La Unión Europea de Radiodifusión (UER), el organismo que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, emitió este martes un comunicado de apoyo a RTVE horas antes de que el Senado pusiese formalmente en marcha la comisión de investigación sobre la corporación pública en la que pretende fiscalizar los contenidos de los medios públicos españoles.

La creación de la comisión fue decidida por 144 senadores del PP —que controla la cámara con mayoría absoluta— y dos de Vox. Hubo una sola abstención, la de UPN. El resto de los grupos optaron por no participar en la votación como gesto de protesta: su argumento, expresado durante el debate previo, fue que la comisión de investigación es innecesaria porque ya existe la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, en la que el presidente de la corporación, José Pablo López, comparece mensualmente. 

La UER no es una ONG de defensa de la libertad de prensa ni un think tank académico: es la asociación a la que pertenecen la BBC, France Télévisions, la RAI italiana, la ARD alemana y otras radiotelevisiones públicas del continente. Que este organismo emita un comunicado específico sobre España —algo que no hace habitualmente para cada episodio de tensión política en un país miembro— indica que la situación se percibe desde fuera como cualitativamente distinta.

La UER dice valorar los mecanismos de control y rendición de cuentas, pero considera que los existentes en España “son suficientes”, ya que obligan a RTVE a ser “transparente y rendir cuentas ante el público, de conformidad con las normas internacionales reconocidas del Consejo de Europa”. La nota añade que la politización del proceso de supervisión supone “una amenaza directa para el acceso democrático a un periodismo fiable” y que es “contraria al Reglamento de Libertad de Medios”, en referencia directa a la EMFA, por sus siglas en inglés.

La UER advierte que seguirá vigilando la situación en España. Es la formulación diplomática habitual en este tipo de organismos, pero en este contexto tiene un peso específico: significa que lo que ocurra en esta comisión va a tener observadores institucionales a nivel europeo.

El comunicado conecta con el argumento que la propia RTVE había formulado semanas antes, cuando el PP registró su propuesta en el Senado: la corporación pública invocó el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 —la EMFA—, plenamente vigente desde agosto de 2025, que prohíbe a los Estados miembros, incluidas “las autoridades y organismos reguladores nacionales”, interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación.

La corporación no se ha limitado a esperar que otros actúen. Este mismo martes, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, remitió una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que el organismo analice la comisión de investigación al amparo de la EMFA y valore si supone "una interferencia directa o indirecta" en la independencia editorial de la corporación. 

Incluye una petición explícita: que la CNMC traslade el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por el propio reglamento para detectar riesgos estructurales al pluralismo. El argumento del escrito se basa en que cuando el control parlamentario "se proyecta sobre el contenido informativo en términos que pueden condicionar su ejercicio, deja de ser un mecanismo de supervisión para situarse en el terreno de la coacción, o cuanto menos, la presión institucional". RTVE abre así un segundo frente europeo —paralelo al de la UER— con una autoridad nacional independiente como intermediaria.

El Senado es un poder nacional. Pero el reglamento europeo no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo que emplea no dice “ordenar” ni “imponer”: basta con “tratar de influir”. Es una formulación que incluye expresamente el efecto disuasorio —que los periodistas modulen su trabajo anticipando el escrutinio parlamentario— aunque no haya ninguna instrucción explícita.

A ese marco europeo se suma ya la doctrina del Tribunal Constitucional. La sentencia 134/2021 estableció que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única excepción de los jueces— y exige una “especial consideración” hacia los medios que aseguran la comunicación social. El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías específicamente para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Lo que antes podía leerse como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre control parlamentario e independencia editorial— es desde agosto de 2025 una prohibición expresa en el derecho europeo con efecto directo, sin necesidad de transposición y con primacía sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El debate en la cámara reprodujo las posiciones ya conocidas, pero con algunos matices que merecen atención. La senadora del PP Miriam Bravo repitió la etiqueta de “Telepedro” que ha convertido en eje del relato de su partido sobre la corporación, y sostuvo que la parrilla de infoentretenimiento se ha convertido en “un altavoz de opiniones polarizadas que proyectan ideas que secundan al Gobierno”. Su compañera Cristina Díaz añadió que RTVE “se ha puesto al servicio del poder” y que los trabajadores que “no resultan cómodos” están siendo apartados, mientras se refuerzan “perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder”.

Desde el PSOE, el senador Alfonso Gil acusó al PP de pretender “amordazar la opinión independiente de los profesionales” y de vulnerar la EMFA. Su intervención incluyó un dato político que conviene no despachar rápido: le recordó a la senadora Díaz que Vox, socio de votación del PP en esta iniciativa, ha afirmado que entrará en RTVE “con lanzallamas y con una motosierra”.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, fue preguntada en la rueda de prensa, cuando presentó la idea de una comisión de investigación, sobre cuál es el modelo de RTVE que su partido propone. No contestó. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, respondió que “cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

Es una posición difícil de sostener. Una comisión de investigación parlamentaria no se presenta sin hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación. La respuesta que sí dio —que los “trabajos de la propia comisión” determinarán las conclusiones— resulta especialmente llamativa viniendo de una formación que, en el momento de registrar la solicitud, ya describía RTVE como “Telepedro” y a su presidente como “auténtico delegado del Gobierno”.

La comisión constituida este martes debe aprobar un plan de trabajo antes de citar a los primeros comparecientes. Ese proceso garantiza que su actividad de mayor intensidad se desarrollará en plena precampaña electoral, a menos de un año de las elecciones generales de 2027.

El State Media Monitor 2025, elaborado por el Media and Journalism Research Center, analizó 606 medios públicos en 170 países. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala al Partido Popular como motor principal de ese deterioro.

Son datos que el PP no incluyó en su propuesta al Senado. Tampoco mencionó que en Galicia los trabajadores de Radio Galega y TVG llevan años de protestas por sometimiento editorial, que la Xunta derogó la ley que habría obligado a elegir al director de los medios gallegos con mayoría parlamentaria amplia, o que en Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía el partido rebajó las mayorías necesarias para controlar sus respectivas radiotelevisiones públicas en cuanto tuvo oportunidad.

A partir de aquí, la batalla se librará en varios frentes simultáneos: el PSOE ha anunciado que estudia recurrir su creación ante el Tribunal Constitucional; RTVE ha advertido que hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que señala directamente a las instituciones europeas; y la UER ha dejado claro que seguirá el proceso desde Bruselas.

El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación (el Media Board, según su denominación en inglés), creado por la propia EMFA con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo, tiene también potestad para actuar. Y la Comisión Europea puede abrir procedimientos contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que el PP ha construido en el Senado es, formalmente, una comisión de investigación parlamentaria. Lo que se abre, en realidad, en términos jurídicos y políticos, es un frente de conflicto con el derecho europeo vigente, con el órgano que agrupa a las televisiones públicas del continente y, previsiblemente, con el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras RTVE registra sus mejores datos de audiencia  en catorce años.

El mercado audiovisual en España ha entrado en una fase de recomposición. Los resultados del bienio 2024-2025 de los tres grandes grupos —Atresmedia, Mediaset España y RTVE— dibujan un mapa muy distinto al de hace apenas cinco años: el liderazgo ha cambiado de manos en publicidad, la televisión pública ha saneado sus cuentas con una velocidad que nadie anticipaba y Mediaset España gestiona un deterioro de audiencia que ya tiene consecuencias directas en sus ingresos. 

Todo ello mientras las cadenas privadas presionan para intentar ahogar el acceso de RTVE a la financiación a través de patrocinios y a la espera de que se materialice un cambio en el tablero que previsiblemente tendrá consecuencias en el sector: este año el Gobierno adjudicará una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT, el primer canal nuevo en entrar al mercado en más de una década.

Los números no mienten, aunque a veces engañen si se leen deprisa. Conviene leerlos despacio. Y sobre todo conviene compararlos. Entre 2024 y 2025, Atresmedia vio caer su beneficio neto de 120 a 62 millones de euros —una pérdida de 58 millones, aunque buena parte de ella responde a un gasto extraordinario por el plan de renovación de plantilla; sin ese efecto puntual, el retroceso real es de unos 24 millones—. 

El negocio televisivo de Mediaset España en España sufrió un golpe mucho más severo en términos operativos: el dinero que genera antes de pagar impuestos e intereses pasó de 146 millones en 2024 a poco más de 43 millones estimados en 2025, un desplome de más de 100 millones en un solo ejercicio. 

En el lado opuesto, RTVE pasó de perder 12,8 millones en 2024 a ganar 55,7 millones en 2025: una mejora de 68,5 millones. Dicho de otra manera, lo que ha ganado en salud financiera la televisión pública tiene una magnitud comparable a lo que han perdido juntas las dos privadas en su negocio doméstico. 

Es un dato que, por sí solo, ayuda a entender el empeño que las televisiones privadas han puesto en cuestionar los ingresos de RTVE en un contexto general de retroceso del mercado publicitario.

El hecho más significativo del ejercicio 2025 no es que Atresmedia haya vuelto a liderar la audiencia —lo hace por cuarto año consecutivo, con una cuota de grupo del 26,1%— sino que por primera vez en la historia del sector ha superado a Mediaset España en ingresos publicitarios. 

Atresmedia facturó 753,9 millones de euros en publicidad —incluyendo televisión, plataformas digitales, webs propias y espacios de terceros— frente a los 679,8 millones de ingresos publicitarios netos de la filial española de MFE. Son cifras que no miden exactamente lo mismo, pero el orden de magnitud es claro: una ventaja de 74 millones a favor de Atresmedia. Durante décadas, la hegemonía publicitaria de Telecinco (Mediaset) fue un axioma del sector. Ya no lo es, y ya no lo es por un margen amplio.

El grupo presidido por José Creuheras y controlado por la familia Lara (Grupo Planeta) ha logrado este resultado en un entorno adverso: el mercado publicitario televisivo cayó un 4,4% en 2025, y sus propios ingresos por publicidad bajaron un 6,2%. Lo que ha compensado esa caída es una apuesta deliberada por diversificar las fuentes de ingresos. 

La división de radio creció un 4% y los ingresos procedentes de eventos y otras actividades se dispararon un 61,8%, impulsados principalmente por la incorporación de la empresa organizadora de eventos deportivos Last Lap. 

El resultado es un grupo que ya no puede describirse únicamente como una televisión comercial: es un conglomerado de entretenimiento que gana dinero por vías que hace cinco años no existían en su balance.

La salud financiera de Atresmedia al cierre de 2025 refleja esa transformación. Tiene más dinero en caja del que debe —su posición financiera es positiva en 58,1 millones de euros—, lo que le ha permitido firmar en septiembre de 2025 la compra de Clear Channel España, la empresa de publicidad en mobiliario urbano y vallas, por 115 millones de euros. 

La operación está pendiente del visto bueno de la CNMC, pero su lógica encaja perfectamente en la estrategia de diversificación del grupo: después de hacerse con Last Lap en julio del mismo año, Atresmedia tiene ahora presencia en la publicidad exterior, un negocio que ha crecido un 14% en España entre 2021 y 2024. 

El beneficio neto, no obstante, cayó un 48,4% en el año, de 120 a 62 millones, pero ese retroceso es puntual y tiene como explicación una dieta de adelgazamiento de mano de obra laboral: el grupo destinó 45,6 millones a un plan de salidas voluntarias para renovar su plantilla. Sin ese gasto extraordinario, el beneficio del año rondaría los 96 millones.

Los resultados de Mediaset España en 2024 y 2025 cuentan juntos una historia más clara que por separado. En 2024 todavía mantenía una apariencia de estabilidad: los ingresos publicitarios cayeron apenas un 0,4%, hasta los 778 millones de euros brutos, y el beneficio operativo del negocio español cerró en 146 millones. 

Pero los márgenes ya acusaban presión: el dinero que el grupo ganaba antes de pagar impuestos e intereses cayó ese año un 14,6%. La audiencia dibujaba la misma tendencia. El grupo Mediaset España cerró 2024 con una cuota del 24,9% sobre el total de individuos, con Telecinco en el 9,8%. Números aún defendibles, pero con dirección inequívoca.

En 2025 la erosión se aceleró. La cuota del grupo cayó al 24,3%, su mínimo histórico. Telecinco cerró el año en el 9,4%, a 3,4 puntos de distancia de Antena 3: la mayor diferencia registrada entre ambas cadenas. 

En ingresos publicitarios, la filial española sufrió una caída del 9,7%, casi el doble de la caída media del mercado. El golpe en los beneficios fue aún más severo: en los nueve primeros meses de 2025, el resultado operativo del negocio español se redujo en más de la mitad respecto al año anterior, pasando de 75 a 33 millones de euros. 

La rentabilidad final del ejercicio completo —185 millones de beneficio neto consolidado— se sostiene por el control estricto de los gastos y por la inercia de una estructura construida en años mejores, no por la dinámica actual del negocio español.

