El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la vuelta del "chat control 1.0" —el escaneo de mensajes y correos sin cifrar que el Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido colar en segunda lectura— tal y como publicó infoLibre: con más eurodiputados votando en contra que a favor. Y no es la primera vez que pasa esto. 

Es la tercera votación sobre esta misma norma en cuatro meses, y las tres veces la mayoría se ha manifestado en contra de aprobarla tal y como el PPE la proponía: el pasado 11 de marzo se aprobó con condiciones —458 votos a favor y 103 en contra— que el Consejo rechazó. El 26 de marzo fue tumbada con 311 votos en contra por 228 a favor; y esta tercera vez ha vuelto a perder la votación, con 314 votos frente a 276. La diferencia es que esta vez ser mayoría no bastaba para bloquearla: al estar en segunda lectura, hacían falta 361 votos, y 314 se quedan cortos. 

Así es como una norma que el Parlamento ha rechazado, en la práctica, las tres veces que se ha votado, sale adelante de todos modos. Por el camino, el Parlamento sí ha logrado aprobar por mayoría absoluta una enmienda que excluye del escaneo el cifrado de extremo a extremo, aunque ahora le toca al Consejo aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberá negociar con el Parlamento.

Simone de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi) resume la paradoja del resultado: "Hoy ganan los dos bandos: sí, la derogación temporal se renueva una vez más pese a que la mayoría de los eurodiputados votó en contra, pero esa mayoría también envía una señal clara contra la vigilancia masiva a quienes negocian el marco permanente (el "chat control 2.0"), [una votación] en la que bastará con mayoría simple". El mandato del Parlamento para esa negociación —que la presidenta Metsola ha ignorado forzando esta votación en segunda lectura, según considera De Brouwer— "no queda debilitado, sino reforzado", añade.

Esta resolución permite que las plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, monitoreen los mensajes privados que los ciudadanos europeos comparten a través de aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta. El pretexto es el rastreo de material delictivo pornográfico que afecte a menores, pero la realidad es que ese escaneo de mensajes va a producirse sin la autorización de ninguna instancia judicial, a pesar de que supone una flagrante vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, según todos los expertos consultados por infoLibre. 

El conocido como "chat control 1.0" es la antesala de su versión 2.0, cuyo texto está aún en negociación y sin acuerdo a la vista, coinciden en señalar las voces críticas. Patrick Breyer, exeurodiputado alemán de Los Verdes, argumenta que incluso esta "versión suave" crea una infraestructura técnica y legal y un precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado; la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, también viola el derecho fundamental a la privacidad, sin proporcionalidad ni supervisión judicial; y allana el camino a la versión más avanzada. 

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, lo resume con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, fija el sujeto afectado, el alcance y la duración; esto [lo aprobado este jueves] es un escaneo automático de todo el mundo, sin esa supervisión. 

El perito informático Javier Rubio Alillo lo califica como "una intromisión absoluta en la privacidad de las personas" y recuerda la opacidad de los algoritmos que usarán las empresas, mayormente estadounidenses, para revisar los contenidos en búsqueda de pornografía infantil, así como la imposibilidad de comprobar que dichos algoritmos no se estén usando para otros fines.

Solo dos de las nueve familias políticas del Parlamento han votado mayoritariamente a favor de la norma: el PPE (95%) y los socialistas del S&D (59%), pese a que su propia ponente, Birgit Sippel, había dicho públicamente que no lo apoyaría. Todos los demás grupos, de punta a punta del espectro, votaron mayoritariamente para tumbarla, desde los grupos de ultraderecha hasta La Izquierda, pasando por Los Verdes.

Populares y socialistas, sin embargo, han mostrado una vez más una sintonía muy rara de ver en España pero habitual en Bruselas, como ocurre con la política de rearme de la UE. La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y su grupo, el PPE, pero ha contado también con el apoyo mayoritario del grupo socialista. Además, según declara Patrick Meyer, el Gobierno español fue uno de los más radicales a favor de la norma durante las negociaciones del Parlamento con el Consejo, mostrándose a favor de una versión inicial que Meyer califica de "extrema", que incluía un "escaneo masivo obligatorio" y acceso a los mensajes encriptados. 

El ultra Alvise Pérez sigue cobrando de empresas privadas por supuestas labores de consultoría mientras ejerce como eurodiputado en Bruselas. Así lo ha desvelado esta semana infoLibre. Esos ingresos, que ascienden a más de 280.000 euros en los primeros meses de 2026, se suman a otra larga lista en los últimos años: su sueldo como eurodiputado, pagos de redes sociales, donaciones de particulares o lo percibido como supuesto influencer.

En total, Alvise ha ingresado al menos 1.255.008 euros entre julio de 2022 y junio de 2026, los últimos cuatro años, según el cálculo realizado por infoLibre a partir de las sucesivas declaraciones de intereses que el eurodiputado ha tenido que ir presentando ante el Parlamento Europeo. Aunque es eurodiputado desde 2024, la institución obliga a todos sus parlamentarios a declarar las retribuciones dinerarias percibidas en los tres años anteriores a ocupar el escaño.

Solo en lo que va de 2026, el ultra ha facturado ya más de medio millón de euros, más que en ningún otro año. Eso se debe, principalmente, a los 288.044 euros que ha cobrado de empresas privadas "del sector de la comunicación", a la asignación que recibe como eurodiputado y a los ingresos por el libro que ha autopublicado.

Además, en la declaración de intereses modificada que ha presentado este mes de julio también ha incluido cobros por suscripciones de usuarios en redes sociales —por lo que infoLibre también ha contabilizado estos ingresos en la suma correspondiente a 2026—. En cualquier caso, en los últimos meses Alvise ha facturado más por los pagos que está recibiendo de empresas —de las que asegura que son españolas pero se niega a aclarar cuáles son— que por cualquier otro concepto, incluido su sueldo de la Eurocámara. 

Antes de lograr su escaño en Bruselas, su principal fuente de ingresos eran lo que él define en sus declaraciones de intereses como ingresos por su actividad profesional como influencer. Aun así, en esos documentos él mismo detalla que las cantidades provenían esencialmente de "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social".

infoLibre ha contactado con Alvise Pérez para preguntarle por ciertos extremos de sus ingresos y de sus declaraciones de intereses que no están del todo claros. El eurodiputado no ha respondido a muchas de las preguntas que se le han hecho llegar, como qué empresas españolas le están pagando por lo que él define como labores de "consultor freelance en redes sociales y comunicación".

En cambio, sí ha asegurado a este medio lo siguiente: "¿Parece mal que dentro de la ley y la normativa siga ganando dinero de mi trabajo, máxime cuando dono el 100% neto íntegro de mi sueldo ordinario de eurodiputado?". Alvise asegura donar su sueldo, pero en plena campaña electoral había prometido algo distinto: sortearlo mes a mes. A pesar de ello, realizó únicamente dos sorteos y hace ya dos años que no lleva a cabo ninguna acción de ese tipo.

Tras esos dos primeros sorteos, en octubre de 2024 anunció públicamente que iba a paralizarlos durante tres meses para donar las cantidades a los afectados por la dana de Valencia. Después de ese periodo no ha vuelto a hablar de sorteos en su canal de Telegram y hace ahora un año reconoció públicamente que los daba por terminados. Como justificación alegó una inspección de Hacienda, pero sin aportar mayor explicación al respecto.

No se volvió a saber nada sobre el destino de su sueldo hasta finales de 2025, cuando aseguró que había intentado donar 50.000 euros a la Fundación de Huérfanos de la Policía Nacional, pero esta declinó el donativo para mantener la neutralidad política. Fue entonces cuando Alvise anunció que lo intentaría con la Fundación de Huérfanos de la Guardia Civil, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

En resumidas cuentas, Alvise solo ha anunciado públicamente el sorteo y donación a particulares de sus primeras asignaciones mensuales como eurodiputado. Concretamente, de las 2,5 primeras —el primer mes de los nuevos parlamentarios europeos no lo ejercieron al completo—. Sobre las siguientes, no se sabe si ha llegado a realizar donaciones de forma efectiva. infoLibre le ha preguntado dónde se pueden constatar esos donativos que ahora asegura estar transfiriendo y a quién los está dirigiendo. "Que dono mi sueldo está en mi declaración de la renta 😆", ha respondido, omitiendo la segunda cuestión y que las declaraciones de la renta no son públicas.

Los europarlamentarios cobran mensualmente 10.255,26 euros brutos, según la asignación establecida por la Eurocámara para 2025 y que se ha mantenido igual para 2026, según ha confirmado el Parlamento Europeo a infoLibre. En 2024, año en el que Alvise llegó a Bruselas, el sueldo mensual era de 10.075,18 euros brutos al mes.

La cuantía de la asignación de los diputados se fija utilizando como referencia el sueldo base de un juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a los miembros del Parlamento Europeo les corresponde el 38,5% de esa asignación base. Desde que llegó a Bruselas en julio de 2024, Alvise ha cobrado ya más de 240.000 euros brutos por este concepto.

Otro asunto que tampoco queda claro con su nueva declaración de intereses es qué ha pasado con las donaciones que, al menos anteriormente, recibía. En la modificación de la declaración de intereses de este mes de julio Alvise asegura: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

La afirmación del eurodiputado de Se acabó la fiesta (SALF) en ese documento oficial resulta sorprendente en tanto que en su declaración anterior, de noviembre de 2025, decía seguir recibiendo las "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no detallaba cuántos ingresos le suponían y remitía a una "declaración a final de año" en la que "los ingresos exactos generados serán actualizados". En lugar de hacer esa actualización, ahora asegura no percibirlos.

En esa misma línea se ha expresado cuando le ha contactado infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses. ¿Tampoco es positivo renunciar a tamaña cantidad económica para que se lo quede el proyecto político? Todos los demás cobran del partido, y yo hago todo lo contrario y sigo siendo criticable. Irónico, ¿no?".

A pesar de lo que asegura el político, este diario ha podido comprobar que el mensaje que tiene fijado en su canal de Telegram —su principal vía para relacionarse con sus seguidores— enlaza tanto a su perfil de Patreon como a una cuenta a su nombre en Revolut. En ambos lugares puede recibir donaciones. De hecho, infoLibre ha certificado que la cuenta de Revolut —que consta a nombre de Luis Pérez Fernández, el nombre real y completo de Alvise— no está bloqueada y se le pueden seguir haciendo transferencias. Tras repreguntar sobre esto a Alvise después de recibir su primera respuesta, no ha vuelto a contestar.

