Los planes del PP y Vox para Ceuta y Melilla y, en general, la manera que tienen estos dos partidos de enfocar la relación de España con Marruecos en el futuro no pasan desapercibidos en Rabat, en la medida en que las encuestas insisten en hacer viable un Gobierno de coalición de derechas en España a partir de 2027.

Durante su mandato, Pedro Sánchez se ha esforzado por mantener un delicado equilibrio para contentar al vecino del sur con tres objetivos: frenar los flujos migratorios que parten de las costas marroquíes, disponer de información de inteligencia que permita a la Guardia Civil y a la Policía Nacional prevenir la violencia islamista en territorio español y contener el narcotráfico.

A cambio, el Gobierno de Marruecos ha conseguido anotarse algunas victorias importantes; en particular, que España se haya sumado a la estrategia de Rabat para que la integración del Sáhara Occidental dentro de sus fronteras sea reconocida como la opción más viable para solucionar el conflicto, alejando el sueño del Polisario de celebrar un referéndum de autodeterminación.

El Gobierno marroquí es consciente de la presión que la inmigración ilegal ejerce sobre el debate político en España. Existen indicios de que, en 2021, promovió la llegada masiva de migrantes a Ceuta para castigar a Sánchez en el contexto del conflicto del Sáhara. También se ha hecho evidente que lo ocurrido el 30 de julio en la misma frontera, independientemente de su origen en las redes sociales, jamás hubiera tenido lugar si las autoridades marroquíes hubiesen decidido impedirlo.

Es ahí donde las propuestas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, prometiendo una frontera en Ceuta y Melilla infranqueable para la inmigración ilegal sin la ayuda de Marruecos, cobran especial interés.

El líder del PP sostiene que quiere una relación con Rabat basada en el “respeto, la buena vecindad y la reciprocidad”, pero al mismo tiempo denuncia “chantajes” por parte de nuestro vecino del sur. Feijóo ha puesto en cuestión la piedra angular de la política exterior marroquí al prometer que el Congreso revisará la posición española sobre el Sáhara para decidir si se revierte, apostando por el referéndum y desandando la estrategia marroquí de apostar por una autonomía limitada que Sánchez reconoció como la salida más viable al conflicto.

Al mismo tiempo, el PP está apostando por la presencia de Felipe de Borbón en las ciudades autónomas, a sabiendas de que Marruecos lo considera un acto de provocación, como ya ocurrió en el pasado con la única visita protagonizada por su padre, el hoy autoexiliado Juan Carlos I, en 2007. 

Feijóo asegura querer “una relación equilibrada” con Marruecos y Argelia, buscando estabilidad en el Magreb. Lo que no aclara es cómo planea conseguirla.

Para reforzar la frontera de Ceuta, la más permeable, Feijóo ha prometido multiplicar los medios humanos, sin precisar si habla de personal civil o militar; recurrir al uso de tecnología; establecer vigilancia marítima permanente; y prolongar el espigón del Tarajal, en Ceuta, para evitar entradas a nado. Su tesis es que Marruecos es un país seguro en términos de la Unión Europea y que, por tanto, nada impide que pueda recibir de vuelta a cualquier migrante irregular, incluidos los menores de edad.

Lo que el líder del PP no ha aclarado hasta ahora es cómo piensa impedir la llegada de migrantes por vía marítima si Marruecos decide dejar de actuar como el gendarme de los flujos de personas hacia España, o si está dispuesto a asumir el riesgo de que el Gobierno marroquí suspenda la colaboración en materia de prevención del terrorismo islamista. Tampoco ha explicado cómo pretende gestionar la devolución de migrantes si Rabat decide no colaborar, como hizo a comienzos de agosto, facilitando el retorno de la práctica totalidad de las decenas de miles de personas que habían cruzado hacia Ceuta.

Rabat apenas disimula el disgusto que le producen las posiciones del PP y Vox. El partido nacionalista Istiqlal, que no lidera el actual Gobierno pero sí forma parte de él, utiliza sus plataformas mediáticas para presionar a España. Ante la expectativa de un cambio de Gobierno en 2027, sus críticas se dirigen especialmente contra el PP, al que perciben como menos favorable a los intereses del reino que el actual Gobierno socialista. Una paradoja, teniendo en cuenta que ambos forman parte de la misma familia de partidos conservadores.

La posición del PP en relación con Marruecos plantea un equilibrio casi imposible. Y resulta difícilmente compatible con la que defiende Vox, que, a todas luces, si se dan las circunstancias, será su socio indispensable para formar Gobierno.

La formación de Santiago Abascal defiende una política de máxima “dureza” contra Marruecos. La ultraderecha española plantea decretar el cierre indefinido de la frontera y su militarización completa, tanto en Ceuta como en Melilla, con “reglas de enfrentamiento claras” para “impedir y repeler” cualquier intento de entrada en España, en tanto Rabat no reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla, algo que está fuera de cualquier horizonte de posibilidad.

Con ese planteamiento, que en la práctica se acerca a la ruptura diplomática, el entendimiento con el PP parece improbable. Pero lo es aún más la posibilidad de cumplir la promesa de devolver a Marruecos a todos los migrantes irregulares, que Vox plantea, pero que no podrá nunca hacer realidad sin la colaboración de Rabat.

Abascal y los suyos insisten también en que Marruecos debe pagar la factura de la atención a estos migrantes en suelo español, bien mediante pago directo, bien recortando cualquier ayuda que pueda recibir por parte de la Unión Europea.

Para someter al reino alauí y lograr que no pueda seguir utilizando la migración como mecanismo de presión, Vox propone aprobar sanciones económicas y promover la suspensión inmediata del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos. Un primer paso, reclama, sería excluir a nuestro vecino del sur del Mundial 2030.

Las amenazas económicas de Vox, de llegar a concretarse, pondrían en riesgo contratos comerciales con empresas españolas. Al menos 350 compañías españolas tienen negocios en Marruecos, en particular en sectores como la construcción, la ingeniería o el material ferroviario.

De lo que PP y Vox no hablan es de la relación privilegiada de Marruecos con Estados Unidos e Israel y de la cobertura que esa doble alianza representa para sus objetivos de anexión del Sáhara y de reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla.

Ceuta se ha convertido en el escenario visible de las principales tensiones en política migratoria. La respuesta de España y la Unión Europea frente a esta crisis humanitaria, que cuenta con al menos 141 fallecidos y que algunas ONGs califican de “abandono institucional”, es resultado de un endurecimiento gradual de las medidas relacionadas con esta materia.

Lo acontecido en la ciudad autónoma es uno de los ejemplos de lo que sucede a raíz del refuerzo en el control fronterizo y la externalización de estas responsabilidades a terceros países. Lampedusa o la instrumentalización por parte de Turquía de la crisis siria son algunos de los episodios de la historia reciente de Europa. “Todos esos países reciben dinero de España y de la Unión Europea. Pero claro, incluye un sistema que no tiene derechos”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de porCausa.

Al igual que en el caso de Ceuta, las intervenciones de la UE apoyan, y en muchos casos financian, medidas y comportamientos que han sido calificados como vulneraciones de derechos humanos por numerosas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, u Oxfam Intermón.

La isla italiana de Lampedusa se encuentra dentro de la ruta central del Mediterráneo. En 2013 y 2015 fue protagonista de dos grandes naufragios en los que entre 1.068 y 1.318 personas fallecieron al intentar llegar a las costas europeas. 

Pese a ser conocida como una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, la afluencia de personas que seguían jugándose la vida en ella no paró. En 2023, la isla de 6.000 habitantes experimentó una crisis cuando más de 7.000 personas migrantes llegaron a sus costas entre el 12 y el 14 de septiembre. 

Túnez, país desde donde se suele iniciar este recorrido, había firmado apenas dos meses antes el memorándum UE-Túnez, en el que asumió un mayor control migratorio a cambio de compensaciones económicas europeas. Denunciado por Amnistía Internacional por su trato violento a las personas migrantes, este país recibe acusaciones de abandonos en el desierto o hundimiento deliberado de embarcaciones. 

En 2021, la ciudad autónoma volvió a ser la protagonista de una batalla por el control migratorio. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, fue hospitalizado en España enfermo de covid, lo que provocó una crisis diplomática entre Marruecos y España.

El país africano abrió la frontera y unas 9.000 personas pasaron a territorio español. Ante esto, la respuesta del Parlamento Europeo fue la de condenar a Marruecos por usar esta medida como mecanismo de presión. El entonces jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, afirmó que la UE haría “lo necesario para apoyar a España”.

La guerra civil de Siria se prolongó durante casi 14 años, provocando el exilio de millones de personas. En 2016, cuando se produjeron los ataques más cruentos hasta el momento en el país y que coincidieron con el final de la Batalla de Alepo, la UE firmaba con Turquía un acuerdo en el que Erdogan se comprometía a retener a los refugiados sirios.

Tras tres años de bloqueo fronterizo, el presidente turco comenzó a amenazar a los 27 con “abrir las puertas” a estos refugiados si Europa seguía criminalizando sus operaciones militares en el noreste de Siria. En 2020, Erdogan llevó a cabo su amenaza y permitió la salida de miles de migrantes sirios a Grecia como medida de presión. En respuesta, la Unión Europea envió a los jefes de la Comisión, el Consejo y el Parlamento a la frontera para prometer apoyo total a Grecia, y Atenas denunció "el uso de la presión migratoria por parte de Turquía con fines políticos".

Otro caso de instrumentalización de fronteras es el de Bielorrusia. En 2020, Alexander Lukashenko ganó su sexto mandato en unas elecciones condenadas y sancionadas por la Unión Europea por ser fraudulentas. En respuesta, el régimen del presidente facilitó visados y multiplicó sus vuelos desde Oriente Próximo, empujando a migrantes a las fronteras de los países vecinos.

Letonia, Lituania y Polonia calificaron esta crisis como “guerra híbrida”, y comenzaron a aplicar medidas más duras en cuanto a control migratorio, apoyadas y financiadas por la UE. Borrell profirió un discurso firme condenando la actuación de Lukashenko, y algunos eurodiputados solicitaron incluso financiar la construcción de una valla en todas las fronteras exteriores de la Unión. Este posicionamiento político supuso el inicio de esta "instrumentalización de la migración" por parte de los 27.

Después del caso bielorruso, el término de “guerra híbrida” fue usado por Finlandia para calificar una supuesta injerencia rusa en la frontera. El país finés, que recientemente había entrado en la OTAN pese a la negativa de Moscú, experimentó en 2023 un aumento de personas migrantes que llegaban a la parte ártica del país en bicicleta, característica que activó las alarmas sobre una posible facilitación del país vecino.

Su respuesta fue la de cerrar totalmente su frontera con Rusia. El estado, gobernado por la derecha y la extrema derecha, aprobó al año siguiente una ley que permite a los guardas fronterizos devolver al país vecino a las personas migrantes que hayan cruzado la frontera, violando así las leyes internacionales en materia de inmigración y asilo.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, visitó Finlandia para apoyar al país nórdico en su nueva norma. “Esto no se trata solo de la seguridad de Finlandia, sino de la seguridad de la Unión Europea. Estamos todos juntos en esto”, aseguró.

También conocida como “ruta canaria”, supone un trayecto por mar, cuyo inicio suele ser algún país cercano del oeste de África. Sin embargo, los nuevos acuerdos de externalización que España está firmando con los países localizados geográficamente en esta zona, obligan a las personas migrantes a iniciar el recorrido cada vez más al sur. Por el momento, el Gobierno español tiene acuerdos con Mauritania y Senegal, lo que ha disminuido la llegada de personas a Canarias, pero también ha aumentado la mortalidad en esta ruta al aumentar los kilómetros a recorrer. Según datos de la organización Caminando Fronteras, la cifra de personas fallecidas ha pasado de 14 a 21 de cada 100 en el último año, y hasta junio de este año la cifra era de 1.317 personas.

