Italia es el último Estado miembro de la UE en incorporarse al nuevo impulso de la energía nuclear. Se suma así a un grupo creciente de países que, en los últimos tiempos, han roto con la tendencia favorable al cierre de estas plantas surgida tras la catástrofe japonesa de Fukushima. Polonia construye sus primeras instalaciones nucleares, mientras Francia, Suecia, Bulgaria o Chequia impulsan planes para ampliar su parque con nuevos reactores y Bélgica ha dado marcha atrás en su calendario de desmantelamiento.

Una nueva era de la energía nuclear emerge en la Unión Europea. Para este verano, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé introducir el marco legal que permitirá el regreso de la nuclear a Italia, desaparecida del país desde que un referéndum celebrado en 1987, tras la catástrofe de Chernobyl. aprobó el cierre de sus reactores. La coalición ultra liderada por Meloni se centrará en los llamados SMR, pequeños reactores nucleares modulares, la tecnología que ahora mira con interés Bruselas.

La Comisión Europea presentó hace unos meses la Estrategia Inversora en Energía Limpia en la que, además de movilizar millones hacia las renovables e incentivar la autogeneración de los propios consumidores, se decantó claramente por el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares a principios de 2030 en los países de la UE. Bruselas prometió 200 millones de euros en los próximos tres años para apoyar estas tecnologías.

Son reactores construidos en fábricas y transportados hasta su punto de instalación, que pueden producir de 10 a 300MW de electricidad, empleando diferentes refrigerantes como la sal fundida, metales líquidos o gas a altas temperaturas. Con un coste inferior al de los reactores tradicionales, sobre los 1.000 y 4.000 millones de euros frente a los 9.000 o 15.000 millones, la Comisión los considera un “componente clave” para los países que quieran mantener la nuclear dentro de su mix energético, especialmente en distritos urbanos o grandes industrias, como la química, la siderúrgica o la refinera.

Una intervención de Ursula von der Leyen hace dos meses en París, durante la Cumbre de la Energía Nuclear, resume la posición actual de la Comisión. La presidenta del Ejecutivo comunitario argumentó que "Europa no es un productor de petróleo o gas" y que, en materia de combustibles fósiles, depende por completo de "importaciones volátiles y caras", lo que sitúa al continente en una desventaja estructural frente a otras regiones. "Tenemos fuentes energéticas propias de bajas emisiones de CO2: la nuclear y las renovables", prosiguió la política alemana ante el presidente francés, Emmanuel Macron, equiparando ambas energías como garantes conjuntos de la independencia y la competitividad europeas.

Mientras que en los años 90 un tercio de la electricidad producida en el continente procedía de la nuclear, en la actualidad representa alrededor del 15%. Para Von der Leyen, esa evolución fue "un error estratégico" que alejó a Europa de fuentes bajas en emisiones, asequibles y seguras. Actualmente, 12 Estados miembros, entre ellos España, operan plantas nucleares, con cerca de un centenar de reactores en funcionamiento en el conjunto de la UE. La situación, sin embargo, difiere mucho según los países.

A ese grupo se sumarán Polonia y, si la oposición o la sociedad civil no frenan los planes de Meloni, también Italia. Incluso Alemania, que completó el cierre de sus centrales, ha reabierto el debate político: su canciller, Friedrich Merz, considera, como Von der Leyen, que abandonar la nuclear fue "un grave error estratégico". En Baviera, los dirigentes regionales presionan además al Gobierno federal para construir pequeños reactores modulares en la región.

España avanza en sentido contrario a este nuevo impulso nuclear. El país mantiene el calendario de cierre de sus centrales y el actual Gobierno rechaza las llamadas del sector y de partidos como el PP o Vox a prolongar la vida de esta energía. La apuesta del Ejecutivo es clara: la autosuficiencia energética y la transición hacia fuentes no emisoras de CO2 pasan por las renovables —especialmente la solar y la eólica— y, a medio plazo, por el hidrógeno verde.

En esa estrategia se enmarcan los siete grandes valles industriales de hidrógeno verde que han obtenido 1.200 millones de euros de los fondos Next Generation. La potencia esperada superará los 2.000 MW, una capacidad muy superior a la de un pequeño reactor nuclear por un coste similar.

Estas inversiones profundizarán el mix energético verde español, que ya obtiene más de un 50% de su electricidad consumida desde fuentes limpias. La eólica y la solar son los principales motores de esta transición, aunque la hidroeléctrica generada en los embalses mantiene una considerable aportación. En la actualidad, sólo un 25% de la energía que consumen hogares, industrias, comercios o edificios procede de hidrocarburos.

La transición renovable en España empuja fuera del mercado al petróleo y al gas, mientras que el carbón es ya prácticamente inexistente y la nuclear genera algo menos de la quinta parte de la electricidad consumida. Este mix contrasta con el italiano, donde casi el 60% de la electricidad consumida procede de combustibles fósiles, según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de la Energía. Aunque desde 2023 se han instalado más de 200 kWh de potencia solar, la energía eólica sigue representando en Italia una fuente ínfima de la electricidad consumida, apenas una décima parte de la procedente de combustibles fósiles en 2025.

Italia, por tanto, podría aprovechar y apostar con decisión por las inversiones renovables para reducir su dependencia exterior de los hidrocarburos, procedentes de Oriente Medio o del norte de África, con Argelia como su mayor proveedor de gas y Libia en aumento. Sin embargo, Meloni ha situado también la nuclear en el centro de su estrategia. Recientemente, en el Senado italiano, la primera ministra destacó que "el Gobierno, desde el principio, ha trabajado sobre la cuestión energética, empezando por el gas y por la energía nuclear", y anunció que este verano se aprobarán los procedimientos necesarios para reintroducir la producción nuclear.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea destacaban en privado, tras la publicación este jueves de las previsiones económicas de primavera, que España  “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, gracias a “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas”. Esta crisis, según estas fuentes, afectará a España “a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios si la crisis energética no se soluciona”, pero en menor medida que a países mucho más dependientes de la importación de hidrocarburos, como Italia.

Los datos macro validan la apuesta renovable española ya que su PIB crecerá un 2,4% este año, el triple que una economía italiana dominada en pleno 2026 por los combustibles fósiles y por encima también que la francesa, donde la nuclear aporta sobre el 65% de la electricidad.

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

El Parlamento Europeo retiró este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para que el Tribunal Supremo pueda continuar investigándole por supuesto delito electoral y financiación irregular de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF).

Es la segunda vez que el pleno del Parlamento Europeo vota a favor de un suplicatorio solicitado por el alto tribunal español después de que hace apenas tres semanas también diese luz verde a que el líder de SALF pueda ser investigado por un presunto delito de acoso hacia la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

En este caso, el hemiciclo al completo avaló en un voto a mano alzada el informe redactado por la francesa Pascale Piera, de la Agrupación Nacional (RN) de Marine le Pen, quien valoró que los hechos por los que se investiga a Pérez tuvieron lugar antes de que fuese eurodiputado y no considera que la acusación busque perjudicar su actividad política.

La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

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Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

La académica que acuñó el concepto que explica cómo Europa regula el mundo sin tener casi ninguna empresa tecnológica relevante —el llamado efecto Bruselas— llegó este miércoles a Barcelona con un argumento que incomoda a quienes llevan meses pidiendo desmantelar las leyes digitales europeas. Anu Bradford, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Columbia, dijo ante el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que el problema de Europa no es que regule demasiado. El problema es que no tiene un mercado único de verdad, que carece de capital para financiar a sus propias empresas y que lleva décadas sin saber cómo atraer talento global. Algo que, por cierto, tiene ahora una oportunidad única de cambiar, defendió.

La distinción importa porque en Bruselas y en varias capitales europeas ha ganado fuerza en los últimos meses la tesis de que regulaciones como el RGPD —la ley de protección de datos— o la Ley de Inteligencia Artificial frenan la innovación y explican el retraso tecnológico de Europa frente a Estados Unidos. Bradford no lo cree. “Europa no necesita pensar que el modelo impulsado por los derechos la está frenando“, dijo en su conferencia de este miércoles en la capital catalana. Lo que la frena, argumentó, son cuatro problemas estructurales que ninguna desregulación va a resolver.

El primero es la fragmentación del mercado interior. Europa tiene 27 mercados nacionales con idiomas distintos, culturas distintas y a menudo regulaciones distintas. Una empresa tecnológica española que quiera crecer necesita adaptarse a cada uno de ellos, lo que encarece y ralentiza cualquier expansión. El Banco Central Europeo ha calculado que esa fragmentación equivale, en términos prácticos, a un arancel del 60% para el comercio de bienes entre países europeos y del 100% para los servicios. “Estas no son las barreras comerciales de Trump”, señaló Bradford. “Son las nuestras”.

El segundo problema es el capital. Cuando una startup europea supera la fase inicial y necesita financiación para crecer, no la encuentra en Europa. Tiene que acudir al capital riesgo estadounidense o venderse a una gran tecnológica americana. Solo el 5% del capital riesgo mundial está en Europa. Estados Unidos concentra más del 50%. China, el 40%. “No es el RGPD lo que nos frena”, insistió Bradford. “Necesitamos una unión integrada de mercados de capitales para que una empresa española pueda recaudar dinero de inversores en Alemania o Suecia”.

El tercer obstáculo es cultural y legal a la vez. En Europa, fracasar en un negocio tiene consecuencias que pueden durar décadas. El sistema legal es punitivo y el estigma social que rodea al fracaso empresarial desincentiva asumir los riesgos que requiere innovar en la frontera tecnológica. En Estados Unidos, un emprendedor que ha pasado por la quiebra puede presentarse ante inversores con su siguiente proyecto y obtener financiación porque “está trabajando en cosas grandes”. En Europa, ese emprendedor tiene pocas posibilidades de conseguirla.

El cuarto factor es el que Bradford considera más urgente ahora mismo, y también el que abre la oportunidad más interesante. Desde 1945, la gran ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología no ha sido solo el dinero ni las universidades. 

Ha sido la capacidad de atraer talento de todo el mundo y retenerlo. Más de la mitad de las startups estadounidenses valoradas en más de 1.000 millones de dólares tienen un fundador inmigrante. Bradford citó la lista de nombres que cualquier lector reconoce: Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio; Jeff Bezos, cubano de segunda generación; Sergey Brin, cofundador de Google, ruso; Jensen Huang, cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán.

Esa ventaja, dijo Bradford, se está erosionando. La administración Trump ha convertido la restricción a la inmigración en una política central de gobierno, y las consecuencias ya son visibles en los datos. El año pasado, el número de investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo que eligieron Estados Unidos como destino cayó un 80%. Las universidades americanas registraron entre un 30% y un 40% menos de matrículas de estudiantes extranjeros. “Mi pregunta es: ¿a dónde va ese talento? ¿Y están los europeos preparados para desplegarles la alfombra roja?”