Además, aunque el mensaje fijado en su canal data de 2021, sigue siendo el que el político elige para destacar, de forma que aparece a todos los usuarios que entran a leer su canal. El mensaje es claro: "Ante el hostigamiento judicial, político y mediático, puedes ayudar con donaciones voluntarias a Alvise Pérez".

Los ingresos declarados por Alvise ante el Parlamento Europeo —una obligación normativa para todos los eurodiputados— también recogen lo que él ha descrito como su actividad profesional como influencer. El eurodiputado asegura haber cobrado por ello 156.000 euros en 2021, 198.000 en 2022, 145.200 en 2023 y 140.000 en 2024. En el caso de 2024 los 140.000 euros corresponden únicamente al periodo entre enero y julio, cuando ya pasó a ejercer como eurodiputado.

A pesar de esa descripción como influencer, Alvise reconoce en sus declaraciones que todo ese dinero venía de donaciones de particulares. Según sus palabras, "microdonaciones de particulares". Eso sí, entre los cuatro ejercicios hay una excepción: un pago único de 100.000 euros contabilizado en los ingresos de 2024, que corresponde, según él, a su "participación en una charla (no profesional) sobre la carga fiscal y la libertad financiera, celebrada el 6 de abril de 2024 en Madrid".

El pagador de esa suma fue Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, un empresario de criptomonedas que está en prisión provisional tras ser imputado por estafar presuntamente más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. 

Aunque Alvise dice que recibió el pago debido a su participación en la charla, este se hizo efectivo más de un mes después de la misma y en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Los mensajes entre Romillo y Alvise apuntaban más bien a una financiación de la candidatura del segundo. El ultra aseguraba por aquel entonces al empresario que necesitaba "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas". Alvise tiene una causa abierta por presunta financiación irregular en el Tribunal Supremo derivada de estos hechos.

No es el único problema relacionado con la financiación de su partido y candidatura que ha tenido. El Tribunal de Cuentas denunció el verano pasado que Se acabó la fiesta no había presentado las cuentas de la campaña electoral de las europeas y, por tanto, había incumplido la ley electoral y perdido el derecho a recibir la subvención monetaria que se entrega a las candidaturas que obtienen representación.

El Parlamento Europeo también ha sancionado a Alvise. El eurodiputado cuando llegó a Bruselas rellenó la declaración de intereses indicando únicamente que antes de ocupar su escaño había ejercido como "analista y consultor político - por cuenta propia" pero dejó en blanco la casilla referente a cuántos ingresos le había supuesto esa actividad.

La Eurocámara le penalizó quitándole dos días de dietas. Tras la sanción, Alvise accedió a modificar su declaración de intereses e incluir los ingresos previos a su llegada a Bruselas. Ahora, ha seguido actualizándola para cumplir con el código de conducta del Parlamento Europeo, que especifica cómo tienen que rellenar los eurodiputados la obligatoria declaración de intereses y establece sanciones para los que mientan u oculten información.

Mientras España sigue con la cabeza en el Mundial y media Europa cuenta los días para las vacaciones, el Parlamento Europeo vota el jueves 9 de julio si las grandes tecnológicas pueden escanear los mensajes privados de la ciudadanía europea en busca de contenido de abuso sexual infantil, sin orden judicial y sin sospecha previa sobre nadie. Lo llamativo no es la pregunta, sino que la Eurocámara ya respondió que no dos veces, el 11 y el 26 de marzo. Vuelve a votarse porque Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, ha encontrado una vía procesal para forzar una tercera votación en condiciones mucho más favorables para que salga adelante.

La norma que se vota el jueves no es nueva. Es la misma derogación temporal de la directiva ePrivacy que lleva vigente, con sucesivas prórrogas, desde julio de 2021. Expiró el pasado 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara dos veces extenderla. 

Lo que se vota el jueves se conoce como "chat control 1.0": permite a las plataformas escanear sin necesidad de autorización judicial los mensajes y correos sin cifrar de sus usuarios —lo que incluye a aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta— para detectar fotos de abuso infantil. Es distinto del "chat control 2.0" (CSAR), un reglamento que sí obligaría a las plataformas a escanear también las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, y que sigue negociándose aparte, sin acuerdo a la vista. El primer texto, eso sí, no prohíbe expresamente aplicarlo a un servicio cifrado, solo obliga a no debilitar el cifrado.

La clave no está en lo que se propone, que es exactamente el mismo texto que el Parlamento ya ha rechazado dos veces, sino en el procedimiento que se ha usado para devolverlo a votación, porque cambia cuántos votos necesita cada bando para ganar.

El 11 de marzo, el Parlamento fijó su posición: prorrogar la norma hasta 2027, pero solo con autorización judicial y dejando fuera las comunicaciones cifradas. El Consejo rechazó esas condiciones, las negociaciones se rompieron, y el 26 de marzo el Parlamento cerró su posición rechazando directamente cualquier prórroga: 311 votos en contra por 228 a favor. Es decir: el Parlamento dijo que no dos veces —primero poniendo condiciones que el Consejo no aceptó, y después rechazando la prórroga sin condiciones— y la norma expiró el 3 de abril.

Ahí debería haber acabado la historia. Pero en vez de aceptar ese rechazo, el Consejo ha hecho algo inusual: adoptar su propia posición formal sobre el mismo texto, sin cambios, y devolverlo al Parlamento. Ese movimiento activa lo que se conoce como segunda lectura, y es donde reside la clave de esta repetición. En marzo bastaba con que hubiera más votos en contra que a favor entre los presentes para tumbar la norma, y así ocurrió. En segunda lectura las reglas se invierten: para bloquearla o cambiarla ahora hacen falta 361 votos, mayoría absoluta de los 720 escaños del Parlamento, mientras que para aprobarla basta con que gane el "sí" entre los presentes ese día. Dicho de otro modo: los mismos eurodiputados que tumbaron la norma en marzo podrían votar otra vez en contra y aun así no impedir que salga adelante, si no llegan a esos 361 votos.

Y ese día, el jueves, es el último pleno antes del receso de verano, cuando la asistencia de los eurodiputados cae de forma considerable. El 17 de junio, el PPE pidió a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola —también del PPE—, que reactivara el expediente. Al día siguiente, en la cumbre europea, Metsola instó a los líderes a "avanzar" con la legislación. Los Estados miembros adoptaron después esa posición sin ningún cambio respecto al texto ya rechazado. El martes, el pleno ya aprobó tramitarlo por esta vía: 331 votos a favor, 304 en contra. 

Patrick Breyer, exeurodiputado alemán en el grupo de Los Verdes y una de las voces más críticas contra el avance de esta norma en la pasada legislatura, resume a infoLibre lo insólito del caso: repetir una votación ya pasó en marzo y sobre este mismo expediente; lo inédito es que sea la propia presidenta del Parlamento quien impulse el procedimiento de la segunda lectura después de que la Cámara ya rechazara el texto. Para Simon de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi), esta decisión de Metsola constituye "ignorar abiertamente el mandato de la institución a la que representa".

Aunque la votación decide el futuro de la versión 1.0, menos agresiva que la 2.0, Breyer da tres razones por las que su aprobación plantea una perspectiva preocupante para la privacidad de las comunicaciones en Europa. En primer lugar, crearía la infraestructura legal y el precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y "revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado". En segundo lugar, la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, "también viola el derecho fundamental a la privacidad, y lo hace sin proporcionalidad ni supervisión judicial". Por último, allanaría el camino a la versión más avanzada "por arrastre": una vez montada la base técnica y legal, ampliarla sería solo una enmienda menor ante una opinión pública desensibilizada.

La de Breyer no es la única voz crítica sobre lo que esto supone para los derechos fundamentales de las personas. De Brouwer, de EDRi, lo explica en términos muy directos: si esto sale adelante, "significará que las empresas privadas pueden negar tu derecho a tener conversaciones digitales confidenciales; podrán, si quieren, leer cada mensaje que escribes, cada correo que envías, cada foto que compartes". Y subraya el contraste con la vigilancia policial ordinaria: para que la policía intervenga las comunicaciones de alguien, la ley exige antes una orden judicial, y un juez solo autoriza la vigilancia si está dirigida a personas concretas sospechosas de un delito grave. Aquí, en cambio, la propuesta es externalizar la vigilancia a empresas privadas —casi todas estadounidenses— sin exigirles ni sospecha previa ni garantías democráticas.

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, llega a la misma conclusión desde el derecho español y europeo. Lo explica con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza una intervención de comunicaciones, fija el supuesto, el alcance y la duración. Esta norma propone justo lo contrario, un escaneo automático y sistemático sin intervención judicial en ningún caso concreto, lo que supone una doble vulneración —secreto de las comunicaciones y protección de datos— que previsiblemente acabará recurrida ante los tribunales.

Recio añade la variante de la soberanía tecnológica: las empresas que monitorizarían las comunicaciones son casi todas estadounidenses, sin garantías claras de transparencia sobre quién accede a esa información ni sobre si puede acabar en manos de una autoridad de un tercer país. Tanto Recio como Javier Rubio Alillo, perito informático consultado también por este periódico, coinciden en algo más: nadie sabe qué buscan realmente los algoritmos que harían este trabajo, ni quién supervisa que no se usen para otra cosa.

De Brouwer añade un problema de escala que conecta con lo anterior: las empresas que hacen este escaneo voluntario deben remitir a una agencia estadounidense cada caso en el que su algoritmo detecte un posible abuso, lo que explica por qué muchos adolescentes que se envían fotos explícitas de forma consentida entre ellos acaban denunciados a Estados Unidos y después a la policía europea, que tiene que determinar a posteriori si hubo consentimiento o no, según expone EDRi. Como se escanean miles de millones de mensajes al día, incluso un margen de error mínimo se traduce en millones de falsas alarmas —el 0,01% de mil millones son ya 100.000—, que hay que revisar una por una. Policías de los Países Bajos y de Alemania, y también el FBI, ya han advertido de la avalancha de falsas alarmas que esto genera.

El enigma de los vínculos de dependencia entre la Agrupación Nacional (RN) del dúo Le Pen/Bardella y el sector más radical de la extrema derecha francesa se asemeja a la famosa máxima de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie.” En efecto, a pesar de las investigaciones judiciales en curso y de las declaraciones públicas sobre un supuesto distanciamiento, la RN sigue enriqueciendo, en condiciones sospechosas, a la denominada “GUD Connection”.