La posición de la Unión Europea ante esta realidad también es la de apoyo y financiación. En 2025, El Salto publicó que los 27 financiaron junto a España dos cárceles para migrantes en Mauritania.

Lejos de cambiar la dirección política, los discursos que criminalizan estos movimientos migratorios están fortaleciéndose en las instituciones. El pasado 17 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una Ley que habilita la expulsión de personas migrantes a terceros países, aún cuándo no guarden ninguna relación con el mismo. Representantes de talibanes fueron invitados a Bruselas en el marco de negociaciones para estas devoluciones, pese a que la Unión Europea no reconoce a las autoridades de Afganistán como legítimas.

En 1996, 103 personas migrantes fueron narcotizadas, maniatadas y vendadas en Melilla para ser transportadas en aviones militares a distintos países de África. Pese a su ilegalidad, el entonces presidente, José María Aznar, afirmó: “Había un problema y se ha solucionado”. La Fundación porCausa, en su informe Externalización, denuncia que, lejos de ser un hecho aislado, esta medida sentó un precedente en España con la ayuda de la Unión Europea.

En Ceuta, la actual gestión de la crisis humanitaria, en la que al menos 141 personas han fallecido, también ha sido tildada de ilegal por parte de asociaciones y ONG de defensa de los derechos humanos. Pese a la atención mediática, movimientos como No Name Kitchen o la Asociación Elín han denunciado violencia, expulsiones automáticas (conocidas como devoluciones en caliente) y abandono institucional por parte del Gobierno de España. 

En otras fronteras más invisibilizadas y alejadas del foco mediático, las asociaciones humanitarias también denuncian vulneraciones similares de los derechos humanos, y califican las medidas que se están adoptando como “necropolítica”. La externalización de fronteras por parte de España y la Unión Europea (UE) a terceros países implica que las garantías jurídicas de las personas migrantes son las que corresponden a esas naciones: “Nos hemos puesto en manos de países que no comparten ni nuestros criterios de derechos humanos ni nuestros sistemas de gobierno. No son países democráticos”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de porCausa.

Las negociaciones y nuevos acuerdos entre Europa y terceros países producen un cambio constante en las rutas migratorias: “El número de países con los que la Unión Europea tiene acuerdos es infinito”, asegura Rodríguez-Alarcón. 

Es el caso de Libia, país subvencionado por la UE para realizar este control fronterizo, donde se han documentado secuestros, detenciones, torturas, violaciones e, incluso, trabajos forzados y tráfico de personas. “Una persona que inicia un periplo migratorio desde el sur de África cuenta con pasar dos años en una cárcel libia. Forma parte de la asunción del riesgo”, explica Rodríguez-Alarcón.

Otro de los países encargados de aplicar restricciones contra las personas migrantes que se dirigen a Europa es Mauritania. Financiado por el Gobierno español, se hicieron públicas dos cárceles para migrantes construidas en el país por la agencia de cooperación española FIAP, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. En ellas, tal y como publicó El Salto, se privaría de libertad a menores, incluidos bebés en edad lactante, un extremo prohibido en España.

Estos acuerdos “refuerzan la gran bajada de personas que han llegado por la ruta canaria” en embarcaciones, asegura Mónica López, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. De 30.000 personas en 2024 a menos de 15.000 este año. 

Junto a Mauritania, el país más activo en cuanto a acuerdos de este tipo con España es Senegal, que precisamente hace frontera al sur de ese Estado africano. “Hace años las salidas eran desde Marruecos y el Sáhara, cuando se firman los acuerdos con Marruecos se baja a Mauritania, cuando se firman los acuerdos con Mauritania se baja a Gambia… ahora mismo se están produciendo incluso desde Guinea”, explica López.

Estos acuerdos aumentan el número de kilómetros necesarios para recorrer la ruta canaria, lo que multiplica las posibilidades de mortalidad para las personas migrantes. Según cifras de la organización Caminando Fronteras, esta ruta es ya la más mortífera de la frontera española, con cifras que aumentan cada año. En 2026, una de cada cinco personas ha muerto intentando realizarla.

Rodríguez-Alarcón asegura que la opacidad de las operaciones comerciales impide saber qué empresas y personas se benefician económicamente de estos acuerdos: “Es muy difícil porque muchas de las cosas están bajo la bandera de seguridad nacional. Hay muchísima información a la que nadie tiene acceso”.

Seguramente a algunos conciudadanos/as les habrá reconfortado la respuesta del Gobierno español a la medida tomada por el Gobierno Meloni de reforzar los controles a pasajeros llegados desde España en puertos y aeropuertos, haciendo lo propio con los que vengan al nuestro desde el país transalpino. Es posible que algunos consideren que así se restituye un supuesto orgullo nacional herido.

Sin embargo, como ciudadano europeo, no puedo alegrarme de que mi Gobierno haya caído en la trampa de jugar en el campo definido por el Gobierno italiano, en el que prima la exacerbación de un nacionalismo rancio y el desprecio a los principios que inspiran Schengen.

El cumplimiento de los tratados no es opcional. Por eso no me cabe en la cabeza que no pueda haberse adoptado una solución más creativa, más europea e igualmente firme sin necesidad de entrar en un terreno pedregoso, legitimando los argumentos torticeros que motivaron la decisión del Gobierno italiano a través de una reciprocidad ciertamente discutible.

Personalmente, no me siento reconfortado porque una familia italiana que venga de vacaciones a España tenga que pasar por los controles que yo pasé cuando en su momento viajé a Italia.

Es necesario dejar de jugar en el pequeño melonar de los esencialismos, los miedos y la xenofobia y recuperar el campo grande de Europa. De una Europa de ciudadanos y ciudadanas tal y como la soñaron De Gasperi y Madariaga. Y sobre todo de una Europa que no olvide que su bienestar está construido sobre las espaldas de aquellos inmigrantes que sigue rechazando.

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Emilio José Gómez Ciriano es socio de infoLibre.

La palabra "improvisación" se ha instalado con holgura en el debate sobre la crisis de Ceuta. Es una acusación seria, y puede abrir preguntas pertinentes sobre prevención, anticipación y capacidad de respuesta. Pero conviene distinguir entre una eventual deficiencia en la anticipación y la actuación desarrollada posteriormente, así como el modo en que se ha explicado públicamente. Durante más de tres lustros ejercí como corresponsal de prensa afincado en Rabat y pude comprobar la intensidad de la relación cotidiana entre España y Marruecos, que va mucho más allá de los contactos político-institucionales formales. Es un vínculo atravesado por intereses compartidos, desacuerdos, dependencias mutuas y negociaciones permanentes, además de afinidades y acuciantes realidades humanas y sociales. De ahí la dificultad de encajar una crisis de esta magnitud en una explicación binaria entre firmeza y debilidad. La pregunta pertinente no es si el Gobierno respondió, sino cómo lo hizo, con qué instrumentos, qué resultados obtuvo y a qué coste.

La acción española se desplegó en varios planos simultáneos. Interior tuvo que asegurar la frontera, reforzar los dispositivos y gestionar las devoluciones. Exteriores mantuvo un diálogo permanente con Rabat y trasladó la crisis al ámbito europeo, donde Ceuta no es simplemente una cuestión bilateral, sino parte de la frontera exterior Schengen y de una política migratoria comunitaria construida en buena medida sobre la cooperación con terceros países. Defensa incorporó presencia y poder de disuasión, mientras Juventud e Infancia atendió la situación de los menores llegados a la ciudad. El ministro Torres activó la coordinación territorial con Ceuta y con las comunidades autónomas para responder a una presión que desbordaba la escala local. No todas estas actuaciones tienen la misma visibilidad ni producen el mismo rédito político, pero forman parte del esfuerzo institucional. La ausencia de resultados inmediatos no autoriza a ignorar la compleja arquitectura desplegada para afrontarlos.

La visita de Margarita Robles introdujo otro elemento relevante. La ministra acudió a Ceuta con un lenguaje de soberanía y disuasión que encajaba perfectamente en una opinión pública sometida a una fuerte presión emocional. Al afirmar que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y que lo ocurrido no puede volver a suceder, ofrecía un relato político inmediatamente comprensible y simbólicamente rotundo. Es razonable que una parte de la ciudadanía perciba esa intervención como una demostración de firmeza. Pero la ciencia política obliga a separar el manejo de las emociones de la gestión de los problemas. La primera puede producir sensación de seguridad. La segunda debe modificar las condiciones que desembocaron en la crisis. Una declaración puede formar parte de una estrategia de señalización, pero solo resulta efectiva si altera los cálculos del actor al que se dirige. La contundencia comunicativa, por sí misma, no constituye una política pública.

España y Marruecos participan, además, en una relación mucho más densa que la de una simple disputa fronteriza. Su asociación conjuga cooperación migratoria, seguridad, comercio, movilidad, lucha contra el terrorismo y un estatuto avanzado en el seno de la Unión Europea, en un contexto en el que Madrid ocupa un papel particularmente relevante como interlocutor de Rabat en Bruselas. No estamos, por lo tanto, ante una partida única, sino ante un juego repetido, en el que cada parte dispone de recursos de presión y también necesita el concurso de la otra. Investigación académica reciente sobre los llamados "juegos de frontera" entre los dos países describe precisamente una dinámica de condicionalidad coercitiva mutua, en la que la externalización europea y española del control migratorio interactúa con la capacidad marroquí para instrumentalizar los flujos. Desde esta perspectiva, la colaboración no equivale a la renuncia. Significa mantener abiertos los canales que permiten negociar, obtener resultados y, cuando sea necesario, responder ante una potencial ruptura del acuerdo.

Las opciones para quienes demandan mayor presión son conocidas: cerrar la frontera, suspender la cooperación, romper acuerdos, aplicar sanciones o emplear la fuerza de forma potencialmente letal. Ninguna puede reducirse a eslóganes como "mano dura" o "disuasión". Cada una exige especificar instrumentos, límites legales, costes y las reacciones previsibles. En esta lógica, la estrategia no puede evaluarse por el efecto emocional en la opinión pública. Implica atender a la conducta de la otra parte y a las consecuencias sobre interacciones posteriores. La teoría de juegos no recomienda docilidad, sino cálculo estratégico. Una medida puede parecer decisiva y resultar contraproducente si deteriora los mecanismos para gestionar la frontera, efectuar devoluciones o combatir las redes que facilitan los movimientos irregulares. La eficacia no se mide por la intensidad de la respuesta, sino por la capacidad de modificar conductas, preservar margen de maniobra y defender los propios intereses a medio y largo plazo.

La gestión del Gobierno debe, por supuesto, someterse a escrutinio. Es necesario esclarecer qué información existía antes del 30 de julio, qué capacidad de anticipación hubo, cómo funcionaron los protocolos y por qué determinadas decisiones se adoptaron cuando se adoptaron. También es legítimo cuestionar una comunicación pública que dejó demasiado espacio para que otros actores definieran el significado y los contornos de la crisis. Pero convertir esas preguntas en un diagnóstico global de improvisación es otra cosa. La acción de gobierno debe evaluarse por las medidas movilizadas, la coordinación entre niveles, los resultados obtenidos y los efectos sobre el comportamiento de los demás actores. La presencia de Robles, el trabajo de Interior, la interlocución de Exteriores, la coordinación territorial y la atención a los menores responden a lógicas diferentes, pero forman parte de un mismo problema de gobernanza. En Ceuta, la política que menos ruido produce puede ser también la que más interesa analizar.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

La guerra en Ucrania no solo se juega en el frente de batalla. Aunque los acontecimientos más importantes se concentran en el lento pero constante avance ruso sobre Donetsk y las zonas de amortiguación de los óblasts anexionados por Moscú, hay otra contienda interna que busca mover muchas dinámicas invisibles.

