Tiene Inés Hernand (Madrid, 1992) un empeño muy concreto este verano: demostrar que reorganizar una casa puede convertirse también en el primer paso para transformar la vida de quienes la habitan. Esa es la premisa de Ordena tu vida, el programa con el que la presentadora y abogada se cuela en nuestros hogares a través de La 1 de TVE cada jueves por la noche para hacernos una pregunta trascendental: ¿de verdad necesitamos todo lo que acumulamos?

Un interrogante que, en estos tiempos tan líquidos, se puede extrapolar a multitud de ámbitos de nuestras rutinas cotidianas. Porque acumulamos, entre otras muchas cosas, fotos que nunca volvemos a ver, conversaciones intrascendentes por WhatsApp, titulares de prensa tremendistas, comentarios fuera de lugar en las redes sociales… Amontonamos estímulos, en definitiva, en este mundo gobernado por el ruido superficial y con una alarmante merma del pensamiento crítico.

Es por ello que, además de animarnos a frenarnos para observar nuestras pertenencias y deshacernos de las que nos son inútiles, la comunicadora apuesta también por parar a observar todo lo que nos rodea más allá de las paredes de nuestra vivienda y hacer un ejercicio mínimo de introspección. “El valor que tiene detenerse a pensar parece casi un privilegio para todos aquellos que pueden estudiar algo en profundidad, contrastar, conversar”, apunta a infoLibre.

Hernand se refiere a cualquier ciudadano particular en general, y a los que se dedican al periodismo en particular, un oficio donde ve “muy difícil” esa labor de análisis por estar “muy precarizado”. “En general, la gente no está bien y ya vive muy hastiada de sus vidas, como para luego complicarlas más con ideas profundas. Ahí es donde la simplificación y el ataque a los instintos más personales es lo que parece que resulta más de acción directa”, apunta, tratando de dar explicación a esa fugacidad endémica que subyuga y resta valor al papel social y democrático de los medios.

“Estamos en un momento en el que, como decía Iñaki Gabilondo, cuando hay una inundación, lo primero que escasea es el agua potable. Hay que ser agua potable, y la única forma de serlo es a través de la comprensión y del espíritu crítico”, continúa, para después señalar que “en este capitalismo tardío, hablar de democracia ha caído en desuso al estar en manos de oligarcas tecnológicos”. “Y, aunque haya grietas para el periodismo independiente, lamentablemente estamos sujetos a un debate público en manos de empresas privadas”, añade, antes de apostillar que al lema de infoLibre, Somos resistencia, le pondría además una coletilla: “E insistencia”.

A su juicio, a pesar de la tendencia actual obsesionada por el click, “no hay camino corto en el oficio del periodismo”. “Pasa un poco igual que con las dietas milagro, es decir, 30 segundos no te van a dar ningún tipo de información en profundidad en relación a ningún tema”, asegura, reconociendo que “permitirse la pausa” no es algo que hoy esté “demasiado instalado” en la profesión: “Esto es bastante negativo y uno de los fallos estructurales y endémicos que estamos atravesando ahora mismo en el ámbito de la comunicación, donde, entre tantas voces y tanto ruido, hay tantas mentiras que se distribuyen. Con esa premisa, es más difícil hacer competitivo un periodismo de calidad”.

Por el camino, atrapado en esta dinámica de velocidad,  superficialidad y desinformación, el periodismo se deja incontables cosas interesantes que explicar, pues “las lógicas de la última hora impiden, precisamente, que imaginemos, soñemos y construyamos futuro a través de historias inspiradoras”. “Hay muchísima gente poniendo mucha energía en hacer del futuro y del mundo un lugar habitable a medio plazo, pues eso queda completamente opacado por la inmediatez”, lamenta, mientras avisa, además, de que las “corrientes utópicas o filosóficas" que tienen que ver con los sistemas que habitamos van a tener que materializarse con bastante rapidez, porque los colapsos ya están ocurriendo a nivel climático y económico: “Pero parece que hay que esperar a que todo haga crack”.

Para tratar de evitar este colapso, apuesta Hernand por el “follow the money” (seguir el dinero). “Es decir, hay que preguntar ¿de dónde vienen todas las conexiones?, ¿por qué se toman ciertas decisiones?, ¿cuáles son los lobbies que financian las cosas que impactan de forma directa en nuestra vida?”, plantea. “Hay que seguir preguntando ¿por qué, por qué, por qué? ¿Por qué está usted pactando con Quirón? ¿Por qué se está privatizando? ¿Por qué tienen esta insistencia en la familia o en criminalizar a la persona migrante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que insistir mucho en esto”, remarca.

En este contexto, reconoce que “nos hemos acostumbrado a que no haya consecuencias” por mentir descaradamente, aunque puntualiza: “No es solo que mentir salga gratis porque, claro, a ver qué es verdad y qué no según a quien le preguntes, pero sí que nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo, y yo no soy nada punitivista, en el que las consecuencias se ven completamente sesgadas; o sea, está Pablo Hásel en la cárcel, pero no está Vito Quiles”, denuncia, para acto seguido agregar: “Hay todo el rato como una especie de ausencia de amparo, con lo cual la gente dice: ‘Si esto es lo que me ocurre si hago esto o lo otro, pues ya está, tiro millas”.

Por último, Hernand admite que la forma más peligrosa de censura en nuestro tiempo es la “autocensura” que llevamos todos en los teléfonos móviles, con los que han logrado instalar en nosotros una “autovigilancia” basada en el “miedo al ridículo y al juicio ajeno”. Es aquí donde aparece para aportar un poco de cordura y equilibrio, de nuevo, el buen periodismo, sin el que habitaríamos un mundo “más manipulable”, donde habría “unas hostilidades, violencias y desigualdades mucho mayores”.

“Yo estoy aquí porque soy hija de la educación pública. Mi situación cambiaría si no tuviese acceso, gratuito y público o también de pago según el caso, a una información veraz y de calidad que me permita tener espíritu crítico”, añade, antes de rematar: “El periodismo tiene mucha responsabilidad, pero estamos ante algo estructural, un Leviatán mucho más grande que nosotros, que está también en la educación en las aulas. La falta de tiempo que tienen los padres para educar a sus hijos en esa ciudadanía crítica es un fallo estructural tochísimo”.

La salida de Javier Ruiz de TVE para dirigir La Séptima provocará una reorganización de la programación de actualidad de RTVE para la próxima temporada, con Jesús Cintora como nuevo presentador de Mañaneros y Gonzalo Miró al frente de Malas lenguas.

Javier Ruiz se despedirá este viernes de los espectadores de 'Mañaneros', el magacín de La 1, que se emite de lunes a viernes entre las 10:35 y las 15:00 horas y que combina información de actualidad, política y entretenimiento.

La salida del periodista se produce después de aceptar la propuesta de José Miguel Contreras para convertirse en el primer director de La Séptima, la nueva cadena de televisión cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre y cuya oferta adelantó EFE el pasado 30 de julio.

Según ha avanzado El País y han confirmado a EFE fuentes de RTVE y de La Séptima, el relevo de Ruiz al frente de Mañaneros lo asumirá Jesús Cintora, que presentará el programa también junto a Adela González en la nueva etapa del espacio.

