciativa política con el anuncio de que se va a aprobar un nuevo escudo social y dejar claro el mensaje de que las elecciones serán en 2027.

Sánchez se ha expresado en estos términos tras la pregunta de Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), que ha acusado al socialista de ser "un cobarde" y tenerle "miedo a la democracia" después de que la Mesa del Congreso vetara este martes las enmiendas del PP y de Junts para que el Pleno se pronunciara sobre un adelanto electoral en la sesión del jueves.

El líder del PP ha dicho al presidente que está acorralado por la corrupción y le ha recordado que su mujer estuvo ante el juez el lunes y que Zapatero, "el que iba de Gandhi", declara ante la Audiencia Nacional este miércoles: "Si fuera mala persona, le diría una cosa. Ánimo, Pedro".

El presidente del PP ha denunciado que el PSOE, en su opinión, financiaba las “cloacas”: “Su argumentarios cada día son más ridículos. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica. ¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes? Sea coherente y prohíba la militancia socialista a quien se haya beneficiado de negocios con corrupción. ¿A que eso no le encaja?”

Para criticar, a continuación, el veto de la Mesa a las enmiendas para votar un adelanto electoral: “No tiene derecho a amordazar al Parlamento. No es demócrata”.

En su respuesta a Feijóo, Sánchez ha remarcado que la “degeneración política” es el voto en contra de manera sistemática de la oposición a asuntos que benefician a los ciudadanos como la revalorización de las pensiones, el salario mínimo y la reforma laboral.

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar un nuevo decreto con un escudo social por las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Y en estos momentos el Gobierno está hablando con los diferentes sectores para “aportar soluciones”. 

La plurinacionalidad se ha convertido en el mayor estabilizador de la España plural, transversal y periférica. Se constata este hecho cuando el Papa León XVI celebra la diversidad desde la Sagrada Familia, en un acto que bien podría simbolizar el final de un ciclo político y el comienzo de otro nuevo. Pensamos en las elecciones de julio de 2027 pero no se nos puede escapar que unos meses antes, en las locales y en autonómicas, un abertzale puede gobernar Navarra o que en las Juntas Generales de Euskadi el progreso de Bildu sitúa a los de Arnaldo Otegi como unos socios de gobierno tan fiables como lo han sido en otros momentos los jetzales de Aitor Esteban. La plurinacionalidad se ha convertido en el verdadero factor de cohesión territorial, acompañado siempre de presupuestos sociales. Llegados a este punto, resulta difícil comprender por qué Feijóo ha renunciado a ser derecha plural, provocando un enorme desencanto político dentro y fuera de su propio partido.    

Si el PP quiere seguir siendo el fiel reflejo de la derecha española deberá ser plural o no será. A la vista de la representación que tuvo lugar en el Cercle d’Economía en Barcelona, Feijóo parece haber querido renunciar a serlo ante empresarios, economistas y agentes sociales. ¿Quién estaría dispuesto a romper un puente que conecte las siglas a la plurinacionalidad? Aznar, en primer lugar, y detrás de él, Feijóo. La reacción de algunos banqueros no se ha dejado esperar. Hay mil maneras de decir "Feijóo no nos vale". La de Josep Oliu, el presidente del Banco Sabadell, fue un ejemplo suficientemente tajante: "Vale, eres un martillo despertador. Y ahora ¿qué vas a hacer?". La salida de Feijóo del Cercle sólo sembró más preguntas e incertidumbres en torno a él. Sin moción de censura, caballo de Troya, después qué. 

La burguesía catalana parece haber emitido mensajes de preocupación tras conocerse alguna encuesta publicada por la industria de la actualidad. El problema no es Salvador Illa, que con presupuestos en Catalunya y el anuncio de las cuentas más plurinacionales del Estado en Madrid dibuja un horizonte sostenible en el tiempo para los agentes económicos y sociales de su comunidad. El problema es de orden político: el crecimiento de Aliança Catalana y la caída libre de Junts. 

Arcadi España, ministro de Hacienda, y Carlos Cuerpo, de Economía, presentarán los cuadros macro que anticipan los Presupuestos Generales del Estado el próximo 23 de junio, cuatro días antes de que Pedro Sánchez comparezca ante el Comité Federal del PSOE. Llegará con el PSOE caoba desactivado y con el último informe de Goldman Sachs en la mano, el mismo documento que afirma que en España se está creando empleo de calidad, la productividad mejora y la economía presenta ciertos factores que la dotan de una sorprendente resistencia estructural.  