Las agencias anticorrupción ucranianas y los servicios de inteligencia pugnan por diversos asuntos que esconden un fuerte trasfondo político y diplomático. Y el propio presidente, Volodímir Zelenski, está en el ojo del huracán.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la relación con Ucrania ha sido tirante. Ya durante su primer mandato se articuló una crítica a la tensión entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, tras un deshielo insólito con Moscú, aquella aproximación se tradujo en un recrudecimiento de las tensiones entre la Casa Blanca y el Kremlin. Como resultado de ese acercamiento fallido, Trump incrementó el apoyo armamentístico a Kiev.

En su segundo mandato, la situación ha recordado a aquella etapa, pero elevada a la enésima potencia: con una invasión de por medio y con la crítica feroz de Trump y, sobre todo, de su vicepresidente, JD Vance, a un Joe Biden que se había implicado notablemente en la escalada bélica del lado de Kiev.

Por ese motivo, desde el principio Trump creyó que el simple cambio de actitud de la Administración estadounidense serviría para quebrar a una Ucrania que no estaba dispuesta a ceder ante Rusia. Trump interpretó que la guerra de Ucrania era una mera guerra proxy en la que, sin Estados Unidos patrocinándola, Kiev no podría continuar.

Y tenía razón, en parte. Pero había mucho más detrás del patrocinio estadounidense. Después de la humillación a Zelenski en su primer encuentro del mandato en la Casa Blanca, en febrero de 2025, la estrategia pasaba por lanzar un órdago: o Ucrania cedía y encontraba una solución aceptable para Rusia o decaerían los apoyos armamentísticos y de inteligencia.

Durante un breve periodo así fue. Pero el margen para las concesiones de Ucrania y Rusia era ya tan estrecho que, debido al estancamiento relativo del frente, ambos gobiernos se veían con mayores opciones de supervivencia o rédito político si continuaban la guerra que si cedían.

Además, Ucrania logró, a través de la Unión Europea, un arreglo con Trump. Los europeos serían los que pagarían las armas estadounidenses destinadas a Ucrania, Kiev cedía en un acuerdo sobre materias primas muy costosas y Estados Unidos mantenía su apoyo a Ucrania mientras viraba para trasladar la presión al Kremlin.

Como en el primer mandato, el deshielo que Washington trató de establecer con Moscú fracasó porque Ucrania no cedía en el aspecto más lesivo. Trump se dio cuenta de que sería imposible cumplir con sus plazos autoimpuestos, pero la presión interna era una baza para forzar a Kiev a ofrecer, aunque fueran mínimas, algunas concesiones.

Lo que Estados Unidos quería era una salida del conflicto en el que se había implicado la anterior Administración. Según Trump. esta era la guerra de Putin, la guerra de Zelenski y la guerra de Biden. No la suya.

De esta manera, Donald Trump y algunos socios europeos aprovecharon la debilidad interna de Zelenski para apretarle las tuercas en la dirección política que querían promover en cada momento. En nombre de un declarado bien mayor, desde las capitales occidentales se habían ignorado deliberadamente acciones lesivas para la democracia, la limpieza de las instituciones y la memoria histórica.

Mientras durante los primeros años la situación trascurrió con normalidad, tachándose de prorruso a quien analizase estos temas, pronto comenzarían a surgir nuevas críticas. Desde Oleksiy Arestóvych, asesor de Zelenski, hasta Valerii Zaluzhnyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente ha apartado a diferentes rivales políticos apoyados por Occidente.

La caída del propio Zaluzhnyi implicó su salida del país. Zelenski priorizó rodearse de un núcleo duro liderado por Andriy Yermak, su jefe de gabinete. Durante 2025 arreció la presión sobre este entorno presidencial. Primero llegaron los casos de corrupción en áreas tan sensibles como los ministerios de Energía y Defensa, que provocaron la caída de varios ministros, incluido el titular de Justicia, German Galushchenko, por su periodo al frente del primero.

Al frente de las investigaciones se encontraban la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO), instituciones vinculadas a menudo con la influencia occidental y, especialmente, la de Estados Unidos. Pero la pieza definitiva cayó hacia el final del año.

Al comprobar que estas investigaciones se intensificaban cada vez que se exigía a Ucrania algún cambio de posición en las negociaciones, mientras Zelenski mantenía una inflexibilidad férrea, el presidente ucraniano trató de tomar el control sobre las agencias anticorrupción. Los servicios de inteligencia competían con estas agencias por la dirección política ucraniana.

La presión desde dentro de Ucrania y desde toda Europa fue tan fuerte que Zelenski tuvo que abandonar su plan para intervenir las agencias anticorrupción. La NABU y la SAPO investigaron nuevos casos de corrupción relacionados con parlamentarios de la Rada ucraniana cercanos al jefe de gabinete. Y el siguiente en caer fue el propio Andriy Yermak, el hombre fuerte detrás de Zelenski.

Sin Yermak al frente, muchos esperaban desde Washington un cambio de tono en Kiev. Sin embargo, la disputa continuó. El siguiente gran nombre en caer fue el del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en julio de 2026.

Esta vez, Zelenski no solo ha logrado imponerse a la presión de las calles, asumiendo el coste que supuso para Oleksander Syrskyi, sucesor de Zaluzhnyi al frente de las Fuerzas Armadas, sino también a la de sus socios extranjeros. Todas las facciones de la Rada votaron a favor del sucesor de Fedorov en Defensa, Yevhenii Khmara, procedente de la dirección del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), la agencia de inteligencia cercana a Zelenski.

Ya no solo existía el riesgo de que el expresidente Petro Poroshenko, el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, o el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Valerii Zaluzhnyi, arrebatasen el poder a Zelenski si se celebraban elecciones. También el exministro Fedorov, ahora con un fuerte apoyo popular, ha exigido esta semana la convocatoria electoral, dado que el mandato de Zelenski expiró formalmente en 2024.

Otro exministro de Exteriores, Dmitró Kuleba, ha sugerido que Fedorov podría acercarse a los tecnoligarcas estadounidenses encabezados por Elon Musk en busca de favor político.

La presión es muy fuerte y existen varios informes sobre contactos entre antiguos colaboradores de Zelenski y las capitales occidentales, con Zaluzhnyi, destinado en Londres, a la cabeza. Pero, tras la caída de Yermak, Zelenski ha situado a su lado a otro de los nombres más populares de Ucrania: el exjefe de la inteligencia militar Kirilo Budánov. Y, en medio de esta crisis política, la NABU y la SAPO han vuelto a estrel cerco sobre el entorno del presidente. En este caso, Zelenski ha destituido a Irina Mudra, subdirectora de su gabinete y situada por debajo de Budánov.

Esta es la última gran pieza que parece sostener a Zelenski. Enfrente tiene a toda una pléyade de antiguos colaboradores, cada cual más popular, a la que se van sumando perfiles de su Gobierno como Fedorov. Pero, aunque Zelenski debe mantener su apoyo interno sosteniendo el esfuerzo bélico frente a Rusia, también tiene que contentar a las capitales occidentales, lideradas por unos Estados Unidos que desean impulsar un acuerdo. Las agencias anticorrupción y los servicios de inteligencia se han convertido así en protagonistas invisibles de esta batalla.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

El proyecto de reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional anunciada por el Gobierno fue aprobado el 24 de febrero, pero dos años después de la promesa de la limitación de los anuncios, la nueva regulación –que afectará únicamente a la publicidad procedente de la Administración del Estado pero no de los gobiernos autonómicos o municipales–, no termina de arrancar. Un informe de la Federación de Periodistas Europeos (EFJ, en sus siglas en inglés, que une a asociaciones y sindicatos de los Veintisiete) para la Comisión Europea reprocha además al Ejecutivo que, aunque la reforma esté en marcha, los ministerios y organismos que dependen de él desoyen las peticiones de los periodistas para que publiquen los criterios por los que distribuyen sus campañas dando solo "respuestas genéricas".

La reforma, que se encuentra en un estado todavía embrionario, viene impuesta desde Europa. Su objetivo es adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). El texto aprobado establece un límite máximo en la asignación de esos fondos equivalente al 35% de la cifra de negocio de los medios que los reciban. La finalidad es limitar la excesiva influencia de las administraciones en las redacciones y la proliferación de pseudomedios vendidos a ellas, que en muchos casos, tienen en estas campañas como única fuente de ingresos.

El último Informe del Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, y que recoge, entre otras, parte de las aportaciones de la EFJ, explicaba cómo desde la profesión y otros sectores, ante la lentitud de la reforma prometida, se sigue usando la publicidad institucional "para ejercer influencia política (...) especialmente en períodos electorales". Las administraciones siguen dando "un trato discriminatorio" a determinados medios y sigue existiendo "una falta de información pertinente sobre los beneficiarios de dicha financiación y los importes de esta". Según la Comisión, hoy por hoy, existe una "ausencia de criterios justos para la asignación de fondos públicos".

La federación europea –cuyos socios españoles son la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los sindicatos UGT, CCOO y ELA– explica que, mientras se tramita la nueva ley que modificará la actual, vigente desde 2005, "algunos medios se han quejado y han reclamado al Gobierno que explique los criterios que usa para distribuir su publicidad". Sin embargo, pese a la obligación procedente de la normativa comunitaria (aún no traspuesta), "los ministerios implicados solo han dado respuestas genéricas". La información se ha reclamado por transparencia e incluso ha originado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todavía no se ha pronunciado.

El texto aprobado por el Gobierno, además de establecer que esta publicidad no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige la inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público, tal y como publicó infoLibre en mayo. Lo que no hace, y ahí está el problema y la principal queja de asociaciones y sindicatos, es regular el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, riega de millones a sus medios afines.

La edición de 2025 del Informe del Estado de derecho contenía una recomendación a España para que reformara la Ley de Secretos Oficiales. En la de este año, la Comisión considera un "significativo avance" el hecho de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Información Clasificada, para reformar la todavía vigente regulación franquista. En su informe al Ejecutivo comunitario, la federación europea asegura, sin embargo, que la iniciativa gubernamental ha sido muy criticada por la amplitud de los plazos para desclasificar determinados documentos.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), aprobado en 2024, obligó también a designar un regulador para los medios de comunicación. El Ejecutivo otorgó esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su proyecto de ley de Servicios Digitales prevé la creación en su seno de una dirección de medios de comunicación dotada con 32 nuevos puestos. Los periodistas europeos desconfían, sin embargo, de ese organismo. "Las personas que ocupen su presidencia y sus directivos pueden ser prestigiosos e independientes, pero siempre estarán bajo sospecha al ser nombrados por el Gobierno", sostiene la EFJ, que además se queja de que la nueva dirección no haya sido todavía creada ni dotada de medios para ejercer su función.

Las Columnas de Hércules, según la mitología griega, marcaban los límites del mundo conocido. La derecha se asentaba sobre Gibraltar y la izquierda sobre el Monte Hacho en Ceuta. Más allá no había mundo conocido. El devenir de la Historia nos ha llevado hasta el momento presente, en el que circunstancias políticas han cambiado radicalmente respecto de un pasado reciente que convierte a Marruecos de un protectorado a un Estado soberano plenamente integrado en la comunidad de naciones. No obstante, la soberanía de España sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tal como las reconoce nuestra Constitución, se ha mantenido a pesar de las reivindicaciones constantes del Reino de Marruecos.