Bradford llamó a esto un “momento Sputnik”, en referencia al shock que supuso para Estados Unidos en 1957 que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial. Aquel momento aceleró la inversión americana en ciencia, educación e ingeniería. Ahora sería Europa quien podría beneficiarse del repliegue americano. Si tuviera la ambición de hacerlo, claro.

El argumento de Bradford se construye sobre una arquitectura conceptual que lleva años desarrollando. Hay tres grandes potencias digitales en el mundo, a las que llama “imperios”, y cada una exporta algo diferente. Estados Unidos exporta poder corporativo privado: empresas como Meta tienen más de 3.000 millones de usuarios en más de 160 países, y a través de ellas exporta su modelo regulatorio, que confía el gobierno de la tecnología a las propias empresas tecnológicas. 

China exporta infraestructura: cables submarinos, redes 5G, centros de datos, tecnologías de vigilancia construidas a lo largo de lo que llama la Ruta de la Seda Digital, que llega a Asia, África, América Latina y partes de Europa. Y en esas infraestructuras va incorporado el modelo autoritario chino.

Europa exporta normas. Las leyes europeas encuentran su camino fuera del continente porque ninguna empresa global puede permitirse quedar excluida del mercado europeo. Al final, les resulta más barato aplicar la regulación europea en todo el mundo que gestionar regímenes distintos en cada país. Así funciona el efecto Bruselas, que Bradford describe como “la capacidad unilateral de la UE para regular el mercado global”. El RGPD se ha convertido, en la práctica, en la ley global de privacidad de muchas grandes tecnológicas. La pregunta ahora es si lo mismo ocurrirá con la regulación europea de la inteligencia artificial.

Los tres modelos conviven y compiten en los mismos mercados. Bradford explicó que no hay tres esferas de influencia claramente separadas: en un mismo país africano o latinoamericano coexisten empresas tecnológicas estadounidenses, infraestructuras digitales chinas y regulaciones de inspiración europea. El conflicto entre los imperios se libra, al mismo tiempo, en ese terreno superpuesto.

La tensión más nueva y más aguda es la que enfrenta a Europa con la Administración Trump. No es una tensión nueva en su origen —el choque entre el modelo americano, centrado en el mercado, y el modelo europeo, centrado en los derechos, viene de lejos—, pero ha alcanzado una intensidad diferente. Cuando las grandes tecnológicas americanas no lograban frenar solas las ambiciones regulatorias europeas, encontraron un aliado inesperado en Washington. La Casa Blanca ha advertido a Europa que si sigue aplicando sus regulaciones digitales habrá consecuencias arancelarias. Con eso, dijo Bradford, “la regulación digital se ha geopolítizado”.

La presión es difícil de sostener porque no es solo comercial. Estados Unidos también ha insinuado que podría revisar sus garantías de seguridad hacia Europa, y ahí sí hay dependencias profundas. “La disposición de los europeos a seguir aplicando sus derechos digitales está vinculada a la pregunta más amplia de si Europa puede defenderse sin que América esté de su lado“, reconoció Bradford.

Pero cediendo tampoco se resuelve nada, añadió. Si Europa abandona una investigación contra Apple para evitar aranceles, lo que hace es establecer una dinámica en la que la próxima exigencia llega al día siguiente. “Eso simplemente no es sostenible”.

En el coloquio posterior, Bradford amplió su análisis hacia un terreno menos estudiado: la batalla por el relato sobre la inteligencia artificial. Citó informaciones recientes según las cuales ejecutivos de OpenAI y del fondo de inversión Andreessen Horowitz habrían financiado campañas en redes sociales para difundir mensajes favorables a la IA americana y contrarios a la IA china, pagando a influencers para distribuirlos.

Bradford consideró que eso forma parte de una estrategia deliberada de las grandes tecnológicas para usar el argumento de la “carrera de la IA” como herramienta de presión. “Si nos regulas, China nos vencerá”. Ese mensaje, dijo, está ganando tracción en Europa y está alimentando la narrativa de que regular es equivalente a perder. “Europa está perdiendo la narrativa en relación con sus propias empresas y ciudadanos si cede demasiado a esta idea”.

Bradford alertó también del riesgo de que el modelo de Meta —que cambió sus políticas de moderación de contenido en cuanto percibió que la nueva Casa Blanca le daba libertad para hacerlo— sirva como ejemplo de lo que ocurre cuando se confía en el autocontrol corporativo. “Cuando las empresas ajustan sus principios a los vientos políticos, tenemos menos razones para confiar en lo que dicen”.

La carrera europea, concluyó Bradford, no debería librarse en la capa de los grandes modelos de IA —esa competición por construir los sistemas más potentes y más intensivos en energía—, sino en la capa de las aplicaciones: cómo la inteligencia artificial mejora la sanidad, la educación, la productividad. “Ahí los europeos no tienen una desventaja inherente”.

“El 21 de abril de 2026, Aws al Naasan, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza por parte de un reservista israelí justo por fuera de la puerta oeste del instituto masculino de Mughayir, donde estudiaba, en la Cisjordania ocupada. El chico se desplomó al instante, sangrando abundantemente. Se oyeron más disparos mientras sus amigos corrían a su lado, lo levantaban y lo sacaban de la línea de fuego, dejando un rastro de sangre a lo largo del muro del instituto”. Así relató eldiario.es, el 5 de mayo, el asesinato de un niño palestino, uno más de los 20.000 que desde octubre de 2023 han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos judíos. Ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, las dos regiones que componen Palestina.

La inhumanidad, el salvajismo, la crueldad que demuestran el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y los suyos alcanza cotas inimaginables y les pone, por los métodos y objetivos, próximos al nazismo que asoló a su pueblo entre 1933 y 1945. Desde el alto el fuego que negoció Estados Unidos y que, supuestamente, se inició el 10 de octubre de 2025, se cuentan 828 palestinos asesinados por el ataque de las tropas israelíes. Esta cifra lleva a alcanzar la de 72.000 víctimas desde octubre de 2023. En su gran mayoría, son civiles. Las violaciones a la tregua que cada día comete el ejército israelí han supuesto que Israel haya alcanzado el control de casi el 64% de la Franja. Lo ha hecho desplegando tropas adicionales, y llevándose por delante todo lo que obstaculiza su propósito, que no es otro que el de la ocupación permanente de Palestina a fin de hacer imposible la realidad de los dos estados, que niegan y denostan.

El instrumento utilizado tiene nombre en la normativa internacional: genocidio. Atendiendo al derecho penal internacional y al nacional, se trata de un crimen que exige la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante la matanza de sus miembros (más que acreditado); lesiones graves a la integridad física o mental y sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que lleven a su destrucción física, total o parcial. Analizando lo que Israel está haciendo en Gaza, vemos que todo apunta exactamente a esto: mediante la matanza de sus miembros (hecho más que acreditado) lesiones graves a la integridad física o mental inferidas de forma masiva, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan acarreado su destrucción física, total o parcial.

Pero, además, operativamente, se estrecha de forma paulatina, pero constante, el territorio palestino, se atacan objetos bajo protección internacional, se obliga a las personas a abandonar sus hogares para luego bombardearlas en las zonas a las que son enviadas, se arrasan las poblaciones con el fin de condenar a la miseria a los habitantes. El hambre y la sed se usan como arma, y, además, los francotiradores disparan cuando se trata de obtener alimentos.

Por supuesto, es preciso hacer memoria ante los acontecimientos que los perpetradores desarrollan, desde el hecho inicial de un atentado execrable en octubre de 2023, hasta el momento actual. La respuesta de Israel excedió todos los límites, tanto en el número de víctimas como en el de los medios empleados y la sistematicidad de las acciones, así como en la vulneración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario. El ojo por ojo y el diente por diente se tornó en una mera anécdota en contra del pueblo palestino.

La justicia internacional, salvo excepciones, y desde siempre, se ha enfrentado a un cúmulo de dificultades, dada su propia configuración, para hacer frente a las más graves vulneraciones. No es nada fácil su labor.  

Es como un viejo y decrépito mecanismo legal mal engrasado, lento y lleno de dificultades logísticas y jurídicas que le impiden actuar eficazmente frente a este tipo de crímenes, especialmente cuando son cometidos desde determinados escenarios de poder y los perpetradores cuentan con el patrocinio o auspicio de ciertos gobernantes poderosos. Pero es el único instrumento que los sistemas democráticos, después de muchos años, han conseguido diseñar para hacer frente a los crímenes atroces y proteger a sus víctimas.

El 21 de noviembre de 2024, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo haber privado intencionalmente a la población civil de Gaza de alimentos, medicinas, agua y electricidad, así como asesinato, persecución y otros actos inhumanos. El 25 de abril de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó cancelar las órdenes emitidas señalando que la petición de Israel para suspenderlas quedaba rechazada "por irrelevante".

Netanyahu evita viajar a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma y ha recurrido a rutas aéreas no estándar para esquivar los espacios aéreos francés y español, aunque alguno, como la Hungría de Orbán evitó cumplir esa orden y propuso salir del Estatuto de Roma, medida revocada tras su derrota electoral reciente. En todo caso, conviene tener fresco el dato de que, en los 77 años de existencia de Israel, ni un solo funcionario de esa nacionalidad ha rendido cuentas por los crímenes contra el pueblo palestino.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia se puso en movimiento por iniciativa de Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023. Varios países se sumaron, entre ellos España. Se trataba de demostrar algo que, aunque parezca mentira, es muy difícil: averiguar si Israel ha cometido y comete un genocidio. Las advertencias y admoniciones realizadas por la Corte para que el agresor cesara en su acción, protegiendo a la población civil, no han sido atendidas. Una vez más las autoridades israelíes se burlan de la justicia internacional incumpliendo las medidas cautelares impuestas.

Inicialmente, la Unión Europea no tomó ninguna medida en contra de Israel. Solo tres países, España, a través del presidente del Gobierno y los respectivos presidentes de Irlanda y Eslovenia, a los que se sumó Luxemburgo en febrero de 2024, pidieron sanciones económicas en contra de Israel. Tiempo después, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso también sanciones contra Israel —incluyendo la suspensión del componente comercial del Acuerdo de Asociación UE-Israel, valorado en 227 millones de euros— ante el agravamiento humanitario en Gaza. Sin embargo, reconoció que aprobar sanciones sería difícil, "dadas las divisiones entre los Estados miembros".

En julio de 2025, la Comisión intentó suspender el apoyo financiero a Israel a causa del bloqueo de suministros humanitarios a Gaza, pero la iniciativa fue boicoteada por Alemania, Hungría y la República Checa. Israel, entre 2021 y 2024, había recibido 32 millones de euros bajo el programa de buena vecindad, además de 1.110 millones vía Horizon Europe, con empresas vinculadas al ejército israelí entre las beneficiarias. Así han sido las cosas.

El 2 de abril de 2026, tres europarlamentarios españoles del PSOE hicieron sendas preguntas interpelando a la Comisión sobre sus "dobles estándares" con Israel, inquiriendo si ha "mantenido una posición coherente con Israel ante sus constantes violaciones del derecho internacional" y qué acciones adoptará para cumplir los anuncios de sanciones contra ministros israelíes. La respuesta no se conoce aún, aunque es previsible que evite la confrontación con Israel y derivará la responsabilidad hacia el Consejo. En definitiva, ponerse de perfil.

