La filtración de la agenda personal del presidente Zapatero ha levantado las iras de los socialistas, ha hecho correr ríos de tinta y ha llevado al juez Calama a ordenar una investigación para dilucidar quién ha filtrado esa información a los medios de comunicación. Ciertamente resulta inaudito que una serie de actos de obvia naturaleza privada y que nada tienen que ver con investigación alguna se hayan dado a conocer, comentados además de manera que parezcan altamente sospechosos. ¿Demuestra algo que la secretaria del expresidente le organizara a este la cita con su peluquero? ¿Cómo es posible que tal detalle, y otros similares, se hayan incluido en una actuación judicial para acabar siendo utilizados en informaciones tan sesgadas como absurdas?

Esta ha sido (a la hora de escribir estas líneas) la última filtración, pero no hace falta decir que la aparición en los medios de comunicación de todo tipo de informaciones y documentaciones asociadas a un procedimiento judicial se han convertido en algo habitual. Tanto, que lo hemos normalizado en la opinión pública y hemos olvidado que es manifiestamente ilegal, algo que tienen que recordar juristas y expertos cada vez que se produce una filtración de alto impacto mediático.

De tal manera, se filtran a los medios, y se publican por partes, de acuerdo con las líneas editoriales de cada cual, informes policiales de la UDEF o de la UCO como si fueran hechos probados, o documentaciones de los sumarios como si fueran sentencias. Con titulares como “Zapatero se reunió con….”, que no explican ni para qué se reunió ni aclaran que tal reunión fuera ilícita, se dan a entender cosas que luego el desarrollo del artículo no confirma ni detalla, pero como si fuera lluvia fina, se va generando un estado de ánimo en la sociedad. La conversación pública, que es donde se crean las percepciones y opiniones, queda así contaminada.

Pero hay más: el Derecho Procesal salta por los aires. La presunción de inocencia no tiene posibilidad alguna cuando algo que –salvo para las partes– es materia reservada, porque el procedimiento judicial quiere protegerlo hasta el momento oportuno, es conocido por la opinión pública. Nuestro ordenamiento jurídico es garantista y por eso establece diferentes momentos del procedimiento. Algunos, de carácter secreto mientras se instruye una causa; y otros, en el momento en que el juez determina que es dado a conocer al conjunto de la sociedad. El artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice así:

“Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley.

El abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con multa de 500 a 10.000 euros.

En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta.

El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo.”

Así las cosas, para proteger la presunción de inocencia y los derechos de quienes están siendo investigados, caben dos caminos: extremar las precauciones para evitar las filtraciones, asegurar que se aplican las sanciones y aumentar su cuantía, o modificar nuestro Derecho Procesal de forma que asuma que toda información es susceptible de ser conocida y publicada en todo momento. Lo que no es sostenible es que se haya normalizado que cualquier documento que se produce en una actuación judicial pueda ser conocido por cualquiera en cualquier momento, y manipulado interesadamente de acuerdo con determinados objetivos políticos. En ese caso, y como viene siendo más que habitual, si se filtra, contamina. Y hablamos, nada menos, que de la justicia.

La foto de las joyas encontradas en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero ha copado portadas de periódicos y se ha visualizado durante horas en los debates televisivos. El expresidente está reuniendo toda la documentación sobre las mismas mientras el juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada por estas alhajas, tasadas en 1,3 millones de euros.

Asimismo, esa polémica ha reavivado el debate sobre los regalos que pueden recibir los políticos y ha sacado a la luz el tema de los presentes que vienen especialmente de las monarquías árabes, como ha puesto encima de la mesa el exministro socialista Miguel Sebastián, que ha narrado cómo fue obsequiado en Arabia Saudí con unas joyas, que él mandó colocar en una vitrina en el departamento.

¿Y los otros expresidentes del Gobierno? ¿Recibieron algún tipo de joya durante su etapa al frente del Palacio de la Moncloa? ¿Qué hicieron con esos regalos? infoLibre ha contactado con el entorno de Felipe González, de José María Aznar y de Mariano Rajoy para recabar sus respuestas. 

Solo Mariano Rajoy, a través de fuentes de su máxima confianza, contesta de manera clara. Su entorno asegura que “no recibió ninguna joya” y que “todos los regalos de cierto valor que recibió en su mandato quedaron registrados y depositados en la Presidencia del Gobierno”.

Desde la oficina del expresidente Felipe González, ante la pregunta de si el expresidente socialista recibió joyas durante su mandato, se limitan a contestar: “El presidente González no tiene previsto por el momento hacer intervenciones en medios”. Ante la repregunta, tanto por correo como por vía telefónica, si podían concretar si recibió joyas o no, no hubo contestación.

En un acto este martes, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el expresidente González abordó el tema de las joyas de Rodríguez Zapatero, a petición de la moderadora. El ex jefe del Ejecutivo señaló que durante su mandato no había legislación respecto a los regalos, pero que hizo una lista con los grandes regalos en su Gobierno y se colocaron en galerías junto al Consejo de Ministros, con objetos como sables con perlas. Indicó que sus ministros también dejaron los obsequios en sus departamentos.

González reveló situaciones como que Helmut Kohl, a través de Mercedes, quiso regalarle un vehículo todoterreno para usarlo en Doñana, pero que él le pidió que fuera cedido al propio parque. También puso de ejemplo cómo el rey Juan Carlos no quiso rechazar el palacio de la Mareta en Lanzarote, un regalo del rey de Jordania, pero que pasó a ser del Estado.

El expresidente González señaló que Rodríguez Zapatero debería devolver las joyas y dar todas las explicaciones sobre su origen y legalidad.

¿Y José María Aznar recibió joyas? Desde Faes, tras insistentes preguntas de infoLibre, responden: “El presidente se atuvo, desde la Presidencia del Gobierno, a la legalidad y el decoro personal en todas sus relaciones personales e institucionales”. A la petición de si podían concretar si le hicieron entrega de alguna joya, esta fundación reitera: “Es un asunto que no afecta a José María Aznar que siempre se ha atenido a los criterios más exigentes de integridad y decoro personal”.

Ante una nueva pregunta de si podían concretar si recibió joyas sí o no, Faes no ha respondido a este medio.

Hasta la llegada al Gobierno precisamente de Rodríguez Zapatero, no había ninguna norma que regulara el tema de los regalos. En febrero de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Código del Buen Gobierno, que fijaba: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal”.

“En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, añadía el código.

Este texto además sirvió de inspiración para la Ley de Transparencia, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre los principios de conducta para los miembros del Ejecutivo, los secretarios de Estado y los altos cargos, se incluye: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente”.

Estos dos textos no fijan una cantidad exacta que bareme la aceptación de los obsequios y lo fía al criterio de los políticos respecto a los “usos habituales, sociales y de cortesía”. En cambio, sí hay otras instituciones, como las Cortes Generales, que fijan topes monetarios. En el caso del Parlamento, el límite está en los regalos de hasta 150 euros. El reglamento indica que los diputados y senadores se “se abstendrán de aceptar, en beneficio propio o de su entorno familiar, obsequios o regalos de valor, favores, servicios, invitaciones o viajes que les sean ofrecidos por razón de su cargo o que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

Empezamos con algo de contexto sobre el título de este artículo:

“Nobody expects the Spanish Inquisition” –Nadie espera a la Inquisición Española– son una serie de sketches de humor del mítico grupo cómico Monty Python.

Cada sketch comenzaba de la misma manera, después de una serie de preguntas inquisitorias alguien decía la frase que desencadenaba el número cómico:

“No esperaba encontrarme a la Inquisición Española”.

Entonces hacían su hilarante aparición en escena por sorpresa y de un salto los tres representantes de la Inquisición Española: los tres cardenales interpretados por Michael Palin, Terry Gillian y Terry Jones –con un surrealista gorro de aviador en la cabeza–.

Los miembros de la “Spanish Inquisition” van anunciando, no sin cómicas dificultades, sus principales armas: comienzan con la sorpresa, a ella se añaden el miedo y una eficacia despiadada, rematando con una devoción fanática por el papa, y unos uniformes rojos preciosos.

Un tribunal que aparece llamando la atención y cuyas armas son la sorpresa, el miedo, la eficacia, despiadada y una devoción fanática.

Si cambiamos el color de las vestimentas del rojo cardenalicio al negro judicatura, el sketch está prácticamente servido en bandeja.

Los Monty Python siempre unos adelantados a su tiempo. Aunque les faltó visión para hacer sketches para algo tan surrealista y tan loco como utilizar como armas políticas asuntos como las quedadas para cenar o las citas con la peluquería para arreglarse las cejas de expresidentes del Gobierno.

Ni ellos tuvieron imaginación para algo así.

La realidad, una vez más, está superando a la ficción, y en este caso también a la comedia; el nuevo Tribunal del Santo Oficio Judicial aparece en escena cada vez más a menudo, lo que reduce drásticamente su efectividad.

Uno de los puntos fuertes de la comedia es la sorpresa; si la sorpresa se convierte en costumbre, el efecto deseado desaparece completamente.

Lamentablemente vivimos unos tiempos en los que ya no es ninguna sorpresa ver aparecer a los miembros de esta nueva Inquisición Española en escena; la comedia se está empezando a convertir en una tragedia.

Los excesos de celo en perseguir a los herejes que no creen en el sagrado dogma del gobierno de la derecha han pasado de ser un placer culpable para muchos a convertirse en una molestia que cada vez tiene una más complicada justificación, incluso entre los caballeros de las ideas cuadradas y sus locos seguidores.

El refranero español ya lo avisa: “Lo poco agrada y lo mucho enfada”.

Añadiendo un refrán más a la ecuación: “El que avisa no es traidor” y el efecto bumerán de este ataque por tierra, MAR y aire puede conseguir, de hecho ya está consiguiendo, lo contrario de lo pretendido.

Entonces sí que la tragedia con el tiempo se convertirá en comedia y volverá a ser hilarante ver aparecer a los miembros de la Judicatura de un salto anunciándose con su sonrisa diabólica congelada en el rostro y siendo ellos mismos los sorprendidos por haber perdido, otra vez, la oportunidad de repartirse el país.

Su título podría ser: “Everyone hates the Spanish Inquisition” –Todo el mundo odia a la Inquisición Española–.

P.D. En el último sketch de la serie “Spanish Inquisition” es un juez el que juzga a otro juez por “conducta obscena”. El juez juzgado dice la mítica frase: “No esperaba a la Inquisición Española”. Todos esperan la irrupción de los cardenales pero no llegan a tiempo; cuando consiguen llegar por fin a la sala ya vacía, el programa se ha terminado. Justicia poética.

He visitado el nido durante unos días. Por mi modesta notoriedad pública no han llegado a paralizarme. No merezco tanto. Pero las víboras se han lanzado a mis pantorrillas sin piedad. Han publicado mis datos personales completos, han señalado mi domicilio y han difundido un viejo vídeo en el que trataba de encender la luz de la biblioteca del Ateneo que nos tenían apagada los delincuentes que destruyeron nuestro restaurante. Agua pasada y podrida que las serpientes han reutilizado. Ninguno de los reptiles se hizo eco de mi versión cuando traté de defenderme. Han tratado de manchar la prestigiosa institución que presido y que hemos logrado revitalizar durante un lustro. Estas serpientes no distinguen la cualidad de su presa: si te interpones en su camino, te morderán, seas quien seas. 

El motivo para el ensañamiento (ante el que no me arredro en absoluto), ha sido que he transmitido con honestidad la información que el presidente Zapatero quería ofrecer mientras estaba obligado a mantener un prudente silencio procesal. Siendo muy menor mi participación en el guion de esta historia, puedo entender mejor el dolor que se inflige a quien siendo inocente (Begoña Gómez, David Sánchez, y sí, también José Luis Rodríguez Zapatero) se ve acosado por estos seres violentos y desalmados. Sus actividades profesionales paralizadas, su vida social impedida, encerrados en sus casas, incluso sus agendas y sus conversaciones publicadas ilegalmente.

Esta brutalidad con las personas más cercanas al presidente del Gobierno ya sería grave si sólo fuera el resultado de la acción de la extrema derecha: las organizaciones querulantes que se dedican a ir cagando por los juzgados para ver si sus heces generan gusanos; los policías sin control preparados para componer con una jerga criminal y grandilocuente relatos sólidos a partir de meras conjeturas (sólo un dato: el 50 por ciento de los policías y los militares votan a la extrema derecha, Vox y Alvise); los muchos jueces y fiscales ávidos de erosionar al Gobierno que por otra vía no se logra tumbar; los panfletos pagados por la élite religiosa y empresarial.

Pero sucede que toda esta cacería está alimentada con fervor por los dos líderes de la “respetable” derecha española, la que se ofrece como alternativa de gobierno. Uno de esos dos es Isabel Díaz Ayuso, que presume de haber inhabilitado al fiscal general del Estado (cinco votos a dos en el Supremo para vergüenza de ese Tribunal), mientras el novio que le paga la vivienda se embolsa millones en comisiones de mascarillas con el principal proveedor de la Comunidad de Madrid, y luego defrauda las ganancias. El otro, tutelado por ella, es Alberto Núñez Feijóo. Patxi López el miércoles le llamó ruin. Ya había mentado antes el líder del PP al suegro de Sánchez, y a su esposa y a su hermano, para el que Feijóo pide –qué gran corazón el del jefe de la oposición– ni más ni menos que seis años de cárcel.  

En el rifirrafe con Patxi López, el socialista dio con la frase que puso en pie a todos sus compañeros, y que sintetizó bien lo que puede pasar cuando toquen elecciones: que los progresistas planten cara y se levanten ante tanta indignidad. Que logren alertar del peligro de que todas esas serpientes hambrientas controlen nuestras vidas, en un país que es ahora mismo un modelo de convivencia, desarrollo y progreso.

Estos torpes del PP ya no pueden controlar a los reptiles que liberaron. Están abocados a convertir su “quien pueda hacer que haga”, en un “quien pueda votar que vote”. Y lo mismo tenemos de nuevo una sorpresa, que ya pasó en 1993, en 2004 y en 2023. Sigamos.

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Luis Arroyo es sociólogo, profesor, consultor político, columnista de infoLibre y presidente del Ateneo de Madrid.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

El último informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en relación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un nuevo terremoto político y judicial. No tanto por su contenido –amplía el foco más allá de Plus Ultra y Análisis Relevante–, sino por los anexos que llevaba aparejados. Documentos con información extremadamente sensible y sin valor para la investigación –no solo del exdirigente socialista, sino también de terceras personas ajenas a la causa– de la que se dio traslado a las partes sin un cribado previo y que acabó en todos los medios. Un agujero que el instructor, José Luis Calama, trata ahora, a posteriori, de tapar. Mientras, Zapatero vuelve a mover ficha en busca de la nulidad de la causa.

El informe UDEF-BBCA 2910/26, que se centra en la supuesta mediación del expresidente a favor de un grupo empresarial peruano en relación a un pleito millonario en ese país, se entregó acompañado de 19 anexos documentales. En los mismos se incluían, entre otras cosas, las agendas del exlíder del Ejecutivo de los años 2024 y 2025 o su chat de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar. Son más de un millar de páginas de mensajes. La mayoría son de índole personal. Y buena prueba de ello es que menos de una docena de todas las comunicaciones contenidas en esa conversación acaban transcritas en el documento policial al considerarse que tienen relevancia para la investigación.

Todos estos documentos fueron subidos en bruto, sin ningún tipo de cribado previo, a la nube por orden del instructor. "No siendo técnicamente posible la transmisión telemática de los anexos indicados al Ministerio Fiscal y partes, en razón a su volumen, se procederá a su inclusión en la sede electrónica cloud justicia", recoge la providencia firmada por Calama en la mañana del miércoles. Pocas horas después, las agendas o el chat de Zapatero con su secretaria al completo circulaban por todas las redacciones. Un agujero en el juzgado que puso al descubierto, entre otras cosas, información médica, direcciones y teléfonos de terceras personas o datos sobre el estado de salud de familiares. Datos especialmente sensibles y que nada tienen que ver con la investigación.

No es la primera vez que pasa. También se incorporó hace tres años a la plataforma virtual del caso Kitchen el volcado íntegro de varios chats de WhatsApp del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, entre ellos el que tenía con su pareja. Y en la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz también quedó al descubierto información sensible de Dolores Delgado, exministra de Justicia y exjefa del Ministerio Público, y hasta de un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema estuvo en la notificación a las partes sin un filtrado previo de un informe –y sus anexos– de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre tráfico de llamadas, que puso al descubierto documentos de identidad o direcciones de los usuarios de los dispositivos.

Fuentes policiales consultadas por infoLibre explican que cuando se lleva a cabo un volcado telefónico en el marco de investigaciones judiciales, el dispositivo se pasa por "un programa de extracción" que transcribe, de principio a fin, toda la conversación. Con ella, se "elabora" un informe solo con aquellos mensajes que resultan "relevantes" para la causa: "Todas aquellas cuestiones de carácter personal quedan fuera". Ese documento policial se remite al instructor junto con el "bruto" de la conversación. ¿Para qué? Para que pueda "cotejar" que los mensajes recogidos en el informe coinciden con los que se han extraído del terminal.

Con esta documentación sobre su mesa, los instructores pueden tomar ciertas cautelas para evitar que información de índole personal acabe filtrándose. La "práctica habitual", cuenta un magistrado instructor, es que ese volcado "en bruto" no sea trasladado a las partes y se abra una "pieza separada de expurgo" a cuyo contenido solo tengan acceso Fiscalía y defensa para cribar la información, sacando de la causa todos aquellos datos íntimos, personales o que nada tienen que ver con la investigación en curso. Eso es, por ejemplo, lo que acordó esta semana el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en relación a toda la documentación con la que salió la UCO de la sede del PSOE en el marco del llamado caso Leire.

"Es el juez el que tiene que marcar los límites, ordenar los expurgos", resalta en conversación con este diario Baltasar Garzón, quien fuera durante muchos años magistrado instructor en la Audiencia Nacional. "Si se ha entregado todo a las partes sin expurgar hay una grave responsabilidad de juez y fiscal, que deben cuidar del cumplimiento de la ley de enjuiciamiento criminal. [...] La mínima prudencia habría exigido declarar el secreto parcial hasta que se hubiera expurgado todo", resalta el ahora abogado, que lamenta que se esté montando una suerte de "causa general" contra alguien que, completa, "carece de posibilidades de defenderse adecuadamente".

A posteriori y con la filtración ya consumada, el instructor del caso Plus Ultra ha decidido este jueves mover ficha para intentar tapar el agujero que tiene en el juzgado en relación a esta causa. Por un lado, ha decidido formar una pieza de "información sensible", solo accesible para el Ministerio Público y el propio órgano jurisdiccional, en la que se incluyan las grabaciones audiovisuales de las declaraciones que se vayan tomando a investigados y testigos. En definitiva, solo se facilitará a la acusación popular y a las defensas "transcripción" de las comparecencias, pudiendo consultarse los vídeos solo en el juzgado. Una medida que ya adoptó el Tribunal Supremo durante la investigación al ex fiscal general del Estado por la filtración de un correo del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Calama también ha decidido limitar el acceso a la nube judicial de las "acusaciones populares", de forma que solo pueda ingresar a la misma el abogado que lleva la dirección de las mismas –en concreto, el letrado del PP–. Es ahí, reconoce en privado un magistrado, donde suele estar el origen de las filtraciones. Unas fugas de información por las que el instructor acaba de deducir también testimonio para que se investiguen. "Desde el momento que las actuaciones fueron puestas a disposición de las partes personadas, se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación", resalta el instructor del caso Plus Ultra, que avisa de que estos hechos pueden ser constitutivos de "delitos de revelación de actuaciones procesales reservadas".

En concreto, pone sobre la mesa el artículo 417 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a "la autoridad o funcionario público" que "revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Y también el 466, que establece que las penas mencionadas en el artículo anterior deben ser impuestas "en su mitad superior" cuando la revelación de actuaciones secretas "fuese realizada por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia". Y que contempla multas para aquellos abogados o procuradores que desvelasen "actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial".

Y en medio de esta vorágine, el expresidente del Gobierno sigue buscando anular la causa. En un escrito presentado este mismo jueves, la defensa del exlíder socialista ha planteado un incidente de nulidad de actuaciones al considerar vulnerado su derecho al juez ordinario, a un proceso con garantías, a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia. Su abogado sostiene que la investigación tiene su origen en "unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" en el marco de unas diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción "que no se ajustaban al marco legal" y con "maniobras dirigidas a conducir el proceso" hacia "órganos judiciales de mayor conveniencia para la denunciante". "La nulidad de actuaciones tiene origen en la propia génesis", resalta.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

Hay un salto cada vez más pronunciado entre la instrucción y el escarnio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entre vulnerar las garantías —ya ni siquiera la presunción de inocencia— y el derecho a la información.

Zapatero tiene una larga lista de explicaciones pendientes: sobre su relación con Julio Martínez, qué negocios hizo y cómo se llevaron a cabo; las sospechas sobre testaferros, empresas pantallas y trabajos simulados de los que tendrá que dar cuenta penalmente; de momento, el rescate de Plus Ultra, los ingresos de Análisis Relevante e Información Prospectiva; a falta también de documentar unas joyas que hoy siguen siendo un misterio. Y la última, de este mismo miércoles: la mediación para un grupo empresarial con el gobierno de Bolivia para frenar una multa de 107 millones que cobró presuntamente a través de una sociedad pantalla (la mediación, no los 107 millones). 

Luego está el escarnio al que, en muy poco tiempo, están contribuyendo la UDEF y el juzgado. Por descuido, deliberadamente o por la aceleración de la instrucción, es una anomalía procesal que un volcado íntegro de un teléfono móvil llegue a las partes sin filtrar, sin analizar ni depurar la información relevante para la investigación. Tirando de hemeroteca, ocurrió en el caso del empresario Javier López Madrid: una diligencia policial defectuosa, que el juez instructor no corrigió, permitió que se incorporaran al procedimiento mensajes privados e intrascendentes para la causa, entre ellos conversaciones con la reina Letizia. Fue un episodio excepcional; el juzgado tomó nota y no volvió a repetirse. También sucedió con los correos de Miguel Blesa. Su difusión durante la instrucción dio lugar a una investigación contra el exjuez Elpidio José Silva por presuntos delitos de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez, por cierto, acabó condenado por prevaricación por una conducción de la instrucción con demasiados parecidos a la del juez Juan Carlos Peinado.

Un mes después del registro policial en el despacho de Zapatero, el teléfono de Gertrudis Alcázar ha acabado íntegro en manos de las partes y ha circulado como la pólvora por los chats de WhatsApp. Dos años completos de comunicaciones, de 2024 a 2025. Hay conversaciones relevantes para la investigación, como los movimientos que hizo el expresidente una vez detuvieron a Julio Martínez y cómo preparó su defensa desde la detención: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. Las citas con Santos Cerdán. O que a Zapatero le gustara Leire Díez días después de su declaración ante el juez y de escuchar en los medios aquel “Quiero a Balas muerto”. Luego están las gestiones con periodistas, las medicinas del expresidente, las cenas con amigos, catarros sobrevenidos, los restaurantes favoritos, las citas con presidentes del IBEX, de Indra, BBVA, Telefónica… toda una serie de detalles que alimentan el escarnio por redes. 

La UDEF intervino miles de mensajes entre el expresidente y su secretaria. Una diligencia necesaria para la investigación. El volcado sin filtros, no. En ese material ni siquiera se han ocultado el teléfono, la dirección o los números de cuenta. El derecho a la intimidad a la que cualquier imputado tiene derecho a preservar sin que vuele por los aires apenas un mes después de estallar la causa. 

El volcado íntegro y su posterior difusión constituyen una excepción que agentes especializados en investigación policial califican de «demencial». Por qué la UDEF no incorporó únicamente lo relevante en un informe es una cuestión que el juez debería haber valorado antes de dar traslado. Por qué el contenido ha llegado íntegro a las partes remite a una responsabilidad de custodia que recae, en última instancia, sobre el propio juzgado.

En plena guerra, a nadie le importan las garantías. Pero si asumimos que el Estado de derecho y los límites procesales deben permanecer intactos e impermeables a las pulsiones políticas —más allá de las ganas que puedan tener a Zapatero—, la instrucción será más sólida y se evitarán sospechas sobre la intencionalidad política de cualquier actuación judicial. Siempre acaba mal cuando se fuerzan las costuras. El ejemplo más extremo se vivió en los años del procés. El Supremo lo frenó con una sentencia. Más allá de lo que cada uno opine sobre el fallo, lo que no hacía falta era una policía sucia fabricando informes para eliminar adversarios políticos o perseguir a quienes fueron señalados como enemigos.

Las joyas nos fascinan. No por su belleza, por su deslumbrante brillo o por la rareza de sus materiales. Tampoco por el desorbitado precio que alcanzan en su exclusivo mercado. No. Las joyas nos fascinan porque transmiten una misteriosa fuerza. Una energía oculta que, desde los tiempos más remotos, se intento canalizar en talismanes que sanaran el cuerpo y protegieran el alma. Pero también una fuerza negra, capaz de desatar la más terrible maldición, como la que envolvió al famoso diamante Hope, del que se cuenta que llenó de ruina y muerte a quienes lo poseyeron: entre otros, los guillotinados Luis XIV y María Antonieta; o el joyero holandés Wilhelm Fals, asesinado por su propio hijo -que tras el parricidio acabó suicidándose- para robarle la joya.

Fue Oscar Wilde quien nos iluminó sobre el origen de este magnetismo. O más bien Dorian Gray, ordenando y reordenando en sus estuches, durante días enteros, las preciosas piezas de su colección: ese crisoberilo verde oliva que enrojecía a la luz de una lámpara; aquella envidiada turquesa de la vieille roche, o el partido arcoíris del ópalo lechoso. También deleitándose con la lectura de las más extraordinarias historias escritas sobre joyas, libros que despertaban en él una embriagadora admiración. La razón última de esa obsesión no era otra que la certeza que poseía Gray de estar contemplando en aquellas hermosas piezas la esencia misma del pecado. Ese pecado que, como le enseñó lord Henry, era el único elemento de color que quedaba en la vida moderna. Ese mismo pecado que iba corrompiendo su imagen en el retrato oculto.

Por ello las joyas son guardadas en cajas fuertes; no solo por temor a que sean robadas, sino sobre todo por el afán de encerrar bajo siete llaves la materialización de nuestros pecados. El secreto lo sabían Gray y Wilde. Pero también el juez Calama, como evidenció al mostrar más interés por las joyas descubiertas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero que por la legalidad de unas grabaciones americanas llegadas con cinco años de retraso, pero en el momento justo. Y, sobre todo, fue consciente de ello la mano interesada que se apresuró a difundir las imágenes de aquellas alhajas. Esas pésimas fotografías, tomadas torpemente por algún policía, fueron demoledoras. Pero su fuerza no residía en su potencial carga probatoria. Su auténtico poder emanaba de esa capacidad para reflejar el pecado. En realidad, lo que se nos quería mostrar no eran joyas: era el lienzo maldito y escondido de Dorian Gray que dejaba desnudo ante el mundo el pecado del expresidente.

La operación fue perfecta. Y su refutación imposible porque el “caso Zapatero” dejó de ser percibido desde parámetros judiciales. Para el imaginario colectivo, la investigación, comprensible y necesaria, de un presunto delito, pasaba a segundo plano una vez contemplada la imagen misma del pecado. Por eso la presunción de inocencia dejó de tener sentido, pues en nuestro fuero más interno sabemos de sobra que todos somos pecadores. Las leyes, en definitiva, ya no tienen nada que decir después de que se haya impuesto el marco mitológico de lo sagrado. Los informes de Washington, las pruebas periciales, los expedientes policiales, los interrogatorios. Todo eso ya es irrelevante, más allá de su aprovechamiento como carnaza de titular mediático. Lo importante está visto. Y la condena divina pesa ya sobre Zapatero.

Algo similar ocurre con los asuntos que afectan al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, especialmente, con el calvario al que ha sido sometida su esposa, Begoña Gómez, por parte de Juan Carlos Peinado. La extravagante instrucción protagonizada por el juez, que ha culminado en su delirante auto de procesamiento, no se explica sin la seguridad absoluta que le otorgaba el saber que, desde el primer momento, el tema se enmarcaba en el ámbito extrajudicial de la moral. Porque, en última instancia, Peinado se sabía beneficiado por esa sentencia clásica que obligaba a la mujer del César no solo a ser honrada sino a parecerlo. El Código Penal se sustituyó así por un código moral que invalidaba nuevamente la presunción de inocencia. La actividad profesional de Begoña Gómez se transmutaba en un caso de adulterio universitario donde las pruebas eran irrelevantes y la mera sospecha justificaba el castigo.

A partir de estos supuestos, Peinado pudo darse el placer de activar los atavismos misóginos más irracionales, reforzado además por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como mucho, se limitaba a mostrar una tímida incomodidad ante sus extravagancias. Por eso se regodeó en convertir la instrucción en un espectáculo de escarnio ya que, como marcan los códigos medievales, la mujer adultera debe sufrir la vergüenza pública. Y como dicta el Antiguo Testamento, a la criminosa no le cabía otro destino que la lapidación, aunque hoy, para llevar a cabo esa ejecución simbólicamente, se sustituyan las puertas de la ciudad por la sala de un juicio oral y los guijarros afilados por el dardo envenenado de un jurado popular. La reciente apertura por el CGPJ de un expediente contra Peinado por afirmar que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en la fuga de la esposa del presidente, lejos de cuestionar su actuación, la confirma: al máximo órgano judicial solo le preocupa el honor mancillado de la policía, no el trato inquisitorial aplicado a la reo.

Esa capa metafísica trascendental con que se han recubierto los casos de Zapatero y de Begoña Gómez es, precisamente, lo que explica el uso que la derecha y la ultraderecha –parlamentaria, mediática y sociológica– hacen de ellos para atacar al gobierno de coalición progresista y minar los ánimos de una izquierda desconcertada. Para ellos son el arma decisiva, mucho más letal que la munición –nada despreciable, por otro lado– que les puedan ofrecer affaires como los de Santos Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Y ello es debido a que, en su opinión, nada se les puede equiparar. Tras ser elevados a la sublime esfera de la infinitud, todo intento de comparación con Zapatero y Begoña Gómez queda, a su juicio, condenado de antemano al fracaso. 

Porque, frente a la exhibición del pecado, cualquier otra cuestión, por controvertida que sea, se empequeñece y trivializa a la fuerza. Se convierte, en última instancia, en algo mundano. Como los negocios de Alberto González Amador con el grupo Quirón, por ejemplo. Líos de cuentas, que dirían nuestros abuelos. En fin, él sabrá. Problemas contables que nada tienen que ver con Isabel Díaz Ayuso. Porque ella ¡qué va a saber! Los negocios son cosas de hombres. Y las mujeres listas lo mejor que pueden hacer es ver, oír y callar. O ni eso siquiera. Cuantos menos sepas, mejor. Isabel es una mujer lista, fíjate dónde ha llegado. Y sabe perfectamente –como bien le aconseja su amigo, Miguel Ángel Rodríguez– que no hay que meterse en cosas de hombres. Ni en los negocios de su pareja, ni en los de su hermano, ni en los de su padre.

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José Manuel Rambla es periodista.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha planteado la posible nulidad de algunas pruebas del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó a analizar una serie de conversaciones que motivaron la "imputación" al exlíder socialista "de actos penalmente reprochables".

La defensa de Zapatero ha remitido un escrito al juez José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, en el que advierte de que, si no existe tal autorización, dichas conversaciones "tienen que ser excluidas del procedimiento", "con las consecuencias procesales que ello conlleva" y ello comprendería, "en su caso, promover un incidente de nulidad".

El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado "crucial" que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero, y "otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros" que se practicaron en 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Dichas conversaciones, explica el abogado, han sido analizadas en informes policiales de la UDEF, figuran en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025 y dio lugar a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que después lo derivó a la Audiencia Nacional.

De hecho, el abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

La defensa apunta también que las conversaciones fueron analizadas en unas diligencias de investigación preprocesales que abrió Anticorrupción en diciembre de 2025, cuando el asunto estaba en el juzgado de Madrid.

El abogado subraya en definitiva que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Y eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".

"La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)", indica.

Por ello, reclama que la Fiscalía indique qué resolución judicial autorizó "a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas aludidas, así como el lugar de esta compleja instrucción, de ida y vuelta, donde esa autorización se encuentra" para que "se pueda asumir como una diligencia que fue regularmente obtenida".

Y advierte de que, si no se hubiese obtenido dicha autorización, "las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución, y habrían quedado irremediablemente vulnerados el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales".

Zapatero está investigado como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra y a cambio de supuestas comisiones, en la que también están imputadas sus hijas.

¿Debe dimitir el presidente del Gobierno? La historia nos enseña que aquí no dimite casi nadie, como muestra este conciso y contrastable relato. ¿Por qué apoyar una dimisión sin saber cómo funcionará la alternativa? O tal vez sí, pues ya hay situaciones y hechos palpables en algunas comunidades autónomas. 

Suárez dimitió, pues los sables y otros poderes, la España negra, se le echaron encima y forzaron su salida; eran los inicios de la democracia, los conocidos como poderes fácticos no iban a ponerlo fácil, ni entonces ni ahora. Las cloacas huelen mal. Le sustituyó Calvo Sotelo, quien dimitió, convocó elecciones y perdió; lo cesó el pueblo. El país seguía en una situación relativamente caótica. Ni Suárez ni Calvo Sotelo se atrevieron a limpiar el alcantarillado para eliminar los olores de la dictadura y el entorno. Un dicho popular nos advierte que cuando la justicia escasea, tener razón es peligroso.

Llegó González, una brisa fresca, pero no era la fragancia GAL. Sí aparecieron los GAL, organización parapolicial, y también el espionaje del CESID; dimitieron altos cargos, González no dimitió; también lo echó el pueblo. Ya antes, en 1996, los de CIU, los padres de Junts, apuntaban maneras y le zancadillearon. En el 2000 perdió frente al PP; su acre fragancia aún perdura.

Le sucedió Aznar. Tuvo un mandato complicado, marcado por asuntos como el Prestige, el Yak-42, el 11M y las peregrinas explicaciones de aquel terrible crimen y, finalmente, los aires guerreros de Irak. Lo cesó el pueblo mediante las urnas; la cosa no olía bien. 

Zapatero llegó en 2004, con una crisis en puertas y el coletazo final del terrorismo de ETA. Los progresos sociales no taparon la fragancia de los ERE, ni la crisis de 2008. El mandato le pasó por encima y dimitió. Le sustituyó Rubalcaba, quien perdió las elecciones el 20 de noviembre de 2011 frente a Rajoy. El mandato popular cesó a los socialistas.

Rajoy tuvo unas legislaturas jalonadas por el caso Gürtel, caso Bárcenas, el uso de fondos reservados y la implicación del Estado, Ministerio del Interior, en las llamadas cloacas; hasta ese momento solo en el caso GAL se había utilizado a instituciones del Estado.

En 2018, una moción de censura legítima le echó del Gobierno, le apeó Sánchez, quien gobernó hasta 2020. Llamó a las urnas en 2020 y 2023, gobernando en ambas legislaturas en coalición con otras fuerzas; no soportaba el olor de algún socio. Su mandato finalizaría en 2027.

Conclusión: ningún mandatario dimite motu proprio; al gobernante de turno lo cesa el pueblo o la moción de censura, cuando los aires de poder lo descomponen. Ante el fin del bipartidismo se avecinan nuevas fórmulas coalicionistas cuya mezcla produce olores insoportables que obligarían a llevar máscara.

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Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

“Hemos superado una semana muy dura”. Esta es la sensación que domina ahora mismo el Palacio de la Moncloa y el cuartel general del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Nadie resta dureza a lo vivido durante estos días, con los tribunales como grandes protagonistas. Pero no ven el game over que presagiaba la derecha política y mediática.

Los socialistas vieron durante toda la semana cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaraba ante la Audiencia Nacional, cómo Begoña Gómez comparecía en una audiencia previa ante el juez Juan Carlos Peinado y cómo la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se enfrentaba al interrogatorio parlamentario en el Senado por sus reuniones con la exmilitante Leire Díez.

Moncloa y Ferraz mantienen su apoyo a Zapatero, que salió de la Audiencia sin medidas cautelares, pero al que el juez mantiene su imputación, además de ampliar la investigación a sus hijas y a su secretaria. Desde el círculo de Sánchez confían en que siga el expresidente aclarando todas las cuestiones y consiga demostrar su inocencia ante el supuesto tráfico de influencias por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Y, además, creen que se ha visualizado que el caso de Gómez no tiene sustancia y se basa en una instrucción malintencionada del juez Peinado. Sobre la directora de la Guardia Civil, en el entorno de Sánchez consideran que “salió viva” y que fue contundente en su cita en el Senado, donde despejó cualquier sombra respecto a una supuesta injerencia en las investigaciones judiciales.

Sobre la situación, señalan en el círculo íntimo del presidente: “La semana arrancó con mucha pesadumbre. No le quitamos dureza. Pero hemos ido explicando todo. Y hemos escuchado a Rodríguez Zapatero. La hemos superado”.

Y, a pesar del “ruido”, en la sala de máquinas del PSOE dicen que “la militancia está muy enchufada” y pide que el Gobierno siga actuando. En el Ejecutivo admiten que es muy difícil en el actual entorno mediático que se ponga el foco en las medidas que están saliendo adelante. Pero indican que el electorado progresista valora que se vaya a aprobar el día 29 un nuevo escudo social, que ya está negociando el vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo, con los sectores implicados.

Los socialistas insisten, frente a la imagen de parálisis que venden las derechas, en que se están dando pasos de gran calado, como la aprobación en la Comisión de Igualdad del Congreso de la proposición de ley para penar con cárcel las llamadas “terapias de conversión” del colectivo LGTBI. Y que también se nota esa acción del Ejecutivo en el día a día con medidas como el Verano Joven, el programa de grandes descuentos para traslados en trenes y autobuses.

Pero esta semana se ha producido un movimiento de Sánchez de enorme trascendencia. Por primera vez, ha abierto la puerta a que las elecciones puedan adelantarse en el caso de que no se logre una mayoría para aprobar los presupuestos generales para el año que viene. El primer paso para esas cuentas públicas se dará el martes que viene con la actualización del cuadro macroeconómico, que presentará Cuerpo como base para ese proyecto de ley. 

A partir de ese momento echarán a andar los trabajos para los presupuestos generales, aunque nadie prevé que vayan al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano. Los cálculos que hacen en círculos socialistas es que el debate de enmiendas a la totalidad, el primer gran test de las cuentas en el Congreso, no se produciría al menos hasta finales de octubre o noviembre.

En caso de que el botón rojo se impusiera en la Cámara Baja, se abriría la pantalla de poder adelantar elecciones. Este escenario no es nuevo para Sánchez, ya que fue el mismo que vivió en 2019 y que le llevó a llamar a las urnas en abril de ese mismo año. Pero la mayoría de fuentes del Gobierno y del PSOE consultadas entienden que esas elecciones serían ya en 2027, lo que supondría adelantarlas casi de manera técnica.

No obstante, hay un factor esencial: las generales podrían producirse antes que las municipales, una opción que es bien vista por amplias capas de barones regionales y alcaldes. Lo que no está encima de la mesa, como ya ha confesado el propio Sánchez en alguna ocasión, es un superdomingo electoral, algo a lo que teme mucho, por ejemplo, el PNV.

“Presentaremos los presupuestos en 2026. Y habrá elecciones en 2027. No serán junto a las municipales. No puedo decir más. La realidad es muy dinámica”, aseveró Sánchez este viernes en Bruselas.

Voces socialistas también interpretan la declaración de Sánchez abriéndose al adelanto electoral si no hay presupuestos, como un gesto a algunos socios, como el PNV. Y también como una señal ante las presiones parlamentarias que persigue Junts, junto al PP, de tratar de que se vote algún texto simbólico parlamentario que exija que se pongan las urnas antes de 2027.

Pero sus colaboradores más cercanos recalcan que Sánchez está fuerte: “Está convencido de lo que está haciendo. No se trata de estar agazapado en una silla en la Moncloa. Está convencido de lo que tiene que hacer frente al avance ultra. Si Sánchez claudica, ¿qué va a quedar en Europa?”.

Sánchez está convencido de seguir, pero también engrasa ya de lleno la maquinaria electoral. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se reunió este miércoles con sus homólogos territoriales para fijar las primarias para la elección de cabezas de lista para municipios de más de 20.000 habitantes y para las comunidades autónomas.

Y se ha elaborado un sistema voluntario de tres ventanas: julio, septiembre y noviembre. Lo elegirá cada agrupación y federación. Esa flexibilidad fue una petición de los diferentes territorios para que quedara constancia en la reunión del Comité Federal del próximo sábado.

De esta manera, como indican fuentes del partido, el PSOE “entra de lleno en modo electoral”: “Ponemos toda la maquinaria en marcha para afrontar las elecciones de 2027. Se da el pistoletazo de salida al próximo ciclo electoral, que sin duda nos llevará a gobernar en muchos más municipios y comunidades, y a revalidar el Gobierno de España”.

Los socialistas miran a estas autonómicas como una oportunidad para recuperar terreno perdido, con batallas tan cruciales como la de Madrid, donde la izquierda echará el resto con dos ministros, Óscar López (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), y con la líder de Podemos, Ione Belarra, frente a una Isabel Díaz Ayuso, que ahora se ve más acorralada por el caso de su pareja.

Una cita en 2027 en la que el PSOE mira con fuerza también a la Comunidad Valenciana, la tercera más poblada y donde los socialistas esperan poder, junto a Compromís, vencer a las derechas después de la tragedia de la dana. Y hay mucha esperanza puesta en recuperar Canarias gracias a la figura del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La partitura la escribió Gounod, pero la hizo famosa un personaje de tebeo. "Me río al verme tan bella en este espejo", repiqueteaba —en la caligrafía electrizada del bocadillo— Bianca Castafiore, la más célebre intérprete del Aria de las joyas. Imagino que Hergé se lo endosaría por el divismo, pero, metidos en estas lides de rubíes y tasaciones que afligen a la socialdemocracia, nos viene que ni pintado que Sonsoles Espinosa sea soprano y que el aria del brilli brilli forme parte de una ópera protagonizada por Mefistófeles.

Declaró Zapatero manteniéndose en sus trece. Las novedades siguen trayéndolas portavoces oficiosos. De los 30.000 —estimación en tercera persona— al millón y pico (la gemología, ¡profesión en boga!), de la herencia familiar a la generosidad del tal Abdalá, Custodio de las Dos Mezquitas. "Fuentes del entorno", el comodín del público. Si alguno me lee, le ofrezco una excusa: es que José Luis era rapero.

"Les pido confianza. No les decepcionaré", rogó el expresidente al salir de la Audiencia. "La verdad se abrirá paso. […] Ya lo verán". Se habrá ido el papa, pero prosiguen las llamadas a la virtud: fe, esperanza, ¡caridad! Ayudaría, qué se yo, que alguien del Gobierno nos explicase por qué se rescató Plus Ultra o alguna minucia similar. O que los afectos al pe so e dejasen de martillearnos —como si eso exculpase a alguien— con el caballo que le regaló Gadafi Aznar o el Jaguar que se materializó (abracadabra, ¡simsalabim!) en el garaje de Ana Mato.

"Como teníamos confianza, no hizo falta firmar contratos", aclaró Zetapé a su señoría. "En principio, eso no es normal", masculla el juez. "Obviamente, en mi opinión; y en la de la Agencia Tributaria". Informes orales, reuniones etéreas y otras lindezas de la asesoría holística que no necesitan materializarse (¡qué vulgaridad!) para ser facturadas. La declaración, filtrada en mp3 a mayor gloria —supongo— del interés informativo, circuló la misma tarde de autos. Con todo, Sánchez ha decidido redoblar su adhesión. "La España de 2007 no es la de 2026". Ah… los 2000: moda horrenda, flamenquito flácido, años en los que nadie te miraba raro si pagabas un café con esmeraldas. Pero, ¡un momento! ¿No habían sido los logros del zapaterismo (aquel fulano contra el que hicimos, recuerden, recuerden, el 15M) el Código de Buenas Prácticas y haber escogido ministros que no acabasen en el trullo?

No solo los joyones inquietan a Hacienda. Los funcionarios del Sacro Fisco acaban de rematar los votos matrimoniales entre la señora Ayuso y don González Amador. La dote la pone el centauro Quirón: cuatro millones y medio, qué espléndido. En el lazo, una preciosa dedicatoria: la empresa del susodicho "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios".

El primero en celebrarlo ha sido Miguel Ángel Rodríguez, quien, después de apurar la copa y estrellarla al grito de "mazel tov", pidió el recado de escribir para mandar un telegrama: Hay que dinamitar la Agencia Tributaria. ¡Hacienda delenda est! Luego, la salmodia de costumbre: que si esto es una cortina de humo para distraernos de las inmundicias del partido rival y que ladran, luego cabalgamos.

Desgraciadamente, la misma retahíla resuena en ambos lados del auditorio. Los unos, que si las Leires, los Cerdanes y los Koldos son pecadillos menores, gente de la que usted me habla, inventadas y conspiraciones para empañar las gloriosas gestas de Gobierno más progresista de la historia. Los otros, que qué manía con mentarle los amigotes embarcados a Feijóo y la parentela a Ayuso teniendo Sánchez a media familia procesada. Como si todos nos hubiésemos convencido de que basta con ser un pelín menos miserables que el adversario.

PS: El juez Peinado ha sumado dos cargos más al caso Begoña Gómez, porque se ve que la doña se descargó la Encarta del eMule, y eso no puede quedar impune. 

Era esta la semana del duelo Calama-Zapatero, una cita judicial de la que estaban pendientes el Gobierno, el PSOE y más allá, la izquierda y, probablemente, cualquier ciudadano o ciudadana decente, aún noqueados todos ante la posibilidad de que el presidente más íntegro de la historia democrática termine siendo un fraude. Afilados los cuchillos de las derechas, ansiosas por asestar la puntilla a Zapatero y a Pedro Sánchez, sus dos monstruos desde 2018, sobre quienes han depositado inquinas, odios y acusaciones sin cuento, como lo hicieron con Pablo Iglesias y con algunos otros nombres de la izquierda y del independentismo, quizás para instalar una idea que las capas más conservadoras de este país vienen aventando desde principios del siglo anterior y que se resume en una simple declaración de principios: “Este país es nuestro”. ¿A quién se le ocurre pensar que una panda de rojos, nada menos que apoyados por nacionalistas vascos y catalanes, puede gobernar España? La ‘prioridad nacional’ de esas capas es muy anterior a Abascales y trumpismos: el Estado es su cortijo.

Pues bien, ese duelo en la Audiencia Nacional digamos que –al menos de momento– ha quedado en tablas. A juzgar por los audios y filtraciones que hemos conocido (ver aquí), esa cita prevista para dos jornadas y resuelta en tres horas sirvió a Zapatero para proclamar ante el juez su inocencia: “No tuve absolutamente nada que ver con Plus Ultra y su rescate ni hablé con nadie para influir”. “No tengo la menor idea de ninguna sociedad off-shore, ni en Dubái ni en ninguna parte”. Para hacernos una idea de la tensión entre Calama y Zapatero, conviene escuchar al juez espetar, por ejemplo: “Acostúmbrese a que cuando yo hablo, usted guarda silencio”, o preguntarle si durante los meses anteriores al rescate de Plus Ultra se reunió en alguna ocasión con Pedro Sánchez. Para demostrar tráfico de influencias tiene que haber un alto cargo “influido”, y ya que no termina de aparecer ningún responsable de la SEPI al que conectar con Zapatero, el juez dispara mucho más arriba. 

Es obvio que el juez y la Fiscalía Anticorrupción (ni menciono las acusaciones particulares de PP, Vox y la tropa habitual de asociaciones de extrema derecha que ya pedían prisión para el expresidente sin escucharlo siquiera) consideran que Zapatero miente. Que fue clave en el rescate de la aerolínea venezolana y que luego cobró sus gestiones de modo indirecto a través de la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. En este punto conviene recordar que en el duelo del pasado miércoles, como en los que queden por venir, no es Zapatero quien tiene que demostrar su inocencia, sino el juez instructor quien debe aportar las pruebas que respalden las gravísimas imputaciones que ya aparecían en el auto de imputación contra él. Insisto en que la cita más temida por el Gobierno y la izquierda y ansiada por las derechas quedó en tablas porque no hubo ningún avance probatorio ni respecto al tráfico de influencias ni sobre el blanqueo de capitales ni sobre las “dichosas joyas” (el juez dixit), de las que Zapatero se negó a hablar mientras no pueda aportar detalles sobre su origen, fecha de los regalos recibidos, etc. Es obvio que el expresidente busca elementos que demuestren que no tuvo intención de cometer irregularidad alguna y que, si la hubiere en el plano fiscal, habría prescrito. Descartaría en lo judicial los delitos de fraude a Hacienda y de “contrabando de joyas” (absolutamente inverosímil). Pero también es obvio que la inmoralidad de recibir obsequios de dictaduras árabes no caduca aunque no haya delito o esté prescrito, por mucho que otros expresidentes y decenas de altos cargos disfrutaran esos mismos excesos.

El daño político del caso Plus Ultra está ya hecho, puesto que el proceso judicial contra Zapatero será largo (“acostúmbrese…”); habrá más citas, informes, filtraciones suficientes para anular cualquier posibilidad de que, antes de las próximas elecciones generales (ya sean el próximo verano o en el primer trimestre de 2027, como parece apuntar el calendario impuesto por el PNV si una vez más fracasan los Presupuestos) pueda demostrarse que esta causa nace contaminada en EEUU y aparece inflada en las 85 páginas de imputación plagadas de lagunas y deducciones sin indicios sólidos (ver aquí), más allá de las dudas éticas en relación con la empresa de las hijas o las joyas de su esposa. 

Pero sería un error (y una injusticia) contemplar lo que está ocurriendo con Zapatero sin observar el contexto. La celeridad impuesta a esta investigación desde marzo (cuando llegan los mensajes incautados por una agencia norteamericana ligada al ICE de Trump) sucede mientras el hermano de Sánchez se enfrenta a ¡seis años de cárcel! por un presunto enchufe no demostrado (ver aquí); mientras la mujer de Sánchez se ve encaminaba a un juicio oral extravagante y unas peticiones de ¡24 años de prisión! (ver aquí); mientras de un momento a otro se conocerá la sentencia del caso Mascarillas que afecta a Ábalos, a Koldo y al corruptor Aldama (ver aquí)… y con la losa previa de saber que todo un fiscal general fue expulsado del cargo por una condena sin la menor prueba e incluso con testimonios que aseveraban la falsedad de la acusación. El ponente Marchena pasará a la historia como autor de creaciones inimaginables como la interpretación de una malversación sin beneficio para el condenado o ese disparate y oxímoron de que “tuvo que ser él o alguien de su entorno” que terminó con la fiscalía general de García Ortiz.

Y el contexto se completa este jueves con el conocimiento de informes de Hacienda sobre Alberto González Amador, el novio de Ayuso que, con la inestimable ayuda del instructor Hurtado y de la mano derecha de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), fue acusación principal en el caso del fiscal general. Hoy sabemos que este Perla cobró del Grupo Quirón entre 2021 y 2023 (ya en plena relación con Ayuso) un total de 4.436.495 euros. Es decir que ha salido a más de millón y medio al año por sus ‘trabajos’ (es un decir) como consultor del emporio sanitario más beneficiado (con diferencia) por los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, y muy especialmente tras la pandemia. Muy lentamente en comparación con las instrucciones citadas más arriba (al estilo casi de la trama Kitchen, que sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso) quizás vayamos conociendo la magnitud de esa forma de extracción de los recursos públicos que practican quienes se dedican a facilitar negocios privados con el desmantelamiento paulatino de lo público, en la sanidad, en la educación o en lo que se tercie. El Perla ha ingresado desde que vive con Ayuso en su lujoso ático cuatro veces más que lo que ganaba antes de la pandemia.

No sería excusa, pero convendremos en que, si Zapatero se hubiera dedicado últimamente a lo que no debía, lo hizo muy torpemente en comparación con el Perla González Amador, puesto que el expresidente no cobró ni ocultó al fisco (que sepamos) millón y medio al año, sino que ganó anualmente unos 70.000 euros que declaró como ingresos sujetos a su correspondiente IRPF, según el propio sumario. A cada cual lo suyo. Las dobles varas de medir y las distintas formas de gestionar presuntos casos de corrupción no pueden ocultarse incluyéndolas en la desgastada técnica del ventilador. Es obvio que la causa que afecta al Perla lleva un ritmo de tortuga y que su pareja, la presidenta Ayuso, hace tiempo que debería haber dimitido por el uso espurio que ella y su jefe de gabinete han hecho de la institución que gestionan, todo en defensa de un individuo que, como mínimo, y se ponga como se ponga, ya admitió en su día –lo confirmó su abogado ante el Supremo– un doble delito fiscal. Lo demás corresponde a la fábrica de bulos de MAR y de la propia Ayuso.

Todo lo cual no es consuelo para una izquierda desalentada por múltiples factores y a la espera de algún revulsivo que devuelva la esperanza suficiente para afrontar una cita con las urnas que no se convierta en un paseo prepotente para el dúo de extrema derecha que ya forman con absoluto desparpajo Feijóo y Abascal o viceversa. Hará falta algo más que unos Presupuestos hilvanados como base de programa electoral, por mucho que reflejen la realidad de una economía en muy buen estado y un empleo más sólido y digno que nunca. Ya están tardando las izquierdas en afrontar la necesidad de ese revulsivo pendiente, que debe estar muy por encima de divisiones sectarias o personalistas, para abordar con credibilidad lo que de verdad importa: la vivienda, la precariedad, la desigualdad, los efectos nocivos de la IA, la calidad y sostenibilidad del Estado del bienestar o la defensa valiente de la realidad plurinacional.

O se hacen esos deberes con urgencia o los Perlas se nos van a multiplicar.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero empezó su declaración en la Audiencia Nacional negando haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario", apuntó.

Así se desprende de los audios de la declaración del expresidente que tuvo lugar el pasado miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a los que ha tenido acceso EFE este jueves.

"Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió", sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero declaró ante el magistrado por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

En las más de dos horas de interrogatorio, Zapatero explicó que es amigo de Julio Martínez desde el año 2011 y que comparten la afición de salir a correr, pero que no tuvo ninguna relación profesional con él hasta 2020, cuando creó la consultora Análisis Relevante.

Es entonces cuando Martínez le preguntó si estaba dispuesto a ejercer de consultor, como hizo anteriormente con otras consultoras: "Yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional", aclara.

Calama expone ante Zapatero que la tesis que maneja la investigación es que Análisis Relevante se utilizó para derivar "comisiones de tráfico de influencias en las que usted puede haber intervenido".

Tras lo que Zapatero replicó que desarrolló "un trabajo intenso" para Análisis Relevante, antes de volver a negar que hablase "con ninguna autoridad pública, con ningún funcionario ni con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

"Creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo", argumentó ante el juez.

Asimismo, admitió que pidió al Santander que atendieran a responsables de la compañía aérea, pero no que intercediera para buscar financiación.

Su abogado le preguntó concretamente si "de algún modo orientó" la petición o solicitud al Santander o a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del banco, "para que le diese financiación a Plus Ultra", a lo que Zapatero contestó tajantemente: "No, en absoluto".

"Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó el expresidente, que al ser preguntado de nuevo por su abogado si fue "¿Solo para atender?", subrayó: "Sí, exactamente".

Rodríguez Zapatero también negó que le contactara directivo o personal alguno de Plus Ultra para solicitar su ayuda respecto del Fondo de Ayuda a Empresas aprobado en julio de 2020 y haber hablado con ningún responsable de Indra para que Plus Ultra presentara la solicitud a la SEPI.

"Ni ante la SEPI, ni ante ningún empleado público, ni ante ningún miembro del Gobierno, ni ante absolutamente nadie, no hablé con nadie, con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero.

El juez también preguntó acerca del interés de dos empresarios, los hermanos Amaro Chacón, en que el expresidente interviniera con la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para que una empresa china accediera a petróleo venezolano, algo que el exlíder socialista dijo no recordar, a pesar de que la compañía china mandó una carta a su oficina a la que, sostuvo, no dieron respuesta.

"No me acordaba de nada, yo obviamente con esa carta no hice absolutamente nada, me mandan cartas de todo tipo, y yo no he tenido absolutamente nada que ver con ningún tema de petróleo, ni de gestión, ni de nada, nunca, en mi vida", recalcó Zapatero.

También dijo no recordar si había asistido a una comida organizada por su secretaria, Gertrudis Álcazar, que la investigación relaciona con instrucciones para crear una sociedad 'offshore' en Dubái, una acusación que negó tajante: "Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore', se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad 'offshore' y es que ni sé lo que es".

Zapatero sostuvo además que él no usa correos electrónicos porque todo lo hace su secretaria, de quien dijo, además, que siempre ha actuado conforme a sus "indicaciones".

La declaración del miércoles versó únicamente sobre Plus Ultra, ya que el expresidente se negó a dar explicaciones sobre las "dichosas joyas", como se refirió a ellas el juez, por el recurso que había interpuesto.

Aun así, al término del interrogatorio, el abogado del expresidente trasladó al juez que estaba en disposición de poder declarar sobre este asunto en un plazo de una semana o diez días "como máximo".

En otro momento del interrogatorio, Calama preguntó a Zapatero si había comido con el entonces ministro José Luis Escrivá o con algún alto cargo del Ministerio de Hacienda para hablar del rescate de Plus Ultra.

Con Escrivá, Zapatero admite que tomó "un café" para conocerse, en el que hablaron "de la economía" y que "en ningún momento, absolutamente, salió el tema de Plus Ultra".

En su declaración, Zapatero dijo no recordar las reuniones que tuvo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esas fechas.

En un momento del interrogatorio, el juez dice al expresidente "acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio", por lo que, al acabar su declaración, Zapatero se disculpó: "Espero no haber estado en ningún momento en un tono no conveniente".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto fin este miércoles a casi un mes de silencio con un escueto comunicado. El texto, hecho público tras su paso por la Audiencia Nacional, apenas ofrece detalles sobre su comparecencia como investigado en el llamado caso Plus Ultra. Más bien, es un alegato en defensa de su inocencia. A lo largo de cuatro párrafos, el exlíder de los socialistas pide "confianza" a quienes un día creyeron en él. Y también paciencia. Porque ahora tiene "por delante" la "tarea" de demostrar que no cometió los delitos que se le atribuyen. "Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", sostiene el exlíder del Ejecutivo.

La declaración de Zapatero ante el magistrado José Luis Calama, que por el momento le imputa formalmente cuatro delitos –tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contrabando–, no es, ni mucho menos, un punto final. Aún queda mucho camino por recorrer. Una vez cruzado este primer puente, lo previsible es que el instructor empiece a citar al resto de investigados en la causa. De los cuatro detenidos el pasado diciembre, solo Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del exlíder del Ejecutivo y dueño de Análisis Relevante –empresa de la que cobraba Zapatero–, declaró cuando pasó a disposición judicial, aunque solo respondiendo a las preguntas de su abogado. El resto –los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli y el abogado de la aerolínea– prefirieron guardar silencio.

Tampoco es descartable que el expresidente vuelva a acudir a la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre las joyas incautadas durante el registro de su oficina, unas piezas a las que la tasación pericial dio un valor de 1,3 millones de euros y que han provocado la apertura de una pieza separada por fraude fiscal y contrabando. La defensa de Zapatero, que ejerce el procesalista Víctor Moreno Catena, solicitó aplazar el interrogatorio por este asunto para poder recabar la documentación necesaria. Calama se negó. Y el expresidente ha preferido, por tanto, no pronunciarse sobre las mismas en su declaración como investigado. Una vez reúna los papeles que le permitan acreditar su origen, el exlíder socialista puede solicitar una declaración voluntaria para dar explicaciones precisas sobre las mismas.

Por otro lado, aún está por analizar toda la documentación incautada tanto en el registro del despacho del expresidente del Gobierno como en la empresa de sus hijas –la agencia WhaTheFav–, que habría recibido en seis años 239.755 euros de Análisis Relevante, además de 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una sociedad, según los investigadores, con "escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por otras empresas y servicios exteriores". Dentro de este material, resulta de especial relevancia el móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, cuyo contenido volcaron los investigadores. O la copia que se hizo tanto de su ordenador como de los correos electrónicos.

Del mismo modo, aún queda pendiente todo lo relativo al teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, quien fuera accionista mayoritario de Plus Ultra. El contenido de dicho dispositivo, volcado en 2021 por el Homeland Security Investigations y remitido por la agencia estadounidense a la Policía española el pasado 18 de marzo, es uno de los indicios clave en la causa. "Nuestro pana Zapatero detrás", "Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana", "Los de gowair saben lo que hacemos incluso que zapa es nuestro contacto", "No sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI" o "Lo que quiero, es que hablé con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad" son alguno de los mensajes extraídos del mismo.

La defensa del expresidente aspira a sacar el contenido de ese móvil del procedimiento. Y para ello ha solicitado al instructor que en la comisión rogatoria que pretende cursar a Estados Unidos para solicitar que los mensajes puedan usarse como prueba se solicite a las autoridades de aquel país detalles clave sobre cómo se llevó a cabo la extracción y cómo se custodió a lo largo de estos cinco años. La defensa pretende conocer, entre otras cosas, la "concreta resolución judicial", "orden" o "autorización administrativa" que amparó la incautación y clonado del dispositivo, así como el procedimiento o investigación que existiera entonces en Estados Unidos contra Reyes Rojas y que motivara el mismo.

Está por ver, del mismo modo, si Calama cursa también una comisión rogatoria a Emiratos Árabes Unidos para pedir información sobre Landside Middle East FZCO, una sociedad que estaría controlada al 100% por Idella Consulenza Strategica, la compañía de Julio Martínez Martínez que tenía un contrato con Plus Ultra para cobrar una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros que se concedió a la aerolínea. Hasta ahora, lo único que tiene el instructor es un intercambio de correos relativo a la puesta en marcha –supuestamente por orden de Zapatero– de la filial dubaití, por lo que lo más lógico sería que el instructor solicitara a Emiratos Árabes las cuentas y movimientos bancarios de la misma.

La angustia política, acelerada y bajo toda presión, es ya una seña de identidad de los cierres prevacacionales. La sensación de un posible colapso ya se vivió antes de Navidad y tras conocerse el informe sobre Santos Cerdán el pasado julio. Ahora, el Gobierno está en ese revival, en una cuenta atrás marcada por una pregunta recurrente: ¿aguantará el verano? La diferencia respecto al julio pasado está en la cascada de casos que se han ido materializando y en la creciente dificultad de los socios para justificar determinados comportamientos. Todo sumado al propio fin de ciclo, con unas elecciones que, aun respetando la fecha natural de la legislatura, serían en un año. Y la que se mantiene idéntica es la negativa de los socios a pulsar el botón nuclear que facilite un dominio absoluto de PP-Vox y arrase en lo político con todos los demás.  

El viacrucis del Gobierno pasa por que hayan confluido todos los frentes en una misma semana. Los tres golpes que sacuden al presidente —ya sin cortafuegos políticos eficaces— son la primera sentencia a José Luis Ábalos, agravada por lo obsceno de los audios sobre el uso de mujeres; el caso Plus Ultra por la neutralización de la capacidad del expresidente para ejercer como activo político y referente moral; y el escándalo de Leire Díez, con la amenaza de que no pueda encapsularse en el entorno de Santos Cerdán. 

La izquierda sigue digiriendo el réquiem del Zapatero político mientras emerge el Zapatero imputado, dedicado íntegramente a su defensa penal. Como reconoce en su último comunicado tras declarar por primera vez ante el juez, su mayor preocupación es “devolver la confianza a quien ahora duda”. Y es lógico, por lo que tiene de líder moral de un espacio político, ajeno además a las contingencias de estar en el Gobierno. Pero el regreso del político tendrá que esperar. Su promesa de demostrar que es inocente evoca inevitablemente aquel “No os fallaré” de 2004. Por delante queda un largo y complejo recorrido judicial para el expresidente. El regalo de las joyas tiene un daño reputacional de difícil reparación que sigue sin explicar de forma convincente. Tiene derecho a dar explicaciones cuando lo considere, pero, en términos públicos y políticos, el silencio es difícil de sostener. La incapacidad para ofrecer una versión clara de los hechos alimenta la sospecha de que la explicación sea más comprometedora que el propio regalo.

Más allá de la ética y la estética, la empresa de sus hijas recibió transferencias por unos 700.000 euros. El alcance del resto de acusaciones dependerá en gran medida de cómo evolucionen las declaraciones de los testigos y las nuevas diligencias. Por ahora, ni en el caso Plus Ultra ni en la consultora venezolana Inteligencia Prospectiva hay implicaciones directas de interceder ante funcionarios públicos o de una actuación encaminada a influir en sus decisiones. El juez no se ha creído las versiones de Zapatero y mantiene los indicios. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Que el expresidente tiene por delante el difícil reto de demostrar la inocencia que defiende. 

En lo político, para Pedro Sánchez el efecto acumulación alimenta la sensación de desgaste y refuerza la percepción de que la crisis se ha convertido en un desafío estructural para el Ejecutivo. Tanto, que los socios nacionalistas quieren jugar. Eso sí, presión sin ruptura. La premisa es amagar sin dar. Ni Sánchez convocará una cuestión de confianza, el único con esta prerrogativa, ni habrá moción de censura. Junts y el PNV le están dando una vía política para manejar un calendario de convocatoria alejado de lo judicial y acotado al Ejecutivo. Los presupuestos, por el propio recorrido que tienen, son un margen para llegar al otoño. Los de Puigdemont escenifican alejarse de un “PSOE tóxico”, como dicen en off, pero lejos de querer acordar nada con el PP. Y esto nos devuelve a Gabriel Rufián y su brillante capacidad de síntesis. “Las elecciones se van a celebrar”, ha dicho Pedro Sánchez. Y el de ERC apostilla: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El Partido Popular ha activado toda su maquinaria tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. Lejos de conceder el beneficio de la duda o esperar al recorrido de la instrucción, el principal partido de la oposición ha fijado una posición de máximos. Para Génova, el expresidente socialista ha salido del juzgado "exactamente igual que entró", arrastrando siete presuntos delitos graves, entre ellos organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.

Fuentes de la dirección nacional del PP no han tardado en salir en tromba para tratar de contrarrestar el relato del entorno del exlíder socialista. La consigna de Génova es que la imputación sigue intacta y que la comparecencia ante el juez José Luis Calama no ha servido para despejar las sospechas que pesan sobre él. “No ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba”, apuntan.

Según recalcan los conservadores, la declaración de Zapatero sigue sin justificar "a día de hoy" el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su oficina. “Ya está tardando el PSOE en retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia”, zanjan.