Mientras que la Fiscalía Europea llevó a cabo la semana pasada una oleada de registros en el marco de una investigación sobre las condiciones de adjudicación de contratos por parte del grupo parlamentario de la extrema derecha europea durante el periodo 2019-2024, un nuevo informe oficial del Parlamento Europeo, fechado a mediados de junio, al que ha tenido acceso Mediapart, señala posibles irregularidades financieras atribuibles a RN en un periodo más reciente (2024-2025).

Según nuestra información, este documento de 37 páginas, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en manos de la Comisión de Control Presupuestario, que debe emitir un dictamen el 14 de julio sobre las medidas que deben adoptarse al respecto. Estos nuevos elementos podrían por tanto ser remitidos a la justicia.

Al igual que en la investigación en curso, los hechos descubiertos por los servicios financieros del Parlamento Europeo se refieren a los contratos de comunicación adjudicados por RN, con fondos públicos, a una pléyade de empresas que tienen en común estar en manos de directivos que mantienen vínculos personales y políticos con la “GUD Connection”.

Esta denominación engloba una nebulosa vinculada a antiguos activistas del Grupo Unión Defensa (GUD, antiguo sindicato de estudiantes anticomunistas y de extrema derecha, ndt), entre los que se encuentra su emblemático líder en la década de 1990, Frédéric Chatillon, acusado de alimentar la nostalgia por el III Reich, de frecuentar cada vez más a figuras antisemitas y de defender una proximidad ideológica con dictaduras extranjeras, como la Siria de Bashar al-Assad o la Rusia de Vladímir Putin, por ejemplo.

Frédéric Chatillon, condenado por estafa en el caso de los kits de campaña del Frente Nacional (FN), es también amigo de la infancia de Marine Le Pen, mientras que una de sus hijas mantuvo una relación sentimental con Jordan Bardella.

Según este nuevo informe del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones reveló Politico, los contratos firmados por el grupo Patriotas por Europa (PfE) —del que forma parte RN y que preside Jordan Bardella— con cinco empresas (e-Politic, Hermod Communication, Adhocrat, Recless y Citadelle Communication) plantean serias dudas sobre su legalidad.

Los investigadores señalan, entre otras cosas, “numerosas infracciones de la normativa aplicable”, ofertas que deberían haberse “considerado nulas”, empresas que no disponen de los medios “para cumplir el requisito mínimo de capacidad técnica” para la ejecución de los contratos en cuestión, así como pagos “que no se ajustan al contenido real de las facturas”. Estos investigadores expresan “serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento del pliego de condiciones” presentado por el grupo parlamentario. Los importes considerados irregulares ascienden a 197.258,48 euros.

Al ser interrogado por los servicios del Parlamento, el grupo de los Patriotas por Europa (PfE) reconoció, en su respuesta del 20 de abril de 2026, la existencia de “incoherencias y lagunas procedimentales” en “la redacción y la firma de los contratos”. También admitió que la “coordinación y la verificación podrían haber sido, en algunos casos, más rigurosas”, aunque lo achacó a un “enfoque muy descentralizado”. No obstante, aseguró “que los contratos se habían elaborado de buena fe”.

Este argumento no ha convencido a los relatores, quienes consideran, por el contrario, que estas “numerosas irregularidades de carácter fundamental […] no pueden ser excusadas ni compensadas por la supuesta buena fe del grupo”. Contrariamente a lo que afirma este último, insisten, no se trata de “una simple diferencia de interpretación de las normas de contratación pública”, considerando que “las irregularidades se derivan, por el contrario, de violaciones de los principios fundamentales que rigen el derecho de la contratación pública”.

La atención de los servicios financieros del Parlamento Europeo se ha centrado, en particular, en el perfil de los directivos de varias de las empresas implicadas: Paul-Alexandre Martin (e-Politic), Mathieu Balavoine (Recless) y Nicolas Goury (Hermod Communication).

Paul-Alexandre Martin, cofundador de la empresa francesa e-Politic (recientemente rebautizada como e-nvictus) junto con Frédéric Chatillon, lleva casi quince años moviéndose entre RN y los grupúsculos de extrema derecha más radicales. Hoy al frente en solitario de la agencia de comunicación, el que fuera número dos del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) nunca ha ocultado su amistad con miembros del movimiento neofascista francés y europeo, a pesar de que se supone que debe encarnar una imagen más presentable de la extrema derecha.

En sus redes sociales, Paul-Alexandre Martin, de 36 años, exhibe su cercanía a su mentor y amigo Frédéric Chatillon, veintidós años mayor que él, figura tutelar de la “GUD Connection”. “Paul-Alexandre Martin es un Chatillon baby”, comenta a Mediapart un antiguo allegado de Marine Le Pen. “Se viste como él, se peina como él.”

El joven empresario, cuyas actividades se han ido extendiendo progresivamente a varias empresas en Francia y en el extranjero, también ha mantenido una relación muy estrecha con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes serán juzgados en septiembre por lo penal por el asesinato del jugador de rugby Federico Martín Aramburú en 2022. También comparte sus vacaciones con Logan Djian, exlíder del GUD condenado en múltiples ocasiones por actos violentos, que luce tatuajes neonazis.

Desde su creación en 2014, e-Politic se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del FN y, posteriormente, de RN, tanto en el Parlamento Europeo como en las campañas electorales en Francia. La agencia también ha dado trabajo a jóvenes militantes del partido que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad, como la eurodiputada Julie Rechagneux o François Paradol, actual jefe de gabinete de Jordan Bardella.

Según Le Monde, la empresa de comunicación también ha contratado a Paul-Alexis Husak, un dirigente de la nueva generación del GUD. Tras su paso por los Zouaves de París, el activista fue detenido en 2022 en el marco de la investigación sobre un intento de expedición punitiva en torno a un partido de fútbol entre Francia y Marruecos.

Los perfiles de Matthieu Balavoine y Nicolas Goury, que dirigen respectivamente las empresas Recless y Hermod, no están menos vinculados a ese entorno. El primero es una figura destacada del movimiento identitario de Ruán, portavoz de la Asociación de Apoyo a los Denunciantes (Asla), una organización fundada por dirigentes identitarios para apoyar a los activistas de extrema derecha que son objeto de acciones judiciales.

Balavoine fue condenado en apelación, el 23 de marzo de 2026, a ocho meses de prisión condicional por violencia colectiva tras el ataque a una sede de la asociación SOS Méditerranée en Marsella, en 2018 (condena que ha recurrido en casación). Está casado, además, desde 2025 con una de las hijas de Jildaz Mahé O’Chinal, uno de los amigos más cercanos de Frédéric Chatillon, estrechamente vinculado a los círculos neofascistas italianos.

Nicolas Goury, director de la empresa Hermod, también procede de los círculos identitarios normandos. Delegado departamental adjunto de RN en Sena Marítimo y exasistente parlamentario en la Asamblea Nacional, fue señalado en 2017 por realizar una "quenelle" —un gesto con connotaciones antisemitas popularizado por el cómico Dieudonné— frente a la sede de la CGT en Ruán, de la que había sido expulsado tras afiliarse al partido de extrema derecha.

Se añade que la última empresa contratada señalada por el servicio antifraude, Citadelle Communication, está dirigida por Christophe Boucher, amigo desde hace treinta años de Frédéric Chatillon, con quien había creado una empresa en 2003.

Al ser preguntados por Mediapart, Frédéric Chatillon, Paul-Alexandre Martin, Mathieu Balavoine, Christophe Boucher y Nicolas Goury no respondieron.

El nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los años 2024-2025 menciona nada menos que sesenta veces a e-Politic, que facturó 146.444,41 euros durante ese periodo. A esta suma hay que añadir 1.653.012 euros correspondientes a los servicios prestados al grupo Identidad y Democracia (predecesor de Patriotas por Europa), del que formaba parte RN durante la legislatura anterior (2019-2024). En ambos casos, las autoridades de control consideran que no se han respetado las normas de “transparencia” y de “buena gestión financiera”.

En materia de licitaciones, las normas del Parlamento exigen, en particular, una competencia leal y la recepción de un número mínimo de ofertas de empresas. Pero el informe constata que, durante el período 2024-2025, “el grupo PfE no ha cumplido varios de estos requisitos y/o no los ha documentado correctamente”.

Por ejemplo, los relatores dicen haber observado que los proveedores habían facturado al grupo de extrema derecha incluso antes de que concluyeran los procesos de licitación y se adjudicaran los contratos. Lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de la selección de los operadores económicos” y “hace pensar en una distorsión de la competencia”.

Estos nuevos datos se suman a los ya conocidos que justificaron la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea tras la remisión de un informe anterior sobre sospechas de irregularidades que afectaban al grupo Identidad y Democracia.

Este primer informe de 32 páginas, revelado por Le Monde y al que Mediapart también ha tenido acceso, ya alertaba de los “graves problemas de cumplimiento” del contrato firmado con la empresa e-Politic. Su director, Paul-Alexandre Martin, fue además objeto de la serie de registros llevados a cabo el martes 30 de junio, en el marco de las investigaciones en curso por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Otra empresa francesa, denominada Unanime, también ha sido señalada por las autoridades europeas por un contrato de 1,4 millones durante el mismo periodo 2019-2024. Creada en París en 2011, esta empresa fue propiedad de Frédéric Chatillon hasta 2023, antes de que este transfiriera sus participaciones a su holding italiano denominado Edda (el mismo nombre que la hija mayor de Benito Mussolini).

Cuando trabajaba para el grupo de RN, la empresa estaba dirigida además por una tal Sighild Blanc, nieta de dos antiguos nazis franceses, que no es otra que la esposa de Frédéric Chatillon. Fue ella quien firmó, entre otras cosas, varios presupuestos con Identidad y Democracia.

En Bruselas, los servicios de Unanime se centraron en la elaboración (impresión, envío y franqueo) de dos “libros negros”, uno sobre la “gestión de la crisis del coronavirus por parte de la UE” y otro sobre la “calamitosa gestión de la estrategia de vacunación de la UE”, de los que Jordan Bardella se encargó de la promoción.

La empresa también recibió el encargo de la revista del grupo, Vu d’Europe, a pesar de que, según el servicio antifraude, “no disponía de las capacidades técnicas necesarias” para hacerlo por sí misma. Este último señala en su informe que la pequeña estructura francesa “no prestó la mayor parte de los servicios contratados y, por el contrario, recurrió a subcontrataciones en cascada”, sin que ello respondiera, a su juicio, a una “lógica económica”.

