Esta mañana he despertado con las palabras de la hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento echándose las manos a la cabeza porque el PSOE había acordado con Bildu un apoyo a la moción de censura de la actual alcaldesa de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Y no solo mostrando su rechazo a este apoyo, sino que acusa a este partido de connivencia con los “herederos de ETA”.

No salgo de mi asombro y alucino con la cadena de despropósitos, falsedades, análisis subjetivos y cruzados del PP, con el ánimo de desgastar y desgastar a un Gobierno al que en ningún momento, desde sus principios, se le ofrece ningún margen de maniobra, sometido a acusaciones no basadas en sus acciones de gobierno, sino en su ligazón con "los que quieren destruir España”. Ese es todo su argumentario como oposición.

Se acusa a Bildu de ser herederos de ETA y que aún no han condenado los crímenes de este grupo terrorista. Pero veamos, Bildu es un partido que ha sido votado aproximadamente por 333.000 vascos, es decir, un 19% de los votantes. Parece que lo que pide nuestra derecha es que se ignore a esa cantidad de votantes, como si eso pudiera solucionar el problema del independentismo que tanto les preocupa. Es más, la ultraderecha, heredera del franquismo, pide que se ilegalice a ese partido, es decir, que se pueda encarcelar a sus militantes.

Los que ahora se sientan en escaños en el Parlamento, con todo el derecho que les confieren los votos de miles de vascos, renunciaron a la violencia de ETA y, no ha mucho tiempo, un representante de la izquierda abertzale, muy ligado al entorno de la banda en aquella época, declaró que todos aquellos actos ignominiosos no debieron nunca ocurrir. Sin embargo, se le dice que eso no es suficiente y se le exige, mayoritariamente por parte del entorno de los partidos de la derecha, que vaya más allá, en el sentido de: 1) que pida perdón por los hechos cometidos y 2) que ayuden a esclarecer los casos aún abiertos de asesinatos en aquella época.

Hace años, en plena efervescencia de la violencia de ETA, los partidos constitucionalistas, izquierda y derecha incluidos, pedían y mostraban sus deseos de poder integrar al mundo abertzale en la política institucional del país, incluso algún personaje de la derecha tendió la mano a este mundo del Movimiento de Liberación del pueblo vasco. Tras mucho trabajo de unos y otros, de la acción de los cuerpos de Seguridad y de la Justicia y de las habilidades negociadoras de todos, se consiguió que ETA renunciase a la violencia y por último anunció su desaparición, dando pie a lo que todos los demócratas habían soñado de integrar a este mundo en la vida política y de lo cual todos deberíamos sentirnos satisfechos.

Durante este tiempo, los representantes de Bildu en el Parlamento, en sus intervenciones y propuestas, siempre han mantenido una actitud respetuosa y constructiva, nunca se les ha escuchado un insulto y en ningún momento han sacado el tema de su conocida opción independentista, tan respetable como otras. Al final se consiguió lo que todos los demócratas pedían en el pasado. En ese sentido, se han diferenciado completamente del grupo de ultraderecha Vox, cuya acción permanente es la de utilizar el insulto y la falta de respeto al Parlamento, sin ninguna propuesta constructiva y a cuyo rebufo han arrastrado a la derecha supuestamente más civilizada, embarcándose en una lucha permanente entre ellos para demostrar quién es más intolerante al respecto.

O sea que, según la señora Gamarra, los herederos de ETA aún no han mostrado su denuncia de los crímenes de ETA, aproximadamente 853 asesinatos y, de ellos, 379 sin resolver ni condenar a sus responsables. Todas estas víctimas han tenido en todos los casos y merecidamente el reconocimiento y honra por parte de la sociedad en su conjunto.

Odio ponerme a hacer comparaciones sobre lo malo. No es cuestión del “y tú más” pero, con las palabras de esta señora, hoy uno se pone a pensar que: 1) los crímenes del franquismo, ya acabada la guerra civil, se evalúan, según datos del Ministerio de Justicia, en cifras de entre 25.000 y 40.000 personas (y no hablemos durante el periodo de guerra); 2) que se tienen localizadas 2.567 fosas en las que probablemente se encuentren del orden de 114.000 cuerpos, que por supuesto no han recibido ningún tipo de reconocimiento y honra, ahí siguen tras muchos años, a diferencia de los asesinados por ETA, y que el único juez que tuvo la intención de resolver el tema de los responsables de estos crímenes fue acusado de prevaricación. Así es que no existe comparación posible en cuanto al nivel de daño causado por unos y otros.

Y entonces yo le pregunto a la señora Gamarra: ¿En qué momento el PP, y no digamos Vox, han condenado estos crímenes? ¿En qué momento han pedido una comisión investigadora para buscar y condenar a sus culpables?

Bildu, según dicho por un dirigente abertzale hace tiempo, renegó de los errores cometidos; sin embargo, el partido hermano del PP, Vox, ejerce de continuo una apología del franquismo y por tanto de sus crímenes y ante lo cual al PP no le da ningún reparo asociarse con ellos en Comunidades y Ayuntamientos e incluso en un futuro Gobierno, si es que en algún momento llegasen a ello.

Y es que, efectivamente, hay una opción, la del PSOE y sus apoyos en el Gobierno, que se asocia con un partido que se ha integrado en las instituciones, como todos los demócratas habían buscado en el pasado, participa activamente en su funcionamiento con propuestas constructivas, con respeto y sin insultos, y frente a esto existe otra, la del PP, que no duda en asociarse con un partido que está muy lejos de condenar hechos terribles del pasado, incomparables con los propiciados por ETA. Es decir, se asocia con un partido que se enorgullece de esos crímenes y los justifica y ambos partidos con la intención manifestada repetidas veces de mantener en las cunetas a sus víctimas y no digamos de esclarecer lo ocurrido y sus responsables.

Por tanto, y como conclusión, aplaudamos la integración de los que con todo su derecho defienden opciones independentistas en la vida política del Estado y en sus instituciones, que apoyan a un Gobierno porque consideran que sus medidas de tipo social van en la línea de lo que ellos proponen, y no nos asustemos y hagamos oídos sordos de las posturas intransigentes, totalitarias y excluyentes de los que ven al franquismo y sus crímenes como algo que “salvó” a la patria y por ende sienten añoranza de su regreso en algún momento.

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Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica

«Se considera a las víctimas como algo sagrado y no lo son. Han armado una nueva configuración mental; han transformado el sentimiento en venganza sagrada, con su ganar y perder, al que no le falta su negra honrilla; se han constituído en asociación con lista de socios, que son los parientes de los muertos, con su organización burocrática, sus declaraciones públicas, su "doctrina"; al resultado de esta inversión capital es a lo que yo llamo Victimato».

Pensemos un poco en esa frase: «Han transformado el sentimiento en venganza sagrada», y no es eso: nuestro sustrato religioso de raíz cristiana nos juega esa mala pasada porque convierte a los parientes de las víctimas en brazos ejecutores de una justicia divina en abstracto que sólo puede traer más dolor y ningún consuelo porque suma una injusticia más a la injustificable pérdida.

Y todo eso añadido a la igualmente injustificable calificación de "asesinos" a los servidores públicos convierte en aún más suicida esa sacralización de la venganza. Y ya sabemos quiénes no tienen pudor en apelar a esas palabras gruesas se tenga o no razón... La subida de Vox en las encuestas no tiene otro (irracional) sentido.

A lo que sí tienen derecho los parientes de las víctimas es a exigir responsabilidades políticas; y en ese sentido creo que la persistencia de Mazón en el cargo resulta obsceno y provocador además de impedir que el sentimiento de pérdida y de duelo colectivo se oriente hacia unos cauces sensatos y cataplásmicos.

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Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre.

Covite, la Fundación Fernando Buesa Blanco y alrededor de una veintena de víctimas de ETA, a título individual, han realizado este martes un llamamiento a la clase política y a la sociedad para que no se utilice el lema Que te vote Txapote, al considerar que "supone una banalización del terrorismo y de los terroristas". Entre ellos, se encuentran familiares de concejales del PP José Ignacio Iruretagoyena y Manuel Zamarreño, asesinados por la organización terrorista.

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones y las demás víctimas que lo suscriben, denuncian que "resulta muy doloroso para muchas víctimas" este eslogan, y aseguran que, "en nada ayuda a la tarea de deslegitimación del terrorismo" por la que trabajan "todos los días".

El texto subraya que Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', es el asesino de decenas de personas. "Que las familias de sus víctimas tengan que escuchar su nombre machaconamente en un lema que menoscaba lo que supuso el asesinato de sus familiares es indigno y cruel, por lo que pedimos, una vez más, a la clase política y a la ciudadanía que dejen de utilizarlo", insiste.

Por ello, estas víctimas de la extinta organización terrorista piden "respeto" para la memoria de sus familiares, así como para "la pluralidad y diversidad del conjunto del colectivo de víctimas". "La causa de la Memoria, Verdad, Dignidad y Justicia no tiene ideología política y debería mantenerse al margen de la patrimonialización y la polarización partidista, por lo que exigimos que ningún partido político se arrogue nuestra representación ni nos imponga cómo tenemos que sentirnos las víctimas", aseguran.

A su juicio, "la utilización partidista de la memoria del terrorismo va en la dirección contraria de la consideración a la dignidad de las víctimas, cuyo pluralismo se inscribe en la universalidad de su condición como tales".

"Estamos en un momento difícil para la memoria del pasado del terrorismo, en el que la tentación del olvido y de pasar página sin haber abordado la tarea pendiente de la deslegitimación ética, social y política de ETA es muy grande", advierten.

Por ello, consideran que, "si en este momento tan delicado, se utilizan eslóganes viciados, como el lema en cuestión, se corre el riesgo de contribuir a la desvirtuación y a la desafección de esa memoria necesaria para la deslegitimación del terrorismo desde un consenso social amplio".

Las víctimas que, a título individual, se adhieren a esta petición son: Pablo Romero Martínez, hijo de Juan Romero Álvarez, asesinado por ETA el 21 de junio de 1993; Francisco Zaragoza, presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo y herido en un atentado de ETA el 18 de diciembre de 1988; Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco (edil del PSE), muerto a manos de la banda el 7 de marzo de 2008; o Gorka Landaburu, periodista herido en un atentado el 15 de mayo de 2001.

También se han adherido al documento Mikel Iruretagoyena, hijo del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena, asesinado por ETA el 9 de enero de 1998; y Naiara Zamarreño, hija del edil del Partido Popular Manuel Zamarreño, asesinado el 25 de junio de 1998.

Además, han suscrito esta reclamación Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado por los CAA (Comandos Autónomos Anticapitalistas) -escisión de ETA- el 23 de octubre 1980; Barbara Durkhop, viuda del socialista Enrique Casas, asesinado por los CAA el 23 de febrero 1984; Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe (PSE-EE), muerto por la banda el 20 de marzo de 2001; Ivan Ramos Torrano, hijo de María Teresa Torrano, asesinada por ETA el 25 de abril de 1987.

Otros de los firmantes son Miguel Ángel Díez Ferreira, hijo de Isidoro Díez Ratón, asesinado el 25 de noviembre de 1985; Rafael Olaziregi Borda y Miren Edurne Albizu, hermano y cuñada de Eugenio Olaziregi Borda, asesinado el 30 de enero de 1997; Nerea Barrios Cuevas, hija de José Luis Barrios Capetillo, asesinado por ETA el 17 de septiembre de 1988; Juan Carlos Ábalos Bofill, hijo deJesús Ábalos, asesinado por ETA el 25 de mayo de 1979.

También han estampado su firma Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica Herzog, asesinado el 6 de febrero de 1996; Alberto Muñagorri, herido por un atentado de ETA el 26 de junio de 1982; Jaime Arrese Araolaza, hijo de Jaime Arrese, asesinadoel 23 de octubre de 1980; José María Lobato, herido en un atentado el 4 de diciembre de 1997; José Miguel Gómez Elosegui, hermano de Francisco Javier Gómez Elósegui, asesinado por ETA el 11 de marzo de 1997; y Andoitz e Ibai Korta Zearreta, hijos del empresario Joxe Mari Korta, asesinado por ETA el 8 de agosto de 2000.

Año 2000. La violencia terrorista de ETA no cesaba y PP y PSOE, los partidos con mayor representación parlamentaria, firmaron el pacto antiterrorista que, entre otras cosas, derivó en la introducción en el Código Penal del delito de enaltecimiento del terrorismo. La pena que se plantea y que aún sigue vigente en la legislación es de uno a tres años de cárcel y multa de doce a dieciocho meses. Su objeto, regulado en el artículo 578, es castigar todas aquellas conductas que conlleven "justificación pública" de los delitos terroristas o de "quienes hayan participado en su ejecución", así como la "realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares".

Más de veinte años después, este ilícito está ya muy desdibujado en su aplicación, en parte por una jurisprudencia ya más que consolidada que acota los límites de su aplicación, en parte por la disolución de la citada organización terrorista y de otros grupos violentos. El conflicto que los distintos casos que han llegado a la justicia con la libertad de expresión y, por tanto, las distintas sentencias absolutorias y la doctrina que se ha impuesto en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, ha llevado a una caída de las denuncias y, en consecuencia, a una reducción en la apertura de procedimientos en la Audiencia Nacional, según han explicado a infoLibre fuentes jurídicas. 

Y es que la teoría cuando se creó el delito parecía estar clara. Pero en la práctica, los distintos tribunales han ido matizando cuándo y cómo debe aplicarse. Esta jurisprudencia, unida a los cambios en el contexto histórico sobrevenidos en los últimos veinte años, han llevado a que en el último año se hayan reducido considerablemente las causas judiciales abiertas por este delito. También en lo que respecta al terrorismo yihadista, que aunque sí sigue considerándose una amenaza –el Ministerio del Interior mantiene el nivel 4 de alerta por este motivo y se siguen desactivando células yihadistas (la última el pasado lunes en Barcelona y Madrid)–, los procedimientos también han descendido, en parte por la bajada de la actividad en redes tras el retroceso del Estado Islámico, en parte porque los seguidores de grupos yihadistas que son investigados resultan imputados por autoadoctrinamiento o adoctrinamiento yihadista, más que por enaltecimiento, según las fuentes consultadas.

Los cambios en la interpretación jurídica de este delito que han ido dando los tribunales llevó al Gobierno a plantear el pasado mes de febrero una reforma de los llamados delitos de expresión, entre los que se encuentra el enaltecimiento del terrorismo. El proyecto está desde entonces en manos del Ministerio de Justicia, pero hasta la fecha no ha habido ningún borrador. Este periódico preguntó esta semana al departamento que dirige Pilar Llop sobre el estado de esta reforma, pero no ha obtenido respuesta.

Sin equivalencia en Europa

Tal y como ya publicó infoLibre, el delito de enaltecimiento del terrorismo no tiene equivalencia en las jurisdicciones penales similares a la española, que lo que sí sancionan es la apología del terrorismo, ilícito que también existe en nuestro país y que implica condenas más gravosas porque lo que se pena es una "incitación directa" a la comisión de un delito. Esa "incitación" es la línea roja que separa el enaltecimiento de la apología en España y lo que en otros países diferencia entre lo que es delito y lo que no.

Lo que se ha impuesto en la jurisprudencia en los últimos años, y así se viene reflejando en las últimas sentencias judiciales, es que para condenar por enaltecimiento del terrorismo debe percibirse un "riesgo real" de que una conducta puede derivar en la comisión de un acto terrorista. El Tribunal Constitucional (TC) así lo estableció en una sentencia de 2016 en la que aplicaba la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Un año más tarde se publicó la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo, en la que se dejaba claro que "los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población", una conducta que "debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas".

Y no sólo en Europa se han pronunciado tribunales e instituciones al respecto. En 2008, el anterior relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, advirtió a España de la imprecisión de la palabra "enaltecimiento", afirmando que "cualquier tipificación de delitos relacionados con la incitación al terrorismo debe incluir los requisitos de una intención de incitar a cometer un delito terrorista, así como la existencia de un riesgo real de que tal delito se cometa como consecuencia".

¿Dónde está la frontera?

La sentencia del Constitucional de 2016 marcó las líneas básicas de aplicación del delito de enaltecimiento y, después, el Tribunal Supremo ha ido concretándolo en sucesivas resoluciones. Así, por ejemplo, cuando ratificó en 2018 la absolución de la Audiencia Nacional al tuiteroArkaitz Terrón, recordaba que esa sentencia del tribunal de garantías supuso "una escisión" que puso en marcha el cambio de criterio. "Una cosa es proclamar, incluso vociferar, lo que el sujeto siente, es decir, sus deseos o emociones, exteriorizándolos a rienda suelta, y otra cosa que tal expresión se haga, no para tal expresión emotiva, sino, más allá, para la racional finalidad de procurar que el mensaje, al menos indirectamente, incite a otros a cometer delitos de terrorismo", explicaba el Supremo. Y en el caso analizado, no veía posible que los tuits hayan generado ese peligro "ni sean potencialmente aptos para que incremente mínimamente el peligro de comisión de delitos terroristas".

En casos como el de Terrón, que se había mofado en Twitter del asesinato de Luis Carrero Blanco y había elogiado a miembros de ETA, ese peligro o riesgo, según reconocen los tribunales que analizan estos casos, se redujo una vez que la banda terrorista anunció el cese definitivo de su actividad armada, hace ahora diez años, y más aún tras comunicar su disolución en 2018. Tanto las sucesivas Memorias de la Fiscalía General del Estado de los últimos años como los más recientes informes del Departamento de Seguridad Nacional así lo atestiguan: ETA ya no es una amenaza.

La resolución más reciente del Supremo que reflexiona sobre este asunto es de hace apenas tres meses y abunda en la misma idea: "Se hace necesario establecer la frontera, la línea divisoria a partir de la cual un determinado discurso es penalmente relevante y la doctrina jurisprudencial la ha establecido en la exigencia de que la conducta suponga una incitación, al menos indirecta, a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinados grupos sociales en particular y genere una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".

Esta doctrina es la que ha hecho que apenas queden causas en la Audiencia Nacional que investiguen conductas por el delito de enaltecimiento del terrorismo, según apuntan a infoLibre distintos fiscales del tribunal. ¿La razón? Vistos los últimos pronunciamientos tanto de este tribunal como del Supremo y el Constitucional, las denuncias por este tipo delictivo se han reducido considerablemente al haberse acotado los comportamientos que pueden dar lugar a la presentación de indicios plausibles ante un juzgado.

Los homenajes a etarras, casi el último reducto

La causa más importante que existe actualmente por este delito es la que indaga en la organización de homenajes a presos de ETA entre los años 2016 y 2019 y por la que fueron detenidos varios dirigentes de Sortu y el etarra Anton López Ruiz, alias Kubati, a principios de 2020. Pero hay un matiz: tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) centran sobre todo su estrategia en esta causa en la otra pata de este ilícito, que es la humillación a las víctimaspata.

Para ello, la AVT entregó al juez instructor un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas y sus familiares los actos de recibimiento y homenaje a etarras. Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico admiten que el futuro de esta causa está muy en el aire precisamente por esa jurisprudencia del Constitucional y del Supremo que, a raíz del estudio de las sucesivas causas sobre las que han tenido que pronunciarse, delimita la aplicación del delito regulado en el artículo 578 del Código Penal.

Este futuro en el aire se explica echando un vistazo a los últimos pronunciamientos de la Audiencia Nacional cuando le han llegado denuncias por actos de homenaje a etarras organizados en País Vasco o Navarra. Ante la petición de prohibición de los actos ante la posibilidad de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, que casi siempre provienen de asociaciones de víctimas, el tribunal mantiene la misma postura desde hace unos años: rechaza impedir los homenajes, aunque pide a las fuerzas de seguridad que estén vigilantes ante posibles comportamientos ilícitos. Sin embargo, apenas hay denuncias posteriores y la mayoría de las que ha habido han acabado en archivo.

Sare ha desconvocado la marcha organizada para este sábado en Arrasate (Guipúzcoa) en apoyo al preso de ETA Henri Parot y realizará actos alternativos en las plazas de los pueblos contra "la cadena perpetua". El colectivo ha denunciado que se ha intentado "criminalizar" la marcha y ha advertido de que "no alimentará ningún espacio de confrontación", ha informado Europa Press.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz de la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA, Joseba Azkarraga, ha dado a conocer su decisión de desconvocar la manifestación porque, desde algunos sectores, se ha intentado "desvirtuar e incluso "criminalizar" la movilización "en favor de los derechos humanos". Por esta causa, ha trasladado "la reivindicación contra la cadena perpetua" a las plazas de "los pueblos de Euskal Herria" ese mismo día.

A su juicio, se han dado "actitudes carentes de responsabilidad", con las cuales "se ha reforzado las posiciones de quienes vienen rechazando cualquier cambio en positivo en la política penitenciaria", que pretenden "paralizar bajo presión y manipulación". A su juicio, los Derechos Humanos "no son parcelables", por lo que "no se pueden defender unos y despreciar otros".

Sare ha denunciado que, desde hace semanas, han asistido a "una incalificable presión" por la convocatoria realizada para este sábado 18 de septiembre. En este sentido, ha reiterado que el acto de Sare en Arrasate "perseguía la denuncia pública de una legislación que, con carácter excepcional, es de aplicación a los presos", en alusión a la ley 7/2003, denominada Ley Parot. A su juicio, esta ley "aprobada ad hoc para su aplicación a los presos vascos" posibilita "cadenas perpetuas encubiertas".

Según ha afirmado, hay aproximadamente 15 presos de ETA condenados a 40 años de prisión efectiva. "Condenas que van en dirección opuesta a lo indicado en la normativa penitenciaria, que insiste en el camino de la reintegración social de las personas privadas de libertad", ha indicado. Entre ellos, ha citado a "Desimagina, Aramendi, Aretxabaleta, Badiola, Etxebarria, Castro, Larretxea, Parot, Troitiño o Zapirain".

"Desvirtuar y criminalizar"

Sare ha lamentado que, "desde algunos sectores mediáticos, políticos e incluso institucionales", se ha intentado "desvirtuar, e incluso por parte de algunos criminalizar esta movilización a favor de los derechos humanos, con acusaciones carentes de razón, insistiendo repetidamente que este era un acto de homenaje a un preso concreto", en alusión a Henri Parot.

Ha insistido en que "a pesar de que esto se ha desmentido constantemente, se ha continuado insistiendo en ello" y "deliberadamente se ha ignorado la apuesta que siempre ha hecho Sare por la paz, la convivencia y la resolución". Los portavoces de la red ciudadana han insistido en "la importancia del momento histórico" que "exige no solo altura de miras, sino, también, apuesta de futuro" basado "en la convivencia y en la resolución".

También ha recordado que han valorado "los pasos dados" tras años "de bloqueo", para "poner fin a la política de alejamiento" y que han apoyado". "Hemos conseguido, entre todos y todas, ir abriendo camino, paso a paso, pero sin mirar atrás, para poner fin al régimen de excepcionalidad que continúan padeciendo los presos vascos y sus familias", ha dicho.

Por esta razón, aseguran que han asistido "desde la perplejidad a algunas actitudes que estos días se han producido en el ámbito político, institucional o mediático", que han calificado de "carentes de responsabilidad", con las que "se ha reforzado las posiciones de quienes vienen rechazando cualquier cambio en positivo en la política penitenciaria y pretenden paralizar, bajo presión y manipulación, estos avances".

Sare ha lamentado que, para ello, "no se ha dudado en la utilización despreciable del dolor de las víctimas, usándolas como arma contra el contrario". "A quienes han querido contraponer a las víctimas de la violencia con el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas queremos recordarles que los derechos humanos no son parcelables", han advertido, porque "no se pueden defender unos y despreciar otros".

La red ciudadana de apoyo a los presos de ETA ha indicado que "nunca dejará de defender y movilizarse por los derechos humanos de todas las personas y por tanto, también, de las personas privadas de libertad". También ha recordado su "respeto a todas las víctimas de la violencia" y su labor "por crear espacios de convivencia" y trasladar su "empatía" hacia quienes "han sido víctimas de todas las violencias generadas" en Euskadi.

Por ello, ha defendido la "legitimidad" de continuar oponiéndose "a todas las leyes y actuaciones vulneradoras de derechos que, como la ley 7/2003, se aplica a un número importante" de presos de ETA. A su juicio, es "absolutamente compatible" su "respeto a las víctimas" con la denuncia "de cualquier otra vulneración de derechos humanos". Tras apelar a "buscar espacios de entendimiento, para poder avanzar en la convivencia y no de malmeter, desvirtuar y manipular, por fines políticos o ideológicos", ha apelado a "actuar de manera responsable con el momento histórico" actual.

Finalmente, han recordado que, aunque recientemente dijeron que no veían "razones objetivas" para desconvocar la marcha, "según han transcurrido los días" han comprobado que "algunos quieren convertirlo en una confrontación con quienes pacíficamente tienen intención de participar" en ella.

Por ello, han asegurado que, "desde la responsabilidad", han decidido "no alimentar ningún espacio de confrontación". "Que a quienes tenían intención de venir a Arrasate a confrontar, atendiendo las proclamas de la ultraderecha, no les vamos a posibilitar esa confrontación", ha añadido.

Por ello, Sare ha decidido desconvocar esta marcha y sustituirla por concentraciones, también este sábado, "en todas las plazas de Euskal Herria" bajo el lema "No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución".

La Audiencia Nacional ha acordado rebajar en 20 meses la pena del etarra Henri Parot al estimar el recurso presentado por su defensa y descontarle el periodo que pasó en prisión preventiva entre febrero de 2006 y noviembre de 2007, mientras era investigado por un delito de pertenencia a banda armada con la agravante de reincidencia –por el que finalmente fue condenado– después de que en 2001 escribiera una carta desde prisión en la que animaba a la dirección de ETA a cometer atentados.

En un auto de 29 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha resuelto practicar una nueva liquidación de condena, aunque no en los términos que requería la defensa de Parot, quien permanece en prisión desde 1990 y cumple condena acumulada debido a decenas de atentados con 39 víctimas mortales.

Parot, de 63 años, solicitó el pasado 3 de junio que se le abonara el periodo comprendido desde el 18 de noviembre de 2005, "fecha en la que se decreta su prisión provisional, hasta pasar a la situación de penado tras adquirir firmeza la sentencia del Supremo", es decir, 2 de noviembre de 2007. Así, pedía que se rebajara en 24 meses la pena de 11 años que dictó el Alto Tribunal.

La Fiscalía presentó informe favorable el 24 de junio, en el que "manifestó la procedencia de abonar al penado Henri Parot el periodo comprendido hasta el 28 de diciembre de 2007 y desde el 21 de febrero de 2006", por lo que sugería rebajar la pena en 22 meses y no en 24 como solicitó el etarra.

En su resolución, los magistrados de la Sala han explicado que, según consta en el informe remitido por el Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado Parot, la prisión provisional fue abonada hasta el 20 de febrero de 2006 y, por lo tanto, "solo procede el abono del periodo comprendido entre el 21 de febrero de 2006 y el 2 de noviembre de 2007". Así, ha acordado practicar una nueva liquidación de condena que rebaja en 20 meses la pena de prisión del exdirigente de ETA.

10 de julio de 2029

La decisión de los jueces va acompañada de una providencia en la que se procede a aprobar la liquidación de condena "con fecha de cumplimiento prevista para el 10 de julio de 2029".

El pasado marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, anunció el acercamiento de seis presos de ETA a cárceles más próximas al País Vasco, entre ellos Parot, quien formó parte del comando itinerante Argala y fue detenido en abril de 1990 en Sevilla mientras transportaba una furgoneta cargada con 300 kilos de explosivos.

Recientemente, la Asociación Víctimas del Terrorismo se ha pronunciado para rechazar los acercamientos a cárceles del País Vasco de presos de ETA y ha pedido "valentía" para aplicar la ley ante los homenajes públicos a miembros de la banda terrorista, entre ellos el de Parot, convocado para este 18 de septiembre en Arrasate (Guipúzcoa).

Es conocido por ser el miembro de ETA que propició la conocida como doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y que determinó que los beneficios penitenciarios se aplicaran individualmente sobre cada una de las penas por las que hubieran sido condenados, y no sobre el límite máximo de estancia en prisión de 30 años.

El fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal -que acordó penas de 53, 46 y 9 años a tres miembros de la célula yihadista- se dio a conocer el pasado 27 de mayo en una sentencia de 1.018 páginas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M, que ejercían las acusaciones populares en la causa, anunciaron poco después su intención de recurrir la resolución.

La AVT interpuso recurso con la intención de que la sentencia sea anulada y se repita el juicio al considerar que el tribunal no se ha pronunciado sobre los cargos de asesinato terrorista que formularon ésta y otras acusaciones.

"Entendemos que debemos presentar recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva", precisó la asociación en un comunicado.

Desde la AVT recriminaron la decisión de los magistrados de considerar que el delito de asesinato terrorista "no formaba parte del objeto de procedimiento al no haber sido procesados previamente por dichos hechos por parte del juzgado instructor". Pidieron que se condene a dos de los acusados como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que al menos ocho de las acusaciones particulares y tres de las defensas también han presentado recurso contra el fallo. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo se sumó al recurso presentado por las víctimas.

La fiscalía, satisfecha

Aunque las acusaciones populares se mostraron en contra del fallo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, mostró su satisfacción por la sentencia porque -a su juicio- no solo acoge todo lo mantenido por el Ministerio Público durante el procedimiento sino porque es "un reconocimiento a las víctimas del atentado".

"Queremos que se reconozca la memoria, la verdad, la justicia, y entendemos que con la sentencia se ha conseguido", llegó a decir el respresentante del ministerio público en rueda de prensa al día siguiente de que se diera a conocer la resolución de los jueces.

Dado que las penas impuestas por el tribunal a dos de los terroristas (53 y 46 años) fueron mayores a las que solicitaba la Fiscalía, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo aseguró que estaban satisfechos y que ni siquiera ese matiz merecía crítica porque no tenían reproche alguno en contra de los magistrados.

Tres años de investigación

La Fiscalía no acusó a ninguno de los tres investigados de asesinato terrorista al considerar que no tuvieron participación directa en los atentados. Discreparon en este punto con varias de las acusaciones particulares, así como con las acusaciones populares, que solicitaban para dos de los procesados la pena de prisión permanente revisable.

El juicio arrancó en noviembre de 2020 -cuando los acusados llevaban ya tres años en prisión preventiva- y se extendió durante 32 sesiones hasta febrero de 2021. La sentencia llegó justo tres meses después de que finalizara la vista oral con el turno de última palabra de los acusados, quienes insistieron en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils aquel 17 de agosto de 2017.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha comunicado este viernes que ha autorizado el traslado de otros cinco presos de ETA, entre ellos uno condenado por participar en el secuestro de José Antonio Ortega Lara y otro por matar a Fernando Buesa. Con estos traslados, el 55% del colectivo está ya a menos de 200 kilómetros de sus casas, según ha recordado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y recoge Europa Press.

Instituciones Penitenciarias ha informado de la progresión al segundo grado y del traslado de estos otros cinco presos de ETA, con lo que ya son 153 los acercamientos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018, que se corresponden a 139 etarras, entre ellos 54 con delitos de sangre. Al País Vasco o Navarra se han autorizado 29, de los que once corresponde a la progresión al tercer grado y otros tres por enfermedad.

Participación en el secuestro de Ortega Lara

Entre los acercados este viernes hay varios con condenas por atentados. Es el caso de Julen Atxurra Egurola, que deja el Centro Penitenciario Madrid VI-Aranjuez por el de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado a 32 años de prisión por, entre otros delitos, ordenar y proporcionar el dinero y el material necesario para el secuestro de José Antonio Ortega Lara, según recuerda la AVT.

Además, hay que sumar 46 años de prisión por dos atentados frustrados contra una casa cuartel de la Guardia Civil y un agente de la Guardia Civil, en julio y agosto de 1986, respectivamente. Tiene otra condena de 28 años de prisión por su participación en el asesinato del agente de policía Julio Sánchez Rodríguez el 28 de octubre de 1986 en el barrio bilbaíno de San Adrián.

Cumplirá las 3/4 partes de la condena en abril de 2034. "A propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña, y por razones amparadas en la Ley de Protección de Datos, la Secretaría General ha resuelto su traslado a Cantabria y su progresión a segundo grado", ha informado Instituciones Penitenciarias.

A El Dueso va también Raúl Ángel Fuentes Villota, en este caso desde el Centro Penitenciario Madrid V-Soto del Real. En 2015 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenaba a 50 años de cárcel por intentar colocar una bomba en el coche de un policía nacional en Barakaldo (Vizcaya) en 1991. Además, cumple condena por tenencia de explosivos y tenencia ilícita de armas. Cumplirá las 3/4 partes de la condena en mayo de 2031.

Condenado por matar a Fernando Buesa

Diego Ugarte López de Arcaute es otro de los etarras trasladados este viernes. Deja la cárcel de Granada por la prisión de Mansilla de las Mulas, en León. Cumple una condena de 30 años por homicidio, atentado, asociación ilícita, tenencia de explosivos, depósito de armas y municiones, y falsificación de documento público.

En 2005 fue condenado a 100 años y 9 meses de prisión por el asesinato del portavoz del PSOE en el Parlamento vasco Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez, cometido el 22 de febrero de 2000. Cumplirá las 3/4 partes de la condena diciembre de 2027.

Zigor Orbe Sevillano deja el Centro Penitenciario Puerto III, en Andalucía, para ser trasladado al Centro Penitenciario de Álava. Fue condenado en el 2000 a 17 años de prisión por incendiar un autobús aprovechando las fiestas del barrio de San Miguel, en Basauri, para apoyar la huelga de hambre que estaban realizando los presos de ETA.

Según recuerda la AVT, el conductor del autobús, que estaba dentro, sufrió importantes quemaduras en las manos y en la cara. Ese mismo año el etarra huyó y fue detenido en 2004 en Francia y entregado en 2010.

Zigor Orbe Sevilla cumplirá las 3/4 partes de la condena en noviembre de 2021. Instituciones Penitenciarias ha señalado que "acepta la legalidad penitenciaria y ha remitido escritos en los que rechaza la violencia, asume el daño causado a las víctimas y aboga por su reparación". Ha sido progresado al segundo por decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Prisiones ha aprobado el traslado de un quinta etarra, Unai López de Ocariz López, en este caso desde Daroca, en Zaragoza, a la prisión alavesa de Zaballa. Cumple una condena de 25 años por estragos, asociación ilícita y depósito de armas y municiones. En 2004 fue condenado a una pena de 28 años de prisión por el atentado contra una sucursal bancaria en Vitoria. Cumplió las 3/4 partes de la condena en mayo de 2020.

Críticas de la ATV al indulto que pide Bildu

La AVT ha recordado que siguen esperando a que "alguien del Gobierno de España dé la cara para explicar estos movimientos". "Serán legales, faltaría más, pero están totalmente fuera de la ética y se nos aseguró que no se llevarían a cabo", señalan en un comunicado.

"Precisamente hace unos días, las víctimas sufrimos un varapalo más de manos del que muchos consideran la 'cara amable' de EH Bildu, Jon Iñarritu. Según sus propias palabras, habría que indultar a todos estos asesinos etarras. Ya no les vale, porque básicamente ya lo han conseguido, ni el acercamiento, ni la excarcelación de enfermos, ni las progresiones de grado, ni la derogación del Código Penal. Ahora, directamente, quieren el indulto", se quejan desde la AVT.

La Comunidad de Madrid ha nombrado este martes nueva gerente del Organismo Autónomo del 112 a Ángeles Pedraza, que tan solo hace dos semanas fue designada para dirigir el Comisionado para la Atención de las Víctimas del Terrorismo y, posteriormente, trasladada siete días después al Comisionado del Gobierno para la Cañada Real Galiana por decisión del Consejo de Gobierno.

Según el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el Comisionado del Gobierno de la Cañada Real Galiana y el Comisionado del Gobierno para la Atención a las Victimas del Terrorismo están dotados con una retribución anual de 75.084 euros. Sin embargo, el cargo de gerente de un Organismo Autónomo (como es el 112) asciende a los  93.855 euros.

Pedraza perdió a su hija en los atentados del 11-M, fue presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entre 2010 y 2016. Llegó al Gobierno regional, en octubre de 2018, de la mano del expresidente Ángel Garrido, que la nombró Comisionada para las Víctimas del Terrorismo.

Esta figura estaba recogida en la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que fue aprobada ese mismo mes por la Asamblea de Madrid. Entre sus funciones se recoge el ser interlocutora directa entre el Ejecutivo autonómico y las asociaciones.

Tras su confirmación en el cargo hace dos semanas, el Consejo de Gobierno decidió cambiarla al Comisionado para la Cañada Real, que hasta entonces dirigía José Antonio Martínez Páramo. Fuentes de su entorno han señalado a Europa Press que Pedraza no terminaba de encontrarse cómoda con el puesto y había reclamado un cambio que se ajustara más a las funciones que había tenido hasta ahora.

Este Comisionado, que se creó con el objetivo de impulsar la transformación urbanística y la integración social de los vecinos de esta antigua vía pecuaria, tiene entre sus funciones impulsar y coordinar las actuaciones así como mantener el contacto con las administraciones y entidades implicadas.

El 40% de los 391 presos por delitos de terrorismo que se encuentran cumpliendo sus condenas en cárceles españolas quedarán en libertad en un plazo de cinco años, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). En concreto, 83 de los 228 etarras y 72 de los 139 yihadistas quedarán en libertad y lo mismo ocurrirá con 10 de los 18 condenados por la actividad criminal del GRAPOGRAPO y uno de los seis del terrorismo gallego.

Según la información que maneja la AVT, otro dato importante es el de la tipología de los delitos por los que se encuentran presos. Menciona los delitos sin sangre porque son los presos de ETA beneficiados con acercamientos a cárceles cercanas a sus domicilios, aunque "sin tener en cuenta que casi la mitad de los presos terroristas actualmente en prisión se encuentran cumpliendo condena por delitos sin resultado de muerte".

Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior en junio de 2018, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 29 acercamientos de presos de ETA y otros dos de condenados por el GAL, según el recuento de Europa Press.

Presos sin delitos de sangre

Los datos de la AVT de los presos sin delitos de sangre son los siguientes: de los 228 presos de ETA, 86 no tienen delitos de sangre; de los 139 por terrorismo yihadista, son 129 sin delitos de sangre; de los 18 del GRAPO, son nueve; y ninguno de los clasificados en terrorismo gallego, esto es seis, cumplen condena por delitos de sangre.

Las cifras de la AVT desgranan otros datos de interés de la población reclusa por delitos de terrorismo. De los 228 de ETA, por ejemplo, 222 están penados y seis en situación de preventivos. A su vez, 178 del total están clasificados en la actualidad en primer grado --el régimen cerrado y más restrictivo--, frente a los 48 en segundo grado. Solo dos etarras cumplen condena en tercer grado.

En lo referente a los terroristas por yihadismo, de los 139 en prisión, 60 son penados y 79 preventivos; 121 están clasificados en primer grado y 18 en segundo grado, que es el más común entre la población reclusa. Según datos actualizados del Ministerio del Interior, en la actualidad hay 58.961 internos, incluyendo los datos de las cárceles de Cataluña.

Por parte del GRAPO, los 18 condenados están penados, de los que 12 están en primer grado, cinco en segundo grado y uno en tercer grado. De los seis penados por terrorismo gallego, según los datos de la AVT, cumplen condena dos en primer grado, tres en segundo grado y uno en tercer grado.

Piden concienciar de estas "dolorosas cifras"

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, se refirió a estos datos en el aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. "Vienen tiempos difíciles para las víctimas del terrorismo, lo sabemos".

"En los próximos cinco años veremos cómo la población reclusa por delitos de terrorismo se verá reducida casi a la mitad", dijo en un acto en el Bosque del Recuerdo en el Retiro al que asistió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Con estas palabras denunciaba la presidenta de la AVT una realidad que resulta para las víctimas del terrorismo "difícilmente comprensible" aunque reconociendo que se ampara en el marco legal. Esta asociación ha pedido que se conciencie de estas "doloras cifras" tanto a este colectivo como a la sociedad en general.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este miércoles en el Congreso que no habrá traslados colectivos de presos de ETA y que, de haber acercamientos, serán individuales y de acuerdo a la ley penitenciaria. "Mi lealtad con las víctimas es férrea, no permitiré críticas falsas ni que se utilicen a las víctimas por interés político", ha defendido, afeando al PP su estrategia de "inyectar odio" en la sociedad al utilizar esta cuestión para desgastar al Gobierno.

Como en anteriores intervenciones parlamentarias, Grande-Marlaska se ha mostrado molesto especialmente con el PP, a quien ha reclamado "lealtad al Estado" en lo referente a la política penitenciaria. Ha recordado que este verano se produjeron los traslados desde Asturias a Basauri (Vizcaya) de los presos de ETA Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, aunque cumpliendo con lo aprobado por Instituciones Penitenciarias cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Traslados que el Gobierno de Rajoy defendía "con ahínco"

"Las víctimas no van a permitir que se mienta en relación con su situación. Exijo responsabilidad, coherencia y lealtad", ha insistido el ministro. "No se puede criticar algo que defendieron algunos con tanto ahínco", ha continuado, citando declaraciones de dirigentes del PP en el pasado, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, partidarios de poner fin a la dispersión si ETA desaparecía. "Flaco favor hacen inyectando odio", ha dicho.

En su intervención inicial ante la Comisión de Interior, Grande-Marlaska ha defendido que los traslados penitenciarios no cuentan como beneficios en lo referente a la progresión de grados.

El PP, sin embargo, ha mantenido la petición de explicaciones al entender que sí ha habido un cambio en la política penitenciaria como "pago por los votos" del PNV y otros partidos nacionalistas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. "El PP será garantía de que la humillación a las víctimas no se produzca", ha defendido Marimar Blanco, que ha preguntado al ministro si comparte la tesis del Gobierno vasco de que se deben acercar también a los presos "más duros".

El PNV ha sostenido que "el primero que utilizó la lucha contra ETA como arma arrojadiza" fue el PP, y que ahora siguen haciendo esto cuando critican el fin de la dispersión o la ley vasca de abusos policiales por las denuncias de torturas en la lucha antiterrorista. "Está clarísimo", ha dicho el diputado Mikel Legarda, "el Gobierno cambia de política porque ETA ha desaparecido y no va a volver".

Marian Beitialarrangoitia, diputada de EH Bildu, ha defendido que el cumplimiento de la ley penitenciaria exigiría que más de un centenar de terroristas −"presos vascos", para ella− deberían ser excarcelados de manera inmediata. Además, ha criticado que se mantenga el primer grado, el más estricto, para la mayoría de presos etarras, comparando esta situación con la de Iñaki Urdangarín, clasificado en segundo grado "en tiempo récord".

"No vamos a permitir la inmigración violenta"

El ministro del Interior también ha justificado la devolución a Marruecos de los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el pasado 22 de agosto, afirmando que esta acción "mandó un mensaje claro" a las "organizaciones criminales que trafican con personas".

"El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta", ha destacado, para después reivindicar la "seguridad y protección" de las fronteras de España con el país alauí desde el respeto a los derechos humanos. "Seguridad, sí, pero sobre todo humanidad. Pero humanidad no es igual a permisividad", ha precisado el responsable del Ministerio del Interior, que ha comparecido este miércoles en el Congreso.

Grande-Marlaska ha acudido a la Cámara baja a petición propia tras la "reactivación" del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos, en virtud del cual los 116 inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla fronteriza de Ceuta fueron devueltos al país magrebí apenas 24 horas más tarde. El convenio permite a España entregar al país vecino a quienes han accedido de manera irregular a territorio español desde allí, independientemente de su país de origen.

La aplicación de este acuerdo, según ha explicado el ministro, se debe a que tanto España como Marruecos "han querido mandar un mensaje claro" a las mafias dedicadas a la trata de seres humanos. "No vamos a permitir la inmigración violenta que atente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resaltado.

Marruecos solo acepta el convenio en casos concretos

Grande-Marlaska ha destacado que la reactivación del acuerdo por parte de Marruecos "por lo general, no ha sido aceptada": solamente ha aceptado hacerlo "en casos específicos". Durante su intervención, ha hecho hincapié en el impulso de la cooperación y las relaciones entre Maruecos y España desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

En este sentido, ha asegurado que España va a reforzar el control fronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, matizando que se impulsará el uso de "medios más modernos, no lesivos", en clara referencia a las concertinas con cuchillas cortantes.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha enmarcado como normalidad la disposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estudiar un posible acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, pero ha advertido de que los cambios en la política penitenciaria "no pueden quedar en manos" de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

"Me parece normal que se pueda hablar de todo esto. Es lo que corresponde", ha manifestado Esteban, en los pasillos del Congreso, donde ha apuntado que ya se verá lo que da de sí la voluntad expresada por el jefe del Ejecutivo y cuáles son los pasos que se puedan dar.

Pero, a su juicio, "nadie puede escandalizarse por algo que todo el mundo daba por descontado que se podría hablar" tras el fin de la banda terrorista ETA. "Todo el mundo, incluido el PP, hablaba de que cuando ETA desapareciera, se podría plantear la aplicación de la política penitenciaria correcta", ha destacado.

Preguntado sobre si teme que el colectivo de víctimas pueda frenar la disposición del Gobierno en este sentido, Esteban ha comenzado recalcando que no se puede hablar "en bloque" de las asociaciones de víctimas porque cada una de ellas tiene su perfil ideológico y, por tanto, algunas verán "comprensible" la revisión de la política penitenciarias y otras manifestarán "una radical oposición".

Ahora bien, aunque defiende que hay que poner a las víctimas "en la primera línea" y escuchar todo lo que tengan que decir, el nacionalismo vasco subraya que la política penitenciaria "no puede quedar en sus manos".

ETA ha tratado una vez más de falsear la realidad al sostener en su "nota explicativa" anexa al comunicado difundido este viernes que sus crímenes están "ya aclarados", pidiendo a continuación que desde el Estado se hiciera lo mismo y se esclarecieran "muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria", informa Europa Press.

Fuentes de la lucha antiterrorista, los servicios jurídicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y expertos como el periodista y director del Centro Memorial de las Víctimas, Florencio Domínguez, desmienten a ETA: aún quedan por esclarecer al menos 311 atentados con víctimas mortales sin autor material y además hay otras acciones terroristas que llevan años en la sombra porque ETA jamás los reivindicó como propios.

En el comunicado de este viernes previo a su disolución en el que reconocía el daño causado y pedía perdón diferenciando entre víctimas "ajenas al conflicto" y las que no lo eran, ETA difundió una nota en la que recordaba que siempre reivindicó "todas las acciones que ha realizado en sus periódicos comunicados, y en ellos la militancia de ETA ha asumido una responsabilidad colectiva".

"ETA ya ha aclarado qué es lo que ha hecho. Nos parece importante subrayarlo, puesto que todavía hoy existen muchas acciones violentas producidas en Euskal Herria que nadie ha asumido, que nadie ha esclarecido", sostiene la banda terrorista.

En declaraciones a Europa Press, Florencio Domínguez recuerda que ETA "miente" porque existen una serie de atentados que "los polimilis no quisieron reconocer, imponiendo su tesis al resto de la organización". Se trata de crímenes que la banda cometió pero que se han negado a reconocer, como el perpetrado en 1973 contra tres jóvenes gallegos a los que confundieron con policías tras salir de un cine en San Juan de Luz. Estos jóvenes fueron secuestrados, torturados y luego se deshicieron de los cadáveres.

Hay otros crímenes ocultados por ETA como el 1974 en la cafetería Rolando en la calle Correo de Madrid, que la banda confundió con un local al que solían acudir policías o el de 1982 en Tolosa, donde volvieron a confundir con policías a tres jóvenes que vendían enciclopedias en euskera. En 1985, un taxista familiar del obispo Uriarte también fue asesinado en Bermeo en un episodio muy confuso, ya que ETA reconoció su autoría y luego borró cualquier registro en sus archivos.

Esclarecidos nueve atentados sin autor condenado

Algunos de estos atentados, no obstante, fueron juzgados y sus autores fueron condenados. Esto último no ocurre en 311 atentados con víctimas mortales –de los más de 3.500 de ETA– que aún están pendientes de ser juzgados, según recuerda a Europa Press la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara.

La letrada recuerda que aún no hay una cifra oficial sobre víctimas, lo que dificulta este tipo de trabajos, y que en su caso ha utilizado el listado del libro Vidas Rotas Vidas Rotasescrito por Florencio Domínguez junto a Rogelio Alonso y Marcos García Rey. De aquí obtuvo un primer dato de 324 casos sin resolver.

Desde 2012 la Audiencia Nacional dictó 29 sentencias por asesinatos cometidos por ETA, que dejó de matar en octubre de 2011 obligada por la acción conjunta de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia. Las 29 sentencias se corresponden a 26 atentados, con 35 víctimas mortales en total.

De esos 26 atentados, nueve (con once víctimas mortales) no tenían sentencia condenatoria de autor material y en otros dos casos se dictó sentencia absolutoria. Esos nueve atentados son los de Antonio Ramos Ramírez en 1986, por el que se condenó en 2015 a José Luis Erostegi; el de José Luis González e Ignacio Mendiluce en 1995, por el que se condenó a Mikel Otegi en 2012; el de Luciano Cortizo en 1995, por el que se condenó a Sergio Polo en 2018.

En 2014 se condenó a Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios por el asesinato en 2000 de Pedro Antonio Blanco. Por el asesinato de Cecilio Gallego y Silva Martínez en 2002 fue condenado Oscar Celarain y Andoni Otegi en 2012; por el de Isaias Carrasco en 2008 fue condenado en 2015 Beñat Aguinagalde; por el de Luis Conde de la Cruz en 2008 fue condenado Iñigo Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor en 2013.

Los dos últimos atentados resueltos son el de Ignacio Uría en 2008, por el que fue condenado Manex Castro en 2013 y Beñat Aguinalde y Joanes Larretxea en 2017; así como el de Eduardo Puelles en 2009, con condena en 2013 para Daniel Pastor, Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain.

A las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional habría que sumar las de Francia, país en el que en 2013 se condenó al etarra Mikel Karrera Sarobe, Ata, a cadena perpetua con 22 años de cumplimiento mínimo, y a Saioa Sánchez Iturregui, Hintza, a 28 años de prisión por el asesinato en Capbreton el 1 de diciembre de 2007 de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.

Críticas de las asociaciones de víctimas

Un total de 21 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo emitieron un comunicado conjunto este viernes en el que recuerdan que el perdón de ETA no será creíble hasta que esclarezcan todos sus asesinatos y "cada uno de sus responsables haya cumplido su condena". Además, pidieron que finalicen los actos de homenaje de los terroristas que salen de la cárcel.

"Las disculpas a las víctimas eran imprescindibles, pero hace muchos años que debían haberse producido, y resulta inadmisible que pretenda diferenciarse entre dos tipos de víctimas, las 'ajenas al conflicto' y las que, en opinión de los terroristas, no lo eran", sostuvieron.

La abogada Carmen Ladrón de Guevara recuerda que uno de los 311 atentados por resolver es el último de ETA en España, el que cometió el 30 de julio de 2009 en Palma de Mallorca matando con una bomba lapa a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun. En 2010 dejarían su última víctima, el policía francés Jean-Serge Nèrin. "Si realmente quieren pedir perdón, que colaboren con el esclarecimiento de atentados como el de Mallorca, del que hay muy pocos datos", enfatizó la abogada de la AVT.

En un comunicado, la AVT considera que ETA trata de "diluir su verdadera responsabilidad" en los más de 50 años de terror en un comunicado en el que reconoce el daño causado y pide perdón a las víctimas, aunque haciendo diferencias entre ellas y justificando su nacimiento como organización criminal, que relaciona con "un sufrimiento que tendría su origen en el bombardeo de Gernika".

La asociación mayoritaria de víctimas subraya que ETA "en ningún momento hace autocrítica", "justificando con ello el uso de la violencia como algo inevitable, defensivo y fruto de una conflicto inexistente e inventado" por una banda terrorista que trató sin éxito de "imponer su proyecto totalitario y manipular la historia".

La AVT critica que ETA se permita diferenciar entre víctimas de sus acciones criminales para hablar de aquellas "que no tenían una participación directa en el conflicto" en el que dicen que participaron "obligados por las necesidades".

En este sentido, piden al Gobierno que "neutralice esta campaña propagandística con la única finalidad de venderse a la comunidad internacional como si ellos fueran los buenos y, de esta manera, forzar a los Estados español y francés a ceder en sus reivindicaciones", entre ellas el acercamiento de presos al País Vasco.

La AVT exige la entrega de todas las armas intactas y del material de ETA, así como el desmantelamiento de las estructuras terroristas. "La única declaración que esperamos de ETA es aquella en la que se reconozca como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España durante décadas. Que reconozca que el uso de la violencia no tiene justificación alguna. Y que haga autocrítica de su pasado criminal", concluye la asociación.

"Falta crítica política"

El periodista y víctima de ETA Gorka Landáburu, por su parte, ha considerado que el comunicado difundido este viernes por la banda terrorista es "el más importante y crítico" que ha hecho la organización, aunque aún "falta crítica política" y emplaza a la izquierda abertzale a hacerla.

"Falta una crítica política en el tiempo y espero que la izquierda abertzale lo haga" ha señalado en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, en las que ha dicho además que ETA "tiene cuentas pendientes con la sociedad". Para Landáburu, "muchas víctimas verán insuficiente" este comunicado. "Pero ETA desaparece definitivamente y es lo que queríamos desde hace mucho tiempo", ha planteado.

Rosa Rodero, también víctima de ETA, que asesinó a su marido, un miembro de la Ertzaintza en 1993, afirma que el comunicado "no compensa, pero por lo menos da un respiro".

"Ya no tiene solución, lo que ha pasado ha pasado. Yo miro más por el futuro y porque no vuelva a ocurrir. Mi marido no está y no me lo pueden devolver, lo que siempre he pensado es en el futuro en mis hijos mis nietos, esa paz que hemos querido toda la vida y ahí la tenemos", ha señalado en la SER.

En su opinión, se trata "sin más", de "un paso más" para "terminar ya con estos años" de ETA. "Son los pasos que se están dando, que se están alargando en el tiempo y entiendo que el tema de los presos es lo que está llevando a que se esté alargando", ha comentado.

"El perdón tiene que venir acompañado de colaboración con la Justicia"

Asímismo, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, Maria del Mar Blanco, ha asegurado este viernes que el comunicado difundido por la banda terrorista es fruto de su derrota y dice que no le sirve el perdón, porque distingue entre las víctimas que "se merecían la bomba" y las que no, y porque el gesto "debe venir acompañado de colaboración con la Justicia".

"El perdón se tiene que traducir en la colaboración con la Justicia. No me creo que sea sincero porque es fruto de su derrota", ha subrayado Maria del Mar Blanco. En una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, ha declarado que el comunicado de ETA "no cumple las expectativas de las víctimas del terrorismo, porque sigue utilizando el mismo lenguaje que han utilizado durante años para causar dolor".

En esta línea, ha afirmado que le parece "vergonzoso" que se haga una distinción entre víctimas porque, según ha dicho, "todos son víctimas inocentes de la oposición totalitaria y mafiosa llamada ETA", que ha pedido disculpas explícitamente, como reza el comunicado, a aquellos damnificados que "no tenían una participación directa en el conflicto".

Blanco ha dicho que esperaba que la banda terrorista "hiciera un llamamiento a los suyos para que dejen de hacer actos de bienvenida a los terroristas" y ha pedido que "dejen de utilizar palabras que siguen humillando a las víctimas". "Nos tienen que dejar a los demócratas, a los que hemos defendido el Estado de Derecho, la construcción de ese relato de la historia basado en la verdad", ha subrayado Maria del Mar Blanco.

"Inaceptable" que ETA "divida a las víctimas entre culpables e inocentes"

En la misma línea, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha considerado "inaceptable" que ETA "divida a las víctimas entre culpables e inocentes" y ha exigido a la banda terrorista que "esclarezca los crímenes sin resolver y la ubicación de las víctimas desaparecidas".

En un comunicado, Covite ha criticado que ETA "pida perdón" sólo a aquellas que "no tenían una participación directa en el conflicto". A juicio del colectivo, esta postura "implica la justificación del asesinato de centenares de personas en el contexto de un conflicto inexistente que ETA se empeña en mantener para fundamentar su historia y difuminar su responsabilidad sobre los crímenes cometidos".

"ETA trata a las víctimas como daños colaterales en la imposición de un proyecto totalitario al que ni los terroristas ni su brazo político han renunciado", ha afirmado Covite.

Además, ha advertido de que "enunciar una petición de perdón selectiva significa insultar a las víctimas del terrorismo y a toda la sociedad". Para Covite "la única aportación que ETA puede hacer a la sociedad a la que lleva golpeando medio siglo es esclarecer los más de 400 asesinatos que quedan sin resolver y dar la ubicación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas".

Por otro lado, ha opinado que el hecho de que ETA quiera "representar un final a cámara lenta que se prolongue con comunicados y actos públicos con supuestos avales internacionales" demuestra que "la banda terrorista quiere sacar rédito de su final". "El final de una organización terrorista verdaderamente arrepentida tendría que ser discreto y sin afán de protagonismo", ha destacado.

En este sentido, Covite ha señalado que hubiera preferido "que el final de ETA lo escribieran las fuerzas de seguridad deteniendo a lo que queda de la organización terrorista y frenando cualquier intento de blanquear su pasado".

Además, ha recordado al Estado que "tiene la obligación de darle a la sociedad la foto de la derrota de los terroristas y aún no lo ha cumplido" y también "debe asegurar que el final de ETA no tenga contrapartidas ni para los terroristas ni para el nacionalismo".

"Una barbaridad" la distinción que ETA hace de las víctimas

Maixabel Lasa, viuda del socialista y exgobernador de Gipuzkoa asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui, ha calificado como "una barbaridad" la distinción que la banda terrorista hace de las víctimas en su comunicado, y ha considerado que a la banda "le cuesta demasiado decir que en realidad ni tenía que haber existido nunca, que fue un error y lo que hizo estuvo mal".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la también ex directora de la oficina de atención a las víctimas del terrorismo ha afirmado que el comunicado de ETA "es una de las cosas que se esperaba de ellos". "No habíamos oído de la boca de ETA decir nada parecido y, en ese momento, se puede ver que es una cosa positiva", ha señalado.

No obstante, ha advertido que en el texto "hay muchos peros" como "la distinción que hace entre los daños colaterales, entre otras cosas", porque "lamenta y pide a los familiares el perdón pero hace distinción entre unas víctimas y otras". "Me parece una barbaridad", ha censurado. Además, sostiene que "no se ve claro en el comunicado que ellos son los causantes de ese dolor y ese daño".

"Les cuesta demasiado decir que en realidad ETA ni tenía que haber existido nunca, que fue un error, lo que hicieron estuvo mal y por eso reconocen el daño causado. ¿Esas cosas son tan difícil decirlas así, de forma clarita para que lo podamos entender todos, los tontos también?", ha preguntado. Por ello, ha asegurado que "esperaba algo más de ellos" aunque "es lo que hay".

En su opinión, habrá que esperar a que "el relato que se vaya a escribir cumpla con las expectativas, que cuente todo lo que sucedió y cómo sucedió". "Espero que se tenga en cuenta la opinión de las víctimas y de quienes hemos sufrido estos años", ha censurado.

Lasa afirma que, además, ETA "debería hacer una autocrítica política" porque la banda "y los que le acompañaban en su trayectoria, hay muchísima gente muy responsable de lo que ha sucedido en este país". "No solo los que mataban y llevaban las armas, sino los intelectuales que había alrededor de toda esa trama, y eso yo no lo he visto tan claro", ha añadido.

La viuda de Jáuregui cree, además, que la desaparición de ETA "está siendo muy larga" y, ante su disolución, ha afirmado que "se está dando demasiado bombo y platillo a esto". "Lo deberían hacer de forma más normal porque, en realidad, ETA lo que le ha hecho a este país es lo peor que le podía hacer, y no sé si lo quiere celebrar o qué", ha apuntado.

En este sentido, le ha recordado que "sobre sus espaldas tiene los ochocientos y pico muertos que ha ocasionado y la cantidad de personas extorsionadas, secuestradas, los que han tenido que vivir con escolta durante tantos años". "¿De eso se van a vanagloriar? Lo que deberían hacer es todo lo contrario. Ser más discretos y sin darle tanto bombo y platillo", ha concluido.

La Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA exigió una disculpa al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez Rodrigo, por "sus descalificaciones, calumnias y faltas de respeto" tras sus declaraciones en las que afirmaba que en la comunidad foral se estaba haciendo un "uso partidista" de las víctimas y lamentaba que "algunos siguen tirándose los muertos a la cabeza para desbancar del poder a unos partidos u otros", informa Europa Press.

La asociación, que se encuentra en fase de constitución, celebró este sábado una reunión interna en el Hotel Iruña Park de Pamplona. Según informaron en rueda de prensa, en estos momentos cuentan con 120 asociados que representan a 50 familias de víctimas y heridos por atentados de ETA.

Carmen Ímaz, hija de Joaquín Ímaz, asesinado por ETA el 26 de noviembre de 1977, leyó un comunicado en nombre de la asociación en el que afirmó que "jamás nos hemos prestado ni nos prestaremos a ninguna utilización partidista" y que "ningún familiar de víctima se está erigiendo en portavoz de todos".

"Hemos denunciado públicamente al actual Gobierno de Navarra sustentado por EH Bildu por sus intentos de blanquear la historia de terror de ETA", remarcó Ímaz que aseguró que el presidente de la AVT "se presta consciente y deliberadamente" a esta estrategia.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) remitió una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para que interrumpa los contactos entre su Gobierno y los interlocutores de los 307 presos de ETA que continúan cumpliendo condena sin desvincularse de la banda terrorista ni colaborar con la Justicia.

A la carta firmada por el presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, le sigue un dossier, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerdan los 3.517 atentados y las 860 víctimas mortales de ETA, que renunció a la actividad terrorista hace casi siete años, el 20 de octubre de 2011.

La AVT se apoya, entre otros, en datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, para mostrar su "preocupación" por la ofensiva de organizaciones afines a los presos etarras, que quieren conseguir beneficios penitenciarios.

Tras los contactos con concejales franceses y la manifestación en París del 9 de diciembre, este sábado la plataforma Sare convocó una nueva marcha en Bilbao "hacia la paz y la resolución" de un conflicto en el que culpan por igual a España y Francia.

En la actualidad, según el informe de la AVT, hay 237 presos en España, 64 en Francia y cuatro en otros países. El documento de la asociación defiende la dispersión, una medida adoptada en 1988 para acabar con la posibilidad de que los etarras "gobernaran las cárceles" en las que hasta entonces estaban agrupados.

Hasta entonces, los presos de ETA no cumplían ninguna de las normas que el primer grado exigía y muchos de ellos vivían "en una doble prisión", de acuerdo a lo que defendía el por entonces director de Instituciones Penitenciarias Antonio Asunción, la impuesta por los tribunales y la establecida por los jefes de la banda, puesto que había presos que querían acogerse a los beneficios penitenciarios "pero los frenaban los duros".

Para la AVT, que cuenta con 4.569 socios, este sigue siendo el principal impedimento a día de hoy: "Si los presos de ETA no se han visto beneficiados por esos mecanismos ha sido por la propia voluntad de la organización terrorista, que no se lo ha permitido". Por eso subrayan que la iniciativa depende de la propia organización terrorista "y no de los Estados español y francés".

"No habido ninguna guerra"

"En el País Vasco no ha habido ninguna guerra, sino un grupo terrorista que ha sembrado el terror a través de la violencia, la extorsión y la amenaza a la sociedad vasca en particular y a la española en general", recuerda la AVT en su dossier enviado a Macron.

En este sentido, insiste en que las medidas legales previstas en el ordenamiento jurídico "no son excepcionales sino específicas para hacer frente a una criminalidad excepcional" que, según los datos de la Subdirección General de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, han dejado 3.421 víctimas indemnizadas. "Instrumentos legales", dicen, "necesarios para derrotar a los terroristas".

La AVT alude a la Vía Nanclares y recuerda que la calificación en el tercer grado y los beneficios penitenciarios contemplados en la ley están condicionados a que el preso muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y, además, haber colaborado activamente con las autoridades.

También cita resoluciones judiciales en España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no reconoce el derecho del preso a elegir su lugar de detención y que sostiene que la separación familiar es una consecuencia inevitable de su prisión, por lo que las autoridades gubernativas tienen un amplio margen de discrecionalidad en la asignación del destino con arreglo a la legislación interna.

Movimientos del entorno de ETA

La AVT pide a Macron que estudie recibirles para ampliar sus inquietudes después de que el pasado 23 de octubre el foro Bake Bidea informara de los contactos con el Ministerio de Justicia francés.

Este foro respalda las gestiones de los denominados artesanos de la paz, impulsores de acciones a favor de los presos de ETA como la entrega de armas en Bayona en abril de 2017 o la moción del 22 de noviembre que aprobó el Ayuntamiento de París en apoyo "al proceso de paz del País Vasco" que, según ellos, "atraviesa por etapas importantes tras decenios en los que el País Vasco, España y Francia han conocido la violencia".

El 9 de diciembre, cientos de personas movilizadas por grupos afines se manifestaron en París para criticar el "silencio pesado" tanto de España como de Francia, a quienes reclaman cambios en la política penitenciaria.

El portavoz del Foro Social Permanente, Agus Herran, aseguró el 8 de enero que el Colectivo de Presos de ETA, EPPK, le mostraron en una reciente reunión su disposición a "reconocer el daño causado" y a mantener encuentros con sus víctimas a cambio de fijar una "hoja de ruta transversal" para que en unos "plazos razonables" haya excarcelaciones.

Según este portavoz, los reclusos de la banda terrorista quieren "evitar los reproches" y dicen que ya pidieron trabajar en cerca de 20 cárceles españolas, mostrando su disposición a cumplir la legislación.

Una "vía tortuosa" para los presos

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, criticó "la rigidez" de la política penitenciaria que mantiene el Gobierno español y considera que muestra a los presos de ETA "una vía tortuosa" para lograr pasos como el logrado en Francia, que, al parecer, pretende trasladar en las próximas semanas a reclusos de la banda a cárceles cercanas a Euskadi.

Por su parte, EH Bildu cree que el acercamiento en Francia "pone las cosas a punto de caramelo" para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pueda actuar de la misma manera, mientras que Elkarrekin Podemos y el PSE-EE pidieron también al PP avances en política penitenciaria.

Por su parte, el PP ha querido "guardar prudencia" ante los posibles pasos que vaya a dar Francia, y cree que es necesario analizar las solicitudes de los reclusos de ETA de forma individual y no se atienda "a una petición colectiva".

En la tertulia del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Egibar afirmó que ya se sabía que en próximos meses el Gobierno francés podría empezar "una serie de movimientos que supusiera acercamiento de los presos a cárceles próximas a los domicilios de las familias en cárceles de Iparralde o cercanas a Iparralde". "Es un buen paso y una buena referencia porque supone avanzar en una línea de humanizar la política penitenciaria", indicó.

En este sentido, recordó que la política penitenciaria se diseñó "como un instrumento de persecución de ETA" y que fue "aderezada" con "una legislación excepcional que ha supuesto de facto una vulneración de derechos".

Por ello, espera que el acercamiento en Francia "pueda provocar otros" pasos en el Estado español. No obstante, recordó que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esta semana dijo "muy claramente" que "la disolución de ETA tendrá que ser muy nítida y muy limpia" para que se practique algún "movimiento" sobre reclusos.

Por ello, considera que el Gobierno de Rajoy tiene una posición "que no va con los tiempos y con las demandas de la inmensa mayoría de la sociedad".

A su juicio, por ejemplo, con la Ley Orgánica 7/2003 de Medidas de Reforma para el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas, "la vía que se le muestra" a los reclusos de ETA es "más que difícil o tortuosa, aún existiendo voluntad y decisión de reinserción por cada uno de los presos".

"Creo que esa excepcionalidad que ha acompañado a la política penitenciaria ante un hecho relevante como es de la desaparición de ETA y de su actividad armada, es un punto que debe llevar al Gobierno del PP a modificar esa política", indicó.

El dirigente jeltzale apuntó que, "quienes, como el PP, pensaban que la derrota policial iba a conllevar una derrota política", ha visto que "no ha sucedido eso y produce una difícil digestión". Además, afirmó que "la estrategia político-militar" de ETA "ha quedado derrotada y las vías exclusivamente democráticas y políticas obligan a que, ante las consecuencias de una estrategia fallida, fracasada", también haya "coraje" para reconocer "el daño injustamente causado, porque explicación puede tener, pero justificación no".

Acercamiento progresivo, gradual e individualizado

El Gobierno vasco afirmó que el Ejecutivo francés procederá en próximas semanas al acercamiento progresivo, gradual e individualizado de presos de ETA a cárceles cercanas a Euskadi, y aplaudió la decisión de la Administración gala.

En un comunicado, el Gabinete de Iñigo Urkullu confirmó que el Gobierno de Francia tiene la intención de comenzar en próximas semanas a acercar a reclusos de la banda a cárceles cercanas a Euskadi. El Gobierno vasco tuvo conocimiento de esta decisión del Ejecutivo galo a través de las relaciones que mantienen ambas administraciones.

Además, el Ejecutivo vasco destacó que "ese proceso de acercamientos será progresivo, gradual y abordado caso a caso, de manera individualizada". "Estamos ante una buena noticia. El Gobierno Vasco apoya estos cambios por los que ha trabajado en los últimos meses, y aplaude esta decisión del Gobierno francés", concluyó.

Las familias de las 15 víctimas mortales del doble atentado yihadista en Cataluña tienen derecho a cobrar una indemnización de 250.000 euros del Estado español, que ofrece ayudas para sufragar el traslado de los restos y costear entierros e incineraciones, además de compensar las lesiones de los heridos y ofrecer asistencia médica y psicológica.

La normativa española prevé incluso que, en casos de "perentoria necesidad", algunas de estas ayudas puedan cobrarse por adelantado, según reconoce el reglamento que desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo de 2011, que ha consultado Europa Press.

Algunos familiares de víctimas extranjeras de los atentados de Barcelona han iniciado campañas de crowfunding en Internet para recabar fondos con los que costear la repatriación de los cadáveres o pagar la asistencia sanitaria.

Técnicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) consultados por Europa Press admiten que a día de hoy, cuando apenas han pasado cinco días del atropello en Las Ramblas, los familiares de los fallecidos o los propios heridos quizás desconozcan todas las ayudas que el Estado español prevé para sus casos.

El Ministerio del Interior, que cuenta con una Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, ha habilitado varias líneas telefónicas para atender a los afectados por los ataques y sus familiares: 91 537 24 79/80; 91 537 24 41/42 y 91 537 24 21/61.

La AVT, que colabora con Interior, también ha habilitado dos teléfonos para la asistencia psicológica de afectados por los ataques: 607 719 716 y 91 594 07 99.

Para poder acceder a las ayudas es necesario que el interesado que tenga derecho a ellas las solicite formalmente al Ministerio del Interior, presentando los certificados sanitarios y policiales o judiciales que acrediten que ha sido víctima de los ataques.

La indemnización por fallecimiento está dirigida al cónyuge o pareja de la persona fallecida y a los hijos de ésta, si los hubiera. En caso de que el fallecido no tuviera pareja ni descendencia, tendrán derecho a la indemnización, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la víctima.

La Administración General del Estado abonará también los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las víctimas que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.

Para los heridos, el Estado prevé compensaciones que varían en función de la gravedad de las lesiones que les provocara el atentado, que van desde los 500.000 euros para situaciones de gran invalidez a 75.000 por una incapacidad permanente parcial.

Ayuda psicológica

España ofrece también asistencia psicológica y psiquiátrica gratuita a los afectados por terrorismo de manera inmediata y presta asistencia sanitaria de urgencia a los heridos en el Sistema Nacional de Salud.

Los heridos tendrán derecho a compensaciones por los gastos de tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas en los que incurran y que guarden vinculación con las acciones terroristas, cuando quede acreditada su necesidad y no se hallen cubiertos por el sistema público o privado de previsión al que estas personas se encuentren acogidas, recoge la normativa española.

La ley española de protección a las víctimas, pionera en los países de nuestro entorno según reconocen desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, contempla otra serie de ayudas psicopedagógicas y escolares para las víctimas del terrorismo y sus hijos.

Del mismo modo, reclamó a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que "rectifique" y que el equipo de Gobierno "lidere" un homenaje al "símbolo" que supuso la muerte de Miguel Ángel Blanco para la unidad del país en la lucha contra el terrorismo, pues "no se puede ser equidistante" en estas cuestiones.

El portavoz del PP consideró que el homenaje a Miguel Ángel Blanco por parte del Ayuntamiento es "merecido" porque se trató de uno de los asesinatos "más crueles y viles que ha hecho ETA".

Por ese motivo, anunció que el PP anima a todos los grupos políticos a la ciudadanía madrileña a participar este miércoles a las 10.30 horas en un homenaje a esta víctima de ETA desplegando una pancarta en su honor, cuyo asesinato generó una "impresionante" manifestación donde la ciudadanía dijo "basta ya" a la violencia terrorista.

"Yo creo que igual que todo Madrid mostró su solidaridad en una manifestación impresionante hace 20 años debemos volver a decir aquí y ahora basta ya, debemos demostrar que hay vencedores y vencidos en la lucha contra ETA", para luego recalcar que no entiende la postura del equipo de Gobierno, que ha "singularizado" homenajes colgando banderas republicanas en dependencias municipales, así como símbolos del movimiento indígena y del movimiento palestino.

En esta línea, Martínez-Almeida expuso que "no se puede estar del lado de Arnaldo Otegi", aludiendo a unas declaraciones del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que le definía como "hombre de paz" y "sí negar un reconocimiento y un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que se está produciendo en casi todos los ayuntamientos de este país".

Reproches a Carmena

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada nacional del PP, Mari Mar Blanco, aseguró este lunes que con el homenaje a su hermano Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace veinte años, no se recuerda solo a una víctima del terrorismo sino a todas ellas, así como el comienzo del fin de esa organización terrorista. Por ello reprochó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que el ayuntamiento se haya negado a realizarle un homenaje, mientras Podemos recibió a los agresores de los guardias civiles en Alsasua.

"Recordar a Miguel Ángel Blanco es recordar todo lo que supuso su secuestro y asesinato. Es recordar el espíritu de Ermua y esa movilización ciudadana y esa concienciación cívica y democrática en la lucha contra el terrorismo", declaró a los periodistas tras participar en el homenaje a su hermano que organizó el PP en la sede nacional del partido, que ha presidido Mariano Rajoy. En el acto se guardó un minuto de silencio y se desplegó en la fachada una lona con la imagen del edil y el mensaje Sigues dejando huella.

Carmena rechazó una solicitud de Movimiento contra la Intolerancia para colocar en la fachada del Palacio de Cibeles una pancarta en memoria de Miguel Ángel Blanco y que el Ayuntamiento convoque una concentración en el veinte aniversario de su asesinato a manos de ETA al entender que "supondría destacar a una víctima sobre todas las demás". Blanco rebatió los argumentos de la alcaldesa asegurando que no se está poniendo a su hermano por encima de las demás víctimas del terrorismo, ya que, según agregó, recordando a Miguel Ángel Blanco se está recordando "a cada una de las víctimas del terrorismo".

Una declaración conjunta

Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, llamó a sumarse a una declaración conjunta relativa a los veinte años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA para añadir, a renglón seguido, que ponían en el centro a las asociaciones "para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras", motivo que explica las razones por las que no es partidaria de la pancarta propuesta.

Al término de la comisión de Cultura, la alcaldesa recordó el "terrible asesinato" y aseguró que el equipo de Gobierno estaba "encantado de hacer cualquier declaración en el sentido de sumarse a la repulsa y a la vez valorar lo que significó en la reacción ciudadana". Posiblemente sea en el Pleno donde se produzca esa declaración conjunta, que puede ser presentada por el resto de grupos municipales o incluso partir del Ejecutivo.

Carmena añadió que "lo que no tenía mucho sentido era la pancarta en la medida en la que eso tiene mucho que ver con lo que puedan acordar las asociaciones de víctimas". Se trataría, en definitiva, de "no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras". "Lo importante es que haya un consenso por parte de las asociaciones de víctimas con las que nos reunimos y a las que tenemos mucho respeto", añadió.

Sobre el acto que el PP plantea, Carmena, antes de conocer en qué consistirá, apuntó que lo esencial era sumarse a esa declaración conjunta. "Y después veremos, depende de la alternativa que sea. Nos gusta siempre estar apoyando todo lo que tenga que ver con la consideración de todas las víctimas y hay que reconocer que este hecho tuvo el dolor que significó un asesinato de esas características y una conmoción de la sociedad", declaró. "En esa medida nos sumaremos a cualquier cosa, por supuesto que sí", concluyó.

Finalmente, la alcaldesa convocó una concentración el próximo miércoles ante la sede del Ayuntamiento para recordar "a todas las víctimas del terrorismo", a la que tanto Carmena como otros miembros del equipo de Gobierno asistirán, según un comunicado del Consistorio.

Así pues y "con motivo del asesinato de Miguel Ángel Blanco", el ayuntamiento acordó unirse a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y convocó una concentración el próximo miércoles a las 12.00 ante el Palacio de Cibeles.

Autonomía de los ayuntamientos para decidir

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, defendió la independencia de los ayuntamientos a la hora de decidir qué homenajes hacen y a quién, al ser preguntado por la decisión de la alcaldesa madrileña.

"Nosotros pensamos que son cosas que tienen que decidir los ayuntamientos. Nos parece legítimo y necesario que se hagan homenajes a las víctimas del terrorismo, a Miguel Ángel Blanco, a Ignacio Echeverría, a Pilar Majón, y a todas las víctimas en su conjunto, pero los nombres de las calles y las pancartas es algo que tienen que decidir los grupos municipales", aseguró en la rueda de prensa que ha ofrecido durante la reunión de la Ejecutiva del partido morado.

De esta forma, Echenique no cuestionó la decisión de Carmena y de otros ayuntamientos gobernados por candidaturas de unidad popular apoyadas por Podemos, en los que se rechazó realizar homenajes concretos a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su secuestro y asesinato por ETA para no destacar a unas víctimas sobre otras, según argumentaron.

Una declaración institucional de homenaje

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, remitió al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid un texto con vistas a conseguir que en el próximo Pleno municipal se apruebe una Declaración Institucional de apoyo y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, especialmente a las víctimas provocadas por la banda terrorista ETA.

Esta iniciativa, que coincide con el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, el Grupo Socialista quiere dar respuesta "al sentir de diferentes movimientos sociales que demandaban al Ayuntamiento la realización de algún tipo de gesto u homenaje a la figura del concejal asesinado".

Según indicó el PSOE en un comunicado, en el borrador de Declaración Institucional se subraya que "todas las víctimas del terrorismo merecen un espacio destacado en nuestro recuerdo" y "todas tienen derecho a que su memoria se honre". "Y es en este marco de reconocimiento en el que queremos destacar aquellos sucesos que sacudieron de manera especial la conciencia colectiva", apostilló.

"La movilización del pueblo español, rotunda, serena y masiva, ante estos crímenes supuso una palanca imprescindible para la derrota definitiva del terrorismo etarraderrota definitiva del terrorismo etarra. En todas las ocasiones el pueblo español, y muy especialmente los madrileños, supieron estar a la altura de los acontecimientos y manifestaron su repulsa sin fisuras contra los asesinos, su dolor por las víctimas, y su solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos", señaló.

El Ministerio del Interior ha puesto recientemente de forma oficial cifras al terror en España, después de revisar cientos de expedientes de las 10.181 personas reconocidas como víctimas del terrorismo en todas sus variantes. La banda terrorista ETA asesinó a 853 personas e hirió a otras 6.389.

Los datos obran en los ficheros de la Dirección General de Atención a las Víctimas, que comienza a contabilizar desde la muerte el 26 de junio de 1960 de María Begoña Urroz Ibarrola, un bebé que fue en 2012 reconocido oficialmente como la primera víctima mortal de ETA.

María Begoña es también la más antigua de la lista de 977 personas que han sido condecoradas con la Gran Cruz de Reconocimiento Civil. El último es Ignacio Echeverría, el español que falleció en el atentado de Londres del pasado 3 de junio cuando se enfrentó con su monopatín a los terroristas. Un total de 1.421 personas han sido indemnizadas económicamente por el Ministerio del Interior.

El Gobierno ha reconocido a 10.181 víctimas, de las que 1.429 son fallecidos y 3.944 secuestrados, amenazados o dañados en atentados. Según explicó a Europa Press un portavoz de Interior, se han contabilizado también 4.808 heridos de gran invalidez, parcial o temporal, así como con incapacidad absoluta.

El terrorismo de corte yihadista ha dejado 2.108 víctimas en España, de los que 1.997 se registraron en el atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la que sigue siendo la mayor masacre terrorista en Europa. Los Grapo dejó 191 víctimas y otros grupos, 640. La acción criminal de ETA queda reflejada en sus 7.242 víctimas.

Las cifras fueron adelantadas parcialmente el pasado 8 de junio por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en un seminario internacional organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Entre otros datos, desveló que más de 250 ciudadanos han sufrido atentados terroristas fuera de España.

312 asesinatos de ETA sin resolver

Es la primera vez que el Gobierno ofrece datos del censo de víctimas del terrorismo, de acuerdo a sus ficheros. Hasta ahora, las cifras eran dispares en lo relativo a ETA. La Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional habla de 864 asesinados, mientras que otros trabajos académicos como el libro Vidas rotas documentaban 858. El Gobierno vasco, por su parte, rebajó la cifra a 849 asesinados.

En el campo judicial tampoco hay cifras oficiales. La Audiencia Nacional ha dictado desde su creación unas 1.500 sentencias sobre ETA, de las que 713 se han referido a atentados mortales, según estimaciones de la AVT, una de las organizaciones que más han reivindicado la importancia de documentar el terror en España.

En 2011, la Fundación de Víctimas del Terrorismo fijó en 324 el número de víctimas sin autor conocido. A diciembre de 2016, un estudio de la AVT actualizó esta cifra hasta los 312 casos sin resolver, que se corresponden a 245 atentados sin juzgar. En ese periodo de tiempo se han reabierto 20 sumarios y en doce se ha condenado al autor del atentado.

Una veintena de asociaciones de víctimas han difundido este viernes un comunicado conjunto en el que exigen a ETA "la entrega total de todas las armas y la disolución incondicional e inmediata de una organización terrorista que ha asesinado a más de ochocientas personas inocentes a lo largo de cincuenta años". "El supuesto final de ETA", recuerdan, llegará cuando desaparezca lo que queda de la banda y cuando se logre su deslegitimación plena.

Las víctimas del terrorismo piden al Gobierno y a la Audiencia Nacional que establezcan los mecanismos necesarios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan participar en el análisis de las armas se entreguen a las autoridades francesas. "Las armas entregadas por los terroristas constituyen evidencias judiciales que pueden servir para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA no resueltos", dicen.

El comunicado que recoge Europa Press ha sido suscrito por 26 asociaciones, entre ellas la AVT, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Covite, Dignidad y Justicia y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. "Por respeto a la memoria de las víctimas, para hacer justicia a tantos inocentes y por la dignidad de las víctimas y de todos los españoles, el final de ETA debe ser una disolución sin concesión alguna por el Estado", reclaman.

En referencia al acto programado para este sábado en Bayona por mediadores de ETA, las víctimas solicitan la aplicación estricta de la ley y el respeto "absoluto al relato verdadero de lo que han sido 50 años de terror". "Independientemente del arsenal que puedan entregar y a la espera de analizar en qué condiciones están las armas, la derrota de ETA será total cuando desaparezca lo que queda de la organización terrorista y cuando logremos su deslegitimación política, social y moral", han recordado.

"Supuesto final de ETA"

"Este supuesto final de ETA", continúan, "no puede estar presidido por la impunidad. Tiene que estar sujeto a los principios que inspiran el Estado de Derecho, donde la aplicación de la ley no es negociable. Así ha venido siendo durante las últimas décadas, cuando la colaboración entre España y Francia ha sido un pilar esencial en el final de ETA". 

Las asociaciones y fundaciones de víctimas agradecen la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "sin cuya dedicación y entrega diaria no hubiera sido posible acabar con esta lacra". "Un esfuerzo profesional y eficaz el suyo que las víctimas del terrorismo nunca olvidarán, al igual que no olvidarán el tesón y la resistencia de numerosos ciudadanos amenazados por ETA que se mantuvieron en sus convicciones sin claudicar ante las amenazas", han añadido.

ETA ha enviado esta medianoche un comunicado a la cadena pública británica BBC en el que comunica su desarme con elogios a los colectivos que han mediado en su apoyo y a las instituciones vascas. La organización terrorista ha recurrido a la retórica habitual para evitar hablar de su disolución y criticar a los gobiernos de España y Francia por los sucesivos golpes policiales que le han llevado a su derrota.

Otegi: desmilitarización y presos

El secretario general de Sortu y portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que con la culminación del proceso de desarme de ETA que está previsto se desarrolle este sábado, se va a producir "un cambio de escenario evidente" y será el momento de poner "encima de la mesa otro tipo de realidades" como los presos y la "desmilitarización" de Euskadi.

Otegi, que junto al diputado en el Congreso por EH Bildu Oskar Matute, ha visitado a los activistas que están realizando una huelga de hambre en Bilbao para denunciar los recortes en la RGI, se ha referido al comunicado de ETA dado a conocer esta madrugada a través de la BBC en el que la organización terrorista ha anunciado su desarme.

Según ha indicado, lo que ETA ha adelantado este viernes es "lo que va a ocurrir mañana, un desarme verificado, integral y global con la presencia de instituciones, sociedad civil y comunidad internacional".

Agradecer algo a ETA

El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martinez, ha anunciado que su formación acudirá este sábado a los actos convocados en Bayona y ha advertido de que estarán "atentos" para que la jornada "no se convierta en una romería o fiesta" o en un "día de agradecer algo a ETA" por la entrega de armas.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco durante la celebración del pleno de control al Gobierno, Lander ha hecho referencia al comunicado de ETA en el que anuncia que es una organización "desarmada".

Para Martínez, este comunicado muestra que "ETA está bastante desorientada"desorientada y que "solo le queda disolverse y sin condiciones". "Tratar de eludir responsabilidades ya no cuela de cara a la sociedad vasca", ha advertido.

Asimismo, ha anunciado que por parte de Podemos Euskadi acudirá una representación encabezada por Endeka Larrea a los actos de este sábado en Bayona y ha advertido de que estarán "atentos" para que la jornada "no se convierta en un día celebración o de agradecer algo a ETA" porque "lo que está haciendo es cumplir con una demanda tan básica como dejar las armas y asumir que matar siempre estuvo mal".

"El pueblo vasco nunca le pidió a nadie que cogiera las armas en su nombre; el pueblo vasco le ha pedido a ETA mil y una veces que deje las armas y deje de crear dolor", ha insistido.

Por ello, ha señalado en que tendrá "cuidado" para que los actos de Bayona "no se conviertan en una romería o fiesta sino en un acto que simplemente simbolice ese desarme y tenga en su recuerdo a todas las víctimas de la violencia de los últimos 50 años".

La verificación del desarme, en manos de las Fuerzas de Seguridad

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha recordado que la verificación del desarme de ETA lo deben hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "como corresponde en un democracia" y ha recordado que este armamento no se debe "manipular o destruir" porque puede ayudar a esclarecer los atentados sin resolver.

Garrido espera que el desarme sea "definitivo, completo" y que se haga "con todas las garantías" y que tenga como consecuencia la disolución de la banda terrorista "de una vez por todas".

A la entrega de armas le seguirá una "rápida" disolución

El parlamentario del ONV Iñigo Iturrate ha afirmado que su formación no va a contribuir a nada que pueda poner en riesgo que el desarme de ETA vaya a producirse "en las condiciones exigidas por la ciudadanía vasca" y cree que a la entrega de las armas le seguirá una "rápida" disolución "definitiva" de la organización.

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco durante la celebración del pleno de control al Gobierno vasco, Iturrate ha hecho un llamamiento a la "prudencia" tras el comunicado. "Nos encontramos en un momento que la sociedad vasca estaba reclamando desde hace cinco años y medio", ha recordado.

"Esperamos que el compromiso que ETA hizo público hace cinco años y medio se materialice ya definitivamente", ha insistido.

Cs no se fía del comunicado de ETA

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha asegurado este viernes que su partido "desconfía" del comunicado emitido por ETA  y ha subrayado que lo que tiene que hacer la banda terrorista es "entregarse y disolverse".

Yo no tengo garantías de que se ha producido ese desarme total y nadie puede dar ninguna garantía" de que ha sido así, ha señalado Gutiérrez en rueda de prensa en la Cámara Baja, incidiendo en que no se puede confiar en los comunicados de ETA porque también en el pasado anunciaron que habían abandonado la actividad terrorista y tiempo después atentaron en la T4 del aeropuerto de Madrid.

Según ha insistido, ETA "no es una organización confiable en nada de lo que diga" porque "siempre que hablan, lo hacen para beneficiar sus propios intereses o para lanzar a la sociedad mensajes que dividen". "No onfiamos en la palabra de estos señores y de ninguno de sus comunicados", ha resumido.