España encuentra el germen de su nuevo ciclo en aquellos territorios que quieren ser alternativa democrática y social a los gobiernos del futuro terror constituidos tras los caucus de la derecha. Cada comunidad es un universo que admite infinitas posibilidades si decide liberarse de los relatos producidos en el Madrid D.F. Lo vemos en la Comunitat Valenciana, cuando Pérez Llorca se dispone a negociar su financiación autonómica junto al ministro de Hacienda, Arcadi España. Feijóo renunció a ser derecha plural en el Cercle de Economía y quien se debilita por ello es él mismo y no tanto el PP plural donde rige una máxima: “cada uno a sus votantes”. La plurinacionalidad no es un objetivo ni una meta; es un proceso, una conversación continua, tan ligada a la democracia liberal en la conformación de mayorías estables que también asimila sus defectos y sus virtudes. Como ha enseñado Catalunya en tantas otras ocasiones, la plurinacionalidad es condición de posibilidad para levantar la institucionalidad de este país de países, inabarcable, libre y mutante.

España es más estable de lo que transmite el Madrid D.F., y esta circunstancia es la que apuntala nuestra democracia día tras día, como un hábito, una costumbre, que no es capaz de desestabilizar el momento antípolítico que la industria de la actualidad retransmite desde los juzgados. La política se abre camino. Lo ha entendido muy bien Álvaro Sánchez Cotrina, secretario del PSOE de Extremadura al tomar la iniciativa parlamentaria este martes ofreciendo un acuerdo presupuestario a la presidenta María Guardiola. Cotrina envía varios mensajes. En primer lugar, que se puede estar en la oposición y no perder el pulso político. En segundo lugar y, en clave interna, que los resultados de la acción política regional de alcaldes y presidentes autonómicos no dependen de lo que le suceda a Pedro Sánchez.  

Una España más plurinacional otorga una España más estable. Lo debe entender el PNV, que tiene motivos para estar nervioso ante el último sondeo electoral que ha publicado el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco con estimación de voto para las elecciones a Juntas Generales de mayo de 2027. En general, los resultados muestran un reforzamiento de PNV y EH Bildu en perjuicio de PSE-EE y PP. Bildu se está presentando en la Corte de los Leones como un socio parlamentario mucho más fiable para el Gobierno que el PNV y, además, crece en Euskadi más que el PNV. Arnaldo Otegi ha entendido la función estabilizadora de su partido. No tiene prisa en gobernar. El 2028 se aproxima lentamente y será un acto político fundacional, el Gran Momento que puede registrar a un abertzale elegido presidente de Navarra. 

Pequeños surcos indican el comienzo de un nuevo ciclo político. El PP vasco también parece haber renunciado a ser derecha plural en su propio territorio. Javier Andrés, su presidente, arremete contra el PNV tildándolo de “pétalo” del PSOE. Mientras el PP se conforme con ser un partido cautivo de Vox, Feijóo tendrá muy difícil consolidar un liderazgo que no es capaz de gobernar sin someterse a las condiciones de Santiago Abascal. Los gobiernos del futuro terror en Extremadura, Aragón y Castilla y León no parecen haber restado iniciativa al PSOE ni tampoco que mengüe su liderazgo. Lo observaremos en el próximo Comité Federal, donde es posible que concluya una etapa política y comience a germinar otra.  

Máxima expectación en el Senado. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, compareció en la Comisión de Interior este martes en plena polémica por sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. Con este mensaje por bandera: "No he participado jamás, nunca en ninguna trama o conspiración contra la UCO ni contra la UDEF ni contra cualquier unidad. Ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna persona".

González, durante una comparecencia que superó las dos horas, precisó que no se reunió con Díez en alguna dependencia oficial de la Guardia Civil y afirmó que nunca ha adoptado alguna medida "contra algún agente de la UCO o de la UDEF como elemento de presión para alterar investigaciones que afectan al Gobierno".

"No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna unidad", añadió la directora de la Guardia Civil, que subrayó a la vez: "Nunca me he reunido con agentes o mandos para interesarme por investigaciones".

“No creo haber faltado a mi deber, he cumplido con dignidad cada una de mis obligaciones”, prosiguió González, que puso en valor su “ética, responsabilidad y trabajo”. 

Asimismo, quiso mostrar su “respeto, admiración y cariño por la Guardia Civil”: “Esta es mi casa”. Para enlazar con esta idea: “No controlo a nadie por la puerta de atrás. Lamento que el cuerpo se haya visto afectado. Mis más sinceras disculpas”. La directora de la Guardia Civil desoyó en todo momento las exigencias de dimisión por parte del PP y de Vox.