Esta cadena de subcontratación hizo que los precios de los servicios prestados se dispararan un 31 % de media. Incluso restando “generosamente” los “honorarios de agencia”, la diferencia sigue siendo superior al 18 %, insiste el informe, que considera que “ninguna de las explicaciones aportadas por el grupo Identidad y Democracia permite subsanar las graves deficiencias constatadas tanto en el procedimiento como en la ejecución del contrato”.

Contactados por Mediapart, Marine Le Pen y Jordan Bardella no han respondido.

El martes 30 de junio, el presidente de RN reaccionó a los registros en las oficinas de sus proveedores publicando en su cuenta de X un mensaje conspiranoico que relacionaba esta noticia judicial con las elecciones presidenciales del año que viene. “Como siempre, los procedimientos judiciales marcan el calendario electoral”, afirmó.

El líder de extrema derecha, sin embargo, no se pronunció sobre los motivos por los que RN mantiene su vínculo con el ámbito de la “GUD connection”, a pesar del riesgo jurídico y reputacional que supone esta asociación.

La investigación de la Fiscalía Europea, que dio lugar a registros en las oficinas de proveedores de la Agrupación Nacional el martes 30 de junio, se abrió por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Paralelamente, RN es objeto de varias investigaciones judiciales. La más lograda se refiere al caso de los puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo, que supuso la condena del partido y de varios de sus dirigentes, empezando por Marine Le Pen, en primera instancia. La triple candidata a las elecciones presidenciales fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firme, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inelegibilidad. La sentencia del Tribunal de Apelación de París se acaba de dictar y la considera culpable, condenándola a tres años de prisión, de los cuales uno en firme, y a llevar una pulsera electrónica durante un año.

El partido de extrema derecha también es objeto de una investigación judicial iniciada en París el 3 de julio de 2024 por sospechas de estafa en el marco de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las europeas de 2024. Este asunto dio lugar a un registro de la sede de RN el 9 de julio de 2025. También está en curso otra investigación en Marsella, relativa a la financiación de candidatos del partido por parte del empresario Pierre-Édouard Stérin.

Por otra parte, según Le Canard enchaîné, la asociación Anticor ha presentado una denuncia, constituyéndose en parte civil, por malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa en banda organizada contra Jordan Bardella, sospechoso de haber presentado una agenda falsa para justificar su actividad en el Parlamento Europeo.

Para terminar, desde 2016, la justicia investiga el dinero ruso del partido.

El informe del Parlamento Europeo señala asimismo que la empresa Hermod Communication firmó un contrato con el grupo de RN a pesar de que dicha empresa había presentado su oferta para la licitación fuera de plazo. Además, el contrato entró en vigor el 3 de octubre de 2024, mientras que se firmó a posteriori, el 23 de octubre de 2024.

Pero eso no es todo: el contrato no lo firmó el grupo de RN (ni su representante), sino el eurodiputado Gilles Pennelle, el mismo que, según Le Monde, habría presentado al director de Hermod como proveedor del grupo en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si el eurodiputado (y exdirector general de RN) pudo acudir en ayuda del director de Hermod al firmar con su empresa un contrato derivado de una licitación que no había ganado.

Al ser preguntado al respecto, Gilles Pennelle asegura que firmó dicho contrato “tras la adjudicación del mismo”, y no “en nombre del grupo”, sino “para [su] comunicación personal como eurodiputado”. Sin embargo, el contrato, al que ha tenido acceso Mediapart, prevé efectivamente “prestar servicios de redes sociales al grupo PfE” y en él se “designa a Gilles Pennelle como el “grupo PfE’”. Al ser consultado, Nicolas Goury, director de Hermod, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

"Consultor freelance" para "empresas españolas del sector de la comunicación". Esa labor llevada a cabo en el sector privado, según declara él mismo, le ha reportado al eurodiputado ultra Alvise Pérez 288.044 euros en el último trimestre.

Unas cantidades que se suman, como mínimo, a los 106.000 euros que aseguró haber recibido ya a finales del año pasado con el mismo origen, tal y como reveló también infoLibre. En total, Alvise ha ingresado al menos 390.000 euros de "empresas españolas del sector de la comunicación" en los últimos 12 meses. 

Los eurodiputados pueden trabajar para el sector privado durante su mandato, pero la normativa establece una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden ejercer labores de lobby si están remuneradas y vinculadas a la Unión Europea (UE), ni trabajar para empresas que puedan suponer un conflicto de intereses durante su mandato parlamentario.

El problema con Alvise, como ya explicó infoLibre, es que oculta qué empresas españolas le están pagando por esas supuestas labores de consultoría. Ello impide fiscalizar si realmente está cumpliendo con las prohibiciones de la UE.

El parlamentario ha notificado la recepción de los 288.044 euros en una modificación de su declaración de intereses, el documento en el que los eurodiputados deben detallar sus ingresos y actividades tanto previos a su labor parlamentaria como durante su mandato, con el objetivo de rendir cuentas y evitar posibles conflictos de intereses. Esta última modificación la ha presentado este mes de julio, pero al igual que en sus declaraciones anteriores, no detalla las empresas de las que está cobrando.

En esta modificación, Alvise asegura que los pagos que recibe como freelance los anota en su declaración de forma trimestral. Sin embargo, hacía ocho meses que no actualizaba su declaración de intereses. La última vez correspondió al tercer trimestre de 2025, según reconoció a infoLibre, cuando indicó haber cobrado esos otros 106.000 euros. 

Si ha actualizado la declaración con prontitud, los pagos que declara ahora deberían corresponder al segundo trimestre de 2026. infoLibre ha preguntado a Pérez si no ha recibido ingresos de ese tipo en el último trimestre de 2025 y el primero de 2026. El eurodiputado ha respondido a este medio pero no ha querido aclarar esos extremos. El año pasado, Alvise aseguró a este medio que antes del tercer trimestre de 2025 no había cobrado como freelance mientras era eurodiputado.

Este medio también ha preguntado a Pérez qué empresa o empresas le han pagado esos 288.044 euros, pero tampoco ha contestado. Tras la publicación de su declaración anterior por parte de la Eurocámara, se negó a aclarar a infoLibre para quién estaba trabajando, pero respondió: "No son un lobby ni nada que condicione mi mandato".

La modificación de la declaración presentada por el eurodiputado también ha actualizado información sobre otro tipo de ingresos. Alvise Pérez asegura en la misma que ha dejado de recibir donaciones a nivel individual: "Desde 2024, estas donaciones no las recibo yo a título personal, sino que se destinan directamente a mi partido político".

"No recibo pagos directos de patrocinadores ni de ninguna empresa por mis antiguas actividades como influencer", añade en la declaración presentada ante el Parlamento Europeo.

Las afirmaciones firmadas por Alvise Pérez en la reciente modificación contrastan con la declaración que presentó a finales del año pasado, en la que aseguraba que seguía recibiendo "microdonaciones de particulares que apoyan mi movimiento social". Aun así, no especificaba cuántos ingresos le suponían y en su lugar indicaba: "Los ingresos exactos generados serán actualizados en esta declaración a final de año". En lugar de realizar esa actualización, ahora asegura no percibir los ingresos.

A pesar de ello, el canal de Telegram de Alvise sigue teniendo como fijado un mensaje de 2021 en el que el ahora eurodiputado enlaza a su perfil de Patreon, una web que permite suscribirse a usuarios o comunidades a cambio de un pago, y recuerda su número de cuenta en Revolut, donde puede recibir transferencias. En ningún momento se avisa de que esos donativos ahora vayan a su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF), en lugar de a sí mismo.

Al ser preguntado por esto sí ha respondido a infoLibre: "He dejado de recibir donaciones, bloqueado la cuenta y animado a todos los que me donaban a que se afiliaran a SALF, algo que ha funcionado con éxito para más de 10.000 afiliados en pocos meses". A pesar de ello, infoLibre ha podido comprobar cómo la cuenta de Revolut que difunde en su Telegram, asociada a su propio nombre 'Luis Pérez Fernández', aún funciona y se le pueden realizar transferencias. Este medio le ha repreguntado al respecto, pero Alvise no ha contestado.

La nueva declaración del eurodiputado también refleja que ha cobrado 146.792 euros por los derechos de autor de Devuélveme a mi país, un libro que autoeditó y publicó en Amazon. Pérez asegura en la declaración que esos ingresos varían "según el número de libros vendidos".

Tal y como explicó infoLibre, el hermetismo de Amazon con sus cifras de venta impide saber cuánto ha vendido realmente Pérez u otros autores. Lo cierto es que el libro del eurodiputado se vendió únicamente en la plataforma, al margen de las librerías tradicionales, las grandes cadenas y el sector editorial en general, por parte del cual el eurodiputado ultra denunció un boicot.

Consulta aquí la nueva declaración presentada por Alvise Pérez:

Esta información ha sido actualizada a 7 de julio de 2026 para incluir las respuestas de Alvise Pérez a las consultas que le ha hecho llegar infoLibre y añadir citas textuales de su última modificación de la declaración de intereses ante el Parlamento Europeo.

Los grandes incendios irán a más y serán cada vez más graves. Esto es lo que reconocen en privado esta misma semana altos cargos de la Comisión Europea en Bruselas ante el inicio de la temporada de verano con fuegos que ya afectan a Galicia y Castilla y León, a Portugal o a Francia. Tras un 2025 histórico por lo destructivo de las llamas, con un millón de hectáreas quemadas en toda la UE, el continente se prepara para otra temporada que apunta a ser dramática.

Bruselas realizará su mayor despliegue de medios con casi 800 bomberos de 14 países situados estratégicamente en áreas de alto riesgo en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal. La UE también pondrá a disposición de los Estados miembros 22 aviones contra incendios y cinco helicópteros de la flota comunitaria, “listos para ayudar a los países bajo presión, porque la temporada de incendios se ha vuelto más larga, llega antes y es más destructiva”. El operativo más grande del Mecanismo de Protección Civil desde que en 2022 se decidió apostar por este despliegue inicial.