El pasado miércoles 6 de mayo, La Vanguardia publicó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Irlanda y Eslovenia, ha instado a la Comisión Europea a proteger a personas vinculadas a la justicia internacional sancionadas por el Gobierno estadounidense. Sánchez solicitó la activación inmediata del Estatuto de Bloqueo, que es el principal instrumento de la Unión Europea para neutralizar los efectos de sanciones extranjeras en territorio de Europa.

Estados Unidos ha sancionado en sucesivas rondas a 11 jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional a partir de febrero de 2025, y en julio de ese mismo año, empezó a aplicar estas medidas contra la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

Sin embargo, dudo mucho que este nuevo requerimiento del presidente español sí sea atendido. Esta es la vergüenza occidental que identifica a quienes, mirando hacia otro lado, contribuyen como verdaderos cómplices a lo que está pasando. 

Es sabido que la acción de la justicia, cuando llega, lo suele hacer demasiado tarde; esta realidad, cuando se trata de crímenes masivos, se hace más grave y desesperante, ante la indiferencia generalizada de una sociedad insensible a lo que ocurre más allá de los límites del cómodo estatus en el que vive. Con demasiada frecuencia permanecemos impasibles ante la muerte en directo de miles de inocentes bajo las bombas o por el cerco organizado para que la población no pueda ser asistida en sus necesidades básicas. Nos justificamos con un “no puedo hacer nada”, “no es mi problema”, y pasamos a lo siguiente. 

Celebramos, algunos, la orden de detención solicitada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional y adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, pero, probablemente, no preocupa demasiado su no ejecución. Los interesados no parecen especialmente preocupados, porque su socio principal, el poderoso presidente norteamericano Donald Trump, les asiste y hace el trabajo sucio ejerciendo de emperador para el que no rigen las leyes internacionales contrarias a su voluntad, y procede, a través de sanciones económicas injustas, contra jueces y fiscales de la CPI por atreverse a molestar a sus aliados. Mientras, en la UE, salvo aquellos tres países citados, el silencio es escandaloso, a pesar de que sus miembros son a la vez Estados parte del Estatuto de Roma, que rige aquel tribunal.

Esta realidad, todo esto, hace que me cuestione la necesidad de un sistema de derecho que permite, con el consenso político y la pasividad de la justicia, una impunidad de facto que ampara a los máximos responsables de la debacle criminal en que vivimos. Y pienso que la justicia ha pasado a ser una mera anécdota, o incluso un inconveniente perturbador que debe ser eliminado o solo utilizado según los intereses de los agresores. Pero, después de este primer impulso, recapitulo y afirmo que el derecho, por cuya supervivencia siempre he luchado, es la tabla de salvación que nos mantiene a flote, la única posibilidad de estabilidad en el momento actual.

Porque, frente a quienes defendemos esta posición, los enemigos de la democracia practican, sin ningún reparo, la abolición de cualquier barrera jurídica que no coincida exactamente con la voluntad de quien pone en marcha estas agresiones, ya sea Rusia, Estados Unidos, Israel o cualquier otro país. Es la visión totalitaria y autoritaria del poder, mero simulacro de democracia al convertir a esta en puro abuso, que a corto plazo desespera, a medio, frustra y a largo plazo destruirá el propio sistema democrático y el Estado de derecho. 

Entre estos enemigos no hay que olvidar —y denunciar— que figuran también compañías como Microsoft, Alphabet y Amazon, aparte de las grandes multinacionales armamentísticas que nutren la maquinaria de destrucción y aniquilación de la guerra. Albanese explicaba en su informe de junio de 2025, cómo estas firmas “estaban habilitando y beneficiándose de la ocupación de los territorios palestinos y del genocidio de Gaza”.

Lo he dicho ya desde estas mismas páginas: es el momento de exigir al Gobierno que proceda; que prescinda, por supuesto, de los burdos ataques de una oposición sometida a la ultraderecha y, al parecer, ligada a intereses de Israel; y que trabaje en la dirección que marcan los derechos humanos.

El 22 de julio de 2025, la fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al fiscal general que se procediera a la incoación de unas diligencias preprocesales para investigar los hechos que estaban aconteciendo en Gaza y que constituirían graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y, por ende, crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal.

La autorización se produjo en septiembre y, en la actualidad, esa investigación avanza en cooperación con la Corte Penal Internacional, extendiéndola al asalto por la armada israelí a la primera Flotilla Global Sumud en aguas internacionales, lo que ha supuesto la comparecencia de diversas víctimas en la Audiencia Nacional. En esta instancia, la Unidad de DDHH y Memoria Democrática ha recibido declaración a los componentes españoles como víctimas, con todas las garantías y en búsqueda de los elementos necesarios para colaborar con la CPI y, a resultas de lo que derive de aquella, iniciar otras acciones.

Y ello a pesar de las limitaciones casi insalvables que supone la actual legislación que, en 2014, con el gobierno del Partido Popular, laminó la aplicación del principio de jurisdicción universal para la investigación de crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra; que, por cierto, tampoco ha sido modificada hasta la fecha en la actual legislatura, a la espera de la conclusión de su tramitación parlamentaria en el Congreso. 

Esta valiente actuación de la Fiscalía española es digna de resaltar porque supone la interpretación de la ley en favor de las víctimas de crímenes atroces, otorga verdadero sentido al principio de protección universal de las mismas y pone a quienes la impulsan en el lado correcto de la historia.

Las víctimas y la ciudadanía comprometida y solidaria constituyen la fuerza más formidable que existe. Les impulsa el mismo sentimiento que ha llevado a miles de ciudadanos, en los puntos más dispares, a manifestarse por tales sucesos y reclamar el fin del genocidio y el castigo de los culpables.

En el momento en que escribo estas líneas, Israel mantiene detenidos a dos activistas de la Flotilla Global Sumud para Gaza, de nacionalidad española y brasileña respectivamente. Los detenidos son acusados de pertenecer a una organización “terrorista”. Los Gobiernos de España y Brasil han alzado la voz denunciando esta agresión por parte de Israel y consideran ilegal la interceptación de la nave y la detención de los activistas en aguas internacionales, cuando viajaban con ayuda humanitaria en compañía de otro centenar de personas con la misma intención.

Pero hay que avanzar más y recuperar la Jurisdicción Universal que un día existió en España y que nos puso en primera línea de defensa de los derechos humanos. Hay que exigir a nuestros jueces y a los de otros países que actúen ante las ilegalidades y abusos manifiestos, por ejemplo, de militares de un Estado que se arroga la potestad de detener ilegalmente a personas en labor humanitaria en aguas internacionales, como los detenidos de la Flotilla. Hay que coordinar esfuerzos procesales para facilitar la obtención de evidencias contra los promotores, ejecutores y colaboradores en las masacres, así como contra quienes las financian. En definitiva, hay que exigir justicia.

Porque, verán, mientras la locura continúa, los crímenes en Cisjordania permanecen impunes, el genocidio en Gaza no se persigue ni se sanciona; las guerras ilegales se consienten y los líderes políticos mundiales se pierden en discusiones bizantinas que favorecen la impunidad. Esto no es un debate, sino una parálisis del pensamiento, de la valentía y de la acción. Se trata de decidir si los países tienen voluntad política de intervenir y frenar la matanza o si, de nuevo, van a mirar hacia otro lado.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

En julio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Servicios Digitales —conocido por sus siglas en inglés, DSA— con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado del PP Pablo Arias había sido el coordinador del grupo del Partido Popular Europeo en esa iniciativa y llegó a celebrar el resultado como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. Menos de tres años después, el Partido Popular ha votado en contra de aplicar ese mismo reglamento en España en las dos ocasiones en que ha tenido la oportunidad de hacerlo.

La última vez fue el 14 de abril. El Pleno del Congreso rechazó ese día una proposición de ley del Grupo Socialista para dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la habilitación legal que necesita para ejercer como Coordinadora de Servicios Digitales en España, la figura que el DSA exige a todos los Estados miembros. El resultado: 163 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones. El PP votó en contra. Vox también, pero al menos la ultraderecha se limitó a ser coherente con lo que había rechazado en Europa.

El DSA es un reglamento europeo —no una directiva—, lo que significa que no requiere transposición formal: es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor. Pero la normativa sí exige que cada país designe y habilite a una autoridad nacional como coordinadora de servicios digitales, con competencias reales para supervisar, investigar y sancionar. Esa coordinadora debe tener poderes legales concretos: acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC como coordinadora en enero de 2024, dentro del plazo previsto por Europa. El problema es que no reformó simultáneamente los estatutos del organismo para conferirle esos poderes. La CNMC tiene el título, pero no las herramientas. Su presidenta, Cani Fernández, lo ha explicado con claridad en distintas comparecencias parlamentarias: sin esa habilitación legal, el organismo no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España, ni proteger adecuadamente a los usuarios españoles frente a los abusos de las grandes plataformas.

El Gobierno intentó resolver el problema a finales de 2024 incluyendo la habilitación de la CNMC en el Real Decreto Ley 9/2024, aprobado el 23 de diciembre. Junto a esa medida, el decreto incorporaba otras de naturaleza muy distinta: revalorización de pensiones, prórrogas de ayudas fiscales, medidas laborales. Era, en el lenguaje parlamentario habitual, un decreto ómnibus.

El 22 de enero de 2025, el Congreso no lo convalidó: 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. PP, Vox y Junts votaron en contra. El argumento del PP fue el habitual en esos casos: que el Gobierno había mezclado medidas dispares en un solo instrumento para forzar un voto de conjunto. En aquel momento, la excusa fue el edificio Marceau de París, arrebatado a los nacionalistas vascos durante la ocupación nazi de Francia y que el Gobierno quiso devolver al PNV con la oposición del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La derogación del decreto dejó sin efecto no solo las medidas fiscales y sociales, sino también la reforma de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC que habría dado al organismo los poderes que necesita. España volvía al punto de partida.

El Grupo Socialista decidió entonces que, si el problema era el decreto ómnibus, presentaría una iniciativa específica, centrada exclusivamente en la habilitación de la CNMC para el DSA. Eso fue lo que llegó al Pleno el pasado 14 de abril.

Pero el PP volvió a votar en contra, esta vez con otro argumento. Ya no era el procedimiento ni la mezcla de materias. Su tesis central: dotar a la CNMC de competencias para supervisar contenidos digitales equivale a crear un instrumento de censura política. 

La CNMC, argumentó, podría acabar controlada por el Gobierno y ser usada para retirar contenidos críticos con el Ejecutivo. Citó el CIS, TVE y la Fiscalía como ejemplos de organismos supuestamente ya capturados por el partido en el poder. Exigió que antes de ampliar las competencias del regulador se procediera a renovar su consejo con criterios de pluralismo.

