El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional ha incoado unas diligencias previas en las que ha acordado citar como investigado (imputado) a D. José Luis Rodríguez Zapatero y a otras personas. El sustento de la decisión judicial tiene su origen en una actuación de una Agencia estadounidense (HSI) dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción. El 9 de mayo de 2021 detiene en el Aeropuerto de Miami a Rodolfo Reyes Rojas, ciudadano venezolano, que era el mayor accionista de la aerolínea española Plus Ultra. Su teléfono móvil fue incautado y clonado. El contenido fue entregado por la agencia estadounidense a la UDEF cinco años después. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción solicita del juzgado, con fecha 14 de mayo de 2026, una serie de diligencias de entrada y registro, una de ellas, en el despacho de Zapatero donde se encuentran, en una caja fuerte, (no podían guardarse en otro lugar) joyas cuyo origen y valor real se desconoce en este momento.   

Este artículo se dedica al análisis de todo lo relacionado con las ayudas prestadas a la Aerolínea Plus Ultra y las circunstancias que las han motivado. La Comisión Europea autorizó ayudas, con dinero público, a sectores estratégicos afectados por la crisis sanitaria del Covid-19. El Gobierno español articuló la respuesta mediante la aprobación del Real Decreto-ley 7.2020, de 12 de marzo, que introdujo las primeras medidas urgentes para mitigar su impacto económico, y del Real Decreto-ley 8.2020, de 17 de marzo, que amplió y reforzó dichas medidas con un conjunto de actuaciones extraordinarias de carácter económico y social.

La concesión de las ayudas se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). El Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea y Air Nostrum a las que se adjudicaron cantidades que duplicaban las de Plus Ultra. Curiosamente, en el caso de Air Europa, que recibió casi 500 millones de euros, que ya ha devuelto, el juez Peinado quiso involucrar a Begoña Gómez.

La operativa seguida para la concesión de ayudas desmonta cualquier atisbo de un delito de tráfico de influencias o de cualquier otra naturaleza. El 23 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes pone en marcha los contactos que consideraba necesarios para acceder a las ayudas. Como las miles de empresas que se encontraban en situaciones parecidas acudieron a las personas que pudieran facilitarles, a nivel político, una posible influencia para agilizar el procedimiento. La mayor parte de los directivos de la compañía aérea eran venezolanos por lo que no tiene nada de extraño que pensasen en Zapatero como la persona ideal para facilitarles las relaciones. Todas estas conversaciones preceden y quedan al margen de la concesión del préstamo de los 53 millones de euros, careciendo de relevancia penal.  

El Consejo de Ministros por una Orden de 23 de Julio de 2020, regula el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (FASEE). El Fondo será gestionado, a través de la SEPI, por el Consejo Gestor. Corresponde a la SEPI el análisis y valoración de las operaciones, previos a la resolución de las solicitudes por el Consejo Gestor. Ante el volumen de peticiones formuladas se autoriza la contratación de gabinetes jurídicos y consultores externos entre los que figuraba Deloitte España, dedicada a la prestación de servicios de auditoría, consultoría, riesgos, asesoramiento fiscal y legal. 

El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra Líneas Aéreas, solicita a la SEPI una de las ayudas del FASEE. El 22 de diciembre de 2020 PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS S.A. responde al requerimiento realizado por la SEPI en fecha 14 de diciembre de 2020 y remite información adicional y aclaraciones en relación con: 1. El Plan de Viabilidad. 2. La situación del ERTE. 3. Los estados financieros de PLUS ULTRA. 4. El préstamo participativo de PANACORP CASA DE VALORES.

El Consejo de Ministros autorizó la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. El 12 de marzo de 2021, se firman y elevan a escritura pública los contratos de financiación, permitiendo la disposición inicial de fondos. El Consejo Gestor de la SEPI está obligado a hacer un seguimiento del empleo de los fondos y del estado de las empresas beneficiarias. En este sentido, consta en las actuaciones que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) emitió un informe denominado “Análisis de la actividad de la compañía aérea PLUS ULTRA” (18 febrero 2021) en el que se indica que la flota está compuesta por CUATRO aviones AIRBUS, dos modelos A340-300 y dos modelos A340-600”.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió un “Informe solicitado por SEPI sobre situación económica-financiera de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.”. En fecha 26/02/2021, fue emitido el informe realizado por el asesor jurídico contratado por la SEPI, Deloitte Legal. En el día de hoy se puede comprobar en Internet que la Compañía aérea está en funcionamiento y oferta vuelos a diversas capitales de sudamérica. Cualquier incidencia sobre la devolución de la ayuda o el pago de intereses queda al margen del derecho penal.

El informe de la SEPI no es vinculante ni para FASEE ni para el Consejo de Ministros, aunque cuesta trabajo aceptar que un informe negativo sea ignorado por el Gobierno. Parece verosímil que alguien se fue de la lengua cuando se estaba preparando el orden del día del Consejo. La foto de las ostras parece acreditarlo, pero no encuentro ningún artículo que castigue ese anticipo de la buena nueva.

Unas diligencias de investigación deben concluir con un sobreseimiento total o parcial o con la apertura del juicio oral. El juez tiene la obligación de sanear su contenido despojándolo de adherencias que carecen de contenido delictivo y perturban la necesaria concreción del objeto del proceso. El juez Calama debe eliminar cualquier referencia al “rescate” de la compañía aérea Plus Ultra evitando que se introduzcan elementos ajenos a la ingente tarea que le espera para desentrañar y concretar, en términos que no afecten al derecho de defensa, las rotundas afirmaciones sobre la existencia de una trama a nivel mundial. 

Según el texto del auto: “Las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha [...] permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos”. Además de sus intuiciones, debe desentrañar y precisar, con nombres, datos y organigrama, como se estructuraba esta actividad delictiva. En todo caso quedo a la espera de sus futuras actuaciones. 

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Zapatero, sus hijas, su amigo el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La UDEF pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

Lo hace tras recibir un informe de la UDEF fechado el 9 de junio con información financiera procedente en su mayor parte de datos tributarios declarados por los investigados y que ahora quiere ratificar con los movimientos bancarios.

Entre las novedades que pretende investigar el juez está el patrimonio de Gertrudis Alcázar tras averiguar que compró una vivienda en Velilla de San Antonio (Madrid) por 132.055 euros sin hipoteca mediante pagos periódicos por transferencia entre 2021 y 2023.

La UDEF admite que no tiene constancia de que la secretaria de Zapatero "haya recibido fondos procedentes" del entramado societario investigado, pero sigue poniendo el foco en el "rol relevante" que le atribuye dentro de la supuesta trama.

En este caso, en relación con la compra de la vivienda, los investigadores subrayan que no han observado operaciones "que de alguna manera compensen" la transacción inmobiliaria "o que aporten ingresos de efectivo, tales como herencias o ventas recientes de otras propiedades, que justifiquen la capacidad económica mostrada" en dichos pagos.

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes", entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante "contratos de asesoría simulados", permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, "quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red".

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, "además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades".

Así, detalla que percibió 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 31.766 euros de Thinking Heads Américas, 352.980 euros de Gate Center, 200.000 euros de Focus Social Research, 159.034 euros de Chinalink, 104.410 euros de Mimo Advisors, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 53.000 euros de Bright Digital Solutions, 49.758 euros de Yuewee International Trade y 47.120 euros del Zayed Award.

El juez menciona que uno de esos pagos, el de Focus Social Research, está vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana.

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander funcionaba como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

El juez destaca también el papel de Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, como "principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez" tras el propio expresidente.

Menciona que recibió 242.423 euros de Análisis Relevante; 20.993 euros de Agropecuaria Lucena; 18.150 euros de Pickashop; 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, considerada una "sociedad instrumental"; 171.727 euros de la sociedad Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads.

Y subraya cómo desde la propia Whathefav se transfirieron 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, en concreto a cuentas donde Zapatero figuraba como autorizado.

Ninguna vida aguanta un escrutinio exhaustivo. Se quejaba de indefensión el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en su primera entrevista periodística tras la lapidación de los que están libres de pecado, por la indagación, incorporación a la causa y difusión pública de infinitos asuntos privados que no guardan relación con el caso por el que se le investiga, a saber fundar y liderar una organización internacional criminal que ríete tú de Salvatore Toto Riina.

Nadie hablaba después de lo más importante de lo que dijo en la entrevista del jueves pasado, que es el disparate de la investigación prospectiva y la difusión enloquecida de contenidos de índole personal de que ha sido objeto. Que es lo más importante porque es lo único que de verdad afecta al común de los mortales. Es un “si se lo hacemos a él, imagínate a ti” como un tren de mercancías, y ya lo hemos visto en casos anteriores, en los que se ha expuesto la disipada vida de los investigados, por si no hubiera condena penal.

En este nuevo coro griego de plañideras en el que nos hemos convertido, en el que diez minutos después de leer un auto de imputación con más imaginación y fantasía que los libros de la Dragonlance los impostores —que tontos del todo no somos— dejamos de hablar de los delitos para hablar de “la moral”, la reputación personal salta por los aires en una tómbola de la carne dirigida por los tribunales que convierte en inofensiva a la portera inolvidable de Chus Lampreave en Mujeres al borde de un ataque de nervios, aquella cuya principal actividad era esparcir insidias sobre la vida privada de las vecinas, parapetada en la inocencia del beato que profesa la fe de los testigos de Jehová: “Si me pregunta, le tengo que contar todo con pelos y señales. Ya me gustaría a mí mentir, pero es lo malo de las testigas, que no podemos. Si no, aquí iba a estar yo”.

En las supuestas operaciones anticorrupción que llenan de intensidad nuestras mañanas y de cilicios los muslos de los catequistas socialistas y liberales, ya podemos apreciar un modus operandi indubitado y constante, que aplica a jueces de instrucción y primera instancia como a altas magistraturas del judicariado.

Paso uno, investigación e instrucción por algún delito tremendo y escandaloso; paso dos, acceso franco a estancias y comunicaciones relacionadas o no con la causa que, en la medida en que sean comprometedoras —por ejemplo, en términos de fidelidad conyugal o consumo desordenado de sustancias—, aterrizan antes en los titulares del oficio que en los sumarios judiciales. Paso tres, acabar condenando al concursante por algún pecado sin relación aparente con el asunto que nos trajo hasta aquí pero encontrado en las pesquisas.

A Álvaro García Ortiz lo iban a emplumar por una filtración a la prensa, pero acabaron condenándolo por una nota de prensa sobre un asunto de dominio público. Al músico David Sánchez había que echarle brea y plumas por tráfico de influencias en la consecución de su privilegiada plaza laboral en Badajoz —la Viena del Sur, como todo el mundo sabe—, pero acabó cayéndole el sambenito por el cambio de nombre de su cargo, ocurrido años después de los hechos investigados.

A José Luis Rodríguez Zapatero lo de atribuirle una doble vida como Toto Riina, entre jeques, sátrapas y virreyes ya se ve que no tiene un pase —bueno, ya se veía en el auto de imputación del probo juez Calama, como pudieron leer aquí mismo— sirvió para mirarle en el dobladillo de los pantalones y ya está claro que lo van a intentar estrangular con un collar de dudoso origen.

Uno no es tan inocente como para creer que la UCO o la UDEF son depositarias de un conocimiento exhaustivo y riguroso del derecho penal y procesal español, pero sí espera que, en la alegre pandilla de investigadores que forman con togados y fiscales, estos sí posean unos mínimos rudimentos sobre la democracia garantista, en la que los derechos fundamentales han de ser una pared de granito contra las entrometidas viejas del visillo que componemos el oficio de impostores y que vamos recogiendo los lixiviados del material con el que se solazan los uniformados en las tardes de invierno.

La magra buena noticia es que las víctimas de este desordenado festival de escuchas indiscriminadas y filtraciones al por mayor podrán acudir —si la vejez los respeta—hasta la última instancia disponible en la justicia mundial, pues los últimos sanedrines del martillo de nueces solo actúan cuando, precisamente, son los derechos fundamentales del reo los que entretienen la desquiciada almoneda de La vida de los otros que se traen nuestras togas entre manos.

Es importante velar por el secreto de las comunicaciones y ser escrupuloso en la escucha y custodia de los materiales porque quien más quien menos sabemos que nuestras relaciones con los amigos, con la familia y con los jefes difícilmente sobrevivirían a que nuestra madre supiera —es una forma de hablar, mamá— lo que le decimos por guasap a nuestra hermana aquellos que tenemos tendencia a la humorada a cualquier hora del día.

Todo lo anterior no es más que una revisión de lo que llevamos meses viendo y hablando por aquí, la violación flagrante de los principios del liberalismo democrático, pero la novedad de la semana es que una de esas cotillas censoras, habitual del primer banco de la iglesia en la adoración nocturna de la rectitud moral, apareciera en liguero en la plaza pública por voluntad propia y sin siquiera santiguarse.

Es doloroso el episodio de Arcadi Espada, cuyos Diarios de antaño son la inspiración confesa de este púlpito de análisis periodístico, porque su incompatibilidad con la laxitud y las costumbres licenciosas lo llevó a censurar el uso relajado de las estructuras de la ficción de oficiantes de la información como Truman Capote, Jordi Évole o Javier Cercas —del que es famoso archienemigo—, de modo que se escamoteó a sí mismo el derecho a usar el sarcasmo o la parodia como arma periodística.

Al académico y genio absoluto Francisco Rico cabía perdonarle la humorada de cargar contra la ley del tabaco de 2010 aduciendo “no haber fumado en su vida”, pese a que los legajos de la biblioteca de la Real Academia de la Lengua aún lleven el olor de sus cigarrillos, porque además de un individuo proverbialmente dotado para el sarcasmo y exageradamente gracioso e inteligente, nunca se impostó como adalid del rigor notarial. Al punto de que nadie ha encontrado aún el poema y el autor inventados —según propia confesión— que introdujo en su monumental antología Mil años de poesía española.

La caída en ridículo—seguramente, no en desgracia— de Espada, martillo de herejes de la metáfora, deja ahora vacante el trono. Si bien, escuchando abrirse de carnes a media profesión con cualquier grabación cachazuda, no parece que vayan a faltar Savonarolas que concursen para sustituir al depuesto rey de la verdad.

Zapatero a tus zapatos, reza el refrán. Querido presidente, viendo a los críticos, a los denunciantes y demás, recuerdo aquello de “extraños amigos de cama hace la política”, y también “la amistad” a la que alguno se acoge para pillar, y si vienen mal dadas, se transforma en acusación o venganza. ¿Es el estilo de zafarse de los propios delitos?

Grave error confundir amigo con amiguete, esa afinidad superficial y circunstancial. Cuánta tribulación han provocado la amistad y el amor mal entendidos. Los sofistas atribuían la amistad a las necesidades del hombre; Cicerón enseña que la amistad real solo se halla entre los hombres de bien. Si la amistad toma su razón de ser en la necesidad, el futuro será oscuro; si no, ya se ocupará “alguien del entorno” de llevar la oscuridad. Esos a quienes no importa el Estado de derecho.

Para muchos, su culo es superior a su dignidad y seguirá siendo así, ¿caso Trump? Y parafraseo a nuestro filósofo, cuando escribe que los que se arriman arguyendo amistad solo buscan el favor, la riqueza, el poder... Después decae el favor, la riqueza, el poder, etc., y el benefactor se convierte en un apestado. Algunos, incluso, si les es posible, ayudarán a que parezca un delincuente en su caída, aunque sea injusta. Todas las artimañas valdrán.

Regla incuestionable: en las alianzas entre partidos, el interés prima. Lo fue en la coalición de Gobierno y lo será en la coalición de la oposición. Los políticos pretenden hacernos creer que los pactos serán eternos, entre amigos, cuando sabemos que solo les une la necesidad o el interés: poder, provecho, utilidad, ganancia; de resultas siempre será en detrimento del otro, lo que propenderá a reventar, ¿que no? Recordemos: Ciudadanos, UPYD, PSOE-Podemos, PP-Vox. Estudien el tránsito patético hasta Junts, desde Pujol.

Debería estar prohibida la amistad entre los poderes institucionales en el ejercicio de sus responsabilidades —la buena relación no es amistad, ni fe ni cariño—; sabemos que en la mayoría de los casos buscan las puertas giratorias, el favor para cargos y ascensos. En el elector no debe primar la amistad, sino lo que conviene a la nación frente a salvapatrias y devastadores de la sociedad de bienestar y de lo público.

Es vital conocer antes de elegir qué quieren hacer y con quién; eso nos ahorraría muchos sinsabores. Nunca olvidemos a los ansiosos de poder a cualquier costa; no son amigos de nadie ni de la verdad, dañan sin argumentos, ni aproximación a la realidad. La justicia poética les espera, a todos.

Son tiempos de deslealtad, indignidad y patrañas. Quienes nos deshumanizan deberían enfrentarse a severos castigos penales. Es tiempo de farsantes y fingidores. Recuerde usted mismo: ¿dejó el trabajo? Revise su agenda. Sí, un amigo es un tesoro: ¿cuántos tesoros le quedan? Pues eso.

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, consejero delegado y presidente de Plus Ultra, respectivamente. Los interrogatorios tendrán lugar los próximos 7 y 8 de septiembre en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

La decisión del magistrado llega después de que ambos directivos presentaran escritos ante el juzgado en los que vincularon al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las gestiones realizadas para conseguir la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Martínez Sola y Roselli explicaron que la compañía contrató al empresario Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero y admitieron el pago de importantes cantidades por su mediación.

No obstante, los responsables de Plus Ultra aseguraron que no llegaron a tener constancia de las actuaciones concretas que el expresidente habría realizado para influir en la concesión del rescate.

En paralelo, Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Zapatero. La decisión se debe a que el escrito fue registrado fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

La defensa del expresidente había presentado el pasado 25 de junio un incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales y reclamaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las que autorizaron la entrada y el registro en la oficina del expresidente del Gobierno y la que abrió una pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.

El auto explica que, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días y comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Calama recuerda que, en este caso, la defensa de Rodríguez Zapatero indicaba que “la nulidad se plantea a raíz del acceso a la plataforma Cloud y el conocimiento de lo sucedido en las Diligencias de Investigación preprocesales, y tras conocer la singladura procesal que ha llevado la causa al momento presente”.

Ese acceso, tal y como consta en las actuaciones, se produjo el 25 de mayo, cuando se remitió una comunicación a todas las partes personadas que lo habían solicitado para informarles de que, a partir de ese momento, podían consultar los autos en la plataforma de gestión documental habilitada. "En las comunicaciones efectuadas el 25 de mayo aparece documentada la notificación realizada a la representación procesal del expresidente del Gobierno en la cuenta de correo electrónico facilitada por su defensa", aclara el instructor.

En este sentido, el magistrado señala que los escritos sujetos a plazo pueden presentarse válidamente hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, lo que extendía la posibilidad de presentación únicamente hasta las 15.00 horas del 23 de junio. “La presentación efectuada el 25 de junio resulta, por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, sostiene.

Por todo ello, el auto concluye que la consecuencia de formular el incidente fuera de plazo es su inadmisión. “La extemporaneidad priva al órgano judicial de competencia para examinar el fondo de la lesión alegada, pues el incidente no puede operar como mecanismo para cuestionar decisiones instructoras que debieron impugnarse en tiempo articulando frente a ellas los oportunos recursos”, concluye.

José Luis Rodríguez Zapatero pone punto final a nueve semanas de silencio absoluto. El expresidente del Gobierno se ha sentado este jueves en la televisión pública para hablar sobre el caso Plus Ultra. Una entrevista que le ha servido, sobre todo, para defenderse públicamente de la acusación contenida en los escritos de colaboración que esta semana han remitido al juez instructor tanto el empresario Julio Martínez Martínez como dos de los directivos de Plus Ultra. El exdirigente socialista ha negado categóricamente haber influido en la concesión del préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. O haber tenido información privilegiada sobre el mismo. Ahora bien, no ha aclarado el origen de las joyas halladas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su despacho, algo que ha achacado a su estrategia procesal.

La última vez que el expresidente del Gobierno se pronunció públicamente fue el día en el que se conoció su imputación y en el que los investigadores registraron su oficina. A través de un vídeo, Zapatero aseguró que toda su actividad "pública y privada" se había desarrollado siempre "con absoluto respeto a la legalidad" y que todos los ingresos percibidos se habían "declarado" a Hacienda. Y negó haber realizado "jamás" una "gestión" ante ninguna "Administración pública" en relación con el rescate de Plus Ultra. Dos ideas en las que insistió, ya a puerta cerrada, en su declaración como investigado ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención".

Zapatero no se ha movido ni un milímetro de ese relato durante su intervención en el programa Mañaneros 360. Una entrevista concedida en un momento muy concreto. Hace solo tres días, tres de los principales investigados de la trama decidieron mover ficha en busca de los beneficios que el Código Penal reserva para aquellos que colaboren con la justicia –y de los que el empresario Víctor de Aldama puede dar buena cuenta–. Tanto Julio Martínez Martínez como el presidente y el ex consejero delegado de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, remitieron al instructor sendos escritos en los que situaban al expresidente del Gobierno como pieza clave en la consecución del rescate de la aerolínea. Es más, el primero de ellos llega a asegurar que Zapatero le avanzó que la ayuda pública se concedería once días antes de que la aprobara el Consejo de Ministros.

El expresidente del Gobierno no ha querido entrar en si se siente "traicionado" por quien fue amigo íntimo durante casi tres lustros. Allá cada cual, ha venido a decir, con su estrategia de defensa. Eso sí, ha rechazado de plano el relato ofrecido por quienes pretenden convertirse en colaboradores, cuyo testimonio, al menos por ahora, no ha permitido atar el delito de tráfico de influencias en relación a la aerolínea. "No hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno, ni con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha señalado el exdirigente socialista. Y ha asegurado que jamás aparecerá una sola conversación de él con algún miembro de la compañía hablando del préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En su escrito de colaboración, el presidente de Plus Ultra relata que antes de buscar ese rescate trataron de conseguir un crédito ICO. Y que, en ese contexto, Martínez Martínez le dijo que escribieran una carta al vicepresidente del Banco Santander Juan Manuel Cendoya, con quien el exlíder del Ejecutivo iba a realizar unos "contactos". Una misiva dirigida a dicho directivo que Martínez Sola fechó el 25 de mayo de 2020 y que arrancó con la siguiente fórmula: "Siguiendo instrucciones del presidente Zapatero". "El encabezamiento es un exceso", ha señalado el exdirigente socialista, quien ha explicado que lo único que hizo fue "llamar" a Cendoya "para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas". "Eso no tiene que ver ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada", ha querido zanjar, rechazando que con esa gestión estuviese ejerciendo "influencia".

En su auto de imputación, el instructor también pone el foco sobre una reunión que el expresidente habría mantenido con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el 7 de septiembre de 2020. Seis días después de que la aerolínea pidiera la ayuda. Y un mes antes de que se acordara el aplazamiento de la deuda preexistente que Plus Ultra tenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto último es importante, porque un requisito para acceder al rescate era estar al corriente de estas deudas, lo cual es posible cuando las mismas se encuentran aplazadas, suspendidas o fraccionadas. El expresidente, sin embargo, ha desvinculado dicho encuentro de la ayuda a la aerolínea: "Esa es otra de las locuras. Me llama para conocerme. No hablamos de Plus Ultra".

También ha negado haber avanzado a su amigo el 26 de febrero de 2021 que la SEPI iba a conceder el rescate. Es decir, once días antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Los mensajes remitidos por Julio Martínez Martínez aquel día confirman la filtración de dicha información. "Solo felicitarte por la próxima obtención del préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el Consejo de Ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo", escribió a uno de los empresarios venezolanos vinculados a la aerolínea. El expresidente del Gobierno, sin embargo, ha querido dejar claro que él no supo "en ningún momento" si la aerolínea se iba o no a rescatar.

Martínez Martínez sostuvo en el escrito remitido a comienzos de semana a la Audiencia Nacional que Zapatero, aunque no formara parte del accionariado, era quien lideraba la consultora Análisis Relevante y quien "decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes". En la entrevista, el exdirigente socialista ha defendido su papel como consultor, asegurando que toda su actividad está declarada en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Todo mi trabajo en Análisis Relevante fue de consultoría, de asesoramiento, que se sustanciará en su momento. Nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente", ha señalado Zapatero.

La UDEF en sus informes ata la supuesta "posición directiva" del expresidente del Gobierno en Análisis Relevante en base a dos archivos Excel que envió Zapatero a Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con "un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos", algunos de ellos clientes de la consultora. "Eran personas a las que, como consultor, considero que [les] interesa conocer los informes de los análisis políticos y económicos que hacía Análisis Relevante. Es tan simple como eso", ha respondido el exdirigente socialista sobre esta cuestión. Y, del mismo modo, ha negado que se falsearan conceptos a la hora de facturar a la firma por sus trabajos de consultoría.

El exlíder del Ejecutivo también ha negado haber dado instrucciones para la puesta en marcha de una offshore en Dubái. "Es una invención absoluta", ha apuntado. La tesis del instructor y de los investigadores era que la trama podía haber constituido una sociedad en Emiratos Árabes Unidos para cobrar de forma opaca una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Una hipótesis que, sin embargo, tiran por tierra los escritos de colaboración remitidos por Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. Los tres reconocen que, efectivamente, se pagaron 530.000 euros por las gestiones. Ahora bien, aseguran que dichos abonos se canalizaron, mayoritariamente, a través de tres sociedades en España.

Zapatero también ha defendido el trabajo realizado por sus hijas, que a través de su empresa, WhaTheFav, ingresaron 239.755 euros entre 2020 y 2025 de Análisis Relevante. Ha negado que sean sus testaferros. Y ha dicho que presentarán en el procedimiento judicial "todos sus trabajos, tarea y contratos". Pero no ha querido dar más detalles: "WhaTheFav tiene que hablar por sí misma". Entre las dudas que aún quedan sobre la mesa están, por ejemplo, los 561.440 euros que esta firma recibió de Inteligencia Prospectiva, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La empresa llama la atención de los investigadores por tener "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores".

El expresidente tampoco ha querido dar demasiados detalles sobre las joyas que los agentes de la UDEF encontraron durante el registro de su despacho, unas piezas que un peritaje encargado por el juez valoró en 1,3 millones de euros y que han provocado la imputación de Zapatero también por posibles delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública. Hace un mes, durante su declaración ante el instructor, aseguró que daría las explicaciones pertinentes en diez días. Pero este jueves, durante su entrevista televisiva, se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años, aunque ha señalado que la valoración económica que arrojó la tasación judicial será sometida "a contradicción". No ha desvelado, por respeto al procedimiento, ni cuándo ni qué país se las regaló. "Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podríamos imaginar ese valor; estaban ahí y nada más", se ha limitado a resaltar, al tiempo que ha negado el contrabando y el afán defraudatorio.

La ofensiva contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte del Partido Popular no cesa. Este jueves, apenas unos minutos después de la primera entrevista concedida por el expresidente del Gobierno en TVE desde que comenzó a ser investigado en el caso Plus Ultra, los conservadores salieron en tromba a criticar que el socialista no diera explicaciones suficientes sobre su actuación en el rescate de la aerolínea ni sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho.

Zapatero defendió en el programa Mañaneros 360, de TVE, su “inocencia absoluta”y negó haber hablado con miembros del Gobierno o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —la SEPI— sobre el rescate de Plus Ultra. Sobre las joyas, afirmó que se trató de un “regalo de cortesía personal” recibido hace años de un país cuya identidad no quiso revelar. También cuestionó la tasación incorporada a la causa y aseguró que dará las explicaciones correspondientes ante el juez.

Asimismo, el expresidente ha rechazado las acusaciones de tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando que se investigan en la Audiencia Nacional. La instrucción continúa abierta, por lo que no existe hasta el momento ninguna condena contra el expresidente. Sin embargo, el miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por hecho que Zapatero había “delinquido” gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La primera reacción del PP la protagonizó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, desde los pasillos de la Cámara Baja, al acusar al expresidente de utilizar la televisión pública para defenderse y respaldar al actual jefe del Ejecutivo. “No solo ha ido a defenderse a Televisión Española, sino que ha ido a defender a Sánchez”, ha afirmado Muñoz. La dirigente popular ha sostenido que, si Zapatero “acaba siendo culpable de un delito de tráfico de influencias”, tendría que existir “otro culpable al otro lado de la cuerda, que es el Gobierno de España” pese a que el expresidente ha negado en todo momento haber hablado con nadie.

Muñoz ha asegurado además que el expresidente “ha tomado el pelo a los españoles” y que “no ha respondido a ninguna de las dudas” planteadas en torno a sus actividades y a la procedencia de las joyas. Además, también ha señalado que el exministro José Luis Ábalos también aseguró que todo era mentira, en relación al caso Koldo, y finalmente ha acabado condenado por el Tribunal Supremo. 

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Zapatero. “No sabemos dónde están las joyas, cómo se argumenta y sustenta su defensa. Se tendrá que ver con el tiempo”, ha señalado ante la prensa. Ayuso ha reclamado que la presunción de inocencia se aplique de la misma manera a todos y ha acusado al Ejecutivo de utilizar su poder para proteger a sus dirigentes y referentes políticos. “Estamos viendo que el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer que tiene presunción de inocencia por ser socialista y por ser del Gobierno, mientras que para todos los demás es todo lo contrario”, ha afirmado.

Otros dirigentes del PP han difundido sus críticas a través de la red social X. El secretario general del partido, Miguel Tellado, ha acusado al expresidente de continuar con su “huida hacia adelante”. “Lo niega todo, pero no es capaz de dar explicaciones de nada”, ha escrito Tellado, quien ha ironizado sobre la definición de las joyas como un obsequio de cortesía: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

Tellado ha señalado asimismo que Zapatero llevaba “muy bien preparado” un “relato victimista” y ha acusado a TVE, a la que denomina “Tele Pedro” de haber organizado una “pseudoentrevista” protagonizada por Javier Ruiz destinada a “salvar la cara” al expresidente y al Gobierno. Previamente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también había cuestionado la imparcialidad del periodista.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha centrado su reacción en el valor de las piezas. “Para Zapatero, 1,3 millones de euros en joyas son simple ‘cortesía’ No queremos imaginar lo que será un buen regalo para él”, señaló en X. “Ser socialista es recibir mucho, pensar que es poco y no dar explicaciones por nada”, añadió.

En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. “Zapatero pasa por su entrevista televisiva sin concretar el origen de su millón de euros en joyas”, ha escrito. Bendodo ha recordado que las piezas fueron localizadas el pasado 19 de mayo y que el expresidente solicitó un plazo de diez días para aportar explicaciones al juez. “Hoy solo ha aclarado que está en un callejón sin salida”, ha concluido.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves su inocencia y ha negado cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista televisiva desde que comenzó a ser investigado por la Audiencia Nacional, Zapatero ha calificado de "enorme invención" las acusaciones formuladas por el empresario Julio Martínez Martínez, quien esta semana lo señaló ante el juez como la persona que "marcaba los pasos" para conseguir la financiación.

"Estoy convencido de mi inocencia. No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad", ha afirmado el expresidente durante una entrevista en el programa Mañaneros 360, de La 1. Zapatero ha reconocido que necesita ofrecer explicaciones ante la gravedad de la investigación, pero ha advertido de que no pretende pedir a los ciudadanos "un acto de fe".

El expresidente ha rechazado de plano la nueva versión ofrecida por Julio Martínez, amigo suyo durante años y propietario de la consultora Análisis Relevante. "Las acusaciones que hizo Julio Martínez sobre mí son una enorme invención", ha sostenido. Preguntado por si se siente traicionado, Zapatero ha evitado cuestionar personalmente al empresario y ha atribuido sus palabras a su estrategia procesal: "No entro en su estrategia de defensa".

Martínez ratificó el martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero estaba informado de los pasos dados para obtener el préstamo y que fue quien le anticipó que la ayuda sería concedida. El empresario también declaró que los honorarios acordados por la mediación ascendían aproximadamente al 1% de los 53 millones del rescate, unos 530.000 euros, aunque admitió que desconoce con qué persona del Gobierno o de la SEPI habría hablado el expresidente.

Zapatero ha insistido, sin embargo, en que no tuvo ningún papel en la operación. "No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha asegurado. Según ha defendido, nunca realizó gestiones ante funcionarios, responsables gubernamentales o representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para facilitar la concesión del préstamo.

El expresidente también ha negado la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a canalizar la comisión. "Decir que creé una offshore es una invención", ha señalado, antes de añadir que atribuirle esa actuación "es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna"

Sobre los pagos recibidos a través de Análisis Relevante, Zapatero ha reafirmado que desarrolló "un trabajo de consultoría" y asesoramiento dentro de la legalidad. También ha negado que la consultora funcionara como una sociedad pantalla para canalizar sus ingresos y ha recalcado que sus servicios fueron declarados con su nombre y apellidos.

En cuanto a las joyas, Zapatero ha defendido que fueron un regalo "personal, fruto de una amistad", aunque ha evitado revelar quién se las entregó. El expresidente ha asegurado que, "por respeto al procedimiento judicial", aclarará ante la justicia todas las circunstancias relacionadas con este asunto y ha sostenido que nunca tuvo "afán patrimonial".

Fuentes del PSOE y del Gobierno inciden en que el partido mantiene exactamente la misma posición tras la entrevista: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. "El presidente Zapatero ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia", añaden desde el partido.

Además, han señalado que la filtración de sus agendas personales "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

La estrategia de defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra se ha basado desde el comienzo en la negación de los hechos y en el ataque a algunas de las pruebas clave sobre las que se apoya la causa. Dentro de este último grupo se encuentran, entre otros, los mensajes que el Homeland Security Investigations, el brazo investigador del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional, intervino en 2021 a Rodolfo Reyes Rojas –quien fuera máximo accionista de la aerolínea– y que fueron remitidos a las autoridades españolas el pasado mes de marzo. Zapatero ya ha dejado clara su intención de anular los mismos. Sin embargo, la confesión de los directivos de Plus Ultra complica el plan del expresidente de librarse de estas comunicaciones.

En una maniobra perfectamente coordinada, tres de los principales imputados en la causa anunciaron esta semana su intención de colaborar con la justicia. Es el caso del empresario Julio Martínez Martínez, durante años amigo íntimo del exlíder del Ejecutivo. Y también del presidente y el ex consejero delegado de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente. Todos ellos han señalado a Zapatero como pieza clave en la obtención del préstamo de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en plena pandemia a Plus Ultra. Y han reconocido el pago de una comisión de 530.000 euros –el 1%– por dicha operación. Ahora bien, ninguno de ellos ha sido capaz de concretar qué gestiones hizo el expresidente o sobre quién influyó.

Los escritos enviados por los directivos se construyen, en parte, sobre el material que los estadounidenses extrajeron del teléfono de Reyes Rojas. De esta manera, reconocen que el 16 de mayo de 2020 Julio Martínez Sola escribió a Julio Martínez Martínez para intentar mantener una primera llamada telefónica. "Buenas tardes, Julio. Encantado de saludarte y un saludo del Presidente. ¿Cómo tienes mañana a media mañana?", respondió el segundo. O los mensajes que se intercambiaron el 18 de mayo Roselli y Reyes Rojas. "¿Vas a estar en la conversación con Zapatero?", preguntó el primero. "No con el directo. Hablo con un lacallo (sic.)... Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por [ahí] vendrá la mordida", respondió el segundo.

También admiten la existencia de la conversación fechada el 4 de julio de 2020, un día después de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) –el instrumento financiero del que salió el préstamo para la aerolínea–, entre Reyes Rojas y Martínez Sola. En ella, el primero envía al segundo la noticia de la puesta en marcha del fondo. "¿Qué piensas?", preguntó. "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto y yo con Julio Martínez", contestó el presidente de Plus Ultra. Y también los mensajes del 6 de febrero de 2021, en los cuales Reyes Rojas contaba a Martínez Sola que otro socio había estado con "Zp" y que éste le dijo que "todo va viento en popa".

La ratificación de la veracidad de estas comunicaciones, señalan fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, complica la estrategia del expresidente de invalidarlas. "La defensa lo tiene mucho más difícil [ahora]", señala un veterano magistrado. De la importancia de estas conversaciones dan buena cuenta tanto los movimientos del juez como los del abogado del exdirigente socialista. El primero, solicitando a EEUU "autorización expresa" para usar esos mensajes como "prueba" en el proceso. El segundo, reclamando abundante información sobre la obtención de los mismos con la vista puesta en una posible nulidad. Al fin y al cabo, para que sea válida en nuestro país una prueba llegada desde el extranjero debe haberse obtenido respetando las garantías constitucionales del proceso penal en España y eso es lo que la defensa de Zapatero pone en entredicho en el caso de los mensajes llegados de Homeland Security Investigations.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la ilicitud de una prueba se extiende a otras derivadas si entre ellas existe una conexión natural o causal. En estos casos, la regla general, y así lo recuerda el Tribunal Supremo en algunas sentencias recientes, es que todo elemento probatorio que pretenda deducirse, por ejemplo, de un "hecho que vulnere el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones telefónicas" se halla también incurso "en la prohibición de valoración". No obstante, en supuestos excepcionales, "se ha venido admitiendo que estas pruebas son jurídicamente independientes de dicha vulneración, habiéndose reconocido como válidas y aptas para enervar el principio de presunción de inocencia". Es lo que se conoce como desconexión de antijuridicidad.

Así lo resume el Alto Tribunal en una sentencia de 2021 por un caso de tráfico de drogas: "Lo hallado tras las intervenciones telefónicas con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, y de los registros domiciliarios llevados a cabo como consecuencia derivada de tales intervenciones, no ha de tenerse por inexistente en la realidad y puede ser incorporado de forma legítima al proceso por otros medios de prueba. En particular, la declaración de los acusados, en la medida en que ni son en sí mismas contrarias al derecho al proceso con todas las garantías, ni son el resultado directo de las intervenciones telefónicas ni de los registros practicados, son una prueba independiente del acto lesivo de derechos fundamentales".

"La jurisprudencia permite la desconexión de la ilícita originaria respecto a la información que ofrecen los coimputados", señala uno de los magistrados consultados. Puede ocurrir, por tanto, que en el caso Plus Ultra se acabe declarando por razones procesales la nulidad de las conversaciones telefónicas de Reyes Rojas y que, al mismo tiempo, el contenido de las mismas siga presente en el procedimiento a través de las declaraciones de los directivos de la aerolínea. "El reconocimiento de un investigado, o acusado en el acto de juicio, sobre la veracidad de lo que ahí se dice también es una prueba que se puede tener en cuenta y que suele ser importante", resalta otro de los juristas consultados.

Pese a la importancia del teléfono de Reyes Rojas, lo cierto es que los investigadores ya tenían la lupa puesta sobre Zapatero antes de recibir el contenido del mismo de sus colegas estadounidenses. Así se recogía en el auto por el que la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, se inhibía a favor de la Audiencia Nacional. Por aquel entonces, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya tenía recopilados los pagos de Análisis Relevante al expresidente del Gobierno y a WhatTheFav, la empresa de sus hijas. Y ya hablaba de Julio Martínez Martínez como la "persona interpuesta" al objeto de "canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos" por las gestiones de Zapatero. Entre otros, completaba, la aerolínea Plus Ultra.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza manejaban por aquel entonces eran las conversaciones obtenidas durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en las cuales había referencias a "Zorro", "Z" o "ZZZZ" –a quien los investigadores identificaban con Zapatero–. Aquella entrada se produjo en el marco de una investigación internacional sobre una supuesta trama de blanqueo de capitales con ramificaciones en nuestro país. Tras el análisis del material intervenido, Anticorrupción interpuso una querella contra, entre otros, Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra. A partir de ahí, se produjeron detenciones, registros y diligencias de investigación que han acabado con la imputación de Zapatero.

Por eso mismo, la defensa del expresidente del Gobierno, que lidera el prestigioso procesalista Víctor Moreno Catena, también ha puesto el foco sobre el análisis que se hizo del material incautado en el registro a Palomero. De ahí que a finales de junio solicitase a Calama que reclamase la "resolución judicial motivada" que habría autorizado el estudio del "contenido" de los dispositivos incautados. De no haberse obtenido dicha autorización, continuaba, "las garantías esenciales del procedimiento se verían laminadas". Y, en ese caso, todo ese material debería ser excluido del procedimiento, lo que inevitablemente provocaría el derrumbe de la causa –al fin y al cabo, todas las diligencias derivan de aquel análisis realizado–.

Alberto Núñez Feijóo ha convertido su balance del curso político en una enmienda a la totalidad contra Pedro Sánchez. El presidente del PP ha presentado al jefe del Ejecutivo como el responsable último del deterioro político, parlamentario y ético que, a su juicio, atraviesa España, y lo ha situado como el “señor X” de la corrupción que afecta al entorno socialista.

“El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales”, ha afirmado Feijóo, que ha descrito al presidente del Gobierno como el “nexo político corruptor” de una red en la que ha incluido al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El dirigente conservador no ha aportado pruebas que vinculen directamente a Sánchez con los delitos investigados, pero ha sostenido que el presidente conocía los antecedentes y las actuaciones de quienes formaron parte de su círculo de confianza. “Y si un señor no sabe lo que hacen en su casa, está inhabilitado para el ejercicio de la vida pública”, ha sentenciado.

Feijóo también ha acusado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de haber impartido durante años “lecciones de altruismo y de paz” mientras mantenía negocios con dictaduras y ha insinuado que intervino en operaciones económicas gracias a su relación con el Ejecutivo. “Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir”, ha llegado a afirmar, pese a que no existe una condena judicial que permita presentar esa acusación como un hecho probado. Preguntado posteriormente por esas palabras, Feijóo ha evitado rectificarlas. “No soy el juez Calama, soy un demócrata y acepto las opiniones de los jueces”, ha contestado.

Feijóo ha situado el origen de la crisis política en la decisión de Sánchez de “gobernar a cualquier precio”. Según el líder del PP, esa estrategia ha marcado la legislatura mediante “escándalos, condenas, mordidas, incompetencia, cárcel y promesas rotas” “Hace tres años que Pedro Sánchez eligió gobernar a cualquier precio y España lleva tres años pagándolo”, ha afirmado. Para Feijóo, el curso político no ha sido únicamente “un año difícil”, sino la confirmación de que la etapa de Sánchez “está acabada”.

El líder popular ha afirmado que el Ejecutivo ha perdido el respaldo social y ha citado los resultados de las últimas elecciones autonómicas como prueba de un cambio político. “La gente no quiere a este Gobierno. No es una tendencia, es una sentencia”, ha asegurado, al tachar al Ejecutivo de coalición de estar “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”.

El conservador también ha cuestionado la capacidad del Gobierno para mantener una mayoría parlamentaria. Según su relato, la legislatura comenzó condicionada por las exigencias de distintos socios y ha terminado sometida únicamente a los intereses de Sánchez. “Empezó retenido por varias minorías y ahora ni eso, está retenido por los intereses de una sola persona, del señor Sánchez”, ha señalado. Feijóo ha recordado además las iniciativas parlamentarias pendientes y las solicitudes de comparecencia ignoradas para sostener que el Ejecutivo ya no puede cumplir sus propios compromisos.

El presidente del PP ha insistido en que la legislatura carece ya de una salida política viable. y ha asegurado que el PP activa desde este momento “la cuenta atrás para el cambio” y que España ha decidido abrir una nueva etapa. Su intervención, sin embargo, no ha incluido ninguna propuesta concreta para forzar anticipadamente la convocatoria electoral ni ha mencionado tampoco la posibilidad de impulsar una moción de censura.

Tampoco ante la posibilidad de que el PSOE termine imputado como persona jurídica. “No lo sé”, ha respondido aunque ha añadido que en los sumarios existen “consideraciones, hechos y datos” que, si se prueban, podrían provocar nuevas actuaciones judiciales. Feijóo ha subrayado que el PP está personado como acusación popular en los procedimientos, pero ha afirmado que no pretende “prejuzgar ni impulsar investigaciones”.

Feijóo también ha defendido los acuerdos alcanzados por el PP con Vox en distintas comunidades autónomas. Frente a las críticas, ha asegurado que son pactos “conocidos” y no negociaciones “encapuchadas”. “Después de las elecciones, si podemos garantizar la estabilidad, lo hacemos”, ha argumentado. El líder del PP ha evitado comprometerse sobre qué apoyos buscaría en unas generales y se ha limitado a afirmar que su prioridad es “encabezar un cambio” y gestionar después el resultado de las urnas “con rigor”.

Feijóo ha descrito su relación con Santiago Abascal como “correcta, fluida y cortés” y ha negado que existan roces entre ambos. “Hay respeto mutuo e interlocución”, ha dicho. También ha defendido las medidas pactadas para ordenar el acceso a determinadas ayudas en función del arraigo y del tiempo de empadronamiento. “Que toda la crítica sea ordenar el acceso a las ayudas de acuerdo con el arraigo y el tiempo censado me deja muy tranquilo”.

El presidente del PP ha reivindicado igualmente los acuerdos parlamentarios alcanzados con formaciones ideológicamente alejadas de los conservadores. Según sus cálculos, el PP ha votado en más de 170 ocasiones junto a Junts o Vox. Feijóo ha destacado especialmente la coincidencia de esas formaciones y UPN para reclamar la dimisión del Gobierno. A su juicio, esa votación supone que Sánchez ha sido “cesado políticamente”, aunque no haya sido apartado legalmente mediante una moción de censura.

El dirigente del PP ha defendido la necesidad de articular una “mayoría nacional”, pero ha evitado aclarar si estaría dispuesto a negociar una investidura con Junts. Su mensaje se ha concentrado en dar por políticamente amortizado a Sánchez y presentar al PP como el único partido capaz de ocupar su lugar.

El caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero ha vivido un giro. Julio Martínez Martínez apunta directamente al expresidente del Gobierno en el rescate de Plus Ultra. Y le complica su futuro procesal. Pero la noticia va más allá de las paredes de la Audiencia Nacional e impacta de lleno en el complicado panorama político español, que ya mira a las elecciones del año que viene.

El caso de Zapatero es muy doloroso para los socialistas. Supone un golpe para su gran faro moral durante años. En el Palacio de la Moncloa y en el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz se mantiene su respaldo al expresidente a pesar de la declaración de Martínez. Fuentes de la dirección del partido subrayan de manera directa: “Se mantiene la confianza. Presunción de inocencia y tiempo para la Justicia”.

Y el giro de Martínez no ha sorprendido, de hecho, a la cúpula del PSOE y del Gobierno, como señalan dirigentes del partido en privado, ya que esa puerta la abrió el propio Tribunal Supremo con su condena a José Luis Ábalos, que no conllevó pena de cárcel para el empresario corruptor Víctor de Aldama. 

Para cargos del PSOE consultados, esto supuso señalar también el camino para Julio Martínez Martínez por el caso del rescate de Plus Ultra y para Leire Díez, investigada por las supuestas cloacas orquestadas por el exsecretario de Organización Santos Cerdán para frenar investigaciones judiciales relacionadas con el partido y con el Ejecutivo. Ese giro era esperado por muchos en Moncloa y en Ferraz.

La orden de mantener el apoyo viene directamente de Sánchez, quien siempre ha respaldado al expresidente, una figura clave durante la campaña electoral de 2023 y enlace esencial durante mucho tiempo para mantener en vigor el bloque de investidura. Los socialistas viven estos días en una montaña rusa de emociones y muchos todavía se resisten a creer que haya podido cometer algún delito.

Asimismo, desde el Gobierno se defiende el proceso de préstamos a Plus Ultra durante la pandemia del covid. Fuentes de la Moncloa insisten: “Lo hemos mirado de arriba a abajo. Está hecho conforme a la ley y fue supervisado. Lo difícil en la Administración es adjudicar dinero. El crédito está avalado, es razonable y se hizo conforme a derecho”. La postura del Ejecutivo es que esa ayuda se concedió en virtud de parámetros técnicos y no por algún tipo de presión externa.

En el núcleo duro de la Moncloa insisten en que creen en la inocencia del expresidente, pero que el Gobierno no es el encargado de la defensa judicial ni de la estrategia del expresidente. Y admiten la fuerte presión mediática y de la oposición por este caso: “Esta es una situación difícil. Nuestra posición es la más honrada. Creemos en la inocencia de Zapatero”.

Durante estas horas el Gobierno ha querido también mandar ese mensaje de respaldo públicamente a través de la portavoz, Elma Saiz, y de la ‘número dos’ del partido, María Jesús Montero, quien apuntó a la nueva estrategia de los acusados en la Audiencia Nacional: "Han cambiado su versión respecto a lo que declararon en un primer momento, llevándoselo al ámbito de la sentencia de Ábalos en relación con Aldama".

Asimismo, en el PSOE emiten que este proceso judicial será largo y que quedan muchos vaivenes. Por ello, creen que hay que mantener la calma e ir observando todos los pasos que se den en la Audiencia sin retirar su apoyo a Rodríguez Zapatero. El Gobierno evita hablar directamente, no obstante, de lawfare, como sí explicita en los casos de Begoña Gómez y del hermano del presidente.

La ofensiva de las derechas es total contra Rodríguez Zapatero, al que tienen especial inquina por su papel movilizador de voto en las últimas elecciones generales, cuando en la calle Génova se repartían los ministerios sin ningún tipo de pudor. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, criticó: “Sánchez no puede separarse de Zapatero. Uno no se puede separar de sí mismo, porque Zapatero y Sánchez son lo mismo”. 

“Si Zapatero pudo mediar ante los gobiernos de España y Venezuela es porque tenía dos socios: a Delcy en Caracas y a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido el rescate de Plus Ultra por el que cobró un 1%. Este es el gran chanchullo que se puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona”, denunció la dirigente popular. El PP, no obstante, no ha reactivado la idea de una moción de censura contra Sánchez y en el partido se instala la sensación de que el jefe del Ejecutivo será incapaz de superar esta situación en las urnas.

Las derechas también tratan de presionar a los socios del Gobierno para que dejen caer a Sánchez. Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazó cualquier ruptura con el PSOE, pero pidió públicamente, desde la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros, que Rodríguez Zapatero dé “explicaciones” porque entiende que hay “inquietud, tristeza y preocupación” ciudadana.

El escrito remitido por Julio Martínez Martínez a la Audiencia Nacional hablando de su intención de "colaborar y contribuir" al "esclarecimiento de los hechos" hizo saltar todas las alarmas. Pero su comparecencia escasas horas después ante el instructor del caso Plus Ultra, el magistrado José Luis Calama, ha dejado importantes lagunas. El empresario ha insistido en la implicación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros a la aerolínea en plena pandemia. Ahora bien, no ha sido capaz de concretar ni las gestiones que hizo ni cuánto percibió por ello. De ahí que en el entorno del exdirigente socialista consideren en declaraciones a infoLibre que el interrogatorio a Martínez Martínez "ha ido bien para los intereses" de Zapatero.

El exlíder del Ejecutivo está investigado, formalmente, por cuatro delitos —tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando—, si bien sobrevuelan en la causa otros posibles tipos penales. El instructor del caso sitúa a Zapatero en el “vértice” de una “estructura organizada y estable” de tráfico de influencias a cambio de pagos. Él era, resalta en su auto de imputación, la persona que ejercía "el liderazgo estratégico" y mantenía "los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Un relato indiciario que construye, fundamentalmente, en base a comunicaciones intervenidas a terceras personas –no consta, por el momento, un solo mensaje incriminatorio del expresidente–.

La tesis central del procedimiento es que Zapatero intervino e influyó en el préstamo concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la aerolínea. Él lo ha negado en repetidas ocasiones. La última, ante el instructor: "No tuve ninguna intervención". Una versión que, sin embargo, ponen ahora en cuestión tres de los imputados en el procedimiento, que han decidido alinear sus estrategias de defensa. En sendos escritos remitidos este lunes al instructor, Martínez Martínez y dos pesos pesados de Plus Ultra –su presidente, Julio Martínez Sola, y el ex consejero delegado Roberto Roselli– han asegurado que el expresidente del Gobierno sí intervino en la búsqueda del rescate: "Era Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir".

Implicación en la que Martínez Martínez ha insistido este martes en sede judicial. Su declaración, que se ha alargado durante más de tres horas y en la que no ha respondido a la acusación, ha sido una simple confirmación de lo recogido en su escrito, sin muchos más "detalles", resaltan fuentes conocedoras del contenido de la misma. "Ha sido inconcreta, sin aportar datos", destacan otras fuentes presentes en la sala. Algo que ha llegado a molestar a la fiscala Anticorrupción, Elena Lorente, y al instructor, que ha pedido al empresario que no fuera tan "genérico" en algunas de sus respuestas. "El interrogatorio ha ido bien para los intereses de Zapatero", resumen a este diario desde el entorno del expresidente del Gobierno.

En su declaración como investigado, el exdirigente socialista aseguró no haber hablado "absolutamente con nadie del sector público" sobre la ayuda concedida a la aerolínea: "No habrá nadie que pueda decir lo contrario". Tanto Martínez Sola como Roselli reconocieron en sus escritos de colaboración que "nunca" tuvieron "constancia fehaciente" de las "concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate". Y tampoco Julito ha sido capaz de detallar este martes en su comparecencia ante el instructor las supuestas maniobras de Zapatero en relación al préstamo, de cuya concesión informó el expresidente casi dos semanas antes. El empresario no ha podido especificar ni qué gestiones concretas hizo ni sobre quién influyó.

Esto último es importante. El tráfico de influencias, uno de los delitos más difíciles de investigar –así lo reconocía el propio magistrado durante la declaración como investigado del expresidente–, castiga a aquella persona que influye sobre un funcionario o autoridad, o sobre alguien que pueda influir en ellos, prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal o jerárquica con el fin de conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico. Se trata de un delito de mera actividad, por lo que ni siquiera es necesario que lo que se busca llegue a conseguirse. Eso sí, debe poder demostrarse que realmente se ha ejercido esa presión sobre algún funcionario. Un fleco que la declaración de Julito no ha atado.

El empresario, que se ha presentado como una suerte de "correveidile" –en palabras del instructor– de los negocios del expresidente, sí ha confirmado que se embolsaron una comisión por la consecución del rescate de la aerolínea. En concreto, un 1% del valor de la ayuda: 530.000 euros. Unos pagos que acordaron diferir a lo largo del tiempo y que, según especificaron los directivos de Plus Ultra, se canalizaron fundamentalmente a través de tres sociedades vinculadas a Martínez Martínez y se camuflaron con facturas "inciertas". Vía Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Domotic Europe se percibieron 458.417 euros. Y 69.000 fueron pagos en especie por parte de la aerolínea en forma de billetes de avión en business. El empresario no ha aclarado cómo se repartió dicha comisión.

Esto choca, en principio, con la hipótesis del instructor de que la red se habría valido de una offshore en Emiratos Árabes Unidos para percibir y esconder la comisión. La misma se apoyaba en el hecho de que Tomás Guerrero, director del Halal Trade and Marketing Centre, remitiera a Martínez Martínez indicaciones sobre cómo poner en marcha una sociedad en el país árabe "siguiendo con lo conversado en el día de ayer" horas después de una comida organizada por Zapatero. Y en ella se apoyaba el instructor para investigar al expresidente por blanqueo de capitales: "Ese patrón de actuación encaja en las modalidades típicas, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia".

Durante su declaración como investigado, según aseguran fuentes presentes en la misma, Martínez Martínez ha confirmado que a esa comida asistieron él, Guerrero y el expresidente. No obstante, completan esas mismas fuentes, ha desvinculado a este último de la operación relativa a la offshore de Dubái, una sociedad que, no obstante, ha asegurado que "no se llegó a constituir", algo en lo que también insisten a este diario fuentes cercanas al director del Halal Trade and Marketing Centre. No se hizo, completan las distintas fuentes jurídicas, al ser un asunto complejo con numerosos requisitos. No obstante, infoLibre pudo constatar que dicha offshore sí se constituyó y que así consta en el opaco registro de Dubái.

Más allá de esto, el empresario también ha detallado el papel de Zapatero en su principal empresa: Análisis Relevante. Según Martínez, era el único consultor y, como expresidente, tenía muy buena agenda. Sobre los informes de asesoría, ha dicho que no eran tanto "estratégicos" como una especie de folletos para atraer a futuros clientes. En cuanto a WhatTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, ha resaltado que comenzó a pagarles por maquetar dichos documentos, si bien a partir de 2022 continuó haciéndolo aunque la empresa no realizara esta actividad porque el sistema de contratación era una "iguala". El juez ha puesto en duda las cantidades abonadas por dichos servicios, pero el empresario ha evitado entrar en esa cuestión.

El Gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero así como la plena legalidad del préstamo público concedido a Plus Ultra.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior en la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, han implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

Tras asegurar de forma inicial que continúan defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, ante la insistencia de los periodistas por saber si lo consideran inocente, lo ha afirmado: "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia".

Más allá de esa afirmación, ante las declaraciones del empresario Julio Martínez, ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o "estrategias de defensa" en sede judicial en este caso.

Saiz ha hecho hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, y ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad.

"No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha sido su respuesta al plantearle si el Gobierno actuó a petición de Zapatero o le informó del proceso, y cómo pudo saber el expresidente que se iba a conceder el préstamo antes de que se hiciera pública la decisión.

Para apuntalar sus argumentos, la ministra ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externos. También que fue revisado por el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto y si desde Sumar iban a pedir algún tipo de responsabilidad a su socio en el Gobierno, ha dicho que ella nunca comenta las causas judiciales, porque cree que no sería responsable hacerlo.

Sí ha recordado que Sumar ha venido defendiendo que Zapatero debe dar explicaciones ante la inquietud, tristeza y preocupación que hay en la ciudadanía. Se ha remitido además a las palabras de Saiz en relación con la concesión del préstamo a Plus Ultra tras señalar que todos los expedientes son públicos y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio.

El empresario Julio Martínez Martínez ha vuelto a señalar ante el juez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, aunque ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión o con quién para que el Gobierno concediese a la aerolínea el préstamo público de 53 millones de euros en 2021.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

Un escrito que Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha ratificado ante el juez José Luis Calama, a quien ha confirmado el cobro del 1% del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Y aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, calificada como "comisión de éxito" y no mordida -un término que él identifica como venezolano-, ha dicho que el exlíder socialista le pidió que se cobrase a través de diferentes empresas y en diferido debido a la presión mediática sobre el préstamo, de acuerdo a las fuentes.

El juez sospecha que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad en Dubai que podría haber servido de vehículo para el cobro de esa cantidad, pero Martínez ha explicado que dicha empresa no se llegó a constituir, y que fue un asunto que se abordó en una comida en la que el expresidente estaba presente. Un encuentro que Zapatero dijo no recordar.

Tras afirmar en su escrito que era Zapatero quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez—, este empresario ha vuelto a señalar al expresidente como la persona que captaba los clientes: primero Plus Ultra y luego otras tres empresas.

Fue el expresidente del Gobierno quien, según Martínez, le puso en contacto con la aerolínea y le transmitió sus necesidades de financiación, aunque ha negado saber si llegó a hacer alguna gestión concreta para que consiguiese la ayuda pública en 2021, como también ha negado conocer a nadie de la SEPI.

De acuerdo a su relato, él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, momento en el que el juez ha limitado su papel al de "correveidile", apuntan las fuentes.

Martínez ha confirmado de nuevo que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo unos diez días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.

Según Martínez, Zapatero era el único consultor de su empresa y, como expresidente, tenía muy buena agenda y muchos estaban interesados en conocer su opinión, especialmente apreciada en asuntos de Latinoamérica. Los informes de asesoría que elaboraban eran reales, si bien buscaban más bien atraer clientes, sin aportar valor añadido, ha reconocido, según las fuentes.

Sobre la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, ha señalado que comenzó a pagarles por maquetar informes de su consultora, si bien a partir de 2022 siguió haciéndolo por no hacer nada, dado que el sistema de contratación era una iguala (un acuerdo de prestación de servicios profesionales donde el cliente paga una cuota fija periódica (generalmente mensual) a cambio de asistencia continua.

Las hijas de Zapatero, Alba y Laura, están también imputadas, pero el juez aún no las ha citado, lo que podría producirse ya en septiembre, según las fuentes.

El empresario ha admitido cobros de la aerolínea Plus Ultra por otros trabajos que él realizó a título personal en Venezuela en relación a gestiones con la administración pública de ese país.

Ha explicado que viajó en varias ocasiones a Venezuela con el expresidente, quien le proporcionó una serie de contactos, entre ellos el de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien Martínez ha identificado como su interlocutora en el país, con quien tenía muy buena relación.

Al ser detenido en diciembre, la Policía intervino a Martínez 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles.

El empresario vincula este dinero a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, si bien, ante el juez no ha sabido detallar qué tipo de operaciones, aunque sí ha admitido que se trataba de dinero negro.

Se conocieron en 2011. Y la pasión por el running les hizo trabar una buena amistad. Pero el empresario Julio Martínez Martínez ha decidido este lunes soltar las amarras que le unían al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha hecho a escasas horas de declarar como imputado en la Audiencia Nacional en el marco del llamado caso Plus Ultra, con un escrito en el que implica al exdirigente socialista en el rescate de la aerolínea durante la pandemia. No ha sido el único. También los directivos de la compañía investigados han movido ficha de una forma casi coordinada, apuntando directamente hacia el exlíder del Ejecutivo. Dos confesiones al calor de la doctrina Aldama que complican el futuro judicial de Zapatero.

Martínez Martínez es, según consta en el sumario, una de las piezas centrales de la supuesta "red organizada dedicada al ejercicio de influencias" –también llamada "boutique financiera"– que habría "actuado en beneficio de terceros" a cambio del abono de "determinadas cantidades". "Desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red; como receptor y ejecutor de instrucciones directas de José Luis Rodríguez Zapatero; y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes", resalta el magistrado en uno de los autos de la causa. En el registro de su domicilio, los agentes encontraron 286.070 euros en efectivo.

El "lacayo" o "el banco del jefe" eran algunas de las fórmulas utilizadas por los investigados para referirse a Martínez Martínez. El 18 de mayo de 2020, Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra, preguntó al CEO de la compañía, Roberto Roselli, si iba a estar en la "reunión con Zapatero". "No con el directo. Hablo con un lacallo [sic] (...) Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por [sic] vendrá la mordida", respondió el segundo. Por aquel entonces, la compañía miraba hacia un posible crédito ICO. Unas semanas después, a comienzos de julio, se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

A través de este instrumento financiero la compañía recibió ayudas por 53 millones de euros. La "tesis central" del procedimiento es que el expresidente del Gobierno "intervino", mediante "tráfico de influencias", para conseguir que la aerolínea obtuviera dichos préstamos. Así lo resumió el instructor, el magistrado José Luis Calama, durante la declaración de Zapatero como investigado. Él, sin embargo, lo negó con vehemencia: "Lo reafirmo rotundamente: no tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y, por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia".

Durante su comparecencia en sede judicial, el expresidente del Gobierno reconoció que interactuaba con "casi todos" los "clientes" de Análisis Relevante, la consultora que puso en marcha su amigo y de la que el exdirigente socialista cobró 490.780 euros en seis años. Pero levantó un cordón alrededor de la aerolínea: "Prácticamente no he interactuado con Plus Ultra. (...) La interacción [con esa compañía] la llevaba básicamente Julio Martínez". Es más, aseguró que al presidente de la misma, Julio Martínez Sola, no lo conoció hasta 2024, años después de que se concedieran aquellos préstamos públicos que se encuentran bajo la lupa judicial.

Una versión que ahora se tambalea. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional apenas unas horas antes de su comparecencia como imputado, Julito asegura que la "primera noticia" que él tuvo de Plus Ultra fue en mayo de 2020, cuando Zapatero le "adelantó" que iba a recibir "una llamada" de los directivos de la misma. "Y, en efecto, el 16 de mayo se pusieron en contacto con él los señores Martínez Sola y Roselli y le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Rodríguez Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", resalta. Primero lo intentaron con entidades financieras, como el Banco Santander. Y tras fracasar, "las gestiones" se dirigieron a conseguir la ayuda de la SEPI.

El relato coincide con el que después remitió a la Audiencia Nacional el presidente de Plus Ultra –ambos escritos fueron firmados con apenas una hora de diferencia–. Tras unas gestiones previas con el empresario Manuel Fajardo, el 30 de abril el expresidente llamó "desde un número oculto" a Martínez Sola. La conversación, siempre según su versión, duró diez minutos. Y en ella, el máximo responsable de la aerolínea "hizo una breve exposición" a Zapatero "sobre la compañía, trasladándole la difícil situación financiera en la que se encontraba" y la necesidad de acceder a financiación. "Ante dicha petición, Rodríguez Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas. También indicó a Martínez Sola que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez", expone.

El empresario rebaja su papel en el caso. Dice que "no tenía posibilidad alguna" de "obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada". Y que su "misión" solo consistía en "intermediar entre cliente y consultor". Es decir, entre Plus Ultra y el expresidente del Gobierno. "En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", resalta. E insiste Martínez Martínez en que su "labor" consistió "fundamentalmente" en el "acompañamiento del cliente" para la "obtención de la financiación solicitada". "De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra", completa.

Tanto la dirección de la aerolínea como Julito aseguran que en el marco de esas relaciones se firmaron dos contratos. El primero, entre Análisis Relevante y Plus Ultra, se suscribió en julio de 2020 y en él se fijaron unos honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA por las labores de "asesoramiento" –dice Martínez Martínez– del expresidente del Gobierno. Y unos meses después se selló un segundo acuerdo entre la aerolínea e Idella Consulenza Strategica por el cual la primera se comprometía a abonar a la segunda un 1% de la ayuda que finalmente se obtuviera de la SEPI. Un pago que, coinciden ambas partes, se decidió "diferir" hasta el año 2026. Y se facturó a través de varias sociedades vinculadas a Martínez Martínez.

En su escrito, el presidente de Plus Ultra detalla que en total se abonaron 530.000 euros, el 1% de los 53 millones. Una parte mediante pagos a Análisis Relevante, Voli Analítica e Iot Domotic Europe, todas ellas vinculadas a Julito. Y la otra, con el regalo de 46 vuelos en clase business. "En las facturas de Análisis Relevante consta, mes a mes (unas 40 facturas), el concepto 'Honorarios Mensuales. Elaboración de Informe', pese a que, o no existió tal informe o la materialidad de los 6 o 7 informes que se hicieron llegar era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora. En las facturas de las sociedad Voli Analítica consta como concepto, también incierto, 'Servicios de gestión de vuelos Madrid – Caracas' y en las de la sociedad Iot Domotic 'Gestión vuelos operado por SACSA', igualmente incierto", resume Martínez Sola.

El directivo de la aerolínea sostiene que desde que solicitaron la ayuda su "prioridad" era que se tramitara "con rapidez". Y que "la lentitud" hizo que se plantearan la conveniencia de que Zapatero o Julito a "intervinieran directamente ante responsables" de la SEPI. Martínez Sola reconoce que "nunca se llegó a tener una constancia fehaciente" de las "concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate". Y también que en aquella primera conversación telefónica, que entonces giró alrededor de la posibilidad de acceder a un crédito ICO –aún no se había puesto en marcha el instrumento financiero de la SEPI–, Zapatero "no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones".

Martínez Martínez no hace ninguna mención en su escrito a Landside Middle East FZCO, sociedad que, según sospechan los investigadores, se habría constituido en Dubái por orden de Zapatero para canalizar el cobro de la mordida del rescate de Plus Ultra. Una offshore de la que se desvinculó el expresidente del Gobierno y por la que, con total seguridad, se preguntará al empresario durante su declaración como investigado. El interrogatorio también se detendrá en el papel del exdirigente socialista en Análisis Relevante. "Quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes", resalta Martínez Martínez en su escrito remitido a Calama.

El paso dado por Julito y la dirección de Plus Ultra es un torpedo en la línea de defensa del expresidente, que aún no ha ofrecido explicaciones sobre el origen de las joyas incautadas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros –aunque hace un mes prometió darlas en diez días–. Y se produce en un contexto muy concreto. Hace apenas un mes, el Tribunal Supremo libró de la cárcel al empresario Víctor de Aldama, corruptor en el caso Mascarillas, por haber reconocido los hechos y haber colaborado con la investigación. "El Estado de derecho debe premiar [...] comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio", resaltaron los magistrados en su sentencia. Todo un incentivo para futuros delatores.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1%.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el Gobierno lo aprobaría unos diez días antes de que se hiciese efectivo.

Martínez señala que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", y que "en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", según el escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE.

Según este empresario, Zapatero era quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez y clave en la trama—, pese a que no figurase en el accionariado, y fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos informes los "finalizaría" Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, "con quien se estableció una iguala" de 3.000 euros mensuales, "que se pagó" hasta 2025.

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella —representada por Martínez—, por la que "se comprometía a abonar el 1%" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Martínez reduce su labor en aquel momento a acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, dice que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". El Consejo de Ministros lo aprobó finalmente el 9 de marzo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade Martínez, si bien "se decidió diferir el pago" hasta 2026 debido a la "presión mediática" que existía sobre el préstamo público.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1% (unos 530.000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

Martínez indica además en su escrito que "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286.000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para "salvar" la aerolínea.

En un escrito remitido a José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero.

Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)".

Ambos "tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)" dice el escrito refiriéndose a una frase incluida en una de las conversaciones que mantuvieron el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

Y añade que eso "fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener" Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1% del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el presidente de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1% del total más IVA.

La cifra pagada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1% de los 53 millones", apunta en el escrito.

"El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL", desgrana en el escrito.

El presidente de la aerolínea explica que el primer contacto con Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona, dice en el escrito, quien le dijo que Zapatero "podría ayudarle" a acceder "a un crédito o ayuda pública" que mitigase la mala situación financiera de la compañía fruto del Covid-19.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de José Luís Rodríguez Zapatero a través de un número oculto, que duró diez minutos y en la que el empresario trasladó al expresidente "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO", ya que "en ese momento todavía no existía ni se conocía el –más tarde denominado– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas".

Zapatero "manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", precisando que "de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

"En dicha conversación con D. José Luis Rodríguez Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones", añade el escrito, que relata cómo fueron las gestiones siguientes, centradas luego en la obtención de las ayudas de la SEPI.

Afirma Martínez Sola que no conoció presencialmente a Zapatero hasta 2024, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, "aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cimentó su prestigio político sobre la ética, en ningún caso sobre la socialdemocracia. Las políticas económicas de sus dos Gobiernos se construyeron sobre la base de un neoliberalismo incomprensible e injustificable en una formación de izquierdas. Lejos de representar dos modelos económicos opuestos, Felipe González y Aznar aplicaron políticas económicas propias de la derecha estadounidense, encaminadas a transferir activos públicos estratégicos a un puñado de grandes bancos, corporaciones eléctricas, constructoras y grandes inversores. Zapatero no cuestionó nada de eso; al contrario, lo asumió plenamente e incluso nombró ministros que habían formado parte de los Gobiernos de Felipe González, que continuaron operando con las mismas lógicas neoliberales. Si bien durante sus dos mandatos se produjeron avances sociales como la ley contra la violencia de género, la ley antitabaco y la ley de matrimonio homosexual, en cuanto la situación económica se deterioró, Zapatero hizo honor a la trayectoria neoliberal del PSOE, optando por hacer recaer el peso de la crisis financiera de 2008 sobre la ciudadanía y no sobre los bancos que la habían causado.

Con el fin de cumplir las exigencias de los mercados financieros y bajo la presión directa de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, Zapatero recortó en un 5% el salario de los funcionarios, congeló las pensiones, aprobó la reforma que retrasaba la edad de jubilación a los 67 años, redujo en 6.045 millones de euros la inversión pública, eliminó el cheque-bebé, recortó en 600 millones de euros la ayuda al desarrollo, abarató el despido, permitió que se incumplieran parcialmente los convenios y algunas obligaciones salariales de las empresas y reformó el artículo 135 de la Constitución sin referéndum y por el procedimiento de urgencia con el fin de dar prioridad al pago de la deuda pública (en manos de tenedores privados) antes que a la inversión social. Zapatero compartió con González y Aznar los fundamentos económicos del consenso neoliberal, de manera que nunca podremos verlo como un socialdemócrata. Zapatero solo puede ser esa pretendida “referencia ética de la izquierda” para aquellos que desconocen o deliberadamente ignoran la historia reciente de España.

El sistema mediático, académico y político nos dice que Zapatero fue un socialdemócrata. Todo esto tiene que ver con el desplazamiento de la línea ideológica hacia la derecha con el fin de que percibamos a formaciones como el PSOE, que defienden y practican políticas económicas de derecha, como si fueran partidos de izquierda, y a formaciones socialdemócratas como Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar o Más Madrid como si fuesen peligrosísimos partidos comunistas cuya gestión destruirá la economía y acabará con las libertades. Esto es resultado de décadas de hegemonía cultural y mediática de una derecha que solo admite izquierdas domesticadas incapaces de corregir las injusticias sociales y la desigualdad.

Punto y aparte es la relación de Zapatero con la autocracia de Venezuela. Resulta más que difícil explicar que los mismos criterios sobre autoritarismo y vulneración de los derechos humanos que sirven para condenar históricamente y sin ambigüedad el franquismo (ausencia de tribunales justos y de libertad de expresión, partido único, encarcelamiento, tortura o asesinato de disidentes políticos, muerte civil de opositores al régimen, culto a la personalidad del líder, etcétera), se ignoren para continuar exculpando al castrismo, al régimen de Nicaragua o a la actual Venezuela. Hay una parte de la izquierda que defiende un estándar ético intransigente con los fascismos del pasado siglo, mientras se niega de manera sistemática a condenar las violaciones de los derechos humanos que se producen en estos países.

Causa una indignación sin límite escuchar a un expresidente de una democracia plena como España presumir de ser amigo de alguien con el perfil político de la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional. Zapatero tal vez no llegue a imaginar que, durante las muchas noches que ha pernoctado en Caracas en los últimos años, a escasos kilómetros, en el centro de El Helicoide (la prisión más temida del régimen) se torturaba a presos políticos, tal como han denunciado organizaciones de defensa de los derechos humanos como Foro Penal, PROVEA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Mencionar ese aprecio sincero por quienes, en definitiva, son los máximos responsables de esas torturas y hacerlo con esa solemnidad y convicción tan propias del personaje es motivo más que suficiente para que dejemos de verle como una referencia ética, especialmente quienes aspiramos a mantener un mínimo de coherencia moral y política.

Otro tanto podemos decir del silencio de Zapatero sobre el fraude electoral en Venezuela en 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro ganador sin mostrar las actas de las mesas, requisito imprescindible para acreditar cualquier resultado. La represión posterior se saldó con al menos 12 muertos. Que alguien con un conocimiento tan profundo de la realidad venezolana se muestre incapaz de condenar algo tan grave como el robo de unas elecciones supone una complicidad con una autocracia corrupta que deslegitima su papel de mediador.

En la misma línea, no puedo dejar de señalar la anomalía de que un presidente del Gobierno acepte unas joyas sin cuestionar su procedencia y sin cederlas a Patrimonio Nacional (tal como obligaba la normativa), y que se nos dé la peregrina excusa de que en 2007 los estándares morales eran diferentes a los de 2026, como si la ética y la transparencia fuesen atributos del Estado de derecho solo presentes en nuestros días. Zapatero eludió el Código de Buen Gobierno que él, y no otro presidente posterior, había aprobado en 2005. No es admisible que la Policía Nacional encuentre en su despacho joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros sin respaldo documental. Las democracias no sucumben únicamente ante aquellos que quieren imponer proyectos totalitarios, sino ante quienes, investidos de una supuesta autoridad moral, convierten la ley en una obligación para todos menos para ellos mismos.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Recientemente he leído Visto para sentencia, del exmagistrado José Antonio Martín Pallín. En el libro plantea una pregunta que afecta de lleno a nuestra democracia: ¿qué ocurre cuando la ideología del juez deja de ser una convicción personal y comienza a orientar sus resoluciones? Su respuesta desmonta la idea de una justicia automática. Juzgar exige valorar pruebas, interpretar normas y reconstruir hechos. Cuanto mayor es ese margen de interpretación, mayores deben ser la prudencia, la motivación y el respeto a las garantías.

Pallín no escribe contra la judicatura, sino contra su degradación. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de la ciudadanía. Un juez independiente está sometido a la Constitución, a la ley, a las pruebas y a los derechos fundamentales. Cuando una resolución intenta sustituir el debate parlamentario o corregir por la vía penal lo que corresponde decidir en las urnas, la justicia abandona su función y entra en un terreno que no le pertenece.

Los casos de Juan María Atutxa, Bateragune, los ERE de Andalucía, el procés, Alberto Rodríguez, Podemos o Ada Colau le sirven para señalar un patrón: interpretaciones expansivas de los delitos, investigaciones prolongadas sobre indicios débiles, acusaciones populares con intereses partidistas y procedimientos cuyo daño político se produce mucho antes de que llegue una sentencia. Algunos terminaron archivados; otros fueron corregidos por tribunales superiores o europeos. Entretanto, el proceso ya había actuado como castigo y la presunción de inocencia había quedado enterrada bajo filtraciones, titulares y tertulias.

Sus artículos más recientes trasladan ese análisis a causas todavía abiertas y a sentencias ya dictadas. No todos los casos son iguales ni deben confundirse. En unos puede haber conductas delictivas suficientemente acreditadas; en otros, Pallín considera que faltan indicios concretos. El punto común no es declarar inocente a nadie por afinidad política, sino exigir que la persecución de un delito respete las mismas reglas para todos. La gravedad de una acusación no autoriza a rebajar las garantías.

La causa contra Begoña Gómez es el ejemplo al que ha dedicado más atención. En Peinado dejó su fusil y Begoña camina hacia el jurado sostiene que la instrucción se convirtió en una búsqueda sucesiva de posibles delitos, a partir de una denuncia apoyada inicialmente en recortes de prensa y con una acción popular ejercida por organizaciones de orientación política definida. Critica, además, la acumulación de hechos distintos, la escasa concreción de algunas imputaciones y la dificultad para encajar determinadas conductas en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o malversación.

El procedimiento ha avanzado desde entonces. El 20 de junio de 2026 el juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio ante un jurado, retiró el pasaporte a Begoña Gómez, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias quincenales. La referencia incluida en el auto a la posibilidad de que sus escoltas facilitaran una fuga provocó que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial remitiera la resolución al promotor de la acción disciplinaria para que valore si procede actuar. Sin anticipar el resultado del juicio ni del examen disciplinario, el episodio confirma la preocupación central de Pallín: una instrucción puede adquirir efectos políticos desproporcionados antes de que un tribunal determine si existen hechos probados.

El juicio y la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, constituyen otro caso decisivo en sus escritos. En El fiscal general no ha cometido ningún delito y Radiografía de una sentencia, Pallín cuestiona la aplicación del artículo 417 del Código Penal, la imparcialidad objetiva de magistrados que habían intervenido en decisiones previas, el respeto al principio acusatorio y la suficiencia de la prueba sobre la autoría de la filtración. No presenta estas objeciones como diferencias menores, sino como posibles vulneraciones del derecho al juez predeterminado por la ley, de la presunción de inocencia y del derecho de defensa. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo en 2025 y ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. La resolución de ese recurso permitirá comprobar si esas objeciones tienen recorrido jurídico más allá del debate público.

En el caso de las mascarillas, relativo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, Pallín adopta una posición distinta y más matizada. Reconoce la existencia de conductas delictivas acreditadas, pero considera que el juicio presenta problemas procesales graves. En Una moción de censura celebrada en el Tribunal Supremo y, después, en Caso mascarillas: una sentencia con demasiados flecos, sostiene que la pérdida de la condición de diputado de Ábalos antes del juicio debía haber llevado la causa al tribunal ordinario. A su juicio, mantener la competencia del Supremo privó a los acusados del derecho a una segunda instancia. También critica que la vista y la sentencia incorporasen acusaciones o referencias políticas ajenas al objeto concreto del proceso. La corrupción debe perseguirse, pero no utilizarse como pasarela para extender sospechas hacia personas que no estaban siendo juzgadas.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero amplía este mismo debate. En Caso Zapatero: así es, si así os parece, Pallín reprocha que el auto judicial asumiera informes policiales sin una valoración crítica suficiente y que situara al expresidente en una supuesta organización criminal sin concretar con claridad el reparto de funciones ni los actos que integrarían el tráfico de influencias. Desde la publicación de aquel artículo, la investigación ha continuado y se han abierto nuevas líneas. Precisamente por ello conviene mantener la distinción elemental entre investigar y probar. Los informes policiales pueden justificar diligencias, pero no sustituyen la valoración judicial ni convierten una hipótesis en un hecho acreditado.

De estos casos se desprende otra preocupación constante: el uso de la acción popular. La Constitución permite que la ciudadanía participe en la justicia, pero Pallín considera que esa figura se desnaturaliza cuando partidos u organizaciones creadas para intervenir en conflictos políticos emplean el proceso penal como prolongación de su estrategia. No propone eliminarla, sino exigir un interés legítimo, limitar las investigaciones prospectivas y evitar que una acusación pueda mantener durante años un procedimiento sin una base probatoria suficiente. La acción popular debe servir al interés público, no a la campaña electoral permanente.

El deterioro de la confianza no se explica únicamente por la ideología. España sigue padeciendo una falta estructural de jueces: alrededor de doce por cada 100.000 habitantes, frente a unos diecisiete en el entorno europeo comparable. La sobrecarga, las vacantes y las dilaciones dañan el derecho a una justicia eficaz. A ello se suma la percepción de que determinados nombramientos responden a cuotas políticas. Una resolución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, llegar demasiado tarde o aparecer rodeada de una sospecha que las instituciones no han sabido disipar.

Pallín reclama una justicia mejor formada, socialmente más plural y transparente en sus nombramientos. Pide sentencias comprensibles y rigurosamente motivadas, controles eficaces sobre las filtraciones, límites claros para las investigaciones sin objeto definido y un derecho penal que conserve su condición de último recurso. Criticar una resolución no equivale a atacar a todos los jueces; del mismo modo, invocar la independencia judicial no puede convertir cualquier actuación en inmune al examen público o a los recursos previstos por la ley.

La advertencia final es sencilla. La democracia se debilita cuando el Gobierno pretende controlar a los jueces, pero también cuando un juez utiliza el proceso para ocupar el espacio de la política. La justicia debe poder incomodar a cualquier poder y perseguir la corrupción sin mirar siglas. Para hacerlo necesita pruebas, competencia, imparcialidad y respeto estricto a los derechos fundamentales. Si una causa parece depender más del magistrado que la instruye o de la acusación que la impulsa que de los hechos acreditados, la balanza deja de pesar razones y empieza a pesar ideologías.

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Carlos Brage es socio de infoLibre.

Hoy voy a proponerles un pasatiempo, un entretenido sudoku que nos ayude a sobrellevar el tedio estival y los calores. Entren en el buscador de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional (BNE). Seleccionen el intervalo de seis años, once meses y ocho días que abarca desde la muerte de Franco a la victoria electoral del PSOE en 1982. A continuación escriban en el buscador “justicia social” y anoten el resultado. Repitan la operación, pero con la palabra “modernidad”. Ya hemos llegado a la mitad. Para finalizar mantendremos los conceptos, pero modificaremos las fechas de la pesquisa para abarcar ahora los primeros seis años, once meses y ocho días de Gobierno de Felipe González. Ya está.

¿Sorprendidos? ¿O les ha dado pereza la propuesta? No importa; se lo pondré fácil. Desde la muerte del dictador a la primera victoria de Felipe González, los periódicos digitalizados por la BNE recogen en 13.762 páginas alusiones a la justicia social y 6.341 a la modernidad. En los casi siete años siguientes de Gobierno socialista, las referencias a la justicia social se desploman a 8.101, mientras que las páginas con la palabra modernidad se disparan a 25.842. La conclusión es obvia: el felipismo marginó la justicia social para privilegiar una difusa modernidad que igual justificaba la OTAN, los GAL, la precarización laboral o la reconversión industrial, que celebraba el último tema de Alaska y los Pegamoides.

Su éxito fue enorme, pese a la aparente paradoja de promocionar la modernidad justo cuando Jean-François Lyotard proclamaba nuestra nueva condición posmoderna. Paradoja aparente, digo, porque lo que se vendió fue un simulacro de modernidad, una estética de hedonismo individualista con la que enterrar la vieja ética de los grandes relatos entre toneladas de lentejuelas. En la práctica, fue la variante mediterránea de la TINA, el popular acrónimo thatcheriano que decretó el final de toda esperanza. Comenzaba la era de los relatos. Y sus protagonistas eran personajes como Miguel Boyer, aquel joven economista que a mediados de los 70 abogaba por la nacionalización de empresas y la autogestión obrera, en los 80 se convirtió en adalid de la ortodoxia neoliberal y en los 90 fue estrella del papel couché tras su matrimonio con Isabel Presley. La realidad líquida entraba en escena.

Sin embargo, esta hegemonía de la modernidad trajo consecuencias para la democracia española. Si la justicia social situaba la distribución de la riqueza en el centro del debate democrático, su arrinconamiento obligó a buscar otro asunto con el que vertebrar un conflicto político neutralizado por el consenso absoluto en torno al dogma neoliberal. Fue necesario pues indagar fuera del ámbito político clásico ese nuevo referente. Fue entonces cuando irrumpió la corrupción. La podredumbre del poder tenía dos virtudes: por un lado, activaba la emoción indignada del electorado; por el otro, permitía desviar el debate del ámbito material de las políticas públicas a la esfera inmaterial de la moral pública.

La corrupción pasaba así a ser el desencadenante catártico de la alternancia política. Felipe González –aunque hoy se prefiera olvidar– cayó arrollado, mucho más que por el terrorismo de Estado, por el alud imparable de Filesa y la imagen de Luis Roldán en calzoncillos. Aznar tendría, entre otros muchos, a su Rodrigo Rato, mientras que Rajoy caducaba a la sombra de El Bigotes y la Gürtel. Pedro Sánchez, por el momento, resiste a duras penas la implacable cacería familiar y los vergonzosos vientos sembrados por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Incluso el 15M, la mayor impugnación al modelo de la Transición, interiorizó hasta tal punto este referente de crítica, que su "No hay pan para tanto chorizo" se convirtió en uno de sus lemas más aclamados. Hoy Isabel Díaz Ayuso se apropia con sarcasmo de aquella consigna.

Se instauró así un mecanismo democrático viciado, asentado sobre una aparente ley inmutable: los gobiernos caían tras una catarsis ciudadana anticorrupción que daba paso a un nuevo ciclo de gobierno que acaba con una nueva catarsis… Y la rueda “democrática” giraba. No obstante, el mecanismo tenía exclusiones. Y, al menos, una excepción. Las exclusiones tienen como objetivo controlar que la indignación colectiva se limite al juego de turnos de gobierno, evitando que pudiera desbordarse y acabara reclamando una democracia mejor y con transparencia. Por eso hay corruptelas sobre las que se debe pasar de puntillas: un monarca enriquecido de forma ilícita, errores judiciales que exoneran a capos mafiosos, jefes policiales con millones ocultos en las paredes. Por mucho que prodiguen, estas corrupciones son pronto desactivadas con la inapelable argumento de los “casos aislados”.

Pasemos a la excepción. La rareza fue José Luis Rodríguez Zapatero. También él recurrió a criterios prepolíticos para legitimar su gestión: el horror a la guerra de Irak o la defensa de los derechos humanos en favor de las minorías. Pero lo hizo a la vez que aplicaba la más estricta ortodoxia neoliberal durante la crisis. Sin embargo, a diferencia de la norma, el PP, que por entonces hegemonizaba la derecha, fue incapaz de encontrar un caso de corrupción con el que armar una estrategia de acoso y derribo al Gobierno de Zapatero. Por ello tuvo que escudriñar a fondo para dar con un recurso alternativo. Y lo halló en ETA y el final de la lucha armada. Una idea nueva entró entonces en circulación: el traidor. Aunque la idea no era tan nueva. En el fondo, entroncaba con el tradicional discurso reaccionario español, una coincidencia que acabará teniendo graves implicaciones.

Por lo pronto, la prepolítica quedaba superada por lo predemocrático. Porque, en última instancia, se estaba recuperando el viejo espectro de la antiEspaña que tuvo en el franquismo su más acabada y siniestra plasmación. Como representante máximo de la antiEspaña, es imposible integrar al traidor. Solo cabe perseguirlo, acorralarlo, encarcelarlo, humillarlo. Es una lucha existencial. De hecho, para que España pueda renacer en su idealizada esencia es preciso que el traidor sucumba y la antiEspaña sea aniquilada por el fuego purificador. Por ello no basta con la derrota electoral de contrario; es imprescindible la Victoria total, y sin piedad.

El conflicto catalán y los vientos ultraderechistas que llegaban de Washington se encargarían con los años de avivar aquel fuego antidemocrático que durante unos años se mantuvo aletargado. Hoy lo prepolítico y lo predemocrático, la corrupción y la traición, se entremezclan en la mentalidad conservadora española. Y todo galvaniza en un estado anímico que hace tiempo que superó la catarsis para adentrarse por los peligrosos senderos de la histeria colectiva. Hasta tal punto se ha naturalizado, mediática y sociológicamente, la paranoia conspirativa que no faltan voces que aspiran incluso a dotar de rango constitucional a esta guerra total contra la antiEspaña. Lo hacía desde El País Pedro Cruz Villalón, el presidente del Tribunal Constitucional que ilegalizó a la izquierda abertzale y que hoy imagina un Congreso que impute a Pedro Sánchez por alta traición.

Aunque conviene no alarmarse. Tal vez sus argumentos son consecuencia de una lipotimia intelectual por un golpe de calor. Porque este verano está haciendo mucho calor, demasiado. Por eso conviene estar alertas y prevenidos. E hidratarse bien. Por eso, la mejor receta es beber buenas dosis de sentido común y serenidad.

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José Manuel Rambla es periodista.

En 2006, Cándido Conde Pumpido, por aquel entonces fiscal general del Estado, comentó que el “vuelo de las togas de los fiscales no eludiría el contacto con el polvo del camino”, e indicaba que la ley debía aplicarse de forma directa y cercana a la realidad de la calle. Hoy se ha cambiado el orden del encuentro y no hace falta que se acerquen al polvo del camino, porque la sociedad es una polvareda levantada por la polarización que lo impregna todo, y eso influye en la forma de aplicar la ley. Ya lo hemos explicado en el anterior artículo (Percepción, presunción y justicia), sin que ese resultado tenga que ser una prevaricación, puesto que la aplicación de la ley se lleva a cabo sobre una realidad social cargada de significado, que es la que condiciona la percepción sobre los hechos y la que condiciona la respuesta que se entiende como más adecuada.

Un ejemplo cercano lo tenemos en lo ocurrido durante la pandemia. Si en ese momento una persona llegaba a urgencias con síntomas de catarro y fiebre, el diagnóstico inicial más probable que se daba era el de COVID-19. Hoy, cuando la realidad social es muy distinta, es difícil que la percepción clínica lleve a esa idea como predicción inicial, al margen de los análisis que se inicien y de la conclusión que se alcance al final.

Las decisiones judiciales no están al margen de los procesos que influyen en la percepción. Los trabajos de John T. Jost, de la Universidad de Nueva York, sobre la ideología política y la cognición social pusieron de manifiesto que cuando se crea incertidumbre y la realidad se presenta como una amenaza o ataque al orden establecido, la sociedad se vuelve más conservadora en defensa del orden existente.

Y en una situación de este tipo, el Derecho se presenta como el principal elemento formal en defensa del modelo ante ese ataque o desorden percibido, de manera que la aplicación del Derecho a través de la Administración de Justicia se hace con el objeto de mantener lo que tenemos y somos frente a lo que lo cuestiona. Lo cual, en sí mismo, es una aproximación conservadora en términos sociales.

Y ese es el riesgo que existe en el momento actual con la polarización social y política, y con la instrumentalización que algunos medios están haciendo de ella para imponer su percepción, es decir, el significado que ellos dan a los acontecimientos para condicionar el significado general y las consecuencias.

No se trata de que haya una “conspiración” contra el PSOE, Rodríguez Zapatero y la familia del presidente del Gobierno, pero sí de una estrategia para crear el contexto que dé significado a los hechos en un determinado sentido.

Y el objetivo es doble:

Los casos más graves que se han conocido, alguno ya con sentencia, no estaban al principio cuando la estrategia de ataque al Gobierno se puso en marcha y se hablaba de “Gobierno ilegítimo” y “Gobierno traidor”, ni cuando los ataques personales al presidente del Gobierno lo llamaban “perro Sánchez”, “me gusta la fruta” o se quemaba en la vía pública su muñeco, pero sí estaba la estrategia comentada. Una planificación tan preparada que desde el principio colocaron a determinados periodistas dentro del Congreso para intensificar todo el proceso.

Que en realidad existe una estrategia para influir en ese sentido se comprueba por el hecho de que las mismas posiciones que dicen defender a la Justicia, al Derecho y a todos sus principios, entre ellos el de la “presunción de inocencia”, son las que a través de la desinformación influyen sobre la sociedad y la polarización para crear una percepción en la que la presunción de inocencia se devalúe o incluso se pierda a nivel social y profesional. Si se respeta la presunción de inocencia se ha de actuar en consecuencia, por supuesto con libertad para opinar y expresarse, pero en los términos de lo que significan los indicios encontrados en una investigación y los principios del derecho.

Si la idea creada, y bastante generalizada y repetida cada día en algunos medios, es que tenemos un Gobierno ilegítimo, traidor, corrupto, que amplía la corrupción a los entornos familiares, que el propio referente moral y político del mismo forma parte de esa trama, y que ahora actúan para alterar el resultado de las próximas elecciones por medio de la regularización de personas extranjeras, la consecuencia será que hay que actuar desde todos los frentes para evitar esa situación. Y es lo que lleva pasando desde hace años. Lo de ahora solo es el resultado de esa estrategia a la que cada día suman más argumentos sin que nadie sea capaz de decir basta.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género