Si algo ha demostrado el problema de la vivienda es que, además de ser el principal quebradero de cabeza de los españoles, es un campo abonado para la lucha política. Y, si bien todos los partidos coinciden en el diagnóstico, pocos se avienen a pactar soluciones conjuntas. Entre los socios de investidura, Sumar y Podemos tratan de intervenir el mercado, Junts se escora hacia las posiciones del PP y lo rechaza, incidiendo en crear beneficios fiscales a los caseros, y el PSOE trata de cuadrar el círculo sin demasiado éxito hasta el momento.

Intervenir el mercado de vivienda es un peaje por el que Junts no quiere pasar. Lo ha mostrado con su voto en contra de la polémica prórroga de los alquileres, que decayó en abril después de que PP y Vox hiciesen lo propio en la votación del Congreso. También se ha opuesto en Cataluña a la reciente propuesta que trata de sacar adelante el Ejecutivo socialista de Salvador Illa para frenar la compra especulativa de casas, así como a otras iniciativas como la idea del Govern y los Comuns para impulsar la construcción de viviendas de protección oficial convirtiendo oficinas y locales en casas. La secretaria de organización de Junts y diputada en el Parlament, Judith Toronjo, calificaba esta última medida de "ataque a la propiedad privada", un argumento que han utilizado en otras ocasiones para oponerse a las medidas que implican una regulación del mercado.

El caso más reciente es la queja que Junts elevó junto al PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de Cataluña para frenar una regulación destinada a prohibir la compra especulativa de vivienda en áreas tensionadas dentro de la comunidad autónoma. La iniciativa, impulsada por el Govern y los Comuns pretendía incluir esta cuestión modificando la ley de urbanismo, pero el órgano consultivo emitió un dictamen desfavorable este martes, dando así la razón a Junts y al PP. “Era una ley confiscatoria, que generaba inseguridad y asusta a la inversión", declaró Lorena Roldán, portavoz del PP en el Parlament tras conocerse las conclusiones del Consell. Toronjo también recordó que ellos habían lanzado una propuesta similar, aunque con incentivos fiscales, y atacó la del Ejecutivo de Illa alegando que no sabían si implicaba expropiaciones.

Al ser un órgano meramente consultivo, tanto los Comuns como el Ejecutivo socialista anunciaron que buscarían el encaje legal para su implementación. Esta es la primera tentativa que se hace para cumplir con una de las reivindicaciones que con más insistencia piden los colectivos sociales de vivienda: evitar que la vivienda sea un vehículo de inversión.

Otra cuestión que está en el aire y con la que Junts también aprieta al Gobierno central es el decreto de vivienda. La propuesta no llegó al último Consejo de Ministros a finales de julio, como estaba previsto, por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El “difícil encaje parlamentario”, como lo describió el propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha impedido en varias ocasiones que la medida avance y una de las cosas que tratan de hacer los socios de Gobierno es convencer a la formación independentista. Junts rechaza intervenciones en el mercado para regular precios, prioriza aumentar la oferta, exige blindar a los pequeños arrendadores y apuesta por rebajas fiscales a los caseros.

En abril, cuando decayó la prórroga de los alquileres por primera vez, el Ejecutivo trató de salvarla hasta el último momento, pero se encontró con un Junts poco dado a negociar. Bustiduy se abría a negociar medidas defendidas por la agrupación catalana, como dar más apoyo a los propietarios o el fraccionamiento del IVA para los autónomos, si estos apoyaban el Real Decreto. Pero los independentistas catalanes reiteraron que no negociarían y que su opinión no había variado de su negativa inicial.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas y Junts a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones para tratar de sacar adelante el decreto de vivienda después del verano. 

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda. Por su parte, Junts se acerca al PP en lo que tiene que ver con el control de la crisis inmobiliaria, generando una pinza parlamentaria que al Gobierno no le será fácil sortear.

Concluyó julio con la certeza de que las próximas elecciones se celebrarán en 2027 y la incertidumbre de saber cómo se reconstruirá el espacio político que deja Sumar. En septiembre, conviene tener elaborados los primeros números, pergeñar la que será la futura convergencia de una izquierda plurinacional y, sobre todo, saber en torno a qué y en torno a quién se conformará la candidatura. Se acerca la hora de Unai Sordo, aún no descartado pero a quien tampoco le han pedido que encabece una lista para que ocupe ese espacio.

Su figura trasciende el sindicalismo y sus palabras alcanzan a todas las esferas de la vida. Hasta la fecha, Gabriel Rufián sólo ha sido una interferencia que ha impedido clarificar el debate y Bustinduy no está (pero está). Los partidos, como ERC, se reivindican –en palabras de Junqueras– por su utilidad. Habrá que definir si también es útil el pacto al Senado del PSOE con otras izquierdas promovido por las CCOO, o si conduce a otro resultado similar al que propició hace 26 años el acuerdo entre Almunia y Frutos.

Las elecciones serán en 2027. Y se celebrarán dentro de doce meses, según afirmó Pedro Sánchez en su última comparecencia de julio. Sánchez ya empieza a ser Pedro ante su electorado. El humanismo sigue siendo el venero contra el algoritmo judicial, la razón última que explica el sentido de la democracia liberal que impide la fractura política de este país de países.

El armagedón confrontará a los partidos de la España plurinacional, transversal y periférica con los partidos integrados en el Consorcio PP-Vox. El resultado de los últimos cuatro caucus de la derecha nos indica que Feijóo ha comprado definitivamente el marco ideológico de Abascal, aunque el proceso no vaya acompañado de un fortalecimiento de su liderazgo. El presidente popular continúa congelado en el 30,1% de los votos.

En cambio, las elecciones autonómicas, incluidas las andaluzas, sí nos permiten hablar de una izquierda emergente que responde al vacío político dejado por Sumar. La política huye del vacío. Ante el eclipse total de Sumar, surgen izquierdas plurinacionales como Adelante Andalucía, la Chunta Aragonesista, Unidas por Extremadura o Unión del Pueblo Leonés que se suman al prometedor resultado de Compromís en Valencia; al BNG, auténtica oposición al PP, en Galicia; Bildu en Euskadi y Navarra; o ERC en Catalunya.

Todas ellas tienden hacia la confluencia de una izquierda confederal que es capaz de articular alianzas y converger con sus votos en la próxima investidura de Sánchez si Feijóo no es capaz de superar la cota del 46% en las siguientes generales.

A partir de septiembre comenzará a ser prioritario fijar la relación entre los partidos de este espacio, incluido Podemos, y cuál será el reparto de listas y poder al que se llegue. No se trata de crecer, sino de construir un instrumento útil para recoger lo que el PSOE deje. En ese sentido, y hasta que concluya la legislatura, Junqueras ha marcado el camino, reivindicando a ERC como un partido útil para el Gobierno, para el sistema España y su sociedad, frente a la visión de Rufián que se asienta en la convicción que domina entre las izquierdas: su electorado real ha quedado limitado a las clases socioculturales urbanas en Madrid y Barcelona, a lo que IU pueda aportar en Andalucía, Asturias y Extremadura, y a lo que Compromís y Chunta consigan en sus territorios.

En ese contexto, se impone una emoción: hace falta algo más y ese más lo puede aportar Unai Sordo, secretario de las CCOO, cuyas estructuras orgánicas se configuran como condición de posibilidad viable para construir una red que permita al bloque plurinacional crecer en votos y conectar con el millón de indecisos que, por el momento, han depositado su confianza en la abstención.

Ha llegado el momento de hacer números y determinar la capacidad de conexión, persuasión y organización que tiene Sordo, descartado (o no) Pablo Bustinduy y congelada la “reflexión” que alentó Gabriel Rufián a lo largo de los últimos meses. Conviene recordar las recientes palabras de Oriol Junqueras una vez más: la esperanza puede ser abstracta, etérea o simpática pero tiene que ser, necesariamente, concreta. El que concreta gana. La posible confederación nacional deberá ser generosa o no será.

La advertencia sirve también para el entorno sindical de Sordo que promueve listas conjuntas del PSOE con otras fuerzas políticas en el Senado, la fallida Cámara Alta con vocación plurinacional que el Folio Magno previó durante la Santa Transición. La propuesta sindical emerge con tibieza y a paso lento y tiene, desde el punto de vista gramatical, un carácter intransitivo.

Busca antes disimular las debilidades propias que reforzar sus capacidades, obviando tres razones importantes por las que sería posible y razonable llegar a ese acuerdo: el Senado tiene poder para nombrar a cuatro miembros del Tribunal Constitucional, a otros cuatro del Consejo General del Poder Judicial y conserva en exclusiva su capacidad para intervenir en la política territorial a través del artículo 155. Un pacto así no puede caer en el nihilismo intransitivo al que condujo el anterior, firmado en 2000, por Almunia y Frutos y que sólo propició la mayoría absoluta de José María Aznar López.

Más interesante que un acuerdo al Senado es atisbar qué hará el espacio post-Sumar cuando haya que volcar sus votos en la hornacina de la democracia, si conviene o no gobernar o estar, simplemente, vigilantes, en el Parlamento. Si dentro o si fuera. En septiembre, la esperanza ha de tener ya sus números escritos y las razones por las que es útil esta alianza y esta estrategia, pasando definitivamente la página al desastre creado en el que ha desembocado la etapa de Yolanda Díaz.

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que el PSOE-M presentará una denuncia ante la Fiscalía provincial de delitos económicos dirigida contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra de un ático en Chamberí.

El inmueble, situado en una novena planta de un edificio residencial, fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad, que posteriormente lo puso en venta, para emplearlo supuestamente como oficina de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos.

"Empezamos todas las acciones legales", ha avisado López en declaraciones a los medios desde la sede del PSOE en Ferraz, donde ha calificado el asunto de "muy muy grave".

En palabras del secretario general del PSOE madrileño, el objetivo es "conseguir que dimita la señora Ayuso", así como lograr que se diriman todas las responsabilidades penales que haya en este asunto y que se devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños".

El ministro ha reclamado que se investiguen todos los posibles indicios de "prevaricación administrativa, malversación y otros" que pueda haber en relación con la compra del inmueble, y ha avisado de que "esto no va a quedar así".

