Ley electoral
Ningún sistema electoral es perfecto pero podría ser mejor con circunscripciones autonómicas

Ningún sistema electoral es perfecto ni tampoco completamente proporcional. Tampoco el español, definido por Fátima García Díez, profesora titular de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, como uno de los más "desproporcionales de la familia de los proporcionales". Esa ha sido una de las reflexiones destacadas del Seminario '40 años de la Ley Electoral. Un balance sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)' organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Para la directora del centro, Rosario García Mahamut, la LOREG tiene "luces y sombras" y también muchos retos pendientes.
Uno de ellos es, precisamente, lograr un sistema más proporcional para tratar de reflejar de manera más exacta la distribución de votos en la asignación de escaños o puestos. La idea del sistema d'Hont, por el que se rige la elección de los diputados del Congreso, es que cada partido obtenga un porcentaje de escaños que sea aproximadamente igual a su porcentaje de votos. Pero hay mucha letra pequeña. En el caso español, tal y como remarcó García, influye especialmente el tamaño de las circunscripciones. Cuantas más haya, más difícil será para los partidos pequeños lograr una representación proporcional a su apoyo social.
A juicio de Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y otro de los ponentes del evento, "la circunscripción debería ir hacia el ámbito de la autonomía" ya que el sistema "provincial está desfasado porque ya no refleja la realidad territorial de España". Es decir, Díaz aboga por sustituir las 52 circunscripciones actuales por 19, que corresponderían a las comunidades y las ciudades autónomas. Se trata de un "punto intermedio" entre el modelo para las elecciones generales que prima la concentración del voto a nivel provincial y la circunscripción electoral única que se utiliza para las elecciones europeas pero que complica la entrada a partidos minoritarios de corte regionalista o independentista.
Atendiendo a los resultados del 23J un sistema con circunscripciones autonómicas implicaría un mayor número de diputados para formaciones como Vox y Sumar —el primero pasaría de 33 a 43 y el segundo de 31 a 37— , no alteraría el resultado de Esquerra Republicana ni el PNV —7 y 5 respectivamente—, pero sí el de Junts, que perdería dos escaños quedándose con 5. A quién afectaría más es a los partidos monoprovinciales —es decir, aquellos que tienen su principal nicho electoral concentrado en una provincia— de comunidades autónomas con más de una provincia, lo que les haría perder toda posibilidad de entrar en el reparto de escaños, como sería el caso de Teruel Existe, que ya en las últimas elecciones generales no obtuvo representación.
Pese a las consecuencias negativas para este tipo partidos, los números muestran que se trata de un sistema mucho más proporcional que el de circunscripciones provinciales, con un desvío máximo sobre el promedio de menos de 16.000 votos, frente a los casi 85.000, según apuntó en este análisis Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.
Muchas provincias y poca proporcionalidad
Lo cierto es que las circunscripciones pequeñas, aquellas que reparten cinco o menos escaños, representan más del 50% del total y eligen a un tercio de los diputados. Es decir, 28 provincias que reparten 102 de los 350 diputados del Congreso. Pero eso no quiere decir que aquellos que viven en Soria, Teruel, Ávila o Cuenca tengan menos peso a la hora de elegir a sus representantes, todo lo contrario. El número de electores que hacen falta para conseguir un escaño en Teruel es hasta cuatro veces menor que en Madrid.
Se trata de la "tormenta perfecta para el escenario de la desproporcionalidad", según apuntó Fátima García. Esto sucede porque la Ley Electoral, aprobada en 1985, otorga a cada provincia un mínimo de dos escaños —uno en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, independientemente de su población. "Es como si tuviéramos más de un sistema operando", subrayó la profesora de la Universidad de Salamanca. El objetivo de establecer estas reglas en sus inicios era garantizar la representatividad de los territorios menos poblados, pero los expertos apuntan a que hay fórmulas para garantizar que se mantenga y mejorar el sistema.
Hay formaciones como Podemos que defienden aumentar la proporcionalidad del sistema y proponen sustituir la fórmula de reparto de escaños D'Hondt por la de Sainte-Lagüe, más proporcional. Sin embargo, como apunta Díaz, el Podemos que nació en el año 2015 "no reivindicaba un cambio del sistema porque el que había les beneficiaba". Fue a partir de 2018 cuando los morados plantaron una reforma del sistema rechazada tanto por PP como por el PSOE bajo el falso argumento de que hacía perder representantes a la España rural.
De la prohibición de encuestas al derecho a voto a partir de 16 años
Los expertos también han abordado otras cuestiones como la de reducir la edad de votación y permitir a los menores de 17 y 16 años votar. Una propuesta que formaciones como ERC y Más País pusieron sobre la mesa la pasada legislatura y que en la actual trata de impulsar la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sin embargo, cuando se llevó a pleno la Cámara Baja se rechazó la admisión a trámite de esta propuesta con el voto del PSOE, PP y Vox. Mientras que Díaz defiende que se pueda votar a partir de los 16, al igual que se permite por ejemplo trabajar, la profesora de la Universidad de Salamanca expresa sus dudas por la "tolerancia al autoritarismo" por parte se los sectores más jóvenes: "Merece una pensada", explicó.
En lo que sí han coincidido es que la prohibición de publicar encuestas es "anacrónica". En España está prohibido publicar o difundir encuestas y sondeos en los últimos cinco días antes de los comicios, es decir, desde el lunes previo al domingo electoral, según recoge la LOREG. Una circunstancia que se mantiene más de cuarenta años después de su aprobación pese al intenso calendario electoral y los precedentes en otros países europeos. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no establecen limitación alguna.
Otra de las cuestiones que salió a colación es si introducir cambios como establecer una barrera del 5% mínimo de votos en toda España como requisito indispensable para entrar en el Congreso. Es lo que sucede en todos los ayuntamientos y en autonomías como Murcia, Cantabria, La Rioja, Galicia, Baleares, Extremadura, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid. A juicio de Fátima García, aunque se trata de un "mecanismo que puede ser muy efectivo" para agrupar el voto, también tiene unas consecuencias políticas que dejarían fuera "a las minorías".
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Otro asunto que también se abordó durante el seminario y en el que hizo especial hincapié Miguel Pérez-Moneo, profesor de la Escuela Judicial y coordinador de 'Escrutinio', es sobre el voto electrónico implementado ya en muchos países, pero no en España. "Tenemos una ley anticuada sin procedimientos electrónicos", señaló en experto, si bien recalcó que también puede ser una "garantía" contra los hackeos. Con todo, cabe destacar que en la mayoría de países esta seguridad del voto se ha blindado de diferentes protocolos de protección.
En ese sentido Pérez-Moneo puso en relieve lo "fácil que es deslegitimar el procedimiento," de elección de los representantes públicos y destacó que "los partidos políticos" deben ser "garantes del proceso" y que "juegan un papel muy relevante" porque son sus simpatizantes y militantes los que están en los centros de votación y pueden vigilar que todo funcione bien. La propia LOREG establece que el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso "Están allí acompañando a los ciudadanos y tiene que haber una función pedagógica sobre la fiabilidad del sistema, que es muy fácil legitimar con bulos", zanjó.
Es lo que sucedió con el voto por correo durante la campaña de las generales de 2023. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abonó la tesis de que en Correos había un interés para que los votos no llegaran a tiempo. A esto se le suma que el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, puso en duda la labor de la empresa Indra, encargada de gestionar los datos electorales. Pero lo que hace Indra, o cualquier otra empresa dedicada a la gestión de informacion, es participar en las elecciones centralizando la gran cantidad de datos para que los medios, o cualquier ciudadano con conexión a internet, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real.