 “¿De verdad creen que es casualidad que la ampliación de los poderes digitales llegue justo antes de la renovación del mandato de la CNMC, prevista para junio?”, argumentó en el debate el portavoz del PP, Mario Cortés Carballo, pasando por alto que los consejeros de este organismo cambian parcialmente cada dos años.  

El argumento tiene una debilidad de origen: el DSA no es una opción. Es un reglamento europeo en vigor desde febrero de 2024, apoyado por el propio PP. La pregunta de si la CNMC será o no independiente no altera la obligación legal de dotarla de competencias. Y esperar a que el organismo se renueve alegando la necesidad de que sus consejeros sean del agrado de los de Feijóo para, solo en ese caso, darle poderes que debían existir desde hace más de un año no es una posición jurídicamente sostenible frente a Bruselas ni ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El mandato de la actual presidenta, Cani Fernández, iniciado hace seis años, expira el 16 de junio. También el de los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar (el puesto de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto).

La renovación de los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo procedimiento cuestiona ahora el PP, está regulada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, aprobada cuando Mariano Rajoy era presidente y su partido tenía mayoría absoluta.

Los miembros del Consejo son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del ministro competente en Economía. Después, el Congreso puede vetar el nombramiento del candidato propuesto, para lo que hace falta mayoría absoluta. La renovación es parcial, cada dos años, para que no haya un relevo total simultáneo y se preserve continuidad en la institución.

Las consecuencias del retraso no son solo domésticas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024. En diciembre de ese año envió un dictamen motivado —segunda fase del proceso— concediendo a España un plazo adicional de dos meses para corregir el incumplimiento. España no lo corrigió. El 7 de mayo de 2025, la Comisión comunicó que presentaría una denuncia ante el TJUE. El tribunal aceptó el caso y le asignó el número de registro C-841/25.

España no es el único país afectado: la Comisión ha llevado al TJUE por la misma razón a República Checa, Chipre, Polonia y Portugal. Pero la situación española tiene una particularidad que la distingue de los demás: España no carece de coordinadora designada, sino que tiene una designada sin poderes. Ha cumplido la forma y no el fondo.

Si el TJUE declara el incumplimiento y España no lo corrige, la Comisión puede solicitar sanciones económicas al amparo del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las multas no son automáticas ni inmediatas: el procedimiento puede extenderse muchos meses, frecuentemente más de un año hasta sentencia. Pero el horizonte es claro. Y la ventana para evitarlo se estrecha con cada votación en el Congreso.

El PP tendrá dos nuevas oportunidades para bloquear la habilitación de la CNMC como coordinadora de servicios digitales. La primera, votando en contra de las enmiendas presentadas por el PSOE en la Comisión de Economía al proyecto de ley del Cliente Financiero para modificar la Ley 34/2002, la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y su Estatuto Orgánico con el fin de atribuir formalmente al regulador las funciones de supervisión del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La segunda, en el trámite del proyecto de ley de gobernanza democrática de servicios digitales y ordenación de medios, que el Gobierno envió al Congreso y que está en fase de enmiendas. Ese proyecto incluye también la habilitación de la CNMC para el DSA, además del desarrollo de la EMFA —el Reglamento Europeo de Libertad de Medios—, lo que amplía el perímetro de la controversia política y multiplica los flancos de oposición.

El bloqueo tiene consecuencias prácticas: sin habilitación legal, el regulador no puede coordinar inspecciones a redes sociales, plataformas de vídeo, comercios electrónicos ni motores de búsqueda establecidos en España. La DSA reparte competencias entre Bruselas —que supervisa directamente a las plataformas de muy gran tamaño como Meta, Google o TikTok— y las coordinadoras nacionales, que vigilan al resto e intervienen en los asuntos con dimensión estrictamente doméstica. Con la CNMC sin poderes, esa parte del sistema no funciona. 

Un usuario estadounidense medio genera para Google unos ingresos publicitarios anuales de 1.605 dólares, pero esta cifra oculta una brecha de valoración de hasta 577 veces entre distintos perfiles. El ecosistema publicitario no trata a todos los individuos por igual porque su arquitectura está diseñada para detectar quién tiene mayor probabilidad de gastar dinero en tiempo real. 

Esta disparidad no es una anomalía del sistema, sino que constituye el corazón de su modelo de negocio, basado en la extracción de la experiencia humana. Si algo es gratis, y Google nos ofrece servicios que aparentemente no tienen coste, nosotros nos convertimos en el producto.

La determinación de lo que una persona vale para un anunciante ocurre en milésimas de segundo mediante cálculos algorítmicos ejecutados en cada búsqueda. Google Ads emplea un sistema de subasta de segundo precio modificado donde la puja económica de las empresas es solo una de las variables que deciden el éxito de un impacto. El mecanismo técnico central se denomina Ad Rank o ranking del anuncio, y combina la puja máxima del anunciante con el denominado Nivel de Calidad.

El Nivel de Calidad es la tasación que la plataforma hace de la adecuación del usuario a un anuncio determinado. Este indicador se construye sobre tres pilares fundamentales: el porcentaje de clics esperado, la relevancia del mensaje y la experiencia en la página de destino. La plataforma recompensa a los anunciantes que ofrecen una mejor experiencia con costes más bajos, lo que demuestra que la atención sostenida es el activo más valioso a proteger.

La investigación de la firma europea de servicios digitales Proton, basada en el análisis de 54.216 perfiles demográficos de Estados Unidos, muestra variaciones extremas en esta tasación. El usuario más valioso identificado en el estudio alcanza un precio de 17.929 dólares anuales frente a los apenas 31 dólares que se pagan por el perfil menos atractivo. Esta diferencia abismal responde a señales que predicen la probabilidad de una acción comercialmente rentable en el corto plazo.

Dos perfiles tipo ilustran perfectamente esta desigualdad estructural. El primero corresponde a un hombre de entre 35 y 44 años residente en Bozeman (Montana) que realiza búsquedas de alta intención, como pueden ser la contratación de servicios legales o la renovación de hogares. 

El segundo perfil es un joven de entre 18 y 24 años residente en Fort Smith (Arkansas) que busca pañales baratos y ropa infantil de bajo coste. El sistema asigna al primer individuo un valor quinientas veces superior por su mayor capacidad adquisitiva y urgencia de necesidad.

Bozeman y Fort Smith —en España serían, por ejemplo, Málaga y Puertollano— representan dos realidades opuestas del sueño americano. Mientras Bozeman se ha consolidado como un enclave de élite para el sector tecnológico y el ocio de montaña de alto nivel, con una población joven, altamente educada y con un poder adquisitivo que ha disparado los precios de la vivienda, Fort Smith mantiene un perfil obrero y tradicional, basado en la industria manufacturera y los servicios, con uno de los costos de vida más bajos del país.

Así, el residente de Bozeman suele ser un profesional con movilidad económica atraído por la proximidad a centros de esquí y universidades, lo que ha causado una gentrificación extrema. Por el contrario, el habitante de Fort Smith pertenece a una clase media-baja más estable, pero con ingresos limitados, donde la prioridad es la asequibilidad.

La edad también es uno de los factores más determinantes en el valor publicitario potencial de una persona. El valor alcanza su cenit entre los 25 y los 44 años porque es el periodo en el que se toman las decisiones financieras más importantes. En esta etapa se concentran las compras de alto valor y la contratación de servicios de carrera profesional, lo que multiplica el interés de los anunciantes.

Hasta el tipo de dispositivo utilizado funciona como un indicador de la capacidad de compra de cada individuo. Los usuarios de ordenadores de escritorio valen de media 2.894 dólares anuales, lo que supone casi cinco veces más que un usuario de Android. Esta diferencia refleja comportamientos observados donde las tasas de conversión y la intención comercial son tradicionalmente más altas en equipos de escritorio que en entornos móviles casuales.

La maquinaria publicitaria de Google utiliza el sistema operativo del móvil como un indicador de estatus financiero, valorando a un usuario de iPhone en 1.338 dólares anuales, más del doble que uno de Android. Mediante el análisis de variables como el modelo del dispositivo o el código postal, la plataforma infiere la capacidad de gasto y la probabilidad de compra en milisegundos, convirtiendo el terminal en un filtro que segmenta a los ciudadanos entre clientes premium o perfiles de menor valor comercial.

Del mismo modo, la paternidad influye negativamente en la valoración que el sistema hace de los usuarios, según los datos recopilados por Proton. Las personas sin hijos valen de media un 17% más que quienes son padres. Esta brecha de valoración se incrementa hasta el 34% durante los años de mayor capacidad de generación de ingresos. Tener descendencia reduce el valor comercial percibido por el sistema al desplazar el gasto hacia categorías de menor margen de beneficio.

En el contexto de Europa, la valoración económica sigue patrones distintos debido a la menor saturación publicitaria y la fuerte regulación de la privacidad. El coste por clic promedio en España se sitúa en los 0,85 euros, con rangos que oscilan entre los 30 céntimos y los dos euros. Esta cifra es sensiblemente inferior a los 3,20 dólares de media que se pagan en los Estados Unidos, donde la competencia es extrema.

La regulación europea encabezada por el Reglamento General de Protección de Datos ha endurecido las condiciones bajo las que operan estos algoritmos de tasación. El artículo 22 de esta norma establece el derecho de los ciudadanos a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados que les afecten significativamente. La Agencia Española de Protección de Datos ha sido pionera en sancionar prácticas de gestión algorítmica opacas, como ocurrió en el caso de la plataforma Glovo.

No obstante, y a pesar de estas protecciones legales, el valor de un usuario en industrias específicas puede dispararse hasta niveles asombrosos. En sectores como los servicios legales o los seguros, el coste de un solo clic puede superar los 100 dólares si el algoritmo identifica una alta probabilidad de cierre de contrato. Un clic de 15 dólares que genera un contrato de 10.000 dólares es infinitamente más rentable para el sistema que un impacto barato que no produce conversión.

Uno de los puntos más controvertidos de estas prácticas es el tratamiento de categorías de datos sensibles como la raza, el género, la religión o la orientación sexual. La política oficial de Google prohíbe explícitamente a los anunciantes utilizar esta información para personalizar anuncios. Las restricciones se aplican con especial rigor en las categorías de acceso a oportunidades, que incluyen la vivienda, el empleo y el crédito, para evitar exclusiones históricas.

Pero el problema fundamental no reside en lo que la plataforma sabe de forma directa sino en lo que el algoritmo puede inferir mediante variables aparentemente neutras. Diversas investigaciones académicas han demostrado que el historial de navegación o los intereses básicos pueden predecir atributos sensibles con una precisión asombrosa. Un modelo algorítmico puede identificar el origen étnico de una persona con un 95% de acierto o su orientación sexual con un 88%.

Esta capacidad de inferencia estadística utiliza variables sustitutas para saltarse las prohibiciones políticas. El código postal, por ejemplo, puede funcionar como un proxy —un dato que se utiliza para representar un valor que es difícil de medir directamente— del nivel socioeconómico o de la etnia, del mismo modo que los nombres propios suelen ser predictores fiables del género. 

El problema es que el riesgo de discriminación no desaparece con la prohibición de categorías sensibles, sino que se desplaza hacia la opacidad del modelo de caja negra, un sistema que te da un resultado pero oculta cómo ha llegado a él, haciendo que su funcionamiento interno sea invisible e imposible de explicar incluso, a veces, para sus propios creadores.

Un estudio realizado por las investigadoras Anja Lambrecht y Catherine Tucker y publicado en marzo de 2018 sobre anuncios de empleo en campos tecnológicos reveló este sesgo económico invisible. Su investigación constituye el pilar académico que despojó de su apariencia de neutralidad a las subastas publicitarias automatizadas en las redes sociales. Su trabajo central demostró que la exclusión de las mujeres en sectores tecnológicos no nace de un odio programado, sino de una eficiencia económica perversa.

Aunque el anuncio era neutral en cuanto al género, el algoritmo lo mostró significativamente más a hombres que a mujeres. La causa fue puramente económica porque las mujeres jóvenes son un segmento demográfico más costoso de alcanzar al ser el objetivo prioritario de las grandes marcas de gran consumo.

Al buscar la eficiencia de costes para el anunciante, el sistema tendió a desplazar el anuncio hacia los hombres, que eran más baratos de impactar en ese momento. Este fenómeno sugiere que un algoritmo perfectamente optimizado para la economía puede producir resultados socialmente discriminatorios sin necesidad de una intención maliciosa en el código. La discriminación algorítmica opera a escala masiva y con una apariencia de objetividad matemática que la hace especialmente peligrosa.

El modelo de negocio basado en la publicidad incentiva la recolección constante de datos para mejorar la precisión de las predicciones. La integración de la inteligencia artificial generativa promete elevar el valor de los datos de entrenamiento y profundizar la dependencia de las plataformas sobre la experiencia humana. Hemos transitado de un modelo de audiencia entregada a uno de experiencia extraída, donde el verdadero producto son las predicciones sobre nuestro comportamiento futuro.

La tecnología de aprendizaje automático ha convertido la identidad en una materia prima gratuita que se procesa en fábricas de predicción. Bajo este régimen, los individuos son reducidos al estatus permanente de objetos que desaparecen en el flujo de los activos financieros. La privacidad ha dejado de ser una cuestión de ocultar datos para convertirse en la preservación de la autonomía de la voluntad frente a sistemas diseñados para monetizarla.

La dependencia de servicios gratuitos como los que Google ofrece masivamente ha creado un “contrato fáustico”, en expresión de Shoshana Zuboff, autora del ensayo de referencia de 2019 La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós), donde la participación social se paga con la pérdida de derechos de decisión sobre la propia vida.

El negocio de Google se basa en ofrecer un ecosistema de herramientas esenciales —como el buscador, Gmail, Maps y YouTube— sin coste directo para el usuario, funcionando en realidad como sensores que capturan masivamente datos sobre nuestras intenciones, ubicación y hábitos. Al ofrecer estos servicios gratuitos, la compañía se asegura una vigilancia constante que transforma nuestra actividad cotidiana en predicciones de comportamiento, las cuales vende a los anunciantes como el producto final para una publicidad de precisión quirúrgica.

La única alternativa real frente a esta infraestructura de vigilancia es la arquitectura de privacidad por defecto que impida la creación de perfiles conductuales.

Cada euro invertido por la industria en captar nuestra atención se multiplica por 40 en el gasto que realizamos por recibir el mensaje. El buscador no solo organiza la información del mundo sino que ha construido un sistema de vigilancia predictiva que asigna un valor monetario a la esencia misma de la intención humana. El precio de 1.605 dólares anuales por usuario es la prueba estadística de que en la red actual las personas no son clientes sino la infraestructura básica de un mercado que las consume.

Donald Trump se queda sin su herramienta favorita. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó la imposición de un arancel global del 10% a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente invocó "de forma incorrecta" una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes. 

El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo.

Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países.

Sin embargo, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el Gobierno ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos.

El arancel del 10% se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso.

Según The New York Times, se espera que la Administración de Trump recurra el fallo, lo que podría prolongar el conflicto. No obstante, una derrota definitiva obligaría al Ejecutivo a devolver los ingresos recaudados bajo esos aranceles, una cifra que se sitúa en torno a los 166.000 millones de dólares, según estimaciones.

Tras la anulación previa de medidas arancelarias por parte del Tribunal Supremo, la Administración recurrió a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974 conocida como sección 122.

Sin embargo, el Tribunal de Comercio subraya que esta disposición solo permite la imposición temporal de aranceles limitados, en circunstancias específicas vinculadas a desequilibrios graves en la balanza de pagos o a situaciones de inestabilidad en el sistema financiero internacional.

El fallo recuerda además que esta norma permite gravámenes de hasta el 15% durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de autorización del Congreso.

Todo esto puede suponer un revés para su política exterior. Trump, dijo que habló por teléfono este jueves con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que dio de plazo hasta el próximo 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado.

"Se hizo la promesa de que la UE cumpliría con su parte del acuerdo y, tal como se estipuló, ¡reduciría sus aranceles a cero! Acordé concederle plazo hasta el 250 aniversario de nuestro país; de lo contrario, lamentablemente, sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados", aseguró el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El próximo 4 de julio EE.UU. celebra el 250 aniversario de su declaración de independencia.

Trump aseguró en el mensaje que ha estado "esperando pacientemente a que la UE cumpla con su parte del histórico acuerdo comercial" que ambas partes acordaron durante una visita del republicano a Escocia el verano pasado.

En julio de 2025 Trump y Von der Leyen cerraron un pacto, el llamado acuerdo de Turnberry, que redefine el marco arancelario y por el que EE.UU. fija un techo arancelario del 15% para la gran mayoría de los productos europeos, incluyendo automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos y madera, y la UE, a cambio, elimina la mayoría de los aranceles que aún aplicaba a productos industriales estadounidenses.

Uno de los últimos movimientos de la Casa Blanca sobre la cuestión arancelaria llegó el pasado 1 de mayo, cuando Trump anunció que "la próxima semana" incrementaría al 25% los aranceles sobre automóviles y camiones procedentes de la UE.

Lo justificó argumentando que Bruselas "no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial completamente acordado", por lo que la conversación de este jueves entre Trump y Von der Leyen aparentemente aporta calma a la relación transatlántica.

El mandatario estadounidense, que calificó como "excelente" la conversación telefónica con la presidenta de la Comisión, explicó que además de la cuestión sobre los aranceles, abordaron otros temas como el hecho de que Washington y Bruselas están "totalmente unidos en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear".

"Coincidimos en que un régimen que asesina a su propio pueblo no puede controlar una bomba capaz de matar a millones de personas", concluyó Trump.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", dijo en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

En una iniciativa que ha promovido España junto a otros países como Francia y Alemania, la UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

"España sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos, en línea con las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses", señaló también el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

El acuerdo pospone también hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la UE impone a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan para proteger a infraestructuras críticas, los que emplean los bancos para calcular la probabilidad de devolución de un préstamo, para contratar a personal o, por ejemplo, gestionar el control de las fronteras.

Inicialmente, la ley estableció este año para la entrada en vigor de estas obligaciones, pero las instituciones comunitarias han pactado un retraso de dieciséis meses porque Bruselas aún no ha diseñado los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de IA para ser seguros, sin poner en riesgo a las personas o vulnerar derechos fundamentales.

La reforma de la ley de inteligencia artificial se ha pactado, principalmente, con el pretexto de reducir la carga burocrática a las empresas y con este objetivo, se ha eximido a varios sectores industriales de tener que cumplir los requisitos de transparencia o de notificación de incidentes que la norma prevé para los sistemas de alto riesgo.

Productos como dispositivos médicos, juguetes o ascensores estarán exentos de tener que demostrar que sus sistemas de IA son seguros si otras normas sectoriales ya les imponen requisitos similares.

"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación, apoyar a las empresas emergentes y a las empresas en expansión", dijo la eurodiputada Arba Kokalari, ponente en la Eurocámara de la reforma de la normativa.

La organización CCIA Europe, que representa los intereses de las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma.

"Dadas las mínimas mejoras introducidas en la Ley de IA, resulta difícil ignorar la enorme brecha que existe entre la retórica política sobre la simplificación regulatoria y los resultados concretos", dijo esa plataforma en un comunicado.

La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, alabó la postura de España ante la "injusticia" que viven los palestinos y contrapuso su política a la de la Unión Europea (UE), "una institución que antepone los mercados, los intereses privados y los intereses de las corporaciones por encima de las personas".

"España hoy en día está prácticamente sola frente a la abominación, no solo en Gaza", sino también en otros territorios como Líbano e Irán, dijo este miércoles Albanese a preguntas de los periodistas ante el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, ubicado en el Museo Reina Sofía de Madrid.

En una visita a la capital española, Albanese agradeció "al pueblo español, a las instituciones españolas, al Gobierno español y a las universidades españolas por hacernos sentir normales al creer que existe la posibilidad de mantener una postura firme y defender nuestros principios ante la injusticia".

Y dijo ver a España "como el comienzo de un cambio desde dentro de Europa hacia un multilateralismo descolonizado".

La visita de la relatora al Reina Sofía coincidió con la petición remitida a la Comisión Europea por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) no tengan efecto en la UE.

Preguntada sobre si espera que la Comisión Europea atienda la solicitud de Sánchez, Albanese dijo que esperanza "no es la palabra adecuada" para describir lo que siente al observar cómo obra ese organismo en torno a las sanciones impuestas por Estados Unidos ante quienes, como ella, piden "justicia" para los que han sufrido el "genocidio" de Israel.

"Esperanza no es lo que tengo en mente, pero, una vez más, lo que tengo en mente es el Estado de derecho. Y lo que el presidente Sánchez ha pedido hoy es precisamente respeto al Estado de derecho. Estados Unidos debe levantar las sanciones", abundó Albanese.

Dijo, no obstante, que sigue "confiando", quizá "ingenuamente", en el "sistema del Estado de derecho".

"Si todos lo defendemos, funcionará, pero ello empieza por las personas que se mantienen firmes y por los gobiernos que hacen su trabajo", apostilló.

Albanese también mencionó la demanda civil que su familia presentó en febrero ante un tribunal federal de Estados Unidos por las sanciones impuestas contra su persona.

"Mi hija está demandando a la administración (del presidente Donald) Trump; qué revelador es que una niña de 13 años tenga las agallas de hacer lo que toda la comunidad internacional no ha tenido el valor de hacer: llevar al presidente Trump ante la justicia", reprochó la experta italiana.

Según explicó, "las sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa" porque "no existe soberanía europea" en lo que respecta al sistema bancario.

Y resumió que "se trata de una técnica de intimidación al estilo de la mafia para", así, "silenciar a la gente" y "forzar a la gente a obedecer".

El Gobierno tiene preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público y está a punto de enviarlo al Consejo de Ministros, pero las organizaciones de periodistas que lo han analizado comparten una misma inquietud: que la norma, bien intencionada en su diseño, no sirva para lo que dice que sirve. 

El texto establece que la publicidad de la Administración central no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público. Lo que no hace, y ahí está el problema, es tocar el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Y ese es precisamente el dinero que más ata.

La norma deriva del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y del Plan de Acción Democrática, y llega con el respaldo formal de todas las organizaciones consultadas. Ninguna la rechaza. Pero el apoyo convive con un escepticismo que, en algunos casos, roza la desconfianza explícita hacia su eficacia real.

La asimetría territorial es el punto en el que coinciden todas las voces consultadas. El anteproyecto regula la publicidad del Estado central, pero deja intacta la que distribuyen las administraciones autonómicas y locales, que es donde se concentra históricamente la mayor capacidad de presión sobre los medios.

Joan Maria Morros, decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, lo califica como "probablemente uno de los puntos más discutibles del anteproyecto". A su juicio, "no parece coherente establecer límites y mecanismos de control para la Administración General del Estado y no hacerlos extensivos, al menos en parte, a comunidades autónomas y administraciones locales", porque “esta diferencia puede generar estándares desiguales de transparencia y abrir la puerta a usos discrecionales de la publicidad institucional, especialmente en el ámbito local, donde los mecanismos de control suelen ser más débiles”.

Lorena Mejías, decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, apunta en la misma dirección, aunque añade un matiz sobre la arquitectura legal: cada comunidad autónoma tiene competencias propias sobre su publicidad institucional, y la norma estatal “sirve de base, pero siempre y cuando las normas autonómicas se ajusten a esa base”. El problema, dice, es que sin mecanismos estatales de garantía, las desigualdades territoriales son inevitables. “¿Puede haber en ese sentido desigualdades territoriales? Pues seguro que sí, seguro que se van a producir”.

Mejías va más lejos en su diagnóstico sobre los límites económicos. El techo del 35% puede sortearse con facilidad porque hay “un montón de formas de que las empresas de comunicación reciban dinero a través de las administraciones públicas mediante otro tipo de contrato”. No solo publicidad directa: “Puede ser a través de patrocinio, puede ser mediante organización de eventos, puede ser mediante jornadas de cosas que se inventan”. La conclusión es que una empresa puede respetar el límite del 35% en publicidad y seguir recibiendo fondos públicos por otras vías que la ley no cierra.

El límite del 35% es la medida más visible del anteproyecto y también la más cuestionada en su diseño técnico. María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), señala que el texto no aclara si ese porcentaje se calcula por cabecera o por grupo editorial, y que eso “es muy determinante, cambia mucho las cosas”. La APM ha solicitado un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) precisamente porque la norma le parece “imprecisa” en aspectos que condicionan su alcance real.

Rey enumera otras incógnitas que el anteproyecto deja sin resolver: quién sanciona, cómo sanciona, cuál es el régimen de excepciones para medios autonómicos y con qué criterio. “Exactamente no sabemos ni siquiera cuál es el régimen sancionador, si existe”, afirma. La presidenta de la APM reconoce que las asociaciones están siendo deliberadamente cautelosas porque el texto está en una fase muy inicial: “Estamos vigilantes, estamos pendientes, pero ahora mismo falta mucha concreción”.

El anteproyecto incluye además una excepción significativa: los medios con una facturación inferior a dos millones de euros y audiencia regional quedan exentos del tope. Esta cláusula, pensada para proteger a los medios pequeños, puede tener el efecto contrario: dejar sin regulación efectiva a buena parte del tejido de publicaciones locales que teóricamente más dependen del dinero público. 

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que ha presentado un documento formal de alegaciones, propone rebajar ese umbral de dos millones a un millón de euros, “al entender que el umbral actual supera ampliamente la facturación de buena parte de los medios locales que teóricamente se pretende proteger”.

Los periodistas gallegos proponen también que el límite del 35% se extienda a las administraciones autonómicas y locales, y que la ley incluya una reserva mínima del 25% del presupuesto de cada campaña para su difusión en medios que difundan información mayoritariamente en lenguas cooficiales. Galicia, recuerdan, sigue sin disponer de una ley autonómica propia de publicidad institucional.

Hay una cuestión que las organizaciones profesionales han identificado como especialmente sensible: el anteproyecto da preferencia a los medios de carácter informativo para recibir publicidad pública, pero no especifica quién determinará que un medio es informativo o no.

Mejías no oculta su irritación. “El Gobierno en su anteproyecto de ley identifica a los medios de comunicación informativos, es decir, da prioridad a los medios de comunicación informativos y determina cómo tiene que ser un medio informativo, pero no indica quién se va a encargar de determinar que un medio es informativo o no”. La decana andaluza señala que ese vacío se llenará con decisiones discrecionales de organismos que no tienen formación ni competencia específica en materia periodística, “habiendo como hay corporaciones de derecho público –como los colegios, que tienen esa capacidad– y a las que el Gobierno central sigue ninguneando de forma sistemática”.

El Col·legi de Catalunya también pone el acento en cómo se apliquen los criterios, más que en los criterios en sí. Morros advierte de que el límite del 35% puede convertirse en “un tope rígido que no tenga en cuenta la realidad del mercado ni la capacidad efectiva de los distintos medios para difundir campañas”, y que si se aplica “de manera mecánica, podría penalizar a medios con mayor audiencia o implantación, primando el reparto sobre la eficacia comunicativa”. Para el decano catalán, lo que importa no es el porcentaje en sí, sino que “su aplicación responda a criterios técnicos claros, transparentes y evaluables”.

Morros resume la posición de su organización con una frase que podría firmar cualquiera de las organizaciones consultadas: la nueva regulación “deberá aplicarse con criterio”, porque lo que está en juego “no es solo la eficiencia de la publicidad institucional, sino también el equilibrio del sistema mediático”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su propio informe sobre el anteproyecto con una valoración globalmente positiva, pero con un enfoque que revela una prioridad diferente a la de las organizaciones de periodistas. Mientras estas se preocupan por la captura de medios y el pluralismo informativo, la CNMC pone el foco en la distorsión del mercado publicitario y la seguridad jurídica de las licitaciones. Son problemas distintos, y la diferencia de perspectiva es muy relevante.

El organismo regulador advierte de que el techo del 35% “no existe en la contratación pública” y puede convertirse en una barrera económica que impida a algunos medios presentarse a licitaciones una vez superado el umbral, “distorsionando la competencia”. Señala también que, al fijarse el límite sobre el grupo empresarial en su conjunto, se podría incentivar la creación de medios específicos para eludir el tope, “lo que vaciaría de contenido la regla”.

La CNMC propone que, si se mantiene el límite, el porcentaje se calcule por cada empresa del grupo, no por el grupo en su totalidad, y que se estudien “porcentajes máximos decrecientes por tramos de ingresos para evitar dependencias excesivas”. También critica la excepción para pequeños medios con audiencia concentrada en una o varias comunidades limítrofes, porque permite que esos medios lleguen al 100% de dependencia de la publicidad pública, mientras otros de igual tamaño pero con ámbito estatal quedan limitados al 35%. La CNMC lo considera “potencialmente discriminatorio”.

El informe también pone el foco en algo que el texto da por resuelto y no lo está: la definición de qué es publicidad del sector público. El anteproyecto habla genéricamente de "asignación de fondos públicos", pero el Reglamento EMFA europeo habla de "fondos públicos o cualquier otra remuneración o ventaja", incluyendo contratos de servicios, subvenciones, convenios y patrocinios. Si la ley española no cierra esa lista, las vías de elusión que ya señalaba Mejías quedan abiertas por defecto.

Sobre la obligación de que los medios comuniquen sus tarifas —que el anteproyecto convierte en precios máximos para la contratación pública— la CNMC advierte de que una interpretación rígida podría "favorecer el alineamiento de precios entre competidores y desincentivar descuentos y precios dinámicos". En su lugar, propone usar bandas o rangos en lugar de tarifas puntuales.

Finalmente, la CNMC pide recursos. Señala que ni el anteproyecto ni su memoria de impacto explican con qué medios humanos y organizativos se reforzará el organismo para asumir las nuevas funciones de supervisión que la ley le atribuye. Sin esa dotación, las obligaciones de seguimiento y control que la norma deposita en la CNMC quedan en el papel.

Sobre todo este debate pende una pregunta que las propias organizaciones de periodistas ya se hacen en voz alta: ¿llegará esta ley a aprobarse? La APM lo duda. Rey afirma que la asociación “sinceramente duda mucho, tal como está ahora mismo la legislatura, que vaya a poder salir adelante”. El anteproyecto aún debe superar algunos trámites, convertirse en proyecto de ley, pasar por el Congreso y el Senado, y recibir el visto bueno final.

Con unas elecciones generales que apuntan a la primavera de 2027, el margen para completar ese recorrido es estrecho. La legislatura no tiene tiempo ilimitado, y el anteproyecto todavía no es ni proyecto. Lo que hoy existe es una norma en construcción, con apoyo profesional condicionado, con reservas técnicas de la CNMC y con las principales brechas estructurales —la asimetría territorial, la elusión por vías alternativas, los vacíos en el régimen sancionador— pendientes de corrección. Si el Gobierno no acelera el trámite, la ley que debía poner orden en el reparto de la publicidad pública puede convertirse en la norma que nunca llegó a tiempo de intentarlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono citados por distintos medios estadounidenses, informa Efe. "El Secretario de Guerra ha ordenado la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania", explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, citado en X por la periodista Kellie Meyer de Newsmax. Parnell añadió que Washington prevé "que la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Tras conocer la noticia, la OTAN ha anunciado este sábado que está "trabajando" con Estados Unidos para "entender los detalles" de esta retirada, informó una portavoz de la alianza militar según recoge Efe. "Estamos trabajando con los Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre la presencia militar en Alemania", dijo

La portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart, señaló a través de un mensaje en redes sociales que "este ajuste pone de relieve la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad común", añadiendo que ya están "observando avances" desde que los aliados acordaran invertir el 5% del PIB en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el año pasado. "Seguimos confiando en nuestra capacidad para garantizar nuestra disuasión y defensa a medida que continúa este cambio hacia una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte", aseguró.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, respondió que el hecho de que EEUU "retire tropas de Europa y también de Alemania" era previsible, y coincidió con la portavoz de la OTAN en que "nosotros, los europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad por nuestra propia seguridad".

La retirada de las tropas de Alemania respondería al descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con sacar tropas del continente debido a la falta de apoyo de sus aliados europeos en la guerra contra Irán. Esta acción también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó que el republicano ha sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

En una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes, Trump advirtió a Merz de que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y de poner fin a la guerra en Ucrania, en lugar de "interferir" en el conflicto con Irán. El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EEUU en esta guerra y de creer "que está bien que Irán tenga un arma nuclear". "¡Con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!", afirmó el mandatario.

Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN. 

Actualmente, el ejército estadounidense tiene una presencia en Alemania de más de 36.000 soldados en servicio activo distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

El régimen de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), que pone un precio a la contaminación de carbono generada por los actores económicos, lleva 20 años siendo el pilar fundamental de la política climática europea. En estas últimas semanas, el tema ha trascendido incluso del ámbito medioambiental para alcanzar al núcleo mismo del debate económico de la UE. No en vano, el Consejo Europeo de marzo incluyó al ETS en lo más alto de su agenda y lo identificó como uno de los elementos a considerar en la formación de unos precios de la energía disparados tras el estallido de la guerra de Irán.

Ya antes de dicho Consejo, un grupo de gobiernos europeos, con Alemania e Italia a la cabeza, habían señalado al ETS como uno de los “culpables” de los altos precios de la electricidad en Europa. Acusación que se ha revelado, a la postre, bastante desproporcionada. Según declaró recientemente la propia Von der Leyen, los costes del carbono sólo pesan sobre la factura eléctrica europea un 11% de media. Eso sí, este porcentaje sube para los Estados miembros con sistemas energéticos más intensivos en emisiones, como Polonia (carbón) o Italia (gas).

La presente crisis energética ha vuelto a evidenciar que el factor más determinante en dicha factura es el número de horas durante las que el gas determina el precio marginal de la electricidad de un país.

En este sentido, el ETS ha demostrado ser, desde su introducción en 2005, una política climática eficaz a la hora de motivar a las empresas a transitar hacia modelos de negocio bajos en carbono. No obstante, para que el ETS pueda cumplir adecuadamente esta importante función incentivadora en pro de la descarbonización, es necesario que los precios del CO2 se sitúen a un nivel suficientemente alto.

Y aquí hay que recordar que, en el sistema elegido por la UE, el precio del carbono se determina a través de la oferta y demanda de derechos de emisión. Los participantes en el mercado del carbono europeo compran estos derechos para cubrir las emisiones que generan en sus procesos de producción.

Ahora bien, no es este un mercado totalmente libre. Las autoridades comunitarias pueden regular qué volumen de derechos de emisión hay en circulación en cada momento y emitir, con ello, una señal de precio al mercado. Señal de precio que, idealmente, debe tener un carácter predecible y estable.

De hecho, según se vayan volviendo los objetivos climáticos más exigentes rumbo a la neutralidad climática en 2050 (con los hitos de 2030, 2035 y 2040 ya aprobados por la UE), el coste de contaminar no debería cesar de aumentar. Conforme se avance en el calendario previsto, la oferta de permisos de emisión va a ir disminuyendo y, fruto de esta escasez en el mercado, el precio del carbono se irá encareciendo consecuentemente. Esta trayectoria ascendente esperada del precio del CO2 permite al sector privado, y a los inversores en particular, planificar adecuadamente, y con cierta antelación, sus estrategias de descarbonización.

No obstante, las aludidas críticas de ciertos líderes europeos de principios de año propiciaron una brusca caída del 24% en el precio del carbono a mediados de febrero e incluso levantaron dudas sobre la viabilidad misma del mercado de emisiones de la UE (el gobierno de Meloni llegó incluso a proponer su suspensión).

El Consejo Europeo de marzo, sin embargo, refrendó al ETS como la piedra angular de la estrategia climática comunitaria, no sin advertir, al mismo tiempo, sobre el riesgo de la excesiva vulnerabilidad mostrada por aquel ante las declaraciones políticas.

Bien es cierto que no es la primera vez en que se producen bajadas drásticas en el precio del CO2 que socavan la referida capacidad incentivadora del ETS. Este problema, que trae causa del excedente estructural de derechos de emisión que venía acumulando el mercado del carbono desde la crisis del 2008, se había hecho patente en determinadas coyunturas anteriores. Así, por ejemplo, a finales de la década anterior se produjo un intenso flujo de créditos de carbono internacionales hacia el mercado europeo, exceso de oferta que mantuvo el precio del CO2 en niveles excesivamente bajos durante más tiempo del conveniente.

El Mecanismo de Reserva de Estabilidad (MSR, por sus siglas en inglés), que fue creado en 2018 y que ahora vuelve a ser invocado por los líderes europeos, ha tenido históricamente el propósito de contrarrestar las caídas drásticas del precio del carbono. Actúa de forma similar a cómo lo hacen las reservas de petróleo cuando se emplean para regular el precio del barril. Así, en caso de exceso de oferta, el MSR absorbe una cierta cantidad de derechos de emisión a través de una “cláusula de invalidación”, que entra en juego automáticamente si se sobrepasan determinados umbrales.

A este respecto, es de lamentar que, entre las propuestas barajadas actualmente por la UE para revisar el MSR, esté ganando fuerza la de suprimir esta cláusula de estabilización automática. Por mucho que algunos nos la presenten como un mero “ajuste técnico”, en realidad esta supresión supondría despojar al régimen de emisiones europeo de una herramienta crucial.

La función de contención de la oferta que desempeña la cláusula de invalidación es clave para robustecer el sistema ETS en momentos de debilidad, es decir, cuando éste no emite una señal de precio suficientemente fuerte.

Además, resultaría paradójico que un MSR inicialmente concebido para impedir bajadas acusadas en el precio del carbono, ahora se quisiera convertir en lo contrario: un instrumento sobre todo centrado en amortiguar, bajo ciertas circunstancias, las subidas en dicho precio.

Esta conversión repentina del MSR supondría una concesión sin matices a los intereses del sector de la industria pesada, que lleva meses ejerciendo una fuerte presión para que se alivien urgentemente sus costes de carbono. Se inscribiría en la estrategia general, que ha ganado cierta fuerza en el segundo mandarlo de Von der Leyen, de debilitar las políticas climáticas como medio de hacer ganar competitividad global a la industria europea.

Es de esperar que la sacudida que está suponiendo la actual crisis energética lleve a invertir esta tendencia. El verdadero riesgo para la competitividad europea a largo plazo es el de la dependencia estructural de unos combustibles fósiles importados, con precios cada vez más volátiles e incontrolables desde la UE.

Un mercado del carbono europeo robusto y predecible es esencial para garantizar una soberanía energética y una autonomía estratégica europea cada vez más basada en energías autóctonas y asequibles.

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José Luis Escario Díaz-Berrio es consultor en Energía y Clima y colaborador de la Fundación Alternativas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia de ello, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario, según informa Efe.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU, no se aplicará ningún arancel".

No está claro bajo qué autoridad elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EEUU. Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.

El debate sobre el precio de los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Factores como los avances científicos, el envejecimiento de la población y la presión sobre los presupuestos públicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos actuales de financiación y acceso. En este contexto, cobra fuerza la idea de avanzar hacia una estrategia coordinada a nivel europeo que mejore la transparencia, aumente la eficiencia y garantice la equidad en el acceso a los tratamientos.

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la formación de los precios de los medicamentos. Aunque los Estados negocian con las compañías farmacéuticas, muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el coste real de los fármacos. Esta opacidad dificulta la comparación entre países, reduce el poder de negociación de los sistemas públicos y genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe que los precios no siempre están justificados.

A esta cuestión se suma el debate sobre el llamado doble pago. Una parte importante de la investigación biomédica, especialmente en fases tempranas, se financia con recursos públicos a través de universidades y centros de investigación. Sin embargo, los ciudadanos vuelven a pagar cuando los medicamentos llegan al mercado, ya sea mediante impuestos o copagos. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión pública y los beneficios privados, así como sobre la necesidad de mecanismos que aseguren un retorno social más claro.

En cuanto a la rentabilidad del sector farmacéutico, los datos muestran que se trata de una industria altamente lucrativa. En Europa, aunque los márgenes son generalmente inferiores a los de Estados Unidos debido a una mayor regulación, siguen siendo elevados. Además, existen diferencias significativas entre países europeos en términos de precios y acceso a medicamentos, lo que refleja la fragmentación del mercado y la ausencia de una política común.

La financiación de la sanidad constituye otro eje clave. En la mayoría de los países europeos, los sistemas sanitarios se sustentan en una combinación de financiación pública —a través de impuestos o cotizaciones sociales— y aportaciones privadas, como copagos. Sin embargo, el peso de cada componente varía considerablemente. Mientras que algunos países cuentan con sistemas altamente financiados por el sector público, en otros la carga sobre los ciudadanos es mayor, lo que se traduce en desigualdades en el acceso.

Estas diferencias también se reflejan en el gasto farmacéutico y en la cobertura de los tratamientos. En general, los países del norte y centro de Europa presentan mayores niveles de financiación pública y menores barreras económicas, mientras que en el sur y el este las dificultades de acceso son más frecuentes. En comparación con Estados Unidos, Europa ofrece una cobertura más amplia y precios más bajos, pero afronta desafíos en términos de rapidez de acceso e incentivos a la innovación.

El proceso de aprobación de medicamentos en Europa es en gran medida centralizado en lo que respecta a la evaluación científica, pero no lo es en cuanto a la fijación de precios y financiación, que siguen siendo competencias nacionales. Esto provoca retrasos significativos en la disponibilidad de los tratamientos. En algunos casos, el tiempo entre la aprobación y el acceso efectivo puede superar los dos años, lo que genera desigualdades entre países, y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación europea en este ámbito. 

La posibilidad de establecer políticas comunes, especialmente para medicamentos esenciales o de alto impacto, podría reducir las diferencias y acelerar el acceso. No obstante, esta opción plantea el reto de conciliar la soberanía nacional con los beneficios de una acción conjunta. En este contexto, la fijación de precios máximos a nivel europeo, al menos para los medicamentos básicos, es una de las medidas que podría contribuir a evitar grandes divergencias, aunque requeriría mecanismos flexibles para adaptarse a las distintas realidades económicas.

La comparación internacional ofrece enseñanzas relevantes. El modelo estadounidense, más liberalizado, se caracteriza por precios más elevados y una mayor participación del sector privado. Si bien esto ha favorecido la inversión en innovación, también ha generado importantes desigualdades en el acceso. Europa, por su parte, ha optado por un enfoque más regulado, que garantiza una mayor cobertura, pero que debe encontrar formas de seguir incentivando la investigación y la innovación.

En paralelo, las listas de espera se han convertido en un indicador clave del rendimiento de los sistemas sanitarios. En España, han aumentado en la última década, con importantes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades. En otros países europeos, la situación es diversa: algunos han logrado mantener tiempos de espera reducidos gracias a una mayor inversión y eficiencia, mientras que otros presentan retrasos incluso mayores.

Esta diversidad refuerza la necesidad de mejorar la transparencia y la comparabilidad de los datos. La creación de un Observatorio europeo que recopile y publique información sobre listas de espera permitiría identificar buenas prácticas, detectar ineficiencias y fomentar la rendición de cuentas. Más que imponer sanciones, este tipo de herramienta podría actuar como incentivo para la mejora continua.

Por otra parte, la positiva experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia ha demostrado el potencial de la cooperación europea. La extensión de este modelo a otros medicamentos, especialmente los más costosos, permitiría mejorar el poder de negociación, reducir precios y garantizar un acceso más equitativo entre países. 