La corriente migratoria de ciudadanos africanos hacia Europa, utilizando diversas rutas, pasa por Ceuta y Melilla, ciudades que ocupan una posición estratégica singular, ya que políticamente forman parte de un país de la Unión Europea. Según el Tratado de Ámsterdam, las regiones ultraperiféricas pertenecen en su mayoría a Francia (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Martin y Mayotte). Tienen la misma condición la comunidad autónoma de Canarias y las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira. A diferencia de los países y territorios de ultramar, las regiones ultraperiféricas se consideran parte integral del territorio europeo formando parte del espacio Schengen, y en ellas se aplican las leyes y directrices de la Unión.

A la vista de los recientes acontecimientos, políticamente la situación de Ceuta y Melilla en el mapa de la Unión Europea parece estar en el limbo. Observemos la reacción de los países que la componen y los órganos comunitarios ante el asalto de ida y vuelta de miles de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma. Ni una sola palabra de rechazo, muy al contrario, mensajes de justificación achacando el gravísimo incidente a la política de regularización decidida por el Gobierno de España. Hemos llegado incluso a contemplar la sorprendente alianza entre las Primeras Ministras de Italia y Dinamarca, que no han dudado en considerarla como la consecuencia lógica del ‘efecto llamada’. A la socialdemócrata Mette Frederiksen me permito recordarle un pasaje del inmortal monólogo de Hamlet: ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia?

Creo que ha llegado el momento de recapitular el pasado y actualizar las bases para el futuro. En los Preámbulos de los Estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, ambos de 13 de marzo de 1995, se afirma que, como parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución, en los términos del presente Estatuto y en el marco de la solidaridad entre todos los territorios de España. Añade, en la Disposición adicional tercera, que tiene acceso a los recursos y participaciones de la Unión Europea.

En el plano de la política exterior, el CIDOB, centro de investigación en relaciones internacionales, subraya que Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea de pleno derecho. Con la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986 y la ratificación de sus Estatutos de Autonomía en 1995, la integridad territorial de ambas plazas quedó blindada dentro del espacio legal europeo. Cualquier desafío a su delimitación no es solo un conflicto bilateral entre Madrid y Rabat, sino un asunto que atañe directamente a toda la soberanía de la Unión.

El Tratado de la Unión Europea establece con claridad que la Unión dirigirá la política exterior y de seguridad común y que el Consejo Europeo determinará los intereses estratégicos de la Unión, fijará los objetivos y definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, incluidos los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores, contribuirá con sus propuestas a elaborar la política exterior y de seguridad común y se encargará de ejecutar las decisiones adoptadas por la Comisión Europea y el Consejo.

A la vista de todos estos precedentes, creo que no se puede discutir la españolidad de Ceuta y Melilla. Pero ni la mitología ni la historia que nos han precedido pueden garantizar el presente. Han irrumpido otros factores geoestratégicos. El interés indisimulado de la actual administración estadounidense en debilitar la Unión Europea se ha posicionado en favor del Reino de Marruecos al tiempo que critica la actual política de España en relación con el genocidio de Gaza y la vulneración del derecho internacional al intervenir en el espacio reservado al régimen iraní asesinando a su cúpula dirigente.

Algunos analistas políticos piensan que, si en algún momento la dictadura monárquica fuese sustituida por un régimen democrático la situación sería distinta. Desconocen la realidad política del país. Existe un partido político, el Istiqlal, con diversas ramas, y ninguna de ellas –incluida la más democrática– ha renunciado a la reivindicación de Ceuta y Melilla. Uno de sus dirigentes afirmó ya hace tiempo que caerían como fruta madura, sin necesidad de utilizar las armas. Es cierto que el régimen jurídico ha cambiado.

Sin perjuicio de los gravísimos sucesos que estamos viviendo, a todos nos debe preocupar el oportunismo político de la derecha española, que no ha dudado en utilizarlos como instrumento de confrontación política. En cualquier otro país se hubiera producido una concentración de todas las fuerzas políticas para hacer frente a una cuestión nacional. En un primer momento la postura del presidente de la Ciudad Autónoma pareció sintonizar con el Gobierno Central, pero en estos últimos días se ha unido al coro de las descalificaciones. El Partido Popular, una vez más, ha utilizado el Senado como una especie de Comisaría de guardia para exigir responsabilidades sin ofrecer soluciones al presente y proyectos para el futuro. Como es habitual, parece que todo pasa por la disolución de la Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.    

El Partido Popular debería tener en cuenta que es el momento de la solidaridad y de hacer un frente común ante las instituciones europeas. Lamentablemente somos un país sin prioridades nacionales que estén por encima de las divergencias políticas. Parece que va a ser cierta la frase atribuida a Otto von Bismarck: “La nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo”.

Quizá exageraba, en estos momentos momento es suficiente que como país miembro de pleno derecho de la Unión Europea exijamos que sus instituciones recuerden al Reino de Marruecos sus obligaciones como miembro de la comunidad internacional y su trato preferencial en materia comercial.

He leído y comparto que toda África no cabe en Europa pero Europa no puede olvidar su compromiso con la solidaridad y los valores que le sirvieron para resurgir de las cenizas de la segunda guerra mundial.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).

La expansión de la competencia de las secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia, no solo a la violencia doméstica, sino a cualquier tipo de agresión o delito por razones de género es uno de los principales retos de estos órganos. Así lo afirma la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) a la que preocupa especialmente los casos de trata de mujeres, por la gran complejidad que suponen. La asociación progresista y feminista insiste en la paradoja del sistema judicial español en el que seis de cada diez miembros de la magistratura son juezas que, sin embargo, están infrarrepresentadas en la cúpula –Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Provinciales y presidencias de sala de tribunales superiores– donde apenas superan el 30%. En las cinco salas del Alto Tribunal, las mujeres ni siquiera alcanzan el 20% de los puestos. La ley de paridad, vigente desde agosto de 2024, impone que el reparto de cargos se sitúe en la horquilla del 40-60% para cada sexo.

Todas estas apreciaciones se encuentran recogidas en el informe enviado por el colectivo a la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho, publicado por el Ejecutivo comunitario el pasado julio. La AMJE destaca la "drástica expansión del catálogo de crímenes" que los órganos judiciales especializados en violencia machista tienen que afrontar desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, el 1 de enero de 2025. Esa expansión se debió a la necesidad de adaptar la legislación española sobre la materia al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) del Consejo de Europa, firmado por España en 2011.

Uno de los nuevos delitos que recaen con la nueva ley en las secciones de Violencia sobre la Mujer de los nuevos tribunales de instancia es la trata de seres humanos con fines de explotación sexual cuando la víctima es una mujer. "Existe un problema en estos casos de prostitución y trata porque, en la mayoría de las ocasiones se trata de casos complejos", explica el informe de AMJE enviado al Ejecutivo comunitario. Esas causas, además del tráfico de personas y la prostitución forzada, suelen incluir delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y falsificación de documentos, infracciones penales que van mucho más allá de la tradicional especialización en violencias ejercidas por la pareja o expareja de la víctima.

En estos tribunales, la competencia, además, viene determinada por el domicilio de la víctima, pero, tal y como advierte la asociación de juezas, "en los casos de trata y explotación sexual, es especialmente difícil porque implica organizaciones criminales que operan desde distintos lugares", sostiene el informe a Bruselas de AMJE. "Las víctimas, en muchos casos, ni siquiera tienen un domicilio", añade.

La asociación calcula que las nuevas competencias de estos órganos especializados supondrán un incremento de casos de entre el 12,9% y el 20%, al tener que hacerse cargo, no solo de la trata, sino también de todos los casos de violencia sexual y acoso, los delitos contra la intimidad y el honor, como el sexting (revelación de secretos) o las injurias relacionadas con el género o la violencia vicaria. "Cambiar la ley no es suficiente", advierte AMJE. "Es necesario formar a los jueces y el resto de personal de los juzgados en la ley del solo sí es sí y las nuevas dinámicas de agresión sexual, que requieren conocimientos tecnológicos complejos para los que no siempre hay personal especializado".

El colectivo feminista también se refiere a la situación general de la mujer en el cuerpo judicial. Y no habla únicamente de la segregación vertical, que perjudica a las mujeres, mayoritarias en la judicatura, y les dificulta acceder a los tribunales y puestos de la cúpula. También existe una "segregación horizontal", que coloca a las juezas y magistradas en determinados ámbitos: secciones de Violencia sobre la Mujer (donde ocupan el 76,9% de las plazas), secciones de primera instancia e instrucción (70,5%), secciones de menores (67,4%) y secciones de lo Penal (67,4%).

"Su presencia decae sistemáticamente en las audiencias provinciales, tribunales superiores y órganos centrales [es decir, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional]", recuerda AMJE, que asegura que la regulación del Consejo para la provisión de los puestos discrecionales en los principales tribunales "no garantiza una igualdad de género real y efectiva". Desde el órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, aseguran que uno de los problemas con el que se encuentran los vocales –más allá de las distintas posiciones que los dos sectores sostienen sobre la paridad de las designaciones que los progresistas siempre tratan de cumplir– es la ausencia de candidatas a algunas de esas posiciones clave.

La ventaja competitiva entre modelos de IA para atraer inversiones no depende solo de tener el mejor algoritmo, sino de disponer de un ecosistema completo capaz de entrenar, desplegar, actualizar y servir dicho algoritmo a cuantos más millones de usuarios mejor. Dentro de un ecosistema de IA, quizá el capítulo más importante sea el de la infraestructura de la computación, que incluye: centros de datos, decenas de miles de GPU, redes de altísima velocidad y baja latencia —es decir, datos disponibles en tiempo real con acceso a memoria remota (RDMA)— como InfiBand o Ethernet de última generación, almacenamiento masivo y sistemas de refrigeración y de suministro eléctrico.

Un gran modelo puede requerir decenas de miles de GPUs funcionando durante semanas o meses. Pero aquí no se trata de cualquier modelo de IA. Hay que distinguir entre modelos específicos, creados con fines determinados, por ejemplo, para gestionar datos médicos de un hospital o estrategias de venta de una empresa, etc., de otros modelos, mucho más potentes —son los que aquí interesan—, los denominados “modelos fundacionales” (foundation models) o “modelos frontera” (frontier models), que persiguen objetivos mucho más amplios, manejan todo tipo de datos, imágenes, texto y, cada vez más, vídeos y audios, y sirven de soporte de otros muchos modelos que se generen a su amparo. Estos grandes modelos de IA actualmente aparecen bajo marcas como Open-AI, Google DeepMind (Gemini), Anthropic (Claude), Meta (Llama) o xAI (Grok). Todos ellos —incluidos los de empresas chinas—, además de manejar todo tipo de datos y orientarse a propósitos más generales, contienen cientos de miles de millones de parámetros (según arquitectura y versión) y se entrenan con enormes volúmenes de datos procedentes de internet (libros, código, imágenes y otras fuentes).

La segunda característica que condiciona las ingentes inversiones en IA es la gran cantidad de información que estos modelos exigen (libros, artículos, código, imágenes, vídeos, bases de datos, datos sintéticos), que requiere invertir en recopilación, limpieza de datos, clasificación, etiquetado y licencias. Todas estas capacidades difieren en cada modelo y son más o menos eficientes. Pues un algoritmo, por bueno que sea, sin datos fiables, produce malos resultados.

