La ley electoral diseñada a su medida por Giorgia Meloni entra en la recta final en Italia

Oficialmente, queda más de un año para las próximas elecciones legislativas italianas, pero ya están en mente de todos los responsables políticos locales. Y, en particular, de Giorgia Meloni, que no tiene intención de mudarse del Palacio Chigi, residencia de la Presidencia del Consejo. Pero la situación no deja de complicarse para la líder de Fratelli d’Italia (FdI), el principal partido de la actual coalición en el poder.

En primer lugar, está ese referéndum perdido sobre la reforma judicial, el 23 de marzo. Giorgia Meloni quería convertirlo tanto en una demostración de su influencia sobre el electorado como en un medio para controlar mejor políticamente al poder judicial. El fracaso fue total, con un 53,2 % de votos en contra y una participación superior a la prevista. La coalición quedó sonada.

Luego surgió una fuerza a la derecha incluso de la propia coalición gobernante. Liderado por un general reaccionario, Roberto Vannacci, este nuevo partido, Futuro Nazionale (FN), fundado en febrero, critica al Gobierno por ser demasiado débil en materia de inmigración y demasiado blando en cuestiones sociales. Defiende la “remigración”, un término ultraderechista que está de moda en Italia y que no designa otra cosa que las expulsiones masivas.

El problema es que FN no para de subir en las encuestas, pisándole los talones al partido del ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, la Lega. Y este empuje lo cambia todo. La coalición actual, formada por cinco partidos —FdI, la Lega, los berlusconianos de Forza Italia (FI) y dos pequeños partidos de centro-derecha, Noi Moderati y la Unión Democrática del Centro (UDC)—, se encuentra ahora debilitada.

Ya no tiene la certeza de quedar en cabeza en las próximas elecciones. De hecho, las encuestas de opinión parecen indicar que el llamado campo amplio (campo largo), que agrupa a la mayor parte de las formaciones de la oposición, superaría a la alianza de Giorgia Meloni. Todo ello ha llevado a la primera ministra a jugar su última carta y acelerar su reforma electoral.

Alteración del equilibrio de poderes

Este proyecto de reforma es un tema recurrente en el “quinquenio Meloni” y parecía haber quedado trastocado tras la derrota en el referéndum. Pero para Giorgia Meloni se ha convertido en una prioridad, hasta el punto de que la Cámara de Diputados examinará su proyecto esta misma semana. Para comprender el razonamiento, hay que analizar primero la realidad de esta reforma, que ha sido modificada con respecto a su proyecto inicial.

El nuevo sistema electoral pretende eliminar la parte mayoritaria de la actual ley electoral, que combina, como el sistema alemán, una parte proporcional (aproximadamente el 60% de los diputados elegidos) y una parte mayoritaria (aproximadamente el 30% de los diputados elegidos). Solo se mantendrá un sistema de votación por listas, regional para el Senado y nacional para la Cámara de Diputados.

El umbral para obtener un escaño será del 3% de los votos emitidos. Pero la novedad es que la ley ofrecerá una bonificación mayoritaria a la coalición que quede en cabeza, con más del 42% en ambas votaciones (Cámara y Senado). Esta bonificación consistirá en setenta diputados y treinta y cinco senadores, lo que supondrá un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras.

La otra gran novedad de la ley es la obligación de que cada partido proponga un candidato a la presidencia del Consejo. Es una forma para Giorgia Meloni de imponer una de sus ideas fijas, el “primerato”, es decir, la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo. En 2022 y 2023 fracasó un proyecto de reforma constitucional sobre este tema por falta de consenso en la oposición.

Pero, tras salir por la puerta, vuelve a entrar por la ventana como ley electoral ordinaria, en la que no es necesario el acuerdo de la oposición. Ahora bien, este proyecto altera considerablemente el equilibrio de poderes en Italia, donde el presidente de la República es elegido por las dos cámaras y los representantes de las regiones.

A partir de ahora, el presidente de la República no solo no tendrá más remedio que nombrar en el Palacio Chigi al “candidato” presentado por la coalición ganadora, sino que su propia legitimidad se verá mermada frente al presidente del Consejo, quien, por su parte, podrá hacer valer una legitimidad directa.

Porque durante sus primeros cuatro años en el poder, Giorgia Meloni ha tenido que enfrentarse a menudo al actual presidente de la República, Sergio Mattarella, un viejo demócrata-cristiano que se esfuerza por proteger la Constitución y los derechos fundamentales frente a los proyectos de la extrema derecha en el poder.

Refuerzo del bipartidismo para desactivar a la oposición

Esta nueva ley electoral es la respuesta de Giorgia Meloni a su relativo debilitamiento. En primer lugar, a corto plazo, para intentar lograr una victoria electoral. Uno de los objetivos de la presidenta del Consejo es conseguir el apoyo de al menos uno de los dos aliados potenciales de su coalición: los centristas de Azione, liderados por Carlo Calenda, que fueron aliados de Matteo Renzi y ahora se ven tentados a sumarse a la derecha, pero también el partido de Roberto Vannacci. Así reforzada, podría volver a superar al campo largo y mantenerse en el poder.

Para Azione, al igual que para el FN, la prima mayoritaria significa dos cosas. En primer lugar, dado que los escaños se reparten dentro de la coalición, es una oportunidad para conseguir más representantes que si se presentaran en solitario gracias a esta prima mayoritaria. En segundo lugar, al presentarse en solitario, se corre el riesgo de que gane la oposición, que estos dos partidos detestan en parte, ya sea la Alternativa Rojo-Verde (AVS), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) o incluso Matteo Renzi y su partido Italia Viva (IV). En resumen, al reforzar el bipartidismo, la ley electoral obliga a los movimientos autónomos a elegir el bando al que desean ver ganar y a extraer sus consecuencias estratégicas.

La primera ministra también busca provocar la fragmentación del campo largo. Aunque resulte contradictorio con la tendencia que acabamos de describir, a la oposición podría costarle unirse. Es cierto que el M5S, la AVS y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) han llevado a cabo varias campañas regionales conjuntas en 2025 y suelen actuar de forma coordinada en el Parlamento. Pero las cuestiones relativas al candidato al Palacio Chigi y a ciertos aspectos programáticos son delicadas.

Por el momento, aún no se han decidido las condiciones para la designación de este candidato principal. Es probable que se celebren unas primarias, pero aún quedan por definir los pormenores de esta elección, que serán objeto de duras negociaciones. La lucha principal se libra entre Elly Schlein, la líder del PD, y el ex primer ministro Giuseppe Conte, que ha retomado las riendas del M5S. A lo que se suma la posibilidad, a veces mencionada, de una candidatura de centro de la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una exdeportista muy popular.

Una vez aprobada la ley electoral, Giorgia Meloni podrá convocar elecciones anticipadas en el momento que más le convenga, de aquí a septiembre de 2027

El problema es que parece difícil imaginar a unos y otros haciendo campaña juntos, sobre todo porque las diferencias dentro del campo largo son muy importantes a veces. Un incidente ha servido para recordarlo. El 9 de julio, Giuseppe Conte declaró en Nápoles que el actual rearme de Italia y Europa estaba provocado por una “amenaza rusa inventada”. Inmediatamente, el centro y la derecha denunciaron la postura “prorrusa” del líder del M5S, algo que él rebatió recordando su apoyo a Ucrania. Pero su partido no sigue realmente la misma línea que el PD o Matteo Renzi.

En caso de que Elly Schlein dirigiera la campaña, tendría que hacer malabarismos y controlar las fuerzas divergentes. Al imponer una prima mayoritaria y un candidato a primer ministro, Giorgia Meloni obliga al campo largo a encontrar una coherencia que aún está por construir. Es cierto que su bando también tiene sus divergencias, pero su liderazgo no se cuestiona. Por el contrario, será la credibilidad del candidato la que se pondrá constantemente en duda, algo que podría hacer que la oposición perdiera algunos puntos.

Esto explica que Giorgia Meloni acelere el ritmo de su ley electoral. Una vez aprobada, podrá convocar elecciones anticipadas en el momento que más le convenga, de aquí a septiembre de 2027. Ello supondrá una presión adicional sobre la oposición, que debe organizarse y que tendrá constantemente una espada de Damocles sobre su cabeza.

