La Audiencia Nacional sienta desde el lunes en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados en el que será su segundo juicio por el caso Púnica, que estalló en octubre de 2014 con su arresto y el de medio centenar de personas por presunta corrupción, entre ellas varios alcaldes de la región, según informa EFE.

Granados, que pasó dos años y medio en prisión preventiva, solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial, por el que fue condenado a dos años de cárcel. 

El juicio que arranca este lunes, y que se prolongará hasta el próximo mes de marzo, se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.

Granados, que fue número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP madrileño, afronta una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por dos delitos continuados de fraude y prevaricación, que la acusación del PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) eleva a 38.

Además de él, están acusadas otras trece personas, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y varios exalcaldes de municipios madrileños. 

Es el caso de los exregidores de Valdemoro, José Miguel Moreno y José Carlos Boza (recientemente absuelto en otra pieza de la Púnica); Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro, también exsenador, y Daniel Ortiz, y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre los dos y los cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien pide inhabilitación de ocho años.

La Audiencia Nacional juzgará si en los diferentes consistorios madrileños "existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político de sus gestores, a través de las adjudicaciones de fiestas sobredimensionadas en unos casos con sobrecostes más allá del lógico beneficio industrial, en otros", según exponía el juez en su auto de procesamiento.

La Fiscalía destaca en su escrito de conclusiones provisionales la "relación de amistad" entre Granados y el dueño de la empresa Waiter Music, José Luis Huertas, ya fallecido, que llegó a correr con los gastos de dos fiestas privadas del exconsejero.

Subraya la "gran influencia" de Granados en el PP de Madrid y en el Gobierno regional y su posición de "prevalencia y superioridad" ante autoridades y funcionarios, que fue utilizada presuntamente para favorecer al citado empresario "ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid".

Fiestas patronales, festejos de Navidad, cabalgatas, orquestas de verano o incluso alguna actuación musical en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid fueron adjudicadas de manera presuntamente irregular a Waiter Music. 

En concreto, logró la adjudicación de los festejos en Valdemoro (por 773.186,88 euros), Móstoles (por 262.000,00 euros), San Martín de la Vega (135.349,96 euros), Torrejón de Velasco (por 100.172,96 euros), y en Moraleja de Enmedio (104.565,12 euros), entre otros.

Había, según la Fiscalía, "contraprestaciones". El empresario proporcionaba "unos servicios extras a requerimiento de los políticos", también para actos del PP, que no facturaba, y hacía "regalos", como un reloj y una pluma Montblanc por 1.000 euros a Granados, entre otros.

Hay herencias que tardan décadas en liquidarse. En la Comunidad de Madrid, el legado de la época de las grandes infraestructuras de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre no solo sobrevive en el hormigón abandonado, sino también en las cuentas del Gobierno regional. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2024, pone de manifiesto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene en su activo 303,02 millones de euros en “obras fantasma” abandonadas que en varios casos no son recuperables, según la propia Administración. 

No se trata de un simple descuadre contable. Según explican fuentes de la Cámara de Cuentas consultadas por infoLibre, el mantenimiento de este valor en los libros responde a una “clara sobrevaloración del activo” motivada por la resistencia política a admitir que esos proyectos son hoy dinero perdido. Al no limpiar la contabilidad, el Ejecutivo de Ayuso evita enviar el mensaje de que cientos de millones de euros de inversión pública terminaron, literalmente, en vía muerta.

El grueso de esta "riqueza fantasma" se concentra en proyectos ferroviarios que nunca llegaron a destino o que fueron cerrados prematuramente por falta de usuarios. El máximo exponente de ellos es el ferrocarril de Móstoles a Navalcarnero, una obra iniciada en 2008, bajo el mandato de Aguirre, y abandonada apenas dos años después, que la Comunidad sigue valorando como un activo de 126,2 millones de euros. 

Mientras en la Puerta del Sol se resisten a admitir dicha pérdida en sus libros, la factura real no deja de crecer: el Gobierno regional ya tuvo que abonar 162,5 millones de euros en indemnizaciones a la constructora OHLA en 2022 por la liquidación prematura del contrato. La estrategia actual para mantener viva esta ficción contable pasa por que sea el Ministerio de Transportes quien se haga cargo de dicha infraestructura. El departamento de Óscar Puente licitó el pasado diciembre un estudio de viabilidad para intentar rescatar la obra, en lo que supondría, de facto, un traspaso de la responsabilidad sobre dicha ejecución que la Comunidad lleva años reclamando y que le permite deshacerse de la responsabilidad sin reconocer que la inversión fue un fracaso.

A pocos kilómetros, en San Martín de la Vega, la línea de Cercanías C-3a, que pretendía dar servicio al parque temático Warner, ofrece una estampa de abandono todavía más visual, con la estación dejada a su suerte y vandalizada, y un trazado que la propia Administración descartó oficialmente recuperar en diciembre de 2024 por no ser rentable. Como en el caso del tren Móstoles-Navalcarnero, la Comunidad de Madrid pretende que el Ministerio de Transportes se haga cargo del servicio. 

Aunque este activo figura en el balance con un valor de 59,8 millones de euros, la realidad es que se trata de una infraestructura que llegó a registrar una media de apenas cuatro usuarios por tren antes de su clausura en 2012. La desidia contable con este proyecto convive con nuevos hachazos judiciales: el pasado diciembre, el Tribunal Supremo condenó a la región a pagar 7,5 millones de euros adicionales por la expropiación de unos terrenos al iniciar la construcción de la vía, que lleva 13 años cerrada.

La variante de Torrejón de Ardoz completa este mapa de la herencia ferroviaria no resuelta. Con una obra ejecutada —en este caso bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón— y valorada en sus libros en 26,6 millones de euros (de un contrato total de 69,9 millones), se trata de un túnel inacabado que la Comunidad de Madrid decidió paralizar definitivamente en 2017. La Administración admitió entonces que el proyecto era "inviable" debido a que el entonces Ministerio de Fomento exigía para su explotación una segunda fase que ni siquiera estaba planificada ni contaba con proyecto constructivo. 

Según los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora, la Comunidad tuvo que abonar a la constructora Sacyr una indemnización de 1,91 millones de euros exclusivamente por el desistimiento del contrato, a lo que se suman otras reclamaciones por daños y perjuicios derivados de años de suspensiones y errores en la gestión de permisos y expropiaciones. Pese a este abandono oficial, el Gobierno regional ha mantenido el valor de lo ya construido en su balance utilizando el término contable "inmovilizado": esto le evita reconocer que la infraestructura carece de utilidad.

El cuarto "activo fantasma" es la carretera M-203 (recientemente rebautizada como MP-205), que figura en el balance como "inmovilizado terminado" por un valor de 90,3 millones de euros. Esta vía de 12,5 kilómetros, diseñada originalmente en 2005 para unir la A-2 con la R-3 y la M-50, lleva casi dos décadas en un limbo administrativo. Aunque el asfalto está terminado y en perfecto estado, la falta de permisos originales de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del Ministerio de Fomento paralizó las obras en 2007, un año antes de su inauguración prevista, convirtiéndola en un escenario habitual para rodajes de cine y carreras ilegales.

El fiasco no solo es logístico, sino financiero: tras un litigio judicial, la Comunidad de Madrid fue obligada a pagar 73,4 millones de euros a la constructora Ferrovial por la resolución del contrato. La Cámara de Cuentas advierte que el activo debe ser “regularizado” (borrado del balance) en caso de que dicha vía continúe abandonada. El Gobierno de Ayuso ha anunciado su “resurrección” dentro del Plan de Carreteras 2025-2032. La maniobra implica una nueva inversión –adicional a la inicial– de casi 60 millones de euros para completar la conexión, una promesa que permite esquivar, un año más, la asunción de este agujero en las cuentas públicas.

Junto a las obras paradas, la fiscalización del ejercicio 2024 pone el foco en un desorden administrativo que arrastra la Comunidad desde que absorbió a la desaparecida empresa autonómica MINTRA en 2011. Al hacerse con ella, adquirió también un derecho de cobro de 121,6 millones de euros que Metro de Madrid le debe ahora a la Comunidad por el arrendamiento de vías desde hace más de una década.

Al ser Metro una empresa propiedad de la Comunidad de Madrid, en las cuentas consolidadas el impacto en el balance neto es nulo (lo que uno debe, el otro lo tiene por cobrar). Sin embargo, mantener esta deuda viva en el papel tiene un perjuicio económico directo: la Comunidad está obligada a facturar ese alquiler ficticio y, por tanto, a ingresar el IVA correspondiente a la Hacienda estatal. Es decir, la Administración madrileña está perdiendo dinero en impuestos pagados al Estado por unos ingresos de Metro que son incobrables y que no van a entrar en las arcas regionales.

Los “valores fantasma” pendientes de regularizar que la Comunidad de Madrid contabiliza en el activo suman más de 300 millones de euros, pero las indemnizaciones que la Comunidad ha desembolsado a las constructoras o a otras partes perjudicadas por la paralización de las obras ascienden a otros 245,3 millones de euros entre las cuatro obras paralizadas. 

La Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo, que en 2021 se comprometió, según la Cámara de Cuentas, a regularizar las tres obras ferroviarias y dejar de contarlas como activo, no ha respondido a las preguntas de infoLibre sobre las razones por las que no lo ha llevado a cabo la regularización ni respecto a los plazos en los que se plantea hacerlo.

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la sentencia que le obliga a facilitar las memorias anuales de la empresa público-privada Madrid Network.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha inadmitido a trámite el recurso de casación del Gobierno regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obligaba a la Comunidad a facilitar la información requerida por un ciudadano a través del Portal de Transparencia.

La petición ciudadana solicitaba la copia de todas las memorias anuales recibidas por la Comunidad de Madrid procedente de Madrid Network, como consecuencia del convenio firmado entre la Consejería de Economía y Hacienda y Madrid Network con fecha 23 de mayo de 2011, que el TSJM estimaba al estar comprometidos fondos públicos.

A esa empresa público-privada, según publicó 'eldiario.es', la expresidenta Esperanza Aguirre transfirió 80 millones de euros concedidos por el entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid como préstamo destinado a desarrollo e innovación , además de un pago de 1,8 millones de euros a una empresa del exministro Cristóbal Montoro.

La Comunidad de Madrid justificó que no facilitaba los datos porque podrían ser "susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades", si bien el Tribunal Supremo considera que la Administración regional no ha concretado qué datos podrían verse comprometidos "ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales".

Y entiende que, en la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este caso, deben prevalecer claramente "los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer como se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones".

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha argumentado que la Comunidad de Madrid no había entregado las memorias requeridas porque "es una asociación privada", y había dudas sobre cuestiones relacionadas con la protección de datos de personas y de instituciones que estaban en esos expedientes.

Al haber una resolución judicial que aclara esa cuestión, ha precisado que la Comunidad de Madrid no tendrá "ningún problema en poder facilitar la información que obre" en su poder.

Y ha añadido que se ha reclamado a Madrid Network "todos y cada una de los préstamos y de las cantidades que en este momento se nos adeudaría" por parte de la asociación, y que el Gobierno regional también ha recurrido a los tribunales. PSOE y Más Madrid apuntan al pasado de Díaz Ayuso en Madrid Network

Desde la oposición han cuestionado las resistencias de la Comunidad a publicar esas cuentas y han hecho hincapié en la relación laboral de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con Madrid Network, donde trabajó “hace casi veinte años” como “redactora de web y notas de prensa”, según ella misma dijo.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ve en Madrid Network “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos de Ayuso”, y cree que el “desfalco” de "al menos 50 millones de euros" en la entidad tiene “toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP”.

Y la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, ha asegurado que Madrid Network "debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid" y ha recordado que es una de las entidades implicadas en los presuntos pagos ilegales a Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro.

“El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”, suelen decir derechas y ultraderechas. Lógico, la política fiscal es uno de los campos de batalla que los conservadores españoles eligieron hace ya años para ganar apoyos. 

Corría el año 2006 cuando Esperanza Aguirre propuso un sistema de “cheque escolar” que consistía en devolverles a las familias que llevaban a sus hijos a la privada el importe de sus impuestos que se hubieran destinado a la escuela pública. Así, se suponía que se les devolvía lo que habían abonado dado que no hacían uso de ese “servicio”, y de esa manera podían pagar con lo recibido la cuota de su centro elegido, o parte de ella. Era un planteamiento descabellado, mucho más si se extendía al conjunto de los servicios públicos ¿Quien no usa la sanidad pública por tener un seguro privado debe recibir también la correspondiente devolución? ¿Y quien no discurre por las carreteras porque nunca sale de su ciudad? ¿Y quien jamás ha pisado ni pisará un parque ni paseará por un sendero en la montaña? La propuesta se descalifica por sí sola, pero sirve para entender a la perfección lo que significa, en el fondo, la política fiscal: decidir qué es lo que queremos garantizar para el conjunto de la sociedad y lo que queremos dejar a la suerte de cada cual.

El último ejemplo de esta pugna lo estamos viendo en la reacción de la derecha contra la propuesta (quizá globo sonda) del Gobierno de subir las cotizaciones a los autónomos. Es, sin duda, una idea para pensar despacio, darle cuatro vueltas y diferenciar entre distintos colectivos y situaciones. Lo que no tiene sentido –o sí– es proponer que, si los conservadores gobernasen, esas cotizaciones no se tocarían, o incluso se bajarían, y además los autónomos que facturasen menos de 85.000 euros no tendrían que pagar IVA. ¿Qué tiene que ver la cotización de los autónomos, destinada a sufragar asistencia sanitaria, prestación por incapacidad temporal, baja por maternidad o paternidad –entre otros servicios y ayudas– con un impuesto sobre el consumo como es el IVA? Es como esa publicidad de los grandes almacenes que periódicamente anuncia descuentos de “días sin IVA”, mintiendo descaradamente. Una cosa es un descuento del 21% y otra muy distinta que no se pague IVA, lo que es claramente ilegal. Cuesta entender cómo esas campañas no son prohibidas por el efecto perverso que tienen sobre una cuestión tan delicada.

En el fondo, los conservadores hacen un totum revolutum con todo lo que suene a “pagar a Hacienda” para construir una enmienda a la totalidad a las bases del Estado del bienestar. Sin unos ingresos adecuados, los servicios públicos, las prestaciones sociales y los mecanismos de redistribución no son viables. El Estado se convertiría así en algo mínimo ocupado de gestionar policía, ejército y poco más. Una idea, por otro lado, que cuando la derecha gobierna tampoco aplica, pero eso no les impide mantener el mantra. 

Aquí no acaba el problema. El pensamiento mágico aparece por la derecha cuando al mismo tiempo que proclaman la bajada o desaparición de impuestos, reclaman al gobierno de España que incremente el gasto en defensa hasta el llegar al 5%, como pide Donald Trump. La pregunta que hay que plantearse es obvia: Si el Estado recorta impuestos y recauda menos, ¿de dónde obtendrían los fondos para ese incremento del gasto militar? Si, lo han adivinado: de los servicios públicos.

Este pensamiento, por muy mágico –y antisocial– que sea, tiene buena acogida por parte de la población, entre otras cosas porque tampoco la izquierda ha conseguido dar con la forma de explicar que no se “paga a Hacienda”, sino que con los impuestos se financia lo que es de todos y con las cotizaciones –de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena– las prestaciones que llevan aparejadas. 

La primera incapacidad de la izquierda para hacer pedagogía en política fiscal la muestra el mismo lenguaje. No se “paga a Hacienda”, ni “al Gobierno”, ni mucho menos a Sánchez, sino que los ingresos van a unas cuentas comunes para sufragar los gastos comunes, tanto por parte de municipios como de Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado. Por si fuera poco, se sigue hablando del gasto en educación en vez de inversión en educación, del gasto sanitario en lugar de la inversión en sanidad, del gasto público en lugar de la inversión en servicios públicos. ¿O acaso no es una inversión tener un sistema educativo público de calidad que facilite el ascensor social, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad de oportunidades en el derecho a la vida, o una administración pública con recursos suficientes para garantizar la eficacia de los sistemas democráticos? En aquellos casos donde esto no existe, se comprueba el coste de no tenerlo. El 42% de los enfermos de cáncer en EEUU pierden en su tratamiento todos sus ahorros (ver aquí), los jóvenes japoneses se hipotecan de por vida para financiar sus estudios (ver aquí), ancianos en Líbano que no pueden dejar de trabajar porque no existe una pensión pública ni nada que se le parezca… Sí, eso ocurre hoy en no pocos países del mundo.

En España empezamos a tener ejemplos. ¿O acaso el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía no es el producto de años de recortes de inversiones en el sistema público, derivación de recursos a la sanidad privada, externalizaciones mal hechas y falta de medios? Si el dinero destinado a sanidad, como a educación o a tantas otras cosas no es una inversión, basta con probar a dejar de invertir y comprobar cuánto nos cuesta. El coste de no invertir.

El debate sobre la fiscalidad debe alejarse de las campañas electorales. Necesita rigor, mucha pedagogía y altas dosis de corresponsabilidad. Los expertos en políticas económicas del bienestar insisten en la importancia de completar la redistribución –las medidas que se aplican para distribuir la riqueza y hacer una sociedad más igualitaria– con medidas de predistribución, las orientadas a prevenir las desigualdades desde el origen, asegurando que existen suficientes guarderías públicas gratuitas, el acceso universal a educación y sanidad de calidad, etc. Máxime, en un momento donde desafíos como la crisis climática, la revolución digital o el incremento de movimientos migratorios nos exigen buenas dosis de inversión pública para garantizar la cohesión social y, en última instancia, la propia democracia.

Debatamos sobre el incremento de cotizaciones, sobre su progresividad o su forma de enfocarlo, pero no olvidemos que en el fondo de la política fiscal reside el modelo de sociedad en que queremos vivir.

La fundación ultracatólica Neos, uno de los principales exponentes en España de la batalla cultural que libra la derecha y la extrema derecha a nivel global, consigue captar adeptos para sus actos entre altos cargos de la cúpula judicial española. El magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Antonio García Martínez, exportavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), participó en uno de esos eventos el pasado junio, solo una semana después de que el Tribunal Constitucional avalara la ley de amnistía. En el encuentro, titulado España en el abismo: Alternativa o Frente Popular, su intervención estuvo flanqueada por la del presidente del colectivo, el exministro del Interior del PP Jaime Mayor Oreja, la diputada del ala más derechista del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el exdirigente de Ciudadanos y ahora eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta.

El discurso de la derecha judicial en España dibuja una imagen catastrófica del país en el que un Gobierno de izquierdas ataca sistemáticamente la separación de poderes y la independencia judicial tratando a toda costa de intervenir en la Justicia. Frente a ese panorama político, el conservadurismo corporativo defiende un estamento judicial que actúa como última frontera para defender la democracia, el orden constitucional y la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Pese a la defensa de esos valores, periódicamente aparecen miembros de esa corriente –muy mayoritaria en la carrera– en actos de claro contenido político e ideológico. Pocos días antes de la intervención del magistrado del Supremo, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y candidato a magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo José Luis Concepción participó en otro evento de Neos celebrado en Burgos.

El acto en el que participó García Martínez se celebró el pasado 30 de junio en el auditorio Mutua Madrileña de la capital. En él, la periodista y presentadora de televisión Ana Samboal presentó a los intervinientes manifestando previamente que el Tribunal Constitucional se había convertido en un "tribunal constituyente" que había cambiado la Constitución para "borrar delitos o conceder perdones al estilo de un rey medieval". "Hace una semana había una separación de poderes", continuó Samboal antes de dar la palabra a los ponentes. "Hoy, esa suerte de tribunal constituyente ha decidido mediante una sentencia que hay un poder que está por encima del resto, que es el Parlamento. Y ninguno de los que estábamos aquí lo hemos votado", añadió.

El magistrado del Supremo tuvo una intervención muy medida y sin grandes mensajes políticos (a partir del minuto 37 del vídeo). Pero los que precedieron y sucedieron al representante de la máxima instancia judicial española, sí los lanzaron. Mayor Oreja, el primero en hablar, partió de lo que en su opinión es "una verdad que ya se puede confirmar". "El frente que nos gobierna es mucho más que el sanchismo. El Gobierno que lo dirige es mucho más que un gobierno Frankenstein, mucho más que un Gobierno de coalición. Nos gobierna un proceso en el que se han sumado dos deslealtades a España: la histórica y recurrente de los partidos nacionalistas y la deslealtad sobrevenida a partir del 11 de marzo de 2004 de la izquierda española [fecha de los atentados del 11-M] que decidió que ETA era su aliado y no era el adversario al que combatir. Un frente de ruptura que, por su propia naturaleza, no tendrá límites legales, democráticos, éticos... Porque su único límite es la no pérdida del poder [...]. Morirán matando".

Tras el representante del más alto tribunal español, tocó el turno al eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta, que acusó al Constitucional de "haber mentido a sabiendas sobre la constitucionalidad de la amnistía". "La amnistía es inconstitucional diga lo que diga [el presidente del TC, Cándido] Conde-Pumpido y los constructivistas jurídicos y los amigos del uso alternativo del derecho que hacen decir a la ley lo que le parece a su ideología". Cayetana Álvarez de Toledo quiso empezar agradeciendo "en la persona de Antonio García", dijo señalando al magistrado, "a todos los jueces y fiscales que hoy están ejerciendo, en circunstancias enormemente difíciles, su labor. Sufriendo un acoso intolerable e implacable por parte del poder político y de los medios afines. No están defendiendo intereses corporativos [...] están defendiendo el Estado de derecho, es decir, la separación de poderes, es decir, la democracia". Después añadió que la izquierda busca "enfrentar al pueblo con los jueces como si pudiera haber democracia sin ley, como si los jueces y los fiscales no fueran principalmente el principal escudo de los ciudadanos frente al poder".

Semanas antes fue el expresidente del TSJ de Castilla y León, el conservador José Luis Concepción, el que participó en otro acto de Neos, esta vez en Burgos. Concepción, que actualmente es candidato a una de las dos plazas de la Sala de lo Militar del Supremo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe cubrir en las próximas semanas, inició su discurso –tras la proyección de un vídeo titulado "asalto a la justicia"– dando las gracias a la fundación de Mayor Oreja por su invitación y refiriéndose a ella como "un grupo humano empeñado en defender la verdadera memoria histórica y las ideas del humanismo cristiano de las que participamos, y que, además, está capitaneada por personas que siguen siendo un referente en la España que queremos". Su intervención, tras la del exministro y la del exfuncionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, aparece en este vídeo a partir del minuto 44.

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados asistir "a cualesquiera actos o reuniones públicos que no tengan carácter judicial, excepto aquéllas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial". La Comisión de Ética de ese órgano, conformada casi íntegramente por magistrados conservadores desaconseja a los miembros de la carrera judicial participar en actos políticos, "aun en su condición de ciudadanos", por afectar a su "apariencia de independencia, integridad e imparcialidad", justo los valores que la derecha judicial afirma defender frente al Gobierno y el Parlamento. Pese a ello, más allá de García Martínez o Concepción, numerosos representantes de ese sector siguen apareciendo en actos de marcado carácter ideológico, casi siempre de la órbita del PP o Vox.

La actual presidenta de la APM y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, participó el 10 de febrero en un acto en el Congreso organizado por el partido de Alberto Núñez Feijóo (que lo inauguró) titulado 'Contra la impunidad'. En él, la magistrada se mostró contraria a iniciativas del Gobierno socialista como la reforma de la acción popular o la que dará la instrucción de los delitos a la Fiscalía. Del Barco llegó a expresar su deseo de que España fuera sancionada por la UE como Polonia o Hungría "por vulnerar la independencia judicial y el Estado de derecho". Hablaba de independencia judicial desde un foro organizado por el principal partido de la oposición.

Más recientemente, uno de los jueces más activos en X, Luis Sanz (@MagistraThor), magistrado de la Audiencia de Madrid, participó en la presentación de Atenea, el proyecto panderechista presentado a finales de septiembre por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Desde una mesa redonda en la que también estaba Guadalupe Sánchez Baena, la abogada de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP), pidió a los asistentes "osadía" contra las iniciativas del Gobierno como la amnistía o las reformas judiciales que impulsa que, dijo, "ayudan a destruir el Estado de derecho" (a partir del minuto 32 en el vídeo sobre estas líneas).

Sanz pertenece a la conservadora (aunque más moderada que la APM) Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. También a la muy derechista y enfrentada al Gobierno Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que mandó formularios a los jueces para impugnar la ley de amnistía y de la que también forma parte el magistrado de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, expedientado por el Consejo por insultar a Pedro Sánchez, a quien llamó "psicópata sin límites éticos" y "narcisista patológico".

Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

"En la vida hay amigos, conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido". La frase, atribuida al ex primer ministro italiano Giulio Andreotti, sirve para ilustrar a la perfección el caso de Cristóbal Montoro, el todopoderoso ministro de Hacienda durante los Gobiernos de José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018) al que algunos desde el Partido Popular ya apuntan tras su imputación por favorecer presuntamente a empresas gasistas y al despacho que él mismo fundó mientras estaba en el Ejecutivo. Él niega todas las acusaciones y se prepara para dar la batalla legal, pero más de un dirigente del partido en el que militaba hasta este jueves busca saldar sus propias cuitas —personales y políticas—con él.

Una de ellas es Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que llegó a denunciar a Hacienda ante la Fiscalía General del Estado después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar. La Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", aseguró Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE), del que dijo que "nunca" debió "haber militado" en el PP, aunque acudió recientemente al congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en este periódico de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia. Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en que la publicación de esos datos la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y trece puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", dijo ante las cámaras de TVE, responsabilizando tanto a Montoro como a infoLibre. Pero no solo apuntó al extitular de Hacienda, sino también a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al propio Mariano Rajoy.

El exvicepresidente Rodrigo Rato también acusó a Montoro de liderar una persecución política que no solo acabó con sus aspiraciones políticas sino que, a su juicio, fue determinante en la causa judicial por la que después fue condenado a una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Rato basó su acusación en los correos electrónicos incautados durante la investigación abierta en el juzgado de Tarragona que ahora ha imputado al exministro y, según ha revelado la Cadena Ser este viernes, no descarta personarse en la causa.

Pero Aguirre y Rato no son los únicos. El exministro José Manuel Soria también le responsabilizó del fin de su carrera política. Según unas memorias que escribió a las que tuvo acceso El Mundo —pero que nunca llegaron a ver la luz—, Montoro reveló a Rajoy que la madre de José Manuel Soria tenía una cuenta en Suiza. Un factor que, según el exministro habría sido determinante para presentar su dimisión, aunque realmente esta se produjo cuando la investigación de Los papeles de Panamá desveló que poseía una empresa en un paraíso fiscal. El propio Montoro respondió a sus acusaciones y llegó a admitir que "había interés" en apartarle del cargo. "Sí, eso es la política". Del mismo modo, consideró que "ya hubo" esos mismos intereses "para que no entrara en política".

Lo cierto es que el extitular de Hacienda fue el que dio la cara solo unas horas después de que Soria presentara su renuncia tras verse salpicado por el escándalo. Al Gobierno le tocaba comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En ella, la situación en la que quedaba el Ejecutivo tras esta baja y la posibilidad de que Rajoy rindiera cuentas dominaron las preguntas de los medios de comunicación. "Nadie que haya operado desde paraísos fiscales puede estar en el Gobierno", respondió Montoro a una cuestión que inicialmente iba destinada a la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se limitó a suscribir sus palabras. La marcha de Soria se interpretó en clave interna como una victoria del sector sorayista del Ejecutivo, entre el que se encontraban los hermanos Nadal, Álvaro y Alberto, el primero entonces ministro de Industria y el segundo secretario de Estado de Presupuestos y mano derecha de Montoro, al que Feijóo acaba de fichar para su dirección.

Una de las principales novedades que dejó el congreso del PP fue la vuelta de Alberto Nadal a la dirección nacional del PP, al que el antecesor de Feijóo, Pablo Casado, también incorporó a su dirección tras su llegada. Según explicó el PP, Nadal se hará cargo de la vicesecretaria de Economía y Desarrollo Sostenible, hasta ahora en manos de Juan Bravo, pero no se incorporará hasta el mes de septiembre, "cuando termine sus obligaciones laborales en Estados Unidos", explican fuentes del partido. La trayectoria de Nadal siempre estuvo muy vinculada a la de Montoro, que fue su jefe directo los dos últimos años del Gobierno de Rajoy.

Uno de los encargados de dar la cara por Feijóo ha sido el propio Bravo, vicesecretario de Hacienda, que llegó a afirmar que "la causa ya fue archivada" y minimizó lo ocurrido al señalar que "aquí no hay mordidas o prostitutas". Unas palabras que se entienden mejor al revisar la hemeroteca de Bravo, que solo hace tres años presumía de que Montoro era una de las personas que más había marcado su trayectoria profesional: "Es un privilegio escucharle hablar en Jaén sobre economía y fiscalidad con su brillantez y claridad de siempre", escribía en un post de X en el que adjuntaba varias fotografías con el exministro y que a día de hoy sigue publicado.

La actual dirección del PP, con Feijóo a la cabeza, está tratando de establecer una suerte de cortafuegos respecto a Montoro. El líder del PP, que no tuvo agenda pública el jueves ni tampoco este viernes, publicó en sus redes que su criterio con la corrupción "es muy claro" y "no cambia con independencia de a quién afecte": "Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue", señaló a través de X. Este viernes la vicesecretaria Alma Ezcurra reconoció que no le "gustaban nada" las "informaciones que estamos conociendo" pese a que el PP las había tratado de minimizar.

La noticia de la imputación de Montoro pasó desapercibida en buena parte de las portadas del jueves de la prensa conservadora, pero hay parte de la derecha mediática que ha aprovechado para arremeter contra el exministro y cobrarse algunas cuentas pendientes, entre ellos el presentador de Onda Cero, Carlos Alsina, el jefe de investigación de ABC, Javier Chicote, y el director de EsRadio, Federico Jiménez Losantos, entre otros.

Este último ha definido a los 'damnificados' por el exministro como como la "Asociación de Víctimas del Siniestro Vampiro Montoro". Losantos explicó en su programa que se vio obligado a leer "por imperativo legal" una corrección que el exministro les hizo llegar aduciendo su "derecho al honor" por vincular a su hermano con el despacho de abogados: "¿Honor Montoro, el infame, el delincuente? Se lo va a llevar por delante la justicia. A las empresas gasísticas le daba un trato de favor... a esas empresas y a cualquiera que pagara al hermano. Esto lo contamos y te manda inspecciones fiscales en venganza... Son así. Los gánsteres son iguales en la derecha y en la izquierda, y este es especialmente sórdido. ¿Quién lo invitó al congreso del PP?", señalaba el locutor.

El presentador del programa Más de Uno en Onda Cero también ha descrito prácticas similares. "Metió la presión que pudo para que el programa aplaudiera su trabajo", explicaba este jueves. Ante el "cero éxito" de esa táctica, según Alsina, "cambió de estrategia e invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas que no entraran por el aro": "Aquel hombre poderoso perdió los papeles y le dijo al responsable del programa de radio que denostaba que él decidía el IVA. El ministro se llamaba Cristóbal".

Por su parte, Chicote reveló en 2015 algunas de prácticas del despacho de abogados fundado por Montoro y, según él mismo explica, como represalia Hacienda inició una investigación contra él y toda su familia. "Soy víctima de esta trama por haber destapado el negocio del despacho fundado por Montoro. Hacienda investigó hasta a mi hija, que entonces tenía 3 años. Por fin se levanta el secreto y los imputan", se congratulaba el periodista de ABC en su cuenta de X, en un hilo en el que ha recogido los pormenores del caso, que según explica, acabó en la elaboración de un "informe Chicote" que no logró encontrar ninguna irregularidad fiscal.

El periodista Federico Quevedo también reveló este viernes en TVE que estuvo "a punto de suicidarse" por las presiones a las que le sometió Montoro. "Durante la época del Gobierno de Mariano Rajoy yo fui muy crítico, especialmente por el tema de Cataluña y por la gestión económica de aquel Gobierno. Publiqué dos libros muy críticos, con Fernando Jáuregui, y yo que arrastraba un problema con Hacienda en aquel momento, empecé a sufrir las consecuencias". Consecuencias que, según Quevedo, fueron un "auténtico calvario tanto en lo profesional como en el tema económico" y que le llevaron a "tocar fondo" hasta el punto de que le robó a su madre enferma unas pastillas y se las tomó: "Estuve a punto de suicidarme".

De esta manera, una parte de la derecha mediática ha visto en la imputación de Montoro el momento de contar vivencias sufridas como consecuencia de las maniobras del exministro y cobrarse así algunas cuentas pendientes.

Cristóbal Montoro se granjeó muchos enemigos durante su etapa final al frente del ministerio de Hacienda. Algunos de su propio partido, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, o el exvicepresidente de José María Aznar, Rodrigo Rato. La madrileña llegó a denunciar a Hacienda después de que infoLibre revelara en 2015 que había ganado 369.000 euros como cazatalentos —casi el triple de lo que ingresaba como alto cargo político— y 5.000 euros más en juegos de azar.

Aguirre denunció ante la Fiscalía General del Estado al departamento de Montoro por la publicación de estos datos, pero la Agencia Tributaria concluyó que la filtración se había producido fuera del ámbito del Ministerio de Hacienda. "Tenía, no voy a decir la certeza, pero la cuasicerteza de que había sido el señor Montoro", ha asegurado Aguirre este viernes ante los micrófonos de Radio Nacional de España (RNE). A su juicio, esa publicación la perjudicó en las urnas cuando aspiraba a hacerse con la alcaldía de Madrid en liza con Manuela Carmena: "Disuadió a parte de los pensionistas porque les pareció mucho dinero".

La publicación de sus datos fiscales de 2013 –los últimos que se conocían entonces– por este periódico provocó un enorme enfado de Aguirre, que se negaba a hacerlos públicos después de pedir cuentas sobre los ingresos de su rival socialista, Antonio Miguel Carmona. Tras su intento fracasado de convertirse en alcaldesa de Madrid, Aguirre atribuyó parte de su resultado electoral a la publicación en infoLibre de sus datos de Hacienda. En aquel momento, de toda la documentación a la que tuvo acceso este medio, sólo se publicó la que tenía interés general, pero nada que afectara a su intimidad o a la de su familia.

Diez años después, Aguirre ha vuelto a incidir en la idea de que perdió la alcaldía en favor de Manuela Carmena en 2015 por culpa de la publicación de sus datos fiscales. "En los tracks que hacíamos bajamos entre doce y tres puntos, porque mi declaración de la renta fue filtrada y pareció que era mucho dinero", ha señalado ante las preguntas de Javier Ruiz en el programa Mañaneros. Es más, la expresidenta madrileña también ha revelado que puso en conocimiento de Rajoy lo ocurrido y que también intentó localizar al ministro Montoro. "Yo hablé con Rajoy porque creí que eran los rivales políticos [los que habían accedido a sus datos a través de algún funcionario], pensé que él iba a investigar y hablaría con el ministro, pero no ha sido así".

La expresidenta madrileña nunca se creyó las explicaciones de la Agencia Tributaria y así lo argumentó en su momento ante la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal: "Siempre que alguien entra en el sistema de la Agencia Tributaria deja huella y como yo lo denuncié, tendría que haberse sabido quién fue el que entró", argumentó en RNE, remarcando que "Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy" querían perjudicarla.

En la entrevista en TVE, la expresidenta madrileña ha señalado que el comisario jubilado José Manuel Villarejo le aseguró que había "una orden" por parte del Gobierno de Rajoy de "darle un susto": "Entonces no me lo creí, pero creo que ahora haría bien en creérmelo", completó. La madrileña no descarta personarse en la causa si "la llaman a declarar", pero de momento el proceso se circunscribe a la investigación sobre las gasísticas. Otro que no descarta personarse es el exministro Rodrigo Rato, según ha publicado la Cadena Ser.

Aguirre también ha aprovechado para criticar que Montoro militara en el mismo partido que ella, del que se acaba de dar de baja: "No debería estar nunca en el PP", aseguró, por su programa sobre impuestos. Tanto Aguirre como parte de la derecha mediática le atribuyeron al extitular de Hacienda el sobrenombre del "ministro socialdemócrata". Sin embargo, Montoro ha seguido acudiendo a actos del PP: el último, el congreso celebrado hace dos semanas y que volvió a reelegir a Alberto Núñez Feijóo como presidente.

La Casa de América de Madrid acogió este miércoles la decimoctava edición del Foro Atlántico, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor peruano. Un evento que clausuró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el que también participó la vicealcaldesa de la capital, María Inmaculada Sanz, la expresidenta Esperanza Aguirre, el exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, o los ex altos cargos madrileños Manuel Llamas y Javier Fernández Lasquetty.

Uno de los protagonistas del foro fue, sin duda, el presidente argentino Javier Milei, que genera más adhesiones en la derecha española que otras figuras polémicas como el estadounidense Donald Trump o el salvadoreño Nayib Bukele. Su idea fundamentalista de la "libertad", que lo ha llevado a mostrarse partidario de mayores opciones para la tenencia de armas, a mostrarse abierto a la idea del comercio de órganos, a promocionar un proyecto fantasma de criptomonedas e, incluso, a dudar cuando se le preguntó si se debería permitir la compraventa de niños, ha recibido halagos de los presentes, hasta el punto de considerarlo el “mayor referente liberal” en las últimas dos décadas

“Desde la desaparición de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y el papa Juan Pablo II, nunca había habido un referente liberal. Ese referente existe hoy y se llama Javier Milei. De él saldrán muchos más Mileis en otros países”, sintetizó Llamas, que hasta el año 2023 fue viceconsejero de Economía en Madrid a las órdenes de Fernández-Lasquetty, considerado el gurú económico de Ayuso. Llamas también afirmó que el socialismo es una “ideología asesina e inmoral” y “una enfermedad del alma”. Así, ha propuesto como solución la “receta Milei”, es decir, el “capitalismo puro y duro”.

A Milei también lo alabó Aguirre, que apeló a la derecha a recuperar los “principios que ilusionan” como, a su juicio, está haciendo el presidente argentino: “Tenemos a Javier Milei, que ha sido una revolución porque quiere decir que se puede hablar del capitalismo y eso tiene que ilusionar”, reflexionó. Así, la expresidenta madrileña añadió que al “socialismo se le juzga por las intenciones, pero no por los resultados” y que “aquellos que creen en la libertad y en España” tienen que explicar “que el relato que nos está dando la izquierda es absolutamente falso”.

La exlíder del PP de Madrid también abordó asuntos de actualidad nacional como la moción de censura que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, amagó con presentar este martes, lo que provocó un sonoro portazo de todos los socios. Así, Aguirre defendió que “sería muy bueno presentar una moción” aunque fuera de carácter instrumental, porque paralizaría” la actividad legislativa”. Aguirre puso el foco en el proyecto que quiere aprobar el ministerio de Justicia, con Félix Bolaños a la cabeza, para reformar la carrera judicial. “Si las saca adelante se acabó la separación de poderes y la democracia liberal”, aseguró. Además, la madrileña ahondó en la memoria histórica asegurando que la dictadura de Francisco Franco “fue mejor” que la Segunda República, al menos tras sus primeros años, como ya dijo en una entrevista en El País.

Un asunto que también mencionó Espinosa de los Monteros que, además, hizo especial hincapié en la “batalla cultural” que libra la derecha contra la izquierda. “La izquierda se pasa la vida preparando el tejido asociativo, con sindicatos, asociaciones, todo tipo de ONG, para cuando no están en el poder seguir medrando. Esa batalla cultural que la izquierda hace a diario, es lo que la derecha debe hacer dando las ideas y estimulando a la población para que los partidos tengan algo que ofrecer a su electorado”, analizó, tras cargar contra la situación política actual. 

En ese panel también participó el economista Carlos Rodríguez, que recogió el guante de Espinosa y apeló a la derecha a dar la batalla dialéctica. “Siempre nos hemos quejado de que los socialistas nos ganan porque tienen consignas sencillas”, fue su reflexión, tras la que pidió contraprogramar con otros mensajes igualmente efectistas como, a su juicio, ya hace Milei pero también Ayuso. “Ninguno de los dos vienen de la nada, sino de una larga tradición de las ideas de la libertad”. Así, afirmó que ambos representan “una esperanza” para España y Argentina.

La presidenta madrileña fue ovacionada a su llegada. En su discurso, llamó a luchar contra “el mal”: “Opera sin límites y es parte de una pretendida superioridad moral. Tenemos que trabajar sin miedos y sin conformismos. Cuando una democracia liberal cae, una luz se apaga”, dijo, para renglón seguido azuzar el fantasma de que España se está convirtiendo en una “democracia raptada” porque “cada día se vuelve en contra de la víctima”.

La madrileña identificó ese “mal” con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo participa en una estrategia para que se produzca este “cambio de régimen”; “ Cuando se va a por todas, contra el Estado de derecho, empresas, jueces y medios de comunicación, todo se carcome hasta que ya no queda institución a la que acudir o medio de comunicación donde denunciarlo. Todo está comprado, todo depende del poder en España a manos del sanchismo”, señaló. La baronesa del PP también criticó la reciente decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía: “Ha decidido convertirse en un Supremo del Supremo desguazando de paso la Constitución”, zanjó.

"¿Con qué derecho me cierra Vd. el local?", pregunta un atribulado Rick (Humphrey Bogart) al cínico capitán Renault (Claude Rains) en la inolvidable escena de Casablanca. ¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!, responde el policía, recibiendo al instante las ganancias de su última apuesta. 

El hype tronante desencadenado por el celo mediático y las redes sospechosas habituales, tras los vergonzosos audios del informe de la UCO que ha destapado la participación activa de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, en la presunta organización criminal ideada por Ábalos, Koldo y lo que pueda venir, para cobrar mordidas a interesados adjudicatarios de contratos públicos, deja en evidencia no sólo la oportunista ferocidad de los adversarios sino la pérdida de perspectiva histórica que va a impedir el diagnóstico y tratamiento necesarios para la cura de este mal endémico. 

Aquí se juega desde siempre, pero remontémonos sólo a cuarenta años atrás (en los cuarenta anteriores nos habían dejado ciegos y sordos y no podemos saber nada). Entre los presidentes de las comunidades autónomas, le cabe el honor de pionero en poner el cazo a Gabriel Urralburu, sacerdote secularizado, secretario general de los socialistas navarros, que presidió el Gobierno de Navarra entre 1984 y 1991, y fue condenado a 11 años de cárcel y 780 millones de pesetas de multa por ‘esnifarse’ las comisiones de las obras de la Autovía del Norte y de la Universidad de Navarra cuando Josemaría Escrivá de Balaguer no era santo todavía. A aquello lo llamaban entonces “la trama navarra del caso Roldán”.

De esto no se acordará, por su juventud, Edu Madina, que, como candidato de Felipe González, no reconoce en su PSOE (¿) las cosas que ocurren en el actual.

La red corrupta de supuestos socialistas descubierta ahora tiene su origen mercantil, al parecer, también en Navarra hace diez años: una cooperativa, una SL, etc. ¿Qué sentido del supremacismo tendrán en la comunidad foral para acaparar tanto las primeras páginas?

En los primeros 90, fue trending topic (TT) durante años en materia de corrupción el ‘convoluto’ que había percibido el ex embajador de Alemania en España Guido Brunner, acusado de cobrar comisiones de SEAT por un pelotazo urbanístico. Tuvo mucho ángel y mayor mérito este gracioso alemán nacido en Chamberí al confesar su ‘convoluto’, que vino a ser como TT cuando no existía el término ni las redes sociales. Lo del convoluto (un palabro que no ha bendecido aún la RAE pero que los alemanes conocen bien, konvolut, que viene a significar lote, paquete, legajo…) lo aprendió Guido Brunner por el primero de su nombre en el que no tuvo arte ni parte, que fue el cobro de 18 millones de euros en comisiones ilegales a la multinacional alemana Siemens AG por el llamado entonces ‘contrato del siglo’ para el AVE Madrid-Sevilla, allá por 1989. 

Siendo esa época muy fértil también en mordidas y otras corruptelas, cuando alguien no entendía los procedimientos de adjudicación de contratos públicos grandes o pequeños, salía un alumno aventajado y le alertaba: “Es el convoluto, estúpido”, una oportuna parodia de la célebre frase “es la economía, estúpido”, patentada por James Carville, asesor de Bill Clinton en la campaña electoral de 1992.  

La construcción del parque temático Terra Mítica, en tiempos de Eduardo Zaplana como presidente de la Generalidad Valenciana, marca otro hito en el mapa histórico de la corrupción patria. Zaplana, acusado y condenado por ‘convolutos’ en adjudicaciones de estaciones de ITV y otra decena de delitos en la operación Erial,  logró años después adelantar a Urralburu en el ranking de los presidentes autonómicos confinados a la sombra por corrupción.

Pero fue Pasqual Maragall quien puso el dedo en la llaga de las comisiones ilegales en aquel célebre pleno del Parlament de Catalunya, hace 20 años, cuando le descerrajó a Artur Mas aquello de: “Ustedes (Convergencia) tienen un problema y se llama tres per cent”. Temblaron los cimientos del Palau de la Generalitat, Maragall hubo de retirar su maragallada, el Parlament decretó que no había habido cobro de comisiones ilegales y en el aire quedó flotando para la posteridad un tsunami de ficción que acabó con los Convergentes, luego que el caso Palau de la Música pusiera la guinda al problema y fin a la omertá que había dominado durante décadas.

Poco después, vinieron las ‘ranas’ de la charca de Esperanza Aguirre (Ignacio González, Francisco Granados,,…) y la sentencia de la Gürtel que condenó al PP como partícipe a título lucrativo en una red de corrupción y financiación ilegal que servirá de modelo para la posteridad. 

Este mapeo ligero y pespunteado de la corrupción asociada a mordidas por contratos públicos revela que, con distintas gravedades, alcances y firmeza (no pueden ser equivalentes una sentencia y unas diligencias previas), en todas las partes cuecen habas y este mal endémico no se cura con el ”y tú más” ni con el “todos son iguales”. La corrupción es una garrapata que parasita el sistema, en el que las empresas han aceptado que para ganar un concurso público hay que pagar el convoluto y siempre habrá individuos y/o partidos políticos que aprovechen la oportunidad. Cuando las empresas presentan su oferta económica en un concurso público, ya han descontado el precio de la comisión “a pagar”. Los cambios lampedusianos que hoy propone Pedro Sánchez pueden maquillar la mala cara del enfermo pero no hay tratamiento de choque y, por tanto, no garantizan nada.

La Ley de Contratos del Sector Público tiene 347 artículos, 57 disposiciones adicionales, 6 transitorias y 16 finales. Sólo alude tímidamente en un articulito de tres líneas (el 64) a la “lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses”. Se podrían aplicar fuertes sanciones, se podría incapacitar a los contratistas que paguen mordidas, etc. El sistema no acaba con esto porque no quiere, no le interesa, no nos engañemos. 

También cabe modificar por ingeniería el genoma humano, alterando precisamente el ADN de la codicia. Pero un servidor esto lo ve más complicado.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

Las presiones para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lidere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se intensifican. La reacción del conservador tras publicarse el detallado informe de la UCO que apunta —con audios que no dejan lugar a dudas— al presunto cobro de mordidas del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, fue demandar un adelanto electoral, a pesar de que Sánchez acababa de descartar esa posibilidad.

Feijóo, sin embargo, descartó ir más allá con una moción porque cree que su fracaso daría aire a Sánchez en el momento en el que más lo necesita. "Yo no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifique como presidente del Gobierno. No voy a ser cómplice como sus socios. Yo no soy socio de Pedro Sánchez, soy la única alternativa", defendió el líder del PP desde la sede de Génova este jueves. En Génova están convencidos de que, por ahora, no hay posibilidad de que esa moción de censura salga adelante. Pero hay quien opina — también entre las filas de su formación— que debe presentarla de todos modos ante un contexto tan grave como el actual. "Los números no dan. Fin del debate", tratan de zanjar desde el entorno del presidente del PP. 

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF Barcelona School of Management, cree que Feijóo acierta al no presentar la moción "si no tiene los apoyos necesarios". "Podría convertirse en un escaparate para que Pedro Sánchez coja impulso", argumenta, en línea con lo que trasladan los estrategas de Génova. Y añade: "Si el PP cede ante la presión de Vox y del sector del partido que siempre le pide más, quién acabará perdiendo es Feijóo porque su liderazgo se desdibujará una vez más".

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre es una de las voces que ha reclamado a Feijóo públicamente que presente una moción con el compromiso de convocar elecciones de inmediato. "Si hiciera la moción de censura, la haría comprometiéndome a que, en el mismo día de firmar ante el rey el cargo, convocaría yo las elecciones. Y estoy convencida de que Feijóo tendría mayoría absoluta", señaló este viernes Aguirre ante los medios, tras criticar a Sánchez. Aguirre se erige como una voz autorizada en la materia, después de que bajo su mandato en la Comunidad de Madrid su mano derecha, Ignacio González, acabara en prisión por corrupción.

La respuesta de Génova llegaba a través de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, en una entrevista en La Sexta. Tras calificar a Aguirre como "una compañera de partido y una buena amiga", descartó emprender ese camino "porque se podría lograr el efecto contrario al deseado". "No haremos una moción sin capacidad de que prospere porque podríamos conseguir el efecto contrario, blindar a Sánchez, y no estamos aquí para ayudar a Sánchez”, argumentó.

La postura de Aguirre es, sin embargo, compartida por un sector del PP que considera que hay que dar esa batalla aunque se pierda para "evidenciar" desde el Congreso "cómo actúa la mafia". Dirigentes del PP consultados por infoLibre creen que Feijóo debería actuar "cuanto antes" y erigirse como "la alternativa" aún a riesgo de perder la moción. En esa línea, trasladan que su jefe de filas debería "hacer todos los esfuerzos" posibles por acercar posturas con Junts o con el PNV. "Hay que buscar esos apoyos, no esperar a que vengan. Eso no va a ocurrir", argumentan.

Aira cree que ese acercamiento sería "incoherente": "Al final el PP está buscando el apoyo de partidos a los que, a su vez, estigmatiza y demoniza desde hace tiempo. Apelar al voto de estos mismos partidos suena desesperado e incoherente y no proyecta nada bueno", razona.

La estrategia de Génova es precisamente atacarles, ya que varios portavoces del partido, empezando por Tellado y siguiendo por su número dos en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no están conteniendo sus críticas hacia algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo. El portavoz de Feijóo en el Congreso calificó este viernes al presidente del PNV, Aitor Esteban, como un "lacayo" de Sánchez y lo acusó de ser "cómplice" de su corrupción.

Una crítica que después extendió al resto de formaciones. A su juicio, son los "responsables" de que Sánchez permanezca en La Moncloa y, por tanto, de que "la mafia" gobierne España. Álvarez de Toledo, por su parte, aseguró que los socios del Gobierno comparten con el socialista su "ansia infinita de impunidad" y solo quieren contrapartidas para "destrozar la convivencia".

El PP, al igual que Vox, ha hecho de su oposición a la amnistía una de sus principales bazas contra Sánchez. Una amnistía defendida y reclamada a capa y espada por Junts y también por los jetzales. El boicot de Feijóo a la oficialidad de las lenguas cooficiales en la Unión Europea tampoco ha ayudado a acercar posturas precisamente, como destaca el experto en comunicación política. "A día de hoy la suma de Vox y Junts se antoja imposible", asegura.

En Junts no desvelan sus intenciones, aunque Aira —buen conocedor de la formación— descarta que la formación independentista se preste a dar apoyo al PP incluso con la promesa de convocar elecciones después, como trasladó Aguirre, o incluso presentando un candidato alternativo a Feijóo. "Junts no puede, ni de manera instrumental ni de ninguna otra, entenderse con el PP. Feijóo seguramente querría poder llegar a acuerdos con formaciones como PNV o Junts, pero sus compañías impiden cualquier tipo de pacto a futuro", reflexiona.

La formación que preside Carles Puigdemont se reunirá este sábado para valorar el informe de la UCO y los efectos que puede tener "sobre el acuerdo de Bruselas” que firmaron ambas fuerzas políticas en 2023 para sellar la investidura del presidente. Se trata de la misma estrategia que utilizaron cuando se produjeron las negociaciones con los socialistas tras el 23J y en la que el exsecretario de organización del PSOE fue una pieza clave para convencerles.

"La petición de adelanto de elecciones la haremos en función de los resultados de la mesa de negociación en Suiza con el Gobierno", señaló el jueves el número dos de Junts, Jordi Turull. "Tenemos muchas más cosas entre manos que son prioritarias", señaló, poniendo de ejemplo la efectividad de la amnistía, la oficialidad del catalán a la Unión Europea o la delegación integral de las competencias de inmigración, promesas de la investidura de Sánchez.

Durante la campaña gallega trascendió que Feijóo estuvo dispuesto a estudiar, como alternativa a la amnistía —que el líder del PP sopesó durante 24 horas—, la posibilidad de un indulto condicionado a Puigdemont como parte de un “plan de reconciliación” para Cataluña, siempre y cuando el expresident de la Generalitat fugado a Bélgica aceptara “someterse a la justicia española, verbalizara su arrepentimiento y se comprometiera de forma explícita a cumplir con el Estado de derecho”, según fuentes al más alto nivel del PP.

"Yo no soy un tirano que hace y deshace a su mero antojo, pero tampoco soy un chisgarabís que se desdice a la primera de cambio. Lo que prometo, lo haré". Con esa frase el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trataba de tranquilizar al ala dura de la derecha tras la decisión de situar a barones afines como Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco como los encargados de elaborar la ponencia ideológica de cara al congreso del partido el próximo julio. Una decisión que se está interpretando, en clave interna, como una renuncia a participar en la llamada "guerra cultural" contra la izquierda —una de las obsesiones de la extrema derecha— en materias como la migración, la educación o la igualdad de género.

Así lo expresó la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, el pasado lunes. En la presentación de su libro, Una liberal en política (Deusto), cuyo prólogo ha escrito la propia Isabel Díaz Ayuso, Aguirre defendió un PP que dé "la batalla cultural", como a su juicio, hace la presidenta madrileña, y destacó que Feijóo no era "exactamente un liberal". "La línea de Ayuso debería seguirla todo el partido", remarcó Aguirre, en un mensaje dirigido al líder del PP. Este martes, sin embargo, se mostró más comedida y aseguró que el actual líder del PP sí está dando la batalla en materias como la vivienda o las nucleares. Feijóo se limitó a responder, a preguntas de los periodistas: "Todas las batallas hay que darlas y todas hay que ganarlas".

En la presentación del libro de Aguirre también intervino Ayuso, que aseguró que el PP tiene que "ilusionar", dejando entrever que, por el momento, no lo hace. "Esta casa común no puede vivir solo de tener un enemigo común. Propongo unirnos en un liberalismo a la española", señaló, remarcando también la idea de José María Aznar de que él que pueda hacer que haga. "El que pueda hablar, que hable. Y Aguirre lo demuestra", dijo. Al igual que ella, la baronesa madrileña ha defendido en varias ocasiones la necesidad de dar esa batalla.

Aunque Feijóo ha situado a Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, como el presidente de la comisión organizadora del congreso (COC), se trata de un rol sin peso político, lo que no ha acabado de convencer a algunos sectores del PP madrileño. Este martes Serrano ha presidido la primera reunión de este órgano y concretó que Alma Ezcurra, que pertenece al PP de Madrid, será la "coordinadora" de la ponencia política, tras ser preguntado sobre el hecho de que se les haya excluido de ese debate.

Una de las críticas más recurrentes a Feijóo tiene que ver con su desorientación estratégica e ideológica —el mismo defecto que achacaban a su predecesor, Pablo Casado— a la hora de hacer oposición a Pedro Sánchez. Críticas que no vienen —solo— desde la izquierda, sino desde la derecha, tanto política como mediática, que teme que el conservador le esté 'regalando' el relato al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dejándose llevar por los mismos "maricomplejines", en palabras del periodista Federico Jiménez Losantos, una de las voces con más predicamento dentro de la derecha mediática, que el expresidente Mariano Rajoy.

En su programa del lunes en Esradio, Losantos aseguró que el llamado sorayismo, la corriente interna del PP que, teóricamente, defiende un PP burócrata alejado de sus esencias, se ha hecho con las riendas de la discusión ideológica del próximo congreso. "La ponencia política es una bofetada al sector liberal del partido. Ayuso pone las sillas y Juanma Moreno va a poner las ideas... y con eso piensa Feijoo relanzar el voto hacia su persona", criticaba. "Es una buena noticia para Sánchez y magnífica para Vox. ¿Qué le hemos hecho los votantes al PP para que nos falte al respeto de esa manera? Eso es el comienzo del desastre", añadía.

El periodista cita el precedente de 2008, cuando Rajoy incluyó a María San Gil, expresidenta del PP vasco, en la ponencia política del congreso en el que Esperanza Aguirre trató de disputarle la presidencia. San Gil abandonó el encargo por diferencias de criterio "fundamentales". "Años después, otra vez los maricomplejines cargándose el partido más importante de la derecha. No se enteran de nada", lamenta Losantos. "Eso pasa cuando el partido de los complejos se convierte en el de las puñaladas", añade en otro momento.

Le acompaña en esa crítica la periodista Isabel San Sebastián en una columna en ABC titulada 'Feijóo vuelve a equivocarse', en la que, además de cargar contra el Gobierno de Rajoy por "no derogar una sola ley ideológica" de José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que "la exclusión de Isabel Díaz Ayuso de la ponencia política y de cualquier otra función de peso en dicho cónclave constituye una toma de posición clara contra el liberalismo que ella encarna y también contra la disposición a plantar cara al sanchismo de frente y sin complejos".

Y prosigue: "¿Es que tienen miedo a la presidenta madrileña? ¿Son celos? ¿O al gallego no le gusta el modelo que la ha llevado a obtener el respaldo abrumador de la ciudadanía en la comunidad autónoma más próspera de España? Núñez Feijóo no provocó la ruptura del PP en tres, pero sí tiene la obligación de reunificar lo que se quebró y se equivoca de camino", concluye la periodista, que también se hace eco de "los rumores referidos a un regreso de los sorayos" y concluye que si esa es la fórmula, el partido está abocado "al fracaso".

Feijóo es consciente de estas criticas y quiso responder durante su su discurso ante la Junta Directiva Nacional, en el que prometió que el PP saldrá de la indefinición que ha marcado su liderazgo durante ese cónclave. "Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros; a mí, no", aseguró ante los presidentes autonómicos, diputados y concejales, pese a que el PP lleva desde 2017 sin actualizar su programa y sus bases ideológicas, cuando se celebró el último congreso con Rajoy a la cabeza.

El  líder del PP aseguró que va a "mojarse": "Vamos a discutir de fondo, a construir ideas, a revisar propuestas, a decir lo que pensamos y a decidir lo que haremos", sostuvo. Fuentes cercanas al líder del PP aseguraron después que no tienen "miedo" de afrontar ningún debate por polémico que sea, pero a la salida de la Junta Directiva distintos dirigentes del PP sí admitían, en privado, que habrá determinados asuntos que no se abordarán para evitar, precisamente, que se generen tiranteces internas.

Hace ocho años, cuando Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, apenas contaba con aliados fuera de sus fronteras y tanto su discurso como sus políticas eran tachados de "populistas" a derecha e izquierda del tablero. También en España, gobernada por entonces por Mariano Rajoy, cuyo ministro de exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó a calificar de "peligrosas" las "políticas divisorias" defendidas por el magnate. En esa línea se pronunciaba también el entonces portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. "Nos equivocamos cuando intentamos copiar el discurso de los populistas, cuando queremos ser más populistas que ellos, cuando aceptamos aunque sea implícitamente que los populistas tienen razón, porque aceptar sus razones es aceptar su discurso y aceptar su discurso es acabar aceptando su método", afirmó durante un acto de Nuevas Generaciones del PP celebrado en octubre de 2016.

Pons, aparentemente, no ha cambiado de opinión, pero sí su partido. El ahora vicesecretario de Internacional del PP de Alberto Núñez Feijóo y vicepresidente de la Eurocámara, publicó este domingo en el diario Las Provincias una tribuna en la que arremetió con dureza contra el presidente norteamericano, al que se refirió como "macho alfa de una manada de gorilas" y "ogro naranja". Para Pons la victoria de Trump simbolizó el "entierro de los valores democráticos" de Occidente, una critica que la dirección nacional del PP, a la que él pertenece, encuadra en una "opinión personal" de la que se desmarcan.

En esa misma tribuna, titulada 'Una obispa así quiero yo', el dirigente del PP alababa a la obispa de la Iglesia anglicana, Mariann Budde, por plantar cara a Trump "frente a cuatro tanques en la plaza de Tiananmén" y decirle "la verdad a la cara ante todo Washington en el oficio religioso de la coronación". Aunque Pons reivindica que los Estados Unidos "son nuestro mejor aliado" insiste en que "así no" y clama contra el "vergonzoso silencio general": "Sólo hay que decirlo, como la obispa Budde, o se nos hará tarde. Y déjenme añadir que mujeres como ella, ordenadas en la Iglesia Católica, también le hacen falta al mundo".

Aunque Pons es la principal voz autorizada dentro de la dirección de Feijóo en lo que respecta a la política exterior, nadie replica sus palabras. En Génova están incómodos con las críticas al magnate, atrapados por el sector duro del PP que reclama un acercamiento a los postulados de Trump, y la presión de Vox. Su líder, Santiago Abascal, anunció este lunes que su grupo pedirá en el Parlamento Europeo la reprobación de Pons, que es vicepresidente de la institución y acusó al eurodiputado del PP de "ir de la mano con el autócrata Sánchez en la oposición a Trump".

Abascal lleva años tratando de mimar sus vínculos con el trumpismo y otras extremas derechas que ahora están en el poder, convencido de que obtendrá sus mismos réditos. Ahora buscará su demostrar su influencia en Bruselas como como líder de Patriots, el grupo parlamentario europeo que reúne en Bruselas a las formaciones de Viktor Orbán y Marine Le Pen, a los que reunirá en febrero en una cumbre ultra que se celebrará en Madrid bajo el lema 'Hacer Europa Grande Otra Vez', una copia del MAGA de Trump.

Pero las críticas no solo llegan por parte de Vox. La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, que la semana pasada aseguró que está "muy de acuerdo" con las políticas que quiere implementar el presidente norteamericano a excepción de los aranceles, ha cargado contra él: "Le he puesto un mensaje diciéndole 'estás a la izquierda de Iglesias y Monedero'. Ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades que yo desde luego rechazo absolutamente", ha afirmado en declaraciones a La Sexta.

También la alcaldesa de Torrelodones y exdiputada del PP de Madrid, Almudena Negro, ha criticado al hombre de Feijóo en Bruselas: "Totalmente en desacuerdo con González Pons. La Iglesia Católica que ordene sacerdote y obispo a quien quiera. Meterse en la institución católica no es signo de progreso, sino de no entender nada de nada. Además de que no sé a qué viene esto. Era completamente innecesario. Y no me podía callar", ha escrito en X.

Lo cierto es que, hasta la fecha, Feijóo ha tratado de mantener las distancias con Trump y durante la campaña evitó mojarse por ninguno de los candidatos, si bien dejó caer que apoyaría a Harris mientras que figuras como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, criticaban a la candidata demócrata. Tras su victoria el líder del PP ha evitado confrontar con él como sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos días admitió por primera vez que "algunas declaraciones" de Trump le parecían "innecesarias" y otras “desafortunadas", pero exigió al Ejecutivo de Sánchez mantener una relación "fructífera" con la nueva administración.

A Génova no parece preocuparle en exceso que la 'tecnocasta' haya tomado las riendas de Washington junto a una administración que ha declarado la guerra a los inmigrantes, a la lucha contra el cambio climático, a las feministas y a la comunidad LGTBI. Es más, lo que repiten los portavoces de Feijóo es que están más preocupados por Sánchez que por el presidente de Estados Unidos. En esa línea Ayuso avaló el 'error' cometido por Trump en su primera rueda de prensa desde el Despacho Oval sobre los BRICS, una organización de países constituida como bloque alternativo al G7, donde el republicano situó a España. La madrileña aseguró que se se iba a encargar "personalmente de demostrar" que "no somos parte de los BRICS ni queremos serlo" y culpó a Sánchez de la equivocación.