Por otra parte, la IA requiere también de software de infraestructura, es decir, no basta disponer de máquinas, de GPUs, hay que desarrollar software capaces de repartir entrenamiento, sincronizar miles de procesadores, gestionar memoria, detectar fallos, recuperar procesos, distribuir tareas u optimizar comunicaciones. Curiosamente, gran parte de la innovación en IA se encuentra aquí, en el software que hace posible la infraestructura para que ruede el modelo.

Sin duda, el elemento más famoso es el algoritmo y, aunque menos lucida, es importante la arquitectura del modelo. La IA, siempre en evolución, requiere de puesta a punto y renovación de nuevas arquitecturas, de mecanismos de atención, de optimización, de razonamiento, de memoria, de aprendizaje por refuerzo, de comprensión. Podríamos decir que el algoritmo es la esencia de la IA, aunque no es la parte que mayor inversión requiere. Por ejemplo, una mejora algorítmica puede realizarse por un pequeño equipo de investigadores y entrenar el modelo cuesta cientos de millones de dólares, pero construir la infraestructura que lo soporta una cantidad mucho mayor, astronómica.

Una vez entrenado el modelo, aún hay que construirlo, es decir, introducir la ingeniería en el producto con miles de ingenieros trabajando. Pues un modelo IA entrenado no constituye por sí mismo un servicio. Para que pueda ser utilizado por personas o por aplicaciones, es necesario integrarlo en una plataforma tecnológica que proporcione interfaces de usuario, APIs de comunicación entre programas, mecanismos de autentificación y seguridad, monitorización, control de versiones e integración con otros sistemas de información. La plataforma es la arquitectura que hace operativa y socialmente accesible la IA.

Por último, si cara es la infraestructura y caro es el entrenamiento, aún más caro puede resultar el coste diario de mantener la respuesta y la satisfacción de la demanda de cientos de millones de usuarios. Pues nada más que en el uso simple, cada conversación consume: GPU (Graphics Processing Unit), memoria, ancho de banda y electricidad. Por eso las empresas invierten enormes cantidades en optimizar lo que se denomina “inferencia”, esto es, la fase en la que un modelo ya entrenado utiliza el conocimiento aprendido para producir una respuesta ante una nueva entrada. El modelo ya existe, recibe una nueva cuestión o demanda, debe responder, según el modelo entrenado, infiere y aporta el resultado. En esta secuencia, cada respuesta supone un gasto alto de recursos.

Así, en los grandes modelos de IA, aunque constituyen el núcleo cognitivo del sistema, la competencia económica no depende solo del algoritmo, sino que más bien se desplaza hacia quién ofrece un control integrado de toda la arquitectura: chips, centros de datos, cloud, plataformas, datos, APIs y aplicaciones. Se trata, por tanto, de quién ofrece una mayor capacidad de convertir esa infraestructura cognitiva en un ecosistema tecnológico capaz de atraer usuarios, desarrolladores y empresas. Lo que buscan los inversores es identificar qué empresa tiene más probabilidades de convertirse en la infraestructura cognitiva de la economía digital, al igual que hace años se buscaba la infraestructura de internet o el comercio electrónico.

En lo que concierne a lo público, vemos aquí la ingente tarea que se presenta a los Estados ante el reto tecnológico (administraciones, servicios, educación, sanidad, etc.), y las capas de profundización que deben atravesar para conseguir que la norma y la ley se ajusten a todos esos niveles, desde los cuales pueden producirse filtraciones, ilegalidades, atentados contra la intimidad, etc. Las ingentes inversiones en IA no son estatales, proceden de capitales privados y, por tanto, llegado a un montante crítico, pueden subvertir la norma que afecta a todos para favorecer a unos pocos.

La regulación europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), pretende regular estos procesos, mientras que las Big Tech USA reclaman libertad. Europa tiene la iniciativa normativa y eso es importante, ética y políticamente. Pero no se basa en un sistema de licencias para toda la IA, su complejidad sería inoperante. Esta ley protege frente a riesgos derivados del funcionamiento y uso de la IA como sistema de decisión. Así, hay sistemas de “riesgo inaceptable” que están prohibidos, de “alto riesgo”, fuertemente regulados, de “riesgo limitado”, con obligaciones de transparencia, y de “riesgo mínimo”, sin prácticamente intervención.

Tampoco el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) se basa en licencias, protege frente a los riesgos derivados del funcionamiento de las plataformas digitales y sus algoritmos de recomendación y moderación de contenidos. Así, se orienta a detectar riesgos sistémicos, evaluar cómo los algoritmos pueden amplificar contenidos ilegales o dañinos y adoptar medidas para mitigarlos, cooperar con las autoridades y actuar con diligencia frente a contenidos ilícitos. Por tanto, lo que se hace es clasificar los sistemas según su nivel de riesgo. Pero, si uno revisa las sanciones efectivas, observa que apenas existen sobre los grandes proveedores y las grandes plataformas.

Históricamente y hasta ahora, los Estados regulaban objetos o actividades (actividades industriales, carreteras, escuelas, hospitales, bancos, instalaciones productoras de energía, etc.). La IA está modificando esto, pues ha introducido un nuevo “objeto” mucho más complejo de regular: el “proceso de decisión”. Una máquina no basta para supervisar una máquina. Hay que supervisar cómo aprende, cómo razona, qué datos utiliza, cómo llega a una conclusión o cuándo se le puede permitir actuar automáticamente. Son horizontes ético-normativos lastrados enormemente por la evolución vertiginosa de la tecnología. Y los poderes públicos se enfrentan en desigualdad de condiciones.

Naturalmente, debieran estar dotados de medios humanos y materiales eficaces para tales tareas, pues se requiere, según los especialistas, una arquitectura regulatoria que abarque todo el ciclo de la vida del sistema: desde la infraestructura y los datos utilizados para su entrenamiento, pasando por el desarrollo y la comercialización, hasta la supervisión continua de su funcionamiento y la responsabilidad de sus decisiones y efectos.

Si atendemos a las distintas capas de internet, cuanto más se asciende en la arquitectura digital desde la infraestructura física hacia las plataformas y la IA, menos eficaz resulta el control basado en autorizaciones administrativas y más necesario se hace un sistema de auditoría, trazabilidad, transparencia y supervisión algorítmica. Ya no se trata de regular un objeto, sino de poner límites a un sistema capaz de generar decisiones autónomas o semiautónomas. Y esto exige mecanismos de control continuado, además de los controles previos al acceso al mercado.

Los Estados no pueden imponer directamente una “auditoría permanente” dentro del algoritmo, pero sí obligar legalmente a que los sistemas IA incorporen mecanismos que hagan posible esa auditoría externa y esa supervisión. Tal como recomienda Moody’s, la eficiencia futura de la regulación de la IA dependerá menos de la capacidad de los Estados para autorizar previamente los sistemas y más de su capacidad para imponer estándares comunes de diseño, documentación, interoperabilidad, auditoría y supervisión continua (Norma ISO 5 también va en este sentido), verificables por autoridades independientes y coordinadas internacionalmente. Esperemos que los gobiernos europeos estén a la altura. La rapidez en el desarrollo y la competencia en la IA es de vértigo.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.

No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.

A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.

La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.

Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.

Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.

Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.

Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.

El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo. 

El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.

Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.

En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable. 

Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.

Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.

A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas. 

Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno. 

La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes. 

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.

España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.

La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.

Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.

“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon. 

La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.

Colombia afronta este miércoles una nueva jornada de búsqueda entre los escombros después de que el balance del terremoto que sacudió el oeste del país haya ascendido a al menos 254 muertos. La cifra procede de la suma de los recuentos de las autoridades de las zonas afectadas y vuelve a superar los datos difundidos por el Gobierno central, que mantiene por el momento 181 fallecidos y 2.595 heridos. Pereira, con 101 muertos, y Cali, con 95, concentran buena parte de las víctimas confirmadas.

El seísmo, de magnitud 7,4, se produjo el lunes a las 7.34 horas —hora local— y tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El terremoto ha sido el más devastador registrado en Colombia en lo que va de siglo y golpeó con especial intensidad el Eje Cafetero y el oeste del país, con importantes daños en Cali, Pereira, Manizales y distintas localidades de Chocó.

Los equipos de emergencia continúan trabajando contrarreloj para encontrar supervivientes. Bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos especializados han empleado grúas y excavadoras, pero también han retirado cascotes a mano durante la noche. Además, las operaciones se desarrollan bajo la amenaza de las réplicas.

La cifra de desaparecidos es todavía especialmente difícil de cerrar. El presidente, Abelardo de la Espriella, situó este martes en 195 el número recogido por el Gobierno, pero otros recuentos difundidos en las últimas horas hablan de más de 2.700 personas denunciadas como desaparecidas, en un contexto en el que familiares y ciudadanos están recurriendo también a plataformas y listados no oficiales para intentar localizar a sus allegados. Las dificultades de comunicación en algunas de las zonas más castigadas hacen prever que el balance tarde todavía en consolidarse.

La dimensión material de la catástrofe también continúa creciendo. Según las cifras facilitadas por De la Espriella, el terremoto ha dejado 1.136 viviendas destruidas y otras 8.357 averiadas, además de 48 edificios colapsados. También se han contabilizado daños en 85 centros sanitarios y unas 74 carreteras.

La situación es especialmente complicada en Chocó, cerca del epicentro, donde varias comunidades permanecen con problemas de electricidad, agua, combustible y comunicaciones. En algunas localidades apartadas, el deterioro de las carreteras y la propia geografía de la región están ralentizando tanto la llegada de ayuda como la evaluación de los daños. A última hora del martes todavía había tres aeropuertos cerrados y varias vías principales permanecían bloqueadas.

A la respuesta colombiana se suma la ayuda internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que la Unión Europea prepara dos millones de euros en ayudas para las comunidades de las zonas más afectadas por el terremoto. “Vamos a destinar 2 millones de euros para ayudar a las comunidades”, señaló la dirigente comunitaria.

Colombia ha activado además el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que permite coordinar el envío de asistencia por parte de los países participantes en situaciones de emergencia. Bruselas trabaja ahora con las autoridades colombianas para adaptar esa respuesta a las necesidades sobre el terreno. La Comisión ya había movilizado el servicio de satélites Copernicus para facilitar la cartografía de emergencia y la evaluación de las zonas afectadas.

La ayuda europea se incorpora a la movilización internacional iniciada tras el terremoto. Estados Unidos ha anunciado 15,5 millones de dólares destinados, entre otras necesidades, a refugio de emergencia, alimentos y evaluación de daños, mientras distintos países latinoamericanos han ofrecido personal y suministros.

Con las comunicaciones todavía interrumpidas en algunas localidades y las labores de rescate activas, las autoridades advierten de que la dimensión definitiva de la tragedia puede tardar días en conocerse. La prioridad continúa siendo localizar a quienes permanecen atrapados o desaparecidos y hacer llegar asistencia básica a las comunidades que siguen aisladas.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

¿Por qué la Comisión Europea no ha tramitado un requerimiento formal “Request for Information” (RFI) 1 en lugar de entrevistarse con Meta y TikTok dándoles un plazo hasta el lunes? No sé qué responder, pero creo que se debiera aclarar el porqué. La Comisión puede hacer ese requerimiento y debió hacerlo, en lugar de esperar dos días. Pues es posible que, sin la preservación de datos que conlleva, determinados contenidos, cuentas, metadatos o registros desaparezcan. Es como ofrecer al sospechoso dos días para ocultar las pruebas del crimen. Entonces, ¿por qué la Comisión se ha limitado a aconsejar que vigilen más las plataformas, en lugar de requerir judicialmente esa información? La situación es lo suficientemente grave, aún más cuando esa estructura parece haber migrado a lugares menos visibles de la red.

Las grandes tecnológicas están por la labor democrática, se ve en sus manifestaciones brazo en alto. Y hay cierta sintonía en los antiguos camaradas del Silicon Valley, pero yendo a lo concreto: el viernes la comisaria Henna Virkkunen se reunió con representantes de TikTok y Meta, al parecer para animarlos a que vigilen mejor las redes. Pero si esto es así y sólo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que si hay connivencia, esos datos desaparezcan.

Existe una Ley de Servicios Digitales, la “Digital Services Act” (DSA) que permite ese requerimiento y, seguramente, hay responsables a los que no hay rogar: “¿Porfa, decidnos qué ocurrió?”. Pues está claro, como parece derivarse de la investigación de Golden Owl 2, que se trata de una red organizada, y que si sigue ahí para volver a la carga las plataformas pueden decir muchas cosas. Por tanto, se puede y se debe exigir mediante RFI a TikTok y a Meta, no que incrementen la vigilancia, sino que identifiquen las primeras publicaciones relativas al desplazamiento a Ceuta, que identifiquen quién creó dichas cuentas, que reconstruyan la propagación, que determinen desde qué países actuaron esas redes, que identifiquen las cuentas que actuaron coordinadamente, qué cuentas amplificaron el contenido, que examinen los cambios habidos de administradores y nombres, que examinen cuándo se crearon los grupos, que comparen la actividad privada hasta donde jurídicamente sea posible, que conserven los registros antes de que puedan desaparecer los ciclos normales de retención (sin esto no hay nada), que comparen la información de Meta con la de TikTok y otras posibles plataformas intermedias, que, posteriormente, crucen la información obtenida con el socio comunitario España, es decir con las autoridades competentes para intentar delimitar cómo pasó y quién hay detrás de esto. Evidentemente, para luego poder pedir responsabilidades. El lunes será quizá demasiado tarde. Posiblemente, el maquillaje será tan bueno que tapará el cuerpo del delito.

La Comisión puede además ejercer su potestad de comprobar directamente los sistemas y registros de las grandes plataformas, las “Very Large Online Platforma” (VLOP), que funcionan en su territorio. Hay que tener en cuenta quién controla los datos europeos de TikTok y Meta y, además, los que se facilitan a Marruecos, con lo cual el gobierno marroquí también debería, pues no es socio comunitario, solicitar esa inspección por los cauces apropiados. Aunque TikTok pertenece a ByteDance, es necesario plantear qué empresa es responsable en Europa de los datos implicados. En este sentido, al igual que con Meta, requerir esa información a quien corresponda. Hay que tener en cuenta que pueden haber entrado en liza otras plataformas y otras redes, con lo cual la cosa se complica, pero igualmente bajo la DSA se puede actuar si se quiere.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Cualquier argumentación requiere razonamiento; por tanto, señores y señoras de la derecha y asociados, las conjeturas, para después.

La “nueva marcha verde”, la masiva llegada de casi 50.000 migrantes a Ceuta (casi todos regresados sin violencia), ha provocado duras críticas de la patriótica oposición y de algunos países. La acaecida durante la dictadura franquista, nadie alzó la voz; ahora, los valientes de salón atacan con toda la saña posible al Gobierno de nuestro país. Hay miembros de la Unión Europea, como de EEUU, aliado marroquí. Nada nuevo. Sánchez, culpable.

Marruecos dejó de ser protectorado español y francés hace 70 años; Franco todavía subyugaba a los españoles. Argelia se liberó de Francia en 1962. La evidencia colonialista es que dejaban sus posesiones hechas unos zorros y de aquellos polvos estos lodos. Marruecos y Argelia se miran con desconfianza desde hace cinco siglos, y las grandes potencias, ojo avizor, tomaron posiciones, como expertas en fomentar los enfrentamientos lejos de sus países.

Los rusos son socios —ahora en declive— de Argelia, y los norteamericanos, de Marruecos, cuya posición se reforzó tras el reconocimiento por parte de Rabat del Estado de Israel, país perejil de todas las salsas que se aderezan con sangre. Los judíos, simplemente, evitan las migraciones; las fulminan, como ocurre en Gaza. En su desfachatez, acusan a España de mantener enclaves colonialistas en el norte de África. Sánchez culpable.

Otros, como Francia, Italia o Finlandia, se han llenado la boca criticando el fracaso de las políticas migratorias de nuestro país. La desfachatez, propiciada por la derecha de esos países, y también por la del nuestro, es vergonzante.

Italia tiene una población irregular superior a las 600.000 personas; el modelo Meloni consiste en “empaquetarlas” hacia no se sabe dónde. En Francia se estima que hay unos 700.000 inmigrantes procedentes de países de África, con vínculos históricos con los galos; su modelo es el banlieue deprimida, la frontera interior. En España, según Funcas, se estimaban en torno a 800.000 personas en situación irregular, para las que se pretende articular una política digna: regularizarlas bajo determinadas condiciones. Eso va contra las prácticas de Estados Unidos, Italia y otros países. Estos prefieren lo inhumano; no tienen vergüenza.

Países como Finlandia y Suecia, tradicionalmente acogedores, han cambiado desde que sus gobiernos de derechas y centro necesitan a la ultraderecha y a los nacionalistas para gobernar; obviamente, las dudas se van aclarando y cada cual queda retratado.

El hoy irreconocible Estados Unidos, gobernado por el sátrapa Trump, tacha al Gobierno español de aplicar prácticas políticas de extrema izquierda; es más, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó a ABC y Fox News que España "compromete su propia supervivencia" si no cambia de rumbo. ¿Volverá EEUU a la normalidad? ¿Cuándo recuperará su 14ª enmienda?

Sus desvaríos y delirios muestran que las pruebas aportadas contra Zapatero por el Departamento de Seguridad de EEUU no son casualidad, sino causalidad. Sánchez, culpable.

Quienes abogan por el endurecimiento del control de las fronteras y la suspensión del Tratado de Schengen nos autorizan a soltar una gilipollez, como las que ellos dicen. Ahora que estamos hartos del turismo de borrachera y de medio pelo, es la oportunidad de arreglar el problema con los millones de ciudadanos de esos países que nos visitan con un incivismo superior al de los desgraciados de la nueva marcha verde. ¿Cerrar la frontera?

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Austria, uno de los países europeos que nunca llegó a abandonar el servicio militar obligatorio, quiere que sus jóvenes pasen más tiempo en el Ejército. El Gobierno de coalición formado por conservadores, socialdemócratas y liberales presentó el 27 de julio un proyecto para ampliar la prestación en tres meses, desde los seis actuales hasta un total de nueve. No obstante, los tres meses adicionales no se cumplirían de forma continuada, sino mediante un sistema de maniobras y ejercicios de reservista distribuidos durante los diez años posteriores al servicio inicial. La reforma se justifica por el deterioro de la seguridad europea y las amenazas derivadas de la invasión rusa de Ucrania, aunque también reabre el debate sobre la neutralidad histórica del país, según la información publicada por Mediapart.

El movimiento no supone exactamente la recuperación de la mili, porque en Austria nunca desapareció, pero muestra hasta qué punto el reclutamiento ha regresado a la agenda europea. Tras décadas profesionalizando sus ejércitos, los gobiernos vuelven a preguntarse cómo conseguir soldados suficientes para sostener una política de defensa cada vez más ambiciosa.

Ese debate avanza en paralelo al aumento del gasto militar. En 2025, la inversión en defensa de la Unión Europea alcanzó los 381.000 millones de euros, un 62,87% más que en 2020. España destinó alrededor de 34.000 millones a cumplir el objetivo del 2% del PIB acordado con la OTAN. Sin embargo, ese aumento no ha resuelto la dificultad para atraer y retener personal.

Alemania ha optado inicialmente por un sistema voluntario previsto para comenzar en 2026. Los jóvenes de 18 años deberán pronunciarse sobre su disposición a incorporarse a las Fuerzas Armadas y quienes respondan afirmativamente podrán realizar al menos seis meses de servicio. Aunque la obligatoriedad no forma parte del diseño inicial, la estructura permitiría ampliar el reclutamiento si no se alcanzan los objetivos previstos. En 2025, nueve de los 27 países de la Unión Europea contaban ya con algún tipo de prestación militar.

Bélgica ha recurrido directamente a los incentivos económicos. Su Ministerio de Defensa envió en noviembre de 2025 una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para ofrecerles un año de servicio voluntario, remunerado con alrededor de 2.000 euros mensuales. En un contexto de precariedad y problemas de acceso a la vivienda, el Ejército aparece así como una salida laboral financiada por el rearme. Los gobiernos evitan imponer el servicio militar, pero utilizan incentivos para cubrir puestos que no consiguen llenar por las vías habituales.

Francia también debate la recuperación de alguna forma de prestación. Un estudio de YouGov situaba en el 69% el porcentaje de franceses favorables a recuperar el servicio, frente al 59% registrado en Alemania, el 49% en Italia y el 43% en Reino Unido.

Otros Estados han ido más lejos. Lituania recuperó la obligatoriedad en 2015 y exige nueve meses de servicio a hombres de entre 19 y 26 años. Letonia hizo lo mismo en 2024 con una prestación de doce meses para hombres de entre 18 y 27 años, seleccionados mediante sorteo.

Suecia reimplantó en 2017 un modelo mixto y selectivo. Cada año incorpora a una pequeña parte de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad, hombres y mujeres. No moviliza a toda una generación, sino que escoge a quienes reúnen las condiciones que necesitan las Fuerzas Armadas. El sistema sueco se ha convertido en una referencia para ampliar las reservas sin asumir el coste de una mili universal.

Dinamarca también recurre al sorteo; Finlandia y Estonia mantienen la obligación para los hombres, y Grecia y Chipre nunca abandonaron el servicio. La proximidad de los países bálticos y nórdicos a Rusia ayuda a explicar por qué el servicio militar tiene allí una aceptación difícilmente trasladable al resto del continente.

La recuperación del servicio obligatorio tampoco garantiza por sí misma una mejora de la capacidad militar. Formar grandes contingentes exigiría más cuarteles, instructores, alojamientos y equipos, además de la manutención de miles de reclutas. Unos pocos meses, además, pueden resultar insuficientes para manejar sistemas cada vez más complejos.

El coste económico constituye una de las principales barreras para recuperar la obligatoriedad universal. También existe un coste social: interrumpir los estudios o el inicio de la vida laboral de una generación. En otro análisis publicado por infoLibre, el militar retirado Jesús Núñez ponía en duda que sumar reclutas implicase necesariamente una mayor capacidad militar y señalaba que el desarrollo tecnológico empujaba hacia ejércitos más reducidos y especializados. 

España permanece, por ahora, al margen de esta corriente. PSOE y Sumar rechazan recuperar el servicio obligatorio y el PP tampoco ha defendido deshacer una de las decisiones del segundo Gobierno de José María Aznar, que suspendió la mili hace ahora justamente 25 años. Vox es el único partido que ha planteado expresamente su regreso.

La vuelta sería jurídicamente posible porque el servicio fue suspendido, no eliminado completamente. La Constitución mantiene ese derecho y el deber de defender España. Por su parte, la ley de la carrera militar contempla la figura del reservista obligatorio. La posibilidad legal, sin embargo, no elimina el rechazo social.

Según una encuesta de YouGov, un 42% de los españoles apoyaba algún periodo de servicio militar obligatorio, frente a un 52% que lo rechazaba. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, los directamente afectados, el respaldo descendía al 34% y la oposición alcanzaba el 62%. La apoyaban el 69% de los votantes de Vox, el 49% de los del PP, el 35% de los del PSOE y el 24% de los de Sumar.

La discusión española se concentra más en las carencias del modelo profesional. Las Fuerzas Armadas tienen 116.739 integrantes frente al objetivo de alcanzar una cifra que se encuadre en el intervalo entre 130.000 y 140.000. El presidente del Observatorio de la Vida Militar, Mariano Casado, calcula que faltan entre 15.000 y 23.000 efectivos de tropa y reclama mejores salarios, condiciones de vida y salidas profesionales para atraerlos y retenerlos.

La decisión de Austria confirma que el servicio militar ha dejado de ser únicamente un recuerdo europeo. En algunos países nunca desapareció; en otros ha regresado mediante sorteos o sistemas selectivos, y en Alemania, Bélgica o Francia reaparece bajo fórmulas voluntarias e incentivos económicos.

Europa todavía no ha restablecido el reclutamiento masivo que dominó el siglo XX, pero el rearme está trasladando el debate desde los presupuestos hasta la población. Después de multiplicar el gasto y acelerar la compra de armamento, los gobiernos se enfrentan ahora a la cuestión más incómoda de cualquier política militar: quién debe incorporarse a los ejércitos, en qué condiciones y qué parte de su vida tendrán que entregar los jóvenes para sostenerla.

A veces los símbolos surgen de manera espontánea. Alguien detiene su mirada en una imagen que le atrapa, se alza ante ella y la deja prácticamente hipnotizada sin saber muy bien el motivo de ese trance, a continuación puede llegar a pensar que se trata de una advertencia, puede llegar a pensar que ese acto en sí ha conseguido desplazarla a un futuro próximo, y ahí es donde se conforman los símbolos. Los míos, en este caso, han llegado de la mano de la alegoría porque la fotografía que ha impactado en mi retina posee un significado literal (lo que veo) y un significado oculto (la idea real que me transmite).

Les invito a que la busquen, se trata de la plaza Schuman, ubicada en un barrio de Bruselas, flanqueada por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Servicio de Acción exterior de la Unión Europea. Los bruselenses la han bautizado como “la sartén más grande de Europa”. Parece ser que es fruto de una larga y fallida rehabilitación que, aunque no está concluida, ya la dan por fracasada. La imagen que ofrece es desoladora: sin vegetación alguna (tan solo unas estrechas jardineras), sin techados, sin asientos (mejor no aventurarse a detenerse), diáfana, sin alma (¿por qué no?). Si a esta plaza la revestimos de símbolos, representará una Comunidad Europea tan grande como yerma, tan gris y dura como débil, tan frustrada como ridiculizada, tan condenable como fea y tan sofocada como incendiada.

La plaza Schuman es la idea de que algunas cosas representan a otras. Un espacio como ese nos puede remitir a esos pensamientos, a los que con bastante frecuencia nos asomamos cuando la Europa en la que creemos no cumple nuestras expectativas, los de las promesas incumplidas y los esfuerzos infructuosos.

Esa fisonomía circular no armoniza con ninguna de las construcciones que la rodean, pero al menos es circular, y eso representa el tiempo y el espacio sin un principio ni un fin. Dicen que el círculo refleja el flujo constante del tiempo, el universo y el eterno retorno de la vida. Quizás Europa todavía pueda salvarse, y nosotros con ella.

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Rosa Ángeles Fernández es socia de infoLibre.

El 8 de agosto de 2025 empezó a aplicarse en toda la Unión Europea el grueso del Reglamento (UE) 2024/1083, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).

Lleva un año en vigor, pero, entre los medios que no lo aplican o tratan de eludirlo —la inmensa mayoría—, las administraciones que actúan como si no les afectase —sobre todo las comunidades autónomas— y la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez de tramitar a tiempo las leyes necesarias para que la norma desarrolle todo su potencial, el reglamento es, por ahora, poco más que papel mojado. 

Y eso que todos han tenido tiempo de sobra para prepararse y hacer las modificaciones legales oportunas, porque la norma recibió, hace ya dos años y cuatro meses, por abrumadora mayoría, el apoyo del Parlamento Europeo, en el trámite que supuso su aprobación definitiva.

El reglamento es una norma de aplicación directa. Eso significa que sus artículos obligan a los Estados y a los medios de comunicación, aunque el Parlamento español no haya tocado una sola ley nacional. No es una directiva que necesite transposición. Es un reglamento y, como tal, ya rige.

El artículo 6, por ejemplo, obliga a todos los medios a hacer pública su titularidad directa e indirecta, incluida la de quienes tengan influencia sobre sus decisiones estratégicas. Es decir, están obligados a decir quién manda, en última instancia, con nombre y apellidos, porque tiene el control de la propiedad.

Deben publicar también el importe anual de fondos públicos que reciben por publicidad estatal. Casi nadie lo está haciendo, al menos no con el grado de detalle, transparencia y accesibilidad que exige el reglamento europeo.

Los medios —públicos y privados— también están obligados, en virtud del mismo artículo, a adoptar medidas para blindar la independencia de las decisiones que toman sus periodistas. 

De acuerdo con esta disposición, todos los medios deben “garantizar que las decisiones editoriales puedan tomarse libremente dentro de la línea editorial” que siga un medio y “garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. El cumplimiento de este doble requisito —imprescindible para una buena praxis profesional— tampoco es la norma en España.

Otro asunto que regula el EMFA y está en vigor sin necesidad de adaptación legal afecta directamente a las empresas que miden audiencias (artículo 24), las que elaboran los datos que fijan el reparto de la publicidad. Desde hace un año, sus metodologías tienen que poder ser auditadas de forma independiente una vez al año y están, además, obligadas a entregar esa información a los medios y anunciantes que la pidan.

Abundan además las reformas legales que España no ha completado o incluso ni siquiera ha iniciado. El artículo 7 del EMFA obliga a los Estados a dotar de recursos a una autoridad reguladora nacional. El reglamento dice que “los Estados miembros garantizarán que las autoridades u organismos reguladores nacionales cuenten con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”.

En España, esa autoridad es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La paradoja es que, aunque Bruselas ya la reconoce como tal, el Gobierno todavía no le ha dado los medios que necesita para ejercer su papel. No la ha habilitado para poder cumplir sus nuevas funciones porque la ley que debe hacerlo está atascada desde hace un año en el Congreso.

Las comunidades autónomas deben hacer lo mismo: designar o crear órganos independientes para regular el cumplimiento del EMFA en sus respectivos territorios. Nadie lo ha hecho. Ningún gobierno autonómico está dispuesto, aparentemente, a cumplir el reglamento europeo.

Son varias las medidas derivadas del EMFA que necesitan un desarrollo legal y que ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han empezado siquiera a preparar. Como si no les afectasen. Quizá la más relevante de todas ellas es consecuencia del artículo 5, el que obliga a los Estados —lo que en casos como España incluye a las comunidades autónomas— a garantizar que los medios públicos —como RTVE, TVG, Canal Sur, À Punt y todas las demás radios y televisiones que se pagan con el dinero de todos— “sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional”.

El EMFA obliga, por tanto, a reformar las leyes para que el nombramiento y la destitución de sus directivos sigan “procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios”, que sus mandatos no coincidan con las legislaturas políticas y que su financiación se base en “criterios transparentes y objetivos, establecidos de antemano”.

No es una medida caprichosa. España lleva años ocupando los últimos puestos en dependencia política de los medios públicos en Europa.

Otra medida pendiente es la creación de una base de datos nacional que haga fácilmente accesible conocer la identidad de los dueños de todos los medios. Una tarea que el reglamento encomienda “a las autoridades u organismos reguladores nacionales u otras autoridades u organismos”. Es decir, la CNMC, que sigue sin esa competencia porque aún no hay una ley que se la atribuya, y sus equivalentes autonómicos, que ni siquiera existen.

Lo mismo sucede en relación con el establecimiento de normas para evaluar las fusiones y compras en el mercado de los medios (artículo 22 del EMFA) cuando puedan afectar al pluralismo, con criterios fijados de antemano y plazos conocidos por las partes. También forma parte del mismo proyecto de ley empantanado en el Congreso que afecta a la CNMC y al registro de medios.

Además, es obligatorio, desde hace 12 meses, que el dinero público destinado a publicidad institucional (artículo 25) se reparta con “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”, publicados de antemano, y que cada administración informe cada año de a qué medios ha pagado y cuánto. El reglamento solo exime a los ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes.

Hasta la fecha, solo están cumpliendo la transparencia a la hora de detallar a quién están entregando publicidad la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Sánchez, que ha empezado a hacerlo este año. Pero nadie, tampoco la Administración central, ha modificado o aprobado leyes para que el procedimiento de reparto de esa publicidad siga “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un proyecto de reforma de la Ley reguladora de la publicidad institucional, llamado a sustituir la ley de 2005 todavía en vigor. También esta iniciativa se ha quedado en el limbo.

También sigue atascado en el Congreso, de nuevo con escasas posibilidades de culminar su tramitación, el proyecto de ley que debe regular por primera vez en España el secreto profesional de los periodistas. El artículo 4.3 del EMFA prohíbe a los Estados obligar a un periodista a revelar sus fuentes, detenerlo o vigilarlo para identificarlas, o instalar en sus dispositivos “programas informáticos de vigilancia intrusiva”, la fórmula con la que el reglamento veta el uso de programas espía como Pegasus contra periodistas. Al estar recogido este derecho de forma expresa en la Constitución, los jueces vienen aplicándolo desde hace años, pero falta una norma que lo desarrolle formalmente, como exige el reglamento europeo.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó en junio de 2026 que España “active urgentemente” el reglamento. Reporteros Sin Fronteras fue más allá en su informe anual, publicado el pasado abril, y avisó de que, sin voluntad política, el EMFA corre el riesgo de quedarse en papel mojado.

Al incumplir el reglamento, España se expone a la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, un proceso legal que en teoría puede culminar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) con la imposición de millonarias sanciones financieras y multas coercitivas diarias hasta que se adapte el marco legal nacional. 

Más allá del severo impacto económico, el país afrontaría un grave coste reputacional dentro de la Unión al quedar señalado por socavar los estándares comunitarios de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección del secreto profesional de los periodistas, arriesgándose incluso a la congelación de fondos europeos mediante el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho.

La entrada en vigor, en agosto de 2025, del Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), prometía inaugurar una nueva era de luz y taquígrafos en el sistema comunicativo de la Unión. Y también en España, donde la opacidad es la norma. 

Sin embargo, casi un año después de que sus obligaciones se volvieran directamente aplicables sin necesidad de transposición nacional, el panorama de nuestro país ofrece una radiografía de resistencias, enlaces escondidos y silencios calculados. 

Los dos grandes pilares de la norma —la identificación accesible de los titulares reales y el detalle exhaustivo de la publicidad institucional— siguen siendo, para la mayoría de los grandes grupos y digitales nativos, una asignatura pendiente o aprobada con el mínimo esfuerzo formal.

El EMFA no deja lugar a interpretaciones creativas. En su artículo 6, el reglamento impone a los prestadores de servicios de medios de comunicación la obligación de hacer accesible, de forma sencilla y directa, información actualizada sobre su denominación legal, sus datos de contacto y, fundamentalmente, los nombres de sus titulares directos e indirectos y de sus beneficiarios reales. El objetivo es que los ciudadanos puedan detectar conflictos de intereses y comprender quién tiene la capacidad de influir en las decisiones estratégicas y editoriales.

Junto a la propiedad, el reglamento pone el foco en el dinero de todos. Los medios deben declarar el importe total anual de los fondos públicos destinados a publicidad institucional y los ingresos publicitarios recibidos de autoridades de terceros países. El espíritu de la ley busca evitar que los recursos públicos se utilicen como una herramienta de subvención encubierta o de castigo político, algo muy habitual y cada vez mejor documentado en el caso español. 

Pero la realidad, según revela el examen de la práctica totalidad de los medios en España que ha publicado infoLibre, es la de un sector que prefiere seguir moviéndose en las sombras de la autorregulación laxa o limitarse al mero cumplimiento burocrático ante una Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) que —por culpa de PP y Vox, que se niegan a darle trámite en el Congreso— sigue sin contar con la habilitación necesaria para exigir el cumplimiento de la norma europea.

Los grandes conglomerados audiovisuales y los diarios históricos de Madrid presentan los niveles más bajos de transparencia proactiva. Atresmedia, el grupo que lidera las audiencias con Antena 3 y laSexta, es un ejemplo de esta política de “información fraccionada”. Aunque se sabe que el control reside en la alianza entre el Grupo Planeta (familia Lara) y los italianos de De Agostini, nada de esta información es fácilmente accesible en las webs de sus canales. Atresmedia se limita a publicar datos incompletos en su web matriz, ignorando que el EMFA exige que la identificación sea directa para el destinatario del servicio.

En el caso de Mediaset España, la situación es de incumplimiento flagrante. Ni telecinco.es ni cuatro.com ofrecen rastro alguno sobre sus propietarios reales —los herederos de Silvio Berlusconi a través de Media for Europe (MFE)— ni sobre el dinero que reciben de las administraciones públicas. El grupo se beneficia de inversiones millonarias del Estado (más de 5,7 millones de euros en 2025 solo del Gobierno central), pero mantiene sus portales ciegos a la obligación de transparencia.

El bloque de la prensa tradicional no ofrece un mejor balance. Prisa (El País, SER) y Unidad Editorial (El Mundo, Marca, Expansión) recurren a una táctica similar: remitir al lector a la web corporativa del grupo y, desde allí, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la excusa de ser sociedades cotizadas. 

Este procedimiento vulnera el requisito de accesibilidad “sencilla y directa” del EMFA. Como resultado, un lector de El País no sabe, a menos que investigue por su cuenta, que el fondo Amber Capital o el millonario francés Vincent Bolloré son quienes tutelan el medio, ni cuánta publicidad institucional sostiene sus cuentas en un momento de deuda asfixiante. 

Vocento (Abc) aplica una receta idéntica, con enlaces diminutos al pie de página que no aclaran que el gestor Francisco García Paramés es hoy su primer accionista individual.

Frente a la opacidad total, los grandes grupos con fuerte implantación territorial como Prensa Ibérica y Godó han optado por un cumplimiento formal, pero de difícil acceso. Ambos han incorporado enlaces en el pie de sus portales, a menudo bajo epígrafes poco descriptivos, que conducen a una página de transparencia.

El Grupo Godó identifica así a Javier Godó como “titular real” de la propiedad, pero sin detallar el porcentaje exacto de acciones de los miembros de la familia en la compañía matriz. En cuanto a la publicidad institucional, declaran haber recibido más de 15 millones de euros en 2024 a través de sus distintas cabeceras (La Vanguardia, Mundo Deportivo, RAC1). Lo más revelador de este dato es que la suma más que cuadruplica los beneficios netos del grupo en ese ejercicio, evidenciando una dependencia crítica del dinero público.

Prensa Ibérica, bajo el mando de Javier Moll, declara una cifra récord: casi 38 millones de euros en publicidad institucional durante 2024 para sus 24 diarios. El grupo cumple formalmente con el EMFA, pero evita desglosar qué parte procede de cada Administración, aunque la comparativa con los datos del Gobierno central sugiere que la inmensa mayoría (más de 35 millones) emana de comunidades autónomas y ayuntamientos, donde sus cabeceras suelen ejercer posiciones de dominio.

El análisis de los diez principales nativos digitales en España arroja un veredicto de claroscuros extremos. Solo dos medios, infoLibre y publico.es, cumplen íntegramente con las exigencias de transparencia tanto en propiedad como en publicidad institucional. infoLibre destaca por mostrar un enlace prominente en su cabecera con la identidad de sus accionistas, el detalle anual de sus ingresos públicos –que en 2025 supusieron un 9,31% del total– y una declaración de intereses de sus directivos.

En el polo opuesto se sitúa el ecosistema de medios vinculados a la derecha y la ultraderecha. Okdiario.com, de Eduardo Inda, reconoce su propiedad de forma parcial pero omite porcentajes de otros socios. Sin embargo, ofrece un dato demoledor: en 2025 recibió más de 2,1 millones de euros en publicidad institucional estatal, una cifra seis veces superior a la de medios de gran audiencia, como eldiario.es. Otros portales como edatv.news (Javier Negre), vozpopuli.com o elindependiente.com guardan un silencio absoluto en sus webs sobre quién financia sus estructuras o quiénes son sus dueños reales, a pesar de que investigaciones externas vinculan a algunos de ellos con redes de contratos menores en administraciones del Partido Popular.

Eldiario.es, por su parte, se queda a medio camino. Aunque detalla quiénes trabajan en la redacción y poseen capital, no precisa los porcentajes exactos de propiedad. En cambio, sí es exhaustivo en la declaración de ingresos públicos, que representaron apenas el 2% de su facturación en 2025, según declaran. Elconfidencial.com también presenta un modelo híbrido, remitiendo a una web corporativa donde sí figura un accionariado repartido entre su fundador, José Antonio Sánchez, y otros inversores.

Un caso singular de resistencia al EMFA es el de Ábside Media, el holding de la Conferencia Episcopal (COPE y Trece). A pesar de financiarse en parte con el excedente del IRPF y recibir 2,4 millones en publicidad del Gobierno central, el grupo no publica quiénes son sus dueños últimos ni cuánto ingresa de las administraciones regionales y locales. La COPE contraviene así la norma europea en un momento de beneficios récord impulsados por su crecimiento en la radio generalista.

En el ámbito regional, grupos como La Voz de Galicia o Diario de Navarra ofrecen un grado de transparencia superior al de sus homólogos en Castilla y León. El diario gallego declara que su propietario es la Fundación Santiago Rey y que la publicidad institucional supone un muy relevante 16% de sus ingresos. Por contra, los grupos Promecal (Méndez Pozo) y Edigrup (familia Ulibarri) en Castilla y León mantienen una opacidad casi total, ocultando tanto la identidad de sus dueños —vinculados a procesos judiciales por corrupción— como las cuantías de las ayudas públicas que reciben de la Junta.

Uno de los mayores fallos en la aplicación del EMFA en España es la falta de detalle sobre el origen de los fondos públicos. Aunque el reglamento exige detallar “de quién” se recibe el dinero, la mayoría de los medios que declaran cifras lo hacen de forma agregada bajo el concepto de “administraciones españolas”.

Esta falta de desglose oculta realidades políticas significativas. Por ejemplo, en el caso de Vocento, el 83% de su publicidad institucional declarada no procede del Gobierno de España, lo que implica una dependencia masiva de gobiernos autonómicos y locales, mayoritariamente bajo control del PP en las zonas donde el grupo es hegemónico. Lo mismo sucede con Henneo en Aragón, donde su simbiosis con la televisión pública y el gobierno regional es total, pero sus páginas de transparencia omiten las cifras absolutas y el origen detallado de sus ingresos.

El panorama descrito revela que la transparencia en los medios españoles es todavía un ejercicio voluntarista y no una realidad institucionalizada. La mayoría de los prestadores de servicios de medios en España parecen confiar en que la falta de un organismo supervisor fuerte en estos primeros meses les permita prolongar su opacidad histórica.

El EMFA estableció en su día la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, conocido como el Media Board de la UE, para velar por la aplicación coherente del reglamento. Sin embargo, hasta que no se activen los mecanismos de seguimiento y las bases de datos nacionales sobre propiedad que el reglamento encomienda a las autoridades reguladoras (en el caso español, la CNMC), el ciudadano seguirá enfrentándose a un laberinto de cláusulas legales y enlaces invisibles. Mientras tanto, la información en España sigue teniendo dueños que prefieren no presentarse y financiadores públicos que no salen a la luz.

El Tribunal Supremo acaba de pedir a la Comisión Europea el dictamen motivado que emitió hace un año en el que consideró que el Gobierno de Aznar había incumplido la normativa comunitaria al prorrogar la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin concurso público para después privatizarla. La petición se produce en el marco del proceso judicial iniciado por la asociación de transportistas Apetamcor para que el Gobierno de España rectifique de oficio aquella prórroga y la anule, para lo que el Supremo considera que la valoración de la Comisión Europea puede ser relevante. Ahora será el propio Ejecutivo comunitario el que decida si entrega ese dictamen a la justicia española o si la normativa europea permite mantenerlo confidencial.

Hace un año la Comisión Europea hizo público que acababa de alcanzar un dictamen motivado —cuyo contenido concreto no reveló— en el que instaba a España a respetar la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público había incumplido dicha normativa. Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea.

En un primer auto del mes de mayo, el Supremo rechazó que Apetamcor pudiese pedir ese dictamen como una ampliación del expediente administrativo que elaboró el Gobierno de España sobre su petición de revisión de oficio de la prórroga. El Supremo admitía entonces la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. Pero ahora el Supremo sí acepta otra vía empleada por Apetamcor para tratar de acceder al dictamen, ya no como ampliación del expediente que obre en poder del Ejecutivo español sino dentro del periodo de prueba que pueden abrir las partes antes de que el tribunal emita sentencia.

Para ese periodo de prueba Apetamcor pidió que se aportase no solo el expediente del Gobierno de España sobre su petición de revisión, sino también y al margen el dictamen de la Comisión Europea. El Estado y Audasa volvieron a oponerse insistiendo en que es confidencial hasta que termine el procedimiento de infracción de la UE, pero el Supremo tiene una visión distinta.

Si antes el tribunal no consideraba el dictamen parte del expediente del Gobierno de España sobre la petición de Apetamcor, ahora, según un auto del 22 de julio, sí considera que como prueba “no puede considerarse ni impertinente ni inútil”. Según dice, con esa “prueba” que solicita Apetamcor “pretende acreditar que la prórroga acordada” cuya revisión solicita “es contraria a la normativa europea, cuestión esta que no está desvinculada del objeto de este procedimiento”. El Supremo admite que el dictamen por sí mismo no anula la prórroga, pero “eso no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas” cuya revisión de oficio solicitó Apetamcor.

Esto es, igual que en el ámbito comunitario el dictamen puede ser empleado por la Comisión Europea para iniciar un procedimiento contra España en el Tribunal de la UE, a nivel estatal el Supremo también puede tenerlo en cuenta para decidir si el Gobierno de España debe revisar de oficio la prórroga.

El Supremo considera pertinente la petición de Apetamcor del dictamen europeo como una prueba más a tener en cuenta en el proceso judicial, pero dice que las valoraciones sobre si el documento se debe mantener o no confidencial “corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal”. Así que su decisión es enviar un oficio a la Comisión Europea “para que valore si procede o no”, de acuerdo con la normativa comunitaria, “remitir el dictamen motivado que se solicita como medio de prueba”.