El PSOE-M confía en que por vía judicial se pueda obtener la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición, así como la remisión de toda la documentación que sirvió de antecedente y fundamento a la decisión de comprar el ático, entre otros documentos.

"Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública", ha aseverado el secretario general madrileño.

López ha criticado que no haya habido explicaciones por parte del Gobierno regional pese a las iniciativas y solicitudes de información presentadas por los socialistas, y ha calificado las respuestas dadas hasta el momento de "chapuza colosal".

"La Comunidad de Madrid y la señora Ayuso han ido cambiando de versión en un relato cada vez más culpable", ha subrayado el ministro, que también ha calificado de "populismo barato" el anuncio por parte del Ejecutivo madrileño de que el dinero que se obtenga de la venta del inmueble se utilizará para ayudar a los afectados por el incendio de la sierra oeste.

Que la vivienda es un problema fundamental para el bienestar de los españoles es algo en lo que coincide la mayor parte de la ciudadanía y del arco parlamentario. Lo corrobora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), situándolo como el principal problema de los españoles; lo muestra un malestar social creciente y un activismo en alza en torno al mercado inmobiliario y lo subrayan constantemente tanto la derecha como la izquierda. Sin embargo, cualquier medida al respecto, incluido el decreto sobre vivienda que plantean desde el Gobierno, termina chocando reiteradamente contra una pared. Primero, el rechazo de PP, Junts y Vox hizo decaer la prórroga de los alquileres que permitía extender los contratos y limitar las subidas de precios a los inquilinos; ahora, la nueva propuesta del Gobierno ni siquiera ha conseguido llegar al trámite parlamentario, ya que la falta de consenso para llevarla adelante era patente. Unos insisten en construir y bajar impuestos, mientras que para otros, sin intervenir el mercado y limitar las inversiones, nada se podrá hacer. Son los dos polos de un puzzle cada vez más difícil de armar.

La pasada semana, el real decreto de vivienda no llegó al Consejo de Ministros del martes como estaba previsto por la falta de apoyos para su tramitación en el Congreso. El propio ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien ha sido uno de los principales promotores de la medida, lo reconocía en una entrevista a El País y aludía a la “difícil aritmética parlamentaria” como causa del retraso en la tramitación. Aunque matizaba que eso “no puede ser excusa para no aprobarlo” y señalaba que las conversaciones se retomarán en septiembre.

A un Partido Popular enrocado en medidas para fomentar la construcción y liberalizar suelo, pero poco dispuesto a intervenir los alquileres, se suma la disputa entre los dos extremos del bloque de investidura: Junts y Podemos. Los primeros rechazan intervenciones en el mercado para regular precios, priorizan aumentar la oferta y exigen blindar a los pequeños arrendadores; los segundos, en cambio, reclaman topar los precios del alquiler, limitar la compra especulativa por parte de fondos y blindar a los inquilinos.

Colocar todas las piezas de este rompecabezas se ha convertido en una tarea compleja que no termina de encontrar un final satisfactorio. En la negociación también entran otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que demanda regular los alquileres de temporada y cambiar la ley de suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos. Sin embargo, Podemos se opone frontalmente a esta medida que daría más margen a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. Ione Belarra, secretaria general de los morados, señalaba que esta medida supondría “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos” y a la especulación.

En esta última medida, los sindicatos de inquilinos y varias asociaciones ecologistas se alineaban con la formación morada para oponerse a cambios en la ley de suelo. “A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, estas medidas buscan reducir la protección medioambiental del territorio afectado por planes urbanísticos, además de proteger a futuros infractores urbanísticos y a amnistiar a aquellos infractores presentes, cuestión que no guarda ninguna relación con la promoción de un parque de vivienda pública”, lamentaban en una nota de prensa conjunta.

Las exigencias contrapuestas hacen que el consenso se limite a identificar el problema, mientras que el rechazo de las derechas a poner freno al mercado del alquiler deja poco margen para un acuerdo más amplio que incluya a la oposición. Pese a esta realidad, desde el Ejecutivo, tanto Sumar como PSOE insisten en que se retomarán las negociaciones después del verano. Para tratar de cuadrar el círculo, el decreto incluye medidas fiscales que benefician a los caseros a la vez que intenta añadir una prórroga de los alquileres y un IVA del 21% a los pisos turísticos. Sin embargo, las posturas no parecen acercarse, sino todo lo contrario.

De hecho, Sumar y PSOE también han tenido discrepancias serias al respecto, sobre todo en lo relativo a rebajar la fiscalidad a los caseros, aunque en esta ocasión la formación de Yolanda Díaz aseguraba a infoLibre que sus posiciones estaban mucho más próximas.

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. Una situación que hace muy complicado abordar el problema desde un solo flanco, algo en lo que coinciden los expertos cuando apuntan a la necesidad de conjugar un parque de vivienda pública y protegida con un mayor ritmo de construcción. Sin embargo, esos matices parecen más complicados cuando se aborda el tema desde lo político y se aproximan unos comicios generales.

El Partido Popular ha permanecido al margen en estos meses de tira y afloja entre los socios de investidura, pero sus propuestas apuestan por acelerar la construcción y se alejan de cualquier tipo de intervención sobre el mercado. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, señaló justo después de conocerse que se aplazaba el decreto, que la decisión era “una buena noticia para los españoles” ya que las medidas que contenía eran, en su opinión, “equivocadas”. Gamarra aprovechó también para insistir en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

La propuesta de los populares en materia de vivienda se limita a los puntos expuestos el año pasado en la llamada Declaración de Asturias. Entre las propuestas que recoge el documento está promover más suelo finalista para construir, agilizando trámites y movilizando parcelas públicas; construir más vivienda en propiedad ofreciendo incentivos a promotores y constructores o flexibilizando el marco regulatorio y los perfiles demandantes para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO); crear más vivienda asequible en alquiler con construcción e incentivos fiscales; rebajar la fiscalidad de la vivienda con deducciones por compra, rehabilitación o en el momento de la transmisión. También propone derogar la ley de vivienda, en concreto, cuestiones como la intervención de precios del mercado del alquiler, las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres.

Ninguna mención a limitar la compra especulativa o establecer un seguimiento y control de los precios del alquiler, como piden a la izquierda del arco parlamentario.

La crisis habitacional y la incertidumbre que genera el acceso a la vivienda han convertido esta cuestión en uno de los ejes centrales del debate político. Incluso Vox, que hasta hace poco apenas situaba la vivienda entre sus prioridades, ha lanzado propuestas para tratar de aprovechar la ola insistiendo en cuestiones como la supuesta inseguridad jurídica de los propietarios por los inquiokupas —un concepto inventado para criminalizar a los inquilinos que dejan de pagar el alquiler— y en los migrantes como el principal obstáculo para el acceso a la vivienda.

Con estos mimbres, un acuerdo en materia de vivienda parece alejarse a la vez que gana terreno una bronca política que mira de reojo ya a la campaña electoral de las próximas generales.

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, consejero delegado y presidente de Plus Ultra, respectivamente. Los interrogatorios tendrán lugar los próximos 7 y 8 de septiembre en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

La decisión del magistrado llega después de que ambos directivos presentaran escritos ante el juzgado en los que vincularon al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las gestiones realizadas para conseguir la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Martínez Sola y Roselli explicaron que la compañía contrató al empresario Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero y admitieron el pago de importantes cantidades por su mediación.

No obstante, los responsables de Plus Ultra aseguraron que no llegaron a tener constancia de las actuaciones concretas que el expresidente habría realizado para influir en la concesión del rescate.

En paralelo, Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Zapatero. La decisión se debe a que el escrito fue registrado fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

La defensa del expresidente había presentado el pasado 25 de junio un incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales y reclamaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las que autorizaron la entrada y el registro en la oficina del expresidente del Gobierno y la que abrió una pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.

El auto explica que, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días y comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Calama recuerda que, en este caso, la defensa de Rodríguez Zapatero indicaba que “la nulidad se plantea a raíz del acceso a la plataforma Cloud y el conocimiento de lo sucedido en las Diligencias de Investigación preprocesales, y tras conocer la singladura procesal que ha llevado la causa al momento presente”.

Ese acceso, tal y como consta en las actuaciones, se produjo el 25 de mayo, cuando se remitió una comunicación a todas las partes personadas que lo habían solicitado para informarles de que, a partir de ese momento, podían consultar los autos en la plataforma de gestión documental habilitada. "En las comunicaciones efectuadas el 25 de mayo aparece documentada la notificación realizada a la representación procesal del expresidente del Gobierno en la cuenta de correo electrónico facilitada por su defensa", aclara el instructor.

En este sentido, el magistrado señala que los escritos sujetos a plazo pueden presentarse válidamente hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, lo que extendía la posibilidad de presentación únicamente hasta las 15.00 horas del 23 de junio. “La presentación efectuada el 25 de junio resulta, por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, sostiene.

Por todo ello, el auto concluye que la consecuencia de formular el incidente fuera de plazo es su inadmisión. “La extemporaneidad priva al órgano judicial de competencia para examinar el fondo de la lesión alegada, pues el incidente no puede operar como mecanismo para cuestionar decisiones instructoras que debieron impugnarse en tiempo articulando frente a ellas los oportunos recursos”, concluye.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves su inocencia y ha negado cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista televisiva desde que comenzó a ser investigado por la Audiencia Nacional, Zapatero ha calificado de "enorme invención" las acusaciones formuladas por el empresario Julio Martínez Martínez, quien esta semana lo señaló ante el juez como la persona que "marcaba los pasos" para conseguir la financiación.

"Estoy convencido de mi inocencia. No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad", ha afirmado el expresidente durante una entrevista en el programa Mañaneros 360, de La 1. Zapatero ha reconocido que necesita ofrecer explicaciones ante la gravedad de la investigación, pero ha advertido de que no pretende pedir a los ciudadanos "un acto de fe".

El expresidente ha rechazado de plano la nueva versión ofrecida por Julio Martínez, amigo suyo durante años y propietario de la consultora Análisis Relevante. "Las acusaciones que hizo Julio Martínez sobre mí son una enorme invención", ha sostenido. Preguntado por si se siente traicionado, Zapatero ha evitado cuestionar personalmente al empresario y ha atribuido sus palabras a su estrategia procesal: "No entro en su estrategia de defensa".