La primavera, según el sistema de satélites europeos Copernicus, ha sido la tercera más cálida desde que hay registros, seguida de una ola de calor excepcionalmente temprana en Europa occidental durante mayo y de nuevos episodios de calor extremo aún más intensos en las últimas semanas. El caldo de cultivo perfecto para un verano de incendios, como los que aparecían en las imágenes del fotoperiodista Brais Lorenzo con las que acaba de ganar el World Press Photo Award y que han protagonizado una exposición en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Delante del vicepresidente de la Eurocámara, el rumano Nicolae Stefanuta, o la jefa de la Unidad europea de Reducción de Desastres y Riesgos de Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano, Lorenzo señalaba: “Empecé a trabajar en el 2010-2011 siguiendo los incendios y cuando se producía uno de 300 o 500 hectáreas era tratado mediáticamente como un gran incendio forestal, de grandes dimensiones. Por poner en contexto, el verano pasado en Galicia se estaban produciendo cuatro o cinco incendios simultáneos de más de diez mil hectáreas. Soy testigo directo de cómo ha evolucionado esta situación”.

Bruselas reconoce abiertamente esta nueva realidad de grandes incendios, favorecida por el calentamiento global, el abandono del medio rural y el cambio en los usos del suelo, que ha reducido la biodiversidad de los bosques, haciéndolos menos resistentes. La Estrategia Integrada de Prevención y Gestión publicada en marzo por la Comisión Europea reconoce la necesaria preservación de población rural para apoyar acciones concretas a nivel territorial, como la reducción de la erosión de los suelos o la mejor restauración de las superficies quemadas.

“Estamos ante un reto de civilización”, señala un alto cargo de la Dirección General de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario. “Tenemos que incrementar la conciencia entre la población y a todos los niveles de las autoridades” sobre las políticas de acción climática y de preservación medioambiental, añade.

En Bruselas hablan de “planes integrales en el manejo de tierras, sobre la gestión de los bosques, con más biodiversidad para ser más resistentes al cambio climático y a los incendios” y no sólo en los medios técnicos y materiales que la Comisión pone a disposición de los Estados miembros para labores de extinción. Priorizar la prevención sin descuidar la gestión de los fuegos.

Desde Naciones Unidas, Natalia Alonso Cano lo explica claramente: “Europa es el continente que más rápido se calienta, así que estamos ante una combinación de factores y la solución no es simple”. Con estas palabras, Cano coincide con uno de los mensajes claves de la Comisión: “Necesitamos la financiación antes de los desastres y no después. Por supuesto la inversión en los equipos de extinción es importante, pero la inversión en prevención es rentable porque salva vidas y ecosistemas a posteriori”.

Este miércoles el Parlamento Europeo, a iniciativa de Los Verdes, debatirá en Estrasburgo sobre la necesidad de reforzar la preparación de la UE para proteger a la población frente a las olas de calor y la próxima temporada de incendios forestales. Con el recuerdo muy vivo entre los eurodiputados de las llamas y de los pueblos calcinados en sus impactantes fotografías, el fotoperiodista Brais Lorenzo pide que no vuelva a “ocurrir el colapso estructural fruto de décadas de abandono del medio rural vivido en Galicia en 2025, en el que los vecinos lucharon prácticamente sin medios en aldeas despobladas donde no llegó un equipo de extinción”.

En esta labor se presenta como fundamental el sistema de satélites Copernicus, contribuyendo a mapear la evolución de los incendios y su extensión para facilitar las labores de los bomberos. Sus científicos son conscientes del contexto en el que se mueven, con un calentamiento global acelerado que está desatando fenómenos climatológicos extremos y, por eso, uno de sus objetivos es acelerar el seguimiento que hacen de los fuegos para informar cada tres horas y no ocho a las autoridades competentes.

En España, los bomberos forestales se distribuyen en varios niveles y categorías distintas. Los estatales forman un cuerpo profesionalizado agrupado en las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, distribuidas por las comunidades autónomas y dependientes del Ministerio de Transición Ecológica. Son posiblemente la élite, que entrenan todas las mañanas dos horas y media y que luego pueden encontrarse un dispositivo contra un incendio sin haber descansando ese mismo día. Estos bomberos que entran al corazón de las llamas desde helicópteros con kilos de equipo y material encima.

Las Comunidades Autónomas cuentan con sus propios bomberos, también profesionalizados, pero en estos cuerpos las condiciones laborales son peores. En Galicia, los de la Xunta denuncian que sólo una parte son personal fijo mientras parte del cuerpo sufre contratos laborales discontinuos o trabaja en bases con deficientes condiciones de duchas, zonas de descanso o limpieza de sus equipos. En circunstancias excepcionales o en apoyo ante grandes catástrofes el Estado decide desplegar a la UME, la Unidad Militar de Emergencias.

En nuestro vecino Portugal la situación de los bomberos forestales es más precaria. El cuerpo de Sapadores Florestais, que depende de las autoridades públicas, está profesionalizado pero sus labores principales son la prevención a lo largo del año y no tanto la extinción de los incendios, en la que también se involucran durante el verano. Sin embargo, el 90% de los efectivos que apaga los fuegos está compuesto por voluntarios, que reciben una remuneración mínima y operan en regímenes comunitarios de manera similar a la Protección Civil española.

La voluntariedad entre los bomberos también está muy presente en Francia ya que representan la mayoría de los efectivos que lucha contra los incendios en verano. Sólo se les exige tener al menos 16 años y gozar de una buena salud física. Complementan a los cuerpos de bomberos de los departamentos regionales dependientes del Ministerio de Interior, funcionarios públicos por oposición con buenas condiciones salariales. Igual que en España, Francia tiene un cuerpo de bomberos militares profesionalizado para situaciones de emergencia o gravedad.

El voluntariado masivo es la columna vertebral de los bomberos alemanes, igual que en Austria, en contraste con la evolución hacia la profesionalización vivida en España, donde al igual que en Italia o Noruega hay regímenes especiales de jubilación a edades tempranas, a diferencia de Finlandia o Dinamarca, donde los luchadores contra los incendios pueden llegar a retirarse a los 65 años.

Con un bigote impecable y un polo gris por dentro del pantalón, Manuel Corchia trabaja alrededor del estrado para variar los ángulos de las tomas. Oculto tras el objetivo de su cámara, el joven se mimetiza perfectamente con el entorno, el 11 de febrero de 2026, en una de las salas de conferencias del hotel Hilton de Estrasburgo.

Ese día, este suizo de 25 años se desplazó hasta allí para encargarse de la cobertura fotográfica y de vídeo de una mesa redonda organizada por la Fundación Patriotas por Europa, el think tank del grupo de eurodiputados de extrema derecha en el que participan los representantes de la Agrupación Nacional (RN) en el Parlamento Europeo, que preside Jordan Bardella (y también otros partidos políticos ultras como Vox, ndt).

Unos días más tarde envió su factura a la sede de la fundación en París. En aquel momento, de hecho, y antes de un reciente cambio en la dirección, la estructura aún estaba gestionada por los franceses de la RN, Raphaël Audouard como director y la eurodiputada Mathilde Androuët como tesorera.

Poco después, el 25 de marzo, el think tank —financiado con fondos públicos procedentes de las cuotas de los eurodiputados de Patriotes por Europa y del Parlamento Europeo— realizó una transferencia de 2.648,45 euros a nombre de Manuel Corchia.

El 19 de febrero, el camarógrafo volvió a aparecer cámara en mano en Viena (Austria), esta vez para una conferencia de la fundación sobre la libertad de expresión.

Tras convertirse en proveedor de servicios de comunicación de uno de los grupos políticos más influyentes del Parlamento Europeo, Manuel Corchia tiene motivos para el regocijo. Hace tan solo unos años, este nativo de Zúrich —que no ha respondido a ninguna de las preguntas de Mediapart— solía aparecer encapuchado en las redes sociales, pues este hombre es una de las figuras más activas del movimiento neonazi en la Suiza germanófona.

Su trayectoria habla por sí sola. A principios de 2020, fundó la Eisenjugend (juventud de hierro), un grupúsculo “aceleracionista” —esta corriente manifiesta su voluntad de precipitar el estallido de una guerra racial apocalíptica a partir de la cual reconstruir una sociedad blanca—. En su canal de Telegram, el grupo comparte con sus miembros el manifiesto del terrorista neozelandés Brenton Tarrant, autor en 2019 del atentado de Christchurch (51 víctimas), así como escritos del neonazi estadounidense James Mason.

El 20 de abril de 2020, aniversario de Adolf Hitler, Manuel Corchia y un puñado de militantes muy jóvenes se colaron en una videoconferencia de la Universidad de las Artes de Zúrich, donde el líder de la Eisenjugend estudia ilustración científica. Allí se escucharon consignas como “¡Heil Hitler!” y “¡Sieg Heil!”, según informa la revista belga Le Vif.

Unos meses más tarde, en agosto de 2020, la policía registró el domicilio del estudiante, que entonces tenía 19 años y era además miembro de un club de tiro. Se incautaron varias armas de fuego. “Me enseñó su colección de armas. Un kaláshnikov, dos rifles, dos pistolas. También guarda munición en su casa”, confesó un amigo de la infancia de Manuel Corchia en una investigación del diario suizo Tages-Anzeiger publicada ese mismo año.

Según varios medios suizos, se trata, de hecho, del líder neonazi que aparece oculto bajo un pasamontañas negro, con un fusil de asalto en la mano y un chaleco militar, en un breve vídeo de propaganda difundido por la Eisenjugend en el momento de su creación. Al ser consultado por Mediapart sobre este punto, Manuel Corchia no respondió. En el mismo vídeo, miembros del grupúsculo quemaban la bandera de Israel y la de… la Unión Europea (UE).

Manuel Corchia, al igual que otros cuatro miembros de la Eisenjugend, fue condenado en 2021 a multas provisionales por discriminación racial, deterioro de bienes e infracción de la ley de armas. Según el semanario Die Wochenzeitung, poseía, entre otras cosas, un AK-47 sin autorización.

Oficialmente, el activista, imbuido de la teoría racista del “gran reemplazo”, ha expresado luego su arrepentimiento. En un vídeo publicado en 2022, dijo que lamentaba “un mal comienzo”, un “error”, y aseguraba que se había distanciado del nacionalsocialismo. “Nuestras acciones, así como nuestras reivindicaciones, se inscriben claramente en un marco democrático y conforme al Estado de derecho”, afirmó.

A finales de 2020, Manuel Corchia fundó, de hecho, un nuevo grupúsculo, bautizado como Junge Tat (acción joven), supuestamente más respetable que la Eisenjugend. Pero está bien lejos de haber renunciado a la glorificación del nazismo. Su logotipo, una runa Týr, remite al emblema utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por un batallón de las SS. Su vídeo de presentación, en el que se ve a los miembros de Junge Tat entrenándose en boxeo o posando encapuchados y con uniformes de camuflaje en el bosque, muestra además una obra del escritor nazi Kurt Eggers.

