El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la vuelta del "chat control 1.0" —el escaneo de mensajes y correos sin cifrar que el Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido colar en segunda lectura— tal y como publicó infoLibre: con más eurodiputados votando en contra que a favor. Y no es la primera vez que pasa esto. 

Es la tercera votación sobre esta misma norma en cuatro meses, y las tres veces la mayoría se ha manifestado en contra de aprobarla tal y como el PPE la proponía: el pasado 11 de marzo se aprobó con condiciones —458 votos a favor y 103 en contra— que el Consejo rechazó. El 26 de marzo fue tumbada con 311 votos en contra por 228 a favor; y esta tercera vez ha vuelto a perder la votación, con 314 votos frente a 276. La diferencia es que esta vez ser mayoría no bastaba para bloquearla: al estar en segunda lectura, hacían falta 361 votos, y 314 se quedan cortos. 

Así es como una norma que el Parlamento ha rechazado, en la práctica, las tres veces que se ha votado, sale adelante de todos modos. Por el camino, el Parlamento sí ha logrado aprobar por mayoría absoluta una enmienda que excluye del escaneo el cifrado de extremo a extremo, aunque ahora le toca al Consejo aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberá negociar con el Parlamento.

Simone de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi) resume la paradoja del resultado: "Hoy ganan los dos bandos: sí, la derogación temporal se renueva una vez más pese a que la mayoría de los eurodiputados votó en contra, pero esa mayoría también envía una señal clara contra la vigilancia masiva a quienes negocian el marco permanente (el "chat control 2.0"), [una votación] en la que bastará con mayoría simple". El mandato del Parlamento para esa negociación —que la presidenta Metsola ha ignorado forzando esta votación en segunda lectura, según considera De Brouwer— "no queda debilitado, sino reforzado", añade.

Esta resolución permite que las plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, monitoreen los mensajes privados que los ciudadanos europeos comparten a través de aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta. El pretexto es el rastreo de material delictivo pornográfico que afecte a menores, pero la realidad es que ese escaneo de mensajes va a producirse sin la autorización de ninguna instancia judicial, a pesar de que supone una flagrante vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, según todos los expertos consultados por infoLibre. 

El conocido como "chat control 1.0" es la antesala de su versión 2.0, cuyo texto está aún en negociación y sin acuerdo a la vista, coinciden en señalar las voces críticas. Patrick Breyer, exeurodiputado alemán de Los Verdes, argumenta que incluso esta "versión suave" crea una infraestructura técnica y legal y un precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado; la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, también viola el derecho fundamental a la privacidad, sin proporcionalidad ni supervisión judicial; y allana el camino a la versión más avanzada. 

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, lo resume con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, fija el sujeto afectado, el alcance y la duración; esto [lo aprobado este jueves] es un escaneo automático de todo el mundo, sin esa supervisión. 

El perito informático Javier Rubio Alillo lo califica como "una intromisión absoluta en la privacidad de las personas" y recuerda la opacidad de los algoritmos que usarán las empresas, mayormente estadounidenses, para revisar los contenidos en búsqueda de pornografía infantil, así como la imposibilidad de comprobar que dichos algoritmos no se estén usando para otros fines.

Solo dos de las nueve familias políticas del Parlamento han votado mayoritariamente a favor de la norma: el PPE (95%) y los socialistas del S&D (59%), pese a que su propia ponente, Birgit Sippel, había dicho públicamente que no lo apoyaría. Todos los demás grupos, de punta a punta del espectro, votaron mayoritariamente para tumbarla, desde los grupos de ultraderecha hasta La Izquierda, pasando por Los Verdes.

Populares y socialistas, sin embargo, han mostrado una vez más una sintonía muy rara de ver en España pero habitual en Bruselas, como ocurre con la política de rearme de la UE. La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y su grupo, el PPE, pero ha contado también con el apoyo mayoritario del grupo socialista. Además, según declara Patrick Meyer, el Gobierno español fue uno de los más radicales a favor de la norma durante las negociaciones del Parlamento con el Consejo, mostrándose a favor de una versión inicial que Meyer califica de "extrema", que incluía un "escaneo masivo obligatorio" y acceso a los mensajes encriptados. 

Por un lado, están los discursos grandilocuentes de Europa sobre la “soberanía digital”, sobre la necesaria independencia del Viejo Continente respecto a Estados Unidos y las peroratas sobre el “momento gaullista de Europa”. Por otro lado, hay una capitulación tras otra y la integración silenciosa, pero indudable, de la Unión Europea (UE) en la arquitectura tecnológico-militar estadounidense.

Así, un año después de haber aceptado un acuerdo comercial desequilibrado con Washington, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo, Bruselas anunció, el jueves 25 de junio, la adhesión oficial de la UE a la iniciativa Pax Silica. Una firma que integra a los Veintisiete en un régimen de vasallaje avanzado.

Para entender por qué, hay que ver qué es la Pax Silica, una iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2025 por Washington y seis de sus aliados más cercanos (Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Australia) en forma de una simple declaración no vinculante destinada a “reforzar las cadenas de suministro” de las industrias digitales, sobre todo la de la inteligencia artificial (IA).

La declaración tiene como objetivo “mejorar la coordinación” entre países “aliados” y “de confianza”. En otras palabras: la iniciativa busca crear una red de confianza para garantizar el acceso a los recursos, las rutas comerciales y los mercados en el ámbito de la IA. En este sentido, no se trata realmente de una inocente declaración de intenciones.

Benjamin Bürbaumer, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas de Burdeos y autor de China/Estados Unidos, el capitalismo contra la globalización (edit. La Découverte, 2024), enmarca esta iniciativa en “una voluntad explícita de Estados Unidos de asegurar por completo la cadena de valor de la IA, desde las materias primas hasta la demanda solvente”. La Pax Silica pretende controlar la “materialidad de la IA”, señala, y, en este sentido, es “complementaria al plan sobre inteligencia artificial puesto en marcha por Washington el año pasado” con el fin de respaldar su capital tecnológico.

La propia expresión utilizada, Pax Silica, lo dice todo: se inspira evidentemente en la Pax Romana y designa una forma de paz imperial, fruto de la dominación de un centro sobre las periferias. Esta paz armada se sustenta, en esta ocasión, en el sílice, un componente fundamental para los semiconductores y, de manera más general, para la economía digital. La promesa de la Pax Silica es, por tanto, la estabilidad y la prosperidad basadas en el dominio conjunto de los actores privados del sector digital y del Estado federal estadounidense.

Antes de explicar las modalidades de este dominio, hay que insistir en este último punto: la era de la IA será una forma de “privatización” de la diplomacia estadounidense, que organiza la centralidad de su sector digital a nivel mundial, pero también de estatización de los grandes grupos digitales que necesitan la fuerza imperial estadounidense para tener acceso a los recursos y a los mercados. La habitual connivencia entre el capital tecnológico y el Estado federal se transforma en una especie de fusión de intereses y de acción. De hecho, este es uno de los puntos más llamativos —aunque implícito— defendidos por el manifiesto de uno de los principales actores de la IA estadounidense, Palantir.

Esta evolución es reveladora del nuevo capitalismo de Estado que se está instaurando en Occidente. Tampoco es casualidad que el hombre que impulsó esta iniciativa, Jacob Helberg, hoy subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, esté muy vinculado a los círculos de la IA, en particular a la “mafia de PayPal”, que controla, entre otros, al gigante Palantir.

El mismo Jacob Helberg, que fue empleado de Google, también fue asesor de Alex Karp, presidente de Palantir. Su marido, Keith Rabois, fue socio del Funders Fund de Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir. Su padrino de boda en 2018 no fue otro que Sam Altman, presidente de OpenAI. Es decir, Jacob Helberg es un representante de la industria de la IA y, en particular, de su corriente más radical.

Jacob Helberg resumió la visión en la que se basa la Pax Silica: “Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basará en la computación”. En otras palabras: quien controla la capacidad de utilizar los datos controla el mundo. Para Jacob Helberg, la IA es, por tanto, la base sobre la que se asienta el futuro poder político, militar y económico de un país. La Pax Silica pretende, pues, asegurar ese poder con una doble ambición: frenar el desarrollo de China en materia de IA e impedir la aparición de rivales en el propio bando occidental.

Jacob Helberg lo ha dejado muy claro: la Pax Silica se construye en contra del concepto de soberanía digital. Para él, y de manera muy significativa, tal soberanía conduce a una “mediocridad sincronizada”. A ello opone la “soberanía de la innovación”, en la que cada país desarrollaría su propia especialidad para mejorar el conjunto. Pero el conjunto está, sin lugar a dudas, dominado por un centro, el capital tecnológico estadounidense, en torno al cual debe organizarse esta “innovación”. La visión de Jacob Helberg es una síntesis de la evolución reciente del capitalismo: la competencia conduce a la mediocridad y al estancamiento, mientras que el monopolio conduce al poder y al beneficio.

En un análisis publicado por la Asociación de Washington para el Comercio Internacional (WITA), Uri Gabai explica que la iniciativa pretende organizar el control por parte de Estados Unidos de “puntos neurálgicos” que constituyen la base de la cadena de suministro de la IA. Su estructura es, por tanto, la de una red que se remonta hasta los gigantes estadounidenses de la IA y que tiene como objetivo, por un lado, garantizar la dependencia de los “socios” respecto al centro estadounidense y, por otro, debilitar al adversario chino mediante el control de los nodos estratégicos materiales de la industria.

“Teniendo en cuenta el efecto de escala propio de la IA, el control de estas trabas a la industria supone un obstáculo importante para China y una ventaja para Estados Unidos”, resume Benjamin Bürbaumer. Por ejemplo, la adhesión de Países Bajos, conseguida en junio a título individual, permite asegurar el monopolio crucial del uso de las máquinas de la empresa neerlandesa ASML, que son indispensables para la producción de semiconductores de última generación utilizados en la IA generativa. Pero la adhesión de Grecia, Kazajistán, Chile o Argentina también permite garantizar el acceso a los metales estratégicos para la industria.

China, por su parte, no se ha equivocado, como señala Benjamin Bürbaumer, quien recuerda que el último plan quinquenal de la República Popular tenía como objetivo “dominar las tecnologías clave fundamentales”. Con la Pax Silica, se confirma la lógica de bloques en torno a la IA y, dentro de esta lógica, hay que elegir bando. Eso es lo que pretende imponer Jacob Helberg.

Benjamin Bürbaumer insiste así en “la división del trabajo” interna de la iniciativa. Los veinticuatro países miembros tienen, de esta manera, una función concreta en la valorización del capital tecnológico estadounidense.

Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la cadena de producción de la IA: la energía, con los productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Noruega o Canadá (actualmente observador no signatario); las materias primas, en particular los metales estratégicos para los semiconductores producidos en Suecia, Finlandia, Corea del Sur o Taiwán (también observador no signatario); los nodos logísticos o financieros de Panamá, Singapur, el Reino Unido o Filipinas; el software japonés o indio; la maquinaria holandesa, la tecnología militar israelí y los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Catar.

En definitiva, así controlan toda la cadena de valor. Y esta red permite controlar a los socios. Para convencernos de ello, tomemos un ejemplo ficticio. Si un país signatario intentara, por ejemplo, diversificar su clientela vendiendo semiconductores tanto a China como a Estados Unidos, ¿qué pasaría? En teoría, la declaración de Pax Silica no se lo impide, pero en la práctica Washington podría considerar que ese socio ya no es digno de confianza y, de facto, podría excluirlo de la cadena logística de la IA estadounidense, obligando a los demás socios que deseen conservar sus mercados en Estados Unidos a seguir su ejemplo. El país en cuestión no tendría entonces más remedio que abandonar el bloque o someterse.

Como resume el economista Evgeny Morozov en un artículo sobre esta iniciativa, “en un mundo monopolístico, la diversificación se asemeja a un suicidio y la única actuación racional es convertirse en un agente acreditado del titular del monopolio”. Con la Pax Silica, añade, “el objetivo de Washington no es exportar productos, sino dependencia”. El carácter no vinculante de la firma —que, al parecer, ha convencido a Francia para que retire su oposición en el seno de la UE— es, por tanto, mera ficción.

Y es que la Pax Silica también tiene una dimensión geopolítica. Al intentar frenar el desarrollo de la IA en China, precisamente cuando este país la convierte en su prioridad estratégica, Washington sabe que se expone a tensiones geopolíticas que resultan aún más evidentes teniendo en cuenta que uno de los nodos clave de la IA es Taiwán, donde se producen la casi totalidad de los semiconductores necesarios para la IA.

La Pax Silica tiene también una dimensión militar fundamental, que queda confirmada por la presencia, como miembro fundador, de Israel, país especializado en intercambios entre la industria militar y la tecnología. Esto confirma dos aspectos: en primer lugar, que la iniciativa defiende la militarización de la IA; en segundo lugar, que su propio desarrollo es la garantía de su propia seguridad como bloque. Una de las ambiciones de la Pax Silica es el refuerzo militar del bloque centrado en Estados Unidos a partir de la IA.

También por esta razón hay signatarios estratégicamente insignificantes para la industria, pero políticamente importantes, como El Salvador, cuyo presidente autoritario, Nayib Bukele, es una referencia política de la nueva extrema derecha proestadounidense de América Latina que acaba de ganar todas las elecciones en el subcontinente.

Queda un último pilar en el conjunto. El centro organiza una forma de competencia interna en su periferia. El concepto de “soberanía de la innovación” de Jacob Helberg refleja ese hecho: el bloque está jerarquizado en función del carácter estratégico de lo que ofrecen los socios de Washington. Países como Israel, Países Bajos o Singapur pueden pues presumir de niveles avanzados de desarrollo y hacerse con una porción mayor del pastel, aunque sigan dependiendo del centro estadounidense.

En cuanto a los demás, les toca a ellos hacerlo igual de bien. Evgeny Morozov considera así que la Pax Silica induce a “un nuevo ciclo de sumisión en el que los Estados compiten no por su independencia, sino por la proximidad” al centro. La competencia se desplaza, por tanto, del mercado mundial al interior mismo del bloque para ponerse al servicio del monopolio. La globalización no desaparece como tal, sino que cambia de naturaleza.

¿Y qué hay de Europa en todo esto? La Comisión Europea se escuda en su comunicado, bastante lacónico, tras el argumento de la “cooperación internacional” y el apoyo a la “competitividad” y a la “soberanía”. Todo ello no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de la iniciativa. En realidad, la UE ha cedido ante Washington porque la Pax Silica conlleva un elevado coste por no participar que Bruselas no estaba dispuesta a aceptar. En el plano económico, la no participación amenaza con reducir el acceso a los servicios de IA estadounidenses que ahora se consideran críticos para las empresas. En el plano político, rompe un vínculo de confianza con Washington.

La UE necesita desesperadamente crecer. El colapso industrial alemán y la estabilización del crecimiento del PIB en torno al 1 % anual amenazan los sistemas sociales del Viejo Continente. La perspectiva de ver cómo se abren nuevos mercados en el marco de la Pax Silica y de quedar excluidos de ellos se estaba volviendo intolerable para el Consejo y la Comisión.

Ante las necesidades económicas, el precio a pagar —la dependencia— se considera relativamente bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de los discursos grandilocuentes, gran parte de los países de la UE son incapaces de alcanzar la autonomía respecto a Estados Unidos. El reflejo en materia de defensa, al igual que en materia económica, es intentar integrarse en la esfera de influencia estadounidense. El peligro para la seguridad que representa Rusia y el peso del segundo choque comercial con China no pueden sino reforzar este reflejo, que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca apenas ha modificado. La dependencia de la UE respecto a Estados Unidos no es, por tanto, ningún problema.

Es más, la estrategia de Washington ha consistido en debilitar a la UE centrándose no en una posición de la UE, sino en las posiciones de cada país. Esa es la lógica de la Pax Silica: dar prioridad a los nodos estratégicos y generar competencia dentro del bloque. Como hemos visto, Washington insistió mucho en conseguir la adhesión de Países Bajos. También se abordó individualmente a otros países europeos: los países nórdicos, Alemania y Grecia.

De hecho, para la UE, una firma conjunta se convertía en una cuestión de supervivencia para frenar esta lógica de fragmentación. Pero esta firma “no ha anulado” la de algunos países miembros, lo que refuerza lo que se ha señalado anteriormente: la jerarquización interna del conjunto. De hecho, esa “competencia por la proximidad” de la que habla Evgeny Morozov ya se ha puesto en marcha en Europa, donde cada uno sueña con hacerse con las migajas del monopolio estadounidense. Y ese ha sido un aspecto crucial de la firma conjunta de los Veintisiete.

Francia, por ejemplo, no podía resignarse a renunciar a las inversiones en IA prometidas durante las cumbres Choose France. Sin embargo, permanecer al margen de la Pax Silica significaba, para muchos actores, la posibilidad de trasladar esas inversiones a países “de confianza”. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, busca ahora fabricar armas estadounidenses en su territorio y, en consecuencia, no le quedaba otra que llamar rápidamente a la puerta de la Pax Silica.

Para Benjamin Bürbaumer, “Europa siempre ha ocupado un lugar subordinado en el capitalismo liderado por Estados Unidos, pero con esta adhesión se hace explícita esa subordinación en el ámbito digital”. Y las consecuencias podrían ser importantes. La posición global de la UE en su conjunto es la de un mercado periférico y, como tal, tendrá que amoldarse a los deseos del centro.

Así es sobre todo en materia de regulación. Como subraya Uri Gabai, por naturaleza, “la Pax Silica presupone un entorno permisivo para el desarrollo de la IA”. Es lógico: la estructura tiene como objetivo garantizar un beneficio creciente para el capital tecnológico europeo. Para ello, no solo hay que garantizar una carrera tecnológica hacia adelante que asegure el dominio de la IA sobre los distintos sectores de la economía, sino también asegurarse de que dicho dominio no se vea limitado por la regulación. Aquí es donde la propia participación de la UE resulta fundamental para la Pax Silica; también es necesario controlar los mercados, no solo los recursos.

El año pasado, Donald Trump intentó integrar esta cuestión en las negociaciones sobre aranceles, pero no lo logró. Sin embargo, consiguió una revisión a la baja de la regulación de la IA en forma de “simplificación”, en gran parte gracias al apoyo de la presión ejercida por ciertos grupos como Meta. Pero el interés del capital estadounidense es, sin duda, ir más allá. Y eso es precisamente lo que permitirá la firma de la Pax Silica.

A partir de ahora, la UE tendrá que defender su posición de “socio de confianza” de Estados Unidos, pues depende, por ejemplo, en un 70 % de actores estadounidenses para sus servicios de almacenamiento de datos y va a entrar en una dinámica de dependencia cada vez mayor. Una vez más, en nombre de la estabilidad geopolítica (la “paz”), habrá que ceder en materia de regulación. No cabe duda de que los firmantes directos de la declaración, aquellos que están más integrados en el sistema (y que serán los que más tengan que perder en un enfrentamiento con su mandante estadounidense), se convertirán en los más fervientes defensores de la desregulación.

Lo que llama la atención es que esta firma entra en contradicción con la mayoría de los objetivos declarados de la UE: la autonomía en materia de defensa, la soberanía digital y la regulación de la IA. Los discursos progresistas y posneoliberales europeos se han disuelto ahora en una capitulación incondicional. La firma neerlandesa, impulsada por el primer ministro centrista Rob Jetten —que durante la campaña electoral de principios de año se presentó como un baluarte contra Trump—, es el símbolo de este desastre. La Pax Silica es la tumba concreta de los discursos vacíos de los dirigentes europeos.

Traducción de Miguel López

Los grandes incendios irán a más y serán cada vez más graves. Esto es lo que reconocen en privado esta misma semana altos cargos de la Comisión Europea en Bruselas ante el inicio de la temporada de verano con fuegos que ya afectan a Galicia y Castilla y León, a Portugal o a Francia. Tras un 2025 histórico por lo destructivo de las llamas, con un millón de hectáreas quemadas en toda la UE, el continente se prepara para otra temporada que apunta a ser dramática.

Bruselas realizará su mayor despliegue de medios con casi 800 bomberos de 14 países situados estratégicamente en áreas de alto riesgo en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. La UE también pondrá a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria, “listos para ayudar a los países bajo presión, porque la temporada de incendios se ha vuelto más larga, llega antes y es más destructiva”. El operativo más grande del Mecanismo de Protección Civil desde que en 2022 se decidió apostar por este despliegue inicial.

La primavera, según el sistema de satélites europeos Copernicus, ha sido la tercera más cálida desde que hay registros, seguida de una ola de calor excepcionalmente temprana en Europa occidental durante mayo y de nuevos episodios de calor extremo aún más intensos en las últimas semanas. El caldo de cultivo perfecto para un verano de incendios, como los que aparecían en las imágenes del fotoperiodista Brais Lorenzo con las que acaba de ganar el World Press Photo Award y que han protagonizado una exposición en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Delante del vicepresidente de la Eurocámara, el rumano Nicolae Stefanuta, o la jefa de la Unidad europea de Reducción de Desastres y Riesgos de Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano, Lorenzo señalaba: “Empecé a trabajar en el 2010-2011 siguiendo los incendios y cuando se producía uno de 300 o 500 hectáreas era tratado mediáticamente como un gran incendio forestal, de grandes dimensiones. Por poner en contexto, el verano pasado en Galicia se estaban produciendo cuatro o cinco incendios simultáneos de más de diez mil hectáreas. Soy testigo directo de cómo ha evolucionado esta situación”.

Bruselas reconoce abiertamente esta nueva realidad de grandes incendios, favorecida por el calentamiento global, el abandono del medio rural y el cambio en los usos del suelo, que ha reducido la biodiversidad de los bosques, haciéndolos menos resistentes. La Estrategia Integrada de Prevención y Gestión publicada en marzo por la Comisión Europea reconoce la necesaria preservación de población rural para apoyar acciones concretas a nivel territorial, como la reducción de la erosión de los suelos o la mejor restauración de las superficies quemadas.

“Estamos ante un reto de civilización”, señala un alto cargo de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. “Tenemos que incrementar la conciencia entre la población y a todos los niveles de las autoridades” sobre las políticas de acción climática y de preservación medioambiental, añade.

En Bruselas hablan de “planes integrales en el manejo de tierras, sobre la gestión de los bosques, con más biodiversidad para ser más resistentes al cambio climático y a los incendios” y no sólo en los medios técnicos y materiales que la Comisión pone a disposición de los Estados miembros para labores de extinción. Priorizar la prevención sin descuidar la gestión de los fuegos.

Desde Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano lo explica claramente: “Europa es el continente que más rápido se calienta, así que estamos ante una combinación de factores y la solución no es simple”. Con estas palabras, Cano coincide con uno de los mensajes claves de la Comisión: “Necesitamos la financiación antes de los desastres y no después. Por supuesto la inversión en los equipos de extinción es importante, pero la inversión en prevención es rentable porque salva vidas y ecosistemas a posteriori”.

Este miércoles el Parlamento Europeo, a iniciativa de Los Verdes, debatirá en Estrasburgo sobre la necesidad de reforzar la preparación de la UE para proteger a la población frente a las olas de calor y la próxima temporada de incendios forestales. Con el recuerdo muy vivo entre los eurodiputados de las llamas y de los pueblos calcinados en sus impactantes fotografías, el fotoperiodista Brais Lorenzo pide que no vuelva a “ocurrir el colapso estructural fruto de décadas de abandono del medio rural vivido en Galicia en 2025, en el que los vecinos lucharon prácticamente sin medios en aldeas despobladas donde no llegó un equipo de extinción”.

En esta labor se presenta como fundamental el sistema de satélites Copernicus, contribuyendo a mapear la evolución de los incendios y su extensión para facilitar las labores de los bomberos. Sus científicos son conscientes del contexto en el que se mueven, con un calentamiento global acelerado que está desatando fenómenos climatológicos extremos y, por eso, uno de sus objetivos es acelerar el seguimiento que hacen de los fuegos para informar cada tres horas y no ocho a las autoridades competentes.

En España, los bomberos forestales se distribuyen en varios niveles y categorías distintas. Los estatales forman un cuerpo profesionalizado agrupado en las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, distribuidas por las comunidades autónomas y dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. Son posiblemente la élite, que entrenan todas las mañanas dos horas y media y que luego pueden encontrarse un dispositivo contra un incendio sin haber descansando ese mismo día. Estos bomberos que entran al corazón de las llamas desde helicópteros con kilos de equipo y material encima.

Las Comunidades Autónomas cuentan con sus propios bomberos, también profesionalizados, pero en estos cuerpos las condiciones laborales son peores. En Galicia, los de la Xunta denuncian que sólo una parte son personal fijo mientras parte del cuerpo sufre contratos laborales discontinuos o trabaja en bases con deficientes condiciones de duchas, zonas de descanso o limpieza de sus equipos. En circunstancias excepcionales o en apoyo ante grandes catástrofes el Estado decide desplegar a la UME, la Unidad Militar de Emergencias.

En nuestro vecino Portugal la situación de los bomberos forestales es más precaria. El cuerpo de Sapadores Florestais, que depende de las autoridades públicas, está profesionalizado pero sus labores principales son la prevención a lo largo del año y no tanto la extinción de los incendios, en la que también se involucran durante el verano. Sin embargo, el 90% de los efectivos que apaga los fuegos está compuesto por voluntarios, que reciben una remuneración mínima y operan en regímenes comunitarios de manera similar a la Protección Civil española.

La voluntariedad entre los bomberos también está muy presente en Francia ya que representan la mayoría de los efectivos que lucha contra los incendios en verano. Sólo se les exige tener al menos 16 años y gozar de una buena salud física. Complementan a los cuerpos de bomberos de los departamentos regionales dependientes del Ministerio de Interior, funcionarios públicos por oposición con buenas condiciones salariales. Igual que en España, Francia tiene un cuerpo de bomberos militares profesionalizado para situaciones de emergencia o gravedad.

El voluntariado masivo es la columna vertebral de los bomberos alemanes, igual que en Austria, en contraste con la evolución hacia la profesionalización vivida en España, donde al igual que en Italia o Noruega hay regímenes especiales de jubilación a edades tempranas, a diferencia de Finlandia o Dinamarca, donde los luchadores contra los incendios pueden llegar a retirarse a los 65 años.

Las condiciones básicas para que el periodismo pueda ejercerse con libertad han empeorado en España durante el último ejercicio. El ámbito de la protección fundamental del periodismo ha pasado de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto entre 2025 y 2026, según la última edición del Media Pluralism Monitor (MPM), el informe con el que la Unión Europea mide cada año los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en sus Estados miembros.

Esta área evalúa concretamente cuatro cosas: que haya salvaguardias legales eficaces para la libertad de expresión, que exista el derecho a buscar y difundir información veraz, que las condiciones para ejercer el periodismo sean favorables y que la autoridad reguladora de los medios sea independiente y eficaz. Se descompone a su vez en cinco indicadores: protección de la libertad de expresión, protección de la integridad de la información, protección del derecho a la información, profesión periodística (estándares y protección), e independencia y efectividad de la autoridad mediática.

El informe, publicado este lunes, evalúa el ejercicio 2025. Lo elabora un equipo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, coordinado por Jaume Suau Martínez, bajo la supervisión del Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo, de referencia para las instituciones europeas.

El documento atribuye el deterioro en el área de la protección fundamental al proyecto de ley del Gobierno para la gobernanza de los servicios digitales, al entender que permitiría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ordenar la retirada de contenidos en internet. Hasta ahora, esa potestad corresponde solo a los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 estableció que únicamente un juez puede autorizar el bloqueo o la retirada de contenidos digitales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información advirtió de que trasladar esa facultad a un organismo administrativo elude las garantías procesales de la vía judicial. 

En realidad, lo que persigue ese proyecto de ley no es que la CNMC pueda retirar contenidos, sino que, en consonancia con la ley europea de Servicios Digitales (Digital Services Act, por su nombre oficial en inglés), pueda actuar como autoridad supervisora del marco digital, no como un censor general de contenidos. La retirada, en el esquema europeo, suele depender del tipo de contenido, del prestador de servicios y de los procedimientos de notificación, con obligaciones y garantías distintas para cada caso.

El indicador de integridad de la información subió hasta riesgo alto por el mismo motivo. El resto de variables del área, como la protección del derecho a la información o las condiciones de la profesión periodística, se mantuvieron en los mismos niveles que el año anterior.

Entretanto, reprocha el informe, la difamación (injurias, calumnias y delitos contra el honor) continúa siendo un acto delictivo penal en España. Los artículos 205 y 208 del Código Penal que prevén penas de hasta dos años de prisión siguen en vigor.

El país carece todavía de una legislación específica contra las demandas estratégicas destinadas a silenciar a periodistas, conocidas como SLAPP. Y eso a pesar de que un estudio de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo situó a España en segundo lugar de la Unión Europea por número de casos SLAPP entre 2022 y 2023, con el 17% del total registrado en el bloque.

Es verdad que el Gobierno prevé trasponer la directiva europea contra estas demandas, como prometió en el Plan de Acción por la Democracia de 2025, pero diferentes asociaciones consideran insuficiente esa iniciativa si, como parece, se limitará a cubrir únicamente los casos transfronterizos.

El MPM se hace eco del informe anual de la Asociación de la Prensa de Madrid de 2025, que sitúa la precariedad laboral como el principal problema estructural de la profesión. Un 45% de los periodistas encuestados gana menos de 2.000 euros mensuales. 

Y otro 70% declara además un deterioro de su salud mental. La plataforma Mapping Media Freedom registró diez agresiones físicas y 19 casos de agresión verbal contra periodistas españoles durante 2025.

La pluralidad del mercado sigue siendo, en términos absolutos, el ámbito con más riesgo del sistema mediático español, según este Monitor. Su calificación pasó de riesgo alto a riesgo medio-alto, aunque el cambio responde sobre todo a una revisión metodológica.

El indicador de transparencia en la propiedad de los medios incorpora ahora los requisitos del artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés). Por eso, el dato de este año no es estrictamente comparable con el de informes anteriores.

El EMFA entró en vigor en toda Europa el 8 de agosto de 2025. Pero la norma que debía adaptar la legislación española a sus exigencias, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, sigue sin aprobación parlamentaria. Mientras no entre en vigor, no hay nadie que supervise el cumplimiento de las reglas de transparencia sobre la propiedad ni los conflictos de intereses de los medios.

A su vez, el indicador de concentración de la propiedad y de audiencias empeoró hasta situarse en riesgo muy alto. Los niveles de concentración se mantuvieron por encima del 75% en televisión, radio y prensa escrita durante 2025.

Y el de independencia política de los medios del MPM empeoró también hasta riesgo medio-alto. España continúa sin una norma específica que impida a actores políticos poseer o controlar medios de comunicación, según recoge el informe.

La gobernanza de RTVE concentra buena parte de las preocupaciones del área después de que el Consejo de Informativos de la corporación denunciase en septiembre de 2025 que no había sido consultado sobre varios nombramientos directivos, pese a que el Estatuto de Información obliga a esa consulta.

El informe también se hace eco de que, en diciembre de 2025, representantes de los comités de empresa de doce radiotelevisiones autonómicas trasladaron al Congreso sus quejas por la interferencia política en las redacciones. Agrupados en la Plataforma RTVs Públicas en Lucha, también denunciaron procesos de privatización en sus respectivas cadenas.

El Mandato Marco de RTVE sigue sin actualizarse desde hace más de quince años. Su aprobación requiere una mayoría parlamentaria de dos tercios que el Congreso no ha logrado reunir.

Por su parte, la igualdad de género en los medios de comunicación se mantuvo en riesgo alto. Las mujeres ocupan únicamente el 6% de los puestos de dirección editorial en los principales medios informativos españoles.

En el sector audiovisual privado, la presencia femenina en consejos de administración y cargos ejecutivos no llega al 20%. En los medios regionales, la proporción de mujeres en la dirección editorial alcanza el 37%.

El Global Media Monitoring Project registró en su edición de 2025 que las mujeres aparecen como expertas o comentaristas solo en el 32% de las informaciones. La puntuación de España en el índice GEM-I, que mide la brecha de género en los contenidos informativos, empeoró de -27.235 puntos en 2020 a -35.639 puntos en 2025.

La diversidad cultural y lingüística en los medios también se mantuvo en riesgo alto. El Gobierno español no reconoce oficialmente la existencia de minorías nacionales, lo que el informe vincula a la ausencia de un marco legal que garantice la representación de comunidades como la población gitana.

Los disturbios de Torre-Pacheco, en julio de 2025, pusieron a prueba el sistema de detección de discurso de odio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Su herramienta FARO detectó 138.204 contenidos potencialmente constitutivos de discurso de odio durante el episodio.

El MPM recuerda que solo se retiró el 22% de esos contenidos mientras duraron los disturbios. Tras la presión de la ministra de Inclusión y la creación de grupos de trabajo con las plataformas digitales, la tasa de retirada subió del 45% en el tercer trimestre de 2025 al 51% en noviembre.

Los medios comunitarios, reconocidos legalmente desde 2010, continúan sin acceso garantizado al espectro radioeléctrico. El informe contabiliza menos de cien emisoras de radio comunitaria en España, ninguna de ellas formalmente autorizada.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) exigió este lunes al Gobierno y a los grupos parlamentarios que apliquen de forma inmediata dos normas europeas de protección del periodismo que España lleva meses incumpliendo. El Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios  (EMFA, por sus siglas en inglés) en vigor desde agosto de 2025, sigue sin ser de aplicación en su totalidad ante la falta de adaptación de las normas afectadas en España. Y la implementación en nuestro país de la directiva anti-SLAPP, que protege a periodistas y activistas frente a demandas judiciales diseñadas para silenciarlos, que tenía como fecha límite de transposición el 7 de mayo de 2026 y que tampoco se ha hecho realidad.

La denuncia, aprobada por la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP reunida este fin de semana, llega en un momento de especial tensión en el sector audiovisual público español. El caso que ha actuado como detonante es el de Andalucía Digital Multimedia (ADM), productora semipública participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía a través de Sandetel, que produce el programa Andalucía Directo para Canal Sur y cuyo consejero delegado, Gustavo Fuentes, está siendo investigado judicialmente por presunto acoso y agresión sexual a una exempleada.

ADM acumula desde hace años una controversia que va más allá del caso judicial contra su CEO. Sindicatos y trabajadores llevan tiempo denunciando que la empresa opera como una suerte de “marca blanca” de Canal Sur: produce contenidos para la televisión pública andaluza con condiciones laborales muy inferiores a las que tendrían los empleados directos de RTVA. La empresa no cuenta con convenio de empresa propio ni con plan de igualdad, según las denuncias sindicales, y ha sido señalada por sustituir trabajadores por becarios y por prácticas de cesión ilegal de mano de obra.

Su estructura societaria, ligada a la Junta de Andalucía, a Sandetel y a socios privados, la convierte en un ejemplo de hibridación público-privada que la FeSP considera especialmente grave. “La impunidad de las prácticas de acoso y abuso es el resultado directo de un modelo de subcontratación pública que prioriza el ahorro de costes sobre la dignidad de los profesionales” señala la federación en su comunicado.

Para la FeSP, el caso ADM no es una excepción, sino “el exponente de una precariedad laboral que es la tónica dominante en el sector audiovisual español”. La organización alerta de que la externalización creciente de tareas de las radiotelevisiones públicas a productoras privadas sin convenio ni planes de igualdad se está convirtiendo en “un pozo oscuro de precariedad y desregulación”. Y llama a los trabajadores del sector a responder con organización sindical y a exigir que ninguna administración pública financie a empresas que vulneren derechos fundamentales.

El trasfondo legal que la FeSP sitúa detrás de este modelo de precariedad es el vacío normativo que deja el incumplimiento de las dos directivas europeas. La EMFA establece garantías de independencia editorial, transparencia en la propiedad de los medios y protección frente a las interferencias políticas en las radiotelevisiones públicas. La directiva anti-SLAPP, por su parte, busca blindar a periodistas, activistas y ciudadanos frente a las demandas judiciales abusivas que empresas o poderes políticos utilizan para agotar económicamente a quienes les investigan o denuncian.

La federación pide al Gobierno y al Parlamento que actúen “de inmediato” para implementar ambas normas y que no las conviertan “en un argumento más de confrontación política”. En su comunicado subraya que se trata de disposiciones “imprescindibles para mejorar la calidad de la democracia” y que su aplicación viene exigida tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por la Constitución española.

Presiones en IB3 y huelga en la radiotelevisión catalana

La FeSP amplía su denuncia a otras radiotelevisiones públicas. Señala a IB3, la televisión autonómica balear, como escenario reciente de presiones políticas y manipulación informativa “de manera muy grave”. Y expresa su apoyo a la huelga convocada en TV3 y Catalunya Ràdio, exigiendo al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que atienda las reivindicaciones de los comités de empresa de ambas cadenas.

El comunicado de la FeSP incluye también dos pronunciamientos internacionales. La federación celebra la liberación de Alicia Armesto Núñez y otras nueve personas detenidas en Libia cuando formaban parte de una delegación humanitaria con ayuda para Gaza, y agradece a las autoridades españolas sus gestiones. Al mismo tiempo, denuncia “las malas prácticas empleadas por quienes bloquean acciones de solidaridad” con la población de Gaza.

La organización expresa además su solidaridad con las víctimas de los terremotos en Venezuela y reclama a las autoridades venezolanas que permitan el acceso de los periodistas a las zonas afectadas para informar con las garantías de seguridad necesarias.

La caída de Viktor Orbán en Hungría provoca movimientos políticos de calado que van más allá de su país o de la lucha abierta con la Comisión Europea y con la mayoría de los socios en cuestiones como el apoyo a Ucrania, la contemporización ante Rusia o las vulneración del Estado de derecho. Uno de los caudillos de la extrema derecha europea ya no gobierna y ese vacío debe cubrirse, como si en la manada de lobos ultras los otros ejemplares buscasen ese liderazgo o, al menos, reposicionarse en nuevos roles y relaciones.

Péter Magyar, el vencedor de Orbán, ya ha tenido su estreno en Bruselas, delante del resto de líderes de la Unión, y las consecuencias del cambio de Gobierno se hicieron notar. Los 27 aprobaron por primera vez en meses unas conclusiones de la Cumbre por unanimidad sobre Ucrania, la guerra en ese país o la condena a Rusia. También hubo consenso sobre inmigración, aunque en este caso las conclusiones fueron menos ambiciosas: una mera llamada “para continuar con el trabajo intenso” y anunciar que “el Consejo Europeo celebrará una discusión estratégica” en octubre. Aun así, la ausencia del elemento Orbán permitió que los países más duros en materia migratoria no tuviesen presión extra y llegasen a este compromiso con España o Francia.

Diplomáticos europeos y nacionales celebran en privado la llegada de Magyar a Hungría, asegurando que ahora “se percibe una mayor coordinación” sobre Ucrania o que se pueden tratar con Volodimir Zelenski “los siguientes pasos tras la apertura de bloques de negociación” para la futura adhesión de Ucrania a la UE. Algo impensable antes. Y un camino que en la reciente Cumbre ningún líder de la extrema derecha o euroescéptico quiso torpedear. Ni el eslovaco Robert Fico, ni el checo Andrej Babis, ni la italiana Giorgia Meloni.

Sobre estos tres dirigentes con poder de mando nacional y voz y voto dentro del Consejo están puestos ahora los ojos que escrutan posibles giros de guión en las relaciones de poder, las influencias y contrapesos dentro de la UE. En ellos y en dos franceses que esperan a 2027 para asaltar El Elíseo, Marine Le Pen o su delfín, Jordan Bardella. Los cinco, desde la caída de Orbán, se mueven en las procelosas aguas de la política comunitaria.

“Sobre Meloni toda mi solidaridad, no sólo la he mostrado públicamente, también se la he transmitido dentro del Consejo... porque el ataque no es político ni personal, no sé como calificarlo”. Quien se expresaba así tras la Cumbre Europea en relación a las acusaciones despectivas de Donald Trump en las que afirmaba que la primera ministra italiana había intentado desesperadamente sacarse una foto con él en el G7 fue ni más ni menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posiblemente el líder europeo más en las antípodas de la italiana.

Las palabras de Sánchez no fueron timoratas aunque ambos políticos hubiesen chocado dentro del Consejo a cuenta del debate migratorio, porque la italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. Inicialmente se habló de una fuerte discusión, de un choque, pero una fuente diplomática de un tercer país y conocedora del debate interno desmintió para infoLibre tales términos. Y desde Moncloa también.

No es sólo este apoyo del líder socialdemócrata más importante en la UE. Meloni se está moviendo en todos los frentes de la política comunitaria, abandonando espacios que ocupan sus aliados tradicionales. Viene de asistir esta semana en la Riviera francesa a una cumbre bilateral de los dos gobiernos con el presidente galo Emmanuel Macron, llena de guiños cómplices, sonrisas y abrazos. Macron, antes que Meloni, ha sufrido los embates del estadounidense y con más crudeza.

El efecto Trump, en este caso como coyuntura internacional, ayuda a estos acercamientos y de ahí se salta a otros ámbitos de encuentro. Así lo cree el eurodiputado italiano Sandro Gozi, de los liberales de Renew dirigidos por las filas de Macron. “Italia y Francia avanzan, entre ellas y en Europa, cuando construyen juntas”, destaca Gozi sobre una agenda europea conjunta en la que pide que “la cooperación franco-italiana deba volver a convertirse en un motor político de Europa”. Debemos asumir una ambición común: más acción, más soberanía, más Europa”.

Y si Meloni recibe los apoyos de socialdemócratas y liberales y ella sabe emplearlos en la esfera europea, también los obtiene ahora de la otra gran cabecilla ultra con la que llevaba tiempo enfrentada. “Él fue muy ofensivo, así que entiendo plenamente la reacción de Giorgia Meloni, que es de orgullo nacional”, aclaró Marine Le Pen en la radio francesa. “¿Es la ruptura definitiva entre las dos naciones? Desde luego no. ¿Es esto un enfrentamiento severo en la relación entre dos individuos? Desde luego sí”, reconoce la líder del Rassemblement National.

Meloni y Le Pen tomaron caminos diferentes en la escena europea en 2024 y eso las llevó al distanciamiento político y personal. Fratelli d'Italia se quedó como principal partido junto a los ultracatólicos polacos del PIS en ECR, el grupo parlamentario en la Eurocámara que rivalizaba por dirigir a la extrema derecha frente a los Patriots fundados por Le Pen, Orbán, Vox y La Lega de Matteo Salvini. El ex primer ministro húngaro lamentó que el choque entre las dos mujeres impidiese la creación de un supergrupo ultra en el Parlamento Europeo. “Estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo”, suplicó entonces Orbán.

El acercamiento entre las 'jefas' de ECR y Patriots va más allá. El delfín de Le Pen –su sucesor si ella no puede presentarse a las presidenciales francesas– y líder de sus huestes en la Eurocámara, Jordan Bardella, acaba de viajar a Polonia para mantener encuentros de trabajo con los conservadores nacionalistas del PIS, la otra pata de ECR, también fuera del poder desde que Donald Tusk regresó de Bruselas para recuperar Varsovia para el PP europeo.

“Una visita que es una parada clave en una serie de viajes europeos”, dijo Bardella, en la que mantuvo una “muy provechosa” reunión con el presidente polaco para “discutir una serie de cuestiones e intercambiar opiniones sobre la actual dirección de Europa”. Rassemblement National perdió en Orbán a su principal líder centroeuropeo y ahora, reconocen, buscan aliados para “preparar la Europa del mañana”.

Hay más que se mueven en el ámbito euroescéptico. Los populares Tusk y Magyar han decidido recuperar el Grupo de Visegrado, antiguo foco de presión en los debates europeos ejercido por polacos, húngaros, checos y eslovacos. Esta alianza regional funcionó la década pasada en la UE como contrapeso al eje París-Berlín, al frente común del liberal Benelux o ante las reclamaciones en favor de la cohesión y una mayor integración procedentes del sur europeo. Pero la excesiva beligerancia de Orbán lo rompió. Ahora está de vuelta.

Los primeros ministros Robert Fico y Andrej Babis son los otros dos integrantes y ya no tienen problemas en aliarse con los conservadores tradicionales del PP europeo. Se benefician del giro más a la derecha de los populares en cuestiones migratorias, medioambientales o sobre competitividad industrial, además de que les une su impulso hacia el rearme. Sin Orbán delante, hasta el eslovaco y el checo no se muestran tan prorrusos y ni siquiera amagaron con bloquear las firmes conclusiones de la Cumbre en favor de Ucrania y contra Moscú. Incluso hablan ya de un proyecto de conexiones ferroviarias financiado conjuntamente por la Unión Europea.

En Bruselas observan estos movimientos. La conservadora Comisión Von der Leyen consiguió que Giorgia Meloni no pareciese tan peligrosa y euroescéptica cuando llegó al poder. Ahora otros peones populares intentan endulzar a los ultras centroeuropeos.

A Arancha González Laya le obsesiona una cuestión: la erosión de la democracia. Y cree que se debe avivar un debate ciudadano en estos momentos de “desorden” internacional. Ese sentimiento la llevó a sentarse delante del ordenador y plasmar sus reflexiones sobre el papel de Europa en Solos en el mundo (Arpa).

La exministra de Asuntos Exteriores analiza con su bisturí geopolítico lo que está pasando en un escenario en el que muchos países están sacando sus “peores instintos”, aunque también analiza que a Donald Trump le ha salido “el tiro por la culata” con la guerra de Irán. Un mundo en el que serán esenciales, como señala, las elecciones en Brasil y en España, y en el que la ultraderecha europea se está dando cuenta de que el presidente de Estados Unidos no quiere amigos, sino vasallos.

¿Cómo definiría el orden mundial que impera hoy?

Es un desorden y una salida de las certezas de los últimos 80 años, como el derecho internacional, las fronteras inviolables y una economía internacional que podía ser win win. El sistema anterior no era perfecto, pero los Estados nación habían decidido reprimir sus peores instintos. Y ahora quieren asentar su primacía frente al orden internacional.

¿Está la Unión Europea en decadencia?

La UE está siendo atacada. Por un lado, por el neonacionalismo y la vuelta de Westfalia. Se trata de la vuelta de los Estados fuertes, como son EEUU, China o Israel. Pero también hay fuerzas políticas dentro de la Unión que quieren afirmar una primacía nacional. Lo que aquí llaman prioridad nacional. Por otro lado, también la tecnología está erosionando la Unión Europea porque se está saltando las fronteras europeas en materia económica y también está afectando a la democracia. 

¿Qué impresión tiene del mandato de Donald Trump?

Es un síntoma de un malestar y de una división muy profunda en Estados Unidos. Un bando quiere encerrarse detrás de sus fronteras y otro quiere seguir respirando con el mundo. La diferencia entre los dos es tan pequeña que se elige al líder en unas elecciones por el canto de un duro. Trump representa el nacionalismo de Estados Unidos.

Después de la aventura fallida de la guerra de Irán, parece que Trump sale tocado…

Sí. Se envalentonó después de lo que consideró una victoria en Venezuela y pretendió proyectarlo a otros teatros de operaciones en Oriente Próximo. Le ha salido el tiro por la culata. Ha chocado su neonacionalismo con fuerzas muy poderosas, en este caso también con el neonacionalismo de un régimen con una gran raíz teocrática y con una narrativa histórica del Imperio persa que ha sabido resistir de manera muy hábil a la presión de Estados Unidos después de entender que no habría una guerra sobre el terreno. Este conflicto ha mostrado también las limitaciones de las guerras de la IA. 

Colombia acaba de engrosar la lista de países en Latinoamérica que han virado a la ultraderecha, como Argentina, El Salvador y Chile. ¿Cómo analiza ese vuelco?

Lo que estamos viendo es un movimiento de péndulo y cómo los líderes de izquierdas no repiten. Y veremos el test de Lula. Se ha instrumentalizado la rabia ciudadana, con una gran importancia de la IA y de las redes. Se está vaciando el suelo común que necesita la democracia: el de los hechos compartidos. Lo que hace la tecnología es vaciar de contenido y nos separa en tribus que no solamente piensan distinto, sino que no tienen ese suelo común de hechos compartidos. Entonces vemos movimientos pendulares: primero una tribu y luego la otra. 

Citaba a Brasil, ¿qué significan las elecciones de octubre en ese país en el contexto geopolítico actual?

Son una prueba para saber si este movimiento pendular funciona en la democracia más grande de Latinoamérica. Cuando uno mira los sondeos, ve que las fuerzas están muy ajustadas. Lo que estamos viviendo es una polarización de la sociedad. No solamente en términos de dos ideas, sino de dos partes irreconciliables. También en nuestro país vemos esa idea de que es imposible llegar a acuerdos. Es muy chocante ver cómo se pueden llegar a acuerdos en el Parlamento Europeo entre las mismas fuerzas políticas que son incapaces de hacerlo a nivel nacional.

España tiene el Gobierno de izquierdas más potente de la UE. ¿Qué suponen las elecciones generales en el actual contexto? ¿Esta batalla se libra también a nivel internacional?

Se mira a España con mucha atención. Se ha cantado tantas veces el fin del Gobierno español que se ha construido una especie de mito. No hay nada perdido. En Francia e Italia se sigue mucho la política de nuestro país. 

Ahora reside en Francia. ¿El próximo morador del Elíseo será un candidato de la ultraderecha?

Creo que es evitable. Pero veo una fragmentación en el espacio político. Aquí se va a tratar de quién es capaz de hacer pactos. Tenemos dos polos claros: Reagrupamiento Nacional y Jean-Luc Mélenchon. Lo que no está para nada claro es qué va a ocurrir en el espacio político que va del centroizquierda al centroderecha. El antídoto para que no gane la ultraderecha son los pactos y la capacidad de hacer alianzas.

En Italia sí gobiernan los ultras con Giorgia Meloni. Pero ahora estamos asistiendo a su enfrentamiento con Trump. ¿Tiene la extrema derecha problemas a la hora de gestionar cuando llega a las instituciones?

La ultraderecha europea va descubriendo que, en realidad, Trump no es su amigo. El objetivo del presidente de Estados Unidos no es hacer amigos en Europa, sino vasallos. Los últimos en descubrirlo, en nuestro país. Pero lo harán también. Vemos cómo el vasallaje es muy caro en política, ¡que se lo pregunten a Meloni!

¿Le ha decepcionado la evolución política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen?

La presidenta de la Comisión está jugando a mantener dos posibles alianzas en el Parlamento: la clásica, con los socialdemócratas y los liberales, y otra con las fuerzas de ultraderecha. El peligro es que las fuerzas a la derecha del PPE son nacionalistas y no europeístas. Si se apoya en la última mayoría, ella es menos reconocible para el centro de gravedad de la UE y sus ciudadanos.

¿Es el momento de que la UE se siente a hablar en serio con Rusia a través de António Costa para dialogar sobre el fin de la guerra de Ucrania?

Europa tiene que estar preparada para cuando Putin quiera sentarse a negociar. Por ahora no quiere, porque quiere conseguir con esta presión lo que no logra en el campo de batalla. Y busca el apoyo de EEUU. Ahí los europeos nos hemos colocado detrás del presidente ucraniano para evitar que esto ocurra. Tenemos que estar preparados para acompañar estas negociaciones que tendrán que ser entre Zelenski y Putin. Europa tiene que tener voz y capacidad de influencia. Creo que Costa puede ser la persona que acompañe, pero esta es una negociación de Ucrania. 

Hablando de las fronteras de Europa, España siempre se queja de que se habla poco de la franja del sur. Una de las relaciones más difíciles es con Marruecos. ¿Se siente cómoda con la política actual del Ejecutivo con Rabat?

Es normal que un país tenga sus relaciones más complicadas con sus vecinos más cercanos. El roce hace el cariño, pero a veces hay más roce que cariño. España tiene que tener con Marruecos las mejores relaciones desde la firmeza de los intereses nacionales. Hay una serie de cuestiones en juego que España debe defender desde la fuerza, pero buscando siempre las mejores relaciones. Como hace Marruecos desde la firmeza de sus intereses.

¿Qué le parece el pacto europeo para centros de migrantes en terceros países?

Es pan para hoy y hambre para mañana. Es ingenuo creer que esto no va a ser entendido por los aliados de la UE como una nueva forma de neocolonialismo. Lo es. Y, además, no resuelve el problema. Necesitamos una política migratoria que tenga que ver con la realidad de nuestro continente y no con la histeria de algunas fuerzas políticas. Tenemos que tratar cuestiones fundamentales como la seguridad de las fronteras y las políticas de integración. Eso pasa también por políticas públicas de vivienda, sanidad y educación. Reducir todo esto a centros de retorno se queda bastante corto.

Dentro de este debate europeo, ¿qué está pasando con la falta de liderazgo de Alemania en estos momentos?

Alemania tiene también una sociedad dividida y cuenta con un Gobierno de coalición más frágil que los anteriores. También tiene la necesidad de realizar reformas estructurales en la economía y en las políticas públicas con una mayoría política muy exigua. El canciller entiende la dirección, pero luego tiene que navegar la política doméstica, que es muy difícil.

¿Por qué nadie consigue pararle los pies realmente a Benjamin Netanyahu?

Se los ha parado el presidente de EEUU, que era quien le daba alas.

Pero sigue habiendo asesinatos en Gaza, Trump le hizo caso para emprender la guerra contra Irán, Israel está atacando Líbano… No se le han parado los pies.

Lo que le ha dado margen de maniobra al primer ministro israelí es una alianza de hierro con EEUU. Más con Trump que con presidentes anteriores. Y también algunos aliados en la región como los Emiratos Árabes Unidos, y otros países como India. Netanyahu lidera un Gobierno muy raro que también polariza a su país. Pero también vemos las dudas que tiene Estados Unidos, con su presidente diciéndole que ha llegado el momento de cambiar de táctica. Esto ha supuesto un cierto freno. Su alianza hoy es más matizada que hace tres meses.

En este desorden mundial, también muchos países están mirando ahora a China, ¿le gusta la apuesta del Gobierno español por tener una mayor relación con Pekín?

Lo que está haciendo España es ponerse al nivel de otros grandes países de la UE que tenían una interlocución fluida con China. Esto no quiere decir sintonía económica o política con Pekín. Hemos normalizado que el presidente español vaya una vez al año, como hacen los líderes de Francia y Alemania. Ahora bien, Europa tiene dos problemas fundamentales con China: el apoyo indirecto a Rusia para atacar a Ucrania y el desequilibrio económico. Esto obliga a que Bruselas tenga que definir de manera más clara cuál es su estrategia con Pekín.

¿Recibió algún tipo de joya durante su etapa al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores?

No. Y los regalos que recibí pasaron a Patrimonio Nacional. 

¿Cuál es la mayor fortaleza de España en estos momentos? ¿Y su mayor debilidad?

La mayor debilidad es la incapacidad política para hacer pactos. Y la mayor fortaleza, nuestra ciudadanía. 

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

_____________________

María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

Está pasando desapercibido en la actual opinión pública española el cambio que se está produciendo en la relevancia de Ucrania frente a la agresión rusa. Por un lado, la marcha, tanto desde el punto de vista militar, económico y político, como de las nuevas negociaciones que propone Rusia, donde Moscú quiere que medie la Unión Europea, o en su caso, participe como interlocutor. Es decir, el cambio es rotundo. Se pensaba que con el abandono del apoyo estadounidense a Ucrania, Rusia iba a conseguir sus objetivos anexionistas de una forma rápida, un sofisma muy extendido entre nuestros medios. Sin embargo, parece que empieza a ocurrir lo contrario, Trump no ha logrado el alto al fuego, que decía que lo iba a conseguir “en dos días”, y ahora lleva varios meses con las conversaciones paralizadas y sin resultados.

En los dos o tres últimos meses, se está produciendo una situación que no se esperaba. Se divulgó mucho en el mes de marzo la noticia de que, como consecuencia de la agresión estadounidense a Irán, el petróleo había subido casi el 40% su valor y, por lo tanto, estaba beneficiando a Rusia, que estaba consiguiendo ventas récord en petróleo y gas con importantes beneficios. En cambio, apenas ha sido noticia que en abril y mayo se han desplomado las exportaciones rusas como consecuencia del éxito de los bombardeos ucranianos con drones sobre sus refinerías, habiendo destruido casi la mitad de ellas. Incluso, en la actualidad, tienen problemas de abastecimiento interno.

En relación con el enfrentamiento armado, Rusia no solo no ha avanzado en el frente Este, sino que empieza a retroceder un poco. Además, tienen problemas de sustitución de los soldados muertos, heridos y desertores. También, el coste de la guerra empieza a ser más abultado, y está afectando a toda su economía. Asimismo, en estas circunstancias, le repercute que Irán, por la agresión estadounidense, le está dejando de abastecer con drones y armamento, y China no quiere hacer visible su apoyo, pese a que Putin ha ido en mayo a recabar su validación a Pekín.

Por parte de la Unión Europea y los Estados europeos, a pesar de la retirada estadounidense, el apoyo sigue siendo “inquebrantable”. Desde hace dos meses, cuando Orbán pierde las elecciones en Hungría, es importante resaltar que han podido hacer efectivos los 90.000 millones de crédito blando prometido, y también unos 15.000 millones por parte del Reino Unido en armamento. Además, el canciller alemán Merz ha propuesto la creación de un nuevo estatuto de observador para Ucrania en la UE, con vistas a conseguir una mayor vinculación. Sin embargo, se rechaza la propuesta de Zelensky de ser país miembro desde el punto de vista político y aplazar unos años las negociaciones definitivas de integración. Esto es debido a que se entiende que, en aplicación del Artículo 42.7, si Ucrania fuera país miembro, automáticamente los otros 27 entrarían en guerra con Rusia, ya que dicho artículo establece la obligación de defender con todos los medios contra una agresión. Esto, de momento, es imposible.

Al mismo tiempo, y posiblemente debido a esta debilidad creciente de Rusia, esta quiere que Europa sea, o bien mediador, o bien negociador en el conflicto, cosa que hasta hace poco se oponía rotundamente. La Unión Europea no quiere ser mediadora, ya que entiende que desde el principio de la guerra hace cuatro años ha estado del lado de Ucrania, en contra de la agresión, y entendía que esta invasión a un Estado socio era una amenaza para la propia Unión Europea y para Europa y quiere seguir dejando claro que sigue completamente unida al destino de Ucrania. Gracias a eso, Rusia tendrá que ceder bastante más de lo que pensaba gran parte de nuestra opinión pública.

_______________________________

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.

Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes en una entrevista en Telecinco que uno de los efectos que tendría un cambio de gobierno, consecuencia de una eventual moción de censura exitosa, sería que Pedro Sánchez “dejaría de tener RTVE para tener el NO-DO 24 horas”. El líder del PP incluyó el relevo de los directivos al frente de los medios públicos entre las medidas que quiere tomar como presidente provisional antes de ir a elecciones, en el caso de que Vox, UPN, Coalición Canaria y cuatro diputados más —que quiere conseguir en las filas del PNV o en las de Junts— apoyen una hipotética votación para ponerle a él en La Moncloa. Entre otras instituciones que quiere cambiar citó también la Fiscalía General del Estado y el CIS.

Completar ese objetivo, sin embargo, no es tan sencillo. Ni tan rápido. Para poner fin al mandato del actual presidente de RTVE, José Pablo López, y al de los miembros del consejo de administración, el PP solo tiene una posibilidad: impulsar la aprobación de una reforma de la ley vigente que regula los medios públicos.

El primer obstáculo es que a Feijóo no le bastan sus aliados tradicionales —Vox, UPN y Coalición Canaria—. Necesitaría el respaldo del PNV o de Junts, o por lo menos su abstención, para validar una reforma de la ley vigente, reformada por última vez el 29 de octubre de 2024.

El segundo es mucho más difícil de superar. El mandato del actual presidente y de los miembros del consejo de administración es de seis años, lo que significa que no expira hasta diciembre y noviembre de 2030, respectivamente. Es decir, apenas unos meses antes de que acabe la próxima legislatura.

Sin la abstención, al menos, del PNV o de Junts, Feijóo no podrá cambiar la ley para destituir a López y modificar la relación de fuerzas dentro del consejo. No podrá hacerlo, al menos, hasta que, en compañía de Vox, tenga mayoría absoluta en el Congreso, lo que, si llega a suceder, previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año, cuando se celebren las elecciones generales según el calendario de Pedro Sánchez.

Lo que el PP no parece haber tenido en cuenta, a la vista de las declaraciones de Feijóo en Telecinco, es que, aun así, no podrá reformar la ley para cambiar a la cúpula directiva de RTVE sin violar la legislación europea, que prohíbe expresamente ese tipo de maniobras, precisamente para garantizar la independencia de los medios públicos.

Este es el escollo jurídico más directo. El artículo 5.2 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) establece que los procedimientos para el nombramiento y el cese de los directivos de los medios públicos deben tener por objeto garantizar su independencia. La norma está en vigor desde el mes de agosto del año pasado y, de acuerdo con ella, los responsables de gestión y los miembros del consejo de administración deben nombrarse siguiendo procedimientos transparentes y con criterios definidos de antemano. Y solo pueden ser destituidos antes de que termine su mandato —esta es la parte decisiva— en circunstancias extraordinarias, que no incluyen un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados.

Modificar la ley para que el relevo sea posible no sortea esa prohibición: la vacía. Un Estado miembro no puede rediseñar su legislación nacional para eludir un reglamento europeo que es de aplicación directa. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea, establecido por el Tribunal de Justicia de la UE, significa que, cuando una norma nacional contradice un reglamento europeo, prevalece el reglamento. Siempre.

Lo que el PP quiere presentar como regeneración institucional sería, en términos jurídicos, una infracción del reglamento al que sus propios eurodiputados dieron el ‘sí’ en el Parlamento Europeo. Si la Comisión Europea detecta que una reforma legislativa nacional lo contradice, puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De hecho, la EMFA blinda la permanencia del actual presidente y del consejo de administración hasta finales de 2030. De manera que Feijóo, aunque consiga llegar a La Moncloa en las próximas elecciones, tendrá que convivir con una RTVE que no podrá controlar durante casi toda la próxima legislatura. O desafiar a la Unión Europea, como hizo la Hungría de Viktor Orbán, y poner fin a su mandato mediante una reforma legal que supondría una violación flagrante de la legislación europea y de las normas del Estado de derecho de la Unión.

RTVE, con cifras de audiencia y una influencia social cada vez mayor, se ha convertido en el último año en una de las obsesiones de Génova. Incapaz de forzar la caída de la actual dirección por procedimientos legales, el PP puso en marcha una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, una iniciativa que, sobre el papel, supone también un incumplimiento flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La de RTVE es una más de las muchas comisiones de investigación que el PP ha activado en la Cámara Alta, aprovechando que allí tiene mayoría absoluta para hacer lo que le plazca, con el objetivo de cuestionar así al Gobierno.

Su objeto formal es la gestión directiva, financiera y patrimonial de la corporación, que es un terreno perfectamente fiscalizable a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que el Senado comparte con el Congreso y que, todos los meses, examina la actuación de los medios públicos. Su función es velar porque el medio cumpla su misión de servicio público y sea viable económicamente.

El problema está en que la comisión de investigación sobre RTVE situó entre sus objetivos cuestionar la línea editorial de los informativos y los programas que emiten TVE y RNE, que el PP considera al servicio del Gobierno. No se trata solamente de investigar contratos, presupuestos o supuestas irregularidades en la gestión. Lo que pretenden es cuestionar qué noticias se emiten y cómo se enfocan. Y ahí empieza el conflicto legal con la EMFA, que prohíbe expresamente que un poder del Estado —y el Senado lo es— cuestione la línea editorial de los medios públicos.

Hay una consecuencia de este tipo de presiones, bien conocida en la literatura académica: el chilling effect, o efecto disuasorio. La sola amenaza de tener que comparecer ante una comisión parlamentaria para explicar por qué se eligió un enfoque informativo y no otro basta para que los periodistas empiecen a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar menos conflictivo. Ese proceso silencioso ocurre antes de que la comisión emita ninguna conclusión, antes incluso de que cite a nadie.

La propia RTVE lo denunció el mismo día del anuncio de la comisión. La corporación invocó el artículo 4.2 de la EMFA, el que prohíbe que los organismos estatales “interfieran o traten de influir” en las decisiones editoriales de los medios públicos. La iniciativa “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, advirtió.

Al mismo tiempo, el secretario general de la corporación remitió una carta a la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, encargada por ley de la supervisión de los medios audiovisuales públicos, pidiendo que analizara si la comisión constituía una interferencia en la independencia editorial y trasladara el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por la propia EMFA para vigilar el pluralismo en los medios.

Para entender la urgencia del PP basta con echar un vistazo a las cifras de audiencia de RTVE. La 1 cerró 2025 con una cuota del 11% de pantalla, su mejor dato en trece años, y el grupo RTVE en su conjunto alcanzó el 16,6%. RTVE fue el único de los tres grandes grupos que mejoró su cuota en 2025: subió 0,7 puntos mientras Atresmedia cedía 0,3 y Mediaset 0,4. En abril de 2026, el conjunto del grupo alcanzó el 17,8% de share, su mejor abril en catorce años.

Una televisión pública que crece mientras las privadas retroceden es un desafío para un PP que se siente amenazado por los profesionales de los informativos y quienes trabajan en los programas de actualidad —La Hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano o Malas Lenguas—.

El 12 de junio no es una fecha negociable. A partir de ese día, España debe tener operativa la maquinaria que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) lleva años construyendo en Bruselas: sistemas policiales, judiciales y aduaneros integrados con el resto de la Unión, procedimientos de criba en frontera y una base de datos biométrica que a partir de ahora incluirá la cara y las huellas dactilares de cualquier menor no acompañado desde los seis años de edad.

La fecha marca el inicio de la aplicación efectiva de un conjunto de reglamentos que el Parlamento Europeo aprobó en 2024 y que transforman la gestión migratoria en todo el continente. Lo que antes era un mosaico de normas nacionales dispersas pasa a ser, al menos en teoría, un sistema unificado. Y España, como país de primera llegada, es uno de los Estados que más cambios debe implementar.

La medida más inmediata es la implantación del procedimiento de cribado —screening, en la jerga comunitaria— en todos los puntos de entrada irregular. Cualquier persona que llegue a las costas canarias o a los puertos andaluces sin documentación debe pasar por un control exhaustivo de identidad, estado de salud y perfil de seguridad en un plazo máximo de siete días.

Durante ese tiempo, la persona no tiene derecho legal a pisar territorio nacional. El pacto lo llama “ficción de no entrada”: un limbo jurídico administrado en instalaciones fronterizas que España tiene que habilitar o ampliar. Si los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya operaban al límite de su capacidad, la obligación de retener sistemáticamente a quienes llegan exige una inversión en infraestructuras adicional que depende del Ministerio del Interior.

Al cribado le sigue, de forma automática para ciertos casos, el procedimiento fronterizo exprés de asilo. La regla es concreta: si el solicitante proviene de un país con una tasa de concesión de protección internacional inferior al 20%, su caso debe resolverse en un máximo de 12 semanas. Mientras dura ese proceso, la persona permanece confinada en zonas de tránsito o ubicaciones fronterizas habilitadas. Ya no puede esperar una decisión en libertad.

La lógica de Bruselas es desestimar rápidamente las solicitudes consideradas “infundadas o inadmisibles” antes de que el solicitante entre en el sistema ordinario. Para ello, la UE ha fijado una lista común de “países de origen seguros” que incluye, entre otros, a Marruecos, Egipto y Colombia a pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional los consideran en la lista negra de los que violan los derechos humanos. Esta clasificación no impide pedir asilo, pero coloca al solicitante en una posición más vulnerable: si procede de un país considerado “seguro” por Bruselas, su expediente puede tramitarse por la vía rápida y ser rechazado si no acredita riesgos personales concretos en su país de origen.

El problema práctico es que 12 semanas en una zona de tránsito fronteriza no son 12 semanas en un hotel. Las organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo que las condiciones de estas instalaciones no están diseñadas para una estancia prolongada, especialmente cuando hay familias con menores.

Otro de los aspectos del PEMA que más rechazo ha generado entre las ONG es la ampliación del sistema Eurodac. Esta base de datos, que hasta ahora recogía huellas dactilares de adultos en situación irregular, pasa a registrar también imágenes faciales y datos biométricos de menores desde los seis años.

La Unión Europea justifica la medida argumentando que protege a los niños en caso de separación familiar. España ha tenido que aceptarla a pesar de la incomodidad con la que el Ejecutivo ha gestionado el debate. Los datos no se quedan en un servidor nacional: deben interactuar en tiempo real con Europol y con el Sistema de Información Schengen (SIS), de modo que cualquier agente de policía en cualquier país del bloque pueda saber si una persona —incluso un menor— tiene una orden de retorno pendiente en otro Estado miembro.

La reforma de Eurodac ha suscitado críticas porque amplía de forma notable el alcance de una base de datos que nació para identificar a solicitantes de asilo y repartir responsabilidades entre Estados miembros. Con el nuevo marco, el sistema pasa a almacenar más categorías de personas, más datos biométricos y durante más tiempo, lo que para sus detractores supone un giro hacia una lógica de control migratorio más intrusiva.

Uno de los puntos más controvertidos es el impacto sobre la privacidad y la protección de datos. Organizaciones de derechos humanos y expertos en privacidad advierten de que la reforma refuerza la dimensión de vigilancia del sistema y reduce garantías, especialmente al facilitar un uso más amplio de la información recopilada y al conectar Eurodac con otras bases de datos europeas.

También ha generado especial rechazo la inclusión de menores en el sistema biométrico. Las críticas subrayan que tomar y conservar datos de niños y niñas desde edades muy tempranas, como los seis años, resulta desproporcionado y difícil de justificar desde la perspectiva de los derechos fundamentales. A ello se añade la preocupación por la mezcla entre gestión de asilo y fines policiales, ya que la reforma refuerza el uso de Eurodac para apoyar retornos y, en determinados supuestos, para fines de seguridad.

La consecuencia más tangible de la reforma europea está en la relación entre asilo y retorno. En cuanto una solicitud de protección es denegada, el PEMA obliga a poner en marcha el procedimiento de retorno, lo que reduce el margen de maniobra de la Administración y acelera el paso de una fase a la otra. Para encajar esa exigencia en la normativa española, el Ejecutivo ha tenido que introducir una cláusula de “incompatibilidad de procedimientos”, pensada para evitar que el asilo y otras vías de regularización se tramiten de forma simultánea.

La consecuencia práctica de esta reforma es que quien solicita asilo no puede, al mismo tiempo, aprovechar ese periodo para construir una vía de regularización por arraigo. El tiempo que la Administración tarda en resolver la petición no suma como estancia válida a efectos de ese permiso, de modo que una eventual denegación puede dejar a la persona en una especie de punto de partida migratorio cero.

Eso obliga a muchas personas a escoger entre dos caminos que, en la práctica, se excluyen entre sí: pedir protección internacional o acumular tiempo de permanencia para intentar regularizarse después por arraigo. Las organizaciones sociales denuncian que esta situación convierte el procedimiento en una “trampa legal”, porque penaliza precisamente a quienes primero buscaron asilo y quedaron atrapados durante meses o años en la espera administrativa.

España también debe integrar en su sistema judicial la Orden de Retorno Europea. Esto implica que los juzgados y la policía española deberán ejecutar, de forma casi automática, las decisiones de expulsión emitidas por cualquier otro Estado miembro y registradas en el SIS.

El margen de los jueces españoles para revisar el fondo del asunto queda limitado a los casos en que la medida atente contra el orden público interno. Además, el efecto suspensivo de los recursos judiciales se erosionará de forma significativa: la administración podrá consumar la deportación aunque haya una apelación en trámite, con plazos de respuesta judicial reducidos a 14 días. Juristas especializados en derecho migratorio han señalado que esta aceleración choca con las garantías procesales previstas en la Constitución, pero el reglamento comunitario la impone como estándar de eficiencia.

Es verdad que no todo el PEMA es de aplicación obligatoria. Hay un conjunto de medidas que el pacto autoriza pero no impone, y es en ese espacio donde el Gobierno ha plantado sus líneas rojas.

La más visible es el rechazo a los centros de retorno en terceros países. El acuerdo político alcanzado en junio de 2026 abre la puerta a que los Estados miembros trasladen inmigrantes irregulares a centros cerrados fuera del territorio de la UE, siguiendo el modelo que Italia inauguró en Albania. El Gobierno español no tiene ninguna obligación de replicarlo y, al menos por ahora, no lo va a hacer.

Tampoco está obligada a criminalizar penalmente la estancia irregular. El PEMA autoriza a los países a imponer penas de prisión por no colaborar en la propia expulsión; el Ejecutivo ha decidido no ejercer esa facultad. Y en lo que respecta al Reglamento contra la Facilitación de la Inmigración Irregular, España —único país que votó en contra de esa norma en diciembre de 2024— tiene potestad para excluir explícitamente de cualquier responsabilidad penal a las ONG que realizan labores de salvamento marítimo.

Mientras todo esto se despliega, el Ejecutivo mantiene su propio Reglamento de Extranjería nacional, en vigor desde mayo de 2025. Sus lógicas apuntan en dirección contraria: donde Bruselas amplía los plazos de detención administrativa hasta los 30 meses para asegurar las deportaciones, Madrid ha reducido de tres a dos años el tiempo de estancia necesario para regularizarse por arraigo. Donde Europa aprieta el procedimiento de retorno, España ha creado nuevas vías de integración laboral.

El debate sobre el PEMA no se limita a la gestión técnica del asilo: para la extrema derecha europea, y cada vez más para parte de la derecha tradicional, la reforma abre la puerta a un modelo de control migratorio inspirado en el ICE estadounidense, basado en la expulsión, la vigilancia intensiva y la reducción de garantías. Esa lógica ya no circula solo en manifiestos o cumbres ultras, sino también en propuestas concretas sobre reconocimiento facial, refuerzo de la detención, ampliación de los poderes policiales y debilitamiento de los recursos judiciales.

Los críticos con esta reforma advierten de que desplaza el foco desde la protección hacia la expulsión y normaliza un modelo de gestión migratoria que trata la irregularidad como un problema de seguridad más que de derechos, justo en la línea del discurso de la extrema derecha.

La paradoja tiene consecuencias físicas en el calendario de las administraciones. Por las mañanas, la Policía Nacional debe preparar los sistemas biométricos y los protocolos de cribado que Bruselas exige. Por las tardes, las oficinas de extranjería tramitan regularizaciones masivas al amparo de una legislación nacional aprobada precisamente para sacar de la sombra a cientos de miles de personas.

El Mecanismo de Solidaridad Obligatoria completa el cuadro: la UE fijará anualmente un contingente de reubicaciones y una bolsa financiera de unos 600 millones de euros para repartir entre los Estados. Los países que no quieran acoger físicamente a solicitantes de asilo podrán pagar alrededor de 20.000 euros por persona rechazada. España se ha abstenido en las votaciones sobre este mecanismo por considerarlo un sistema que mercantiliza la solidaridad, pero deberá jugar bajo esas reglas.

A partir del 12 de junio, España ejecutará ambas agendas a la vez. La cuestión es cuánto tiempo podrá mantenerse esa contradicción sin que una de las dos partes acabe cediendo. Eso si un eventual vuelco electoral en 2027 no pone a España, de la mano de PP y Vox, al frente de los países que van a aplicar con más intensidad las nuevas políticas de expulsión de migrantes. 

La agenda del reencuentro avanza entre España y México. A toda vela. A pesar del conflicto que quiso provocar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Ahora esa relación recobra fuerza con dos visitas al más alto nivel: el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, está de viaje desde este martes en el país norteamericano y Felipe VI se trasladará hasta allí para asistir el día 26 a un partido de la selección española en el campeonato mundial de fútbol.

España y México caminan de nuevo de la mano tras años de enfriamiento de las relaciones. En el Gobierno de Pedro Sánchez le dan la máxima importancia a esta conexión en un momento mundial crucial, en el que pocas grandes naciones tienen Administraciones progresistas. Y los dos países, asimismo, comparten la defensa de un orden multilateral frente a un Donald Trump que trata de dinamitar la diplomacia que ha reinado desde el final de la II Guerra Mundial.

Los dos países se han vuelto a dar la mano como se escenificó con el primer viaje de Sheinbaum a España el pasado mes de abril para participar en Barcelona en la cumbre a favor de una alianza por la paz, en la que Pedro Sánchez ejerció como anfitrión y a la que asistieron otros líderes progresistas como Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) o Yamandú Orsi (Uruguay).

Ahora, en un contexto de incertidumbre y con Trump en plena amenaza arancelaria, los dos países quieren profundizar en las relaciones económicas. Cuerpo está desde este martes en México, con reunión incluida con Sheinbaum. Al vicepresidente primero le acompañan hasta 65 empresarios para buscar oportunidades de negocio.

Asimismo, Cuerpo supone un enlace de la UE con México. Se trata de la primera visita de un ministro de un Estado de la Unión Europea a este país desde la firma el pasado día 22 del Acuerdo Global Modernizado entre Bruselas y el Gobierno mexicano, que supone la actualización más ambiciosa de la relación bilateral en los últimos 25 años. Este pacto supone la liberalización de más del 85% de las líneas arancelarias y deja libres de aranceles al 99% de los productos intercambiados.

España quiere ahondar con México en la relación económica en varias áreas, con la vista puesta especialmente en la transición energética, las infraestructuras, los servicios financieros y la economía digital. En el Ministerio de Economía recuerdan que España es el segundo país inversor en México, solo por detrás de Estados Unidos, con unas 6.000 empresas de capital español presentes en sectores clave.

Asimismo, México es el primer destino de las exportaciones españolas en América Latina con más de 10.300 empresas con negocios allí. A la vez, ponen de relieve en el departamento de Cuerpo, que México se ha consolidado como el principal inversor latinoamericano en España, con cerca de 700 empresas que generan alrededor de 55.000 empleos y un volumen acumulado cercano a los 35.000 millones de euros. Otro dato en el que incide el Gobierno es que el intercambio comercial bilateral de bienes y servicios se ha incrementado más de un 44% desde la pandemia, a pesar de los vaivenes que está sufriendo la economía mundial por la situación geopolítica.

Cuerpo se ha convertido en el gran embajador de la economía española. Y su posición se ha reforzado desde que Sánchez lo elevó a vicepresidente primero tras la salida de María Jesús Montero para competir en las elecciones andaluzas. El también ministro de Economía le da máxima importancia a la escena internacional, como el presidente, y ha forjado relaciones con otras Administraciones desde que la época en la que ocupaba el puesto de secretario general del Tesoro.

El vicepresidente primero ya estuvo viajó junto a FelipeVI a Canadá a finales de mayo. Un país estratégico también en estos momentos con su primer ministro, Mark Carney, como una de las figuras clave para frenar a Trump y defensor de la alianza de potencias medias en el nuevo orden mundial. Asimismo, el ministro español de Economía tiene previsto hacer un viaje a California, un Estado dominado por los demócratas y cuyo gobernador, Gavin Newsom, ha forjado una relación sólida con Sánchez.

La visita de Cuerpo sirve de prólogo para el desplazamiento de Felipe VI, que ha aceptado la invitación de Sheinbaum para asistir al Mundial de fútbol. El monarca estará el día 26 en la ciudad mexicana de Guadalajara para apoyar frente a Uruguay a la selección española, que ya habrá participado previamente en dos partidos en el estadio de Atlanta (Estados Unidos).

El viaje de Felipe VI supone restablecer los puentes entre México y la Casa Real, después de un periodo de años en el que el Gobierno de Sheinbaum lleva exigiendo que el monarca pida perdón por los episodios violentos de la conquista, un tema muy sensible para su Gobierno y su electorado. El rey reconoció durante la inauguración de una exposición hace unas semanas que hubo “mucho abuso y controversias éticas” en aquella época.

Felipe VI ha estado dos veces ya como monarca en México: en 2015 junto a la reina Letizia y en 2018 con motivo de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, fue él quien, un año después, pidió por carta a Zarzuela que se pidiera perdón por los abusos durante la conquista. Posteriormente, Sheinbaum no invitó al monarca a su toma de posesión, algo que provocó que no acudiera ningún miembro del Gobierno español.

Ahora las dos Administraciones vuelven a alinearse. Además, está el horizonte temporal de la celebración en Madrid de la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre. La ausencia de México desluciría totalmente una cita en la que España ejerce de anfitriona. 

De esta manera, el rey llevará un mensaje diferente al de la presidenta Ayuso, que se dedicó a reivindicar la figura de Hernán Cortés durante su reciente estancia en México, donde incluso llegó a decir que había corrido riesgo físico después de su choque con Sheinbaum. La presidenta madrileña no ha aclarado ni siquiera qué hizo los días en los que no tuvo agenda oficial. 

Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

Italia es el último Estado miembro de la UE en incorporarse al nuevo impulso de la energía nuclear. Se suma así a un grupo creciente de países que, en los últimos tiempos, han roto con la tendencia favorable al cierre de estas plantas surgida tras la catástrofe japonesa de Fukushima. Polonia construye sus primeras instalaciones nucleares, mientras Francia, Suecia, Bulgaria o Chequia impulsan planes para ampliar su parque con nuevos reactores y Bélgica ha dado marcha atrás en su calendario de desmantelamiento.

Una nueva era de la energía nuclear emerge en la Unión Europea. Para este verano, el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, prevé introducir el marco legal que permitirá el regreso de la nuclear a Italia, desaparecida del país desde que un referéndum celebrado en 1987, tras la catástrofe de Chernobyl. aprobó el cierre de sus reactores. La coalición ultra liderada por Meloni se centrará en los llamados SMR, pequeños reactores nucleares modulares, la tecnología que ahora mira con interés Bruselas.

La Comisión Europea presentó hace unos meses la Estrategia Inversora en Energía Limpia en la que, además de movilizar millones hacia las renovables e incentivar la autogeneración de los propios consumidores, se decantó claramente por el desarrollo de pequeños reactores nucleares modulares a principios de 2030 en los países de la UE. Bruselas prometió 200 millones de euros en los próximos tres años para apoyar estas tecnologías.

Son reactores construidos en fábricas y transportados hasta su punto de instalación, que pueden producir de 10 a 300MW de electricidad, empleando diferentes refrigerantes como la sal fundida, metales líquidos o gas a altas temperaturas. Con un coste inferior al de los reactores tradicionales, sobre los 1.000 y 4.000 millones de euros frente a los 9.000 o 15.000 millones, la Comisión los considera un “componente clave” para los países que quieran mantener la nuclear dentro de su mix energético, especialmente en distritos urbanos o grandes industrias, como la química, la siderúrgica o la refinera.

Una intervención de Ursula von der Leyen hace dos meses en París, durante la Cumbre de la Energía Nuclear, resume la posición actual de la Comisión. La presidenta del Ejecutivo comunitario argumentó que "Europa no es un productor de petróleo o gas" y que, en materia de combustibles fósiles, depende por completo de "importaciones volátiles y caras", lo que sitúa al continente en una desventaja estructural frente a otras regiones. "Tenemos fuentes energéticas propias de bajas emisiones de CO2: la nuclear y las renovables", prosiguió la política alemana ante el presidente francés, Emmanuel Macron, equiparando ambas energías como garantes conjuntos de la independencia y la competitividad europeas.

Mientras que en los años 90 un tercio de la electricidad producida en el continente procedía de la nuclear, en la actualidad representa alrededor del 15%. Para Von der Leyen, esa evolución fue "un error estratégico" que alejó a Europa de fuentes bajas en emisiones, asequibles y seguras. Actualmente, 12 Estados miembros, entre ellos España, operan plantas nucleares, con cerca de un centenar de reactores en funcionamiento en el conjunto de la UE. La situación, sin embargo, difiere mucho según los países.

A ese grupo se sumarán Polonia y, si la oposición o la sociedad civil no frenan los planes de Meloni, también Italia. Incluso Alemania, que completó el cierre de sus centrales, ha reabierto el debate político: su canciller, Friedrich Merz, considera, como Von der Leyen, que abandonar la nuclear fue "un grave error estratégico". En Baviera, los dirigentes regionales presionan además al Gobierno federal para construir pequeños reactores modulares en la región.

España avanza en sentido contrario a este nuevo impulso nuclear. El país mantiene el calendario de cierre de sus centrales y el actual Gobierno rechaza las llamadas del sector y de partidos como el PP o Vox a prolongar la vida de esta energía. La apuesta del Ejecutivo es clara: la autosuficiencia energética y la transición hacia fuentes no emisoras de CO2 pasan por las renovables —especialmente la solar y la eólica— y, a medio plazo, por el hidrógeno verde.

En esa estrategia se enmarcan los siete grandes valles industriales de hidrógeno verde que han obtenido 1.200 millones de euros de los fondos Next Generation. La potencia esperada superará los 2.000 MW, una capacidad muy superior a la de un pequeño reactor nuclear por un coste similar.

Estas inversiones profundizarán el mix energético verde español, que ya obtiene más de un 50% de su electricidad consumida desde fuentes limpias. La eólica y la solar son los principales motores de esta transición, aunque la hidroeléctrica generada en los embalses mantiene una considerable aportación. En la actualidad, sólo un 25% de la energía que consumen hogares, industrias, comercios o edificios procede de hidrocarburos.

La transición renovable en España empuja fuera del mercado al petróleo y al gas, mientras que el carbón es ya prácticamente inexistente y la nuclear genera algo menos de la quinta parte de la electricidad consumida. Este mix contrasta con el italiano, donde casi el 60% de la electricidad consumida procede de combustibles fósiles, según datos de Eurostat y la Agencia Internacional de la Energía. Aunque desde 2023 se han instalado más de 200 kWh de potencia solar, la energía eólica sigue representando en Italia una fuente ínfima de la electricidad consumida, apenas una décima parte de la procedente de combustibles fósiles en 2025.

Italia, por tanto, podría aprovechar y apostar con decisión por las inversiones renovables para reducir su dependencia exterior de los hidrocarburos, procedentes de Oriente Medio o del norte de África, con Argelia como su mayor proveedor de gas y Libia en aumento. Sin embargo, Meloni ha situado también la nuclear en el centro de su estrategia. Recientemente, en el Senado italiano, la primera ministra destacó que "el Gobierno, desde el principio, ha trabajado sobre la cuestión energética, empezando por el gas y por la energía nuclear", y anunció que este verano se aprobarán los procedimientos necesarios para reintroducir la producción nuclear.

Mientras tanto, fuentes de la Comisión Europea destacaban en privado, tras la publicación este jueves de las previsiones económicas de primavera, que España  “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, gracias a “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas”. Esta crisis, según estas fuentes, afectará a España “a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios si la crisis energética no se soluciona”, pero en menor medida que a países mucho más dependientes de la importación de hidrocarburos, como Italia.

Los datos macro validan la apuesta renovable española ya que su PIB crecerá un 2,4% este año, el triple que una economía italiana dominada en pleno 2026 por los combustibles fósiles y por encima también que la francesa, donde la nuclear aporta sobre el 65% de la electricidad.