Martínez ratificó el martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero estaba informado de los pasos dados para obtener el préstamo y que fue quien le anticipó que la ayuda sería concedida. El empresario también declaró que los honorarios acordados por la mediación ascendían aproximadamente al 1% de los 53 millones del rescate, unos 530.000 euros, aunque admitió que desconoce con qué persona del Gobierno o de la SEPI habría hablado el expresidente.

Zapatero ha insistido, sin embargo, en que no tuvo ningún papel en la operación. "No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha asegurado. Según ha defendido, nunca realizó gestiones ante funcionarios, responsables gubernamentales o representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para facilitar la concesión del préstamo.

El expresidente también ha negado la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a canalizar la comisión. "Decir que creé una offshore es una invención", ha señalado, antes de añadir que atribuirle esa actuación "es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna"

Sobre los pagos recibidos a través de Análisis Relevante, Zapatero ha reafirmado que desarrolló "un trabajo de consultoría" y asesoramiento dentro de la legalidad. También ha negado que la consultora funcionara como una sociedad pantalla para canalizar sus ingresos y ha recalcado que sus servicios fueron declarados con su nombre y apellidos.

En cuanto a las joyas, Zapatero ha defendido que fueron un regalo "personal, fruto de una amistad", aunque ha evitado revelar quién se las entregó. El expresidente ha asegurado que, "por respeto al procedimiento judicial", aclarará ante la justicia todas las circunstancias relacionadas con este asunto y ha sostenido que nunca tuvo "afán patrimonial".

Fuentes del PSOE y del Gobierno inciden en que el partido mantiene exactamente la misma posición tras la entrevista: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. "El presidente Zapatero ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia", añaden desde el partido.

Además, han señalado que la filtración de sus agendas personales "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

Los socios del Gobierno de coalición —PSOE y Sumar— han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada", que deberán solicitar los inquilinos, amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias.

El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.

Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso.

Para ello necesita los votos imprescindibles de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.

Aquel decreto, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado el 28 de abril con los votos en contra del PP, Vox, Junts, la abstención del PNV y el resto de la cámara a favor.

Según Sumar, a propuesta suya, el nuevo decreto ley incluye un borrador de texto a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.

La inclusión en el decreto de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una exigencia de Podemos, pero a ello se oponen con matices Junts y el PNV.

Sumar asegura que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española.

En total, con las dos últimas prórrogas aprobadas por el Ejecutivo (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

Junts per Catalunya ha asegurado este miércoles que no apoyará el nuevo decreto de vivienda si el Gobierno mantiene las medidas "que perpetúan las ocupaciones" y no protege ni a los inquilinos ni a los pequeños propietarios.

En un comunicado, Junts ha exigido este miércoles incentivos fiscales para los inquilinos, protección al pequeño propietario y una mayor inversión pública en oferta de alquiler.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee la ley contra la ocupación ilegal que presentó hace dos años y que aún sigue pendiente.

Junts considera que las políticas intervencionistas del Gobierno no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de precios a municipios donde la situación no era tan crítica.

Por ello, la formación catalana reclama que el estado, al igual que hacen la mayoría de los gobiernos europeos, asuma el coste de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y no los pequeños propietarios, además de pedir que se restablezcan las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a ahorrar para la compra de su primera vivienda.

El caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha vivido un giro. Julio Martínez Martínez apunta directamente al expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra. Y le complica su futuro procesal. Pero la noticia va más allá de las paredes de la Audiencia Nacional e impacta de lleno en el complicado panorama político español, que ya mira a las elecciones del año que viene.

El caso de Zapatero es muy doloroso para los socialistas. Supone un golpe para su gran faro moral durante años. En el Palacio de la Moncloa y en el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz se mantiene su respaldo al expresidente a pesar de la declaración de Martínez. Fuentes de la dirección del partido subrayan de manera directa: “Se mantiene la confianza. Presunción de inocencia y tiempo para la Justicia”.

Y el giro de Martínez no ha sorprendido, de hecho, a la cúpula del PSOE y del Gobierno, como señalan dirigentes del partido en privado, ya que esa puerta la abrió el propio Tribunal Supremo con su condena a José Luis Ábalos, que no conllevó pena de cárcel para el empresario corruptor Víctor de Aldama. 

Para cargos del PSOE consultados, esto supuso señalar también el camino para Julio Martínez Martínez por el caso del rescate de Plus Ultra y para Leire Díez, investigada por las supuestas cloacas orquestadas por el exsecretario de Organización Santos Cerdán para frenar investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Ejecutivo. Ese giro era esperado por muchos en Moncloa y en Ferraz.

La orden de mantener el apoyo viene directamente de Sánchez, quien siempre ha respaldado al expresidente, una figura clave durante la campaña electoral de 2023 y enlace esencial durante mucho tiempo para mantener en vigor el bloque de investidura. Los socialistas viven estos días en una montaña rusa de emociones y muchos todavía se resisten a creer que haya podido cometer algún delito.

Asimismo, desde el Gobierno se defiende el proceso de préstamos a Plus Ultra durante la pandemia del covid. Fuentes de la Moncloa insisten: “Lo hemos mirado de arriba a abajo. Está hecho conforme a la ley y fue supervisado. Lo difícil en la Administración es adjudicar dinero. El crédito está avalado, es razonable y se hizo conforme a derecho”. La postura del Ejecutivo es que esa ayuda se concedió en virtud de parámetros técnicos y no por algún tipo de presión externa.

En el núcleo duro de la Moncloa insisten en que creen en la inocencia del expresidente, pero que el Gobierno no es el encargado de la defensa judicial ni de la estrategia del expresidente. Y admiten la fuerte presión mediática y de la oposición por este caso: “Esta es una situación difícil. Nuestra posición es la más honrada. Creemos en la inocencia de Zapatero”.

Durante estas horas el Gobierno ha querido también mandar ese mensaje de respaldo públicamente a través de la portavoz, Elma Saiz, y de la ‘número dos’ del partido, María Jesús Montero, quien apuntó a la nueva estrategia de los acusados en la Audiencia Nacional: "Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento, llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama".

Asimismo, en el PSOE emiten que este proceso judicial será largo y que quedan muchos vaivenes. Por ello, creen que hay que mantener la calma e ir observando todos los pasos que se den en la Audiencia sin retirar su apoyo a Rodríguez Zapatero. El Gobierno evita hablar directamente, no obstante, de lawfare, como sí explicita en los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente.

La ofensiva de las derechas es total contra Rodríguez Zapatero, al que tienen especial inquina por su papel movilizador de voto en las últimas elecciones generales, cuando en la calle Génova se repartían los ministerios sin ningún tipo de pudor. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, criticó: “Sánchez no puede separarse de Zapatero. Uno no se puede separar de sí mismo, porque Zapatero y Sánchez son lo mismo”. 

“Si Zapatero pudo mediar ante los gobiernos de España y Venezuela es porque tenía dos socios: a Delcy en Caracas y a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido el rescate de Plus Ultra por el que cobró un 1%. Este es el gran chanchullo que se puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona”, denunció la dirigente popular. El PP, no obstante, no ha reactivado la idea de una moción de censura contra Sánchez y en el partido se instala la sensación de que el jefe del Ejecutivo será incapaz de superar esta situación en las urnas.

Las derechas también tratan de presionar a los socios del Gobierno para que dejen caer a Sánchez. Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó cualquier ruptura con el PSOE, pero pidió públicamente, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros, que Rodríguez Zapatero dé “explicaciones” porque entiende que hay “inquietud, tristeza y preocupación” ciudadana.

Han sido tres años trepidantes, que han servido para cerrar una herida, tres años para asentar las bases de un nuevo ciclo político, cuando Carles Puigdemont aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas, el algoritmo judicial haya corregido sus defectos y España, país transversal, plural y periférico, haya dado un portazo definitivo a las mayorías absolutas y acoplado definitivamente su sistema democrático a la plurinacionalidad, con el respaldo de Europa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Somos un país estable, un país de países que funciona coordinado cuando se ponen a prueba las estructuras del Estado. Por eso las sentencias judiciales no moldean la voluntad de los votantes, en otras coordenadas que invitan a pensar que el equilibro político se alcanzará cuando los partidos de la derecha se decidan a ser aquello que realmente quieren ser: derecha autoritaria o derecha plural. Si sus líderes no encuentran la respuesta, lo hará en las urnas la ciudadanía.

El Madrid D.F. emite señales de catástrofe. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dispara una nueva alarma a los principales líderes del Partido Popular Europeo: “Hoy nos gobierna un movimiento de destrucción del Estado de derecho, que utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para dañar nuestra salud democrática”. Lo dice ante Alberto Núñez Feijóo. El Madrid D.F. provoca sistemáticamente disonancias cognitivas que no se compadecen con el nombramiento de Pedro Sánchez como copresidente de los Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible esta semana en la ONU, ni tampoco con el aval de la Comisión Europea a las reformas judiciales españolas. El informe sobre el Estado de derecho de la UE de 2026 considera un “progreso significativo” que el proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal entregue la instrucción a los fiscales y desvincule del Gobierno el mandato del fiscal general. Todo en orden. El algoritmo judicial, sin embargo, no funciona.

El electorado español es muy estable. Lo demuestra la reestimación de Opina 360 sobre el barómetro del CIS que, más allá del resultado, verifica esa enorme disonancia. El PSOE se sitúa a sólo dos puntos por debajo de un PP que supera el 30%, mientras se acentúa la tendencia declinante de Vox hasta el 16%. Los datos confirman que el Gobierno debe presentar unas cuentas públicas este año. Los Presupuestos Generales son la herramienta indispensable para conectar con su electorado, un millón de indecisos y otros 700.000 dispuestos a retirar su voto a Alberto Núñez Feijóo.