Cintora compatibilizará ese cometido con la conducción de Malas lenguas Noche, el programa que La 2 ofrece los sábados en un horario aproximado de 22:00 a 02:00 horas

La reorganización también afectará al programa diario de Malas lenguas, que pasará a estar presentado por Gonzalo Miró en sus dos ventanas de 17:40 a 19:30 en La 2 y de 19:30 a 20:25 en La 1. En la primera parte del programa, dedicada al análisis político, estará acompañado por Esther Palomera y en la segunda, centrada en los sucesos, por la periodista Ana Hinestrosa, hasta ahora presentadora de 'Hoy en día' de Canal Sur.

Como Javier Ruiz dejará también Mañaneros uno de sus directores, Daniel Fernández, después de aceptar la oferta de La Séptima para convertirse en director de contenidos de la nueva cadena.

Fernández, que anteriormente dirigió el programa de Ana Rosa Quintana y ha desempeñado distintas responsabilidades en programas de actualidad y entretenimiento, asumirá un cargo estratégico en La Séptima.

Según explicó José Miguel Contreras a EFE, esa dirección integrará las funciones que tradicionalmente corresponden a Informativos y Programas, ya que toda la parrilla del nuevo canal estará centrada en la actualidad. 

Nuevos cambios se avecinan en los principales magacines de Televisión Española para la próxima temporada. Este viernes se ha dado a conocer que el presentador de Directo al Grano, Gonzalo Miró, pasará a ser la cara visible de Malas Lenguas.

Miró será el encargado de conducir ambos tramos del programa, emitido en La 2 entre las 17:45 y las 19:35 y en La 1 de 19:35 a 20:25. Estará acompañado por Esther Palomera en La 2, tal y como ha adelantado Poco Pasa TV.

La periodista y analista ya formaba parte de las tertulias políticas del magacín, pero a partir de septiembre copresentará el espacio junto a Miró, quien adelantará su debut como conductor el próximo lunes, 3 de agosto.

Miró sustituirá a Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano y lo hará junto a Ane Ibarzabal, tal y como anunció RTVE este jueves.

“Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia”, señalaban.

Mientras, en Directo al grano, este mes de agosto Marta Flich formará tándem con Martín Barreiro. Queda por saber si ambos continuarán más allá del verano tras la marcha de Miró a Malas lenguas.

Javier Ruiz, actual presentador de Mañaneros en La 1, todavía no ha confirmado su marcha como director a La Séptima, pero es una posibilidad que José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y también de la nueva cadena que verá la luz el próximo 5 de noviembre, da prácticamente por hecha.

“Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo”, recordaba en una entrevista con EFE. Según explicó, el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

Si finalmente Ruiz inicia su etapa en esta nueva cadena, Jesús Cintora suena como su posible sucesor al frente de Mañaneros, tras la llegada de Miró a Malas lenguas. Cintora compaginaría así Mañaneros con la versión de los sábados de Malas lenguas, que también se emite en La 2 en horario nocturno.

En 2024, RTVE vivió un año de inestabilidad institucional casi sin precedentes: tuvo tres presidencias distintas —Elena Sánchez, destituida el 26 de marzo tras la crisis por el fichaje de David Broncano; Concepción Cascajosa, elegida al día siguiente como interina y con poderes ejecutivos plenos desde mayo por aval del Tribunal Supremo; y José Pablo López, nombrado por el Congreso el 28 de noviembre con mandato fijo de seis años—, además de una reforma legal de fondo,que amplió el consejo de administración de 10 a 15 miembros, rebajó la mayoría necesaria para elegirlos y cambió la retribución de los consejeros de dietas simbólicas a sueldos fijos de entre 105.000 y 125.000 euros anuales. 

Todo ello mientras el coste neto del servicio público subía a 1.194,87 millones de euros (123,7 millones más que en 2023) y el pluralismo informativo se deterioraba en varios de sus programas insignia, según el informe que acaba de publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE durante 2024. 

Según el regulador, que por ley está obligado a supervisar a RTVE, cada ciudadano pagó aquel año de media 2,01 euros al mes por el sostenimiento de RTVE, 18 céntimos más que en 2023. Y la deuda pendiente de cobro con la Agencia Tributaria, que paralizó las devoluciones del IVA soportado, pasó de 530,6 a 606,5 millones de euros entre ambos ejercicios.

La cifra tiene el valor que tiene, porque se refiere a la RTVE de hace dos años, en la que el nuevo modelo dirigido por José Pablo López apenas había comenzado su andadura, pero el informe otorga a la corporación una puntuación global de 3,09 sobre 4, lo que supone un cumplimiento satisfactorio de sus obligaciones de servicio público durante 2024, tal y como las fija el Mandato-marco y la normativa audiovisual. Es una nota que se reparte entre 3,04 para las obligaciones de servicio público, 3,01 para los contenidos programáticos, 3,16 para la promoción cultural y 3,67 para la gestión interna.

La CNMC reprocha a Radio Nacional de España que ese año mantuviese, una vez más, su negativa a facilitar al supervisor ningún dato sobre el reparto de tiempo de palabra entre Gobierno y oposición en sus informativos. El propio informe lo describe como un incumplimiento de la obligación de pluralismo político.

En televisión, los datos dibujan un panorama desigual según el programa. Los informativos diarios de TVE se acercaron al equilibrio en 2024, con un 50,20% de tiempo de palabra para el Gobierno frente al 49,80% de la oposición. Un año antes, la diferencia había sido de siete puntos a favor del Ejecutivo.

Ese acercamiento, en cambio, no se repite en otros espacios. En Informe Semanal, el Gobierno concentró en 2024 el 68,26% del tiempo de palabra frente al 31,74% de la oposición. La diferencia, de más de 36 puntos, creció 7,78 puntos respecto al año anterior.

En La hora de La1, la presencia del Ejecutivo pasó del 50,90% al 60,12% en un solo año. En cambio, en La noche en 24 horas la oposición se mantuvo en ventaja, con el 54,49% de la presencia frente al 45,51% del Gobierno.

De los cinco principios que exige el Mandato-marco a la actividad informativa de RTVE, dos obtienen las peores notas de todo el informe. El rigor logra un 1,86 sobre 4 y la imparcialidad, un 2,23. Son las puntuaciones más bajas del documento. El informe basa esas dos puntuaciones en un análisis cualitativo de casos concretos detectados durante el año, no en una fórmula numérica como la del tiempo de palabra. 

Entre los episodios que cita el documento están la edición de unas declaraciones de agricultores en una protesta, que suprimió parte del contenido crítico; las declaraciones del presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo emitidas sin contexto suficiente; una entrevista al fiscal general del Estado señalada por falta de neutralidad; la polémica de Inés Hernand en la gala de los Goya; un comentario de Anne Igartiburu sobre Aida Nízar; y el silencio de RNE ante la dimisión de la periodista Montserrat Boix, que la cadena no informó. A partir de esa acumulación de incidentes, la CNMC concluye que el rigor y la imparcialidad son los dos principios peor cumplidos de todo el informe.

Para valorar independencia, neutralidad, imparcialidad y rigor, la CNMC no investiga por su cuenta, sino que “analiza los informes de los Consejos de Informativos de TVE, RNE (...) y Digital” y a partir de ahí selecciona “las más relevantes” de las denuncias internas que esos consejos ya habían presentado durante el año.

Los contenidos informativos ocuparon en 2024 el 22,79% de la programación de TVE y el 20,42% de la de RNE. Ambas cifras son las más bajas desde que la CNMC empezó a medirlas en 2021.