Por su parte FAES, la fundación de José María Aznar, que tras la victoria de Trump emitió una dura nota contra su "populismo adobado de planteamientos proteccionistas" ahora guarda silencio. En un comunicado publicado tras la victoria de Trump el pasado noviembre, el think tank sostuvo que no era "una buena noticia para España ni tampoco para la UE en su conjunto" la victoria del magnate e incluso se llegó referir a las "actitudes intemperantes" del líder republicano que en su momento "llegaron al abierto desafío institucional" como al asalto de la turba al Capitolio en enero de 2021. Algunas opiniones publicadas por el think thank en los últimos días sí que han planteado interrogantes sobre el futuro del multimillonario en la Casa Blanca.

Desde la derecha mediática también han arremetido contra Pons, empezando por Federico Jiménez Losantos, uno de los altavoces más influyentes entre los votantes de la derecha radical. "El último en unirse al festival del caos ha sido González Pons. No es fácil hacer tanto el ridículo (...) atacar al presidente electo de Estados Unidos cuando tu hijo ha trabajado al dictador, asesino y genocida de Rusia, es muy feo. Esto lo dices después de que Ayuso felicitara a Trump y te pones a la cabeza, como Casado y Teodoro, a hacer el paripé a la izquierda. El colmo es que lo ha hecho para elogiar a una tía petarda que solo verla da grima", ha dicho al inicio de su programa este lunes el presentador de Esradio, en referencia a la obispa Mariann Bude.

"Al votante de derechas (...) le molesta que el representante de un partido con base socialcristiana y católica determine con soberbia lo que debe hacer la Iglesia Católica respecto a los nombramientos internos", señala también en una reciente columna de opinión publicada en okdiario, el medio de Eduardo Inda. "Ya saben aquello de que si buscas contentar a quienes nunca te van a votar, acabas perdiendo a los que siempre te han votado", añade el autor, que se muestra crítico tanto con Pons como con el propio Feijóo por "defender que el Estado se haga cargo de los impagos a propietarios en caso de okupación o morosidad inquilina".

Por su parte el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos, ha tirado de ironía en X para criticar al vicesecretario del PP: "Muy bueno este artículo de Irene Montero, aunque se lo hayan atribuido por error a González Pons". También se ha mostrado duro Manuel Llamas, exviceconsejero de Economía del Gobierno de Ayuso y presidente del think tank Instituto Juan de Mariana: "Está claro que muchos en el PP se empeñan en seguir perdiendo las elecciones frente a Sánchez. No saben ni por dónde sopla el viento. Vergonzoso".

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca cuatro años después de abandonarla y, en esta ocasión, lo ha hecho blindado por el Tribunal Supremo y con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. En su primer día ya ha firmado una avalancha de decretos contra la inmigración, la agenda verde y la diversidad, en línea con las promesas que había hecho en campaña, y con las amenazas expansionistas, el negacionismo climático y la transfobia por bandera. "Recuperaremos todo de una vez por todas", proclamó en su discurso de investidura.

Unas medidas cuyas consecuencias son, todavía, inciertas pero que ya han servido a algunos actores del resto del planeta para posicionarse. Si hace ocho años, cuando Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, apenas contaba con aliados fuera de sus fronteras y tanto su discurso como sus políticas eran tachados de "populistas" a derecha e izquierda del tablero, también en España, gobernada por entonces por Mariano Rajoy.

En la actualidad, sin embargo, ha estrechado sus alianzas entre los líderes de la extrema derecha europea y latinoamericana, algunos de los cuales han acudido a su toma de posesión, mientras que la derecha clásica no encuentra su sitio. Sus referentes se debaten entre mirar hacia otro lado o hacer seguidismo de los postulados de Trump. En este segundo grupo está la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avalada por su antecesora en el cargo y referente del PP madrileño, Esperanza Aguirre, pero en ocasiones también ha estado el propio líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

En su discurso de investidura Trump aprovechó para adelantar las "órdenes ejecutivas históricas", en sus palabras, que firmó horas después, entre las que está declarar una "emergencia nacional en la frontera sur". "Detendremos inmediatamente toda entrada ilegal, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron", anunció. Se trata de una medida ejecutiva que busca facilitar el envío de soldados estadounidenses a la frontera sur y cumplir con la mano dura prometida durante la campaña sobre las políticas de inmigración.

Feijóo ha defendido en varias ocasiones la repatriación de los inmigrantes ilegales que "cometen delitos y reinciden" amparándose en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, mientras que su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido "desplegar" las Fuerzas Armadas para "defender fronteras" e impedir la llegada de cayucos a España, en línea con lo que plantea Trump.  Sobre esa materia, también han propuesto más presencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas en las fronteras españolas con alta presión migratoria y agilizar la expulsión de quienes tienen condenas a pena de cárcel .

El presidente estadounidense ha firmado este lunes una orden para retirar a su país del Acuerdo de París de 2015, al igual que hizo hace ocho años. En su discurso de toma de posesión, dijo también adiós al Green New Deal bajo el argumento de que, a partir de ahora, van a "perforar" sin límites "Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera (...) Bajaremos los precios, volveremos a llenar nuestras reservas estratégicas hasta arriba y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo".

Lo cierto es que el Partido Popular Europeo, donde se encuentra la formación de Feijóo , no han parado de cuestionar algunas disposiciones legislativas emblemáticas del Pacto Verde y, tras su presión, la Comisión Europea propuso aplazar la aplicación del Pacto. En el caso español diferentes portavoces del PP han abogado abiertamente por la congelación del pacto verde para no perder el voto de agricultores y ganaderos.

Trump ha firmado también una orden que elimina la "ideología de género como guía" en la comunicación, las políticas y los formularios del Gobierno federal. La orden convierte en política oficial que "solo hay dos géneros, masculino y femenino". "Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad daltónica y basada en el mérito. A partir de hoy, la política oficial del Gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino", dijo horas antes.

El PP siempre se han manifestado en contra de las medidas puestas en marcha por la ley trans. El texto trabajado por el departamento de Irene Montero incluía la posibilidad de omitir la mención relativa al sexo en los documentos oficiales, a lo que los conservadores se negaban. A esto se le suma que la formación de Alberto Núñez Feijóo votó en contra en 2022 de la propuesta del PSOE sobre la inscripción registral de los menores transexuales, que incluía el binarismo.

Trump también ha avalado el congelamiento en las contrataciones de personal público, con excepción de las relacionadas con la seguridad nacional, inmigración y seguridad pública y también ha confirmado la restauración de la 'Lista F', una orden ejecutiva que firmó durante el último año de su primer mandato para reclasificar a decenas de miles de empleados federales, que la administración de Joe Biden derogó.

Los conservadores siempre han defendido que hay que "adelgazar" la administración pública e incentivar la iniciativa privada. Hace solo unos meses el líder del PP arremetió desde un acto de la patronal contra las personas que prefieren vivir de “ayudas públicas” que trabajar, los jóvenes que “optan por convertirse en funcionarios”, contra el “insoportable absentismo laboral” y contra los inmigrantes “que delinquen.

La presidenta madrileña felicitó al líder republicano por su victoria y declaró su "admiración por los Estados Unidos", además de ofrecerle su "colaboración". En un desayuno informativo la dirigente del PP avalaba, además, el 'error' cometido por Trump en su primera rueda de prensa desde el Despacho Oval sobre los BRICS, una organización de países constituida como bloque alternativo al G7, donde ha situado a España. Ayuso ha asegurado que se encargará "personalmente de demostrar" que "no somos parte de los BRICS ni queremos serlo" y culpó al presidente Sánchez de la equivocación de Trump.

Por su parte, Aguirre aseguró que está "muy de acuerdo" con las políticas que quiere implementar el presidente norteamericano a excepción de los aranceles. Así, ha alabado que a partir de ahora Estados Unidos "se salva de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", que "va a decidir sobre los coches eléctricos", y que está de acuerdo con Trump por defender "que solo hay dos sexos, hombres y mujeres". En esa línea criticó también a la número dos del PP, Cuca Gamarra, por decir que la demócrata Kamala Harris era "una inspiración y apeló a Feijóo a tener mejor interlocución con el político republicano.

El líder del PP ha tratado de mantener las distancias con Trump y durante la campaña evitó mojarse por ninguno de los candidatos, si bien dejó caer que apoyaría a Harris. Tras su victoria ha evitado confrontar con él como sí lo ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada, por primera vez, admitió que "algunas declaraciones" de Trump le parecían "innecesarias" y otras “desafortunadas", pero exigió al Ejecutivo de Sánchez mantener una relación "fructífera" con la nueva administración.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso trató de restarle importancia a la equivocación de Trump situando a España dentro de los BRICS. "No hay que tomarse esa afirmación al pie de la letra”, dijo en rueda de prensa desde el Congreso, en la que sin embargo, aprovechó al igual que Ayuso para culpar a Sánchez de esa afirmación errónea. "Existe una percepción de que España no es fiable", dijo, pidiendo separar las consideraciones sobre el presidente del Gobierno de las del país.

En el último barómetro del CIS, la Sanidad Pública aparece en segundo lugar como la preocupación que más afecta personalmente a la ciudadanía (17,1%). Sin embargo, no se le está dando la importancia que tiene para la salud de la sociedad y nos encontramos con un sistema que no ha parado de empeorar desde la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19. Y es que a pesar de las promesas de mejora, los problemas en el sistema sanitario persisten.

Si observamos los principales retos que tiene el sistema sanitario español, se podrían destacar los siguientes:

La financiación sanitaria en España es insuficiente, situándose por debajo del promedio de la UE y la OCDE. El gasto sanitario total representa el 9,2% del PIB, frente al 11% de la UE. El gasto público por habitante en España es de 2.771€, siendo menor que los 4.028€ de la UE y los 4.996€ de la OCDE. Además, el gasto de bolsillo alcanza el 21% del total, superior al 18% de la OCDE, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria. Tras los recortes significativos en la anterior crisis, el gasto comenzó a recuperarse antes de la pandemia, que a su vez aumentó el gasto sanitario público, pero que ha vuelto a disminuir en porcentaje sobre el PIB.

Las diferencias en la financiación de las comunidades autónomas (CCAA) complican la equidad en prestaciones, con disparidades que oscilan entre los 1.533€ en Andalucía y los 2.142€ en el País Vasco. Si no hay una financiación finalista no podrá garantizarse la equidad en la atención sanitaria en todas las CCAA (está claro, por ejemplo, que si la Comunidad de Madrid recibe más financiación, supuestamente para sanidad, lo más probable es que acabe en la Fórmula 1, prevista en Madrid para 2026. No sería la primera vez que se desvían fondos para sanidad a otros sectores: Esperanza Aguirre los destinó al metro ligero en su etapa de presidenta).

El gasto farmacéutico en España es alto y ha aumentado significativamente, alcanzando en 2022 un total de 20.056 millones de euros, lo que representa el 23,93% del gasto sanitario público. Desde 2014, este gasto ha crecido un 40,28%, con un aumento del 52,96% en la farmacia hospitalaria. Aún existe un copago farmacéutico basado en la renta, con excepciones para personas de bajos ingresos, por lo que un 4% de la población no adquiere los medicamentos prescritos por problemas económicos. Además, el uso de medicamentos genéricos es bajo en comparación con la UE y la OCDE, y persisten conflictos de intereses entre profesionales sanitarios y la industria farmacéutica. Propuestas como una industria farmacéutica pública y el control de precios no se han implementado.

El sistema sanitario en España está descentralizado en 17 CCAA, que gestionan la asistencia sanitaria, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, gestionadas por el Ministerio de Sanidad. La descentralización se realizó de manera descoordinada, lo que ha generado problemas de gobernanza en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Consejo Interterritorial, compuesto por miembros de las CCAA y del Ministerio de Sanidad, debería coordinar el SNS, pero su funcionamiento basado en el consenso y la falta de mecanismos legales para hacer cumplir las decisiones ha creado conflictos, especialmente durante la pandemia. A pesar de reconocer estos problemas en el Plan para la Reconstrucción y Resiliencia, no se han implementado soluciones concretas hasta ahora.

Después de la aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), comenzó la privatización en España, influida por la globalización neoliberal. En 1991, el informe Abril promovió la privatización de los centros sanitarios públicos, pero fue detenido temporalmente. En 1997, bajo un gobierno conservador, se aprobó la Ley 15/97, que favoreció la privatización, posteriormente desarrollada en varias leyes autonómicas.

Los modelos de privatización en España incluyen el modelo Alzira, donde una empresa privada construye y gestiona un hospital por 20-30 años; el modelo PFI, que replica un esquema del Reino Unido donde la empresa privada gestiona solo áreas no sanitarias; conciertos con centros privados para servicios específicos; y externalizaciones, donde se contratan servicios concretos con centros privados de manera irregular.

Inicialmente, la privatización se justificó con promesas de mayor flexibilidad frente a la burocracia del sistema público, pero con el tiempo, se ha revelado que los supuestos beneficios de la privatización no han sido tan claros. Ahora mismo, en la experiencia que hay en España sobre la privatización de la provisión, sabemos algunas cosas que son muy claras:

Existe un incremento de los costes muy bien constatado y a veces de muy difícil evaluación. Además, se hipoteca la política sanitaria, hay una mala calidad en la construcción y el equipamiento, disminuyen el número de camas, tienen menos personal sanitario y no sanitario (el cual además está precarizado), empeoran las condiciones laborales, externalizan aspectos clave (planificación sanitaria, control de los centros, etc.), están en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico, favorecen las corruptelas, empeoran la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud, y tienen un control escaso o inexistente.

Las colaboraciones público-privadas han sido un paso hacia la privatización total, aunque algunos intentos, como en la Comunidad de Madrid en 2012, fueron paralizados. Esta tendencia a la privatización se observa en diferentes grados en las CCAA, con Madrid a la cabeza. Las actuaciones necesarias para parar esta deriva privatizadora no se están llevando a cabo.

En España, la Atención Primaria (AP) se estableció con la aprobación de la LGS en 1986 y se expandió hasta cubrir más del 99% de la población a finales de los 90. Sin embargo, desde entonces ha sufrido un deterioro continuo, reflejado en un presupuesto insuficiente, que nunca ha superado el 15% del presupuesto sanitario público, y un gasto por habitante significativamente menor que el promedio de la UE. Además, ha habido una disminución del personal médico, que ya era escaso, y un déficit crónico de personal de enfermería, con una ratio de enfermeras por médica inferior al promedio europeo.

España ha mantenido históricamente un bajo número de camas hospitalarias, con solo 3 por cada 1.000 habitantes en 2021, en comparación con 4,5 en la UE y 4,3 en la OCDE. A pesar del notable aumento de la población en los últimos años, el número de camas ha seguido disminuyendo, lo que ha llevado a una reducción de la ratio de camas por 1.000 habitantes y ha generado cuellos de botella en las urgencias, especialmente evidentes durante la pandemia. A pesar del envejecimiento de la población y del reconocimiento de la necesidad de aumentar las camas públicas y de media y larga estancia por parte de la Comisión para la Reconstrucción y Resiliencia, no se ha avanzado en este aspecto en los últimos cuatro años.

En el Sistema Sanitario Público de España, las listas de espera son significativas y se han intensificado en la Atención Primaria (AP) desde la pandemia. En 2022, el 85,6% de las personas que solicitaron cita en AP esperaron más de 48 horas, con un promedio de 8,8 días y un 54,3% esperando siete días o más. Además, el 21,45% no pudo consultar por un problema de salud importante. Las consultas telefónicas representan el 32% del total, aunque muchas personas consideran insatisfactorias estas interacciones debido a la falta de atención adecuada.

Por otro lado, a finales de 2023, alrededor de 4,5 millones de personas estaban en lista de espera quirúrgica o para una primera consulta, sin contar quienes aguardaban pruebas diagnósticas. Las demoras han aumentado, con un mayor porcentaje de personas esperando más de seis meses y variaciones notables entre comunidades autónomas. Esta situación ha llevado a un aumento del aseguramiento privado que cubre ya a un 25,8% de la población en 2023 (Madrid tiene la tasa más elevada: 40,5%). Este crecimiento se ha visto favorecido por la desgravación fiscal para empresas que contratan seguros privados para sus empleados.

En España, el número de médicos por mil habitantes es alto, con 4,5 médicos por cada 1,000 habitantes, superando el promedio de la OCDE (3,7). Sin embargo, el número de profesionales de enfermería es bajo, con 6,3 por mil habitantes frente a un promedio de 9,2 en la OCDE. Esta situación parece que va a persistir, ya que el número de graduados en medicina supera el promedio de la OCDE, mientras que en enfermería está por debajo. La expansión de universidades privadas que ofrecen grados en medicina, pero no en enfermería, agrava el problema. Además, hay más médicos y enfermeros en hospitales públicos que en AP, y aunque ha habido un ligero crecimiento en el personal de AP, este ha sido inferior al de los hospitales.

Las desigualdades territoriales en España son significativas, con CCAA más ricas y pobladas que tienen una mayor densidad de profesionales médicos, en contraste con las más pobres y rurales. Durante la crisis de 2008, se redujeron drásticamente las plazas de formación de especialistas, afectando especialmente a la medicina familiar y comunitaria, lo que ha limitado el número de médicos en AP. Afortunadamente, en los últimos años, los gobiernos progresistas han incrementado significativamente el número de plazas de formación, pasando de 6,948 en 2009 a 11,607 en 2024.

Sin embargo, los profesionales sanitarios enfrentan problemas como retribuciones inadecuadas, condiciones laborales inapropiadas y escasas oportunidades de desarrollo profesional, lo que ha llevado a una migración hacia otros países de la UE y Gran Bretaña. Esta migración no está bien cuantificada, ya que faltan datos sobre el porcentaje de profesionales que emigran o regresan a España.

En conclusión, la Sanidad Pública en España enfrenta numerosos problemas y se encuentra en una fase de regresión, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos "progresistas", que operan en un contexto de debilidad parlamentaria. Existen diferencias significativas entre CCAA en cuanto a tiempos de espera, grado de privatización y recursos accesibles, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención sanitaria.

Sin embargo, la población tiene un gran aprecio por el sistema de salud público, prefiriéndolo para Atención Primaria, consultas de especialistas, urgencias y hospitalización. Esto se traduce en un alto grado de satisfacción con la atención recibida y con los profesionales de la salud.

El apoyo social se manifiesta en movimientos y plataformas en defensa de la Sanidad Pública en todo el país, que han llevado a cabo movilizaciones significativas en regiones como Madrid, Galicia y Andalucía. Estas plataformas abordan problemas locales concretos, lo que les otorga fuerza, aunque limita su capacidad para coordinar acciones a nivel nacional.

A medio plazo, las perspectivas son preocupantes debido a que la mayoría de CCAA están gobernadas por la derecha, con posturas neoliberales y privatizadoras. A pesar de que el gobierno central tiene una ideología progresista, su implicación en la defensa de la Sanidad Pública es escasa. Las entidades defensoras de la Sanidad Pública continuaremos trabajando para evitar un mayor debilitamiento del sistema y garantizar atención sanitaria de calidad para toda la población.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid y patrono de la Fundación Alternativas.

Madalina Crisbasianu es socióloga y autora de 'La sanidad pública en la era post-covid'

La política de hoy no admite prisioneros y está llena de gente maleducada y, en ocasiones, desalmada, al menos en lo que se ve, en su vertiente pública, la otra quién sabe, nadie conoce a nadie. Sin embargo, algo malo debe de haber en quien no es capaz de demostrar la más mínima empatía hacia los demás, sobre todo a quienes considera sus enemigos, que son cualquiera que se interponga entre ella o él y sus ambiciones. He escrito en algún libro que al poder no se asciende, sino que se repta, y algunos me han afeado, con toda la razón, que generalice; pero es que uno ve hacer y decir tales cosas a quienes defienden a capa y espada su cargo y su despacho, que llega a preguntarse si existe un modo amable de ejercerlos y ocuparlos, o una vez que te dan el acta y un par de palmadas en la espalda, la vista se nubla y la moral se oscurece. Con ciertas personas, da la impresión de que la respuesta es que sí.

Mientras las imágenes del atroz genocidio que está cometiendo el Israel de Netanyahu contra el pueblo Palestino estremecen al mundo y quiebran hasta los ojos más fríos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justifica sin un matiz los bombardeos de Gaza y Líbano, reduciéndolos a una mera batalla contra el terrorismo. “No puedes pedirles que pongan fin a Hamás o Hezbolá con flores”, sostiene. Sólo le faltó decir que da igual que asesinen a unos civiles que, de todas formas, “se iban a morir igual” —pero no “se” murieron, “los murieron”, que diría el poeta Juan Gelman—, como soltó cuando le apretaron con los residentes que ella o su Gobierno, para el caso es lo mismo, impidió que se salvaran en gran medida en los hospitales y dejó morir encerrados en sus habitaciones de los geriátricos, sin asistencia y sin consuelo. Claro, a quién se le ocurre pensar que iba a tener con los niños ajenos la piedad que no tuvo con sus propios ancianos, porque eran su responsabilidad, de la que intentó huir culpando al entonces vicepresidente Iglesias, el mismo contra el que su partido organizaba tramas de espionaje ilícitas. Lo que hizo ella lo ha definido en una reciente entrevista el juez Castro: “Una canallada.” Otra jueza, de la localidad de Villalba, acaba de reactivar contra ella y su Ejecutivo la causa por el llamado Protocolo de la Vergüenza. Ese río de tinta y esa cifra, siete mil doscientos noventa y uno, la perseguirán donde vaya.

Para desviar la atención o porque lo otro no le interesa, ahora les ha dado por extender en sus comparecencias públicas, a ella y a sus correveidiles, pobres, una teoría de la conspiración según la cual “los comunistas” están incitando a nuestras chicas y chicos a drogarse, porque “quieren una juventud sin futuro que vaya directa a la subvención.” Pues si ese es el futuro, al menos que les enseñe a montárselo tan bien como ella, que en el chiringuito que le montó su maestra Esperanza Aguirre se llevaba cuatro mil doscientos diecinueve euros al mes. Con eso, sin duda, les daba para alquilarse un piso y lograr independizarse, algo que con el neoliberalfascismo que ella defiende, su combate contra el alquiler regulado y la apuesta de su formación por entregarle viviendas de protección oficial a los fondos buitre, se  pone un poco más así como de color hormiga.

Como por sorpresa, en las dos últimas semanas y, según se nos ha contado, a partir de una encuesta encargada por el propio partido, el PP ha empezado a plantear propuestas específicas en materia de conciliación y empleo (semanas laborales de cuatro días… ) y de vivienda. Fijar en la agenda unos temas a costa de otros (la Amnistía, el indefinido “cupo” catalán, la esposa del presidente del Gobierno, la inmigración, por ejemplo) es una decisión crucial en la confrontación política. Seguramente la más relevante competencia que tiene un partido o un líder consiste en escoger los temas sobre los que cree que ha de hablarse, los desafíos nacionales que deben priorizarse.

Esperanza Aguirre, eterna luminaria moral del ala más conservadora del PP, advirtió de inmediato del error, “grandísimo, enorme error”, en que incurría Feijóo por “defender las ideas de la izquierda”. Para Aguirre, como para los más recalcitrantes halcones del PP concomitante con Vox, lo que hay que dar aquí es la “batalla cultural”.

¿Pero qué es la batalla cultural? ¿De qué hablan?

Aunque fuera bautizada como tal (Kulturkampf) en la Prusia de Bismark a partir de 1871 para definir el enfrentamiento entre el Gobierno liberal con la Iglesia Católica, el concepto se popularizó con el libro Culture Wars (1991), del sociólogo estadounidense James Davison Hunter.

Bajo la idea de la batalla o la guerra cultural subyace una lucha por la hegemonía de un relato nítido que hoy se extiende con éxito por buena parte del mundo: hay una moral superior a las demás, de inspiración y origen judeocristianos, que fomenta el individualismo y la resistencia ante la intromisión de las burocracias gubernamentales. Si se respeta la libertad del individuo hasta sus últimas consecuencias, entonces una mano invisible llamada mercado regulará milagrosamente las relaciones económicas y habrá equilibrio entre la oferta y la demanda. Esa cultura debe ser protegida de sus enemigos. De culturas contaminantes de segundo nivel, como el Islam. De pulsiones disgregadoras de la familia y los valores tradicionales, como las que proceden de las minorías sexuales o los relativistas morales, los ateos o los nihilistas, representantes de la “cultura de la muerte” (aborto y eutanasia son sus controversias paradigmáticas). O de la búsqueda maligna de la “justicia social”, que es una quimera que solo esconde bajo la piel de oveja al lobo del “social-comunismo”.

El ultraconservadurismo, que prefiere autodenominase “liberal”, es en realidad una amalgama de libertarismo (la defensa del individualismo máximo), superstición religiosa, prepotencia moral y avaricia económica. Y la guerra cultural que plantea es una reacción virulenta ante la hegemonía mundial, mantenida desde la II Guerra Mundial, de la narrativa socialdemócrata según la cual vivimos en comunidad, y el Estado debe garantizar que esa libertad sea efectiva para el mayor número, por lo que es necesario acompañarla de igualdad de oportunidades. No se es libre si no se puede ejercer la libertad, por mucho que ésta se proclame y se plasme en las leyes. No es desde luego libre la joven que es obligada a ser madre contra su voluntad, o la que no tiene recursos para ir a la Universidad o para curar sus enfermedades o emanciparse de sus padres.

Los ultraconservadores han situado al globalismo “buenista”, a la Agenda 20/30 de Naciones Unidas, a esos mastodontes burocráticos multilaterales, en la diana de sus miedos. Lo que subyace en la actitud ultraconservadora es un miedo a la extinción. Muchos ciudadanos de bien se sienten cómodos ante la llamada identitaria, sobre todo en tiempos de angustia e incertidumbre como los actuales. Además, gustan del estilo valiente, rebelde y lenguaraz de sus líderes, que vendrían a ser los nuevos revolucionarios, los nuevos representantes del pueblo virtuoso frente a la élite corrompida. La nación soberana que cierra sus fronteras a la contaminación exterior es el nuevo refugio del ciudadano miedoso, que se vuelve patriotero, individualista y agresivo frente al distinto.

Para el ala más recalcitrante del PP, ponerse a hablar de vivienda o de jornada laboral es una renuncia inaceptable a la guerra cultural, y darse por vencido en esa guerra es un gran error. Es comprar la agenda de la izquierda. Yo entiendo a Esperanza Aguirre cuando lo advierte. En efecto, la ultraderecha mundial triunfa sólo cuando presenta con toda su violencia el relato de la amenaza exterior. Cuando hace creer a los ciudadanos que el extranjero es un peligro, que nos roba, que las ayudas públicas promueven la pereza, que la iniciativa privada funciona siempre mejor que la pública, que el Estado, con todo su andamiaje administrativo, es enemigo de la nación que no es más que la suma de sus individuos.

Entiendo a Esperanza Aguirre. Ella está llamando a su partido a competir por la derecha, a acercarse en el estilo y las propuestas a Vox y a Trump y a Milei. Yo no he visto esa encuesta, pero la imagino. Debe decir que la ciudadanía lo que pide son soluciones para las cosas de comer. Y por eso Feijóo debe andar batiéndose entre la llamada racional a atender a esas necesidades y plantear alternativas concretas, y la llamada a esa guerra cultural mucho más simbólica e identitaria de “Dios, patria y orden”. Lo va a tener difícil para atender a ambas apelaciones a la vez.

La antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tenía muchas sombras, pero ninguna era la suya. O al menos, eso dice ella, que siempre se ha desentendido de los mil y un casos de corrupción que se producían bajo su mandato y que suman ya más de cien años de condena para una larga serie de sus cargos de confianza, a los que su jefa siempre ha degradado al la categoría de traidores, gente que, en sus propias palabras, le salió rana, y al lanzar ese discurso daba un salto desde el papel de culpable al de víctima. Se ve que, desde que una vez en una fiesta sacó a Sabina a bailar un chotis, hizo suyo el himno del maestro: lo niego todo.

Ahora, la lideresa que en un momento determinado amagó con disputarle la vara de mando a M. Rajoy ya está jubilada de su actividad política, o al menos se mueve en otras esferas periodísticas, lejos del poder real, pero en España los tribunales son lentos y ahora la Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel a su ex vicepresidente Prada y a él y sus compinches al pago de cuarenta millones de euros, por los tejemanejes y cortinas de humo perpetrados con motivo de otra de las promesas estrella de aquellos años de nada por aquí y todo por allá, que fue la construcción de la  fallida Ciudad de la Justicia de la que no se ha vuelto a saber nada más que lo de siempre: se tiraron ciento cinco millones, hubo quien se hizo de oro y el resto volvió a ser engañado y robado: los caudales públicos salen de las carteras de todos. A Aguirre siempre se le dieron mal las segundas piedras, así que puso la primera, se dejó hacer las fotos promocionales de costumbre y si te he visto no me acuerdo. Lo suyo eran los proyectos faraónicos, pero sin pirámides. Te vendía un oasis, pero no era más que un espejismo. El dinero, sin embargo, era de curso legal y se calcula que el despilfarro entre 1995 y 2016 fue de más de ochenta mil millones en obras e infraestructuras que no se llegaron a hacer o que eran innecesarias.

Y si lo que es parece malo, lo que representa es aún peor: el botón de muestra es el símbolo de una sastrería donde te vendían trajes nuevos del emperador. Porque en aquellos años del supuesto milagro económico que acabó con su ideólogo, el alguna vez todopoderoso Rodrigo Rato, en prisión, con la reserva o hucha de las pensiones saqueada y con tres cuartas partes de los ejecutivos de Aznar en el banquillo o en la cárcel, se anunciaron a bombo y platillo aeropuertos en los que nunca llegó a despegar o tomar tierra ningún avión; circuitos de Fórmula 1 en los que no ha echado ninguna carrera bólido alguno; un supuesto Centro Acuático que sin llegar nunca a pasar de los cimientos iba a salirnos por ciento treinta y siete millones y cuya factura final fue de casi ciento noventa y dos; autovías radiales de pago por las que no circula casi nadie o, ya en tiempos de la heredera de Aguirre, Díaz Ayuso, hospitales como el Zendal, en el que despilfarraron casi doscientos millones de euros y hoy día carece de personal y, básicamente, tampoco sirve para nada, mientras en otros centros sanitarios de la Comunidad crecen hasta lo intolerable las listas de espera. 

Pero ni los delincuentes eran ranas ni la acumulación de construcciones fantasmas es una casualidad, sino una estrategia en toda regla de asalto a las y los ciudadanos, incluidos los que les aplauden mientras son atracados. Es una versión del timo de la estampita, pero con edificios en lugar de billetes y tarjetas de santos. Lo raro es que a esa congregación todavía hay quien vaya a encenderles una vela.

“Dice la ministra de Hacienda que lo que dise es lo que dise…” La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se pone a reír delante de una decena de micrófonos. Trataba de imitar el acento sevillano de la vicepresidenta, María Jesús Montero, como arma política. Buscaba ridiculizarla, sin argumentos, sólo por su forma de hablar. Cayendo en la más absoluta andalufobia, con la idea de menospreciar a los ciudadanos del sur por su manera de hablar vinculándolos con la incultura y la pobreza.

Aguirre no es nueva en esto. Hace años ya con otro tono imitador acusó al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero de usar el dinero de los contribuyentes para “dar pitas, pitas, pitas”. Puso a los andaluces con su metáfora a la altura de las gallinas. Pero el acento también ha sido utilizado durante años, por ejemplo, para criticar a Magdalena Álvarez en su etapa como ministra de Fomento. 

La exdiputada del PP catalán Montserrat Nebrera llegó a decir de ella que tenía un “acento de chiste”. Tono también utilizado por el exparlamentario de la CUP Antonio Baños, que desencadenó una fuerte polémica en X por su imitación del andaluz. Unas actitudes que no suelen tener gran repercusión, pero que provocan un enorme enfado entre los ciudadanos del sur: a dos de cada tres andaluces les irritan estas burlas, según un estudio del Centra (el CIS andaluz).

El politólogo, sociólogo y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Daniel Valdivia hace esta reflexión: “Aún sigue vigente en determinadas élites españolas la vieja idea de que el habla andaluza no debe salir del bar, la dependienta o la limpiadora, por lo que les molesta encontrarlo en un lugar reservado a ellos como La Moncloa”. “Esta creencia es lo que hace que Aguirre haga burlas así, sin sonrojarse siquiera, de María Jesús Montero, mediante un discurso descalificativo que va mucho más allá de una mera crítica política al interpelar a toda una comunidad”.

“Este prejuicio viene determinado de manera clara por la aporofobia. No es otra cosa que el odio al pobre y a su forma de estar en el mundo. En España esa pobreza está asociada al andaluz. Como veíamos antes, el habla andaluza se vincula con la gente trabajadora y humilde, no se asocia al poder”, continúa el sociólogo, quien apostilla: “Esta andalufobia permite a estas élites seguir reproduciendo el rol de subordinación que Andalucía debe tener en España. Tenemos que tomar conciencia de que el habla y la lengua representan mucho más que una forma de expresarse. Por eso es tan importante que María Jesús Montero siga orgullosa de su andaluz, porque ser andaluz y hablar andaluz es la manera que tenemos de estar en el mundo, como decía Carlos Cano. Su ejemplo va a ayudar a muchos otros andaluces a poder ser andaluz sin miedo al rechazo o la sorna”, recalca.

Además, incide en que la burla se acrecenta si la política es mujer: “Son víctimas de ataques en muchas ocasiones por el mero hecho de ser mujeres y estar en lugares donde aún hay quien piensa que no son para ellas. Entonces se utiliza cualquier cosa que se considere que puede hacerles daño para insultarlas. Es otra muestra de la visión peyorativa que se conserva del habla andaluza”.

¿Se sigue en pleno 2024 asociando el acento andaluz con la pereza y la incultura? Responde el profesor: “Por desgracia, sí. Contribuyen también los prejuicios y estereotipos que aún se reproducen en medios y tertulias como discursos como los de Aguirre. Aún hay andaluces que sienten que su habla es inculta, sobre todo generaciones más mayores, pero eso está cambiando desde la educación”. Explica que en los proyectos de investigación de la universidad se ve cómo ya se está enseñando a los jóvenes “el valor de expresarse en andaluz, construyendo la identidad andaluza en base a ganar en autoestima y orgullo por cómo somos y estamos en el mundo”.

Las palabras de Aguirre removieron a Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera del Congreso. En la pasada sesión plenaria, subió a la tribuna con una camiseta con la frase “Cateto tú, que no entiendes el andaluz”. Al escuchar a Aguirre, confiesa la parlamentaria, sintió “vergüenza ajena”: “Este discurso de la derecha viene de largo. Nos han estereotipado como catetos y graciosos, como gente que no es de alta cuna como ellos. Es deleznable, un mensaje clasista. Y Juanma Moreno no ha salido a defender a la gente de su tierra”.

“Siguen todos los estereotipos y seguimos luchando. Los andaluces hemos demostrado suficientemente nuestra valía en todos los sectores, desde la innovación hasta la creatividad. Pero continúa ese tira y afloja. Parece que sólo hay turismo y fiesta”, reflexiona la vicepresidenta tercera del Congreso. Y pone el foco también en la “doble discriminación”: mujer y del sur. Ella quiso explicitar con su camiseta ese sentimiento “porque las palabras se las lleva el viento”.

“Había que dar con mucha elegancia, con mucha mano izquierda y con mucho arte esa vuelta de tuerca”, resume. Miguel Tellado hizo referencia a su camiseta y ella le contestó: “Es para que aprendas idiomas”. Él se rio. “No voy al insulto ni la confrontación, sino a defender los derechos y la dignidad de los andaluces. Es una forma de comunicarse, es identidad, es arte, es tradición. Hay que dignificar nuestra lengua”, remacha. Para indicar: “Somos un Estado plurinacional. Vamos al federalismo, no hay marcha atrás. Hay que defender el catalán, el euskera, el gallego y el andaluz”.

Sobre la cuestión también se pronuncia la politóloga Ana Salazar: “Lo que hace Aguirre es burlarse. ¿Dónde está el argumento político? Utiliza el acento como un instrumento para el menosprecio. Aunque la inculta es ella. Es el acento de un pueblo que respeta, que convive, que tiene una cultura propia”. “Andalucía está asociada a la pobreza”, contesta cuando se le pregunta por qué sólo pasa esto con la forma de hablar de los andaluces en política.

Para ella, también se acrecentan estas burlas cuando se trata de mujeres. “No se entiende que se hagan críticas sin estar basadas en argumentos políticos. Es un ataque personal, se cae en la falacia. Degrada mucho el debate. Sólo es hacer daño. ¿Hay que aceptarlo todo? No”, reflexiona Salazar, a la vez que subraya que esta imagen de Andalucía se ha construido también en las series: “Hay que recordar a la Juani de Médico de familia. Hay muchos prototipos, empezando porque todos somos graciosos y juerguistas. Y se presupone una capacidad intelectual inferior”. “Se tiene que abrir un debate y se tienen que escuchar más las voces andaluzas en Madrid”, concluye Salazar. 

El pasado domingo, 14 de abril, en el 93 aniversario de la proclamación de la II República, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre culpó al PSOE del golpe de Estado que causó la dictadura de Francisco Franco. "El Partido Socialista no acepta la alternancia en el poder", expresó Aguirre en un acto organizado por Nuevas Generaciones llamado II República ¿Algo que celebrar?.

La expresidenta madrileña entre 2003 y 2012 destacó que los socialistas "hicieron creer a la población que la pobreza iba a desaparecer" y que, al no lograrlo, "en las elecciones de 1933 arrasa la derecha". Para Aguirre este es el origen de la Guerra Civil del que culpa al PSOE por no aceptar los cambios en el Gobierno. "Como no lo acepta [el cambio en el poder] hace el golpe de Estado del 34, que llaman la Revolución de Asturias, pero fue un golpe de Estado", matizó.

El coloquio tuvo un tema principal: la memoria democrática. Los invitados fueron la expresidenta madrileña, el presidente de las juventudes del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, el diputado popular en la Asamblea de Madrid Pedro Corral y el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca. Todos ellos fueron, en palabras de cuentas de X asociadas a estas juventudes populares, a "explicar todos los detalles que hicieron de la República un régimen fallido y nefasto". Pedro Corral también ha acusado al PSOE de "copiar a Franco por legislar sobre el pasado".

Hace 9 años, Esperanza Aguirre ya cuestionó que el franquismo fuera "impuesto por la fuerza". "Los socialistas pretenden explicar la Guerra Civil como una guerra entre los buenos y los malos. En la que los buenos fueron muy buenos y los malos fueron muy malos, y, además, ganaron", expresó.