Conviene precisar el marco en que se producen estos resultados. La empresa matriz de Mediaset España, el grupo italiano MFE-MediaForEurope controlado por la familia Berlusconi, completó a finales de 2025 la compra de la televisión alemana ProSiebenSat.1, convirtiéndose así en el mayor grupo televisivo privado de Europa, con presencia en Italia, España, Alemania, Austria y Suiza. 

En ese nuevo contexto de escala continental, la filial española aporta ingresos relevantes pero decrecientes, y su bajo rendimiento relativo aumenta la presión sobre la dirección local. La apuesta del grupo pasa por vender publicidad de forma conjunta en todos sus mercados y por desarrollar formatos de publicidad digital más rentables que el espacio convencional en televisión. La incógnita es si esa transformación llegará a tiempo de modificar las tendencias.

Con todo, el cambio más sorprendente del bienio lo protagoniza RTVE. La corporación pública pasó de perder 12,8 millones de euros en 2024 a cerrar 2025 con un superávit de 55,7 millones: la mejor cifra en la historia reciente de la empresa. 

No es un fenómeno exclusivamente contable. La 1 terminó 2025 con un 11% de cuota de pantalla, su mejor resultado en 13 años, y la cuota del grupo RTVE en su conjunto llegó al 16,6%.

El impacto se ha trasladado a los ingresos comerciales: RTVE obtuvo 85,5 millones de euros en publicidad y patrocinios en 2025, la cifra más alta desde 2009.

La mejora de la gestión ha acompañado a la recuperación de audiencia. Los gastos de funcionamiento cayeron un 7,6% y el dinero destinado a programas bajó un 18,7%, sin que ello haya afectado a la competitividad editorial. No obstante, los riesgos no han desaparecido: la dependencia del presupuesto del Estado sigue siendo el principal factor de vulnerabilidad, y los litigios fiscales pendientes —entre ellos una disputa con Hacienda por el IVA— representan una incertidumbre real.

El panorama, en todo caso, está lejos de ser estable. Al cambiante mundo de la publicidad hay que añadir que el Gobierno se dispone a aprobar la concesión de una nueva licencia de televisión en abierto en la TDT. Estamos ante la posibilidad de la llegada del primer operador nuevo que entre al mercado en abierto desde hace más de diez años.

El impacto directo sobre la audiencia puede ser limitado al principio —los operadores nuevos tardan años en construir cuotas significativas—, pero el efecto sobre el mercado publicitario puede hacerse notar antes. Los anunciantes tendrán una opción más donde repartir sus presupuestos en un mercado televisivo que ya no crece. 

En un contexto en que Mediaset España ha perdido casi un punto de cuota publicitaria en dos años y en que Atresmedia acaba de arrebatar el liderazgo del sector por un margen mínimo, la llegada de un nuevo competidor por la misma tarta es, en el mejor de los casos, una distracción; en el peor, una presión adicional sobre ingresos que ya están en retroceso.

Para RTVE, la ecuación es distinta. Un nuevo operador en abierto no compite directamente por sus ingresos publicitarios —la corporación tiene limitada su capacidad de hacer publicidad convencional—, pero sí por la audiencia, y en particular por el público joven que La 1 ha recuperado con tanto esfuerzo.

Los buenos resultados de RTVE son, paradójicamente, el principal argumento de quienes piden su debilitamiento. El razonamiento de las televisiones privadas, articulado a través de la patronal UTECA, es sencillo: si la televisión pública ha recuperado audiencia y genera ingresos comerciales crecientes, está compitiendo por un dinero que ya escasea.

El argumento de las privadas tiene una lógica comprensible: si el Estado financia a un operador que luego compite por el mismo dinero de los anunciantes, el terreno de juego no es el mismo para todos. Pero el contraargumento es igualmente sólido: RTVE emite sin publicidad convencional en sus canales principales, sus ingresos comerciales son una fracción de los de sus competidores, y su función —información de servicio público, cobertura universal, acceso a eventos de interés general— no se puede medir únicamente en puntos de share.

El sector audiovisual español está cambiando. Los equilibrios que lo definieron durante años se están moviendo. Lo que venga después depende, en parte, de decisiones regulatorias que están todavía por tomar. Pero los números de 2024 y 2025 ya dicen lo esencial: hay un ganador operativo claro, una televisión pública que ha recuperado el pulso y un grupo que necesita repensar su modelo antes de que el control del gasto deje de ser suficiente para tapar los agujeros que está abriendo la caída de audiencia.

Abra YouTube en cualquier dispositivo. No busque nada. Deje que la pantalla de inicio haga su trabajo. Lo que aparecerá —vídeos de entretenimiento, tutoriales, reacciones, piezas de creadores que el algoritmo ha determinado que usted querrá ver— es el resultado de un sistema diseñado para una sola cosa: que no cierre la aplicación. Que se enganche a la plataforma para mostrarle cuanta más publicidad, mejor. 

Las noticias verificadas de una televisión pública pueden estar ahí. O no. Depende de si usted las ha buscado antes, de si las ha visto, de si el algoritmo ha inferido que le interesan. El servicio público de información compite, en igualdad de condiciones algorítmicas, con un canal de recetas, con un streamer de videojuegos y con el último vídeo viral de un adolescente bailando. A veces con simple slop, el término que se ha consolidado en inglés para referirse al contenido basura generado con IA —vídeos, imágenes, texto—, diseñado para acumular clics y que no tiene valor ni informativo ni creativo. 

Las redes sociales ya son la principal fuente de noticias para los jóvenes de 18 a 24 años, que dependen de TikTok, Instagram y YouTube para informarse, superando a Facebook, que era la plataforma dominante hace apenas una década. Solo el 14% de los jóvenes accede directamente a los sitios o aplicaciones de los medios: una cifra muy inferior a quienes se informan mediante redes sociales (40%) o motores de búsqueda (26%).

En ese escenario, ser un medio público con excelente periodismo pero escasa visibilidad algorítmica equivale, en la práctica, a no existir para una parte creciente de la ciudadanía.

Ahí está el problema. Y ahí está también la pregunta que la Unión Europea lleva tiempo formulándose y que ahora ha colocado formalmente sobre la mesa: ¿deben los medios públicos tener garantizada una visibilidad preferente en las plataformas digitales? La Comisión Europea ha abierto una consulta pública, con plazo hasta el 1 de mayo de 2026, para evaluar si las normas sobre medios audiovisuales (la AVSMD, por sus siglas en inglés) siguen siendo adecuadas en un panorama de rápida evolución. 

La respuesta de Google, a través de YouTube, es que no. La de una parte creciente de reguladores europeos es que sí. Entre ambas posiciones hay mucho más que una disputa técnica.

Los medios públicos no son un capricho del Estado del bienestar ni una reliquia del siglo XX. Son la única parte del ecosistema informativo cuyo mandato legal es informar a todos, con independencia de su rentabilidad comercial, sin obedecer a accionistas ni a anunciantes. 

Cubren los territorios que no interesan al mercado, financian el periodismo de investigación que ningún algoritmo optimizaría, y ofrecen el punto de referencia común que necesita una democracia para funcionar. 

Los datos del Reuters Institute confirman que las marcas de confianza —entre ellas los medios de servicio público en la mayoría de los países europeos— siguen siendo el lugar al que la gente acude con más frecuencia cuando quiere comprobar si algo en internet es verdadero o falso.

No es un detalle trivial en un momento en que la desinformación circula a la misma velocidad que la información veraz y a menudo con mejor posicionamiento algorítmico. 

La Unión Europea lleva años intentando blindar a los medios públicos frente a la interferencia política y la precariedad financiera precisamente por eso: porque su desaparición o su irrelevancia no sería solo una pérdida cultural, sino un problema democrático. Lo que ahora está en juego es si ese blindaje tiene algún sentido si nadie los encuentra en un mundo en el que lo que no se muestra en redes o en buscadores, no existe.

Desde la introducción del artículo 7a en la Directiva de 2018, que habilita a los Estados miembros a imponer medidas para garantizar la “prominencia” de los servicios de interés general en las interfaces de usuario, los debates dentro de la política mediática se han intensificado notablemente. Una palabra que en español se entiende mejor si se sustituye por “visibilidad”.

Ese artículo fue, en la práctica, un compromiso deliberadamente vago: permite a los países actuar, pero no obliga a las plataformas a nada concreto. Alemania, Francia e Italia han ido implementando medidas propias. España transpuso el precepto en su Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, sin desarrollarlo más allá de la letra de la directiva.

El resultado ha sido un mapa fragmentado que tiene hartos a los propios reguladores y a la industria digital por razones opuestas. Las divergencias nacionales ya incluyen colocación obligatoria de servicios, requisitos de diseño de interfaz y formatos de metadatos incompatibles. Para los prestadores que operan en varios países, esto implica adaptar interfaces y sistemas para cada jurisdicción, lo que encarece el desarrollo y ralentiza la puesta en marcha de productos. La revisión de la AVMSD es, entre otras cosas, un intento de armonizar ese caos.

Pero la discusión de fondo no es técnica. Es política. ¿Merece el periodismo público un trato diferente del que recibe cualquier canal de entretenimiento o cualquier youtuber de videojuegos? ¿Debe la Unión Europea obligar a YouTube a mostrar los informativos de las televisiones públicas en un lugar preferente de su plataforma, aunque el algoritmo, abandonado a su lógica, preferiría poner otra cosa?

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones y radios públicas europeas, presentó en diciembre de 2025 sus alegaciones a la llamada de evidencias previa a la consulta. El tono no admite ambigüedad. La AVMSD sigue siendo un marco jurídico indispensable para proteger a los menores, apoyar el pluralismo mediático y promover la diversidad cultural y lingüística en un panorama mediático cada vez más dominado por las plataformas. Thomas Bergmann, asesor político de la UER, fue muy directo: “Ya hemos escuchado suficientes declaraciones políticas. Ha llegado el momento de que la Comisión demuestre con acciones concretas que apoya a los medios europeos”.

El argumento de fondo es conocido, pero no por ello menos pertinente. Los medios públicos existen para cumplir un mandato democrático: informar con rigor, llegar a todos los ciudadanos, financiar contenido que el mercado no produciría por sí solo. Ese mandato tiene sentido si los ciudadanos pueden acceder a esos medios. Y hoy, en una proporción creciente, los ciudadanos acceden a la información a través de plataformas que no han sido diseñadas para favorecer el servicio público, sino para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla.

El regulador audiovisual del Reino Unido, Ofcom, ha sido uno de los más activos en este debate, aunque su país ya no forme parte de la UE. Su argumento es difícil de rebatir: los menores pasan más tiempo en YouTube que frente a cualquier televisión convencional. Si los contenidos de servicio público no son fáciles de encontrar en esa plataforma, sencillamente no llegan a esa audiencia. Y la función pública del medio queda reducida a un ejercicio de nostalgia para mayores de 50 años.

YouTube no ha permanecido callada ante esta presión regulatoria. En octubre de 2025, publicó un informe elaborado por Oxford Economics —hay que decir que encargado y financiado por la propia compañía— que cuantifica su aportación económica a la Unión Europea. El ecosistema creativo de YouTube contribuyó con más de 7.000 millones de euros al PIB de la UE en 2024 y sostuvo más de 200.000 empleos equivalentes a tiempo completo.

El mensaje implícito es transparente: antes de regular, recuerden quiénes somos. El ecosistema de creadores que ha crecido en YouTube es una realidad económica y cultural de primer orden. El número de canales de la UE que ingresaron al menos 10.000 euros al año creció más de un 15% respecto al año anterior. Regular la prominencia de los medios públicos, argumenta Google, significaría empujar a esos creadores hacia posiciones menos visibles para favorecer a organizaciones subvencionadas por el Estado. 

La lógica meritocrática de la plataforma —el creador que trabaja más y conecta mejor con su audiencia es el que aparece arriba— quedaría subordinada a decisiones del regulador sobre qué contenido merece más visibilidad. Alguien elegiría ganadores y perdedores. Y ese alguien, insinúa Google, sería el gobierno.

Es un argumento con fuerza retórica, aunque algo tramposo en su planteamiento. Los medios públicos no compiten con los youtubers por cuota de pantalla ni por ingresos publicitarios. Su función no es ganar la guerra del algoritmo, sino garantizar que el ciudadano pueda acceder a información verificada y plural en el entorno digital donde hoy se informa. No es lo mismo ser visible que tener la razón, pero tampoco sirve de mucho tener la razón si eres invisible.

En España, el debate tiene una dimensión específica. RTVE ha experimentado en los últimos años una notable recuperación de audiencia y presencia digital. En la temporada 2024-2025, su canal de YouTube alcanzó 2,5 millones de suscriptores y 225 millones de visualizaciones, mientras que en TikTok roza los dos millones de seguidores. En 2024, las redes sociales de RTVE superaron los 8.000 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 96% en interacciones respecto al año anterior.