La corporación tampoco alcanzó el porcentaje de producción interna que exige el Mandato-marco para su oferta generalista. La norma fija un mínimo del 60% y RTVE se quedó en el 54,34% en 2024. Para los programas de género divulgativo y de entretenimiento, el objetivo del 55% se incumplió en los tres cuatrimestres del año, con un resultado del 46,10%.

En accesibilidad, Teledeporte necesitaba emitir 780 horas anuales con audiodescripción y sumó apenas 124,78. El propio informe reconoce que el canal se queda muy lejos de conseguir el mínimo exigido.

La emisión en lenguas cooficiales distintas del castellano se limitó, en los canales lineales, al catalán, con un 6,16% del tiempo. Euskera, gallego, valenciano y aranés no registraron ninguna emisión.

La Defensora de la Audiencia gestionó 14.550 comunicaciones durante el año, un 50% más que en 2023. Entre los motivos que explican el repunte figuran la cancelación de un programa de Radio Nacional y las quejas por falta de subtitulado y de audiodescripción, que se repiten cada año.

La plantilla de la corporación bajó de 6.904 a 6.770 empleados, la primera caída en tres años. El fomento de la igualdad de género, con una brecha salarial que se redujo del 6,30% al 3,90%, obtuvo aun así la segunda puntuación más baja de todo el capítulo dedicado a las obligaciones de servicio público.

El ejercicio que evalúa el informe fue, dentro de RTVE, un año de inestabilidad institucional. La corporación tuvo tres presidencias distintas y vivió una reforma legal que cambió las reglas con las que se elige a su cúpula directiva.

Elena Sánchez ejercía la presidencia interina desde septiembre de 2022. El Consejo de Administración la destituyó el 26 de marzo de 2024, tras una crisis interna motivada por el fichaje del presentador David Broncano y el cese simultáneo del entonces director de Contenidos, José Pablo López.

Al día siguiente, el Consejo eligió como presidenta interina a Concepción Cascajosa, para un mandato inicial de seis meses. En mayo, el Tribunal Supremo avaló una reforma de los estatutos que le otorgó poderes ejecutivos plenos, ante el bloqueo del propio órgano.

Para desatascar esta situación, el 22 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/2024, que modificó la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. La norma amplió el Consejo de Administración de 10 a 15 miembros y rebajó la mayoría necesaria para elegirlos, de dos tercios a mayoría absoluta en segunda vuelta. Un cambio que hoy chocaría frontalmente con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025.

El mismo decreto sustituyó el sistema de dietas de los consejeros, que rondaba los 11.000 euros brutos anuales por persona, por un sueldo fijo de 105.000 euros, ampliable hasta 125.000 con complementos. El coste conjunto del Consejo pasó de unos 100.000 euros al año a entre 1,5 y 2 millones.

El Congreso de los Diputados nombró a José Pablo López presidente el 28 de noviembre, por mayoría absoluta en segunda vuelta. Tomó posesión el 2 de diciembre, con un mandato fijo de seis años, lo que le garantiza estabilidad hasta el 2 de diciembre de 2030, pase lo que pase en las próximas elecciones generales. El Consejo de Informativos de TVE había rechazado, meses antes, la aplicación del decreto que rebajaba las mayorías para llevar a cabo la elección.

La CNMC certifica, de nuevo, la ausencia de un Contrato-Programa entre RTVE y el Gobierno y la falta de actualización del Mandato-marco, vigente desde 2007 y prorrogado desde 2016 sin que se haya aprobado uno nuevo. El regulador repite esta advertencia en cada informe anual desde hace años.

El apartado dedicado al plan estratégico de la corporación recibe en el documento la puntuación más baja de todo el análisis, 1 sobre 4, por la inexistencia de ese contrato.

Creo firmemente que la actual televisión pública española está a años luz de lo que fue durante el Gobierno de M. Rajoy, lo cual no quiere decir que todo esté yendo de perlas.

El Consejo de Informativos de RTVE (CdI), entre otras denuncias, llegó a publicar un extenso informe crítico contra la falta de pluralidad en espacios como Mañaneros 360 y Malas lenguas. No comparto lo de la falta de pluralidad, pero el sesgo en estos dos programas me parece evidente, sobre todo en Malas lenguas.

Dicho Consejo es elegido directamente por los propios profesionales de la información de la Corporación RTVE mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. Desconozco si su composición puede ser mayoritariamente de corte conservador y si están generando críticas con poco fundamento; por lo tanto, me mantendré al margen de hacer este juicio.

Sé que durante la época de M. Rajoy el Consejo de entonces denunció repetidamente la falta de pluralismo y la manipulación informativa que se producían. También desconozco el corte ideológico de la mayoría de quienes lo formaban entonces. Dicho esto, de lo que sí puedo hablar con conocimiento de causa es de lo que veo, pues soy muy seguidor de las tertulias sociopolíticas.

La hora de La 1, dirigida por Silvia Intxaurrondo, y La noche en 24 horas, por Xabier Fortes, chapeau. Ambos son claramente de izquierdas, pero considero que saben mantener un equilibrio y ecuanimidad en su labor de dirección de los debates.

En Mañaneros 360, dirigido por Adela González y Javier Ruiz, el CdI denuncia "manipulación, sesgo ideológico y mala praxis"; lo investiga por la falta de rigor en su cobertura informativa y la elusión de controles de neutralidad. Solo me siento capaz de pronunciarme sobre lo que veo; de lo demás, como dije, no tengo datos, ya lo resolverán entre ellos.

Y sí que veo sesgo en el modo de presentar las noticias a debate y en la manera en que Javier Ruiz tiende a acentuar especialmente las críticas hacia las derechas. He de decir que mi rechazo a la derecha, y seguramente mi fondo de sectarismo también, hace que sienta una cierta delectación, pero, en un ejercicio de honestidad, tengo que reconocer que el servicio público informativo no está para generar deleite a nadie, sino para ofrecer una información veraz y rigurosa.

Junto a lo anterior, añadiría el estilo sensacionalista que dicho presentador imprime a la presentación de los contenidos. Este tipo de programas debería huir del sensacionalismo porque favorece mucho la manipulación.

Malas lenguas lo considero harina de otro costal. El sábado 11, en Malas lenguas noche, muchos vimos cómo la periodista y analista Marta Gómez Montero, tertuliana habitual del programa que podríamos situar en un espectro ideológico de centroderecha, abandonó el programa acusando a Jesús Cintora de humillaciones que no quería seguir consintiendo. Lo hizo casi llorando, muy nerviosa y emocionada. Me produjo cierta tristeza e indignación.

Cintora no dirige el programa con equilibrio, ecuanimidad ni respeto en muchas ocasiones. Es mucho más agresivo en su trato a los tertulianos de derechas que a los de izquierdas; mucho más beligerante con sus postulados y posiciones; favorece habitualmente en el minutaje a los de izquierdas y emplea un exceso de ironía, sarcasmo y acusaciones de bulos contra los de derechas.

Repetidamente, como decía, ha usado recursos irónicos, sarcásticos y cortantes con esta tertuliana, y muchas veces he pensado cómo se lo aguantaba. Para un carácter afable, como es el de esta mujer, seguramente no resulta fácil plantarse de esa manera, pero tuvo el coraje de hacerlo y se lo alabo.

Cintora y el director de TVE, José Pablo López, le pidieron disculpas públicamente e hicieron una loa a su profesionalidad y calidad humana. Esto es noble, pero el fondo del asunto es la actitud de Cintora como moderador. Espero que le hayan dado un serio tirón de orejas como mínimo; creo que se lo merece.

RTVE no puede ser un espacio donde se humille, ataque o discrimine a nadie.

Seguramente, cuando vuelva a gobernar la derecha, la calidad de RTVE se deteriore mucho, como ocurre en todos los sitios donde gobierna, pero, si ocurre, quiero poder criticarla desde la coherencia.

Y como lo veo así, así lo comparto.

Un saludo.

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Domingo Casaos Mairal es socio de infoLibre.

La Corporación RTVE justifica la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de Radio Nacional de España (RNE) como una obligación legal derivada de denuncias graves por acoso laboral y mala praxis interna, y no como una decisión arbitraria contra el Consejo de Informativos.

En respuesta a un comunicado de este órgano, que representa a los trabajadores de la radio pública y que ha merecido el respaldo de los consejos del resto de empresas de la Corporación —RTVE, TVE y RTVE.es— y de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF), la dirección de los medios públicos estatales advierte de las consecuencias que puede tener para futuras víctimas de acoso la exposición pública a la que algunos medios han sometido a las denunciantes y reivindica que el proceso se desarrolle con garantías jurídicas, protección de las personas afectadas y disposición al diálogo con los órganos de representación profesional.

El texto, difundido este martes por RTVE horas después de haber declinado hacer declaraciones sobre este asunto, responde a “las informaciones publicadas en los últimos días” sobre la apertura de expedientes disciplinarios a varios profesionales de RNE.

RTVE enmarca el asunto en un plano procedimental y legal, subrayando que los pasos que se han dado responden a denuncias concretas y a obligaciones formales de actuación. Los procedimientos abiertos, argumenta, no se explican por una “decisión arbitraria”, sino por una “doble vía de investigación” derivada de denuncias por acoso laboral y por presuntas irregularidades internas en el propio Consejo de Informativos de RNE.

RTVE detalla que existen dos denuncias formales presentadas por dos profesionales de la emisora pública, que han sido sometidas a un informe técnico preceptivo elaborado por una entidad externa especializada.

Según la Corporación, ese informe externo habría validado “la gravedad de los hechos”, circunstancia que, de acuerdo con el comunicado, activa una obligación legal para la Dirección de Recursos Humanos de tramitar los expedientes disciplinarios correspondientes.

En paralelo a las denuncias de acoso, el comunicado añade una segunda vía: las denuncias por “mala praxis en el propio Consejo de Informativos de RNE”. En este punto, RTVE explica que dos miembros del actual Consejo de Informativos han trasladado a la Secretaría General la existencia de actuaciones presuntamente irregulares y de mala praxis en el funcionamiento interno del órgano, lo que ha llevado a remitir el expediente a la Dirección de Auditoría Interna y Cumplimiento para una investigación oficial.

Uno de los elementos más sensibles que aborda el comunicado es la intervención de la Comisión de Acoso Psicológico en el Trabajo, un órgano integrado por representantes sindicales. RTVE reconoce que esta comisión “no alcanzó en su momento la mayoría sindical para formular una propuesta de resolución concreta”, un dato que apunta a la ausencia de consenso entre los sindicatos respecto a las denuncias analizadas.

No obstante, la Corporación sostiene que la falta de un dictamen sindical no invalida las actuaciones ya practicadas ni limita las competencias de Recursos Humanos, que mantiene “intactas” sus competencias legales para proseguir el procedimiento. Con este razonamiento, RTVE reivindica un margen de actuación propio, más allá de la posición que puedan adoptar los representantes sindicales en el seno de la Comisión de Acoso.

RTVE trata de desmentir la idea de que el conjunto del Consejo de Informativos de RNE sea el objetivo de la actuación disciplinaria. La Corporación afirma que “los procedimientos disciplinarios laborales no van dirigidos contra el Consejo de Informativos de RNE como institución”, del que dice respetar “absolutamente” su papel, y precisa que lo que se investiga son “denuncias de hechos concretos sobre personas concretas”.

A partir de ahí, la Corporación lanza un mensaje de alcance más general: “Nadie, por pertenecer a un órgano de representación, goza de impunidad o inviolabilidad frente a denuncias de acoso de otros compañeros o de mala praxis regulatoria”.

El comunicado subraya que la apertura de un expediente disciplinario “no es una sanción ni prejuzga culpabilidades”, sino la herramienta legal prevista en el Convenio Colectivo para ordenar el proceso de alegaciones y defensa de los afectados. RTVE encuadra la figura del expediente como un mecanismo que permite a las personas implicadas “aportar pruebas, hacer alegaciones y defenderse con todas las garantías jurídicas”.

El pasaje más crítico del comunicado se dirige contra la “difusión interesada” del caso, que, según RTVE, ha llegado “al extremo de filtrar y publicar el nombre de las denunciantes”. La empresa lamenta que se hayan realizado “afirmaciones parciales” sin recoger el punto de vista ni los argumentos de estas trabajadoras, lo que, a su juicio, ha provocado “un nuevo señalamiento” de personas que “solo pedían amparo”.

RTVE advierte de que esta exposición pública lanza “un peligroso mensaje” al resto de la plantilla, en la medida en que puede disuadir a cualquier persona que en el futuro sufra una situación de presunto acoso. En concreto, RTVE expresa su preocupación por que se genere en la plantilla “miedo a denunciar por temor a sufrir idéntica desprotección pública”, conectando así la gestión del caso con un posible efecto disuasorio sobre futuras víctimas.

La empresa asegura que “la Dirección mantendrá siempre la vía del diálogo abierta”, aunque establece una “premisa innegociable”: que la protección de las denunciantes y el respeto a los procedimientos legales “deben quedar salvaguardados”.

La dirección de los medios públicos estatales, al frente de la cual está Juan Pablo López, plantea que un proceso de interlocución “constructivo” exige, manteniendo “absolutamente” la presunción de inocencia, un acercamiento a las denunciantes, cuyo relato no se considera “falso o infundado” a la luz del informe externo, así como el conocimiento de sus motivaciones. Además, reclama “el restablecimiento inmediato de las normas fundamentales de convivencia en el entorno de trabajo”.

La sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha respaldado al Consejo de Informativos de RNE después de que la corporación abriera expedientes disciplinarios contra siete de sus nueve miembros. La organización calificó la medida de “extraordinariamente preocupante” en un comunicado publicado en su cuenta de X.

El texto de RSF sostiene que “expedientar individualmente a los miembros de un órgano que vela por la independencia de un medio público, debido a un supuesto acoso psicológico que la comisión competente ha desestimado”, es "un caso grave e insólito". Y añade que "vigilará de cerca" lo que ocurra de ahora en adelante. 

La Dirección de RRHH y Relaciones Laborales de RTVE notificó pliegos de cargos por presuntas faltas laborales muy graves a siete de los nueve integrantes del Consejo de Informativos de RNE, según el comunicado del propio Consejo, fechado en Madrid el 2 de julio de 2026. Los hechos que sustentan estos expedientes son, según la misma fuente, pronunciamientos institucionales del órgano sobre la línea editorial y la programación informativa de RNE.

Esos pronunciamientos, señala el Consejo, fueron adoptados de forma colegiada, en ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE.

El Consejo de Informativos rechaza “de forma categórica” estos expedientes. Los define como “un nuevo e inaceptable intento de neutralizar el control editorial independiente que la ley obliga a ejercer a este órgano”.

El comunicado del Consejo recuerda un episodio anterior en el mismo año. El presidente del órgano y seis de sus ocho vocales fueron sometidos a evaluación psicológica dentro de un procedimiento de acoso que tuvo su origen en los mismos pronunciamientos institucionales.

Ese procedimiento no prosperó. La Comisión de Acoso Psicológico de RTVE no alcanzó, en su reunión del 18 de junio de 2026, los votos necesarios para formular una propuesta de resolución.

El Consejo describe lo ocurrido después como un intento de la empresa de perseguir los mismos hechos que ya habían sido examinados y desestimados por el mecanismo previsto específicamente para ello a través de expedientes disciplinarios individuales.

“El patrón es el mismo”, afirma el comunicado. “Cuando un cauce no ofrece el resultado buscado, se activa otro”. El objetivo, según el Consejo, no varía. Se trata de presionar, disciplinar y disuadir a quienes tienen la obligación legal de ejercer el control editorial en los medios públicos.

Los siete miembros expedientados forman parte de un órgano de nueve integrantes elegidos democráticamente por sus compañeros y compañeras de Radio Nacional de España. Su función, recogida en la normativa interna de la corporación, es velar por la independencia, el rigor y la veracidad de los contenidos informativos.

El Consejo sostiene que los mecanismos de control editorial son consustanciales a los sistemas democráticos y al servicio público de radiotelevisión. Atacarlos, señala, no es solo atacar a las personas que los ejercen. Es atacar la independencia de la información pública.

El órgano anunció que ejercerá todas las acciones legales e institucionales a su alcance para defenderse frente a estos expedientes y para proteger el mandato legal que tiene encomendado. El comunicado concluye que el Consejo seguirá ejerciendo sus funciones con la misma independencia y el mismo rigor con que lo ha hecho hasta ahora, y que ningún expediente disciplinario cambiará eso.

Tras el comunicado de RSF, los tres consejos de informativos de la corporación, los de RTVE, TVE, RNE y RTVE.es, respondieron de forma conjunta. Agradecieron públicamente a Reporteros Sin Fronteras el apoyo mostrado en el proceso y compartieron el enlace a la publicación original de la organización.

En el mismo mensaje, los tres consejos exigen el archivo de los expedientes disciplinarios contra el Consejo de Informativos de RNE en la causa abierta contra siete de sus nueve miembros, un órgano que, subrayan, es colegiado.

El comunicado conjunto añade una consideración sobre los cauces disponibles para la Dirección de RTVE. “La Dirección tiene herramientas para poder comunicar o desmentir lo que crea necesario”, señala el texto. “Los desencuentros no se pueden convertir en expedientes disciplinarios”.

Los tres consejos plantean además una pregunta sobre el funcionamiento de la corporación. Se cuestionan si existen en RTVE condiciones para poder desarrollar sus funciones con independencia.

Un conflicto que se repite dentro de la corporación

El comunicado del Consejo de Informativos de RNE deja constancia de una secuencia de hechos que se extiende a lo largo de este año. Primero, la evaluación psicológica al presidente y a seis de los ocho vocales. Después, el archivo de ese procedimiento por falta de votos en la Comisión de Acoso Psicológico. Y ahora, la apertura de expedientes disciplinarios individuales sobre la misma base fáctica.

Esta secuencia constituye, según el propio órgano, el elemento central de su rechazo. No se trata, sostiene el Consejo, de una controversia aislada, sino de un mecanismo que se repite cuando el anterior no produce el resultado buscado.

RTVE no ha respondido, a la hora del cierre de esta información, a la petición de infoLibre de dar una respuesta pública a las declaraciones de RSF ni al comunicado conjunto de los tres consejos de informativos.

Buenas noticias para TVE, que ha cerrado junio con un hito en audiencias. La 1 ha sido la cadena más vista del mes con un 14,3% de cuota de pantalla (share), impulsada por las emisiones del Mundial de fútbol, y ha puesto fin a 22 meses consecutivos de liderazgo de Antena 3, que queda en segunda posición con un 12,5%. Telecinco, por su parte, se mantiene tercera con un 8,3%, su peor junio histórico y también su peor mes en temporada regular.

El resultado supone la primera victoria mensual de La 1 desde julio de 2024, cuando la cadena pública también se vio beneficiada por grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París. En esta ocasión, el Mundial ha vuelto a actuar como motor de audiencia: las emisiones de la Copa del Mundo han aportado 3,4 puntos de cuota a La 1, cerca de una cuarta parte de su resultado mensual.

El liderazgo de junio refuerza el buen momento de RTVE en el cierre de la temporada televisiva. La 1 registra su mejor mes de junio desde 2011 y se impone en varias franjas clave, entre ellas el prime time, la tarde, la madrugada y el late night, según los datos publicados por las consultoras de audiencias.

La buena evolución de la televisión pública no se limita a La 1. La Noche en 24 horas, el programa que dirige y presenta Xabier Fortes en el Canal 24 Horas, ha alcanzado esta temporada un nuevo récord histórico al cerrar con un 2,5% de share. Es el tercer año consecutivo en el que el espacio nocturno dedicado al análisis de la actualidad política y social bate su máximo de audiencia.

El programa ya había alcanzado por primera vez los dos puntos de share en la temporada 2023-2024, superando el anterior máximo, que databa de la temporada 2017-2018, que estuvo marcada por el procés y la moción de censura. En la temporada siguiente, la 2024-2025, mejoró aquel registro hasta el 2,1%. Ahora, con el 2,5%, suma cuatro décimas más y completa un trienio de crecimiento continuado.

El dato de La Noche en 24 horas llega en un contexto de crecimiento de los contenidos informativos de RTVE y del propio Canal 24 Horas, que también ha firmado récord histórico esta temporada con un 1,3% de cuota.

El mes deja, además, un mapa televisivo muy marcado por el efecto del fútbol. Antena 3 pierde el liderazgo mensual después de casi dos años en cabeza, aunque conserva una posición sólida gracias a su parrilla diaria. Telecinco, en cambio, vuelve a encadenar mínimos y cierra junio con un 8,3%, por debajo incluso de sus registros más débiles en temporada regular. Cuatro se mantiene por delante de laSexta, con un 6,4% frente al 5,5%, mientras La 2 alcanza un 3,5%, su mejor junio desde 2009.

Con estos datos, RTVE cierra junio en una posición reforzada, ya que La 1 recupera el liderazgo mensual gracias al Mundial y el Canal 24 Horas consolida el crecimiento de uno de sus programas de referencia, La Noche en 24 horas, que vuelve a marcar techo de audiencia por tercer año consecutivo.

El partido de fútbol ha dejado de ser el centro del negocio. Sigue siendo el detonante, la excusa y el catalizador, pero la economía que genera ya no depende de los 90 minutos entre dos pitidos. La Copa del Mundo de 2026, que desde este jueves se disputa en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones y 104 partidos, ha acelerado una reconfiguración del mercado audiovisual que venía fraguándose desde hace años y que todos los analistas creen que este torneo va a convertir en irreversible.