Mientras tanto, el consorcio se debilita. Quién lidera qué es la pregunta después de ver al líder del PP junto a Keiko Fujimori. Esta semana hemos comprobado que algunos prebostes de la industria de la actualidad se apartan del gallego. Los barones, atentos a sus votantes; algunos diputados del PP también se apartan, e incluso José María Aznar López observa la evolución electoral al margen de todo y de todos. Apartarse es el verbo/tendencia de este verano que se conjuga en la derecha española. ¿Todos se apartan? Todos no. Isabel Díaz Ayuso se ha acercado esta semana a Feijóo. 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo judicial, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el desorden y la dispersión de este país. Y ese algo estabilizador tiene su fuente en la plurinacionalidad y el europeísmo. Desde la plurinacionalidad, a través de unos presupuestos sociales, y desde fuera, a través del TJUE, aunque para Oriol Junqueras aún no sea suficiente.

El otro viernes, en el Ritz, Junqueras se lo dijo a Gabriel Rufián y al resto de diputados de ERC que no viven su momento más afectivo: “El crecimiento de la extrema derecha no es una respuesta a la inmigración. Es posible que responda a fallos en la seguridad pero esa sería también una respuesta incompleta. ¿Por qué crece entonces? Porque hay una batalla campal entre el miedo y la esperanza y porque el mundo es tan complejo que las instituciones no siempre pueden resolver los problemas planteados”. Tiene razón el jesuita en su homilía: cuando los gobiernos no resuelven el cambio climático, la crisis energética, las deudas públicas desbordadas o las devaluaciones monetarias encubiertas, se genera una frustración en buena parte de la sociedad. En esta batalla entre el miedo y la esperanza, la esperanza, que puede ser abstracta, etérea o simpática pero necesita ser concreta.

Y la sentencia del TJUE, efectivamente, no es suficiente pero suma. Conviene detenerse en ella: no cierra completamente la herida del procés pero apuntala la convivencia constitucional en el sistema España. El Alto Tribunal ha resuelto las cuestiones prejudiciales que plantearon la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. La sentencia no afirma explícitamente que Puigdemont sea un hombre libre (continúa sobre él una orden de detención desde hace nueve años firmada por el juez Llarena), pero sí refuerza el sentido histórico, jurídico y político de la amnistía, aprobada hace dos años, consolidando la plurinacionalidad como condición de posibilidad de nuestra democracia parlamentaria, afianzando la interpretación que haga el Tribunal Constitucional en su fallo previsto para el otoño (plena validez de la Ley) y acentuando el dilema sobre lo que quiere ser España y también sobre lo que quiere ser Junts: o un partido cautivo y asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. 

Es importante no perder de vista un hecho importante para el soberanismo catalán. El partido ultra e independentista, liderado por Sílvia Orriols, ha sumado varios concejales llegados desde Junts per Catalunya en diferentes municipios de Cataluña durante los últimos meses. En Cambrils, en Vic o Santpedor no sólo se produce el trasvase de votos, también comienza la sangría de concejales. Llegados a este punto, Miriam Nogueras, Jordi Turull y Carles Puigdemont deben elegir si quieren seguir la senda de Trump o, por el contrario, el camino marcado por León XIV.

El PSOE también ha decidido lo que quiere ser en las últimas primarias locales de Madrid. Las municipales son primera vuelta técnica de las generales y también son presente y futuro para un territorio que quiere ser capital plural. Enma López ha enseñado el camino. La victoria formal de Reyes Maroto nos sirve para hacer un diagnóstico: el socialismo madrileño debe resolver su propio dilema: apostar por los líderes cautivos del aparato o por aquellas que tienen la valentía de conectar con la ciudadanía. Deténganse a ver qué han votado los socialistas en los diferentes distritos y comprobarán que no fue a las urnas el socialismo madrileño, tan solo fue el Madrid D.F. progresista.  

Mundiales femenino y masculino de fútbol, Eurocopa y Nations League, mundial masculino de basket, Wimbledon, Roland Garros y US Open, Cannes, Berlinale y Venecia, una pila de Grammys y hasta un Kavli (y parece que se avecina Oscar). El peso de España crece y se expande, a partir del reconocimiento del otro, la Nueva Diplomacia Española desplegada por Albares, el entusiasmo de sabernos una comunidad abierta convertida en el estandarte de la democracia liberal. En el deporte, en la literatura, en el cine y la música, en la defensa de los derechos humanos y el ordenamiento internacional, España siempre está ahí, a pesar del efecto devastador del algoritmo Marchena: somos la coda definitiva a una manera de estar en el mundo. Bien! 

Este domingo por la tarde, Reyes Maroto se imponía en las primarias a Enma López para ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. La capital será una de las grandes batallas de las elecciones municipales de mayo del año que viene. Y los partidos ya han puesto en marcha toda la maquinaria para ganar el mayor número de consistorios.

Tanto en el PSOE como en el PP reconocen que hay que librar ya esa competición municipal, a pesar de que todavía faltan diez meses. En los cuarteles generales de los dos grandes partidos recalcan la importancia de esa cita, en la que el PP quiere retener el amplio poder adquirido el 28 de mayo de 2023 y el PSOE aspira a recuperar terreno, algo esencial para una formación que siempre se ha enorgullecido de su carácter municipalista.

Los dos partidos se lanzan a una intensa precampaña de cara a esta cita, aunque esas elecciones estarán marcadas también por un factor clave: cuándo serán las generales. La sensación instalada en el panorama político es que Pedro Sánchez puede adelantarlas si fracasan los Presupuestos Generales del Estado. Entre los políticos se perfila marzo como un posible horizonte, pero solo el líder socialista sabe cuándo será el movimiento. 

El jefe del Ejecutivo, por el momento, solo ha trasladado la idea de que no planea un superdomingo electoral en mayo en el que coincidan generales, autonómicas y locales. Dentro de su partido hay sectores que apuestan por ir a la batalla nacional antes que a la local para que el debate general no afecte a los candidatos, como sucedió el 28-M. Pero saben que Sánchez irá a las urnas en el momento en que crea más oportuno. La clave será reactivar a un importante número de progresistas que ahora mismo está instalado en la abstención.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha lanzado esta larguísima precampaña hacia las municipales. Este fin de semana los populares organizaron un gran acto en Santiago de Compostela para presentar como un equipo a los candidatos en las cincuenta capitales de provincia. La orden fue “ganar, ganar y ganar” y salir ya a disputar el partido vecino a vecino. La línea, como pasó en 2023, será presentarse como diques ante el “sanchismo”, dejando a un lado los temas municipales.

Madrid volverá a ser una de las grandes batallas. El PSOE llevará finalmente como número uno a Reyes Maroto después de batirse en un tenso duelo con Enma López. Ferraz y la dirección del PSOE-M han logrado vencer con su apuesta por la exministra de Industria, a pesar de que López se presentara como la candidata de la ilusión y con más posibilidades de hacer frente a José Luis Martínez-Almeida.

En el Partido Popular están convencidos de que Almeida volverá a ganar holgadamente en 2027 y muchos celebran en privado que el PSOE haya optado finalmente por Maroto, a quien consideran peor candidata que López. Pero a los populares les preocupa especialmente que Vox pueda romper su mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal todavía no han movido ficha y no han escogido a su aspirante después de la defenestración de Javier Ortega Smith. El partido esperará hasta el año que viene para la designación.

Más Madrid volverá a presentar a Rita Maestre como número uno. En el partido también ha habido satisfacción durante estas horas por la elección de Maroto por parte del PSOE, ya que la consideran una rival menos potente que López. No obstante, la sensación, según fuentes de esta formación, es que sin un PSOE que tire, es muy difícil arrebatar al PP el Palacio de Cibeles. 

Los partidos también miran con especial atención las municipales en Barcelona, una de las disputas más interesantes del año que viene. El PSC confía en la consolidación de Jaume Collboni para repetir y ser, además, el único capaz de articular una amplia mayoría. “Está siendo mucho mejor alcalde que candidato”, señalan en el núcleo duro del socialismo catalán. 

Los comunes también han hecho una apuesta fuerte para Barcelona con la elección de Gerardo Pisarello, que ganó las primarias ante Bob Pop y dejará su escaño como diputado. No obstante, el fenómeno en el ojo del huracán en la política catalana se llama Aliança Catalana. Su número uno será Jordi Aragonès, uno de los fundadores del partido xenófobo y que llama a recuperar la Barcelona “de Carlomagno”.

Junts irá a esta convocatoria con Jordi Martí encabezando la plancha electoral. Se trata de una opción del ala que se mira en el espejo de CiU y es una persona de confianza del exalcalde Xavier Trias. Su elección en las primarias supuso un toque de atención a Carles Puigdemont al vencer el ala más pragmática del partido. Y ERC apuesta fuerte en esta carrera al confiar el liderazgo a Elisenda Alemany, secretaria general del partido, persona de la órbita de Oriol Junqueras y uno de los rostros con más proyección para el futuro del partido republicano.

Y gran revuelo mediático están provocando las elecciones municipales en la ciudad de Valencia. María José Catalá aspira a repetir como alcaldesa, cargo que ocupa ahora con el apoyo de la ultraderecha de Abascal. Pero la popular tiene varios flancos abiertos, como la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al consistorio y a la Autoridad Portuaria por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recolocación a dedo de trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Asimismo, la gestión de Carlos Mazón de la tragedia de la dana sobrevolará este ciclo electoral.

Pero la carrera por la Alcaldía de Valencia ha dado un giro trascendental después de la decisión de Mónica Oltra de concurrir a las municipales. La exvicepresidenta valenciana se ha lanzado ya a una larga precampaña denunciando el lawfare que sufre en primera persona y organizando eventos multitudinarios como su conversación con Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Dentro del ámbito de la izquierda, el PSPV ha hecho una apuesta fuerte con la presentación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una figura que creció mucho entre la opinión pública por su trabajo durante la dana. La también responsable de Igualdad del PSOE a nivel federal se está volcando en la calle y en las redes sociales con la idea de desalojar a la derecha y sostiene que hay pulsión de cambio en la sociedad valenciana. 

Por parte de la ultraderecha, Vicente Barrera, el extorero y exvicepresidente de la Generalitat valenciana, gana enteros para ser el candidato el año que viene. Y muchos políticos, de distintos signos, creen que sería un aspirante que le podría quitar muchos votos a Catalá, quien ya no sueña con una mayoría absoluta. 

Los partidos ya se han lanzado a la carrera de las elecciones municipales. Se repartirán el poder de 8.132 municipios. Y, además, las locales son la mayor bolsa de empleo de políticos del país. 

En España, alrededor de un 26% de la población vive de alquiler y unos precios desbocados sumados a la escasez de oferta alejan cada vez más la vivienda en propiedad de los bolsillos medios. En este contexto de crisis habitacional, el Gobierno anunció recientemente la tramitación de un decreto con medidas que ayuden a los inquilinos frente a un mercado cada vez más caro y menos accesible. El último lunes de junio, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, enumeraba alguno de los puntos que se barajaban, como un IVA del 21% a los pisos turísticos (actualmente es de entre el 0% y el 10%, dependiendo de si prestan o no servicios hoteleros) o la polémica prórroga de los alquileres que Sumar defendió en marzo, pero que decayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. 

En las semanas que han transcurrido desde entonces, los diferentes grupos parlamentarios han estado tratando de alcanzar un acuerdo y en el centro del debate ha reaparecido un tema que ya había generado polémica antes: la inclusión (o no) de bonificaciones fiscales para los caseros dentro del decreto. Algunas informaciones apuntaban esta semana a que esta cuestión podría haber erosionado la negociación, aunque fuentes cercanas a la misma señalan que no ha sido así y que las conversaciones avanzan en positivo.

"El sapo que ha planteado Junts, que son rebajas fiscales para la adquisición de primera vivienda, es un sapo asumible, si a cambio durante dos años el alquiler no va a subir”, declaraba este martes, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y portavoz de Vivienda del grupo, Alberto Ibáñez. El de Sumar también se dirigía a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para exigirle que se “desbloquee” el acuerdo y criticaba al PSOE por su cercanía con medidas como las exenciones, según recogía EFE. Por su parte, desde Podemos se ha mantenido en todo momento el no a las bonificaciones fiscales. “Nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”, señalaba Ione Belarra, secretaria general de la agrupación morada.

Ante las dudas que comenzaban a surgir, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quiso salir al paso y señaló que el decreto “progresa adecuadamente” y que será “ambicioso”, pero que debe recoger los pareceres de los “distintos grupos planteamientos que tienen que hacer viable su aprobación”. En la misma línea, varias fuentes de la negociación señalan que no ha habido ningún bloqueo y que las conversaciones siguen en marcha y van “por buen camino”.

Este mismo debate ya se dio a principios de año, cuando el Gobierno planteó una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renovaran los contratos sin subir el precio a sus inquilinos. En aquel momento, Podemos se refería a ellas como un “regalo a los rentistas” y Sumar las rechazaba. De hecho, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, consideraba que con estas exenciones se regalaba dinero público a quienes más renta tenían. Y es que, más allá de la actual negociación, las propuestas de alivio fiscal a los caseros terminan siempre en bronca política.

La medida fiscal —que se suele justificar como una forma de conseguir que se movilice vivienda vacía, que aflore la que está en el mercado negro o que no se retire la que ya hay en oferta— tampoco ha caído bien en los movimientos sociales de vivienda. “Ahora mismo un casero en este país ya disfruta de bonificaciones de hasta el 90% en zonas tensionadas. Hablamos de que tenemos un sistema fiscal que en el fondo lo que está haciendo es premiar la extracción de rentas y castigar al trabajador”, señala Carme Alcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña. “El trabajador paga impuestos sobre el 100% del salario, mientras que aquellos que no trabajan, porque viven en trabajo ajeno, tributan mucho menos”, subraya.

En su opinión, el diseño de una política fiscal en este ámbito se podría elaborar castigando los comportamientos abusivos. “Tú podrías tener incentivos fiscales que dijeran: ‘Si subes el alquiler, te quito la bonificación', pero ahora mismo un casero que se dedique a expulsar inquilinos o a subir los precios, disfruta de las bonificaciones igualmente”, concluye.

A falta de un texto claro en el que se detallen las propuestas en las que se podrían concretar los acuerdos, los sindicatos de inquilinas mantienen su posición y piden condicionar las eventuales rebajas a quienes bajen los precios de sus inmuebles en alquiler. Sin embargo, pese a las críticas, Junts ya señaló que su apoyo al decreto de vivienda —indispensable para que salga adelante— estará condicionado a la adopción de las bonificaciones fiscales.

Por lo poco que ha trascendido hasta ahora, las principales medidas en materia de impuestos son las que apuntó Junts. Por un lado, una deducción en el IRPF del 15% por los gastos de alquiler (tanto para arrendadores como para arrendatarios) o hipoteca de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros. Por otro, que los ahorros destinados a comprar vivienda se puedan desgravar. También está sobre la mesa la medida planteada por los socialistas en su anterior propuesta para combatir la especulación inmobiliaria de dar incentivos en el IRPF a quienes pongan sus viviendas a precios asequibles y rebajen el alquiler hasta esos estándares.

Sin que ninguna de estas medidas haya tomado forma de propuesta aún, el plazo para que el decreto avance comienza a estrecharse, ya que debería aprobarse en Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de julio.

Durante años, las primarias se presentaron como la gran promesa de regeneración democrática en España. Un mecanismo moderno, abierto, capaz de conectar a los partidos con su militancia y de oxigenar estructuras que muchos consideraban envejecidas. Sin embargo, la experiencia acumulada —y especialmente la del PSOE— obliga a revisar críticamente ese entusiasmo inicial. Lo que nació como un instrumento para ampliar la participación ha terminado, en demasiadas ocasiones, reforzando liderazgos personalistas, debilitando los contrapesos internos y erosionando la pluralidad que históricamente había caracterizado a los grandes partidos de gobierno.

La paradoja es evidente, las primarias, concebidas para democratizar, han contribuido a concentrar el poder. Y lo han hecho en un contexto donde los partidos no son organizaciones privadas, sino instituciones reconocidas por la Constitución de 1978 como pilares de la participación política. Cuando su equilibrio interno se rompe, no solo se resiente la vida orgánica, se resiente el propio sistema democrático.

El relato inicial de las primarias es tentador. La militancia decide. Las bases recuperan protagonismo. Se rompe la lógica de las baronías y se abre paso una nueva cultura política. Pero ese relato, tan atractivo como simplificador, ha ocultado una realidad menos luminosa: para que unas primarias funcionen como un mecanismo democrático real necesitan una maquinaria interna capaz de garantizar igualdad de oportunidades, neutralidad institucional y transparencia. Y eso, en la práctica, rara vez ocurre. Las primarias entre Almunia y Borrell en 1998, que ganó Borrell con el 55% de los votos, fueron un espejismo, pues el aparato del partido se encargó de eliminar a Borrell, con la ayuda, nada despreciable, de algún medio de comunicación.

En el PSOE, las primarias han servido para legitimar liderazgos fuertes, pero no para fortalecer la deliberación interna. La militancia vota, sí, pero lo hace en un ecosistema donde el control de los recursos, la visibilidad mediática y la capacidad de influencia del aparato inclinan la balanza desde el primer momento. La competición es desigual por diseño. Y cuando la desigualdad se normaliza, la participación deja de ser un ejercicio de libertad para convertirse en un ritual de confirmación.

El PSOE fue durante décadas un partido de equilibrios, territoriales, ideológicos, generacionales. Esa arquitectura interna, con todos sus defectos, garantizaba una cierta pluralidad y obligaba a los liderazgos a negociar, pactar y convivir con sensibilidades diversas. Era, en términos republicanos, un sistema de contrapesos.

Las primarias han alterado ese ecosistema. El líder elegido directamente por la militancia emerge con una legitimidad incontestable, superior incluso a la de los órganos del partido. Y esa legitimidad, lejos de fomentar la deliberación, tiende a neutralizarla. El debate interno se interpreta como deslealtad. Las corrientes se diluyen. Los órganos intermedios pierden capacidad de influencia. El partido se reconfigura alrededor de una figura central, no de un proyecto colectivo.

Este desplazamiento no es menor. Supone pasar de un modelo republicano, basado en la pluralidad y la negociación, a un modelo cesarista, donde el liderazgo se ejerce de forma vertical y sin contrapesos efectivos. Y ese cesarismo, aunque se vista de participación, termina empobreciendo el discurso político y alejando al partido de sectores sociales que antes se sentían representados, jóvenes, trabajadores precarios, personas con dificultades económicas. La identidad se difumina porque ya no se construye desde la diversidad interna, sino desde la centralidad del líder.

Las primarias generan una ilusión poderosa en que la militancia decide. Pero esa ilusión se desvanece cuando se observa quién controla los tiempos, los recursos, los mensajes y las estructuras. La competición se convierte en un plebiscito sobre una figura, no en un debate sobre un proyecto. Y cuando la política se reduce a una disputa personal, el programa se vuelve accesorio.

Además, la apertura formal del proceso facilita la entrada de actores externos, económicos, mediáticos, territoriales, que ven en las primarias una oportunidad para influir en la orientación del partido. Estos grupos de presión suelen alinearse con el candidato que ofrece mayor estabilidad a sus intereses, no necesariamente con el que mejor representa a la militancia. El resultado es un liderazgo reforzado por apoyos que no siempre responden al interés general del partido ni de las personas.

La Constitución de 1978 otorgó a los partidos un papel central en la articulación de la democracia, como se ha dicho. No son meras plataformas electorales, son instituciones que deben canalizar la participación, elaborar propuestas y representar la pluralidad social. Cuando las primarias debilitan su estructura interna y concentran el poder en una sola figura, se rompe ese equilibrio constitucional.

El riesgo no es solo orgánico. Es sistémico. Un partido sin contrapesos es un partido más vulnerable a los cambios en sus apoyos, más dependiente del liderazgo del momento y menos capaz de ofrecer estabilidad institucional. Y en un contexto de polarización creciente, esa fragilidad se convierte en un problema para el conjunto del sistema democrático.

El debate sobre las primarias no puede seguir planteándose en términos a favor o en contra. La cuestión es mucho más compleja. Las primarias pueden ser un instrumento valioso, pero solo si se integran en un modelo que garantice igualdad de oportunidades, transparencia y contrapesos internos. Sin esos elementos, se convierten en un mecanismo que debilita a los partidos y refuerza dinámicas cesaristas.

España necesita un nuevo consenso sobre el funcionamiento interno de los partidos. Un acuerdo que reconozca su papel constitucional y que establezca reglas claras para preservar su pluralidad, su estabilidad y su capacidad de representar a la sociedad. No se trata de volver al pasado, sino de construir un modelo que combine participación con responsabilidad, apertura con garantías, liderazgo con contrapesos.

En última instancia, la política debe responder a una exigencia básica, resolver problemas. Y para resolverlos necesita partidos capaces de debatir, de escuchar, de integrar sensibilidades diversas y de elaborar propuestas sólidas. La pluralidad no es un obstáculo, es una condición de calidad democrática.

Las primarias, tal como se han aplicado, han generado más ruido que debate, más personalismo que proyecto. Es hora de repensarlas. No para eliminarlas, sino para devolverles su sentido original: ser un instrumento al servicio de la democracia interna, no una coartada para reforzar liderazgos sin contrapesos.

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José María de la Riva es profesor de Geografía y ex concejal del Ayuntamiento de Madrid con el PSOE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya se ha pronunciado. Su aval a la ley de amnistía ha sido recibido con gran satisfacción entre el Gobierno, los miembros del bloque de investidura y especialmente Junts. Una victoria jurídica y política frente a las proclamas del fin del Estado de derecho por parte de las derechas desde la negociación de investidura de Pedro Sánchez.

Esta es la ley clave de esta legislatura. Una polémica norma exigida por Junts y ERC para hacer presidente a Sánchez y que supuso todo un terremoto político. Con dudas incluidas dentro del propio socialismo. Pero tres años después, y con la mirada ya puesta en el fin de la legislatura, el texto ha sobrevivido a la ofensiva en los tribunales y, además, ha servido para reconducir el panorama político catalán.

Esta decisión judicial era esperada desde hace meses con ansiedad por parte de Junts y del Gobierno, pues sirve para allanar la vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. No obstante, el paso no se traducirá en el restablecimiento de las relaciones entre los socialistas y los posconvergentes en esta etapa final de la legislatura.

A pesar de la satisfacción por la decisión del TJUE, diversas fuentes socialistas indican que no ven a Junts dispuesto a apoyar ahora de manera férrea al Ejecutivo de Sánchez. “Son imprevisibles”, señala un dirigente del núcleo duro de Ferraz. El fallo del tribunal llega en el momento en el que Moncloa prepara los presupuestos generales del Estado para el año que viene, un factor clave para saber cuándo se pondrán las urnas.

El presidente del Gobierno abrió la puerta a adelantar las elecciones generales, que en teoría deberían ser en julio del año que viene, si no logra sacar adelante las cuentas públicas. El primer gran debate en el Congreso, el de enmiendas a la totalidad, podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Aunque en el Gobierno siguen trasladando que van a intentar sacar las cuentas públicas y que no tiran la toalla, muchas voces en el partido reflexionan que ahora parece casi imposible lograrlo. La decisión del TJUE da algo de esperanza, pero los posconvergentes llevan semanas trasladando que ellos prefieren que haya ya comicios.

Junts no quiere apretar el botón de la moción de censura junto al Partido Popular y Vox, algo que considera que sería letal para sus resultados en Cataluña. No se puede permitir Puigdemont ir de la mano de la ultraderecha de Santiago Abascal. Pero, a la vez, el nerviosismo prende entre todos los sectores de Junts, especialmente entre los alcaldes, por el auge en las encuestas de Aliança Catalana.

Ahora Junts pone el foco en la aplicación de la ley y mira al Tribunal Supremo. Según el expresidente, el “partido” ahora se jugará en “el Bernabéu”: "Sabemos a quién nos enfrentamos y algunos no nos llamamos a engaño".

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", remarcó Puigdemont en un texto en redes sociales, donde mandó un mensaje a los tribunales españoles: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de forma integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional, sino que, además, estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", apostilló el expresidente catalán, que recordó que ni Pedro Sánchez ni Salvador Illa quisieron en un primer momento aprobar esta norma.

Para el Gobierno central, la decisión de la Justicia europea supone todo un triunfo en el aspecto técnico de la norma, cuya firma principal es la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Fue una ley redactada con lupa, hasta la última coma, ya que los socialistas y los independentistas sabían que se enfrentaría a una ofensiva judicial sin precedentes para tumbarla.

“Hoy es un gran día”, consideró el propio Bolaños en una declaración en el Palacio de la Moncloa, donde pidió que se aplique “lo antes posible” a los líderes independentistas. Pero, además de calificar de “impecable” y de constitucional la norma, el ministro puso énfasis en la dimensión política que supuso su aprobación.

Para Bolaños: "La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias, reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución”. El ministro aseveró que ha servido para zanjar un conflicto: "Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen".

El Gobierno, además, durante estas horas quiere presentar la resolución del conflicto catalán como uno de sus principales legados. En la pasada legislatura, el Ejecutivo aprobó los indultos a los líderes soberanistas. Y en esta llevó a cabo la amnistía. Como reconocen en Ferraz, era esencial para la investidura, pero también se ha evidenciado que ha sido una buena solución en el plano de la convivencia y del diálogo. Los socialistas valoran que, según el último barómetro del CEO de la Generalitat, el ‘no’ a la independencia se impone en la sociedad y que está en mínimos históricos la preocupación por las relaciones entre Cataluña y el Estado.

La decisión del TJUE supone un varapalo para el PP, que lleva toda la legislatura tratando de tumbar esta ley a través de todas las instituciones judiciales posibles y que confiaba mucho en Europa. A pesar de ello, los populares tratan de desviar la atención a través de sus críticas a Sánchez: “El Gobierno intentará presentar esta sentencia como el final del debate. Se equivoca. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no”.

La ley de amnistía permitió la investidura. Ahora el aval llega en su recta final. A la política le quedan todavía muchos capítulos hasta las elecciones.

Es legítimo dudar. Y más aún analizar una sentencia tan inédita como la de David Sánchez. Se hizo con la de José Luis Ábalos, dentro de los cánones de la corrupción, y es necesario hacerlo con una resolución que comparte algunos rasgos con las causas abiertas contra el entorno familiar del presidente del Gobierno: denunciante ultra, años después de que sucedan los hechos, con argumentos bien razonados de la fiscalía en contra. Antes de la sentencia ya sabíamos varias cosas. Que a David Sánchez le crearon una plaza. Y que no fue por ser el hermano del presidente. Entre una plaza de libre designación y el enchufazo hay una frontera fina, muchas veces difícil de objetivar. David Sánchez tenía currículum de sobra para desempeñar su trabajo y el concurso se convocó con una razonable certeza de que la plaza era suya.

Sobre ese terreno tan difuso se ha conducido el procedimiento. La gran novedad es que el enchufe vaya por lo penal. Por eso Sánchez es el único caso de un enchufado condenado a nueve años de inhabilitación. En la práctica, una década de muerte profesional. No podrá trabajar en un conservatorio, una orquesta o una universidad pública, escenarios profesionales habituales de un músico. Tiene motivos para el recurso. 

La sentencia dice que no hay “hermanísimo”. Pedro Sánchez no influyó sobre el entonces presidente de la Diputación ni David Sánchez utilizó su apellido para conseguir el puesto. Nunca aparecieron indicios de ello durante la instrucción, por más que la organización ultra Manos Limpias, el PP y VOX lo utilizaran de ariete durante toda la causa. El fallo reconoce que no puede acreditarse que ninguna persona ejerciera “presión o influencia” aprovechando las “facultades de un cargo público” o una “relación personal o jerárquica”. Y, sin embargo, hay condena. La resolución tampoco puede entrar a valorar la creación de la plaza en 2017 porque ese posible delito ha prescrito. La condena se sostiene sobre una decisión posterior: el cambio de nombre y de funciones del puesto en 2022. Ahí se concentra toda la responsabilidad penal. En síntesis, tiene motivos de sobra para el recurso.   

Es un fallo con contradicciones. Los magistrados introducen una hipótesis que, al mismo tiempo, no pueden acreditar para sostener el tráfico de influencias: que Miguel Ángel Gallardo decidió adjudicar la plaza a David Sánchez en julio de 2017 para acercarse a Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del PSOE. Pero la propia cronología de la sentencia sitúa el origen de la plaza en octubre de 2016, cuando ese escenario ni siquiera existía. Si la plaza nació como un enchufe, la decisión política estaba tomada desde el primer momento. Y, además, no hay un solo correo, mensaje, testimonio o cualquier otro indicio que respalde esa conjetura, que acaba incluida en la sentencia sin una base probatoria que la sostenga.

No hay pruebas de que David Sánchez utilizara la influencia de su hermano. O de que Pedro Sánchez moviera un dedo para favorecerle. No hay pruebas de que nadie influyera para que el hermano del líder socialista accediera a ese trabajo. No hay pruebas, pero aún así, hay una condena. 

No hay Pedro Sánchez, pero sí hubo enchufe. Y una causa penal atravesada desde el principio por la condición de "hermano de". Las sentencias se analizan y se discuten. Y esta tiene agujeros argumentales. Reducir cualquier crítica a un ataque al Poder Judicial es tan simplista como llamar a todo lawfare. Se ha citado mucho una frase del abogado de David Sánchez en una entrevista con Carlos Alsina: "No tengo razones para pensar que ha habido lawfare". La frase no terminaba ahí. Añadió: "Sí veo sesgo político".¿Y qué se hace con las causas judiciales de marcado sesgo político? Con esto, la judicatura mira hacia otro lado. 

El teléfono de Pablo Bustinduy no para de sonar. En los últimos meses, se ha convertido en la pieza clave de Sumar dentro del Gobierno de coalición. Un interlocutor imprescindible con el PSOE y artífice de algunos de los grandes avances del Ejecutivo en este final de la legislatura. Pero todavía le queda mucho trabajo.