Estas cifras son relevantes, pero revelan también el problema. RTVE ha logrado presencia digital en parte porque ha destinado recursos y estrategia a ello, no porque la arquitectura de las plataformas le facilite el camino. Un medio público con menos músculo o menos voluntad política podría sencillamente desaparecer del mapa algorítmico, aun cumpliendo escrupulosamente su función. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 incorporó la posibilidad de adoptar medidas de prominencia para los servicios de interés general, pero no las obligó ni las desarrolló reglamentariamente. Casi tres años después, el precepto sigue siendo letra muerta en la práctica.

Francia, Alemania, Italia y España han introducido o están introduciendo medidas de prominencia, pero de forma descoordinada, lo que fragmenta el mercado interior. La revisión de la AVMSD es la oportunidad de establecer un marco común. La CNMC, que presidió en 2025 el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, el llamado Media Board, tiene en este proceso una responsabilidad directa que hasta ahora no ha traducido en posiciones públicas especialmente ambiciosas.

La Comisión ha planteado formalmente tres escenarios para la revisión. La primera opción es dejar la directiva sin cambios; la segunda, introducir ajustes puntuales en materia de prominencia, publicidad y protección de menores; la tercera, una revisión completa que transforme la directiva en un reglamento de aplicación directa.

La segunda opción es la más probable y la más discutida. Implica, entre otras cosas, decidir si la prominencia de los medios de interés general pasa de ser una posibilidad que los Estados miembros pueden adoptar a una obligación que deben cumplir. Si las plataformas de intercambio de vídeo, incluido YouTube, quedan sometidas a las mismas reglas que los agregadores de televisión conectada —las interfaces que reúnen en una sola pantalla los contenidos de Netflix, HBO, una cadena pública y cualquier otra plataforma, y que deciden qué aparece primero cuando enciendes el televisor—. Y también si se establece algún tipo de definición común de qué es un servicio de interés general a efectos de prominencia, para evitar que cada gobierno utilice el concepto como coartada para favorecer a sus medios afines.

Este último punto es, paradójicamente, el más delicado. La prominencia regulada puede ser una herramienta democrática, pero también puede ser un instrumento de control político si los criterios para definir el interés general son opacos o arbitrarios. Cualquier Estado miembro que introduzca obligaciones de prominencia debería publicar de forma clara y transparente la lista de servicios que considera de interés general, con criterios objetivos y proporcionados. En países donde la independencia de los medios públicos no está blindada —y España tiene experiencia directa en este terreno—, la regulación de la prominencia sin garantías de independencia editorial puede acabar favoreciendo la visibilidad del medio dócil más que la del medio útil.

Hay una trampa en el argumento de Google que vale la pena señalar. La plataforma presenta su algoritmo como un espejo de las preferencias del usuario: si algo aparece arriba, es porque la gente lo quiere ver. Pero el algoritmo no es neutral. Está diseñado para maximizar el tiempo de permanencia, lo que sistemáticamente favorece el contenido más estimulante emocionalmente, no necesariamente el más preciso o el más relevante desde el punto de vista del interés público. O el más extremo; por eso los productores de contenidos tóxicos de la ultraderecha se están movilizando contra la reforma. 

En el actual panorama mediático, el recurso escaso no es el contenido, sino el tiempo de atención, dado el vasto volumen de oferta disponible. Ha emergido un verdadero mercado de la prominencia en el que la posición en los interfaces y los sistemas de recomendación determinan qué se ve y qué no.

Pedir que los medios públicos compitan en ese mercado en igualdad de condiciones es como pedir a un periódico de referencia que compita en quiosco con una revista de cotilleo aceptando que el único criterio es qué portada llama más la atención. Puede hacerse, y de hecho muchos medios lo intentan con resultados irregulares, pero no es eso para lo que están.

La consulta europea cierra el 1 de mayo. Sus resultados alimentarán una propuesta legislativa que la Comisión tiene previsto presentar antes de que acabe 2026. Pero antes tiene que resolver el debate: cuando un ciudadano abre YouTube buscando noticias, ¿tiene derecho a que el sistema le ofrezca algo más que lo que maximiza los ingresos publicitarios de la plataforma? Europa lleva años diciendo que sí. Aún está por ver si es capaz de obligar a que ocurra.

La Junta Electoral Central (JEC) rechazó este jueves tres denuncias presentadas por el Partido Popular (PP) contra la corporación pública RTVE durante la campaña de las elecciones andaluzas. Las tres reclamaciones fueron desestimadas y archivadas sin apertura de expediente sancionador. 

La decisión de la JEC, en la práctica, pone coto a la ofensiva con la que el partido de Alberto Núñez Feijóo trata de desacreditar a los medios públicos en el contexto de las elecciones autonómicas, pero también con la vista puesta en las generales del año que viene.

La primera denuncia, presentada el 8 de abril por el PP de Andalucía, cuestionaba la publicación de encuestas en la cuenta oficial de RNE en la red social X. El partido consideraba que esas consultas vulneraban la normativa electoral al permitir a los partidos conocer la opinión de los ciudadanos sobre cuestiones con incidencia directa en el resultado electoral. 

La JEC no lo entendió así. En su resolución, el organismo señaló que la práctica no es contraria a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General siempre que las preguntas no traten de averiguar, directa ni indirectamente, la intención de voto y que sus resultados no sirvan para elaborar estimaciones electorales. 

Las dos cuestiones formuladas por el programa 24 horas versaban sobre el pacto de la coalición Por Andalucía y, a juicio de la JEC, no permitían deducir preferencias políticas de los participantes. El organismo añadió, además, que el número de respuestas recibidas era insuficiente para atribuirles ningún valor demoscópico real.

La segunda reclamación, también del 8 de abril, afectaba a una entrevista emitida en Las Mañanas de RNE con la ministra de Hacienda y candidata socialista, María Jesús Montero. 

El PP sostenía que en esa entrevista se había producido una petición expresa del voto. La frase señalada por el partido era la siguiente: “El mejor antídoto para que no crezca la ultraderecha es votar opciones de progreso que están representadas por las fuerzas de izquierda”. 

La JEC, sin embargo, puso la declaración junto a una del propio Juan Manuel Moreno Bonilla —“soy partidario de votos de gobiernos centrados, de políticas moderadas”— e indicó que en ambos casos se habla de bloques políticos genéricos sin referirse a una formación concreta ni a un candidato determinado. 

El organismo recordó que su jurisprudencia exige una concreción “mucho mayor” para apreciar una petición de voto: ha de ser expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor de una formación específica. La denuncia fue archivada.

La tercera reclamación tenía una fecha más antigua: el 26 de marzo. El PP denunció entonces la emisión en La Hora de La 1 de un rótulo que calificó de ofensivo contra el presidente de la Junta de Andalucía durante la intervención del presidente del Gobierno en el Congreso. 

RTVE explicó que el subtítulo había quedado en pantalla por error, arrastrado de una emisión anterior en la que subtitulaba unas declaraciones de Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida. 

La corporación negó que hubiera ninguna decisión editorial deliberada y señaló que el 7 de abril había emitido una rectificación. La JEC consideró que las explicaciones aportadas eran “suficientes” y que el error ya había sido subsanado. No procedía, por tanto, abrir expediente sancionador.

La comisión de investigación sobre RTVE en el Senado es ya una realidad tras ser aprobada su creación por el pleno de la cámara, con los votos del PP, que cuenta con mayoría absoluta, y de Vox.

El PP dice que quiere "aclarar si sigue estando al servicio de todos" o está "cada vez más sometida políticamente, más opaca y más alejada de su función".

Han sido 147 los votos emitidos, 144 del PP, dos de Vox, y una abstención de UPN. El resto, aunque ha estado presente en el debate, no ha participado en la votación en señal de protesta porque, según han argumentado en el pleno, no ven necesaria su creación cuando ya existe una comisión mixta de control parlamentario del ente público.

Una comisión en la que comparece de forma mensual el presidente de la corporación, José Pablo López, que ha salido a colación en varios momentos del debate, al igual que el presidente del Gobierno.

"La han convertido en Telepedro, y muestra de ello es la parrilla de los programas de infoentretenimiento, que se ha convertido en un altavoz de opiniones polarizadas, que proyectan ideas que secundan en el Gobierno, con pocas voces disconformes (..) Esto no es periodismo, se llama activismo y propaganda política pagada con el dinero de todos", ha afirmado la senadora del PP Miriam Bravo.

A ese relato se ha sumado su compañera Cristina Díaz, quien ha defendido defiende que "una corporación financiada por todos tenga que dar explicaciones cuando se acumulan dudas tan graves sobre su dirección, gestión, recursos y el cumplimiento de su función de servicio público".

Ambas han insistido en la idea de que RTVE "no es un medio privado", sino público, "sometido a pluralismo, neutralidad y objetividad por mandato marco", y "no pertenece al Gobierno".

Es un "servicio público —ha dicho Díaz— que se ha puesto al servicio del poder" y a este "deterioro", ha apostillado, se enfrentan los trabajadores de la corporación, algunos de los cuales —ha comentado—, los que "no resultan cómodos, se les está apartando, mientras se refuerzan perfiles y formatos que actúan como sicarios informativos del poder."

Una denuncia que se ha sumado al supuesto desvió de recursos públicos que, ha asegurado, se está produciendo hacia productoras externas "amigas y afines a La Moncloa", como a las dudas sobre determinados fichajes y formulas contractuales.

Unas intervenciones que no han gustado al socialista Alfonso Gil, quien cree que lo que pretende el PP es "antidemocrático" porque quieren "amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en RTVE".

"Quieren vulnerar el Enfa (un reglamento europeo que protege la libertad de prensa)", le ha espetado el senador a Díaz, a quien le ha recordado la gestión del PP de los medios públicos en las comunidades en las que gobierna, también sus índices de audiencia frente a las de TVE y sus ataques a algunos de los presentadores de la tele pública.

Gil ha reprochado a los populares que estén al lado de Vox, cuando los de Abascal están afirmando que van a entrar con lanzallamas y con una motosierra en RTVE: "¿Ustedes creen que se puede estar al lado de estos?". "Son un partido conservador, de Estado, ¿cómo pueden plantear esta marcianada?", ha agregado.

Por eso, les ha recomendado que no extremen sus posiciones porque en la medida que lo hacen "no solo la televisión gana cuota de audiencia". "Ustedes bajan en la sociología y tienen que estar preocupados", ha concluido.

El Consejo de Informativos (CDI) de TVE no rectificará, como pidió el Consejo de Administración de RTVE, las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor a los programas de Mañaneros 360 y Malas Lenguas, al considerar que "queda acreditado" que el muestreo de su informe de enero "es más que suficiente, válido y permite que los resultados sean concluyentes".

No obstante, sí esta abierto a hacer alguna matización, "en ánimo de buena voluntad" sobre algún extremo, aunque sus miembros están convencidos, tal y como han señalado a EFE, de que "nunca se había llegado a una situación como la que se está viviendo" y que la respuesta del Consejo de Administración a su informe supone "un ataque sin precedentes".

El CDI de TVE ha enviado esta tarde a la plantilla y al Consejo de Administración un avance de su contestación al documento que aprobó el pasado día 17 febrero el Consejo de Administración de RTVE, en el que replicaba a las acusaciones de 'sesgo ideológico y falta de rigor' que hizo en el informe el CDI en un informe anterior.

El órgano interno de TVE, compuesto por trece profesionales, y que vela por la independencia y la objetividad de la televisión pública, se ha tomado su tiempo y dice estar abierto a matizar algún párrafo de su informe y quiere dejar claro que en el mismo "no ha pretendido estigmatizar ni desacreditar a ningún profesional".

Sostiene además que "no imputa en ningún caso conductas delictivas ni formula acusación alguna contra persona concreta, ni tampoco hace referencia a la comisión de delitos de odio".

Lo mantiene porque el Consejo de Administración, en su documento Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, que avalaron 11 consejeros frente a 4 (los del PP), pedía al CDI una rectificación inmediata.

La pedía porque entendía que el informe de enero del CDI se basaba, a su juicio, en "una muestra mínima y sin garantías metodológicas", y porque "se acusaba a RTVE de servir "de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

"Una acusación —apuntaba el Consejo de Administración— que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito de odio". Ahora el CDI advierte de que la frase que destaca el Consejo de Administración de su informe "es incompleta y está sacada de contexto".

Lo está, según el CDI, porque su párrafo era el siguiente: "Algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo. Las descalificaciones son frecuentes. Aunque son opiniones personales y en ese sentido respetables, es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad. Recordamos que es obligado que estos programas hagan cumplir el manual de estilo a sus colaboradores".