Y si resulta reelegida, la presidenta del Consejo puede aspirar a disponer de un poder reforzado. Uno de sus objetivos es, en particular, colocar a un hombre de su bando en la presidencia de la República, cuya elección está prevista en 2029. A partir de entonces, los contrapoderes se verían reducidos y sería posible emprender nuevas reformas para afianzarse en el poder.

Con razón, en la prensa, la nueva ley electoral —a la que tradicionalmente se le da un nombre latino— ha pasado de llamarse Stabilicum (destinada a la estabilidad del Gobierno) a Melonellum (destinada a la reelección de Giorgia Meloni). Pero aún quedan obstáculos por superar.

La cuestión central de las listas cerradas

Sergio Mattarella ha advertido ya que solo firmará el texto de la ley electoral si lo considera válido desde el punto de vista institucional. Todos recuerdan el episodio del Porcellum, la ley aprobada durante el mandato de Silvio Berlusconi en 2005, que otorgaba la mayoría absoluta a la coalición que quedara en cabeza, independientemente de su resultado. Al amparo de esta ley se celebraron tres elecciones legislativas, en 2006, 2008 y 2013, pero fue declarada inválida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013.

El presidente de la República considera que debe evitar este tipo de excesos. La Consulta, como se denomina al Tribunal Constitucional en italiano, probablemente no tomará su decisión hasta después de las próximas elecciones. Sergio Mattarella pretende asegurarse de que no permitirá que se celebren elecciones en condiciones que posteriormente puedan ser invalidadas. En cuanto a Giorgia Meloni, esto la ha llevado a rebajar sus ambiciones, pero también, sin duda, la ha reafirmado en su idea de decidir la presidencia de la República en 2029.

Uno de los puntos delicados es la cuestión de si las listas deben ser cerradas o no. Meloni, deseosa de que su ley se apruebe rápidamente, ha escuchado a sus juristas, quienes le han advertido: si la lista de candidatos destinados a ser elegidos en el marco de la prima mayoritaria es cerrada, es decir, decidida por las coaliciones, existe un riesgo de inconstitucionalidad, ya que los votantes no habrán elegido explícitamente a sus representantes.

En caso de volver al antiguo sistema electoral, se podría llegar a una situación de ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado

El partido de la jefa del Gobierno, FdI, ha presentado pues una enmienda para permitir el voto de preferencia de los setenta diputados y los treinta y cinco senadores elegidos gracias a la bonificación. Pero Forza Italia y la Lega se oponen a esta disposición porque temen que el electorado opte por reforzar al principal partido de la coalición. Durante todo el fin de semana ha habido intensas negociaciones, pero sin resultados.

Existe una elevada tensión interna en la mayoría en torno a este tema y se rumorea que los aliados de Giorgia Meloni apostarían por el fracaso de la ley. En otras palabras: rechazarían los votos de preferencia a sabiendas, para aprobar una ley inválida que el presidente Mattarella se negaría a firmar. De este modo, se volvería a la ley de 2018, el Rosatellum, que podrían preferir algunos partidos de derecha.

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Sería un riesgo considerable para Giorgia Meloni, pero menor para sus aliados. En caso de volver al antiguo sistema electoral, podríamos encontrarnos en una situación de ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado (en Italia se necesitan ambas). La única solución sería entonces la ruptura de las coaliciones electorales y la formación de acuerdos parlamentarios. Para Forza Italia e incluso para la Lega, sería la ocasión de independizarse de un partido melonista con aspiraciones hegemónicas. Giorgia Meloni abandonaría el poder y a muchos no les importaría.

Evidentemente, aún no hemos llegado a ese punto. No es seguro que sea ese el cálculo de la mayoría de los diputados de Forza Italia y de la Lega. Su rechazo podría tener como objetivo conseguir otras concesiones por parte de Giorgia Meloni. No obstante, el debate en el Parlamento será decisivo para las futuras elecciones. Si la jefa del Gobierno saliera airosa, podría decidir que los italianos acudan a las urnas ya en la primavera de 2027.

Traducción de Miguel López