Para solventar los inconvenientes y desafíos antes mencionados, creemos necesarias medidas como las siguientes:

1. Plataforma Europea de Transparencia de Precios: Creación de una Plataforma o Base de datos pública y obligatoria que compare los precios de adquisición de todos los medicamentos en los 27 Estados miembros, la cual facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de gobiernos, profesionales y ciudadanos, y evitaría, además, que un mismo fármaco cueste el doble en un país con menor PIB simplemente por falta de información.

2. Fijación de Precios Máximos coordinada: Establecer un techo de precio europeo para medicamentos esenciales. No es sostenible ni eficiente que los medicamentos tengan precios radicalmente distintos en un mercado único. Se debería tender a una convergencia de precios basada en el poder adquisitivo de cada país pero bajo un marco común.

3. La Huella de financiación pública: Cada medicamento debería incluir una memoria de transparencia que detalle cuánta financiación pública recibió durante su fase de desarrollo. Ese porcentaje debería deducirse automáticamente del precio final de venta al sistema público.

4. Observatorio de Listas de espera y mecanismos de control: Establecimiento de indicadores comunes de demora; si un país supera de forma reiterada los límites permitidos, la UE debería tener potestad para intervenir mediante fondos de cohesión específicos o, en última instancia, sanciones financieras que obliguen a la reforma del sistema local.

5. Agencia Europea de Compras para fármacos estratégicos: Extensión del modelo de las vacunas COVID a los 100 medicamentos más utilizados y costosos. La compra centralizada garantizaría el suministro y reduciría los costes administrativos y de comercialización.

6. Transparencia en la rentabilidad de farmacéuticas: Obligación a las empresas farmacéuticas que operan en Europa a desglosar sus beneficios por país y producto, permitiendo una fiscalización social sobre si el beneficio obtenido es proporcionado al valor terapéutico aportado.

7. Reducción de los tiempos de acceso a medicamentos y fomento de los genéricos: Se deberían armonizar los procesos de evaluación de dichos tiempos entre países, e impulsar los genéricos como herramienta clave común para reducir costes sin afectar la calidad.

Europa se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir su modelo sanitario en un contexto de crecientes desafíos, y solo con medidas como las anteriores y la determinación de nuestros mandatarios se podrá avanzar lo necesario. Creemos necesaria una Unión Europea de la Salud, en la cual la transparencia en los precios, la equidad y la agilidad en la atención dejen de ser una aspiración para convertirse en una norma de obligado cumplimiento. Únicamente así será posible garantizar un sistema sanitario europeo sostenible, cooperativo y transparente que responda a las necesidades de la población sin comprometer la innovación ni la viabilidad económica.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

“El 29 de abril se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, instaurado en 2009 para promover el envejecimiento activo, la cohesión social y el entendimiento mutuo. Esta fecha fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos entre mayores y jóvenes, derribando estereotipos de edad. Busca combatir estereotipos de edad, promover el envejecimiento activo y fortalecer la cohesión social mediante el intercambio de saberes. “

Este tipo de efemérides suelen pasar desapercibidas y no siempre cumplen con los objetivos planteados en su creación. Las razones por las cuales se produce esa invisibilidad no sólo provienen de la cantidad y calidad de la multitud de informaciones que recibimos día a día, sino de algunas orientaciones o de la relevancia que le otorguen las políticas públicas.

Por un lado, centrando las relaciones entre generaciones entre la vejez y la juventud, se reducen sus posibilidades en una sociedad cada vez más multigeneracional y multiétnica y, por otro, las generalizaciones del análisis generacional se distancian de las relaciones sociales de clase, en unas sociedades donde las desigualdades atentan contra el objetivo de la inclusión y la cohesión social. Con el agravante de dejar el intercambio en el seno de la familia, sin incluirlo en las políticas públicas, en algunos casos.

Derribar los estereotipos de edad es un objetivo relevante, pero si todo se basa en la relación entre generaciones y limitada a longevidad–juventud, se transforma en un ocultamiento de los orígenes de muchas desigualdades. La brecha de género tiene diferentes modalidades en las distintas generaciones y superarla implica combatir prejuicios o estereotipos culturales originados en las estructuras de poder patriarcal. Las mujeres pobres, sean jóvenes o mayores, sufren las consecuencias de la ausencia de independencia económica o la escasez de los recursos de los servicios sociales. Todas pasan por situaciones laborales discriminatorias que existen en todas las generaciones, aunque se haya conseguido mejorar con respecto a las barbaridades que soportaban en el pasado.

En nuestro país aparecen desigualdades en los niveles de estudios en función de las generaciones, pero no son sólo generacionales sino producidas por los orígenes de clase, que determinan el porcentaje de gente con estudios superiores en cada generación. Existe una progresiva elevación de los niveles educativos en la medida en que se desarrolla la escolarización universal, pero lo más habitual es que se mantengan las inmensas diferencias entre quienes se quedan con la enseñanza obligatoria y quienes van a la universidad y mucho más si estudian en prestigiosas instituciones internacionales.

La solidaridad y la cooperación entre generaciones es un objetivo fundamental para neutralizar políticas que fomentan el individualismo o el inventado conflicto intergeneracional con las pensiones. No sólo como defensa de nuestro sistema público solidario sino como una meta para los valores democráticos, los intereses colectivos y la batalla contra la ideología del sálvese quien pueda, la privatización y la bajada de impuestos a favor del desmantelamiento del Estado del Bienestar. Música dominante en Madrid: “No hay conflicto intergeneracional: los que más aportan para sostener las pensiones públicas son los que están más cerca de la jubilación”.

“De hecho, un análisis de la distribución de las aportaciones por tramos de edad revela que los menores de 30 años aportan el 14% del total de lo que ingresa la Seguridad Social por cotizaciones y que, por lo tanto, el 86% restante lo aportan los que tienen más de esa edad. Es un dato que no debería sorprender, ya que refleja el distinto peso que tienen las diferentes edades en el empleo. Lo que sí resulta más llamativo es que las personas mayores de 60 años aportan el doble en cotizaciones que los menores de 24 años.”

Siempre que se plantean acciones concretas de relaciones intergeneracionales, se basan en encuentros entre la infancia y la vejez o entre la juventud y las personas mayores de 65 años. En algunos temas, las distancias son inmensas por los cambios radicales que se han producido, si estamos en sociedades occidentales desarrolladas. No ocurre lo mismo en las culturas orientales, en las tribus africanas o las favelas brasileñas. No serán las mismas motivaciones ni las temáticas de intercambio que se proponen en las sociedades europeas, que, por otra parte, se piensan en clave muy poco multiétnica, marcando perfiles que no contemplan las diversidades culturales de nuestras sociedades.

En el Decálogo que plantea el CENIE en la Guía para la Intergeneracionalidad aparecen algunos señalamientos que vale la pena reseñar como orientaciones globales para las políticas públicas, en resumen:

1.- Por primera vez en la historia de la humanidad conviven no menos de cinco generaciones.

2.- Esas relaciones entre generaciones tienen que derivar en un verdadero ejercicio de aprendizaje.

3.- Los programas y proyectos intergeneracionales posibilitan experiencias de cooperación…vivencia conjunta y activa de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

4.- Una sociedad intergeneracional… se sustenta en la responsabilidad y el esfuerzo en común.

5 y 6.- La intergeneracionalidad pone a la ciudadanía en el núcleo de su acción… es el mejor antídoto contra el feroz individualismo que nos aísla… contra cualquier forma de discriminación.

7 y 8.- Sociedades basadas en la inclusión, la igualdad de derechos y deberes, … donde no se trata de uno que enseña y otros que reciben, sino en una mutualidad donde cada cual tiene obligaciones y se le reconocen sus logros.

En los dos últimos puntos se fijan unos ejes de las claves para las políticas públicas que están diseñadas con precisión en el 9:

“La intergeneracionalidad supone la puesta en marcha de una acción, prolongada y sostenible, fruto no sólo de la voluntad o el deseo, sino de una planificación rigurosa, de un proceso formativo e informativo constante, de una participación plena de todos sus participantes, incluido el imprescindible ejercicio de la medición y evaluación de los resultados. La intergeneracionalidad nunca es una labor individual y sí permanentemente compartida”.

Las actividades que suelen organizarse en algunas instituciones no cumplen ni por asomo estos requisitos. Aunque siempre resultan satisfactorias a sus participantes, no tienen los resultados esperados en las directivas europeas ni los objetivos de las entidades especializadas. Lo más relevante sería iniciar cualquier proyecto considerando la situación multigeneracional, multiétnica y con una perspectiva de clase. Siendo más efectivo tener en cuenta los principios de la justicia social y no sólo los intercambios superficiales para cubrir el expediente. 

Si pensamos en términos de justicia social, la gran preocupación serán las desigualdades sociales, sobre todo económicas (el poder adquisitivo de las clases populares, el empleo precario, la vivienda, etc.), la atención a las diversidades culturales para evitar discriminaciones (religiosas, sexuales, ideológicas, étnicas, etc.) y los problemas de representación y participación política. En todos los casos, predominan las diferencias de clase que se combinan con la brecha de género, el edadismo, la discriminación por el nivel de estudios o la orientación sexual. En ningún caso puede ser eficaz enfocar las acciones o las políticas públicas con una línea unilateral, que atiende solamente a uno de los factores. Tampoco basando todo en las relaciones generacionales, aunque sea relevante considerar las posibilidades de desarrollo que pueden brindar.

Bienvenida sea la preocupación y la propuesta de la Unión Europea por la solidaridad y la cooperación entre generaciones, mientras no sirva para crear falsas expectativas ni para justificar las exclusiones sociales. Es positivo plantear la superación del aislamiento social en la longevidad o la importancia del abandono del adanismo rampante, sobre todo en los liderazgos políticos. 

Lo más habitual es la referencia a la construcción de conocimiento por el intercambio multigeneracional en el mundo académico, en la investigación científica y la innovación. También en la vida familiar, aunque va mermando su influencia por el tipo de vida vigente. Resulta menos común llevar ese intercambio a otros ámbitos sociales donde debería convertirse en una herramienta de intervención permanente. 

El intercambio de saberes y experiencias, el reconocimiento mutuo y más aún la cooperación, son altamente productivos en cualquier circunstancia y en algunas temáticas más necesarios que nunca. No perdamos la esperanza de ver la comunicación multigeneracional funcionando para abordar las grandes dificultades a las que está sometida nuestra sociedad actual. Pero no la convirtamos en la receta mágica, que es la mejor forma de inducir el fracaso. 

El escritor y periodista Martín Caparrós expresa de forma clarísima la crítica a la moda del análisis generacional, en el artículo “De generaciones”: “Da vergüenza tener que sostener que sigue habiendo clases, pese a los intentos de simular que no existen” (…) “Es difícil creer que un obrero de la construcción nacido en Cali en 2001, inmigrado a Alcobendas, tiene mucho en común con una banquerita nacida en Santander en el mismo 2001, a punto de terminar su tercer máster en Harvard”.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.