Pero además, ante las dudas sobre la validez del muestreo, el CDI asegura que "el porcentaje de muestra es bastante mayor que el planteado por el documento del Consejo de Administración, ya que hasta la fecha de estudio serían de un 18,92% de los programas de Mañaneros 360 y un 14,29% de los de Malas Lenguas".

Los miembros del CDI denuncian, además, que solamente conozcan de forma oficiosa la dirección editorial externa de estos programas y advierten también de que es "razonable considerar que unos programas que podrían incurrir en los supuestos incumplimientos normativos" que apuntan "no contribuyen a una mejor valoración sobre RTVE".

Además, el Consejo asegura que lleva meses intentando realizar una encuesta entre los profesionales de la información de la televisión para contar con más datos sobre la percepción interna de estos programas y de otras cuestiones, como de los programas informativos en sí, su independencia, la carrera profesional y el cambio de la ley. La intención del Consejo es hacerla este mismo mes, aunque sea en urnas de cartón, según sus miembros.

El PSOE ha registrado este martes en el Senado una petición a la Mesa para que reconsidere que se vaya a votar en el Pleno la creación de una comisión de investigación para fiscalizar la gestión de RTVE, cuando ya existe una comisión mixta con ese fin, y, si se rechaza, los socialistas se plantearán acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

En el escrito de reconsideración, el PSOE señala que la comisión mixta de diputados y senadores específica para RTVE, que se reúne mensualmente, es "el único instrumento ad hoc que prevé el ordenamiento jurídico vigente para controlar la gestión del ente público".

Por tanto, la creación de una comisión de investigación en el Senado, propuesta por el PP, "no solo no es pertinente, sino que es ilegal", ha dicho en una rueda prensa el portavoz adjunto del PSOE en el Senado, Alfonso Gil.

Para que se cree una nueva comisión tiene que "estar perfectamente delimitado el objetivo" y no ser coincidente con el de otra comisión ya existente, ha apuntado Gil, quien ha advertido de que en este asunto los socialistas van a "ser beligerantes", porque el PP "quiere atacar la pluralidad" informativa.

Por ello, ante el probable rechazo al escrito de reconsideración en la Mesa, en la que tiene mayoría el PP, en el grupo socialista se plantean "incluso acudir al Tribunal Constitucional", ha apuntado Gil.

Imaginemos que el Senado convoca a declarar al director de un periódico para preguntarle por qué publicó determinada información y no otra, qué fuentes utilizó o por qué dedicó más espacio a un tema que a otro. La escena resultaría, cuando menos, chocante. Pues bien: ese es exactamente el tipo de intervención que el ordenamiento jurídico europeo —y, según muchos analistas, también el español— prohíbe respecto a Radio Televisión Española (RTVE), con independencia de qué mayoría parlamentaria la impulse y de cuál sea el relato con el que se justifique.

El control parlamentario sobre RTVE existe, es necesario y está regulado. Pero tiene fronteras. Y esas fronteras no se basan en la cortesía institucional ni en la tradición democrática: las fija el derecho, con un perímetro que el nuevo marco europeo ha convertido en una obligación jurídica exigible.

El ordenamiento jurídico distingue con claridad entre el control sobre la gestión de un medio público, que es una exigencia democrática, y el control sobre su línea informativa, que es una amenaza a la democracia. El primero corresponde a las Cortes. El segundo estaba en zona gris hasta hace poco. Pero desde agosto de 2025, está prohibido.

Así que la decisión de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, de ordenar a sus senadores poner en marcha una comisión de investigación sobre RTVE en la cámara que controlan con mayoría absoluta —lo que significa que controlan los tiempos, la agenda, las comparecencias y las conclusiones, antes siquiera de haber empezado sus reuniones— se adentra en un territorio poco compatible con el derecho a la información y la independencia obligada de los medios públicos.

El control parlamentario de la corporación pública se ejerce a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, y su ámbito legítimo de actuación es amplio en lo que respecta a la gestión y la estructura institucional.

La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece que el Parlamento debe velar por que RTVE cumpla con las funciones de servicio público fijadas en el Mandato Marco, que es el documento que define periódicamente los objetivos estratégicos de la corporación.

Eso significa que los senadores pueden —y deben— preguntar si la programación atiende a las necesidades de información, cultura y educación de la sociedad española; si los presupuestos se ejecutan con transparencia y eficiencia; si la compensación que recibe el ente público por su función de servicio no supera el coste neto real de esa prestación, conforme a los criterios de la Unión Europea; y si la estructura territorial y la plantilla son proporcionadas a los objetivos declarados.

Pero tener derecho a preguntar si la programación atiende a las necesidades de información de la sociedad no autoriza a diputados y senadores a juzgar si una información concreta es “sesgada” o “partidista” desde una comisión política. Aunque se haga en todas las sesiones de la comisión de seguimiento, supone una extralimitación que vulnera la independencia de los profesionales.

La Cámara Alta tiene una función propia a la hora de controlar RTVE. Así lo ratificó la sentencia 134/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró que la intervención simultánea de Congreso y Senado es un aspecto sustancial del modelo constitucional.

Pero la citada sentencia del Constitucional no se limitó a reconocer el derecho del Senado a participar de las tareas de control de los medios públicos y a decidir parte de la composición de los órganos de gobierno de RTVE. Fue mucho más lejos.

Estableció, en su fundamento jurídico tercero, que la preservación de la comunicación pública libre prohíbe al poder actuar sobre los contenidos informativos —con la única y limitada excepción de los jueces— y le exige tener “una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social [entre los que está RTVE] y, en razón de ello, a quienes profesionalmente los sirven”.

A ese criterio, que claramente limita lo que la Cámara Alta puede hacer, se suma el Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo —la EMFA, por sus siglas en inglés—, plenamente vigente desde agosto de 2025. A diferencia de una directiva, un reglamento europeo no necesita ser transpuesto al ordenamiento de cada Estado miembro: tiene efecto directo y carácter vinculante desde el primer día. En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión, prevalece sobre cualquier norma nacional que lo contradiga.

El artículo 4.2 de la EMFA establece que "los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación".

El Senado es una autoridad nacional. El reglamento no contempla excepciones para las cámaras parlamentarias. Y el verbo elegido no deja lugar a dudas: no dice “ordenar” ni “imponer”; basta con “tratar de influir”.

Es exactamente lo que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende: modificar la línea editorial de RTVE, pero bastaría con que la investigación generase un efecto disuasorio sobre los profesionales para que la iniciativa del PP pueda ser impugnada legalmente.

El mecanismo es bien conocido: cuando los periodistas saben que sus decisiones profesionales pueden convertirse en objeto de escrutinio parlamentario, la consecuencia práctica no requiere ninguna instrucción explícita.

La sola amenaza de comparecer ante una comisión para explicar por qué se eligió un enfoque y no otro basta para que la redacción empiece a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar políticamente menos conflictivo. Ese proceso silencioso es exactamente lo que el ordenamiento jurídico trata de prevenir.

El marco legal delega en los Consejos de Informativos de RTVE —no en las cámaras parlamentarias— la función de velar por la independencia de los profesionales y la objetividad de los contenidos.

Son estos órganos internos los competentes para investigar eventuales malas prácticas deontológicas. La arquitectura es deliberada: sitúa el control deontológico dentro de la propia institución y fuera del alcance de la disputa partidista.

El artículo 5 de la EMFA refuerza estas garantías de forma específica para los medios de servicio público, exigiendo que su independencia esté protegida frente a cualquier interferencia política.

Y hay órganos obligados a vigilar todo esto. El reglamento ha creado el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo con mandato expreso para detectar riesgos estructurales para el pluralismo y garantizar que estas normas de protección no queden, en palabras del propio texto europeo, en papel mojado. La Comisión Europea, por su parte, tiene potestad para actuar contra los Estados miembros que ataquen la independencia editorial de sus medios públicos.

Lo que antes de agosto de 2025 alguien podía interpretar, pese a las sentencias del TC, como una zona de tensión constitucional no resuelta —una ponderación entre el derecho al control parlamentario y la independencia profesional— es ahora una prohibición expresa de derecho europeo. El terreno que el PP quiere transitar ha cambiado.

El periodista Diego Carcedo, quien fue director de los Servicios Informativos de TVE, director gerente de Relaciones Internacionales de RTVE y director de RNE, ha fallecido este domingo en Madrid, han confirmado fuentes de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) de la que era presidente de la sección española.

Nacido en Cangas de Onis (Asturias) el 24 de marzo de 1940, Carcedo inició su trayectoria profesional en la prensa escrita, pero pronto encontró en la radio y la televisión públicas el espacio donde desarrollar su vocación.

Su nombre ha quedado ligado a RTVE, donde desarrolló casi toda su carrera profesional: desempeñó múltiples responsabilidades, desde corresponsal en el extranjero hasta director de informativos y máximo responsable de Radio Nacional de España (1991-96).

Además fue miembro del consejo de administración de RTVE (1996-2007) y en 2018 presidió el Comité de Expertos para proponer los miembros del consejo de administración de RTVE y optó a presidir la Academia de Televisión.

Los comienzos como periodista de este diplomado en Periodismo por la antigua Escuela Oficial de Madrid y licenciado en Historia se sitúan en el diario ovetense 'La Nueva España' (1965-1968).

Siguió su carrera como redactor y corresponsal de la agencia Pyresa y del diario 'Arriba'. Fue enviado especial en América a la "guerra del fútbol" entre Honduras y El Salvador (1969) o al terremoto de Áncash (Perú, 1970).

Ya en 1974 ingresó en TVE, donde fue redactor y enviado especial y donde realizó gran parte de su labor en el programa 'Los reporteros', que le permitió viajar a más de un centenar de países.

Cubrió acontecimientos como los últimos días de la guerra de Vietnam con la evacuación de Saigón (1975), el inicio del conflicto centroamericano, las diferentes guerras en Oriente Próximo, la Revolución de los Claveles en Portugal, el golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende o los terremotos de Managua, Perú, Sicilia e Irán.

Una larga vida como reportero que le llevó a entrevistar a más de treinta jefes de Estado y de Gobierno.

En 1978 pasó a ser corresponsal de TVE en Portugal, desde donde narró en directo la Revolución de los Claveles, y ya en el 84 ocupó la jefatura de la corresponsalía de TVE en EEUU, cargo en el que permaneció tres años, cuando fue destituido junto a otros siete corresponsales más por la entonces directora general de RTVE, Pilar Miró.

Tras su cese, pidió la excedencia en TVE y trabajó como delegado de la agencia EFE en Nueva York, como corresponsal en esta ciudad para el semanario 'El Independiente', como director de un servicio de noticias para su distribución en América y también colaborador de varias cadenas de televisión de ese país.

Ya en 1989 reemplazó al frente de los Servicios Informativos de TVE a Julio de Benito. Fue hasta febrero de 1990, año en que fue sustituido por María Antonia Iglesias.

Pasó a ocupar la dirección de Relaciones Internacionales de RTVE para después ser nombrado en el 91 director de RNE por García Candau. Cinco años después, tras la toma de posesión de Mónica Ridruejo en la Dirección General del ente público, fue sustituido como director de RNE por Javier González Ferrari.

De julio de 1996 a enero de 2007 fue miembro del consejo de administración de RTVE, a propuesta del PSOE y dentro del cupo del Senado. Su relevo se produjo cuando se formó el primer consejo de administración de la nueva Corporación RTVE.

Entre octubre de 2006 y de 2010 fue presidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (APE) y desde 2007 presidía la sección española de esta organización, de la que es su secretario general Miguel Ángel Aguilar.

Entre otros galardones, ha recibido el Premio Cirilo Rodríguez de Periodismo (1985), la Antena de Oro extraordinaria de 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y TV (1996).

Es autor de numerosos libros como 'Fusiles y claveles' (1999), 'Un español frente al holocausto' (2000) y de 'Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al holocauto', que fue Premio Espasa de Ensayo en septiembre de 2011, entre otros.

La capilla ardiente por Diego Carcedo se instalará en el Tanatorio de Majadahonda (Madrid) y estará abierta de 12:00 a 20:00 horas

El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.

Adelante Andalucía recurrirá ante la Junta Electoral el debate 'cara a cara' entre Juanma Moreno y María Jesús Montero que ha planteado RTVE para la campaña electoral de las andaluzas del 17 de mayo, según informa EFE. 

El líder de la formación de izquierdas, José Ignacio García, ha asegurado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento de Andalucía que ese debate donde solo estarían el candidato del PP y la del PSOE supone "ignorar al 70% de los andaluces que en 2022 no votaron a ninguna de esas opciones".