Bustinduy vive unas horas de satisfacción después de que el Congreso diera el visto bueno este martes a una histórica reforma del sistema de dependencia, que irá acompañada también de una aportación financiera sin precedentes por parte del Ejecutivo central para darle un impulso a esta columna del Estado del bienestar de la mano de las comunidades.

Y, además, el titular de Derechos Sociales está negociando de manera discreta con el socio mayoritario del Gobierno el decreto en materia de vivienda que el Ejecutivo se ha comprometido a llevar antes del mes de agosto al Consejo de Ministros y que se perfila como una de las iniciativas estrella de la coalición para coger impulso en un momento en el que se vislumbran las elecciones generales.

Con Yolanda Díaz de salida por su renuncia a presentarse en las próximas generales, Bustinduy ha ganado mucho peso dentro del ala de Sumar. Desde su Ministerio, a pesar de no tener grandes competencias, se empuja con fuerza al PSOE para ir más allá de las declaraciones y ofrecer iniciativas concretas a los ciudadanos. Como repiten en ese espacio de la coalición constantemente: “A los socialistas hay que obligarlos a hacer”.

Para Bustinduy era esencial sacar adelante las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad. El Pleno del Congreso dio finalmente su visto bueno con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del voto negativo de Vox y la abstención del Partido Popular. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales subrayan que las derechas “han quedado retratadas” con su posición. Asimismo, recalcan que el Gobierno se compromete a una financiación del 50%, una exigencia que habían hecho los populares, aunque luego han evitado respaldar la propuesta. Pero la mayoría de investidura volvió a cobrar sentido en el debate de la Cámara Baja.

“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, proclamó Bustinduy desde la tribuna de oradores del Congreso, donde subrayó que se trata de “una revolución y una transformación profunda” del sistema público que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”. 

El ministro de Derechos Sociales está enfrascado ahora en la negociación con Isabel Rodríguez del próximo decreto de vivienda. Se trabaja en una doble dirección: pactar con el PSOE el texto y configurar un menú, además, que pueda ser votado también por el PNV y Junts en el Congreso, los dos partidos que miran con más recelo las iniciativas que vienen de la izquierda.

Bustinduy busca un decreto “ambicioso”, como señalan en el Gobierno, que incluya medidas como las prórrogas de los alquileres (algo que ya consiguieron incorporar en el anterior texto, pero que no fue convalidado por el Congreso), la regulación de los alquileres de temporada y una fiscalidad disuasoria para los pisos turísticos.

A la vez, también de manera silenciosa, el ministro perfila con los socialistas el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sobre la mesa ha puesto de manera insistente la iniciativa de aprobar una prestación mínima universal para familias con hijos menores de 18 años. Es una de sus grandes obsesiones desde que llegó al Paseo del Prado, pero los socialistas la han bloqueado hasta el momento. 

Bustinduy ha tratado de dotar de contenido a su Ministerio a pesar de las pocas competencias y de un presupuesto pequeño. Se ha centrado en la lucha contra los abusos de empresas como Ryanair o Alquiler Seguro. Esto también le ha granjeado grandes enemigos. Pero los suyos recuerdan que siempre ha tenido claro de qué lado está, “moleste a quien le moleste”. Una de sus quejas en privado es que el Gobierno se enfrenta con pocos funcionarios a las batallas con estas multinacionales, que se dejan millones de euros en equipos jurídicos y en lobbies en Europa.

Su papel en el Gobierno lo ha convertido para muchos dentro del espacio en el candidato natural para concurrir a las elecciones generales después de que Díaz se haya apartado de la carrera. Él lo rechaza constantemente. No quiere serlo por motivos personales ni quiere entrar de lleno en la vida orgánica de los partidos. Como dice una persona que lo conoce mucho: “Detesta las guerras internas. Cree que desgastan mucho más que la gestión”.

Bustinduy rechaza dar ese paso hacia adelante en la izquierda en un momento en el que el espacio no sabe ni cómo se va a articular ante unas elecciones generales que cada día están más cerca. Todavía hay algunos dirigentes que piensan que lo pueden convencer para que lidere una lista. “Es un político serio, con ideas, con templanza. No es el alma de la fiesta, pero genera mucha confianza”, recalca un miembro de Sumar.

El ministro de Derechos Sociales es el segundo miembro del Gobierno con mejor puntuación. Solo lo supera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas hecho público este miércoles. Son los dos únicos que tienen notas por encima del cinco. Por eso, algunos creen que sería el mejor aspirante. Pero las izquierdas, por el momento, sólo ven dirigentes apartándose, como Díaz y Ada Colau, mientras que Gabriel Rufián rebaja las expectativas sobre su posible salto.

En esa labor de construir el futuro de la izquierda tiene ahora un papel muy importante la mano derecha de Bustinduy, Rosa Martínez. La secretaria de Estado de Derechos Sociales asumió el fin de semana pasado el coliderazgo de Movimiento Sumar, junto a Verónica Martínez Barbero, actual portavoz del espacio en el Congreso. La última oportunidad para salvar al partido que fundó Díaz.

Bustinduy, en cambio, solo quiere oír hablar de vivienda y presupuestos.

El PSOE se recupera y lograría el 33% de los votos, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa al PP a 7,9 puntos de los socialistas tras perder dos puntos respecto a la encuesta de junio.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

El barómetro de julio se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Respecto al resto de formaciones, revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1% de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8 %. Junts se deja tres décimas (0,7%), el BNG se queda en el 0,9% y Coalición Canaria y UPN logran un 0,2%.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7% de los entrevistados (25% en junio), mientras el jefe la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9% (13,4% en junio); eso si el 20,9% de los encuestados dice que no prefiere a "ninguno" como jefe del Ejecutivo.

Los índices de confianza en Sánchez y Feijóo son similares a los de hace un mes y así el 69,1% desconfía del presidente del Gobierno en tanto que el 79,8% siente "poca" o "ninguna" confianza en el líder de la oposición; confían en el secretario general del PSOE el 29,6% y en Feijóo el 18,4%.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7% de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4%.

La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5% admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1%), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7%).

Al igual que hace un mes aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02).

La ministra de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92%.

La encuesta del CIS revela que el problema de la vivienda sigue como el principal problema de los españoles y ya la cita como tal el 43% de los encuestados (41,5% en junio). La inmigración experimenta un fuerte repunte y se coloca como segunda preocupación para el 23,4% (antes el 18,9%), seguida de "los problemas políticos" (18,7%), la corrupción y el fraude (17,8%) y los problemas económicos (17,3%).

Cuando se pregunta por aquellos problemas que más les afectan personalmente, los entrevistados mencionan la vivienda en primer lugar (26,9%), los problemas económicos (26,1%), la sanidad (20%), los problemas del empleo (16,9%) y la inmigración (11,1%).

Respecto a la situación económica de España, el 38,3% la califica de buena o muy buena y el 55% la ve como mala o muy mala

Emilio Cortés, letrado de David Sánchez, ha afirmado que recurrirá la pena de nueve años de inhabilitación establecida por la Audiencia de Badajoz, al expresar que la sentencia "no aporta pruebas de cargo que justifiquen esta condena".

En declaraciones a EFE, el abogado ha expresado que "está totalmente en desacuerdo con que haya existido cualquier tipo de prueba" que justifique que David Sánchez contribuyó a la modificación de la plaza en la que trabajaba inicialmente en la Diputación (coordinador de conservatorios) a la de jefe de la oficina de Artes Escénicas.

Emilio Cortés ha recordado en este sentido que David Sánchez “solo ha sido condenado por la modificación de la plaza, no por la creación de ésta ni por la contratación de Luis Carrero”, aunque pese a ello y a la inexistencia de pena de cárcel “se está en desacuerdo con la sentencia, pues no hay ninguna prueba” que avale esa modificación de la plaza.

El letrado, quien ha lamentado por tanto que se acuse a David Sánchez de influenciar en la Diputación, tal y como expresan las acusaciones, ha afirmado en este marco que “hay gente que no dará su brazo a torcer” a la hora de “minar un sistema de gobierno, como buscan las acusaciones populares”.

Cortés se ha mostrado convencido de que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) “estudiará y resolverá conforme a derecho” el recurso, sobre el cual aún desconoce la fecha de presentación. 

La política es, también, la observación de un puente lejano. Los sanfermines nos han permitido detenernos en las generaciones que hoy llegan a la mayoría de edad y sólo han vivido un periodo de la existencia nutrido de crisis. Probablemente se han visto empujados a tener una idea demasiado catastrófica de la vida y de cómo deben vivirla sin poder detenerse un momento a pensar y decidir qué es lo que quieren.

Arreglar una de cada seis de ellas es quizá una buena media. De eso van las primarias entre Enma López y Reyes Maroto en el Madrid D.F. y, por distante que parezca, de eso también va la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría permitir a Puigdemont regresar a Catalunya. La plurinacionalidad es un buen pegamento para reparar fracturas. Hoy la divisamos como un viaducto construido para forjar una alianza no sólo reactiva frente al futuro terror, sino para unir a los españoles en su nuevo periodo de existencia, ese que acaso verá a un presidente de Bildu en el gobierno de Navarra, como ha visto previamente a un alcalde en Pamplona que convocaba al optimismo al grito alegre y festivo de ¡Viva San Fermín! 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo Marchena, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el principio de entropía político de este país. Y ese algo viene hoy desde dentro y desde fuera. Desde dentro, a través de unos presupuestos sociales y, desde fuera, a través del TJUE. Efectivamente, este jueves el TJUE publicará su sentencia sobre la ley de amnistía para cerrar completamente la herida del procés y apuntalar la convivencia constitucional en el sistema España. Probablemente, esa sentencia no afirme explícitamente que Puigdemont es un hombre libre pero sí reforzará el sentido histórico de la amnistía, acentuando el dilema sobre lo que quiere ser Junts, si un partido asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. Dicho de otra manera, Nogueras y Puigdemont deben elegir si van con Trump o con León XIV.   

Europa, como Catalunya, es siempre una solución para este país de países que ni siquiera el algoritmo judicial es capaz de entorpecer. El sello europeo viene a significar el corolario final de un periodo político que empezó en 2018 y termina ahora en 2026 con una decisión que permitirá en algún momento a Carles Puigdemont aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas y acaso volver a repetir el emblemático "Ja sóc aquí". Mucha agua ha corrido bajo este puente, un puente entonces lejano que hoy colmata la democracia española desde la plurinacionalidad y permite afirmar que en Catalunya gobiernan fuerzas constitucionales dispuestas a protagonizar el nuevo ciclo político. 

La plurinacionalidad es siempre un puente lejano que ordena territorios, orienta alianzas y afianza el modelo de un país transversal, plural y democrático que permite que la conversación pública, constante y perfectible, fortalezca a los partidos que se dispongan a caminar siguiendo su curso. Por ese motivo, ni Junts ni el PNV deben dejarse llevar por la soberbia, ni dar la espalda a la ciudadanía que ha dado sentido y sensibilidad a la materia social que permite, en última instancia, que el sistema España funcione mejor por dentro y se reconozcan sus potencialidades más allá de sus propias fronteras. 

Acaso sorprenda a algunos que el partido que mejor ha entendido la importancia estructural de este puente lejano que es la plurinacionalidad haya sido EH Bildu. Desde el entorno de la izquierda independentista vasca se ha defendido la necesidad de preservar los puentes con Carles Puigdemont. A pesar de los momentos de tensión (como las votaciones conjuntas de Junts con PP y Vox en el Congreso para forzar la dimisión de Pedro Sánchez), el entorno de Otegi tiene muy claro que ahora mismo es el único viaducto que mantiene relaciones con todo el bloque de investidura. Efectivamente, alguien tiene que mantener la relación con Puigdemont tras la caída de Cerdán, primero, y de José Luís Rodríguez Zapatero, después. 

Aunque las últimas encuestas dan a Junts tres diputados en la Corte de los Leones, el partido del de Waterloo sigue siendo un engranaje indispensable para taponar el acceso al poder del consorcio PP-VOX. No obstante, el objetivo de la alianza de los partidos de la investidura debe ser más ambicioso: ya no puede limitarse a ser una herramienta meramente reactiva, frenando a la ultraderecha, sino que debe avanzar con brío y valentía en la transformación social y plurinacional.

Por este mismo motivo, los presupuestos que Pedro Sánchez entregue antes de que termine el verano no pueden ser sólo los del Gobierno. Conviene sustituir la clave presidencial por la parlamentaria. Las cuentas de 2027 deben ser, sin excusas, las cuentas de todos, el puente.

Pamplona, capital plurinacional, donde convergen múltiples imaginarios, fue el primer paso y la izquierda abertzale llegó a su Ayuntamiento con el respaldo del socialismo navarro. Semilla de un nuevo ciclo que progresivamente se va asentando y que puede cristalizar con el gran momento fundacional que inaugure una nueva etapa con presidente de Bildu en su gobierno, desplegando sus políticas para el conjunto de los navarros. Así es; la chica de 18 años que no votó la Carta Magna ya no sube al Barrio Viejo si no es para disfrutar del ocio. La Txantrea es periferia, pero Sarriguren es periferia de la periferia. También ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y, sin embargo, en Navarra también se preparan las bases para la política de los que vienen, o sea, de los que ya están ahí y necesitan saberse representados. 

Navarra, reino histórico, ha sido el libro abierto sobre el que se ha ido escribiendo la plurinacionalidad de este siglo que es, antes que una aplicación mecánica de trasvase de competencias o el levantamiento de muros, una arquitectura de caminos y puentes que fraguan alianzas, futuros, emancipaciones. Y en ese tiempo invertido para el levantamiento de una nueva arquitectura política dentro de la ya existente, ha sido y será necesaria una gran dosis de optimismo, la aceptación de lo que somos pensando en el futuro. La política, a fin de cuentas, siempre es la arcilla con la que se va modelando un porvenir colectivo.

Enma López tiene cartas. Y las está jugando bien. Su objetivo es convertir el Madrid D.F. en capital abierta y plural. Tras conseguir los avales para ser candidata y disputar la victoria a Reyes Maroto, continúa en la carrera con todos los poderes. Enma López ha transformado la desidia en ilusión y la está liderando porque forma parte de un nuevo ciclo político que rompe mayorías absolutas. Maroto es la reliquia de otro ciclo que se acaba, que termina.

En política ganan aquellos que quieren ganar y no los que sólo quieren ocupar un espacio. Como ya indicamos aquí, en la rula no preguntan, apuntan. Efectivamente, Maroto ha perdido las primarias antes de que los afiliados hayan decidido por quién votar. En la esperanza y en la democracia nunca hay espacio para la deslealtad.

El algoritmo Marchena falla. La última encuesta publicada en El Periódico le da al PP un 29,5% de los votos. Las sentencias sirven para hacer justicia y aplicar el derecho y no para cambiar gobiernos. El electorado español es muy estable. El algoritmo Marchena no funciona pero se corrige y modula a sí mismo en la sentencia que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación. Bastan los indicios para llegar a una conclusión "con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón que permitan alcanzar la plena convicción de la culpabilidad del acusado". En el algoritmo judicial no hacen falta pruebas, tan sólo indicios que apuntalen las convicciones. Aun así, el hermano del presidente se libra de la cárcel, quizá porque la crueldad se negocia en la garita de Argüello, el arzobispo impío.

Una ola de indignación recorre todo el Gobierno y el PSOE. La condena del hermano del presidente, David Sánchez, provoca rabia. Y la percepción es compartida: se trata claramente de una operación contra el jefe del Ejecutivo y su entorno para hacer caer a la coalición progresista. Pero, a la vez, hay confianza en que se revoque esa decisión en instancias superiores. 

“Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas”. Esta es la principal reflexión que sale del Palacio de la Moncloa en estos momentos tras la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz de condenar al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Además, la Audiencia Provincial ha sentenciado al exlíder del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo a 18 años de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez. Un puesto que se adjudicó cuando el actual presidente del Gobierno no era ni secretario general del partido.

La derecha se agarra a esta condena para tratar de meter presión al Gobierno y a los socios para que pongan fin a la legislatura. Y ve el PP una victoria política en el hecho de que David Sánchez sea el primer condenado dentro del círculo íntimo del presidente, a la espera de que caiga también pronto una sentencia contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. 

Pero la sensación dentro del espectro progresista es que se trata de un caso de manual de lawfare, aunque los miembros del Ejecutivo no utilicen concretamente esa palabra. Fuentes del entorno del presidente subrayan: “Hay segunda instancia y, por tanto, esperamos que la Justicia haga justicia”. El apoyo es total respecto al hermano del presidente y al resto de condenados. 

En el Ejecutivo esperaban la absolución de David Sánchez porque, en su opinión, durante el juicio quedó claro que no había pruebas contra él. Y lamentan las fuentes consultadas que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado “sentó precedentes” en España: “Una estrategia de organizaciones ultraderechistas, apoyadas por el Partido Popular y por Vox, que acaba en sentencias injustas”.

“Tenemos que seguir creyendo en instancias superiores”, insisten en el núcleo duro del Gobierno. Por eso, ahora toca la pantalla del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Dentro del socialismo, ven que la sentencia hace aguas por muchos lados, empezando por el hecho de que diga que “no ha quedado probado [...] que persona o personas determinadas ejercieran presión o influencia sobre los acusados”.  

La sentencia, como señalan algunos dirigentes socialistas, llega a apuntar la posibilidad de que el puesto fuera creado por autoridades de la Diputación de Badajoz para congraciarse con David Sánchez “por su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”. Esto no se corresponde con la realidad, porque en ese momento Pedro Sánchez acababa de ser defenestrado como líder del partido y nadie preveía que pudiera presentarse a las primarias más tarde y ganar al aparato del partido, que apostó por Susana Díaz.

En Moncloa y en Ferraz insisten: “La sentencia no puede obviar que no hay pruebas”. “Es una condena injusta”, repiten. De manera tajante, fuentes del Gobierno remarcan: “Es una causa política cuyo único motivo es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno. Y eso lo ve toda España”.

Esa sensación la expresaron a lo largo de todo el día y en voz alta casi todos los miembros del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, consideró: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”.

Pero también existe la sensación en el Gobierno y en el PSOE de que esta ofensiva judicial, alentada por la ultraderecha y el PP, se ha pasado tanto “de frenada” que la sociedad española está viendo esa “obsesión” y “persecución” a Sánchez y su familia. De hecho, muchos dirigentes socialistas creen que se le va a volver en contra a la derecha esta estrategia y que muchos votantes progresistas van a dar su respaldo a la izquierda en las urnas de manera masiva ante el actual panorama.

“Es una sentencia injusta que no va a hacer caer al Gobierno”, zanjan desde el Palacio de la Moncloa.

Dentro de la coalición, la indignación también se apodera de Sumar, el socio menor. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó: “Nueve años de inhabilitación a un músico por ser hermano del presidente del Gobierno. Una sentencia que admite que no hubo ninguna presión para adjudicarle la plaza en la Diputación de Badajoz pero que igual se la dieron en previsión de que su hermano fuera presidente algún día. Lo de “el que pueda hacer, que haga” se les ha ido de las manos”. 

Desde ERC, Gabriel Rufián calificó la sentencia de “sobrada importante”: “Luego vendrá Begoña Gómez, que será condenada por la cara. Lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima. Si eres realmente patriota, te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara”.

La derecha celebra durante estas horas esta condena y cree que será imposible para Pedro Sánchez darle la vuelta a la situación en las encuestas. El PP no ha hecho ni un amago de reactivar una moción de censura a pesar de sus afirmaciones de que, en cualquier otro país, y con una situación como la que vive el entorno del presidente Sánchez, el Gobierno caería.

Los populares consideran insoportable la situación del Ejecutivo después de esta condena, que se suma a la del anterior fiscal general del Estado y a la de José Luis Ábalos y Koldo García. “Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de derecho y debería reconfortar a todos los españoles”, remarcó Feijóo tras la decisión de la Audiencia Provincial, que le sirvió para aliviarse de las polémicas que lo rodean, como su plan para recortar las bajas laborales y la crisis abierta con Francia por las declaraciones racistas de Mariano Rajoy sobre la selección gala de fútbol