Feijóo no podrá ‘tomar’ RTVE hasta finales de 2030 sin violar el derecho europeo

Alberto Núñez Feijóo aseguró este martes en una entrevista en Telecinco que uno de los efectos que tendría un cambio de gobierno, consecuencia de una eventual moción de censura exitosa, sería que Pedro Sánchez “dejaría de tener RTVE para tener el NO-DO 24 horas”. El líder del PP incluyó el relevo de los directivos al frente de los medios públicos entre las medidas que quiere tomar como presidente provisional antes de ir a elecciones, en el caso de que Vox, UPN, Coalición Canaria y cuatro diputados más —que quiere conseguir en las filas del PNV o en las de Junts— apoyen una hipotética votación para ponerle a él en La Moncloa. Entre otras instituciones que quiere cambiar citó también la Fiscalía General del Estado y el CIS.

Completar ese objetivo, sin embargo, no es tan sencillo. Ni tan rápido. Para poner fin al mandato del actual presidente de RTVE, José Pablo López, y al de los miembros del consejo de administración, el PP solo tiene una posibilidad: impulsar la aprobación de una reforma de la ley vigente que regula los medios públicos.

El primer obstáculo es que a Feijóo no le bastan sus aliados tradicionales —Vox, UPN y Coalición Canaria—. Necesitaría el respaldo del PNV o de Junts, o por lo menos su abstención, para validar una reforma de la ley vigente, reformada por última vez el 29 de octubre de 2024.

El segundo es mucho más difícil de superar. El mandato del actual presidente y de los miembros del consejo de administración es de seis años, lo que significa que no expira hasta diciembre y noviembre de 2030, respectivamente. Es decir, apenas unos meses antes de que acabe la próxima legislatura.

Sin la abstención, al menos, del PNV o de Junts, Feijóo no podrá cambiar la ley para destituir a López y modificar la relación de fuerzas dentro del consejo. No podrá hacerlo, al menos, hasta que, en compañía de Vox, tenga mayoría absoluta en el Congreso, lo que, si llega a suceder, previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de un año, cuando se celebren las elecciones generales según el calendario de Pedro Sánchez.

Los límites europeos

Lo que el PP no parece haber tenido en cuenta, a la vista de las declaraciones de Feijóo en Telecinco, es que, aun así, no podrá reformar la ley para cambiar a la cúpula directiva de RTVE sin violar la legislación europea, que prohíbe expresamente ese tipo de maniobras, precisamente para garantizar la independencia de los medios públicos.

Este es el escollo jurídico más directo. El artículo 5.2 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (la EMFA, por sus siglas en inglés) establece que los procedimientos para el nombramiento y el cese de los directivos de los medios públicos deben tener por objeto garantizar su independencia. La norma está en vigor desde el mes de agosto del año pasado y, de acuerdo con ella, los responsables de gestión y los miembros del consejo de administración deben nombrarse siguiendo procedimientos transparentes y con criterios definidos de antemano. Y solo pueden ser destituidos antes de que termine su mandato —esta es la parte decisiva— en circunstancias extraordinarias, que no incluyen un cambio de mayorías políticas en el Congreso de los Diputados.

Modificar la ley para que el relevo sea posible no sortea esa prohibición: la vacía. Un Estado miembro no puede rediseñar su legislación nacional para eludir un reglamento europeo que es de aplicación directa. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea, establecido por el Tribunal de Justicia de la UE, significa que, cuando una norma nacional contradice un reglamento europeo, prevalece el reglamento. Siempre.

Lo que el PP quiere presentar como regeneración institucional sería, en términos jurídicos, una infracción del reglamento al que sus propios eurodiputados dieron el ‘sí’ en el Parlamento Europeo. Si la Comisión Europea detecta que una reforma legislativa nacional lo contradice, puede abrir un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De hecho, la EMFA blinda la permanencia del actual presidente y del consejo de administración hasta finales de 2030. De manera que Feijóo, aunque consiga llegar a La Moncloa en las próximas elecciones, tendrá que convivir con una RTVE que no podrá controlar durante casi toda la próxima legislatura. O desafiar a la Unión Europea, como hizo la Hungría de Viktor Orbán, y poner fin a su mandato mediante una reforma legal que supondría una violación flagrante de la legislación europea y de las normas del Estado de derecho de la Unión.

Una obsesión para Génova

RTVE, con cifras de audiencia y una influencia social cada vez mayor, se ha convertido en el último año en una de las obsesiones de Génova. Incapaz de forzar la caída de la actual dirección por procedimientos legales, el PP puso en marcha una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, una iniciativa que, sobre el papel, supone también un incumplimiento flagrante del Reglamento Europeo de Libertad de Medios.

La de RTVE es una más de las muchas comisiones de investigación que el PP ha activado en la Cámara Alta, aprovechando que allí tiene mayoría absoluta para hacer lo que le plazca, con el objetivo de cuestionar así al Gobierno.

Su objeto formal es la gestión directiva, financiera y patrimonial de la corporación, que es un terreno perfectamente fiscalizable a través de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE que el Senado comparte con el Congreso y que, todos los meses, examina la actuación de los medios públicos. Su función es velar porque el medio cumpla su misión de servicio público y sea viable económicamente.

El problema está en que la comisión de investigación sobre RTVE situó entre sus objetivos cuestionar la línea editorial de los informativos y los programas que emiten TVE y RNE, que el PP considera al servicio del Gobierno. No se trata solamente de investigar contratos, presupuestos o supuestas irregularidades en la gestión. Lo que pretenden es cuestionar qué noticias se emiten y cómo se enfocan. Y ahí empieza el conflicto legal con la EMFA, que prohíbe expresamente que un poder del Estado —y el Senado lo es— cuestione la línea editorial de los medios públicos.

El germen de la autocensura

Hay una consecuencia de este tipo de presiones, bien conocida en la literatura académica: el chilling effect, o efecto disuasorio. La sola amenaza de tener que comparecer ante una comisión parlamentaria para explicar por qué se eligió un enfoque informativo y no otro basta para que los periodistas empiecen a modular su trabajo en función de lo que pueda resultar menos conflictivo. Ese proceso silencioso ocurre antes de que la comisión emita ninguna conclusión, antes incluso de que cite a nadie.

La propia RTVE lo denunció el mismo día del anuncio de la comisión. La corporación invocó el artículo 4.2 de la EMFA, el que prohíbe que los organismos estatales “interfieran o traten de influir” en las decisiones editoriales de los medios públicos. La iniciativa “puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo”, advirtió.

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Al mismo tiempo, el secretario general de la corporación remitió una carta a la CNMC —la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, encargada por ley de la supervisión de los medios audiovisuales públicos, pidiendo que analizara si la comisión constituía una interferencia en la independencia editorial y trasladara el caso al Board for Media Services, el organismo europeo creado por la propia EMFA para vigilar el pluralismo en los medios.

Para entender la urgencia del PP basta con echar un vistazo a las cifras de audiencia de RTVE. La 1 cerró 2025 con una cuota del 11% de pantalla, su mejor dato en trece años, y el grupo RTVE en su conjunto alcanzó el 16,6%. RTVE fue el único de los tres grandes grupos que mejoró su cuota en 2025: subió 0,7 puntos mientras Atresmedia cedía 0,3 y Mediaset 0,4. En abril de 2026, el conjunto del grupo alcanzó el 17,8% de share, su mejor abril en catorce años.

Una televisión pública que crece mientras las privadas retroceden es un desafío para un PP que se siente amenazado por los profesionales de los informativos y quienes trabajan en los programas de actualidad —La Hora de La 1, Mañaneros 360, Directo al grano o Malas Lenguas—.