González detalló que supo por primera vez de Díez cuando era delegada del Gobierno en Madrid y la exmilitante ocupaba la dirección de Relaciones Institucionales de Correos. Se intercambiaron varios mensajes siempre relacionados con la situación de conflictividad laboral en esa empresa: “Nunca nos conocimos personalmente [en aquella época]” .

Ahí se adentró en los tres encuentros que señala el informe de la UCO cuando ya González estaba al frente de la Guardia Civil. Reconoció que la primera vez fue tras su nombramiento en una cafetería cercana a la sede de la Benemérita: “Nos vimos personalmente, tuvimos un breve encuentro en el que me trasladó su situación laboral y me comunicó que volvía al periodismo como freelance”.

“No me dijo ni dónde ni para quién trabajaba. Nunca habló de alguna investigación en curso. Fue una mera toma de contacto”, relató, para mostrar luego su impresión de que la buscaba para algún tema de relación laboral o para su agenda como informadora.

Señaló que no recuerda el “segundo hipotético encuentro” que aparece en el informe de la UCO: “Ese día y a esa hora estaba reunida en las instalaciones de la Guardia Civil”.

El tercer encuentro se produjo el año pasado, describió González, quien indicó que fue también en una cafetería y que Díez empezó hablándole de la situación de salud de un familiar. En un momento, la exmilitante le plantea que el agente Rubén Villalba —quien se encuentra imputado por corrupción en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Koldo García— vuelva a su anterior destino. La directora de la Guardia Civil rechazó “de plano” esa posibilidad y dio por terminado el encuentro de manera inmediata.

“Desde entonces no volví a mantener ningún tipo de encuentro. Jamás volví a verla”, apostilló, para indicar que los únicos tres encuentros que mantuvo con Díez fueron “cortos” —”no más tiempo de un café”—, y “sin temas predeterminados”. “Nunca me pidió ni frenar ni entorpecer investigación alguna en curso”, remarcó.

Con este resumen final: "Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”. El paso de González por el Senado no deja ninguna información nueva respecto a la que aportaron fuentes de su entorno tras conocerse el informe de la UCO.

González dijo que ni ella ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han mentido sobre su relación con Díez: “No he negado que la conozca. Pero no he mantenido ninguna reunión con Díez para esa supuesta campaña de intromisión y de intentar entorpecer una investigación”.

Asimismo, indicó que “jamás, nunca” se ha visto algún miembro de su gabinete con la exmilitante. Y también manifestó que “jamás, nunca” han salido fondos reservados para pagar a Díez.

Ante las acusaciones de las derechas de influir en la UCO, la directora de la Guardia Civil mantuvo que el teniente general Antonio Balas sigue en su mismo puesto, y lo ha defendido por su labor "escrupulosa".

"Yo he dicho siempre la verdad. Nunca he perseguido a los míos. Nunca he hecho daño a un agente, ni he frenado ninguna investigación. Jamás, nunca. Nada. Esa es la verdad. Ahora ustedes pueden adornarla con todas las mentiras", resumió González al final de la comparecencia.

Para despedirse con un mensaje contra "la política de la rabia" y la "jauría". Con una llamada al "diálogo": "La democracia no es un juguete, es un tesoro. Debemos protegerlo. Esto tiene que empezar aquí".

La Mesa del Congreso no ha admitido las enmiendas presentadas por el PP y Junts para que la cámara inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un adelanto electoral al entender que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo.

Según han informado a EFE fuentes parlamentarias, la Constitución es clara sobre esta potestad del presidente del Gobierno, por lo que toda iniciativa que vaya en ese sentido, aunque sea de manera "encubierta", va contra la carta magna.

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han rechazado así las enmiendas presentadas a la moción del PP por los propios populares y Junts, ya que "ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Las citadas fuentes han recordado además que existen precedentes anteriores, como la proposición no de ley de Junts de febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza, que fue inadmitida por el mismo motivo por la Mesa.

Otras fuentes parlamentarias han advertido por su parte que Junts ya había incluido en su enmienda que su petición carece de vinculación jurídica con el propósito de que no fuera parada por la Mesa del Congreso.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado que para Sumar la legislatura debe continuar, aunque eso "tiene que significar que le valga la pena a la gente”.

Al mismo tiempo señala que también es necesario que el PSOE “aclare lo que está ocurriendo” en torno al partido ante supuestos casos de corrupción.

Sobre la opción de acudir a las urnas antes de lo previsto recuerda que “los socios parlamentarios ya han dicho que no van a participar de ella” porque el PP “viene con Vox bajo el brazo” y “nadie va a querer participar de esa operación”.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso y uno de los socios del Gobierno de coalición, ha señalado que lo que su partido pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos