El salvavidas electoral de Meloni que Feijóo quiere implantar en España para multiplicar sus diputados

Es pura matemática aplicada a la democracia. El Parlamento italiano discute estos días una reforma electoral que sustituye el sistema mixto vigente por uno proporcional con una prima de escaños para la coalición ganadora. En España, Alberto Núñez Feijóo ha defendido públicamente un mecanismo casi idéntico. Lo llama “plus de diputados” y lo atribuye, de forma explícita, a los modelos de Italia y Grecia.

El paralelismo no es casual. Ni la coalición de Giorgia Meloni ni el PP tienen garantizada hoy una mayoría absoluta. Los dos buscan una nueva ley electoral que les permita sortear las dificultades que tienen a la hora de ampliar su perímetro de alianzas.

El proyecto de Meloni pretende cambiar la ley vigente en Italia desde 2017, que reparte un tercio de los escaños por mayoría simple en distritos uninominales y el resto de forma proporcional. Si sale adelante, la nueva norma eliminará esos distritos y convertirá todo el reparto en proporcional, pero añadiendo una prima de mayoría.

El mecanismo central funcionaría así: si una coalición superase el 42% de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, recibiría por arte de magia 70 diputados adicionales —sobre un total de 400— y otros 35 senadores —sobre un total de 200—. El resultado sería un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras sin necesidad de sumar más votos populares. Pura magia.

Una reforma con fecha de caducidad electoral

La urgencia de Meloni no es abstracta. El pasado 23 de marzo, la primera ministra italiana perdió un referéndum sobre la reforma judicial por el que había apostado fuerte, con un 53,2% de votos en contra. Poco después, el general Roberto Vannacci —con un perfil marcadamente contrario a la inmigración, el feminismo y los derechos LGTBIQ+—, fundó Futuro Nazionale, un partido a la derecha de la propia coalición de Gobierno que defiende la “remigración”, el término con el que la ultraderecha designa las expulsiones masivas de inmigrantes.

Futuro Nazionale sube en las encuestas y le disputa el espacio a la Lega de Matteo Salvini. Al mismo tiempo, el bloque de oposición conocido como campo largo, que agrupa al Partido Demócrata, el Movimiento Cinco Estrellas y Alianza Verde y de Izquierda, aparece por delante de la coalición de Meloni en varios sondeos. Esa es la coyuntura que ha acelerado la tramitación de la reforma electoral.

Lo que plantea Meloni es atípico en Europa. Se inspira en lógicas mayoritarias conocidas en Grecia, donde durante años existió una prima de hasta 50 diputados para el partido ganador, aunque el país ha oscilado entre modelos con y sin ese bono tras varias reformas. 

Fuera de Italia y Grecia, la fabricación de mayorías se consigue con sistemas mayoritarios puros, no con primas añadidas. Reino Unido y Francia usan la mayoría simple o la doble vuelta, que sobrerrepresentan a los partidos grandes sin necesidad de un bono explícito. El que recibe más votos en una circunscripción, se lo lleva todo. 

En las democracias proporcionalistas consolidadas, España, Portugal, Países Bajos, Alemania o los países nórdicos, no existe nada equiparable. Hay umbrales y distintos grados de desproporcionalidad ligados al tamaño de las circunscripciones o a la fórmula de reparto, pero ningún país diseña un bono de escaños explícito para blindar la mayoría de la coalición ganadora. 

Los defensores de la reforma, como el senador de Fratelli d'Italia Lucio Malan, se apoyan en que Italia ha tenido más de 70 gobiernos en 80 años y sostienen que una prima de mayoría ofrece estabilidad frente a parlamentos fragmentados. Los críticos responden que la reforma coincide con el momento en que las encuestas ya no garantizan el dominio del bloque de derechas, lo que alimenta la percepción de una ley diseñada para prolongar esa hegemonía con menos votos.

El mismo plus, pero en España

Feijóo ha presentado recientemente su versión de ese mecanismo. El líder del PP propone un “plus de diputados” para la fuerza más votada en el conjunto de España, citando de forma explícita los modelos de Italia y Grecia. Lo ha enmarcado en un paquete más amplio que incluye un “código de regulación institucional” y normas para impedir que un presidente del Gobierno se mantenga en el poder sin presupuestos o sin mayoría parlamentaria suficiente.

La justificación de Feijóo, aunque ya en 2023 defendió el supuesto derecho a gobernar del partido más votado —una fórmula incompatible con la Constitución—, se basa en un supuesto diagnóstico de emergencia. Habla de una “crisis institucional sin precedentes” y de una “urgencia democrática, ética y moral” que, según él, es el resultado de la fragmentación política en España.

Pero el anuncio llega en un contexto similar al italiano. El PP está lejos de poder conseguir una mayoría absoluta solo con sus votos, y una prima de escaños le serviría para multiplicar de la nada su representación y depender menos de Vox.

 El voto que vale más y el voto que vale menos

Lo cierto es que la prima de mayoría distorsiona la proporcionalidad. Convierte una minoría relativa de votos en una mayoría absoluta de escaños, y refuerza el control de las direcciones de partido sobre sus candidatos frente al elector. El voto de quien apoya a la coalición beneficiada pesa más, en términos de escaños, que el voto de quien respalda a una fuerza pequeña.

En realidad, la ley electoral española, la LOREG, arrastra una distorsión distinta y ya identificada desde hace 40 años. No depende tanto de la fórmula D'Hondt como de la decisión de fijar dos escaños mínimos por provincia, con independencia de su población. Ese suelo desplaza 64 de los 350 escaños del Congreso fuera del reparto proporcional a la población.

El resultado sobrerrepresenta a las provincias del interior con menos habitantes y subrepresenta a las más pobladas. Castilla y León debería tener 17 diputados por su peso demográfico y tiene 31. Madrid debería tener 50 y tiene 37. Navarra es la única comunidad con la representación exacta que le corresponde.

El origen de esos dos escaños fijos está en el Real Decreto-ley 20/1977, la norma preconstitucional que reguló las primeras elecciones democráticas. Como explicaba el analista electoral ya fallecido Jaime Miquel, el objetivo entonces era evitar una victoria de la izquierda que sirviera de excusa a una intervención militar. La Constitución de 1978 solo exige una “representación mínima inicial” por provincia, sin fijar el número en dos. Fue la LOREG de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González con la mayoría absoluta más amplia de la democracia española, la que estableció ese suelo.

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Corregirlo no exige reformar la Constitución. Bastaría con cambiar “dos” por “uno” en la LOREG, algo que solo requiere 176 votos en el Congreso, los mismos que dan la investidura. El efecto que ese cambio hubiese tenido sobre los resultados del 23 de julio de 2023, las últimas elecciones generales, habla por sí solo: el PP habría perdido seis escaños y el PSOE habría ganado dos; Vox habría cedido uno y Sumar habría sumado cuatro. El bloque de derechas habría bajado de 170 a 163 escaños, y el de izquierdas habría subido de 152 a 158.

El politólogo José Ramón Montero coincide en que atribuir dos escaños fijos por provincia “es muchísimo” y en que la distorsión crece cada año, porque las provincias más pobladas siguen ganando habitantes y las más vacías siguen perdiéndolos. Pero considera casi imposible que la reforma prospere, porque exigiría que las provincias perjudicadas, y los partidos que dependen de ellas, votaran en su contra. Es lo que llama la “aporía” de cualquier sistema electoral, la reforma solo la pueden aprobar quienes saldrían perjudicados por ella.

El PSOE se comprometió en la pasada legislatura a “trabajar para conseguir un amplio consenso” sobre la fórmula electoral, pero el asunto ni siquiera se ha llegado a poner encima de la mesa. Si en las próximas elecciones el PP y Vox lograran una mayoría absoluta, tendrían votos suficientes para aprobar en solitario la prima de escaños que Feijóo quiere promover sin que el resto de partidos pudiesen evitarlo. Otra cosa es que los de Santiago Abascal estén dispuestos a apoyarla.