Los últimos reveses judiciales a Almeida retratan una gestión opaca y la prevalencia del interés privado

Favorecer al Real Madrid con la construcción de túneles y aparcamientos en los alrededores del Santiago Bernabéu, un feudo histórico del PP en pleno distrito de Chamartín. Aprobar una tasa de basuras impuesta por la normativa europea, pero sin adaptar la correspondiente cuota al número de ocupantes de cada vivienda o sin explicar la incidencia de los residuos procedentes del comercio, la hostelería o el turismo en cada uno de los distritos de la capital. Se trata de dos de las apuestas en las que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha chocado más directamente con parte de sus ciudadanos y potenciales votantes.

El enfrentamiento con una asociación vecinal –la Asociación Perjudicados por el Bernabéu– por la conversión del estadio del Real Madrid en un enorme centro comercial y de espectáculos con la construcción de dos enormes aparcamientos bajo la Castellana y en Padre Damián pasó de los despachos municipales a la discusión de los grupos políticos en el Pleno y de ahí a los juzgados. La implantación de la tasa de basuras, por su parte, provocó más de 130.000 reclamaciones tributarias de contribuyentes, según adelantó El País el pasado febrero. Ambos contenciosos han acabado con dos importantes varapalos judiciales contra el equipo de Almeida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y el principal motivo en ambos casos es el mismo: la falta de transparencia en la gestión de sus iniciativas.

El último se produjo el pasado lunes, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal regional madrileño estimó el recurso administrativo de varias organizaciones, entre ellas la Asociación Española de Asesores Fiscales y Más Madrid, y anuló la nueva tasa municipal. La sentencia explicó que la creación de la tasa era imperativa por obligación del derecho europeo y su traslación a la ley estatal de residuos, pero consideró ilegal el procedimiento por el que se aprobó la ordenanza en la que se recogía. La resolución, que en esencia reprocha al Ayuntamiento la falta de publicidad de los informes que justificaron la configuración de la tasa, puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Supremo.

La vulneración se produjo en el trámite de información pública del proyecto, en el que se omitió una parte esencial del informe técnico-económico que servía para la determinación de la cuantía de la tasa para cada contribuyente. Entre lo no publicado se encontraba aquello que precisamente criticó la oposición municipal: el estudio de generación de residuos por las distintas actividades económicas –turismo, hostelería, comercio...– unos datos que, según el tribunal "resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo". Sin esa información no se podía conocer la relación entre cada actividad económica y la carga tributaria, lo que impidió a los ciudadanos y asociaciones afectadas presentar alegaciones fundadas y cuestionar el tributo.

La anulación de la tasa de residuos se produce solo cuatro meses después de que esa misma Sala tumbara los dos aparcamientos y el túnel cuya construcción adjudicó el equipo municipal de Almeida a una sociedad creada al efecto por el Real Madrid. El problema en este caso también estuvo relacionado con la transparencia y la información suministrada a los ciudadanos. Según el tribunal, el Ayuntamiento no dio publicidad al estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, "máxime cuando se trataba de una concesión tan mediática y polémica".

La sentencia también consideró incompatibles los dos parkings con el planeamiento urbanístico y de movilidad del Bernabéu y su entorno, aprobado en 2017, tal y como determinaron los propios órganos técnicos de Urbanismo. Por último, la resolución reprochó la previsión en esas obras de la construcción de un túnel de 650 metros para dar acceso al aparcamiento del estadio, al considerar que solo respondía a los intereses del club de fútbol que preside Florentino Pérez y no a los generales de la ciudadanía.