La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

El Gobierno ha aprobado blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP de que no apoyará esta reforma constitucional que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado, según informa EFE.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta este añadido al artículo 43.3, para así establecer la obligación de todos los poderes públicos a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, recogida en la ley de 2010 y ratificada en 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo han ratificado tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve "constitucional" la propuesta del Ejecutivo.

Esta reforma, que requiere mayorías de tres quintos en el Parlamento, se impulsa porque el Ejecutivo quiere "proteger" el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y "reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho que se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes de la muerte "hace escasos segundos" de un segundo casco azul indonesio en Líbano durante un ataque a un convoy y ha manifestado su "enorme preocupación" por la situación en el sur del país donde están desplegados 700 militares españoles en la misión de paz de la ONU (UNIFIL) que se encuentran "bien", según informa EFE.

"Además del ataque que hubo ayer en el que falleció un militar indonesio y otro resultó muy grave, hace escasos minutos ha habido otro ataque a un convoy en el que ha fallecido un segundo militar indonesio", ha informado Robles en declaraciones a los periodistas a su llegada al Ministerio de Industria, donde se va a presentar el programa IN+DEF. 

Robles ha explicado que, a pesar de la gravedad de la situación, los cascos azules siguen realizando convoyes y en el caso de la mañana del lunes el primero de los vehículos de esa patrulla de vehículos ha sido alcanzado.

En cuanto al contingente español, Robles ha emplazado a esperar las decisiones que tome Naciones Unidas, organismo al que ha pedido que traslade a los responsables políticos que hay que garantizar la seguridad no solo de los efectivos españoles sino de los 10.000 cascos azules que forman en este momento la misión. Está previsto que la misión acabe el mandato de Naciones Unidas a finales de este año.

Con el ataque de este lunes ya son dos los cascos azules indonesios fallecidos en Líbano después de que en la noche del domingo muriera un militar de esa nacionalidad a raíz de la explosión de un proyectil en una base de la UNIFIL cerca de Adchit Al Qusayr, en el sur del Líbano, mientras que otro fue herido de gravedad.

Este militar herido se encuentra en estado "crítico", ha señalado Robles, que ha recordado que el contingente de Indonesia está bajo mando español en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayou. 

La ministra ha explicado que los militares españoles se están volcando en ayudar a los indonesios y ha insistido en que la situación es de "total preocupación" y, por ello, ha exigido a Naciones Unidas que exija a Israel y, en su caso, al grupo chií Hezbolá también, el fin de los ataques.

"Esta situación que está ocurriendo es gravísima desde todos los puntos de vista de UNIFIL, que es una misión de paz y, por tanto, las hay que respetarla siempre y en todo caso.

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito, según informa EFE.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. 

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, han señalado la CEE y la Confer en un comunicado. En este sistema, la colaboración de las instituciones “será muy importante”, han subrayado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El protocolo señala que el ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.

Por su parte, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025 PRIVA , cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado este lunes que la encargada de negocios de Israel en España ha sido convocada en la sede de su ministerio para trasladarle oficialmente la "protesta" del Gobierno español por impedir celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, según informa EFE.

En declaraciones a RAC1, Albares ha deplorado que la Policía de Israel impidiera este domingo al patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar la misa en el Santo Sepulcro, una medida que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó por motivos de seguridad.

"Hemos convocado a la encargada de negocios de Israel, esta mañana, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle nuestra protesta, para indicarle que esto no puede volverse a repetir, que el culto católico debe poder celebrarse con normalidad, como se ha celebrado históricamente siempre", ha explicado Albares. Para el ministro, se trata de una "medida muy preocupante" que no se justifica "en absoluto" por supuestos motivos de seguridad y que resulta "inaceptable".

"Esto ya viene de antes. Tampoco se ha permitido a otros cultos, al culto musulmán, por ejemplo, acceder a los Santos Lugares. Viene habiendo una serie de obstáculos para distinto credos, incluido el cristiano y el católico", ha denunciado.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó el domingo este "ataque injustificado a la libertad religiosa", a lo que respondió el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que le afeó sus críticas y afirmó que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". 

Por otra parte, se ha mostrado preocupado por la "extensión de la guerra por todo Oriente Medio", una región que avanza hacia un "escenario de guerra perpetua", lo que podría motivar movimientos migratorios de refugiados que "no tardarán en llegar a Europa".

Asimismo, Albares ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto otorgar este martes la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado en Madrid Leopoldo López por la vía exprés.

"Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, le era imposible producirlos y, por lo tanto, hemos decidido utilizar esa norma, que está en el Código Civil español", ha argumentado.

Albares ha destacado la "protección" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prestado a López y otros opositores venezolanos, "a pesar de las calumnias que se vertieron".

"Este es el Gobierno del mundo que más ha hecho por los venezolanos y el único Gobierno de España que ha hecho por ellos todo lo que ha podido, porque el del PP no movió un dedo por ellos, por mucho que se den golpes en el pecho", ha remarcado.

El Gobierno ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán que ha originado una guerra en Oriente Próximo que se prolonga ya más de un mes, según informa EFE.

España no solo no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones norteamericanos sino que tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

La negativa de España al uso de las bases de Rota y Morón ha aumentando la tensión entre ambos países y ha hecho que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya cargado contra España en numerosas ocasiones

No obstante, el Ejecutivo español se ha mantenido firme en su postura de "No a la guerra" ante las amenazas de Trump de imponer un embargo comercial tras la negativa de España a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota en las operaciones contra Teherán.

El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales, según han indicado a EFE fuentes del gestor de navegación aérea Enaire. La medida por tanto afecta a las operaciones militares, no a las operaciones comerciales.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos. 

Por ello, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión para indicarles que deben prorrogar los contratos de sus inquilinos, que así lo soliciten, que caduquen entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, según informa EFE. 

Entre todos ellos concentran más de 100.000 viviendas de alquiler en todo el país, según ha apuntado en un comunicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

La misiva recuerda a estas empresas que la prórroga de los contratos de alquiler deberá ser aceptada obligatoriamente una vez sea solicitada por el arrendatario, según el reciente real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros y que por el momento no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El Ministerio ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato. El documento remitido a estas compañías explica, por tanto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

En función de este decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 21 de marzo, el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.

Esto no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente. 

El decreto establece asimismo una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta del 2%, aunque si el arrendador no es "gran tenedor", ésta deberá llevarse a cabo con acuerdo entre las partes.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

Los gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos de Euskadi.

Así lo ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales, tras reunirse este viernes en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente ambos han presidido la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi.

En ella se ha acordado crear un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras y "tener un papel" en sus tarifas y tasas.

Pradales ha salido "satisfecho" con los siete traspasos acordados porque se ha "cumplido" con la primera fase del calendario pactado por ambos gobiernos para transferir las competencias pendientes, pero ahora toca "trabajar duro" para completar la segunda fase para llegar a julio  —fecha estimada de la próxima Comisión Bilateral — con acuerdos sobre la segunda fase.

Además de la gestión de los aeropuertos hoy se ha dado luz verde a otros seis traspasos. Dos de ellos se refieren al Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que podrá mejorar el acceso a la financiación de pymes y empresas, en este último caso en cooperación con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

"Estas dos transferencias fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores", se ha felicitado el lehendakari.

También se ha acordado traspasar la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial sobre a los permisos de conducción, así como aumentar la capacidad de Euskadi en formación o habilitación en seguridad privada.

Ambos gobiernos han llegado también a un acuerdo para que la comunidad autónoma asuma "el ejercicio efectivo" de la vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa; y para que el País Vasco se encargue de la gestión de las subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados.

"Hoy damos un paso más" pero "queda mucho por hacer y acordar", ha declarado el lehendakari, que ha considerado que "los tiempos y el contexto exigen más ritmo en la cooperación, más capacidades políticas y asumir más riesgos", aunque es consciente de que "los siguientes meses son complejas y debemos abordarlos con la máxima exigencia y compromiso".

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado la relevancia de todos los traspasos de competencias a las comunidades autónomas acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde su investidura en 2018.

“Son ya cuarenta los traspasos de competencias a once comunidades autónomas, siempre de acuerdo a sus peticiones. En el período de gobierno del PP que va del 2011 al 2018 hubo dieciséis traspasos", ha detallado Torres, que ha defendido que las transferencias cerradas hoy son totalmente acordes con la Constitución y el Estatuto de Gernika.

También ha defendido la política autonómica del Ejecutivo y ha asegurado que él forma parte de un Gobierno "que cree que el Estado de las autonomías no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central".

Torres se ha sumado al lehendakari en su reconocimiento a la labor del anterior secretario de Estado de Política Territorial y nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según informa EFE.

Durante su intervención en las jornadas de eldiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. 

"Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecutivo central el traslado "temporal" del Guernica de Picasso a Euskadi, una solicitud realizada este martes en Madrid por la vicelehendakari Ibone Bengoetxea y "ya expresada" por el lehendakari, Imanol Pradales, al presidente Pedro Sánchez.

El motivo de esta petición es el deseo de contar con el emblemático cuadro en el marco 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Propone que la pintura se traslade al Guggenheim de Bilbao para su exposición entre el 1 de octubre de este año y el 30 de junio de 2027, informa el Gobierno Vasco en una nota este martes.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística ha reiterado esta petición al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una reunión en la que subrayado el "profundo significado histórico, simbólico y emocional" para la sociedad vasca que tiene la obra que el Gobierno de la República encargó al artista malagueño y que se expone en el Museo Reina Sofía, además de suponer "un gesto de reparación y dignificación".

"El Ejecutivo vasco considera que este gesto tendría un alto valor simbólico en un contexto especialmente significativo, marcado por el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. El traslado del Guernica contribuiría a reforzar la memoria histórica y a proyectar, desde el presente, un mensaje claro en favor de la democracia, la libertad y la convivencia', ha remarcado Bengoetxea.

La vicelehendakari ha calificado el encuentro con Urtasun de "constructivo", ya que "ha permitido reforzar la relación bilateral entre Euskadi y el Gobierno español desde el respeto a las competencias y con la voluntad de mejorar la coordinación entre instituciones".

Además, el Gobierno Vasco ha trasladado al ministro varias "cuestiones prioritarias", como "la necesidad de revisar el IVA aplicado al arte para alinearlo con Europa y fortalecer el sector", así como "el avance del Estatuto del Artista, ámbito en el que Euskadi ya ha impulsado mejoras fiscales junto a las diputaciones forales".

También ha hablado de "la consolidación del Alto Horno de Sestao como referente de patrimonio industrial mediante un compromiso de financiación compartido" y se ha incidido "en la importancia de mejorar la coordinación en las políticas culturales y en los mecanismos de gestión entre el Estado y las comunidades autónomas".

Junts ha anunciado este martes que dará su apoyo al decreto de medidas para mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio si el Ejecutivo apoya su exigencia de aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, según informa EFE.

En una entrevista en TV3 recogida por EFE, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado el voto a favor de su formación al decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes, siempre que el Ejecutivo apoye esta propuesta que la formación introdujo en una proposición no de ley que se vota el jueves antes que el decreto anticrisis.

Fuentes del partido de Carles Puigdemont dan por seguro que el Ejecutivo apoyará aplicar la directiva europea y también dará su apoyo a una moción de su formación que se debatirá el jueves en el pleno del Congreso con el mismo objetivo.

El Congreso ha rechazado esta tarde uno de los proyectos estrella del Gobierno, la rebaja de la tasa de alcoholemia al volante, después de que el PP, que ha mantenido la incógnita hasta el último momento, haya votado en contra, así como Vox y ERC, a la proposición de ley del PSOE sobre este asunto.

La propuesta para modificar la Ley de Tráfico se ha debatido en la Comisión de Interior del Congreso, que tenía competencia legislativa plena, por lo que al no haber salido adelante —18 votos a favor y 19 en contra—, la iniciativa decae.

Mientras que ERC y Vox han anunciado en la propia Comisión, en el turno de portavoces, el sentido de su voto, el PP han esperado hasta la votación para hacerlo público, y eso que en la toma en consideración de la iniciativa hace un año tanto los populares como el partido de Santiago Abascal se abstuvieron.

Se trataba de uno de los proyectos estrellas de la Dirección General de Tráfico (DGT) y del propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en reiteradas ocasiones ha instado al Congreso a que la aprobaran tras un año encallada en la Cámara.

La iniciativa socialista buscaba rebajar el límite máximo de la tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) y unificarla para todos los conductores, eliminando las diferencias entre noveles y profesionales.

Y lo justificaba en los datos, ya que en casi un tercio de los accidentes está presente el alcohol. Además, casi la mitad de los conductores fallecidos en siniestros de tráfico había bebido o tomado drogas, según los últimos informes del Instituto Nacional de Toxicología.

El Gobierno presentará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, según recoge EFE.

"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", ha apuntado Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.

Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra en Irán sobre los precios de la energía.

Sin entrar en detalles, la vicepresidenta avanzó que el paquete contendrá medidas de "protección a los más vulnerables" y también a "aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero".

El Ejecutivo también introducirá "medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto" así como "medidas antifraude", agregó.

También el Ministerio de Economía esta preparando una serie de medidas que incluyen rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la volatilidad del mercado ha sido máxima. Desde que Irán cerrara el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del flujo marítimo global de crudo, el tráfico lleva interrumpido casi por completo.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria de las Illes Balears si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones, según informa EFE.

En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación el pasado martes en el Parlament de las Illes Balears de la ley de memoria democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.

En su opinión, es un caso claro de "sumisión" del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente "ha sucumbido a ellas".

"Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones", ha señalado. Además, ha anunciado que van a invitar al Govern balear a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley de memoria democrática autonómica.

"Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata", ha añadido. De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la ley de memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.

Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de "concordia" aprobada en la Comunitat Valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.

En estos tres casos las normas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, según han recordado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática.

Por otro lado, próximamente van a empezar las negociaciones con el Gobierno de Extremadura para tratar de resolver las discrepancias sobre la denominada ley de "concordia" autonómica aprobada por el PP y Vox y, en el caso de que no haya acuerdo, el Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional.

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y recoge EFE.

Además de esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y la posición de España. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo lleva tiempo preparando un plan de respuesta "integral" ante los efecto de una guerra que España, ha recordado, no avala.

El objetivo ahora es intercambiar ideas con los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos, escuchar sus propuestas y seguir monitorizando la situación para poner en marcha una respuesta "calibrada y eficaz".

Saiz ha planteado una respuesta con una doble vertiente: un plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas; y en un plano estructural, con programas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica del país.

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer, porque estamos preparados", ha recalcado la portavoz, quien ha ratificado el "no a la guerra" y la apuesta "firme" del Gobierno por el derecho internacional y la vía diplomática como "única salida responsable" al conflicto.

Saiz ha garantizado que el Gobierno se está volcando en garantizar los intereses de todos los españoles y, en ese contexto, ha destacado también la labor del Ministerio de Exteriores para proteger a los nacionales que viven en Oriente Medio y facilitar las evacuaciones.

Cuatro palabras le han bastado a Pedro Sánchez para poner patas arriba a la opinión pública mundial respecto al ataque de Estados Unidos a Irán: “No a la guerra”.

También es verdad que unas palabras dichas detrás de un atril visten mucho, es el complemento perfecto, que pega con todo y que realza las formas y el fondo de lo que se dice.

Cuatro palabras para compensar aquellas otras cuatro palabras que pronunció Aznar después de su patética imagen con los pies sobre la mesa y fumando un puro con Bush: “Estamos trabajando en ello” (léase con acento tejano) al preguntarle la prensa sobre la inminente invasión de Irak. Una guerra en la que fuimos la comparsa necesaria para legitimar un ataque y que provocó que sufriéramos el atentado más grave de nuestra historia con 192 personas muertas y miles de heridos. Ni olvido ni perdón.

Al presidente del Gobierno le han bastado estas cuatro palabras: “No a la guerra” para, esta vez sí, dar un puñetazo sobre la mesa y plantarse frente al acosador naranja de la Casa Blanca.

Un efecto dominó que ha obligado a mojarse a los timoratos líderes de la Unión Europea, siempre tan dados a nadar y guardar la ropa y que han provocado una ola de solidaridad mundial, incluso en los propios Estados Unidos hartos ya de los caprichos de niño malcriado de su presidente.

Como bien decía Jimmy Kimmel en su Late Night, que el propio Trump intentó cerrar sin éxito: “Los misiles de EEUU son más inteligentes que su presidente”.

Un plantón y una negativa del Gobierno a involucrarnos en una guerra que ha provocado además un nuevo sentimiento que muchos teníamos adormecido desde que la derecha y la ultraderecha, valga la redundancia, se apoderaron de los símbolos nacionales como la bandera. 

El sentimiento de orgullo de ser español, que parecía que teníamos anestesiado o que sólo sacábamos con la camiseta roja en los eventos deportivos en los que participaba España.

Ahora que los vendepatrias se han envuelto, por cobardía, interés o ambas cosas a la vez, en la bandera de Estados Unidos, han dejado libre la bandera española para que la ondeemos con orgullo los que no somos dados a envolvernos en telas patrióticas. 

Como muy bien dice el cómico canario Ignatius y uno de los mejores analistas políticos de nuestro país –como buena parte de los cómicos–: “Nos estamos dando cuenta de que ser español es algo que le queda demasiado grande a la derecha”.

Las redes se han convertido en un hervidero de memes y chistes que reivindican nuestro país en el mundo y que saltan de móvil en móvil como la imagen de un Perro gigante como sustituto del toro de Osborne como símbolo de nuestro país o el presidente toreando a Donald Trump.

El humor siempre ha servido de vía de escape de la incertidumbre, cuanto más se nos escapa de las manos una situación más necesitamos bajarla a tierra y poder bromear sobre ella para sentir, al menos, que al reírnos de ella podemos tenerla algo más controlada.

“La risa mata al miedo” como bien decía Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego de El nombre de la rosa.

Y no es la primera vez que esto pasa en nuestro país. 

Recordemos que frente a una de las amenazas más graves a nuestro país, cuando el ISIS amenazó con atacarnos, la respuesta fue una ola de memes sobre el hijo de la Tomasa. La risa matando al miedo, de nuevo.

En esta crisis mundial hemos descubierto que no estamos solos en esto de bromear sobre esta escalada bélica mundial.

Nos ha salido un aliado tan fiel como inesperado, un Sancho Panza de nuestro Quijotismo. Turquía se ha convertido en nuestro escudero y en un firme defensor de nuestro país.

Esta pasión turca por España ya tiene una frase que pasará a la historia y gracias a un tuitero de ese país que reivindica nuestra valentía al plantarnos frente a la injusticia imperial: “A partir de ahora no quedará un solo español calvo en el mundo, es nuestro deber patriótico”.

Las redes turcas, especialmente las cuentas de deportes, se han llenado de imágenes de Iniesta o de Pep Guardiola con pelazo e incluso aficionados turcos de fútbol celebran en las gradas la valentía española para plantarse ante EEUU al ritmo de Paquito el Chocolatero.

Una ola mundial de solidaridad con nuestra postura antibelicista que dentro de nuestras fronteras también ha conseguido lo imposible: que a izquierda o derecha de nuestro país se reivindique unidos a una patria “de perdedores”, como nos ha llamado Trump. 

No hay nada que una más a un equipo que un mal jefe o a un país que una amenaza exterior, que un supervillano.

Hasta la mismísima Falange está defendiendo la postura de nuestro país frente a Estados Unidos y frente a una derecha timorata históricamente siempre a los pies de Estados Unidos en la que Feijóo podría perfectamente encarnar a Jorge Galindo, el personaje de José Luis López Vázquez en Atraco a las tres, diciéndole al presidente norteamericano aquello de: “Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo…”

Siempre nos quedará la risa para vencer al miedo.

En resumen, y parafraseando a la anarcofeminista Emma Goldman: Si no me puedo bromear, no es mi revolución.

Si llega la Tercera Guerra Mundial, que nos pille riendo, ya tendremos tiempo de llorar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "enérgicamente" los ataques "ilegales e indiscriminados" que en las últimas horas ha realizado Irán contra Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán. 

En un mensaje en sus redes sociales, Sánchez señala: "Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región". 

Irán ha bombardeado estos países como respuesta a los ataques recibidos por Estados Unidos e Israel, en una escalada bélica que se ha extendido también a Líbano. Sánchez ha añadido en su mensaje que "también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano". 

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes. Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", concluye el presidente del Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado este lunes al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".

En declaraciones a los periodistas en la sede del ministerio, Albares ha señalado que también quiere recordarle que estos ataques ponen "en peligro" a los españoles que están allí, unos 30.000 en la región, que se encuentran bien, según ha dicho. Ha sido justo antes de intervenir en la presentación del III Plan de acción de mujeres, paz y seguridad 2025-2030. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores está barajando todas las opciones para poder evacuar, tanto por vía aérea como terrestre, al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en países de Oriente Medio debido a la escalada bélica en la región.

Fuentes de Exteriores han señalado este lunes que están estudiando todas las alternativas "con garantías razonables de éxito de la operación" y están igualmente en contacto con las compañías aéreas para aprovechar "cualquier ventana de oportunidad" de que los vuelos comerciales se retomen.

Las mismas fuentes han explicado que los espacios aéreos de la mayor parte de los países de la zona se encuentran cerrados desde los ataques, y que las distancias por carretera pueden superar los 1.000 kilómetros, por ejemplo desde Dubai a Riad. Además, en el caso de estos viajes por carretera, no hay "plena garantía" de que a la llegada al otro destino alternativo el espacio aéreo esté abierto.

Se trata de operaciones, según Exteriores, que pueden involucrar a un número elevado de ciudadanos, ya que solo en Emiratos Árabes Unidos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles. Unos 30.000 españoles están en estos momentos en Oriente Medio, entre los que hay residentes, turistas y personas que se han desplazado por motivos laborales.

Hablemos de documentos. Y aquí, en los que se nos han presentado, hay muchos que carecen de trazabilidad, es decir de los códigos que los identifican para saber que son verdaderos; igualmente hay también muchas copias sin firmar y sin sellar, lo que en mi opinión induce a desconfianza; precisamente los que mejor están identificados son aquellos que en mi opinión tienen menos relevancia: las crónicas de las vistas orales del juicio, los del Ministerio de Exteriores, las comunicaciones de recursos y procesamientos, y los informes policiales.

Sin embargo, los más interesantes, por ejemplo el manuscrito de un plan establecido en noviembre de 1980, de más de veinte páginas con profusión de detalles, sólo sabemos que procede de la Guardia Civil porque lo suponemos custodiado ahí, pero nada más, no se nos proporciona ningún dato más; igualmente, otro importante, como el titulado Campaña contra S.M. El Rey en relación con el 23-F con número de referencia: C/DI 3, del Ministerio del Interior, se trata de una copia, sin firma, sin fecha y sin sello. Igualmente, desde el punto de vista documental resulta lamentable que haya bastantes documentos recortados que resultan ilegibles en algunas líneas; no se entiende cómo no han sido escaneados en su integridad.

Hasta aquí una primera aproximación. Suele suceder que cuando pasa tanto tiempo y los testimonios van aumentando, las incógnitas suben exponencialmente, por lo que me temo que seguiremos estando entretenidos con el tema; como con el asesinato de Kennedy, permanecerá entre los misterios de la historia, en el saco de las verdades históricas, es decir en el saco de las verdades que han pasado a mejor vida.

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Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas.