Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

_____________

Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

El 8 de julio de 2025, un nuevo escándalo salpicaba al partido francés Agrupación Nacional (RN) y a sus socios en la Unión Europea (UE). La Fiscalía Europea abrió una investigación sobre posibles desvíos de fondos comunitarios, por un importe de 4,3 millones de euros, por parte del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), predecesor de Patriotas por Europa. La Fiscalía se basó en una investigación interna llevada a cabo por los servicios del Parlamento, que fue revelada por varios medios de comunicación europeos, entre ellos Le Monde y Die Zeit. 

Esta auditoría interna se llevó a cabo con motivo del cese de actividades del grupo ID, disuelto al final de la última legislatura. Fue por tanto un poco por casualidad, al término de una operación de control, a partir de algunas muestras de los gastos del grupo político incurridos entre 2019 y 2024, cuando la Dirección General de Finanzas del Parlamento (DG Fins) se topó con contratos dudosos, donaciones descabelladas, licitaciones sesgadas y otras facturas aparentemente muy infladas. 

La DG Fins había concluido que existían “irregularidades sustanciales” en la gestión de su presupuesto por parte de ID. Jordan Bardella, presidente del nuevo grupo Patriotas por Europa, se había quejado de una supuesta “operación de acoso”. 

“Pero los 4,3 millones no son más que la punta del iceberg”, denuncia Jonas Sjöstedt, eurodiputado del grupo La Gauche y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. “Por eso pedimos a la administración que compruebe cada céntimo gastado por ID y luego por Patriotas, para revelar el verdadero alcance de este asunto”. 

Diez meses después de las revelaciones, el Parlamento contiene la respiración, sin causar revuelo, a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía Europea. Pero esta situación de estancamiento no es del agrado de Transparencia Internacional ternational. La organización internacional contra la corrupción remitió el 24 de abril una denuncia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que Mediapart ha podido acceder. 

La denuncia de la ONG apunta en particular a Philip Claeys, miembro del Vlaams Belang, partido flamenco de extrema derecha, y secretario general del grupo Patriotas por Europa, cargo que ya desempeñaba en Identidad y Democracia. Según la organización, en los grupos parlamentarios el secretario general es el principal responsable en materia presupuestaria y el el gestor con capacidad para autorizar el pago de los gastos. Por ello, sostiene que los 4,3 millones de euros “sospechosos” no pudieron ser abonados sin su visto bueno.

Fue el mismo Philip Claeys quien firmó, el 8 de mayo de 2025, una carta en respuesta a las observaciones de la DG Fins, sin lograr convencer a los funcionarios de que retiraran sus constataciones de “incumplimiento” en los gastos del grupo. En este asunto, la mayoría de los pagos sospechosos se refieren a las actividades de la delegación francesa del grupo, es decir, Agrupación Nacional.

Al recurrir a la OLAF, Transparencia Internacional pretende que se lleve a cabo una investigación administrativa en paralelo a la investigación penal. Esta solicitud contrarrestaría así “la inacción de la administración del Parlamento Europeo”, tal y como lo expresa Nick Aïossa, director de la oficina europea de la ONG. Y es que Philip Claeys, que sigue siendo secretario general de su grupo político, continúa ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado.

Es él mismo quien da su visto bueno a los gastos de su grupo Patriotas, sobre los que precisamente pesan nuevas sospechas de fraude. El medio Table.Briefings reveló así, el 4 de noviembre de 2025, que se habían detectado 171.000 euros de fondos potencialmente irregulares en las cuentas de miembros de Patriotas, siguiendo el mismo patrón.

Para Nick Aïossa, el Parlamento Europeo no debe condicionar sus acciones al resultado de la investigación penal y podría actuar, al menos con carácter cautelar. “El Parlamento ha puesto en marcha su propia auditoría y ha concluido que se han producido gastos irregulares. Así, podría iniciar un procedimiento disciplinario o retirar toda autoridad presupuestaria a Philip Claeys. Con esta idea hemos recurrimos a la OLAF, cuya actuación, en el ámbito administrativo y disciplinario, puede resultar complementaria a la de la Fiscalía Europea”.

En el seno de la Asamblea, el tema genera un curioso guirigay. Algunas fuentes estiman que la administración es, de hecho, impotente en este ámbito, pues el contrato de Philip Claeys lo vincularía únicamente a su grupo político y no al Parlamento, que queda fuera de juego en materia disciplinaria. Otras fuentes, más numerosas y que cuentan entre sus filas con empleados de los grupos políticos, afirman categóricamente que todo empleado de un grupo político depende, en última instancia, de la secretaría del Parlamento y, por tanto, de la administración.

El asunto es delicado y jurídicamente complejo, ya que afecta a la autonomía de los grupos políticos. Y para Nick Aïossa, “el Parlamento no puede eximirse por completo de sus responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de empleados de grupos políticos”.

Esas cuestiones jurídicas no pueden, en ningún caso, justificar la inacción. Eso piensa Daniel Freund, eurodiputado ecologista alemán: “El Parlamento no debe esperar a que concluyan las investigaciones de la fiscalía para proteger el dinero de los contribuyentes, sino que debería actuar de forma proactiva para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la iniciativa de Transparencia está muy bien. Pero el problema de fondo persiste: el Parlamento no ejerce suficiente control sobre los gastos de los grupos políticos”.

En septiembre, la Comisión de Control Presupuestario transmitió a la presidenta del Parlamento Europeo su opinión tras el escándalo. Sus miembros enumeraron las medidas que deben adoptarse para que el Parlamento recupere lo que le corresponde, por ejemplo, imputando a Patriotas las irregularidades de su predecesor. Destacaron la continuidad entre el grupo ID y el de Patriotas, con la esperanza de que algún día se exija al grupo político actual el reembolso de las sumas “irregulares” del pasado.

En este documento, los eurodiputados incluso sugerían que la reorganización del grupo político parecía formar parte de un intento premeditado de impedir la “recuperación de los fondos europeos”. Entonces se añadió a la lista la idea de imponer sanciones disciplinarias. Los eurodiputados tampoco descartaban modificar el reglamento del Parlamento para que dichas sanciones permitieran recuperar los fondos.

Pero, por ahora, todo está paralizado a la espera de la investigación de la fiscalía. Esta semana, la sesión plenaria votará la “aprobación de la gestión presupuestaria” del Parlamento Europeo para sus gastos del año 2024. Se mencionarán los fondos sospechosos del grupo ID, solo como un pequeño recordatorio en medio del letargo. Mediapart se ha puesto en contacto, por escrito, con Philip Claeys y con la oficina de Jordan Bardella, presidente de Patriotas por Europa, pero por el momento no ha obtenido ¡respuesta.

Traducción de Miguel López

Durante su detención bajo custodia policial por apología del terrorismo, la eurodiputada francesa Rima Hassan fue falsamente acusada de haber transportado droga. Esta investigación fue archivada el 9 de abril por la fiscalía. Sin embargo, los resultados negativos de los análisis realizados le habían sido comunicados ya el 4 de abril.

La eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan no solo fue objeto de un tratamiento policial particularmente intrusivo ni fue injustamente acusada en los medios de haber transportado droga sintética. En este caso, la propia fiscalía parece haber fallado en su comunicación.

Volvamos atrás: inmediatamente después de la puesta bajo custodia policial de Rima Hassan el 2 de abril, numerosos medios, empezando por Le Parisien, acusaron a la diputada, sin cautela ni contraste de fuentes, de poseer 3-MMC (3-metilmetcatinona), una droga sintética. Algunos gramos de CBD, una sustancia perfectamente legal, dieron un resultado positivo en un test realizado por la policía, y la fiscalía abrió entonces una investigación incidental por tenencia de drogas.

Más de diez horas después del estallido mediático, a las 23:13, la fiscalía de París emitió una primera comunicación oficial que reforzaba esta información falsa. "El registro de los efectos personales de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias que parecían corresponder, por un lado, a CBD y, por otro, a 3-MMC, sobre las cuales fue interrogada", precisó la justicia. En esta intervención, la institución omitió mencionar el desmentido categórico de Rima Hassan, la falta de fiabilidad del test utilizado por la policía y el hecho de que debían realizarse análisis complementarios para confirmar ese resultado.

No fue hasta la tarde del día siguiente, y a petición de la defensa, cuando la fiscalía mostró mayor cautela. El desmentido de Rima Hassan fue finalmente comunicado a toda la prensa y la presencia de droga sintética en sus pertenencias se mencionó con mucha menos certeza. "Se han ordenado análisis complementarios en el marco de un procedimiento distinto, cuyos resultados no se esperan en un plazo cercano", precisó también la fiscalía de París.

Estos resultados descartaron cualquier presencia de droga sintética. Los análisis demostraron que el primer recipiente, etiquetado como "3-MMC" por la Policía, contenía en realidad CBD y que este no podía "ser caracterizado como producto estupefaciente". El segundo recipiente de la diputada también contenía CBD, con una tasa de THC ligeramente superior a la habitual pero en una cantidad tan reducida que la fiscalía decidió archivar el caso. Entre el 2 y el 9 de abril, políticos y medios se desataron para difundir esta información falsa, llegando algunos a calificar a la diputada de "yonqui"o "drogada".

"La fiscalía de París ha procedido al archivo de la investigación incidental, al considerar que las diligencias no han revelado ninguna infracción suficientemente caracterizada", anunció la fiscalía el 9 de abril, precisando que los análisis toxicológicos le habían sido "notificados la víspera". En realidad, como ha podido comprobar Mediapart, el laboratorio de análisis había indicado ya el 3 de abril a los agentes de Policía que entregaría los resultados al día siguiente. Sobre todo, desde el 4 de abril, los funcionarios informaron a la fiscalía de París, e incluso a su servicio de guardia del fin de semana, de los resultados negativos.

Entonces, ¿por qué la justicia tardó en revelarlos? "Que la fiscalía haya sido informada el 4 de abril no significa que la fiscal encargada de este caso lo supiera", replica una fuente judicial, que sostiene que la fiscalía "comunicó, por el contrario, muy rápidamente teniendo en cuenta el tratamiento mediático desproporcionado".

"La fiscalía es indivisible", subraya el abogado de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth. "Había un perjuicio reputacional y de imagen considerable y perfectamente conocido por las autoridades. El hecho de disponer de estos resultados el 4 de abril era una información determinante, que debería haberse difundido de inmediato", considera. "Es incomprensible que la fiscalía comunique ya la misma noche del levantamiento de la custodia policial para mencionar una sustancia que se asemeja a la 3-MMC y que guarde silencio durante cinco días cuando dispone de análisis que descartan la presencia de estupefacientes".

Más allá de las investigaciones judiciales y de esta comunicación de la fiscalía, Vincent Brengarth denuncia el trato que recibió la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) durante su detención. De hecho, recurrió al Defensor del Pueblo el martes 14 de abril para denunciar "graves incumplimientos deontológicos por parte de los agentes de policía".

Según él, los policías, como reveló Mediapart, carecieron de neutralidad al etiquetar el precinto de CBD como "3-MMC" y al omitir el desmentido categórico de la diputada en su primer atestado. El abogado va más allá al cuestionar la actitud global de los tres investigadores.

Durante esta custodia policial, a Rima Hassan se le solicitó la toma de huellas dactilares, una prueba de ADN y una fotografía —a lo que se negó— e incluso se la obligó a pasar tiempo en un calabozo, pese a su cooperación. "Los agentes no justificaron en absoluto esta solicitud a la luz de los hechos imputados, y menos aún teniendo en cuenta la jurisprudencia europea que exige una necesidad absoluta", denuncia. "Para una infracción de este tipo, todo ello es una vez más totalmente desproporcionado, más aún tratándose de una diputada que goza de una protección particular".

En su escrito, también critica algunas preguntas "particularmente intrusivas" y "discriminatorias" formuladas durante el interrogatorio: "¿Qué piensa de las leyes vigentes en Francia y de los valores republicanos?", "¿De qué confesión es usted?"o "¿A qué corriente se siente próxima?", preguntaron en particular los tres investigadores. Y el abogado concluye: "Además, mientras Le Canard enchaîné reveló que el portavoz del Ministerio de Justicia habría intercambiado información durante la custodia policial de la señora Rima Hassan, resulta indispensable que se esclarezca por completo la naturaleza de la información que le fue transmitida".

Además, se han abierto otras investigaciones. Una, iniciada por la fiscalía de París, para identificar a los autores de las numerosas filtraciones policiales que tuvieron lugar durante su interrogatorio; otra, llevada a cabo por la Inspección General, para aclarar en particular el papel del portavoz del Ministerio de Justicia.

La diputada, por su parte, está citada el próximo 7 de julio ante el tribunal judicial de París para responder por los hechos de apología pública de un acto de terrorismo.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

El Reglamento de Retornos, que permitirá entre otras cosas crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, superó este lunes el primer escollo en el Parlamento Europeo (Eurocámara), despejando la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno, informa EFE.

El objetivo de la ley es acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno, y otra novedad es la imposición de obligaciones y sanciones a aquellos que deben abandonar la Unión Europea (UE).

La normativa fue aprobada en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y salió adelante gracias a una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas).

El PPE valoró el voto y justificó la alianza con la extrema derecha para sacar adelante el texto. "Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países. Tenemos un desacuerdo concreto sobre este principio", dijo el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy en relación con la posición defendida por los socialdemócratas (S&D).

Añadió que si el PPE encuentra una mayoría con otros que no son S&D y (los liberales) Renew, la sacará adelante porque "hay que dejar de ser pasivos frente a los retos que plantea la migración irregular".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló: "Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita".

Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, consideró una "novedad" que por primera vez el Parlamento Europeo (PE) esté "muy cerca del Consejo" en su posición, y recordó que normalmente el PE se sitúa más a la izquierda pero dijo que "esto ha cambiado".

Los socialidemócratas (S&D) se mostraron muy decepcionados por el texto finalmente respaldado, al considerar que propone retornos que reducen "drásticamente" los derechos de las personas afectadas y los centros de retorno en terceros países son un marco legal vinculante. Además, lamentaron la alianza política entre el PPE y la extrema derecha, que "sienta un precedente preocupante".

También los Verdes fueron muy críticos con el voto de hoy. "El texto adoptado, con una mayoría de derecha y ultraderecha, refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro las vidas de la población y violará su dignidad", lamentó la eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara.

Entre las disposiciones que esa diputada considera "problemáticas", aparte de los centros en el extranjero "incluso para familias con menores", se refirió a las "severas sanciones" previstas contra quienes no cooperen en su devolución o prohibiciones de entrada de por vida en un territorio.

La nueva normativa es una pieza más para impulsar las devoluciones, pues en la actualidad solamente uno de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE la abandonan, lo que preocupa a la mayoría de sus miembros.

La legislación permitirá prolongar las detenciones y que tanto la UE como uno o más Estados miembro lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno en el extranjero.

España siempre ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre esos centros y ha dicho que podrían tener un "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Lo que se apruebe en el pleno de la Eurocámara, con fecha aún por concretar, será la posición negociadora de esa institución sobre el texto definitivo cara a las negociaciones con el Consejo de la UE.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

El Parlamento Europeo decidió este lunes paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y Estados Unidos firmaron el pasado verano por la incertidumbre que ha generado la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles del presidente Donald Trump, informa EFE.

La Comisión de Comercio de la Eurocámara tenía previsto votar mañana el acuerdo para avanzar en el proceso de ratificación, pero el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes acordaron este lunes frenar el proceso hasta que Washington aclare las implicaciones que tiene para el bloque comunitario la sentencia del pasado viernes.

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre", dijo en declaraciones a la prensa el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, quien aseguró que se necesita "claridad y certeza jurídica" antes de poder ratificar el acuerdo.

Desde el pasado verano, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo, una gran mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, la UE quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Lange aseguró que los grupos políticos se volverán a reunir la semana que viene con la esperanza de que Washington haya aclarado ya si va a seguir cumpliendo su parte del trato y, si así fuera, apuntó la posibilidad de que el Parlamento Europeo podría ratificar el pacto en el pleno de marzo.

Al Parlamento Europeo acudió también el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para abordar la situación con los eurodiputados, tras la videoconferencia que celebró este lunes con los ministros del ramo del G7 y los contactos que mantuvo el sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"La estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas. Reiteré que el pleno respeto del acuerdo entre la UE y EEUU es primordial", escribió Sefcovic en redes sociales, insistiendo en el mensaje que Bruselas ha ido repitiendo desde que se conoció la sentencia.

El comisario mantendrá esta tarde otra reunión con los países de la UE para analizar la cuestión.

El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa, informa EFE.

Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas, derrotada por el centrista Emmanuel Macron.

Le Pen, que rehusó hacer una última declaración ante el tribunal, aseguró en una breve declaración a los periodistas en el interior de la sala que "cuanto antes" se conozca la sentencia "mejor".

Condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el resto en arresto domiciliario, y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, aspira a recibir una condena más ligera que le permita presentarse a las presidenciales.

A ello han dedicado sus esfuerzos durante la última jornada del juicio sus abogados, en seis horas de alegatos en los que han puesto la presión sobre los magistrados del tribunal: "Deben tomar una decisión jurídica con repercusión política", dijo su abogado Rodolphe Bosselut. En su alegato, aseguró que será "el último veredicto" contra su clienta y lo consideró "vertiginoso" para la corte: "En sus manos reposa la obra de su vida".

"Ha sacrificado su vida a la política y las elecciones están en el interés mediático de su veredicto", aseguró el letrado, que pidió al Tribunal de Apelación que no tenga en cuenta el "listón alto" fijado por los jueces de primera instancia.

Argumentos que rechazó el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, que ejerce la acusación particular y que consideró que "si bien el contexto político existe" el tribunal debe "pronunciarse sobre los hechos".

Los abogados de Le Pen insistieron en la línea de defensa establecida desde el primer día: si hubo delito, no hubo voluntad de cometerlo. "No se puede dejar de lado la buena fe" de mi clienta, afirmó Bosselut, quien hizo hincapié en la falta de alerta del Parlamento Europeo y en la transparencia total de su clienta.

Aseguró que Le Pen "no podía saber en el momento de los hechos que años más tarde sería acusada de desvío de fondos" y recordó que reconoció que "los asistentes parlamentarios pudieron trabajar para el partido", pero que "nunca tuvo voluntad de ocultarlo".

A ello añadió la que a su juicio fue una ausencia de demostración de que fuera ella quien ordenara un "sistema" que según la acusación había heredado de su padre para pagar con fondos de la Eurocámara a empleados que, en realidad, trabajaban para el partido.

Un sistema que entre 2004 y 2016 permitió desviar varios millones de euros y por el que la Fiscalía pidió en Apelación el pasado día 3 cuatro años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación aunque sin aplicación preventiva.

La defensa se obstinó en destacar la debilidad de las pruebas presentadas sobre ese "sistema", una serie de mensajes internos que apuntaban a las órdenes directas de Le Pen y una reunión de todos los eurodiputados de la que solo existen testimonios indirectos.

Aunque oficialmente los abogados de la defensa pidieron la absolución de su clienta, sus alegatos iban dirigidos a obtener una pena más ligera que la de primera instancia, que le permita lanzar una cuarta candidatura al Elíseo.

Algo difícil de concebir en caso de una condena fuerte, aunque Le Pen tendría todavía la oportunidad de recurrir ante el Supremo, que se pronunciaría antes de fin de año.

Pero la líder ultraderechista ya ha asegurado que no esperará a esa última instancia para mantener su candidatura o retirarse en favor de su delfín, el joven Jordan Bardella, de 30 años, también favorito en los sondeos. Su abogado abundó en esa misma idea hoy. 

Los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron este miércoles una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, informa EFE.

De esta forma, se pusieron de acuerdo para avanzar en la ratificación del pacto, al que también quieren añadirle una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EEUU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50% actual al 15%, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si EEUU no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10%) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028, momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo. También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.

La Cumbre transatlántica de la extrema derecha y los movimientos ultras celebrada y permitida en el Parlamento Europeo no defraudó. Ante una audiencia de unas 200 personas, hubo proclamas en contra de las leyes y normas sobre la violencia de género, contra la normalización de los derechos de las minorías sexuales o en favor de las tesis sobre el gran reemplazo. Y con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, insuflando ánimos a sus colegas latinoamericanos, europeos, estadounidenses o africanos al pedirles dar “la batalla cultural, política y moral”.

La ultraderecha confía en que su tiempo ha llegado en el asalto al poder a gran escala. Santiago Abascal puso como ejemplo que hace cinco años Javier Milei en Argentina o Giorgia Meloni en Italia tenían muy bajos porcentajes de apoyo o que Joe Biden gobernaba en Estados Unidos. “Pero la grieta en el muro es cada vez más grande, son millones de personas en Europa y en el mundo las que ya se informan por canales alternativos”, vaticinó el presidente de Vox.

Bajo la premisa de la defensa de la libertad de expresión, la VII Cumbre Transatlántica organizada por la Political Network for Values, con el patrocinio de la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, y el húngaro András Lászlo, del partido de Viktor Orbán, planteó una agenda completa de regresión a un pasado tradicional en sus costumbres, en favor de una sociedad religiosa y a la vez libertaria. Además, provocó un movimiento de reacción en los pasillos del Parlamento, con eurodiputados progresistas intentando sin éxito protestar en la sala contra los mensajes xenófobos y homófobos, que finalmente se tuvieron que conformar con organizar una concentración en las puertas de la institución. 

Mientras fuera de la Eurocámara se pudo leer “Unidos contra el fascismo” o “Europa apoya la igualdad”, dentro de las conferencias se escucharon barbaridades como “Occidente está en peligro” por “el problema de inmigración grave que está sucediendo en Europa” o “la figura de la violencia política de género hoy está siendo utilizada para censurar opiniones críticas, eliminar publicaciones incómodas y castigar la disidencia e, incluso, promoviendo y justificando la violencia real de hombres autoproclamados mujeres en contra de mujeres reales”.

Fue Rodrigo Iván Cortés, mexicano y vicepresidente de la plataforma convocante, quien pronunció estas últimas palabras enfrentando a las personas trans con las mujeres y responsabilizándolas de casos de violencia de género al tiempo que eludía ese tipo de crímenes, clasificándolos como una mera figura penal creada con la finalidad de supuestamente reducir la libertad de expresión. En su país, según los datos oficiales, hubo en 2025 casi 6.000 mujeres asesinadas de las que sólo 721 se consideraron casos de feminicidio. Sin embargo, esta realidad no apareció en sus explicaciones.

Los ponentes ultras llegados a Bruselas desde diferentes partes del globo coincidieron en que existe un supuesto consenso en los medios de comunicación para censurar sus mensajes en defensa de una concepción tradicional de los géneros, las preferencias sexuales o la familia. “Hablar de hombre o mujer hoy se hace complicado, se llega a hablar de entes menstruantes”, aseguró entre aplausos Roland Portillo, miembro del Parlamento de Guatemala, siguiendo una senda por la que ya había discurrido el argentino Santiago Santurio, quien denunció que “un varón es un varón y una mujer es una mujer y esa verdad no se puede decir, la izquierda cambia la verdad”.

Una censura que también llega al mundo de la Academia y las universidades. Alvino-Mario Fantini, director del medio The European Conservative, habló de que “a ambos lados del Atlántico investigadores han sido silenciados y despedidos por hablar de cuestiones equivocadas y expresar opiniones equivocadas sobre la homosexualidad o la sodomía, por expresar visiones críticas sobre el género o por dudar que el lobby trans le hace algún bien a nuestros hijos”.

En Estados Unidos, según la también conservadora Fundación Heritage, se vive “una ingeniería lingüística” liderada también por la agenda de los medios de comunicación. Su vicepresidente, Jay Richards, denunció en la Eurocámara que esa supuesta estrategia empezó “muy intencionadamente entre 2012 y 2013 cuando la gran agencia AP implementó las reglas de los pronombres para usarlos según la identidad de género de las personas en vez del sexo biológico de los individuos”.

De ahí que el leitmotiv de las conferencias ultras de este año fuese la libertad de expresión versus el discurso regulado. Los conservadores dicen vivir censurados por culpa de la igualdad de género o en el reconocimiento de las minorías sexuales, una construcción que vendría de lejos, desde “1968, cuando las cosas a lo largo de Occidente empezaron realmente a cambiar, cuando la nueva izquierda tomó el control”, según el italiano Mario Fantini.

Los zurdos, como dijo Santiago Santurio, conseguirían censurar también el gran reemplazo, así lo denomina la extrema derecha, de la población occidental en nuestras sociedades en favor de multiculturalismo racial. El diputado de Milei asumió las ideas de la influencer neerlandesa, Eva Vlaardingerbroek, la estrella que finalmente no acudió, y se atrevió a hablar “de un problema de inmigración grave que vive Europa”, de un “Occidente en peligro” porque “hay un plan para ir en contra de la natalidad, para que el ser humano se empiece a extinguir”. La del gran reemplazo fue una teoría que Santiago Abascal infirió como pretensión al Gobierno español, con “la regularización de medio millón de personas que están ilegalmente en nuestro país que hace una semana anunció el presidente del Gobierno. Quieren condenar a nuestros pueblos a la invasión migratoria”.

Y frente a este Estado o poderes públicos que en Occidente conspirarían contra sus sociedades, “Europa debe clamar un nombre por encima de todos, Jesús”, pidió Nicolás Ferreira, la agenda desreguladora que comparte este movimiento internacional y que desmenuzó este diputado brasileño. “Con la llamada regulación intentan controlar la libertad de expresión... donde sea que el Estado asuma el rol de árbitro de la verdad, el debate muere”. Menor peso de lo público en el espacio del debate, digital o de los medios tradicionales, y también hegemonía de lo privado en la esfera de lo público. “Creemos en la libertad de educación para que los padres no sean reemplazados por el Estado”, exigió José Antonio Kast.

“No basta con resistir, no basta con denunciar, no basta con conservar los espacios, tenemos que participar, tenemos que influir y ganar, como estamos haciendo en muchas naciones”, pidió a sus colegas el presidente electo de Chile. La Cumbre Transatlántica de este martes sólo fue una prueba más de la engrasada guerra cultural de la extrema derecha.

La guerra cultural emprendida por la extrema derecha europea contra los derechos LGTBIQ+, de la mujer o la población migrante sube de nivel en la Eurocámara. Los grupos parlamentarios de Vox, Orbán y Le Pen, Patriots for Europe, junto al de Giorgia Meloni, ECR, quieren celebrar el 2 y 3 de febrero una cumbre internacional con activistas a favor de las terapias de conversión, diputados que apoyan las penas de muerte contra los homosexuales o que asocian la pedofilia a personas de identidades sexuales no binarias.

Las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo han dicho basta. Hartas de la escalada homófoba que se vive en la institución, se están movilizando para frenar la VII Transatlantic Summit de la próxima semana, coorganizada por la plataforma ultracatólica Political Network for Values y organizada bajo el título 'Libertad de Expresión vs Discurso Controlado, fortaleciendo los pilares de la democracia', un nombre ambiguo para conseguir su aprobación por parte de los servicios administrativos de la Eurocámara.

Entre los invitados están Santiago Abascal; la diputada ugandesa Lucy Akello, quien en su país votó a favor de la ley contra la homosexualidad de 2023, con penas de prisión y hasta de muerte para ese colectivo; la influencer neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, defensora de teorías como la del Gran Reemplazo; el viceministro de Exteriores paraguayo, Víctor Verdún, acérrimo activista provida; o la estadounidense Sharon Slater, polémica por considerar al colectivo LGBTIQ+ “significativamente más promiscuo” o “más propenso a involucrarse en la pedofilia”.

“Durante dos días, el Parlamento Europeo acogerá un foro a activistas que están en contra de la democracia, que abogan por la llamada 'terapia de conversión', que defienden restricciones severas al aborto, que vinculan a las personas LGBTQI+ con la pedofilia”, denuncian más de treinta eurodiputadas y eurodiputados en una carta abierta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que señalan que “la concentración de la internacional fascista no debería ser financiada con fondos europeos ni celebrarse en las instalaciones” de la cámara.

La misiva, a la que ha tenido acceso infoLibre, está impulsada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, e incorpora a representantes españoles, franceses, italianos, irlandeses, belgas, portugueses, eslovenos, suecos o alemanes de los grupos de Los Verdes, La Izquierda, liberales o socialdemócratas no españoles. Miranda es clara sobre los argumentos de la carta y denuncia ante este medio que se “utilicen las instalaciones del Parlamento Europeo para fomentar valores contrarios a la tolerancia, al respeto o a los derechos humanos” porque las conferencias alentarán “el odio, los ataques al colectivo LGBTQI+, el racismo o la xenofobia”.

La eurodiputada del BNG ya había participado en las movilizaciones que consiguieron frenar un evento de la Falange en las instalaciones del Parlamento Europeo y destaca para este medio que “cuatro grupos políticos con representantes de la Comisión de Libertades, de la de Derechos Humanos y del Intergrupo de Igualdad” se unan ahora contra esta cumbre ultra.

En la iniciativa, sin embargo, no participan eurodiputados del PSOE. Fuentes de esta delegación explican a infoLibre que “se entiende que el Parlamento no tiene la legitimidad para impedir de antemano la celebración del acto, creemos que no podemos demandar a la instituciones que un grupo con representación política no celebre un acto”, pero puntualizan “otra cosa es lo que se diga dentro, y estaremos vigilantes si hay cualquier incitación al odio o discursos constitutivos de delito, porque entonces sí se actuará”.

Entre los firmantes de la carta sí hay colegas suyos de Portugal, Suecia o Irlanda. La presidenta de todo el grupo parlamentario, Iratxe García, asegura que “los Socialistas y Demócratas estamos rotundamente en contra de que se ceda espacio en el Parlamento Europeo a organizaciones que tienen como fin atacar los principios y valores en los que se fundamenta la Unión Europea”, “incompatibles con los objetivos de este lobby ultraconservador que no respeta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, promueve las llamadas terapias de conversión que atentan contra la dignidad de las personas LGTBIQ+ y fomentan el racismo y la xenofobia”.

El evento de la próxima semana sucede a otros celebrados los últimos meses en una espiral de peligrosos discursos contra el colectivo trans o la violencia de género aprovechando las salas y pasillos del Parlamento Europeo. Desde noviembre ha habido citas con el título 'Desmontando la ideología de género: dejen a nuestros hijos libres', 'La amenaza de la ideología trans en Europa - Los derechos de las mujeres en peligro' o, recientemente, 'Niños trans: la conversación que están intentando silenciar'.

Detrás de todos estos actos aparece Patriots for Europe que acoge a los representantes de Vox, el Fidesz de Orbán o el Rassemblement National de Le Pen. Junto a ellos, el grupo parlamentario más ultra de la cámara, Europa de las Naciones Soberanas, liderados por los neonazis alemanes de AfD o los fascistas eslovacos del Movimiento Republicano. Entre sus organizadores, la eurodiputada española Margarita de la Pisa y el húngaro András Lászlo. Precisamente la política de Vox es una de las anfitrionas de la Cumbre Transatlántica.

“No todo vale bajo el paraguas de la libertad de expresión, no son de recibo comentarios contra las mujeres, contra la cuestión de las razas o la orientación sexual de colectivos y está pasando ya en el Pleno donde hay muchos contenidos ofensivos en los discursos” de los eurodiputados de extrema derecha, alerta Ana Miranda quien pide a la Eurocámara que ponga límites. Una denuncia compartida por Estrella Galán. La eurodiputada de Sumar habla también con infoLibre de esta situación en el Pleno y de cómo “la extrema derecha usa impunemente cualquier espacio para atacar los derechos LGBTQI+, de las mujeres y de las personas migrantes” al tiempo de que “es también muy preocupante la posición de la derecha que se dice democrática, que secunda con un silencio cómplice estas actitudes y narrativas”.

La creciente guerra cultural de la ultraderecha criminalizando al colectivo trans o al al feminismo aprovechando las instalaciones del Parlamento Europeo ya generó una firme reacción del Intergrupo de Igualdad y LGBTIQ+, integrado por trabajadores de las instituciones comunitarias. Hace unas semanas enviaron a la presidenta Metsola una carta firmada por su representante Vanessa Coglitore donde deseaban “expresar su preocupación por una serie de eventos recientemente celebrados” en la Eurocámara que “han desarrollado narrativas atacando abiertamente a las personas trans y no binarias de maneras que son humillantes, estigmatizadoras e incompatibles con los valores de la Unión”.

Coglitore denuncia su falsa apariencia porque “aunque presentadas como discusiones políticas, estos eventos repetidamente avanzan en narrativas que concuerdan abiertamente con definiciones reconocidas del discurso de odio”. Este medio ha podido comprobar que la carta recoge soflamas literales pronunciadas en esas conferencias como “los niños trans no existen”, calificando la cirugía de cambio de sexo “una película de horror pero se le llama medicina” o “engaño pederasta” para referirse a los menores que se cuestionan su género.

Pese a estos precedentes, la VII Cumbre Transatlántica no ha sido frenada ni por la presidencia de la Eurocámara ni por los servicios responsables de autorizar eventos extraparlamentarios. Tampoco se ha impedido la presencia de ponentes con posturas políticas y pronunciamientos públicos contrarios a los valores de la UE. “Las instalaciones del Parlamento Europeo, en las que reside la soberanía de todos y todas las europeas, no pueden servir para legitimar la agenda de la internacional del odio”, exige Estrella Galán, firmante también de la carta sobre las conferencias del 2 y 3 de febrero.

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia, informa EFE.

"Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación", dijo el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

Trump ha amenazado a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido con aranceles del 10% a partir del 1 de febrero si se oponen a su adquisición de Groenlandia, que ascenderían al 25% en junio.

"Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE", aseguró Lange en una rueda de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Bruselas aceptó aranceles del 15% para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores- y que Estados Unidos vendiera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15% en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto sine die.

Lange dijo que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan mañana esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán mañana si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano.

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen, según recoge EFE.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Además, en las últimas semanas se han estado sucediendo las protestas por parte de varios sectores como la agricultura o la ganadería en Francia o España, en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur. El sector primario europeo denuncia que este acuerdo les deja en una peor posición frente al producto latinoamericano, que tiene menos normativas y un coste de producción más bajo.

La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión. Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile.

Preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario contempla aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué "pueden apoyar este acuerdo con confianza" y la "vital importancia" del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su "fortaleza geopolítica en el mundo".

El portavoz comunitario añadió que tras la decisión de la Eurocámara el tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana por la tarde, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos.

La tensión sigue aumentando entre Estados Unidos y Europa en un conflicto político, comercial y de seguridad que se extiende a Reino Unido o Noruega. La reacción furibunda de Donald Trump al despliegue de militares de siete países acompañando a Dinamarca en Groenlandia con un arancel adicional del 10% a sus productos, y el aumento al 25% el 1 de junio, por “tanto tiempo hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia” está removiendo Bruselas y las capitales del continente como nunca antes.

Esta semana los líderes europeos convocados de urgencia a una Cumbre por el presidente del Consejo, Antonio Costa, “dada la relevancia de los recientes acontecimientos” ante la agresión comercial decretada por el estadounidense, buscarán mostrar “un fuerte compromiso” en “solidaridad con Dinamarca y Groenlandia”, ya que “las tarifas debilitarían las relaciones trasatlánticas y son incompatibles con el acuerdo comercial UE-Estados Unidos”.

Dinamarca, Francia, Alemania, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega son los afectados por ese golpe arancelario y, por extensión, toda la UE que creía haber calmado en julio el unilateralismo comercial de Trump gracias al acuerdo tarifario suscrito en Turberry. Un pacto que ahora pende de un hilo y cuya aplicación por el momento quedará suspendida.

La presión creciente, las amenazas y coacciones a Dinamarca y a toda Europa para tomar Groenlandia lo han tumbado, una posibilidad que hace tan sólo una semana semejaba complicada pese a las presiones de eurodiputados daneses de todas las formaciones y el creciente apoyo a favor en las filas socialdemócratas y liberales mientras verdes e izquierda apostaban claramente por ello en el Parlamento Europeo.

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia en la Eurocámara y que empujó a los populares europeos a frenar el acuerdo comercial que rebajaba a cero las tarifas a la mayoría de los productos estadounidenses ha sido la reacción del jefe de la Casa Blanca contra esos ochos países. Desde el 1 de febrero sus productos sufrirán un arancel adicional del 10% y el golpe sería mayor a las puertas del verano si Dinamarca no entrega su isla.

“El PP europeo está a favor del acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos, pero dadas las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento”, decretó el todopoderoso jefe de esta formación, Manfred Weber. El bávaro señaló que el pacto suscrito por la Comisión “debe ser puesto en pausa”. La tregua a la guerra comercial alcanzada en julio corre ahora serio riesgo.

El pasado miércoles una reunión entre los presidentes de todos los grupos parlamentarios ya retrasó la decisión sobre la aprobación de este acuerdo, que debería pasar su primer filtro el 26 de enero, en el Comité de Comercio Internacional. Hasta hace pocos días, fuentes consultadas por infoLibre pese a las protestas de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda dudaban que los populares se atreviesen a dar el paso. Explicaban que el socialdemócrata Bernd Lange, presidente de dicho Comité, quería votar el texto del acuerdo y las enmiendas a la resolución con compromisos, para que así la Eurocámara tuviese la opción de poder suspenderlo a futuro. Los populares, señalaban estas fuentes, no estarían dentro de este compromiso y hasta votarían con la extrema derecha.

La aceleración de los acontecimientos sobre Groenlandia ha cambiado el tablero de juego en sólo unos días, lo que ha forzado una reacción de Manfred Weber, también porque dentro de sus filas la incomodidad de eurodiputados conservadores daneses, bálticos o suecos era más que evidente. Este miércoles los jefes parlamentarios discutirán de nuevo la cuestión con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya para suspender esa entrada en vigor del acuerdo comercial. Mucho tendría que ceder Donald Trump en sus ambiciones sobre la isla danesa para que en febrero el Pleno del Parlamento votase a favor de ese pacto, como estaba previsto inicialmente.

“No podemos ser más los sumisos de los Estados Unidos”, exige Manon Aubry, jefa de La Izquierda en la Eurocámara y vicepresidenta del Comité de Comercio, quien denuncia que el golpe de Trump se debe “la ausencia de reacción de la UE ante el secuestro de Maduro en Venezuela”, ya que el mandatario estadounidense se sabe impune “para violar el derecho internacional”.

Este domingo por la tarde los embajadores de los 27 ante la UE, los máximos diplomáticos de cada líder en Bruselas, encargados de negociar antes de las Cumbres los asuntos más peliagudos, desde las grandes partidas presupuestarias de la UE, las cuestiones económicas, la seguridad y defensa comunitaria o la respuesta a crisis internacionales, mantuvieron una reunión sobre la tensión creciente con Washington.

Los gobiernos europeos a través de sus diplomáticos decidieron esperar hasta el 1 de febrero para ver si Trump ejecuta ese arancel del 10%. Si lo hace, la UE contraatacará con tarifas a productos estadounidenses por un importe de 93.000 millones de euros. En la reunión hubo posturas como la francesa demandando más mano dura contra Washington. El presidente Emmanuel Macron pide “la activación del Instrumento Anti-Coerción”, en vigor desde 2023 pero nunca ejecutado, si un “tercer país busca ejercer presión contra la UE o un Estado Miembro aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o la inversión”.

Los Estados Unidos de Trump estarían ejerciendo esta coacción, “interfiriendo en las decisiones soberanas legítimas de la UE y sus Estados Miembros”. Si el Instrumento se activa y Bruselas no consigue que Washington ceda, podría bloquear el acceso al mercado comunitario de sus productos, limitar sus inversiones en bienes, servicios o mercados financieros y hasta restringir la participación de sus empresas en los concursos públicos.

El propio Antonio Costa, al convocar el jueves a los líderes, ha explicado que deben “estar preparados para defendernos frente a cualquier tipo de coacción” y “unidos en los principios de las leyes internacionales, la integridad territorial y la soberanía nacional”.

Las voces apaciguadoras ahora mismo en Bruselas son la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el tradicional frente euroescéptico de húngaros y eslovacos. Meloni habló este domingo con Trump por teléfono y cree que existió “un problema de comprensión y comunicación” con el despliegue de los militares europeos en Groenlandia. Y aunque calificó como un error la reacción del estadounidense, pide “retomar el diálogo y evitar una escalada”.

Sin embargo, la realidad se impone por encima de sus deseos. Y además de la represalia comercial en la Eurocámara o de la que pueda salir de la Cumbre extraordinaria, Dinamarca y los siete países desplegados en Groenlandia mostraron su voluntad de incrementar esa presencia militar en la isla declarando “el ejercicio coordinado danés “Resistencia Ártica” conducido con los aliados responde a la necesidad de fortalecer la seguridad del Ártico y no supone una amenaza para nadie” por lo que mostraron su compromiso a “reforzar nuestra soberanía” además de denunciar los aranceles de Trump por “debilitar las relaciones trasatlánticas y arriesgar con una peligrosa espiral negativa”.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha citado a Luis Pérez Fernández 'Alvise', para que declare el próximo día 26 por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos, según recoge EFE.

Marchena ha dictado una providencia en la que acuerda su citación, una vez que el propio Alvise manifestó al magistrado su disposición a declarar voluntariamente tras ser preguntado por el juez.

Precisamente este lunes, Diego Adrián y Nora Junco declaran como testigos ante el instructor en la cuarta causa penal abiertas contra Alvise en el alto tribunal, por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados, quienes concurrieron por su partido Se Acabó la Fiesta (SALF) a las elecciones europeas de 2024.

Tras ser elegidos, los eurodiputados se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos y poco después se querellaron contra Alvise al denunciar no solo una campaña de hostigamiento en redes como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos sino que, incluso, habían llegado a temer por su integridad física al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Añadían que una vez filtradas sus direcciones de correo, su número de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que se "habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas". Todo ello, según recoge la querella, "obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar" además de mencionar el "miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".

Cuando la Sala abrió causa, consideró que la actuación de Alvise "pudiera colmar las previsiones normativas contempladas en el tipo penal indicado, habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil hacia los querellados".

Para la Sala, igualmente, "aparece indiciariamente justificado" que Alvise "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas, todo ello, sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".

Alvise tiene otras tres causas abiertas en el Supremo, en las que ya ha declarado. Una por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. 

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

La pandemia de la Covid marcó un antes y después para la Unión Europea. Lo impensable en el terreno de la solidaridad económica fue posible y abrió un camino por explorar. Las compras conjuntas de vacunas, el mecanismo para sufragar prestaciones temporales de desempleo, que en España financiaron los ERTE, y, finalmente, los Fondos Next Generation se convirtieron en lo que economistas y politólogos llamaron momento Hamilton, en referencia al primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien a finales del s. XVIII consiguió que su naciente país emitiese deuda para pagar la contraída por las 13 colonias durante su Guerra de Independencia contra Gran Bretaña.

Con la intención de atajar la gran recesión desatada por los confinamientos de la covid, la UE lanzó por primera vez en su historia una vasta emisión de deuda conjunta con la que financiar 750.000 millones de euros que aportasen transferencias gratuitas y préstamos a los Estados Miembros para programas de recuperación y sostenimiento económico. Fu un hito histórico, un paso nunca dado por Bruselas. Un paso que en la Cumbre de este jueves acaba de repetirse en favor de Kiev.

Creía Hamilton que la deuda, los muertos y la sangre eran el precio a pagar por la libertad frente al rey despótico Jorge III. Hoy, en Europa, los muertos y la sangre los pone Ucrania y es la UE quien paga el esfuerzo de guerra con el que Kiev quiere liberarse del yugo de otro tirano, Vladimir Putin. Y en Bruselas, en una larga Cumbre de 17 horas, ha aprobado un préstamo de 90.000 millones de euros con emisiones a coste cero garantizadas por 24 de los 27 socios comunitarios.

El acuerdo sellado en el Consejo Europeo autoriza a la UE a endeudarse en los mercados de capital recurriendo al excepcional artículo 122 del Tratado de la Unión, con la intención de dar “el necesario apoyo financiero a Ucrania a partir del segundo trimestre de 2026, incluyendo sus necesidades militares”. Serán 90.000 millones de euros respaldados por el presupuesto comunitario.

Las conclusiones del Consejo señalan que “este préstamo sería repagado por Ucrania sólo cuando reciba las reparaciones” de guerra por parte de Rusia. Hasta entonces, los activos rusos que la UE mantiene inmovilizados desde el inicio de la invasión en 2022 seguirán confiscados y “se reserva el derecho a usarlos como repago del préstamo, de acuerdo a las leyes de la UE e internacionales”.

Sin embargo, este punto de las conclusiones vinculantes de la Cumbre asume una victoria futura de Kiev y que Moscú acepte ciertas compensaciones de guerra. Pero si Ucrania sale derrotada y no puede devolver esta ayuda, si Rusia por azares de un destino victorioso salvase sus activos, en última instancia los Estados Miembros tendrían que rascarse el bolsillo. De ahí la mutualización de los riesgos, como con los fondos Next Generation.

Los gobiernos euroescépticos y próximos a la administración de Vladimir Putin de Hungría, República Checa y Eslovaquia, conscientes de este escenario, se salieron del acuerdo garantizando que “el préstamo [a Ucrania] no tendrá un impacto en sus obligaciones financieras”.

Esta mutualización de la deuda, de los riesgos y posibles pérdidas, en un préstamo conjunto en nombre de la UE, sería imposible hoy sin el momento Hamilton de la pandemia. Y revela la confianza que un alto diplomático tenía en los días previos a la Cumbre, cuando insistía en privado que “si no son los activos rusos, será otro modelo distinto, pero no me cabe duda que va a haber un sistema de financiación” que ayude a Ucrania. Porque Kiev arriesgaba llegar al mes de marzo sin dinero en los cofres de su Hacienda para pagar a su ejército, al personal sanitario que lo atiende o a los funcionarios y funcionarias que mantienen viva su economía y servicios sociales.

Las cuentas del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea son que en los próximos dos años, en 2026 y 2027, la necesidad de recursos del país alcanza los 135.000 millones de euros, dinero que debe llegar desde el exterior. La UE precisamente se había comprometido a aportar como mínimo dos tercios de esa cuantía, 90.000 millones de euros. 

El mecanismo para aportar el sostén monetario de Ucrania fue el protagonista de la última Cumbre del año. Bélgica impuso su visión de no utilizar los activos rusos inmovilizados como garantía de ese préstamo y su negativa rotunda forzó a trabajar en la segunda opción, el préstamo directo, que aguardaba en el congelador perfilada por la Comisión Europea.

A media tarde de la Cumbre las negociaciones del entuerto financiero para Ucrania eran más que evidentes en Bruselas. La Comisión estaba involucrada intensamente para convencer al gobierno belga. Su presidenta, Úrsula von der Leyen, apostaba por la zanahoria y no el palo. “Apoyo completamente a Bélgica en sus preocupaciones. Son totalmente comprensibles y si asumimos el préstamo de reparación los riesgos deben ser asumidos por todos. Es una cuestión de solidaridad, un principio básico de la UE”, decía Von der Leyen al llegar a la reunión.

Una fuente europea confirmaba que mientras los líderes estaban reunidos, los equipos de la Comisión y de Bélgica trabajaban en paralelo para resolver la ayuda a Ucrania. Reuniones en las que, según pudo saber infoLibre de fuentes diplomáticas, también estaban presentes técnicos de Alemania. Pero la solución se encallaba, la cena entre los 27 se postergaba con ya todo decidido sobre el retraso del acuerdo comercial con Mercosur o la creación de una gran región euroatlántica, otros puntos de la Cumbre, y a media noche había un nuevo receso de trabajo. 

El borrador de mínimos sobre la ayuda Kiev se retrasaba y la opción de una ayuda a cuenta de nueva deuda de la UE ganó fuerza. Y eso que días antes de la Cumbre, fuentes neerlandesas rechazaban tajantemente que su gobierno fuese a aceptar una fórmula como la creada para los préstamos Next Generation. Finalmente, La Haya fue solidaria con su vecino del sur, al jugarse parte de su dinero, ya que hay activos rusos de entidades holandesas depositados en Bélgica.

Todos esos activos rusos, inmovilizados de manera permanente desde el pasado 12 de diciembre, tendrían que haber sido el sostén de un préstamo de reparación de la UE a Kiev. Están valorados en 210.000 millones de euros, bloqueados en las primeras tandas de sanciones impuestas en 2022. La mayor parte, unos 195.000 millones, están en Euroclear, entidad de depósitos dependiente del Estado belga, que gestiona los procedentes también de otros países. El gobierno de Bart de Wever consiguió que la UE no los tocase.

Las preocupaciones belgas no eran tanto por posibles demandas judiciales de Moscú, ya están sucediendo, sino por los riesgos reputacionales que conllevaría su uso. En público, en sus cartas a la Comisión y en privado, sus diplomáticos han expresado el temor a que China o fondos soberanos del Sudeste Asiático o Medio Oriente con millonarios depósitos en Euroclear viesen en la utilización de los rusos un precedente a aplicar en un futuro a sus activos.

De ahí que el gobierno belga insistiese en privado que los activos estaban en un “situación legal precaria”. En su Parlamento, en la misma mañana del jueves de Cumbre, el primer ministro De Wever afirmó que “si los riesgos son mutualizados y garantizados para nuestro país, saltaremos al abismo con todos los europeos y esperamos que el paracaídas nos aguante”. El paracaídas finalmente tendrá el tamaño de todo el presupuesto de la UE, sujeto por las garantías de 24 socios comunitarios y su importe para Kiev ascenderá a 90.000 millones de euros.

Alvise Pérez ha cobrado 106.000 euros de una o varias empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha revelado infoLibre después de que el propio líder de Se acabó la fiesta (SALF) lo haya reconocido al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo para indicar que ha ingresado ese dinero por labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación". Pero, ¿para qué empresa o empresas? No se sabe y el eurodiputado se niega a aclararlo.

Los europarlamentarios están obligados a presentar estas declaraciones de intereses y mantenerlas actualizadas. Estos documentos deben detallar las actividades e ingresos que tengan antes y durante su mandato, con la intención de poder fiscalizarlos y evitar conflictos de intereses. El código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo las tienen que rellenar, establece que deben indicar "cualquier actividad remunerada realizada paralelamente al ejercicio del cargo, incluido el nombre de la entidad" de la que reciban ingresos.

A pesar de ello, Alvise oculta el nombre de la empresa o empresas que le han pagado e indica únicamente que se trata de compañías "españolas" y "del sector de la comunicación". Tal y como explica a infoLibre Raphaël Kergueno, responsable de Políticas de Transparencia Internacional Unión Europea (UE), los eurodiputados que trabajan como autónomos —como es el caso de Alvise— en muchas ocasiones detallan únicamente la cantidad total de sus ingresos y la actividad a la que se dedican de forma genérica, sin especificar quiénes son sus clientes.

De hecho, Alvise asegura a infoLibre que ha rellenado la declaración de intereses de la forma que le ha dicho el Parlamento Europeo. Según el eurodiputado, la Eurocámara le comunicó que "el código de conducta no se aplica a los ingresos que declaramos los eurodiputados cada trimestre de varias empresas". 

infoLibre ha preguntado al Parlamento si esto es cierto, pero el equipo de la institución ha rechazado dar detalles de la posible conversación con Alvise porque no comentan casos individuales. Aun así, el Parlamento Europeo asegura que las declaraciones deben "contener una lista detallada de información, incluyendo cualquier actividad remunerada que se realice paralelamente al ejercicio del cargo" y reitera a infoLibre que los eurodiputados deben indicar el "nombre de la entidad" de la que cobran, algo que Alvise no ha hecho.

Kergueno explica que la redacción del código de conducta sobre este asunto no es del todo clara y eso da lugar a este tipo de problemas. La última vez que Transparencia Internacional estudió las declaraciones de intereses de los eurodiputados fue a finales de 2024, con la formación del nuevo hemiciclo tras las elecciones de ese año. La ONG denunció que varios eurodiputados habían declarado de forma opaca actividades "como 'trabajador autónomo' o 'miembro del consejo de supervisión' [de una empresa] (sin indicar a qué entidad podría pertenecer)".

En 2023 la misma organización analizó al detalle la información de los parlamentarios que afirmaban trabajar como autónomos. La conclusión fue que el 42% omitía datos clave en sus declaraciones de intereses, como es el caso del nombre de sus clientes, al igual que ha hecho Alvise. 

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas limitaciones. No pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la UE ni trabajar para compañías que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. La ocultación de quién está pagando a Alvise impide saber si en su caso se da alguna de esas dos circunstancias.

Alvise Pérez se ha negado a aclarar a infoLibre para quién trabaja o ha trabajado, pero asegura que "no son un lobby ni nada que condicione mi mandato". El eurodiputado define la empresa o empresas como de "asesoría y comunicación" y "de lo mío", sin mayor explicación al respecto. 

Pero Kergueno deja clara la importancia de conocer de quién cobran los eurodiputados: "Revelar la identidad de los clientes es necesario para poder evaluar si existe algún conflicto de intereses derivado de una actividad externa, como la de los eurodiputados que trabajan como consultores o abogados. Sin esa información, no se puede evaluar si existe o no el conflicto de intereses", cuenta el miembro del capítulo europeo de Transparencia Internacional.

En la misma línea se explica Vicky Cann, investigadora de Corporate Europe Observatory, una organización que denuncia la influencia de las empresas y sus grupos de presión en las políticas de la UE. Cann detalla a infoLibre que "no hay justificación para ocultar los nombres de los clientes que han pagado por servicios de consultoría". "La transparencia debe ser lo mínimo que podemos exigir en este caso, ya que, de lo contrario, nadie puede comprender el alcance de los conflictos de intereses, si ese trabajo tiene vínculos directos o indirectos con la labor parlamentaria, o en qué medida podría constituir una labor de lobby", remata. 

En el caso de Alvise, es muy probable que ese pago corresponda a una única empresa. En una entrevista este mes de octubre el eurodiputado aseguró: "Solo con una asesoría mía cobro 106.000 pavos [sic]". Y solo dos semanas después actualizó su declaración de intereses para añadir que había ingresado, precisamente, 106.000 euros.

Raphaël Kergueno explica, como se ha señalado, que esta falta de transparencia entre los parlamentarios se produce "porque la normativa es confusa" y por la falta de supervisión de la Eurocámara. El experto pone como ejemplo a los eurodiputados que ejercen como autónomos o aquellos que trabajan para consultorías o despachos de abogados. Aunque la normativa exige de forma genérica que indiquen el "nombre de la entidad" de la que cobran, para ese tipo concreto de casos no especifica que deban detallar todos los clientes a los que se factura. Según explica Kergueno, en la práctica a los eurodiputados que son autónomos "se les está permitiendo no identificar a sus clientes".

En las respuestas a infoLibre, Alvise afirma que ha rellenado la declaración de la forma que le ha dicho "la propia Administración del Parlamento a través del servicio responsable de la verificación de las declaraciones de intereses" y que, aunque no sea público, él remite al Parlamento no solo la declaración de intereses, sino "toda la información" sobre estos ingresos, incluyendo el nombre de la empresa e, incluso, las "facturas". 

infoLibre ha preguntado a la Eurocámara por la veracidad de todas estas afirmaciones, pero la institución ha declinado valorar casos personales. Kergueno dice que la supuesta orientación que el Parlamento Europeo habría dado a Alvise indicando que hay que rellenar la declaración de intereses sin listar los clientes concretos podría ser cierta. Coincide también Cann, que asegura que no le sorprendería, aunque añade que "no se ajustaría al espíritu de la ley ni a una aplicación ambiciosa de las normas éticas con el fin de crear una cultura de transparencia y responsabilidad" en Bruselas.

De todos modos, como se ha explicado, esa falta de transparencia sobre las empresas de las que cobran los eurodiputados no se da solo en el caso de Alvise. A pesar de ser algo recurrente, no ha habido sanciones por ello, según asegura Transparencia Internacional UE, organización que lleva años investigando el asunto. 

El código de conducta de los eurodiputados no solo establece cómo deben cumplimentar la declaración de intereses, sino que también posibilita las sanciones para cuando lo hacen mal. Pero "el Parlamento Europeo nunca ha sancionado a un eurodiputado por no identificar a los clientes de los que cobra como autónomo", explica Kergueno. Tampoco hay constancia de que se le haya pedido a ninguno que añada esa información, aunque los detalles de las investigaciones sobre las declaraciones de los eurodiputados son privados —únicamente se hacen públicas las sanciones finales al respecto—.

Aun así, ha habido otros casos sonados. Uno de ellos es el de la actual ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, que fue eurodiputada entre 2009 y 2019. En su tiempo en la Eurocámara, indicaba simplemente que recibía ingresos paralelos como "abogada", pero no declaraba quién le estaba pagando por ello. En su declaración de intereses de 2018 aseguraba cobrar por esas labores 16.000 euros brutos mensuales.

Tras diversas investigaciones periodísticas, se pudo saber que había recibido grandes cantidades de dinero de empresas como Renault. De hecho, la Justicia francesa la está investigando por, presuntamente, haber cobrado 900.000 euros por trabajos de asesoría para la empresa automovilística que, en realidad, no realizó. Todo ello mientras tenía escaño en Bruselas.

"Se desveló que trabajaba para empresas como Renault y que la cantidad que cobraba era significativamente mayor a lo que declaraba. Todo ello gracias a la prensa. En ningún momento el Parlamento Europeo le preguntó quiénes eran sus clientes o para quién trabajaba cuando finalmente resultó que había un caso real y claro de conflicto de intereses. Estaba utilizando su posición para favorecer a las empresas de las que cobraba", explica Kergueno.

Por ello, hay quien directamente defiende la prohibición para los eurodiputados de ejercer labores de consultoría paralelamente a su labor parlamentaria, como hacía Dati o está haciendo Alvise. Cann asegura que "todas estas funciones de consultoría deberían prohibirse, ya que este tipo de trabajo, ya sea como abogado o como consultor, implica cobrar dinero de unos clientes y existe un alto riesgo de que los intereses de esos clientes entren en conflicto o incluso superen al interés público, que debería ser la motivación principal de todos los cargos electos".

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Alvise Pérez ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas desde que es eurodiputado. Así lo ha reconocido él mismo al presentar una modificación de su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo este mes de noviembre. Según el parlamentario ultra, ha recibido ese dinero debido a sus labores como "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

De hecho, Alvise ha especificado que el dinero proviene de "empresas españolas del sector de la comunicación". Toda esa información ha quedado reflejada en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben rendir cuentas y detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con la intención de evitar posibles conflictos de intereses.

El líder de Se acabó la fiesta (SALF) ha indicado estos nuevos ingresos en el apartado donde deben especificar "cualquier actividad remunerada" realizada durante "el ejercicio del cargo" y ha asegurado a infoLibre que corresponden al último trimestre de 2025.

Los eurodiputados pueden trabajar para empresas privadas mientras están en el cargo, pero tienen determinadas prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y dirigidas a la Unión Europea ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario. 

Estos 106.000 euros se suman a los 783.200 que Alvise Pérez había declarado haber ganado desde 2021, principalmente como agitador en redes sociales. En total, ha ingresado 889.200 euros de trabajos externos al Parlamento Europeo en los últimos cinco años.

A esa cantidad hay que añadir su sueldo como eurodiputado, que, a pesar de sus promesas electorales, lleva más de un año sin sortear. El salario de los europarlamentarios es de 10.927,44 euros brutos al mes. Con este noviembre, Alvise lleva ya 14 meses sin repartirlo a alguno de sus seguidores. Lo que suma 152.984,16 euros. Por ello, entre unos ingresos y otros, ha recibido al menos 1,04 millones de euros desde 2021.

La cifra es incluso mayor, ya que desde que es eurodiputado ha seguido cobrando a través de redes sociales, según mantiene en su declaración de intereses. Según ese documento, Alvise estaría ingresando 500 euros al mes de Instagram y otros 2.500 gracias a Patreon, YouTube y Twitter.

El líder de SALF ha indicado esos 106.000 euros en su declaración de intereses detallando únicamente que han sido "empresas españolas del sector de la comunicación" las que le han pagado por sus supuestas labores como "consultor freelance" y que actualizará esa información "de forma trimestral".

Además, según ha aclarado ante las preguntas que le ha hecho llegar infoLibre, el dinero lo ha facturado en el último trimestre de 2025. Es decir, entre octubre y noviembre, ya que el mes de diciembre no había empezado cuando Alvise presentó la modificación de su declaración ante el Parlamento Europeo.

El eurodiputado ha asegurado a infoLibre que ejerce como autónomo en el campo de la "asesoría" y la "comunicación" y que factura "por obra y servicio". Pérez también afirma que nunca antes había indicado ingresos de este tipo en su declaración porque en los anteriores trimestres desde que es eurodiputado no había facturado nada como autónomo. 

El código de conducta del Parlamento Europeo especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses. Además, establece sanciones para los que mientan u oculten información en sus declaraciones. De hecho, Alvise ya fue sancionado por este motivo. El líder de SALF, cuando llegó a Bruselas, rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que en los últimos años había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

Tras la penalización, que le dejó sin dos días de dietas como eurodiputado, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses. Algo que ahora ha vuelto a hacer para declarar los ingresos que está recibiendo de empresas españolas. 

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

La ex alta representante de la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y los otros dos detenidos este martes por presunto fraude en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos han sido imputados por fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional, según informa EFE.

En un comunicado, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) indicó que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga.

La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.

La investigación se centra en si el Colegio de Europa, centro del que es rectora Mogherini, fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado.

La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de "la rectora y un alto cargo" del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados.

La EPPO, una fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, precisó que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados.

En vísperas de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, los diferentes grupos siguen marcados por la impactante votación del 13 de noviembre, cuando la directiva sobre el deber de vigilancia de las empresas fue vaciada de contenido por la alianza de conservadores y extrema derecha. Las señales de alarma ya habían sido numerosas y esta votación confirma un peligroso cambio de rumbo que plantea importantes retos estratégicos a la izquierda y a los liberales.

Como símbolo, el texto sacrificado pertenecía al legado progresista de la legislatura anterior, que se asemejaba a un conjunto de disposiciones contra el dumping social y medioambiental. En un hemiciclo en el que las relaciones de fuerza favorecen ahora a la derecha conservadora y radical, ese texto fue víctima de los votos convergentes del grupo del Partido Popular Europeo (PPE) y los tres grupos nacionalistas y xenófobos a su derecha: los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), Patriotas por Europa (PfE), presidido por Jordan Bardella, y Europa de las Naciones Soberanas (ENS).

Más allá del contenido de la directiva, el episodio resultó significativo por razones puramente políticas, como el chantaje del PPE a sus socios de centro-derecha y centro-izquierda, que sin embargo habían permitido a Ursula von der Leyen (también del PPE) fuera reelegida como presidenta de la Comisión Europea. La derecha ha aprovechado al máximo una alianza de infortunio con grupos en los que abundan miembros muy afines a las ideologías trumpista y putinista.

Para los demás grupos, cuyos representantes de las delegaciones francesas han sido contactados por Mediapart, la respuesta no está nada clara. Por un lado, son minoritarios frente a un PPE aliado con el “lado oscuro” del Parlamento. Por otro lado, existe una brecha entre los nostálgicos de la globalización neoliberal que se encuentran en el grupo Renew, presidido por la macronista Valérie Hayer, y los partidos hostiles a la austeridad, al libre comercio y a la defensa europea que componen el grupo La Gauche, copresidido por Manon Aubry, de La Francia Insumisa.

Hay un diagnóstico en el que todos están de acuerdo: impulsar una agenda progresista en el Europarlamento, sea cual sea su grado de radicalidad, es más difícil que nunca en esta nueva configuración. “El problema no es solo la deslealtad de ese grupo hacia sus socios, sino su connivencia con fuerzas hostiles a los valores que justificaron el nacimiento de la Unión Europea”, dice indignado el ecologista David Cormand.

“Esa votación era una prueba importante para la plataforma que apoya a Von der Leyen”, opina Valérie Hayer. “Pero creo que el PPE ha cometido un error estratégico. Con la esperanza de luchar contra el avance electoral de la extrema derecha, en realidad está contribuyendo a su notoriedad y a sus futuros éxitos. En cualquier caso, el resultado va a generar tensiones. Si no se vuelve rápidamente a un formato de mayoría proeuropea, toda la agenda de trabajo de la legislatura puede verse afectada negativamente”.

“Se nota que estamos en un momento de cambio”, confiesa la insumisa Leila Chaïbi, “y lo vivimos a diario en las comisiones de trabajo del Parlamento. Lo interesante hasta 2024 era que, incluso siendo miembro de un grupo pequeño, se podían construir coaliciones para lograr avances, de forma más flexible que con las fronteras fijas del espacio francés. Se habían podido constituir mayorías progresistas hasta Renew e incluso el PPE, por ejemplo, en la directiva relativa a los trabajadores de las plataformas.

“Recientemente, en la Comisión de Vivienda, vi cómo el ponente español del PPE  [Borja Giménez Larraz, del PP, ndt] empezaba a construir su mayoría en la extrema derecha”, dice Chaïbi. “El nuevo peso de ésta ha cambiado todo. Esta situación nos obliga aún más a unirnos entre los grupos de izquierda, sincronizando mejor nuestras estrategias. También se ha vuelto más importante atraer a Renew hacia nosotros.” 

Para varios de los eurodiputados entrevistados, el triste destino de la directiva sobre el deber de vigilancia no debe eclipsar, sin embargo, el hecho de que los grupos denominados “proeuropeos” no hayan cedido al chantaje del PPE. Al no ceder, le han obligado a revelar públicamente sus intenciones, lo que puede empañar su imagen.

“Renew y los socialdemócratas se han mantenido firmes”, se congratula David Cormand. “El PPE se quedó aislado con tres grupos de extrema derecha. Es útil revelar que prefieren hacer política conjunta con los fascistas. Pero la votación sobre el deber de vigilancia también nos da munición para ‘señalar’ a la extrema derecha. Vamos a poder decir que Jordan Bardella, Marion Maréchal y sus amigos han hecho causa común con las multinacionales contra las clases populares y que ahora son responsables de las políticas de la UE”.

“Los ciudadanos europeos han podido ver cómo el PPE se ha aliado con los nacionalistas al servicio de los lobbies de las grandes empresas”, señala también Raphaël Glucksmann, satisfecho de que los socialdemócratas hayan “asumido la confrontación entre la izquierda y la derecha”. “Sabemos que ya no estamos en un Parlamento en el que podíamos aprobar leyes progresistas con los centristas”, añade. “Pero hay una diferencia entre hacer concesiones defensivas y firmar por el desmantelamiento puro y simple de las leyes que habíamos aprobado.”

Sin embargo, durante la tramitación del texto que revisaba el deber de vigilancia, la líder del grupo socialdemócrata, la socialista española Iratxe García, se vio tentada a ceder ante el PPE. De hecho, la exasperación de los socialdemócratas rara vez va más allá de la retórica. Saben que sin ellos no es posible ninguna mayoría “proeuropea”, pero también que no tienen ninguna mayoría alternativa para oponerse al PPE. De ahí su reticencia a entrar realmente en “conflicto” con ellos.

Otros son menos pudorosos. Manon Aubry lo asumió ante Mediapart, reivindicando “una postura de resistencia” frente a una comisión “que está deshaciendo los avances de la legislatura anterior”. Ella ha sido la impulsora de la primera moción presentada por la izquierda contra Ursula von der Leyen, el 9 de octubre. Su fracaso fue tan claro como el de las mociones presentadas por la extrema derecha: solo obtuvo 133 votos y 383 eurodiputados votaron en contra (78 se abstuvieron).

El ecologista David Cormand, aunque votó a favor de la moción por solidaridad, se muestra molesto por el estilo de los insumisos en el Parlamento Europeo. “La postura de oposición pase lo que pase no va a ninguna parte”, opina. Podemos protestar y mostrar nuestra pureza, pero eso no tiene ningún valor pedagógico. Y en lugar de atacar a los traidores de la izquierda que no se oponen con suficiente vehemencia, es mejor avergonzar a la derecha hablando de su alianza con la extrema derecha.” 

Aunque las diferencias estratégicas son evidentes desde las filas liberales hasta las de la izquierda radical, tampoco son muy allá. Incluso dentro de Renew, confiesa una voz interna anónima, algunos miembros moderados han explicado a sus colegas que, en sus países, una traición como la cometida por el PPE en materia de deber de vigilancia habría bastado para hacer caer al gobierno.

Pero de ahí a que los liberales se planteen censurar a Von der Leyen hay mucho trecho. No obstante, se ha iniciado el debate interno sobre los medios para construir una relación de fuerzas. “Hemos entrado en aguas turbulentas. Ahora hay que pensar en cómo presionar al PPE para mantenerlo a bordo, en nuestro interés y en el de Europa”, afirma la misma fuente de Renew.

En el otro extremo del espectro político, la insumisa Leila Chaibi subraya que “la política de confrontación pública, partiendo de la constatación de que ya no hay nada que sacar de los nuevos equilibrios en el Parlamento”, no es algo que esté grabado a fuego.

“En la Comisión de Mercado Interior”, nos dice, “no hay mucho que esperar. Pero en la Comisión de Empleo es diferente. Si se puede alcanzar un marco legislativo sobre la gestión algorítmica permitida por la inteligencia artificial en el trabajo, vale la pena ser útil y no conformarse con una función tribunicia.”

A pesar de su disciplina, el PPE no es un bloque monolítico, y algunos quieren intentar apelar a la responsabilidad de los sectores sinceramente proeuropeos. Y es que el chantaje del PPE no va a funcionar siempre. En algunos ámbitos, los conservadores seguirán dependiendo de socios de centro-derecha y centro-izquierda a los que les conviene no molestar demasiado.

“En cuestiones medioambientales y sociales”, resume Raphaël Glucksmann, “probablemente habrá una oposición izquierda-derecha más clara. Por el contrario, en materias de defensa y presupuesto, el PPE no podrá formar alianzas por detrás, dadas las posiciones antagónicas de la extrema derecha. Por nuestra parte [la de los socialdemócratas, ndr], debemos reflexionar sobre los temas que puedan justificar que les amenacemos con un bloqueo”.

“En materia de presupuesto”, confirma David Cormand, “el PPE podrá apoyarse en la extrema derecha para algunas enmiendas, pero al final no podrá contar con ellos para votar el conjunto. Tendrá que ‘negociar’ con los grupos proeuropeos. Además, hay textos con los que será posible poner en aprietos a la derecha, por ejemplo, sobre los ingresos de los agricultores o sobre lo digital, haciendo imposible que se alejen de nuestras propuestas.”

No obstante, el espacio UE refleja cada vez más la complacencia de la derecha conservadora con la extrema derecha a escala de Estados miembros. En algunos países, forman parte de la misma coalición gubernamental (Italia, Finlandia) o se apoyan mutuamente desde el Parlamento para la supervivencia del ejecutivo (Suecia). En otros (Dinamarca, Francia, Austria, Portugal...), la recuperación de las obsesiones nativistas por parte de las fuerzas de la derecha convencional se ha convertido ya en algo habitual.

“Las derechas de hoy en día”, escribía en octubre en Esprit Martin Delheixe, profesor de teoría política en la Universidad Libre de Bruselas, ya no alaban un espacio de paz europeo concebido para desarmar el nacionalismo, ni la creación de un mercado único motor del crecimiento y la innovación. Están mucho más dispuestas a denunciar la pérdida de soberanía que conllevaría una supuesta tutela de las cancillerías nacionales por parte de Bruselas o Estrasburgo [en referencia a la Comisión o al Parlamento, ndt].”

Cuando el tema de la migración vuelva a ocupar un lugar destacado —se están preparando tres textos para completar el marco legislativo del Pacto Europeo sobre Asilo y Migración—, las consecuencias de esta deriva podrían ser muy visibles. Y la “mayoría” de Von der Leyen, ahora mismo de geometría variable, podría volver a ponerse a prueba.

Traducción de Miguel López