La ampliación del torneo no es solo una decisión deportiva. Es, ante todo, una operación de generación de contenido. Más partidos equivalen a más horas de programación, más material para las plataformas digitales, más contextos para los anunciantes y más oportunidades para que creadores independientes construyan audiencias paralelas a las de las cadenas con derechos de emisión. La FIFA controla el estadio; la narrativa, cada vez menos.

El indicador más elocuente de este cambio lo ha aportado la división de análisis de Bank of America. Según sus proyecciones, la final del Mundial podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet ese día. El dato no refleja solo la magnitud del evento. Demuestra que el aficionado ya no está sentado frente a un televisor: está sentado con el televisor de fondo y el teléfono en la mano.

Según datos de seguimiento de audiencias digitales, el 90% de los aficionados ya amplía la experiencia más allá de los 90 minutos a través del uso simultáneo de varias pantallas. Mientras el partido transcurre en el televisor del salón, el mismo usuario consulta estadísticas avanzadas en una aplicación móvil, comenta jugadas en tiempo real en redes sociales y consume repeticiones de vídeo en TikTok elaboradas al minuto de producirse la acción en la vida real. Con tantos elementos interactuando a la vez, la atención ya no pertenece a la cadena que pagó los derechos de emisión.

Esta dispersión tiene consecuencias directas sobre el modelo publicitario tradicional. Las agencias de medios confirman con datos de retención que las audiencias menores de 35 años evaden de forma sistemática la publicidad en los descansos. Cuando el árbitro señala el final de la primera parte, la mirada migra hacia el teléfono. El anuncio de treinta segundos pensado para el entretiempo pierde su audiencia en el momento preciso para el que fue diseñado. Marcas y operadores tienen que buscar al aficionado en el territorio digital que rodea el partido, no en el partido mismo.

El mercado español ha generado su propia versión de este conflicto con una disputa institucional que llegó a los tribunales. RTVE se aseguró los derechos de emisión en abierto de los partidos más destacados del torneo, entre ellos los encuentros de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final, con el objetivo de garantizar el acceso universal a un evento de interés general.

La decisión irritó a las cadenas comerciales. UTECA, la patronal que agrupa a Atresmedia y Mediaset, activó la maquinaria legal contra la televisión pública por la comercialización de espacios publicitarios y patrocinios destinados a amortizar el desembolso del torneo. Las privadas argumentaron competencia desleal y apuntaron a la ley de financiación de RTVE de 2009 como límite que la corporación pública estaría rebasando.

La Justicia falló a favor de RTVE. Los tribunales frenaron el intento de UTECA de paralizar la venta de espacios publicitarios del torneo, aunque el litigio de fondo sigue su curso en las salas de lo Contencioso-Administrativo.

Al margen del abierto, el acceso a la totalidad del torneo quedó reservado al sector de pago. Dazn opera como ventana única para los 104 partidos en España, integrado en los paquetes premium de Movistar Plus+ y Orange TV. Para las plataformas de suscripción, el Mundial funciona como herramienta de captación masiva, pero su problema estructural es bien conocido: una parte relevante del público se da de alta durante el torneo y cancela la suscripción en cuanto el trofeo llega a manos del capitán ganador.

La transformación audiovisual del negocio del fútbol no ha dejado intacto al periodismo deportivo. Durante la última década, la prensa deportiva digital construyó sus redacciones en torno al SEO, las técnicas que se utilizan para que una página web aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google u otros buscadores cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su contenido. Los portales estructuraban equipos enteros para responder antes que nadie a búsquedas predecibles: “A qué hora juega Argentina”; “Cuántos goles lleva este delantero”; “Cuál es el 11 titular”.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha erosionado ese modelo. Los usuarios ya no entran en un medio para obtener ese tipo de información: se la preguntan directamente a un asistente de IA, que entrega la respuesta procesada sin necesidad de ningún clic. El tráfico derivado de búsquedas automáticas ha entrado en declive, y con él una parte sustancial de los ingresos publicitarios que sostenían las redacciones deportivas digitales.

La consecuencia es una revalorización del acceso exclusivo y del contenido audiovisual genuino. Un medio ya no puede sobrevivir indexando texto de partido. Necesita que su audiencia consuma vídeo original que no pueda encontrar en otro lugar. El valor no está en la crónica del partido; está en la entrevista en el vestuario, en el reportaje sobre los hábitos del jugador antes del encuentro, en el documento que muestra lo que la retransmisión oficial no enseña.

Las marcas han llegado a la misma conclusión. Los formatos de banner clásico —cualquier espacio publicitario dentro de una página web— ceden presupuesto ante el patrocinio de contenidos donde el creador tiene acceso real al deportista. El público busca la proximidad al futbolista: qué música escucha, cómo gestiona la presión, qué relación tiene con su entorno familiar. Lo que era accesorio se ha convertido en el centro del producto multimedia.

La televisión pública española sabía que recuperar el Mundial para la emisión en abierto no era suficiente para conectar con generaciones que crecieron con el algoritmo de YouTube. La respuesta institucional ha desembocado en el despliegue de una estrategia digital articulada a través de RTVE Play y la marca deportiva de la corporación.

Teledeporte ha comenzado a emitir fragmentos de diez minutos en YouTube de forma gratuita. El objetivo no es monetizar directamente esos vídeos. Es utilizarlos como anzuelo para arrastrar al público joven hacia el registro en la aplicación propia de streaming. El clip corto en YouTube conduce al directo en abierto; el directo en abierto empuja al registro en RTVE Play; el registro en RTVE Play permite el acceso al programa completo. Es una lógica de embudo que replica los mecanismos de las plataformas comerciales dentro de un servicio público.

Frente a la cobertura oficial convive el territorio de la transmisión independiente. Creadores españoles sin derechos de imagen montan retransmisiones paralelas en Twitch y TikTok donde el atractivo no es la imagen del partido sino la reacción en directo del streamer. Figuras como Ibai Llanos o los canales vinculados al universo de la Kings League han demostrado que una parte relevante del público prefiere sintonizar a su creador de referencia antes que escuchar la narración institucional. FIFA ha reforzado este fenómeno al designar a TikTok como plataforma preferente del torneo, lo que permite a creadores usar y co-crear con material de archivo oficial.

La mutación del consumo ha reescrito también los manuales de patrocinio corporativo. Patrocinar la Copa del Mundo en el siglo XX equivalía a comprar visibilidad durante los minutos en que el balón rodaba. En cuanto terminaba el partido, la marca se quedaba sin presencia.

Los nuevos grupos multimedia nativos digitales ofrecen algo diferente. Garantizan presencia ininterrumpida desde la gala inaugural hasta la entrega del trofeo mediante integración de marca en contenidos diarios. El patrocinio ya no es una valla en el estadio. Es financiar el autobús-estudio que recorre las ciudades sede, costear los espacios donde presentadores entrevistan a familias de jugadores o esponsorizar el análisis grabado en formato vertical en la grada cinco minutos después del pitido final.

La misma lógica se ha trasladado al espacio físico. Iniciativas como el House of Goal, desarrollado por la empresa Footballco en distritos urbanos de Nueva York, proponen festivales temáticos donde el partido en pantalla gigante se combina con exposiciones de arte contemporáneo, torneos de videojuegos, propuestas gastronómicas y conciertos en directo. En estos recintos, la interacción con el público es directa y medible. El asistente genera impactos en redes sociales de forma orgánica y deja datos que las campañas de televisión convencional no pueden capturar.

El Mundial de 2026 acumula ya más de 1.000 millones de interacciones en plataformas digitales, según datos de seguimiento agregado, lo que lo convierte en el evento deportivo con mayor presencia simultánea en múltiples canales. Esa cifra no va a un solo titular, a una sola cadena ni a un solo formato. Se distribuye entre retransmisiones oficiales, clips no autorizados, análisis tácticos en YouTube, memes en Instagram y reacciones en directo en Twitch.

La FIFA mantiene el control sobre la infraestructura física de la competición: estadios, árbitros, derechos de televisión oficiales y reglamento. Lo que ya no controla es la conversación que rodea a esa infraestructura. Esa conversación la generan millones de usuarios, cientos de creadores independientes y plataformas que no firmaron ningún contrato con la federación con sede en Zúrich.

El negocio ya no está solo en los noventa minutos. Está en los márgenes.

Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes en una entrevista en Telecinco que uno de los efectos que tendría un cambio de gobierno, consecuencia de una eventual moción de censura exitosa, sería que Pedro Sánchez “dejaría de tener RTVE para tener el NO-DO 24 horas”. El líder del PP incluyó el relevo de los directivos al frente de los medios públicos entre las medidas que quiere tomar como presidente provisional antes de ir a elecciones, en el caso de que Vox, UPN, Coalición Canaria y cuatro diputados más —que quiere conseguir en las filas del PNV o en las de Junts— apoyen una hipotética votación para ponerle a él en La Moncloa. Entre otras instituciones que quiere cambiar citó también la Fiscalía General del Estado y el CIS.

Completar ese objetivo, sin embargo, no es tan sencillo. Ni tan rápido. Para poner fin al mandato del actual presidente de RTVE, José Pablo López, y al de los miembros del consejo de administración, el PP solo tiene una posibilidad: impulsar la aprobación de una reforma de la ley vigente que regula los medios públicos.

El primer obstáculo es que a Feijóo no le bastan sus aliados tradicionales —Vox, UPN y Coalición Canaria—. Necesitaría el respaldo del PNV o de Junts, o por lo menos su abstención, para validar una reforma de la ley vigente, reformada por última vez el 29 de octubre de 2024.

El segundo es mucho más difícil de superar. El mandato del actual presidente y de los miembros del consejo de administración es de seis años, lo que significa que no expira hasta diciembre y noviembre de 2030, respectivamente. Es decir, apenas unos meses antes de que acabe la próxima legislatura.

Sin la abstención, al menos, del PNV o de Junts, Feijóo no podrá cambiar la ley para destituir a López y modificar la relación de fuerzas dentro del consejo. No podrá hacerlo, al menos, hasta que, en compañía de Vox, tenga mayoría absoluta en el Congreso, lo que, si llega a suceder, previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año, cuando se celebren las elecciones generales según el calendario de Pedro Sánchez.

Lo que el PP no parece haber tenido en cuenta, a la vista de las declaraciones de Feijóo en Telecinco, es que, aun así, no podrá reformar la ley para cambiar a la cúpula directiva de RTVE sin violar la legislación europea, que prohíbe expresamente ese tipo de maniobras, precisamente para garantizar la independencia de los medios públicos.

Este es el escollo jurídico más directo. El artículo 5.2 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) establece que los procedimientos para el nombramiento y el cese de los directivos de los medios públicos deben tener por objeto garantizar su independencia. La norma está en vigor desde el mes de agosto del año pasado y, de acuerdo con ella, los responsables de gestión y los miembros del consejo de administración deben nombrarse siguiendo procedimientos transparentes y con criterios definidos de antemano. Y solo pueden ser destituidos antes de que termine su mandato —esta es la parte decisiva— en circunstancias extraordinarias, que no incluyen un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados.

Modificar la ley para que el relevo sea posible no sortea esa prohibición: la vacía. Un Estado miembro no puede rediseñar su legislación nacional para eludir un reglamento europeo que es de aplicación directa. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea, establecido por el Tribunal de Justicia de la UE, significa que, cuando una norma nacional contradice un reglamento europeo, prevalece el reglamento. Siempre.

Lo que el PP quiere presentar como regeneración institucional sería, en términos jurídicos, una infracción del reglamento al que sus propios eurodiputados dieron el ‘sí’ en el Parlamento Europeo. Si la Comisión Europea detecta que una reforma legislativa nacional lo contradice, puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De hecho, la EMFA blinda la permanencia del actual presidente y del consejo de administración hasta finales de 2030. De manera que Feijóo, aunque consiga llegar a La Moncloa en las próximas elecciones, tendrá que convivir con una RTVE que no podrá controlar durante casi toda la próxima legislatura. O desafiar a la Unión Europea, como hizo la Hungría de Viktor Orbán, y poner fin a su mandato mediante una reforma legal que supondría una violación flagrante de la legislación europea y de las normas del Estado de derecho de la Unión.

RTVE, con cifras de audiencia y una influencia social cada vez mayor, se ha convertido en el último año en una de las obsesiones de Génova. Incapaz de forzar la caída de la actual dirección por procedimientos legales, el PP puso en marcha una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, una iniciativa que, sobre el papel, supone también un incumplimiento flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La de RTVE es una más de las muchas comisiones de investigación que el PP ha activado en la Cámara Alta, aprovechando que allí tiene mayoría absoluta para hacer lo que le plazca, con el objetivo de cuestionar así al Gobierno.

Su objeto formal es la gestión directiva, financiera y patrimonial de la corporación, que es un terreno perfectamente fiscalizable a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que el Senado comparte con el Congreso y que, todos los meses, examina la actuación de los medios públicos. Su función es velar porque el medio cumpla su misión de servicio público y sea viable económicamente.

El problema está en que la comisión de investigación sobre RTVE situó entre sus objetivos cuestionar la línea editorial de los informativos y los programas que emiten TVE y RNE, que el PP considera al servicio del Gobierno. No se trata solamente de investigar contratos, presupuestos o supuestas irregularidades en la gestión. Lo que pretenden es cuestionar qué noticias se emiten y cómo se enfocan. Y ahí empieza el conflicto legal con la EMFA, que prohíbe expresamente que un poder del Estado —y el Senado lo es— cuestione la línea editorial de los medios públicos.

Hay una consecuencia de este tipo de presiones, bien conocida en la literatura académica: el chilling effect, o efecto disuasorio. La sola amenaza de tener que comparecer ante una comisión parlamentaria para explicar por qué se eligió un enfoque informativo y no otro basta para que los periodistas empiecen a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar menos conflictivo. Ese proceso silencioso ocurre antes de que la comisión emita ninguna conclusión, antes incluso de que cite a nadie.

La propia RTVE lo denunció el mismo día del anuncio de la comisión. La corporación invocó el artículo 4.2 de la EMFA, el que prohíbe que los organismos estatales “interfieran o traten de influir” en las decisiones editoriales de los medios públicos. La iniciativa “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, advirtió.

Al mismo tiempo, el secretario general de la corporación remitió una carta a la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, encargada por ley de la supervisión de los medios audiovisuales públicos, pidiendo que analizara si la comisión constituía una interferencia en la independencia editorial y trasladara el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por la propia EMFA para vigilar el pluralismo en los medios.