El grupúsculo, vigilado por los servicios de inteligencia suizos y por Europol según Le Temps, ha multiplicado las acciones de impacto en el país en los últimos años, por ejemplo, desplegando pancartas xenófobas o alterando concentraciones LGTBQIA+. Algunas de ellas provocaron que seis miembros del grupúsculo dirigido por Manuel Corchia fueran condenados mediante penalmente por la fiscalía de Zúrich en 2024.

El turbio historial del suizo no le ha impedido, al parecer, abrirse camino entre los proveedores de servicios de comunicación de la Fundación Patriotas por Europa.

Contactados por Mediapart, ni la RN, ni Raphaël Audouard ni la eurodiputada Mathilde Androuët han respondido a nuestras preguntas a pesar de nuestros insistentes intentos. El grupo de los Patriotas por Europa tampoco ha dado respuesta a nuestras solicitudes.

¿Recibió Manuel Corchia algún tipo de ayuda? En las dos conferencias de febrero que él mismo grabó y fotografió, intervino la eurodiputada austriaca del Partido de la Libertad (FPÖ) Petra Steger. Porque uno de sus asistentes parlamentarios parece ser miembro de Junge Tat, según varias fotos publicadas por el grupo neonazi en su canal de Telegram. Al ser preguntados también por Mediapart sobre su posible intervención a favor del joven, ni la diputada ni su colaborador han reaccionado.

El talento del líder de Junge Tat para crear vídeos de propaganda bastante bien producidos ha atraído a otros clientes dentro de la extrema derecha más radical. El 30 de mayo, este allegado al activista identitario austriaco Martin Sellner, principal impulsor del concepto de “remigración” —que designa un proyecto de expulsión masiva de extranjeros y ciudadanas de origen extranjero—, realizó algunos vídeos para la “Cumbre de la remigración”, organizada por la extrema derecha europea en Oporto (Portugal).

“Actualmente estamos siendo sustituidos”, argumentaba Manuel Corchia unas semanas antes en el canal de YouTube de Junge Tat. “Por lo tanto, el fundamento étnico de nuestra democracia, de nuestra sociedad, de nuestra civilización y de Europa en su conjunto está siendo destruido”. Y añadía: “No se trata solo de la expulsión de los inmigrantes ilegales y los delincuentes, tal y como ya prevé la ley. Se trata más bien de encontrar una solución global”.

Se suponía que el asunto estaba zanjado. Cuando, en la primavera de 2023, Frédéric Chatillon y Axel Loustau volvieron a prestar su apoyo a la marcha neonazi del Comité del 9 de Mayo (C9M), en París, la RN rompió oficialmente relaciones con los dos exdirigentes del GUD (sindicato de estudiantes ultraderechistas, ya disuelto, ndt), que durante mucho tiempo habían sido figuras imprescindibles en el mundillo de los proveedores de comunicación del partido. En concreto, ambos se vieron obligados a ceder a uno de sus allegados sus participaciones en la empresa e-Politic, que sigue siendo hoy en día el principal proveedor de servicios de comunicación de la RN.

Pero los nombres de estos dos amigos de la juventud de Marine Le Pen no dejan de reaparecer para entorpecer la campaña de “desdemonización” de la formación de extrema derecha. Mediapart ha obtenido nuevos documentos que demuestran que Frédéric Chatillon ha seguido beneficiándose discretamente de fondos públicos de la Fundación Patriotas por Europa.

La agencia de viajes Dreamwell, que Frédéric Chatillon cofundó en 2010 a través de su empresa Riwal, recibió de hecho varios miles de euros en concepto de servicios, al menos hasta hace unos meses. En 2024, por ejemplo, facturó 3.807 euros por un viaje a Hungría con motivo del CPAC, el gran encuentro ultraconservador.

En la mayoría de los casos, la empresa recibió pagos porque la agencia de comunicación e-Politic recurrió a sus servicios para los desplazamientos realizados en el marco de rodajes encargados por la fundación del grupo Patriotas presidido por Jordan Bardella. Dreamwell, que, por cierto, tiene su domicilio social en la misma dirección que e-Politic, pudo así facturar 630 euros en noviembre de 2025 y, posteriormente, 646 euros al mes siguiente.

Según los últimos movimientos registrados en el capital de Dreamwell, Frédéric Chatillon aún poseía el 70 % de las participaciones a través de su holding italiano a 31 de diciembre de 2024. ¿Ha cambiado luego la distribución? Al ser contactados, ni el exmiembro de la RN ni la directora y accionista al 30 % de la agencia respondieron a las preguntas de Mediapart. La RN tampoco ha dado ninguna respuesta.

Traducción de Miguel López

Con el mayor de los secretismos e intentando no ofrecer detalles, la Comisión Europea recibió este martes en Bruselas a una delegación de talibanes afganos, la primera que pisa la capital comunitaria, para tratar posibles acuerdos migratorios con los que aumentar las deportaciones a Afganistán de nacionales de ese país que se encuentren en algún Estado miembro de la Unión Europea. Lo hizo bajo la premisa de "una reunión técnica" en la que participaron también representantes de 15 países, pero no de España.

El encuentro estuvo pilotado por "los servicios de la Comisión y Suecia", según Bruselas. La antigua embajadora afgana en Noruega y jurista Shukria Barakzay denunció la invitación en términos muy duros: "No es diplomacia. Lo que está haciendo la Unión Europea es normalizar un apartheid de género". Las palabras de la actual presidenta de la Women’s Coalition for Justice resonaron en el Parlamento Europeo el mismo día en que la delegación talibán pisaba la capital comunitaria y reflejan la polémica desatada por la reunión.

La Unión Europea todavía no ha reconocido al régimen de los talibanes como gobierno legítimo de Afganistán. De ahí la encrucijada del equipo de Von der Leyen, que argumenta su negativa a hablar abiertamente de los participantes y de los detalles de la reunión "por motivos de seguridad", aunque admite que "los contactos con representantes del gobierno de facto de Afganistán han tenido lugar desde hace un tiempo. La primera reunión fue en Afganistán en enero y desde entonces la Comisión se ha estado preparando para esta reunión técnica en Bruselas", explica el portavoz Markus Lammert.

La visita de la delegación afgana se esperaba desde hacía semanas, pero se retrasó por problemas con los visados. Finalmente, estuvo liderada por el jefe de comunicación de su ministro de Exteriores. Estuvo liderada por el jefe de comunicación del Ministerio de Exteriores talibán y formada por cinco representantes, a los que solo se permitió permanecer un día en Bélgica, sin posibilidad de desplazarse a otros países comunitarios aprovechando el espacio Schengen. Desde el Ministerio de Exteriores belga aseguran que el visado especial se concedió "después de los análisis de seguridad llevados a cabo por el Servicio de Seguridad del Estado y la inteligencia militar".

La Comisión no dudó en recoger el guante lanzado en octubre de 2025, cuando 20 países de la UE pidieron en una carta "a la Comisión que coordine contactos técnicos sobre retornos". "El objetivo de estos 20 países es devolver a personas que han cometido graves crímenes o que supongan amenazas a la seguridad", explicaron funcionarios comunitarios en su misiva. La ministra de Exteriores belga estuvo detrás de la iniciativa junto a su colega sueco, y congregaron a socios de norte a sur y de este a oeste del continente, de Alemania a Italia y Malta, hasta Polonia, República Checa o Irlanda.

La presidenta del Comité de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, Lina Gálvez, cree que este paso de una mayoría de Estados miembros "es una irresponsabilidad total y absoluta, plegarse a unos tiempos que nos retrotraen a décadas atrás en lo que habíamos avanzado en derechos humanos y en un marco internacional en su defensa". La eurodiputada socialista advierte de que, como se está viendo con el reciente Reglamento de Retornos o los debates dentro del Consejo, "el mensaje internacional que se envía es de hipocresía: una vez más se toma una deriva muy transaccional de lo que son las relaciones exteriores de la UE, donde se pone por delante el control migratorio frente a los valores fundamentales de la Unión".

Bruselas dio este martes continuidad a un "enfoque coordinado y amplio" centrado solo en cuestiones migratorias para "llevar a cabo los retornos de personas" sin "ofrecerles nada a los talibanes a cambio de aceptar", pero en ningún caso para hablar de derechos humanos y, especialmente, de la situación de las mujeres, como le pide una reciente resolución del Parlamento Europeo. El texto denuncia "la persecución sistemática de mujeres y niñas en Afganistán" ante un régimen que "institucionaliza violaciones masivas de los derechos fundamentales, incluyendo el apartheid de género, la esclavitud y los castigos corporales".

Al mismo tiempo que se celebraba esta reunión, en la Eurocámara se denunciaba esta omisión en los intercambios con los talibanes. En conversación con infoLibre, Lina Gálvez reprocha los términos de la Comisión. "Lo técnico también es político, no hay reunión técnica en estos temas. Reunirse con una delegación talibán es una decisión política en sí misma y encierra una incoherencia muy grande: la UE afirma que los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia son valores fundamentales de su acción exterior, pero al mismo tiempo se sienta con los talibanes. Una cosa no es compatible con la otra".

La reunión de comienzos de año ya estuvo capitaneada por el subdirector del Departamento de Asuntos Interiores de la Comisión, y no por miembros del Servicio Exterior, el cuerpo diplomático de la UE. Ahora, "se ha dado seguimiento a esas conversaciones técnicas, en particular a lo relativo a la identificación de las personas objeto de retorno y la expedición de documentos de viaje", obviando las cuestiones de derechos humanos. Y eso que, como denuncia la jurista afgana Shukria Barakzay, "las leyes de los talibanes no decrecen, hay uno de los mayores ataques sistemáticos a los derechos de las mujeres en la historia moderna", mientras pide a "la comunidad internacional decidir si apoyará a las víctimas o está con aquellos que las oprimen".

Irene Montero, también eurodiputada en el Comité de Derechos de las Mujeres, coincide en preguntarse "si ahora los derechos de las mujeres en Afganistán ya no importan" y en poner a la UE y a las fuerzas políticas dirigentes ante el espejo. "Es importante asumir nuestra responsabilidad, la mayoría de los grupos parlamentarios dan soporte a la Comisión Europea que se está reuniendo con los talibanes", dice la dirigente de Podemos. "Esto es una hipocresía criminal y, peor, complicidad".

Los talibanes aprovecharon la visita a Bruselas para dejar una primera reclamación tras este pequeño avance en su reconocimiento internacional: quieren empezar por acceder de nuevo a las delegaciones afganas repartidas en los Estados miembros, todavía gestionadas por diplomáticos y funcionarios nombrados antes de su vuelta al poder en 2021, para retomar la prestación de servicios consulares a los afganos presentes en los Veintisiete. Esta decisión corresponde a cada país europeo y hay 20 países dispuestos desde hace año y medio a sentarse a negociar con ellos.

Será el mayor presupuesto en la historia de la Unión Europea, un gigantesco pastel cercano a los dos billones de euros a distribuir entre los 27 Estados Miembros de 2028 a 2034. Con un cambio sustancial en su estructura por primera vez en décadas, desde la Política Agraria Común de los 60 o la Política de Cohesión y sus fondos estructurales a finales de los 80, los dos ejes sobre los que hasta ahora ha pivotado el Marco Financiero Plurianual (MFF).

Los nuevos tiempos geopolíticos, con guerras en las fronteras orientales o la renovada carrera espacial, el cambio de peso de los sectores económicos del continente, el mundo digital y la irrupción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la transición ecológica... son factores que demandan una UE más autónoma, reindustrializada y capaz de relanzar sustancialmente sus inversiones internas. Ahora empieza la negociación de verdad sobre cuánto y en qué. La Comisión Von der Leyen habla de unas cuentas para “las realidades de hoy y también para los desafíos de mañana”.

El próximo presupuesto comunitario va a disparar sus recursos. Se parte de la base presentada hace un año por la Comisión Europea de 1,76 billones de euros. Chipre, como presidencia rotatoria del Consejo, acaba de realizar una primera contraoferta que espera de consenso entre los 27 para luego negociar con el Parlamento. 1,73 billones de euros, un 2% menos respecto a las cuentas de la Comisión, tocando principalmente las partidas de competitividad o para la acción exterior, 28.000 millones de euros cada una. La negociación va a ser guerra política.

“Hemos escuchado atentamente a todos los Estados Miembros de la UE, reflexionado mucho sobre sus prioridades, sensibilidades y líneas rojas para actuar como un negociador honesto”, explicaba este jueves la viceministra de Asuntos Europeos de Chipre, Marilena Raouna, reconociendo la dificultad de poner de acuerdo ahora a los 27. “Desde el principio, y esto es un hecho, ha habido posturas muy fuertes desde todos los lados y, con mucha frecuencia, opuestas”.

Los países tradicionalmente austeros, contribuyentes netos del presupuesto comunitario, ya están objetando las cifras. Para el ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, acercarse a los dos billones de euros “no se puede permitir, es desequilibrado y equivocado. El volumen conjunto sigue siendo demasiado alto”, reaccionó el político, quien ni siquiera se ve satisfecho por la reducción chipriota, “un marco a donde no ir”.

Países Bajos, Alemania, Austria, Suecia o Finlandia exigen hasta un recorte del 20% en el importe del MFF sin tocar las partidas destinadas a defensa, seguridad, I+D o control migratorio, reduciendo las transferencias para el sector agrícola, ganadero y pesquero y a regiones, los fondos de cohesión y estructurales, y eso que en la propuesta de la Comisión estos pagos bajan del 60% actual a cerca del 45%.

La Defensa será sí o sí la gran ganadora en las negociaciones presupuestarias, pese a los cambios de mero maquillaje que consiga introducir el Parlamento Europeo durante los próximos meses, tras el año de tanteo durante el que los países han marcado sus posiciones, como España, Francia e Italia junto a Grecia y Portugal en el conocido como Grupo de los Amigos de la Cohesión o las críticas procedentes de Alemania, Países Bajos y Austria en favor de unas cuentas más austeras.

La Comisión informa oficialmente que habrá como mínimo 130.000 millones de euros en partidas directamente militares, para seguridad o espacio, cinco veces más que en el actual, sin embargo realmente la cifra es mucho mayor porque el Fondo Europeo de Defensa, que pasará de tener sólo 8.000 millones de euros a 130.000 millones.

Bruselas intenta disimular este importante aumento de los fondos militares dentro de la segunda gran partida: el Fondo de Competitividad Europea, que incluirá las inversiones para ciencia, investigación e innovación. Este segundo pilar incorpora el Fondo Europeo de Defensa. “Sabemos que la seguridad es una gran preocupación para nuestros ciudadanos y gobiernos. La inversión fortalecerá nuestra base industrial y capacidades”, ha justificado la presidenta Von der Leyen.

Desde el grupo parlamentario de La Izquierda denuncian que la Comisión apuesta deliberadamente por canalizar fondos desde las partidas sociales y medioambientales hacia la militarización. El eurodiputado Joao Oliveira, del PCP portugués, habla de que mismo dentro del Parlamento Europeo “no se está cambiando fundamentalmente la dirección negativa ya establecida por la Comisión” en la que “cohesión, agricultura o pesca son marginadas mientras se financia la militarización y la llamada competitividad”.

En paralelo, la Comisión quiere potenciar los recursos de la política migratoria moviendo esos fondos cogestionados por autoridades locales, regionales y la sociedad civil hacia los nuevos Programas Nacionales y Regionales de cada país. La migración, el asilo, la gestión fronteriza y la seguridad interna estarán controlados por los gobiernos centrales en un diálogo bilateral con Bruselas. Las propuestas del MFF actuales, tanto de la Comisión como de Chipre, contemplan unos 38.000 millones para lo que se denuncia como “Europa fortaleza”.

La gestión migratoria exterior que pivotaba sobe los fondos de la la cooperación pasarán al también nuevo Instrumento Global Europeo, más flexible a la hora de adaptar las inversiones hacia las prioridades políticas que señale la Comisión, sin objetivos fijos de gasto para ayuda humanitaria, gestión de crisis, desarrollo internacional o preservación de los derechos humanos.  

El actual Marco Financiero Plurianual cuenta con un total de 52 programas de inversión de los que salen los fondos distribuidos a cada país, para la construcción de carreteras o líneas férreas, los programas de inversión científica, los subsidios agrícolas, el empleo juvenil o el intercambio universitario Erasmus. La Comisión Von der Leyen propone simplificarlos en sólo dieciséis, organizados en cuatro grandes pilares, como explicó en su momento el comisario europeo de Presupuestos, Piotr Serafin.

La mitad de los cerca de 1,7 billones de euros que plantea Bruselas entre 2028 y 2034, concretamente el 48%, serían para los Planes Nacionales y Regionales, el primer gran pilar. Ahí entrarían 300.000 millones de agricultura y 218.000 millones para cohesión, cifras inferiores a las actuales. La tercera partida sería el programa Erasmus, que se dispara hasta los 40.000 millones, aunque represente sólo un 3% del total, y el cuarto pilar iría destinado Cooperación al Desarrollo y Política Exterior, el 11%.

Recientemente un grupo de dieciséis países suscribieron un documento exigiendo a Bruselas un aumento de la inversión para los fondos regionales, agrícolas y pesqueros. España es uno de los firmantes, así como tradicionales socios de estas demandas como Italia, Grecia o Portugal a los que se sumaron la totalidad de los socios del este liderados por Polonia y Hungría. Demandas que chocan con la postura de los países frugales del norte y centro Europa.

Los líderes de los 27 se reunirán en unos días en Bruselas para la, posiblemente, última Cumbre antes del verano. “Deberíamos centrar nuestra discusión en los principales elementos —del Marco Financiero Plurianual— para facilitar un acuerdo a finales de año”, les acaba de escribir por carta el presidente del Consejo, Antonio Costa. “Y esto incluye progresar en nuevos recursos, que serán decisivos para cumplir nuestras ambiciones con los medios necesarios”, pide el portugués.

Nuevos recursos significa que la UE introduzca nuevas tasas, impuestos, gravámenes en áreas de su competencia o cogestionados junto a los Estados Miembros para financiar el presupuesto europeo. Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo están reclamando una tasa al juego online que recaude el 1% de los ingresos generados por estas empresas, con capacidad para financiar la totalidad de los siete años del programa Erasmus. Desde Los Verdes presionarán en favor de iniciativas con recorrido en el debate comunitario como la tasa a los servicios digitales o a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, una demanda de varios países a la que ahora la Comisión sí está abierta.

Las negociaciones acaban de abrirse oficialmente, tras un año de tanteo entre Bruselas, las capitales y el Parlamento Europeo. La batalla no sólo estará en el importe final de los próximos presupuestos de la UE o en las ligeras modificaciones en favor de la cohesión o las inversiones medioambientales. El gasto en defensa ya ha salido ganador, ahora falta por ver si se financiará a costa completamente del contribuyente o si la Unión se atreve a introducir nuevos impuestos.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Hay un momento en las crisis en el que el debate deja de ser si hay que hacer algo y pasa a ser cómo hacerlo. En materia de rearme militar, Bruselas cruzó ese umbral hace tiempo, pero la sensación en las instituciones europeas es que el cruce se ha consumado del todo en estos últimos meses. El debate comunitario, como ha podido comprobar infoLibre en un seminario sobre la materia organizado en Bruselas por el Parlamento Europeo, ya no es si Europa debe armarse, sino a qué ritmo, con qué dinero, bajo qué estructura y en detrimento de qué otras políticas.

La transformación tiene ya nombre y cifras. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe —rebautizado Readiness 2030 después de que los primeros ministros de Italia y España protestaran por el nombre— para movilizar hasta 800.000 millones de euros hasta 2027 en inversión en defensa. El vehículo principal es el instrumento SAFE: hasta 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto comunitario para compras y proyectos de defensa conjuntos. Los otros 650.000 millones son “instrumentos de flexibilidad financiera” que permiten que los Estados miembros gasten más en defensa sin que compute como déficit excesivo. El rearme también ha modificado la arquitectura política de la UE, que tiene por primera vez en su historia un comisario de Defensa: el lituano Andrius Kubilius, que tomó posesión en diciembre de 2024 con el mandato de "gastar más, gastar mejor y gastar europeo."

Las implicaciones han llegado también a la industria: la alemana Rheinmetall ha pasado de producir 70.000 obuses de artillería al año en 2022 a 1,1 millones, según declaraciones de la empresa —que afirma haber superado ya la capacidad de producción de munición convencional de toda la industria estadounidense— e incluso empresas ajenas al sector, como la francesa Renault, están reconvirtiendo fábricas para fabricar armamento. Las pretensiones de la Unión Europea se centran precisamente en materia de industria militar, y pasan por agilizar los procesos de fabricación, compra y traslado de material, hasta llegar a un "mercado europeo de armas". La creación de un ejército común, de momento, no está sobre la mesa.