Adelante Andalucía ha animado a RTVE a replantear su propuesta, en la que hay dos debates: uno con todos los partidos con representación parlamentaria, donde sí está la formación de izquierdas y al que piensan acudir, y otro en el que solo participarían Moreno y Montero. 

Si RTVE no cambia su propuesta, ha añadido García, será la Junta Electoral la que deba pronunciarse sobre esta cuestión, sobre la que ha pedido a PP y PSOE que "reflexionen".

García también se ha pronunciado sobre la fecha de las elecciones andaluzas, fijadas por el presidente de la Junta el 17 de mayo, de la que ha indicado que tiene relación con el conocido como caso mascarillas y sus presuntos implicados en Almería. 

"A final de mayo y durante junio, justo después de las elecciones, qué casualidad, desfilarán por los juzgados todos los imputados del caso mascarillas" de Almería, ha señalado el político gaditano. Para García, esa es la razón del "adelanto de las elecciones", que en 2022 se celebraron el 19 de junio y esta vez serán en mayo. 

Para Adelante Andalucía, esa fecha de los comicios es señal de "miedo y de que Moreno tiene mucho que ocultar" y una forma, ha añadido, de "robar el debate sobre la corrupción".

El expresidente de la Diputación de Almería, ha señalado José Ignacio García, no dimitió "hasta que le metieron en el calabozo y, según la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), pagaba la hipoteca con mordidas de corrupción que ingresaba en la cuenta de sus padres ya fallecidos".

García, que ha reclamado un debate sobre corrupción, ha calificado de "rastrero" este caso en el que, ha asegurado, se desvió dinero "para el covid-19" en beneficio de unos pocos.

RTVE ha respondido este lunes con un comunicado institucional a la propuesta del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la corporación pública. La respuesta es jurídicamente muy relevante porque abre un frente inédito en España: el texto invoca por primera vez el artículo 4.2 del Reglamento Europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde agosto de 2025, que prohíbe expresamente a los Estados miembros —incluidas sus autoridades y organismos reguladores— interferir en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios de comunicación.

RTVE sostiene que la iniciativa del PP viola ese marco normativo, “se asemeja a un intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, por lo que, avisa, hará valer sus derechos “ante las instancias oportunas”, lo que significa que está dispuesta a pedir el amparo de las instituciones comunitarias.

El argumento central de la corporación no es la ilegitimidad formal del Senado como institución —el comunicado reconoce “total respeto institucional hacia la Cámara Alta”— sino la orientación concreta de la comisión. Según RTVE, el problema no es que el parlamento fiscalice, sino que la comisión propuesta apunta directamente a “cuestionar la actual línea informativa” de la radiotelevisión pública.

Eso, a juicio de la corporación, cruza una línea: transforma el control institucional en lo que el comunicado llama, sin rodeos, “juicio político”. “Este tipo de comisiones pueden acabar convirtiéndose en un ‘tribunal de medios’, en el que se evalúen decisiones editoriales bajo criterios ajenos a los principios profesionales", subraya el comunicado.

El reglamento citado por RTVE —conocido como European Media Freedom Act— fue aprobado por el Parlamento Europeo en 2024 y es de obligado cumplimiento en España desde el verano de 2025. Su artículo 4.2 constituye uno de los pilares garantistas del texto: establece que ningún poder público —lo que incluye al Senado— puede presionar o condicionar las decisiones editoriales de los medios, incluidos los públicos. La intención del legislador europeo era precisamente blindar a las redacciones frente a los gobiernos, pero la norma opera en todas las direcciones: también frente a la oposición cuando actúa desde instituciones del Estado.

RTVE convierte ese precepto en el eje de su defensa. La tesis implícita del comunicado es que una comisión parlamentaria orientada a interrogar la línea editorial de un medio público no es fiscalización presupuestaria ni control de gestión: es injerencia. Y que la injerencia, en el marco comunitario vigente, no es un asunto opinable sino una infracción normativa.

Es un movimiento inédito desde el punto de vista estratégico. En lugar de entrar en el debate político sobre si la cobertura de RTVE es o no sesgada —terreno en el que el PP lleva años intentando instalar la discusión—, la corporación eleva el conflicto a un plano jurídico donde la pregunta que se plantea es distinta: ¿puede una cámara legislativa investigar las decisiones editoriales de un medio público sin vulnerar el derecho europeo?

El comunicado incluye un reproche que va más allá del caso concreto. RTVE señala que el sistema español ya cuenta con mecanismos de control específicos para la radiotelevisión pública: la Comisión de Control Mixta del Congreso y el Senado, y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Lo que el texto no dice de forma explícita pero deja en el aire es que esos instrumentos existen precisamente para evitar lo que ahora se propone: que el control ordinario derive en control político extraordinario.

La referencia a la Comisión Mixta tiene, además, una carga adicional. El comunicado menciona que ese órgano está siendo dejado ahora “sin competencias”. Si el PP propone una comisión de investigación al mismo tiempo que se vacía de contenido el órgano ordinario de supervisión, el resultado es la sustitución de un mecanismo técnico por uno político. RTVE no lo llama así literalmente, pero la secuencia que describe apunta en esa dirección.

El comunicado no es solo una respuesta jurídica. Es también un mapa del contexto. RTVE recuerda que esta iniciativa llega “pocos días después de que la patronal de las televisiones privadas —UTECA— intentara bloquear la comercialización del Mundial de fútbol 2026”. La mención no es accidental: sitúa la propuesta del PP en una secuencia de presiones que la corporación interpreta como coordinadas, aunque no lo diga con esas palabras.

Al vincular esa disputa económica con la iniciativa parlamentaria del PP, el comunicado construye una narrativa de hostigamiento coordinado: intereses privados del sector audiovisual e intereses políticos de la oposición coincidiendo en el mismo momento y con el mismo objeto, que sería debilitar o deslegitimar a la corporación pública. RTVE lo formula con contención pero con claridad: está ”desarrollando su actividad en un contexto en el que se mezclan intereses partidistas y económicos”.

Frente a ese contexto, la corporación contrapone datos. RTVE alega que La 1 ha alcanzado un 12,2% de cuota de pantalla en enero de 2026 y un 12,3% en febrero, sus mejores cifras de audiencia en 14 años. Las últimas cuentas anuales reflejan una reducción del 7,6% en los gastos de explotación, un recorte del 18,7% en el gasto en programas y un beneficio neto de 55,6 millones de euros, sin ninguna salvedad contable. El comunicado subraya que esas cuentas no han sido recurridas judicialmente ni por el PP ni por sus consejeros.

El PP ha incluido en su propuesta varios asuntos concretos: la devolución de fondos europeos, la investigación sobre Loterías y el endeudamiento derivado de un conflicto con la Agencia Tributaria por el IVA. RTVE desmonta cada uno de ellos.

Los fondos fueron devueltos en 2024 y redistribuidos por las autoridades competentes. El asunto de Loterías no supuso pérdida de dinero público, sino un "trasvase entre dos sociedades estatales que benefició a ambas". El conflicto del IVA se inició en 2015, es ajeno a la operativa actual de la corporación y resulta incompatible con un balance auditado sin salvedades. La conclusión del comunicado sobre estos tres casos es la siguiente: "Se demuestra así el objetivo de rescatar expedientes cerrados para generar confusión".

La parte más llamativa del comunicado es, paradójicamente, la más genérica. En el último tramo, RTVE advierte de que en el debate político actual hay "posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE". Y añade que se trata de "expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia".

La corporación no cita a nadie. No atribuye esas posiciones al PP como partido ni a ningún dirigente concreto. No dice que el PP quiera cerrarla. Dice que en el entorno político en el que se mueve hoy hay voces que lo plantean. Y que eso, como mínimo, merece ser nombrado.

El comunicado cierra con una apelación a los principios constitucionales y a la función democrática de los medios públicos. Y se pregunta abiertamente si la iniciativa del PP responde "realmente a un interés por mejorar el servicio público o si se aplican criterios distintos en otros territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público", en alusión al férreo control que el PP ejerce sobre televisiones y radios allí donde gobierna.

El Partido Popular registró este lunes en el Senado una solicitud de comisión de investigación sobre “la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público”. Es la séptima iniciativa de este tipo que impulsa el partido de Alberto Núñez Feijóo en la cámara que controla con mayoría absoluta en lo que va de legislatura.

El texto, de cuatro páginas, enumera acusaciones de una gravedad extraordinaria: balances ficticios, artificios contables, administración desleal, conflictos de interés, irregularidades en la contratación de personal y contratos que, según afirman, habrían beneficiado a “empresarios con responsabilidades penales”. Muchas de ellas son afirmaciones que, de ser ciertas, tendrían encaje en el Código Penal. Pero el PP no ha presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía ni ante ningún juzgado. Ha elegido el Senado, donde controla la agenda, los tiempos y las conclusiones.

Lo cierto es que el PP ya tiene la investigación hecha, a juzgar por la rueda de prensa en la que la portavoz del grupo popular en la Cámara Alta, Alicia García, presentó la iniciativa. RTVE, señaló repetidamente, es “telepedro”. El presidente de la corporación, José Pablo López, ejerce “como auténtico delegado del Gobierno” y ha convertido la radiotelevisión pública en “una agencia de colocación privada al servicio del poder”.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron cuál era exactamente el modelo que el PP proponía para RTVE, García no contestó: “No le voy a avanzar las conclusiones porque tendrán que ser los trabajos de la propia comisión”. Cuando le preguntaron si citarían a periodistas, se limitó a decir: “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente”.

El reglamento del Senado permite la creación de comisiones de investigación al amparo del artículo 59.1. Su utilidad es política y parlamentaria, no judicial: pueden recabar documentación y citar a comparecer, pero sus conclusiones no tienen fuerza de ley ni valor procesal.

El PP lo sabe, y también que el Senado es la única cámara en la que su mayoría absoluta le permite impulsar esta clase de iniciativas sin depender de socios parlamentarios. En el Congreso, el escenario sería otro.

El documento registrado este lunes invoca la Ley 17/2006, de la radio y televisión de titularidad estatal, y su artículo 2.1, que define el servicio público de radiotelevisión como “un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”. A partir de él, el texto sostiene que RTVE ha ido “alejando crecientemente” a la corporación de esos cometidos para convertirla en “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Como prueba de esa deriva, el PP menciona la externalización de programas de infoentretenimiento —que, según el escrito, eluden el artículo 7.5 de la misma ley, que obliga a que los informativos sean cien por cien de producción propia, aunque RTVE siempre ha alegado que son programas de actualidad, no informativos—, la contratación de lo que llama “presentadores estrella” mediante contratos mercantiles que, según el PP, ocultarían relaciones laborales, y la devolución de fondos europeos no gastados de un programa de formación que no alcanzó las matrículas previstas y que el PP, sin aportar pruebas, se esfuerza en presentar como indicio de una utilización fraudulenta del dinero.

Los programas de infoentretenimiento están precisamente en el punto de mira del Consejo de Informativos de TVE, el órgano de representación de los periodistas, con el que la presidencia de RTVE sostiene un llamativo pulso desde que estos espacios fueron acusados de servir de vehículo a mensajes de odio.

Nada de esto es nuevo. Lo que sí lo es la urgencia con la que el PP necesita desacreditar RTVE, cada vez con más audiencia, a doce meses de las elecciones generales de 2027, en las que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se enfrenta a lo que probablemente será su última oportunidad de llegar a La Moncloa.

RTVE atraviesa su mejor etapa de audiencia en años. La Hora de La 1, con Silvia Intxaurrondo, lidera su franja horaria de mañana rozando el 20% de cuota de pantalla. Mañaneros 360, conducido por Javier Ruiz, se ha situado por encima de programas históricos de la competencia como los de Ana Rosa Quintana o Susanna Griso. La Revuelta, de David Broncano, compite directamente con El Hormiguero de Antena 3, propiedad del Grupo Planeta, empresa considerada afín al PP. El canal de 24 horas registró su mejor dato en quince años. Y los informativos, que ya son líderes por la mañana, crecen mes a mes en todas las franjas horarias.

Son programas que resultan incómodos para el PP por una razón estructural: a diferencia de las entrevistas en Antena 3 o Telecinco —televisiones más afines—, en los programas de TVE los representantes del partido deben responder a preguntas que sus interlocutores no filtran previamente.

Hay un factor personal que explica en parte la relevancia que la calle Génova concede al objetivo de desacreditar a RTVE. Existe evidencia demoscópica de que una entrevista de Intxaurrondo a Feijóo en La Hora de La 1, en la que el líder del PP fue desmentido en directo pocos días antes de las elecciones generales de julio de 2023, contribuyó de forma significativa a que no alcanzara La Moncloa. Todo indica que la herida sigue abierta.

El PP critica en su solicitud al Senado los “nombramientos a dedo” y las “purgas de profesionales independientes” en RTVE. Es una acusación que, aplicada a los medios públicos autonómicos que el propio partido controla, describe con bastante precisión su propia política.

Es el caso de la gallega CRTVG, ahora reconvertida en CSAG, en la que los trabajadores de Radio Galega y la Televisión de Galicia llevan años protestando —los llamados “venres negros”— y denunciando el sometimiento editorial al Ejecutivo autonómico. La Xunta de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, derogó hace menos de un año la ley que hubiera obligado a elegir al máximo responsable de los medios gallegos con una amplia mayoría parlamentaria: la norma nunca se aplicó precisamente porque habría puesto fin al control unilateral del PP.

En la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón rebajó las mayorías necesarias para controlar À Punt antes incluso de que la catástrofe de la dana pusiera en cuestión toda su gestión de gobierno. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso hizo lo propio con Telemadrid en 2021. Sucedió lo mismo en Andalucía con Canal Sur.

El State Media Monitor 2025, informe elaborado por el Media and Journalism Research Center que analiza la libertad editorial de 606 medios públicos en 170 países, ofrece un retrato elocuente de esta situación. De los 15 medios públicos españoles examinados, ocho están clasificados como “controlados” —la categoría que señala subordinación total a las autoridades y mínima autonomía editorial—, frente a uno solo en 2022, antes de las elecciones autonómicas que dejaron en manos del PP buena parte de las emisoras regionales. El informe señala directamente al Partido Popular como motor de ese deterioro.

En la rueda de prensa de este lunes, los periodistas presentes intentaron, sin éxito, obtener respuestas concretas a preguntas elementales. ¿Cuál es el modelo de RTVE que propone el PP? ¿Les parece bien el sistema de elección del Consejo de Administración aprobado por decreto en 2022? ¿Con el PP en el poder habría producción externa en informativos o se eliminaría por completo? ¿Citarán a periodistas a comparecer?

Su portavoz en el Senado no respondió a ninguna de ellas en términos sustantivos. “Dejen que hoy funcione el trabajo de esta comisión antes de anticipar cuáles son [las conclusiones], porque lógicamente no tendría mucho sentido si yo le anticipo cuáles son”, dijo ante la pregunta sobre el modelo.

Es una posición que resulta difícil de sostener: una comisión de investigación parlamentaria no suele presentarse sin que sus impulsores tengan, al menos, una hipótesis de trabajo. Lo que García no quiso explicar es cuál es esa hipótesis más allá de acumular presión sobre la dirección de la corporación.

Falta aproximadamente un año para que se celebren elecciones. Feijóo se lo jugará todo por segunda vez consecutiva. En ese contexto, el calendario de la comisión —que deberá debatirse en pleno, abrir un plazo de constitución y presentar su plan de trabajo antes de empezar a citar comparecientes— garantiza que su actividad se desarrollará en plena precampaña.

La BBC, señalada por el informe del State Media Monitor entre los escasos medios públicos europeos que mantienen la categoría de “independientes”, acaba de atravesar una crisis sin precedentes provocada, en buena medida, por una operación política coordinada desde dentro de su propio Consejo de Administración con el objetivo de debilitar su credibilidad editorial.

El paralelismo con lo que ocurre en España tiene sus límites —las instituciones, la cultura mediática y los actores son distintos—, pero la lógica subyacente es la misma: atacar la credibilidad de un medio público que no se puede controlar directamente.

El PP ha anunciado este lunes la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la gestión directiva, financiera y patrimonial de la Corporación RTVE y el cumplimiento de su misión de servicio público, según inform aE.

La solicitud de creación se ha registrado este lunes, ha explicado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha llamado "Telepedro" a TVE, porque, a su juicio, en los gobiernos presididos por Pedro Sánchez la televisión pública estatal adolece de "sectarismo, radicalidad y pérdidas millonarias".

El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de comisiones de investigación y la de RTVE será la séptima esta legislatura, tras las abiertas por el caso Koldo, el CIS (ya cerrada), la dana, el apagón eléctrico (en fase de conclusiones), la SEPI y la seguridad ferroviaria.

García ha destacado que RTVE sufre una grave instrumentalización política y además tiene capítulos oscuros como la inédita repetición de unas oposiciones y la devolución de 29,4 millones de euros de fondos europeos, más 1,3 millones en intereses de demora, por una incompetencia para su ejecución.

Según la solicitud registrada, facilitada a la prensa por el PP, para la "contraprogramación política" a la oposición, con "propaganda partidista y gubernamental", RTVE recurre a productoras privadas externas, "bajo el eufemismo de infoentretenimiento". 

En opinión de García, la pérdida de credibilidad y neutralidad de RTVE es tan grande que indagar sobre las causas requería una comisión diferenciada a la ya existente, mixta de diputados y senadores.

Preguntada sobre la gestión de RTVE en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, la portavoz del PP en el Senado ha evitado una comparación y ha reiterado su referencia a las irregularidades recientes en la gestión de los fondos europeos, como asunto que la nueva comisión de investigación tendrá que analizar. 

En cuanto a quiénes comparecerán, una vez que sea aprobada por el Pleno y que cuente con un plan de trabajo aprobado en la comisión, fuentes del PP han señalado que quien lo hará seguro será el presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López.

La guerra entre las televisiones privadas y RTVE por la publicidad del Mundial de Fútbol 2026 ha escalado en pocas horas. Apenas un día después de que la patronal de las cadenas comerciales, UTECA, enviara un requerimiento exigiendo a la corporación pública que dejara de vender espacios publicitarios a marcas que no sean patrocinadoras oficiales del torneo, RTVE ha respondido por burofax con una carta que deja poco espacio a la diplomacia. La cadena pública no solo rechaza cada uno de los argumentos de UTECA, sino que va más lejos: acusa a la asociación de emprender una campaña para desprestigiarla y se reserva el derecho a llevarla ante los tribunales.

El documento, firmado por Alfonso María Morales, secretario general de CRTVE, desmonta el razonamiento jurídico de UTECA desde el principio. La patronal de las privadas argumentaba que la ley de financiación de RTVE de 2009 solo permite a la corporación pública vender publicidad vinculada a los patrocinios que forman parte del propio contrato de retransmisión. En otras palabras: si la FIFA vende los derechos del Mundial con tres patrocinadores incluidos, RTVE solo podría ofrecer espacio publicitario a esas tres marcas, y a ninguna más.

RTVE rechaza de plano esa lectura. Según la corporación, esa interpretación quedó descartada hace tiempo. En 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo encargado de vigilar que RTVE cumple las reglas— respondió a una consulta de la propia cadena pública y dejó por escrito que la ley no exige que los patrocinios formen parte “indivisible” de la compra de derechos. En lenguaje llano, eso significa que RTVE puede buscar sus propios anunciantes para el Mundial, más allá de los que la FIFA imponga en el contrato.

La CNMC, recuerda RTVE, reiteró este criterio en 2025 a raíz de una denuncia de la propia UTECA. Es decir, las televisiones privadas ya intentaron por la vía regulatoria que se pusiera coto a la publicidad del Mundial en RTVE y perdieron. La CNMC archivó el expediente sin dar la razón a UTECA.

RTVE añade, además, que lo que está haciendo con el Mundial no es ninguna novedad. La corporación ha aplicado el mismo modelo comercial en los últimos años para retransmitir la Copa del Rey, la Eurocopa femenina, la Liga de Naciones y los partidos de las selecciones nacionales. En todos esos casos, buscó sus propios anunciantes más allá de los patrocinadores que venían incluidos en los contratos de derechos. Y en ninguno de esos casos UTECA se quejó. Ahora que llega el Mundial —el evento más grande y con más dinero en juego—, las privadas sí reaccionan. Para RTVE, ese cambio de actitud no es casual y forma parte de algo más grande.

El párrafo más duro de la carta de RTVE no está en los argumentos jurídicos, sino casi al final. La corporación acusa directamente a UTECA de difundir manifestaciones e imputaciones inexactas que pueden causarle “daños sustantivos”, y lo califica de “significada temeridad”, teniendo en cuenta que la asociación ya conoce los pronunciamientos del regulador. Luego va más lejos: “Somos conscientes de que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público”.

En términos legales, RTVE advierte de que lo que ha hecho UTECA podría ser considerado un acto de denigración —figura regulada en la ley de competencia desleal— y que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales. En la práctica, la cadena pública está amenazando con demandar a las televisiones privadas, que son las que habían amenazado con demandar a RTVE. El choque frontal está servido.

Para entender por qué esta disputa es tan intensa, hay que ver las cifras. RTVE pagó 55 millones de euros por los derechos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Es una inversión enorme para una cadena que no tiene publicidad convencional. La única forma de recuperar parte de ese dinero es a través de los patrocinios que la ley le permite. Cuantos más anunciantes pueda atraer gracias al tirón del Mundial, más dinero recupera.

Para las televisiones privadas —Atresmedia y Mediaset son los grandes nombres detrás de UTECA—, cada euro que un anunciante destina a patrocinar el Mundial en RTVE es un euro que no va a sus canales. El mercado publicitario televisivo no crece: lleva años bajo presión por el avance de las plataformas digitales, y los grandes eventos deportivos son uno de los pocos contenidos que todavía garantizan audiencias masivas y, con ellas, tarifas publicitarias altas.

El Mundial es exactamente ese tipo de contenido. Que RTVE lo use para captar anunciantes —con el respaldo de los fondos públicos y las aportaciones obligatorias de los propios competidores— es algo que las privadas no están dispuestas a aceptar sin pelear.

La disputa entre RTVE y las televisiones comerciales sobre el reparto de la publicidad no nació con este Mundial. Es un conflicto estructural que viene de 2009, cuando el Gobierno de Zapatero retiró la publicidad convencional de los canales públicos a cambio de que las privadas aportaran una parte de sus ingresos para financiar RTVE. Ese pacto tenía una lógica: si las privadas pagan para que RTVE funcione sin publicidad, el mercado publicitario queda libre para ellas.

El problema es que la ley dejó abierta una puerta: RTVE puede seguir comercializando patrocinios. Y lo que está en discusión ahora mismo es exactamente qué tan ancha es esa puerta. Las privadas quieren que sea lo más estrecha posible. RTVE, respaldada por los pronunciamientos de la CNMC, sostiene que es mucho más amplia de lo que UTECA pretende.

Con la reguladora del lado de RTVE y los tribunales como única vía que le queda a UTECA, la cuestión ahora es si las televisiones privadas cumplirán su amenaza de llevar esto ante un juez sabiendo que no cuentan con el respaldo del organismo regulador. De momento, la guerra de comunicados ha terminado en empate técnico. Pero el Mundial empieza en junio, y el tiempo apremia.

La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa a Atresmedia, Mediaset España y otros operadores privados de la Televisión Digital Terrestre, ha enviado un requerimiento formal a RTVE exigiéndole que cese la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 a anunciantes que no sean patrocinadores oficiales de la competición.

Si la cadena pública no retira su propuesta comercial, rescinde los contratos ya firmados con esos anunciantes y limita su actividad comercial a lo que, según UTECA, la ley permite, las privadas presentarán una demanda por competencia desleal.

El detonante inmediato es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyos derechos de retransmisión RTVE adquirió por 55 millones de euros. Para rentabilizar esa inversión, siempre según la versión de UTECA, la corporación pública ha puesto en marcha una comercialización activa de espacios vinculados al torneo, ofreciéndolos a cualquier anunciante interesado. Algo que, sostienen las privadas, vulnera el artículo 7.2.b de la Ley 8/2009 de financiación de RTVE, que solo permite comercializar los patrocinios que vengan incorporados de origen en los derechos de retransmisión adquiridos, no añadir por encima otros acuerdos comerciales en beneficio propio.

La norma a la que alude UTECA es precisamente la que eliminó la publicidad convencional de RTVE a cambio de un modelo de financiación pública que, entre otras fuentes, obliga a las propias televisiones privadas a ceder el 3% de sus ingresos brutos a la corporación. El pacto implícito era que las privadas financiasen parcialmente a la pública, y la pública se retirase del mercado publicitario para no competir con ellas.

Si RTVE aprovecha el Mundial para vender espacios comerciales más allá de lo pactado, UTECA entiende que está rompiendo ese acuerdo y compitiendo con ventaja, porque lo hace con una estructura financiada en parte con dinero público y con las aportaciones obligatorias de sus propios competidores.

Pero reducir este conflicto a una disputa jurídica sería quedarse en la superficie. Lo que hay debajo es una industria bajo presión severa que lleva tiempo mirando con recelo cualquier movimiento de RTVE en el terreno comercial, y que ha encontrado en el Mundial la ocasión para hacer público un malestar acumulado.

Los datos del Estudio InfoAdex 2026 certifican la magnitud del problema. La televisión cerró 2025 con una caída de 82,7 millones de euros en ingresos publicitarios, un desplome del 4,4% que sitúa su facturación en 1.784 millones frente a los 1.867 del ejercicio anterior. Es la peor cifra de la última década. Y ocurre en un año en que la economía española creció un 2,8%, el doble que la media europea, lo que descarta cualquier explicación macroeconómica sencilla. La televisión no está perdiendo dinero porque la economía vaya mal. Está perdiendo dinero porque los anunciantes han decidido que hay mejores sitios donde gastarlo.

Esos sitios tienen nombre. Los buscadores —fundamentalmente Google— alcanzaron los 1.000,9 millones de euros en inversión publicitaria, con un crecimiento del 2,4%. Las redes sociales, con 880,6 millones y un alza del 2,8%, consolidan su tercera posición. La publicidad en páginas web creció un 8,8%. Y los influencers, ese fenómeno que hace apenas una década parecía marginal, dispararon su facturación un 23,5% hasta los 128,7 millones. Lo digital ya representa más del 55% de la inversión en medios controlados. La televisión sigue siendo el medio con mayor volumen, con el 28,5% del total, pero ha perdido 1,6 puntos de cuota en un solo año y la tendencia no da señales de revertirse.

Para Atresmedia y Mediaset, cuyo modelo de negocio depende de manera casi exclusiva de la publicidad televisiva, este escenario es existencial. Cada punto de cuota publicitaria que pierde la televisión es dinero que no va a sus cuentas de resultados. Y en ese contexto, que RTVE —financiada con dinero público y con aportaciones obligatorias de las propias privadas— compita con ellas es algo que han decidido que ya no pueden tolerar en silencio.

El requerimiento de UTECA está construido sobre dos pilares. El primero es la supuesta ilegalidad: la Ley 8/2009 no autoriza a RTVE a comercializar activamente patrocinios más allá de los que vienen incorporados en los derechos de retransmisión. El segundo es la competencia desleal: RTVE compite en el mercado publicitario con una ventaja estructural que sus rivales privados no tienen, porque su supervivencia no depende de los ingresos comerciales y porque parte de su financiación procede de las propias empresas a las que ahora les disputa clientes.

RTVE podría defender que la comercialización que realiza está dentro de los márgenes que la ley permite, o que los contratos firmados con anunciantes respetan la literalidad del artículo 7.2.b. Esa es precisamente la disputa que, si no hay acuerdo, acabará resolviéndose en los tribunales.

El conflicto pone también en primer plano la fragilidad estructural del modelo de financiación de la corporación pública. RTVE se financia principalmente con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado —en torno a 530-550 millones de euros anuales— y con la tasa que pagan los operadores de telecomunicaciones por el uso del espectro radioeléctrico, que puede alcanzar hasta 480 millones. A eso se suman las aportaciones obligatorias de las televisiones privadas en abierto, que ceden el 3% de sus ingresos brutos, y de las plataformas de pago y streaming, que aportan el 1,5%.

El resultado es un presupuesto de entre 1.200 y 1.300 millones de euros anuales, de los que más del 90% tiene origen público. En 2025, la corporación cerró con un superávit operativo de 45 millones.

Es en ese contexto donde hay que leer la decisión de RTVE de adquirir los derechos del Mundial por 55 millones e intentar rentabilizarlos al máximo. La corporación necesita ingresos propios, y el Mundial es el mayor escaparate publicitario del año. Que la ley le permita hacer exactamente lo que ha hecho, o que se haya excedido en su interpretación, es lo que tendrán que dirimir, previsiblemente, los tribunales.

El requerimiento de UTECA no es un movimiento improvisado. Es la culminación de una tensión que lleva meses creciendo entre las privadas y la corporación pública, alimentada por la percepción de que RTVE ha estado expandiendo progresivamente su actividad comercial al amparo de una interpretación laxa de la ley.

Detrás de esa tensión hay también una disputa por la audiencia. RTVE ha incrementado significativamente su gasto en contenidos, lo que le ha permitido mejorar sus cuotas de pantalla y competir con más fuerza en el prime time. Para las privadas, que ven cómo su trozo de la tarta publicitaria mengua mientras la cadena pública crece en audiencia con dinero público, la situación va camino de ser insostenible.

El Mundial de Fútbol ha sido el catalizador. Con el torneo previsto para el verano de 2026 y los presupuestos de los grandes anunciantes ya comprometidos o en proceso de serlo, cada euro que un anunciante destina a patrocinar los espacios de RTVE durante el campeonato es un euro que no va a Antena 3, a La Sexta, a Telecinco o a Cuatro. En un mercado que ya perdió 83 millones en un año, eso no es un matiz. Es una amenaza directa a la cuenta de resultados.

La batalla judicial entre la periodista Silvia Intxaurrondo y el diario El Mundo, propiedad del empresario italiano Urbano Cairo, suma un nuevo capítulo. Un juzgado ha ordenado al rotativo y a su director, Joaquín Manso, ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre en el plazo de tres días y publicar la rectificación de la información sobre el sueldo de la presentadora en RTVE, tal y como establecía el fallo firme dictado en su contra. Es el cuarto varapalo judicial que encaja el periódico en este litigio.

La propia Intxaurrondo lo anunció este martes en su cuenta de X con un mensaje escueto pero contundente: "Hoy, nuevo varapalo judicial para El Mundo y Joaquín Manso (ya van cuatro): el juzgado despacha ejecución y les da 3 días para publicar la rectificación del bulo contra mí, en los términos fijados por la sentencia. Otra vez la Justicia obligándoles a cumplir".

El litigio arranca de una información publicada por El Mundo en la que el periódico afirmaba que RTVE había renovado el contrato de Intxaurrondo por un total de 537.000 euros, una operación que según el rotativo habría coincidido en el tiempo con la entrevista que la presentadora de La hora de la 1 realizó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que le reprochó sus declaraciones sobre la subida de las pensiones a pocas semanas de las elecciones generales.

Intxaurrondo siempre negó esos datos. Según defendió ante los tribunales, las negociaciones con la cadena pública comenzaron mucho antes de aquella entrevista y se prolongaron después de ella. Además, denunció que El Mundo había inflado su sueldo en 150.000 euros, sumando indebidamente la remuneración que percibía por el programa El mejor de la historia.

Un camino judicial con ida y vuelta

El proceso no fue lineal para la periodista. En una primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid desestimó su demanda en enero de 2024, ya que las cifras aportadas por el periódico coincidían con documentos internos de RTVE. El juez también tuvo en cuenta que algunos datos erróneos habían sido corregidos tras una conversación entre El Mundo y el marido de Intxaurrondo, administrador de la sociedad que gestionó la renovación contractual. Tras esa resolución, fue la periodista quien tuvo que hacerse cargo de las costas.

Sin embargo, Intxaurrondo recurrió la sentencia y la Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón: condenó a El Mundo y a Manso a rectificar y a asumir las costas de ambas instancias. En noviembre, el Supremo ratificó ese fallo, en una decisión también celebrada por la periodista: “Es una pena” que El Mundo “se haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión”.

En aquel momento, Intxaurrondo también señaló la connivencia del diario con el PP:

A partir de ese momento, el periódico ha ido acumulando sucesivos incumplimientos y reveses procesales, hasta llegar a esta nueva resolución que le exige ejecutar la rectificación en el plazo improrrogable de tres días.

El caso ha tenido una amplia resonancia en el debate sobre la desinformación y la responsabilidad mediática. La propia Intxaurrondo lo quiso sintetizar en una frase que se ha hecho viral durante estos años: "Es muy fácil colar un bulo que arruine la reputación de una mujer".

La ofensiva abierta por el actual Consejo de Informativos de TVE (CdI) contra algunas decisiones del presidente de la corporación, José Pablo López, en particular su cuestionamiento de dos de los programas de infoentretenimiento en los que se está apoyando la recuperación de audiencias de la cadena —Mañaneros 360 y Malas Lenguas— ha derivado en un enfrentamiento que amenaza el buen momento que vive una redacción atrapada en el fuego cruzado entre ambos bandos. Y que cada vez se ve más presionada para tomar partido en un asunto en el que, según las fuentes consultadas por infoLibre, abundan las zonas grises.

Más allá de las consignas, los periodistas con historia en TVE, muchos de los cuales vivieron desde dentro el sometimiento de la radio y la televisión pública al PP de Mariano Rajoy durante el mandato de José Antonio Sánchez, no se casan con el diagnóstico feroz con el que el CdI trata de descalificar estos programas, pero tampoco con la furibunda reacción del presidente y del Consejo de Administración, que han fijado mediados del mes de marzo como límite para que se haga pública una rectificación bajo la amenaza de emprender acciones legales contra los representantes de los periodistas y técnicos de los que dependen los informativos de la casa. Una rectificación que la dirección de TVE asegura focalizar en un asunto muy concreto: la acusación de que “RTVE tiene altavoces que difunden mensajes de odio”.

En contra del retrato simplista que algunos medios han hecho de él como un peón de la derecha, fuentes consultadas por este diario describen a Óscar Nieto, el actual presidente del CdI, como un profesional vinculado sindicalmente a Comisiones Obreras, una organización que siempre ha sido muy combativa con los presidentes de RTVE. Aunque, en reralidad, la elección de los miembros del CdI se hace de manera individual, en candidaturas personales que no representan a ninguna organización.

Es verdad, admiten las mismas fuentes, que las elecciones al Consejo de Informativos han ido perdiendo interés por parte de los llamados a votar (periodistas, técnicos y profesionales de la redacción). Y que cada vez hay menos personas dispuestas a asumir el coste personal y profesional de defender la independencia de los servicios informativos, lo que ha reducido el peso de los periodistas con más experiencia, los que recuerdan en primera persona las épocas en las que los informativos estaban sometidos al poder político.

El Consejo de Informativos, preguntado al respecto por infoLibre, asegura haber recibido la reacción de los actuales responsables de la corporación “con sorpresa”. “No hay precedentes en los 18 años de existencia de los Consejos de informativos de RTVE”, aseguran.

De momento, el CdI no quiere pronunciarse acerca del plazo que les han puesto para rectificar porque “está estudiando el escrito recibido y le dará respuesta cuando pueda, porque es un órgano colegiado”. Tampoco han decidido si va a llamar a la movilización de los periodistas de la cadena.

Entretanto, no van a responder a su contenido ni a las críticas de los medios que les acusan de politización, toda vez que su único objetivo, subrayan, “es garantizar la independencia de RTVE”.

Es aquí donde muchos se muestran críticos con el CdI: en el coste que sus pronunciamientos están teniendo para la reputación de los telediarios y los programas informativos que sí son elaborados por el personal de la casa.

Preocupa "la imagen que se está construyendo contra Televisión Española desde algunos medios, los más de derechas y conservadores". En la época en la que "la manipulación era brutal en los telediarios, no decían nada. Y ahora, si coges cualquier telediario al azar de los últimos dos años —desde los matinales hasta el cierre de noche— no hay color con lo que había antes", lamenta un periodista de TVE que prefiere no revelar su nombre.

Muchos en la redacción viven esta situación con pesar, sobre todo porque coincide con un momento en el que los informativos mejoran semana a semana en términos de audiencia e incluso han sido capaces de ganarse el liderazgo en eventos especiales, precisamente cuando la demanda de información es mayor.

"Comparado con lo que había hace nueve años, la diferencia es abismal". Quien hace esta afirmación rememora casos sonados de noticias censuradas y de redactores que recibían directamente el argumentario del PP para construir las piezas que después iba a emitir el telediario. "Ahora no hay ni una pega", subraya.

Fuentes conocedoras de la atmósfera que se respira estos días entre los trabajadores de RTVE aseguran que, aunque es verdad que el CdI pudo cometer hasta "errores de bulto" en su informe sobre Mañaneros 360 y Malas Lenguas, "la dirección también se equivoca al entrar en enfrentamiento con ellos", porque con independencia de la opinión que merezca el trabajo que está haciendo, sigue siendo el órgano que representa a los que tienen la responsabilidad de elaborar la informaicón que después llega a los ciudadanos.

Eso sin contar con el hecho de que, incluso quienes son críticos con la beligerancia del CdI, en particular en estos momentos, admiten que estos dos programas "están algo sesgados y a veces se pasan un poco". Pero también es verdad, añaden, "que están teniendo una audiencia enorme y parece que desde el Consejo de Informativos se está haciendo un juego sucio a unas empresas que están cosechando muy buenos datos".

Los que sostienen esta opinión lamentan además que los elementos criticables de estos programas estén siendo utilizados por determinados medios, afines a la derecha, que nunca denunciaron "la manipulación y la censura grosera" de la época del PP, para hacer "una enmienda a la totalidad de unos informativos" que la mayoría de los trabajadores considera "impecables".

El conflicto, además, no se basa solo en el supuesto sesgo, mayor o menor, de esos programas, sino que se alimenta de un asunto que desde hace décadas genera tensiones entre la presidencia de RTVE y sus empleados: la externalización de la producción. Un frente de batalla que, en realidad, es más del Comité de Empresa que del Consejo de Informativos, porque tiene que ver con lo laboral y no con los contenidos, que son los únicos acerca de los cuales tiene competencias el CdI.

Al final del día, en la redacción de informativos de RTVE lo que más molesta, según las mismas fuentes, es "que se utilice un informe sesgado del Consejo de Informativos para manchar el producto informativo de Televisión Española". En particular "en un momento en el que nos va muy bien de audiencia y en el que los datos de los informativos son impecables". Nada de lo que se está denunciando, insisten, aunque fuese en su totalidad cierto, sería "comparable con lo que había antes".

El pasado 2 de diciembre de 2025, cuando el presidente del Consejo de Informativos (CdI) de TVE, Óscar Nieto, tomó la palabra por videoconferencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se produjo una paradoja.

La sesión había sido convocada para revisar una petición sobre "la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE" registrada en 2017, ocho años antes, cuando en España gobernaba el PP y al frente de la radiotelevisión pública estaba José Antonio Sánchez, hoy cabeza visible de la independiente Telemadrid y entonces orgulloso votante del PP.

El salto temporal —hoy RTVE la preside José Pablo López, al que Ayuso puso en la calle para acabar con el periodo de mayor prestigio e independencia de la historia de la tele pública madrileña— no fue sin obstáculos, porque la situación ha cambiado mucho. Pero Nieto no desaprovechó la oportunidad que le brindaba una iniciativa que había permanecido dormida en Estrasburgo durante casi una década para asegurar que el problema de RTVE "sigue vigente", dando a entender que la situación de sometimiento y control político de entonces es equiparable a la de hoy. Aunque las evidencias puestas sobre la mesa y, sobre todo, las denuncias a cara descubierta, sean incomparables.

El presidente del CdI, eso sí, explicó a los eurodiputados que "RTVE ha vivido malas épocas bajo distintos Gobiernos, del PSOE y del PP”. Y que, con el cambio de ley de 2024 —el que desbloqueó la gobernanza de los medios públicos devolviendo el control a la mayoría absoluta del Congreso, un modelo incompatible con el vigente Reglamento Europeo de Libertad de Medios, EMFA por sus siglas en inglés—, "hubo protestas de los trabajadores y del Consejo de Informativos por considerar que supuso un ataque a la independencia, la neutralidad y el pluralismo".

La base de la acusación pública del CdI tiene que ver más con la externalización de determinados programas y su praxis profesional que con denuncias concretas sobre consignas dirigidas a los periodistas de RTVE. En el punto de mira, programas como Mañaneros 360, Malas Lenguas o Directo al grano, que el CdI considera informativos —lo que impediría su externalización—, pero que la actual presidencia de la corporación califica de "programas de actualidad", lo que le permite echar mano de productoras privadas.

Nieto denunció también los ataques que reciben los periodistas de RTVE y, aunque no los citó por su nombre, también aludió a las reiteradas amenazas de Vox de disolver la corporación y entrar en ella "con lanzallamas y motosierras".

Para entender el alcance del conflicto es imprescindible comprender qué es el Consejo de Informativos. Nacido al amparo de la Ley 17/2006, que refundó RTVE como corporación pública, es el órgano elegido por los propios periodistas, técnicos y profesionales de la televisión para velar por la independencia, la neutralidad y el pluralismo de los contenidos informativos.

Sin capacidad sancionadora directa, sí tiene poder de denuncia, de investigación interna y de presión institucional. Y a lo largo de su historia ha actuado como contrapeso frente a Gobiernos de distinto signo: lo hizo contra los excesos del PP durante la etapa Rajoy, y lo hace ahora —según sus propios miembros— frente a lo que consideran una deriva análoga bajo el Gobierno de coalición.

En su versión actual, el CdI se constituyó el 4 de abril de 2025. Óscar Nieto, camarógrafo de profesión y, según algunas fuentes, próximo a Comisiones Obreras, fue elegido presidente y su mandato expira en abril del año que viene, a las puertas de lo que se avecina como una durísima campaña electoral en la que el papel de los medios públicos será juzgado con lupa. El CdI no respondió a las peticiones de información que le ha hecho llegar infoLibre en los últimos días para conocer, entre otras cosas, la composición completa de este órgano de representaciñón profesional.

Sus críticos han señalado que la participación en la elección que llevó a Nieto a la presidencia rondó el 40% del censo, lo que situaría su respaldo directo en torno al 14% del total de la plantilla con derecho a voto. Un argumento esgrimido con frecuencia para cuestionar la legitimidad representativa del órgano, pero que apenas se sostiene si se compara con elecciones anteriores. Es verdad que ha descendido la participación, pero no tanto como para cuestionar la legitimidad del Consejo.

Es el historial combativo del CdI lo que alimenta las críticas de quienes celebran los nuevos programas y no observan —o minimizan— los sesgos políticos en sus contenidos. Porque el nuevo Consejo no tardó ni un mes en hacer su primera gran jugada. El acta constitutiva del 4 de abril de 2025 incluía ya el anuncio de una investigación interna sobre el documental 7291, emitido el 13 de marzo en La 2 y Canal 24 Horas. El documental abordaba las muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia.

Las preguntas que el Consejo trasladó a la dirección eran de calado editorial, pero muchos vieron en ellas una equidistancia incompatible con la gravedad de lo ocurrido en las residencias bajo la responsabilidad de Isabel Díaz Ayuso: ¿por qué se programó un "especial" para una producción externa? ¿Por qué el foco geográfico se limitó exclusivamente a Madrid y a un periodo concreto? ¿Cumplía el tratamiento los criterios de equilibrio territorial y proporcionalidad que exige el manual de estilo de RTVE? El CdI pretendía poner sobre la mesa, desde el primer momento, el debate sobre la externalización de contenidos informativos y la posible influencia de la agenda política en las decisiones de programación.

El caso 7291 fue también la primera chispa de la guerra política en torno al Consejo. Medios y voces afines al Gobierno señalaron que la investigación respondía a una lectura sesgada de la realidad: que cuestionar un documental sobre las muertes en residencias madrileñas durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso era, en sí mismo, un acto de alineamiento con la derecha. El Consejo rechazó esa lectura y defendió que su función es velar por los criterios editoriales con independencia del color político del contenido cuestionado.

Pero el verdadero campo de batalla del mandato está siendo, sin embargo, la externalización de programas de actualidad política, parte sustancial de la mejora sin precedentes en cuotas de audiencia que acompaña a RTVE desde hace meses. Un asunto que, en rigor, es más competencia del Comité de Empresa que del CdI.

La dirección de RTVE, con José Pablo López al frente, apostó por una parrilla que incluía espacios de infoentretenimiento producidos por empresas externas: Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz y Adela González; Malas lenguas, conducido por Jesús Cintora; y Directo al grano, con Marta Flich y Gonzalo Miró.

El Consejo de Informativos ha hecho del combate a estos programas una prioridad. El argumento central es editorial y laboral: que esos formatos no solo profundizan en la subcontratación de la producción, sino que externalizan también la agenda informativa, delegando en productoras privadas el control sobre qué se discute y desde qué ángulo se presenta en la televisión pública.

Durante ese periodo, el Consejo también impulsó la vuelta simbólica a los "viernes negros", la protesta por la que los trabajadores se visten de ese color para expresar su malestar con la gestión editorial, aunque de momento con alcance poco más que testimonial. Y denunció que la dirección había puesto trabas a la realización de una encuesta interna sobre el estado de ánimo de la plantilla respecto a esos programas de actualidad, algo que la corporación ha desmentido argumentando que lo único que hizo fue proteger los datos de los trabajadores, no impedir la encuesta.

La tensión ha acabado tomando color político. PP y Vox mantienen una batalla frontal contra el actual presidente de RTVE, intensificada desde que la audiencia sonríe a la nueva programación y amenaza la hegemonía de sus aliados audiovisuales privados, en particular Antena 3. Y algunos medios alineados con la izquierda han hecho de la caracterización del CdI como un organismo dominado por afines a la derecha su principal argumento para tratar de desautorizar las protestas que formula en nombre de los trabajadores de RTVE.

En las últimas semanas, el enfrentamiento ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Tras recibir más de un centenar de quejas internas y actuar también de oficio, el Consejo hizo público un extenso análisis sobre Mañaneros 360 y Malas lenguas en el que concluía que ambos programas incumplían de forma habitual y grave el Manual de Estilo de RTVE. Los cargos concretos: tratamiento sesgado de la actualidad, selección de tertulianos que proyecta una visión política determinada y confusión sistemática entre opinión e información, presentando la primera con apariencia de la segunda.

El informe subrayaba también la responsabilidad institucional de RTVE por avalar con su marca y sus infraestructuras formatos que delegan el control de la agenda política en productoras externas y en sus propios criterios editoriales. Era, en definitiva, la acusación más articulada que el Consejo había lanzado hasta ese momento.

La réplica de la corporación, a través del consejo de administración, fue contundente. No solo desmontó, una a una, las acusaciones del CdI, sino que, en defensa de la reputación de RTVE, amenazó a los representantes de los trabajadores con llevarlos a los tribunales si no rectificaban públicamente el informe en el que cuestionaron los programas de La 1. El plazo para que presenten esa rectificación acaba a mediados de marzo, cuando se celebre la próxima reunión del Consejo de Administración.

La batalla interna está teniendo lugar en un momento extremadamente delicado, en el que las audiencias de la televisión en abierto —privadas y públicas— no dejan de caer, en el que los partidos políticos españoles —a izquierda y derecha— se niegan a abrir el debate sobre la regulación de la independencia en los términos que mandata la EMFA, y a las puertas de una campaña electoral decisiva.

Antena 3 se mantiene como la cadena líder de audiencia en febrero, con un 13% de cuota de pantalla por decimoctavo mes consecutivo, mientras que La 1, cada vez más cerca, alcanza un 12,3% con su mejor febrero de los últimos catorce años, según el informe mensual de la consultora Barlovento Comunicación, que recoge EFE.

Tanto Antena 3 como La 1 han aumentado su cuota de pantalla respecto al mes anterior, aunque el mayor crecimiento lo ha experimentado la cadena pública, con una subida de 1,8 puntos, frente a las dos décimas de la privada, según el informe realizado a partir de las datos de la empresa Kantar.

En tercer lugar se sitúa el grupo de las televisiones autonómicas, con un 9,1% de la cuota al subir seis décimas respecto a enero; el cuarto puesto es para Telecinco, que disminuye nueve décimas y logra un 8,7%; el quinto lo ocupa Cuatro, que crece una décima hasta el 6,1%, mientras que La Sexta baja cinco décimas y ocupa el sexto lugar con un 6,1%.

Los informativos diarios de Antena 3 son los más vistos en España con 2.125.000 de audiencia media y 19,5% de cuota de pantalla, en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo por 6 años y 2 mes consecutivos.

La emisión más vista corresponde al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona (emitido en La 1 el pasado 12 de febrero) con 3.699.000 de audiencia media y un 26,7% de cuota de pantalla. En este mismo encuentro también se produjo el minuto de oro del mes con una audiencia de 4.402.000 espectadores.

Con un 15,1% de cuota de pantalla, TV3 encabeza el ránking de las cadenas autonómicas, seguida de Aragón TV (12,8%), con el mejor febrero de la historia, y Canal Sur, con un 10,5%.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11,8% de cuota de cuota de pantalla y el número de espectadores fue de 21.119.000 siendo las más vista DAZN LaLiga (0,5%), LaLiga TV por Movistar Plus+ (0,5%) y Eurosport (0,3%). 

En febrero se registraron 43,4 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,2% de la población de España, según detalla el informe, que subraya que 27,9 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,7% de la población.

Por otro lado, se detectaron 4.187.0000 telefóbicos, es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 8,8% de la población de España.

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día se mantiene respecto al año pasado y se sitúa en 290 minutos. Sin embargo, el tiempo del consumo híbrido -otros consumos audiovisuales- es de 187 minutos, seis minutos más con respecto a febrero de 2025. La audiencia exclusiva diaria de esta modalidad de consumo en la que las personas usan el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.585.000 espectadores.

Esta modalidad de consumo representa el 26% del total del uso del televisor en España y se compone de Internet (servicios de streaming), con 53 minutos; Play (reproducciones de contenidos grabados), con 4 minutos; y otros en los que tienen cabida videojuegos y radio con 2 minutos.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 345 minutos por espectador al día, tres minutos más que el mismo mes del año anterior. Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son: por sexos, las mujeres 181 minutos y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años lo hacen 339 minutos, mientras que los mayores de 74 años alcanzan hasta los 369 minutos.