Para entender la urgencia del PP basta con echar un vistazo a las cifras de audiencia de RTVE. La 1 cerró 2025 con una cuota del 11% de pantalla, su mejor dato en trece años, y el grupo RTVE en su conjunto alcanzó el 16,6%. RTVE fue el único de los tres grandes grupos que mejoró su cuota en 2025: subió 0,7 puntos mientras Atresmedia cedía 0,3 y Mediaset 0,4. En abril de 2026, el conjunto del grupo alcanzó el 17,8% de share, su mejor abril en catorce años.

Una televisión pública que crece mientras las privadas retroceden es un desafío para un PP que se siente amenazado por los profesionales de los informativos y quienes trabajan en los programas de actualidad —La Hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano o Malas Lenguas—.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este jueves tres denuncias presentadas por el Partido Popular (PP) contra la corporación pública RTVE durante la campaña de las elecciones andaluzas. Las tres reclamaciones fueron desestimadas y archivadas sin apertura de expediente sancionador. 

La decisión de la JEC, en la práctica, pone coto a la ofensiva con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de desacreditar a los medios públicos en el contexto de las elecciones autonómicas, pero también con la vista puesta en las generales del año que viene.

La primera denuncia, presentada el 8 de abril por el PP de Andalucía, cuestionaba la publicación de encuestas en la cuenta oficial de RNE en la red social X. El partido consideraba que esas consultas vulneraban la normativa electoral al permitir a los partidos conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones con incidencia directa en el resultado electoral. 

La JEC no lo entendió así. En su resolución, el organismo señaló que la práctica no es contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General siempre que las preguntas no traten de averiguar, directa ni indirectamente, la intención de voto y que sus resultados no sirvan para elaborar estimaciones electorales. 

Las dos cuestiones formuladas por el programa 24 horas versaban sobre el pacto de la coalición Por Andalucía y, a juicio de la JEC, no permitían deducir preferencias políticas de los participantes. El organismo añadió, además, que el número de respuestas recibidas era insuficiente para atribuirles ningún valor demoscópico real.

La segunda reclamación, también del 8 de abril, afectaba a una entrevista emitida en Las Mañanas de RNE con la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero. 

El PP sostenía que en esa entrevista se había producido una petición expresa del voto. La frase señalada por el partido era la siguiente: “El mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones de progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda”. 

La JEC, sin embargo, puso la declaración junto a una del propio Juan Manuel Moreno Bonilla —“soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas”— e indicó que en ambos casos se habla de bloques políticos genéricos sin referirse a una formación concreta ni a un candidato determinado. 

El organismo recordó que su jurisprudencia exige una concreción “mucho mayor” para apreciar una petición de voto: ha de ser expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una formación específica. La denuncia fue archivada.

La tercera reclamación tenía una fecha más antigua: el 26 de marzo. El PP denunció entonces la emisión en La Hora de La 1 de un rótulo que calificó de ofensivo contra el presidente de la Junta de Andalucía durante la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso. 

RTVE explicó que el subtítulo había quedado en pantalla por error, arrastrado de una emisión anterior en la que subtitulaba unas declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida. 

La corporación negó que hubiera ninguna decisión editorial deliberada y señaló que el 7 de abril había emitido una rectificación. La JEC consideró que las explicaciones aportadas eran “suficientes” y que el error ya había sido subsanado. No procedía, por tanto, abrir expediente sancionador.

La comisión de investigación sobre RTVE en el Senado es ya una realidad tras ser aprobada su creación por el pleno de la cámara, con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y de Vox.

El PP dice que quiere "aclarar si sigue estando al servicio de todos" o está "cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función".

Han sido 147 los votos emitidos, 144 del PP, dos de Vox, y una abstención de UPN. El resto, aunque ha estado presente en el debate, no ha participado en la votación en señal de protesta porque, según han argumentado en el pleno, no ven necesaria su creación cuando ya existe una comisión mixta de control parlamentario del ente público.

Una comisión en la que comparece de forma mensual el presidente de la corporación, José Pablo López, que ha salido a colación en varios momentos del debate, al igual que el presidente del Gobierno.

"La han convertido en Telepedro, y muestra de ello es la parrilla de los programas de infoentretenimiento, que se ha convertido en un altavoz de opiniones polarizadas, que proyectan ideas que secundan en el Gobierno, con pocas voces disconformes (..) Esto no es periodismo, se llama activismo y propaganda política pagada con el dinero de todos", ha afirmado la senadora del PP Miriam Bravo.

A ese relato se ha sumado su compañera Cristina Díaz, quien ha defendido defiende que "una corporación financiada por todos tenga que dar explicaciones cuando se acumulan dudas tan graves sobre su dirección, gestión, recursos y el cumplimiento de su función de servicio público".

Ambas han insistido en la idea de que RTVE "no es un medio privado", sino público, "sometido a pluralismo, neutralidad y objetividad por mandato marco", y "no pertenece al Gobierno".

Es un "servicio público —ha dicho Díaz— que se ha puesto al servicio del poder" y a este "deterioro", ha apostillado, se enfrentan los trabajadores de la corporación, algunos de los cuales —ha comentado—, los que "no resultan cómodos, se les está apartando, mientras se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder."

Una denuncia que se ha sumado al supuesto desvió de recursos públicos que, ha asegurado, se está produciendo hacia productoras externas "amigas y afines a La Moncloa", como a las dudas sobre determinados fichajes y formulas contractuales.

Unas intervenciones que no han gustado al socialista Alfonso Gil, quien cree que lo que pretende el PP es "antidemocrático" porque quieren "amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en RTVE".

"Quieren vulnerar el Enfa (un reglamento europeo que protege la libertad de prensa)", le ha espetado el senador a Díaz, a quien le ha recordado la gestión del PP de los medios públicos en las comunidades en las que gobierna, también sus índices de audiencia frente a las de TVE y sus ataques a algunos de los presentadores de la tele pública.

Gil ha reprochado a los populares que estén al lado de Vox, cuando los de Abascal están afirmando que van a entrar con lanzallamas y con una motosierra en RTVE: "¿Ustedes creen que se puede estar al lado de estos?". "Son un partido conservador, de Estado, ¿cómo pueden plantear esta marcianada?", ha agregado.

Por eso, les ha recomendado que no extremen sus posiciones porque en la medida que lo hacen "no solo la televisión gana cuota de audiencia". "Ustedes bajan en la sociología y tienen que estar preocupados", ha concluido.

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

El periodista Diego Carcedo, quien fue director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, ha fallecido este domingo en Madrid, han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) de la que era presidente de la sección española.

Nacido en Cangas de Onis (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación.

Su nombre ha quedado ligado a RTVE, donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96).

Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

Los comienzos como periodista de este diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia se sitúan en el diario ovetense 'La Nueva España' (1965-1968).

Siguió su carrera como redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario 'Arriba'. Fue enviado especial en América a la "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa 'Los reporteros', que le permitió viajar a más de un centenar de países.

Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal, desde donde narró en directo la Revolución de los Claveles, y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EEUU, cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró.

Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario 'El Independiente', como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias.

Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari.

De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado. Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como 'Fusiles y claveles' (1999), 'Un español frente al holocausto' (2000) y de 'Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocauto', que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.

La capilla ardiente por Diego Carcedo se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y estará abierta de 12:00 a 20:00 horas

El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.