La pregunta que más incomoda en los pasillos del Parlamento Europeo es qué otras cosas van a dejar de financiarse para sufragar estos gastos. Fuentes de la institución apuntan que la nueva prioridad defensiva se construye en parte "creando tuberías entre fondos existentes": programas como Horizonte Europa o los fondos de cohesión están siendo flexibilizados para poder financiar proyectos de uso dual o directamente militar. Sectores como la agricultura, la investigación científica o la administración de fondos regionales ya han expresado su inquietud: según interpretan, cada euro que se dirige a defensa es un euro que no va a programas sociales como la Política Agraria Común (PAC) o el intercambio universitario Erasmus.

Ese debate se libra, además, en un Parlamento que ha elevado la defensa al rango político máximo del que dispone: además de un nuevo comisario, la antigua subcomisión de Defensa —que se reunía esporádicamente y con escaso peso— se ha convertido en una Comisión permanente de pleno derecho, la SEDE, en la legislatura actual. Es en esa comisión donde coinciden los dos eurodiputados españoles con más peso en la materia: Javier López, vicepresidente noveno del Parlamento Europeo y miembro titular de la SEDE por el PSC-PSOE, y Nicolás Pascual, coordinador del PPE en esa misma comisión, que llegó al escaño directamente desde la embajada de España ante la OTAN, donde estuvo destinado entre 2017 y 2018. Proceden de dos trayectorias distintas y dos partidos que en Madrid libran una guerra sin cuartel, pero en Bruselas comparten un diagnóstico casi idéntico sobre lo que Europa necesita hacer en materia de defensa.

"Tenemos una ventana de oportunidad reducida y poco tiempo. Necesitamos autonomía estratégica de aquí al final de la década", dice López. Pascual llega al mismo sitio desde otra dirección: "La invasión de Ucrania se dio porque nos faltó disuasión. Ha llegado el momento de sentarnos y definir una estrategia". El rearme europeo genera en Bruselas un consenso transversal difícil de encontrar en casi ningún otro asunto.

Una mayoría con matices

Pero hay una variable que Bruselas tiende a leer de forma selectiva: el apoyo popular. La burbuja de las instituciones europeas se ha lanzado al rearme político y militar tras la invasión de Ucrania y ante el creciente aislacionismo de Estados Unidos, a los que denominan comúnmente “aceleradores externos” y consideran una “llamada a despertar de un letargo”. 

Si la justificación técnica está en Moscú y Washington, la justificación política está, según ellos, en la opinión ciudadana, expresada a través de los eurobarómetros. En enero de 2026, el 52% de los ciudadanos europeos expresó confiar en que la UE refuerce su seguridad, dato que sube al 64% en España, por encima de la media. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmó la postura española el pasado abril: el 89,5% de los encuestados cree que el mundo es más peligroso que hace diez años, el 66,6% teme una guerra global, y el 54,1% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que la UE debería gastar más en defensa. 

La mayoría existe, y es clara, pero los matices importan. En primer lugar, las encuestas reflejan un apoyo mayoritario al refuerzo de las capacidades militares de la UE, pero no cuantifican económicamente ese apoyo, por lo que es difícil saber si la inversión sin precedentes —y la consiguiente bajada en otras inversiones— cuentan realmente con el apoyo popular que Bruselas da por hecho. 

En segundo lugar, esa mayoría se construye de forma muy desigual en el eje ideológico: en España, entre los ciudadanos que se sitúan en el extremo izquierdo de la escala, el rechazo al mayor gasto en defensa supera el 62%. El punto de inflexión está en el centro del espectro; a partir del 6 (siendo el 1 lo más a la izquierda y el 10 lo más a la derecha), el apoyo es abrumador. Lo que es cierto es que la tendencia histórica da la razón al frenesí militar de Bruselas, según datos del CIS analizados por Newtral, el porcentaje de españoles que consideraba el gasto en defensa "demasiado" bajó 16 puntos entre 2015 y 2024 —del 40,5% al 24,5%—, con caídas pronunciadas entre votantes tanto del PP como del PSOE. Es decir, la tolerancia al gasto ha crecido en toda la sociedad, incluyendo en la izquierda.

Lo que no ha crecido de la misma forma es la confianza en la OTAN. La UE obtiene una nota media de 6,44 sobre 10 en el CIS, bastante homogénea en todos los tramos ideológicos. La OTAN saca un 5,27, y cae a 4,4 entre los ciudadanos de izquierda. La sociedad española respalda la defensa europea, pero no necesariamente el marco atlántico que la sustenta. Y el PSOE tiene que gestionar ese matiz: su propio electorado y, sobre todo, sus socios parlamentarios de izquierda, habitan en un espacio donde el apoyo a la OTAN y al rearme es estructuralmente más débil. El marco compartido que PP y PSOE exhiben en Bruselas no se extiende a España, pero Bruselas avanza sin contemplaciones. 

Desde la cumbre de Gales de 2014, la OTAN —y especialmente los sucesivos presidentes estadounidenses, independientemente de su partido— lleva más de una década pidiendo a sus aliados que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa. En junio de 2025, en La Haya, ese objetivo se multiplicó de golpe: los 32 aliados firmaron un compromiso de llegar al 5% del PIB para 2035. El acuerdo se divide en dos tramos: al menos el 3,5% para capacidades militares nucleares —tropas, armas, preparación para el combate— y hasta el 1,5% restante para un cajón de sastre que incluye ciberseguridad, infraestructuras críticas, resiliencia civil e industria de defensa. 

España fue el único aliado que no suscribió el texto original. El 19 de junio, días antes de la cumbre, Sánchez envió una carta a Rutte calificando el objetivo del 5% de "no solo irrazonable, sino también contraproducente", incompatible con el Estado de bienestar y capaz de generar "desaceleración económica y presiones inflacionistas". A cambio, ofrecía llegar al 2,1%. Trump respondió desde el escenario: "España es un problema". Rutte fue menos beligerante pero igual de rotundo —“Los países tienen que encontrar el dinero. No hay alternativa"— y quiso zanjar finalmente el debate declarando que "España también ha acordado los objetivos de capacidad", pero el Gobierno lo mantuvo abierto respondiendo, por boca de su portavoz, que la posición del máximo responsable de la Alianza era "una opinión."

Hoy, España ha aumentado la inversión hasta el 2,1%, superando por primera vez el umbral del 2%, la histórica exigencia de la Alianza. La OTAN parece apreciar el esfuerzo, y ha cambiado el discurso tajante por uno algo más ambigüo: por un lado sigue sosteniendo que el 5% se aprobó por unanimidad y que España no se opuso formalmente en el momento decisivo; pero por otro lado matiza que lo que se acordó no fue un porcentaje fijo sino unas “capacidades militares” —clasificadas, no públicas—  que los socios se comprometen a lograr, y el 5% de su PIB es solo el cálculo de lo que costarían. 

Fuentes de la Alianza admiten que si España es capaz de alcanzar las capacidades acordadas con una inversión menor al 5% de PIB, nadie le exigirá más gasto. En este sentido, cabe recordar que el porcentaje de PIB es una manera frecuente de medir el gasto en defensa, pero el PIB es un indicador macroeconómico que expresa la producción comercial e industrial de un país en un año, no representa su presupuesto ni su dinero disponible. Es decir, destinar un 5% del PIB a la defensa —o a cualquier otra cosa— no conlleva quedarse con el porcentaje restante para el resto de los gastos.  

La novedad de la UE asumiendo como prioridad tareas de seguridad y defensa es también una fuente de fricción con la OTAN, que lleva décadas siendo el único actor legítimo en este espacio. Ambas instituciones comparten Bruselas como sede, precisamente con el objetivo de mantener unidos y coordinados los poderes político y militar. Desde la Unión se insiste en que no hay competencia, que el refuerzo de los aliados europeos es bueno para todos. Pero algunos hechos apuntan en otra dirección.

La tensión empieza ya dentro de la propia Alianza, y parte de un desacuerdo de fondo sobre la amenaza. La OTAN describe a Moscú como "la amenaza más seria a nuestra seguridad" desde 2022 y señala que no ha habido ningún diálogo político con Rusia desde la invasión. La Administración Trump, en cambio, trata a Rusia como un "potencial socio" en la negociación sobre Ucrania. Esa divergencia enfrenta a EEUU con el resto de la Alianza, donde el bloque europeo sí mantiene una posición común frente a Rusia que la OTAN, con Estados Unidos dentro, no puede sostener con la misma cohesión. Es una de las razones por las que, según el eurodiputado Javier López, el desalineamiento transatlántico es estructural y no coyuntural: "La relación UE- Estados Unidos que había antes ya no va a volver. Nuestros intereses se han desalineado: antes la prioridad americana era contener a la URSS, ahora es China, y ahí nuestro papel es periférico. Trump pasará, pero ese desalineamiento seguirá ahí".

La propia OTAN reconoce que se ha pasado del burden sharing —compartir la carga— al burden shifting: Europa no está simplemente gastando más junto a Estados Unidos, sino asumiendo responsabilidades que Washington está dejando de ejercer. Desde la Alianza se insiste en que Estados Unidos sigue siendo imprescindible, sobre todo en materia de disuasión nuclear, y que el mayor esfuerzo europeo se hace en beneficio propio, no porque lo diga Estados Unidos. Pero las señales que llegan de Washington —la retirada de Afganistán, la ambigüedad sobre Ucrania, las presiones arancelarias e incluso militares a aliados— son las de un socio que ha redefinido sus prioridades.

Esa redefinición genera además una contradicción directa entre las dos organizaciones. Desde la OTAN se pide más confianza en Estados Unidos y menos soberanismo digital europeo. Fuentes de la Alianza denuncian el “recelo tecnológico” de la Unión y ven en la dependencia europea de la infraestructura estadounidense un factor de cohesión. Pero en la Unión Europea no se ve de la misma forma: “Nuestra dependencia de Estado Unidos en materia de infraestructura digital nunca había sido una fuente de vulnerabilidad, pero ahora sí", sostiene el parlamentario socialista Javier López, y añade: “Sin sobregesticular demasiado, debemos cambiar esta situación”.  

A todo esto se suma un conflicto estructural que la arquitectura de defensa europea no ha resuelto, sino agudizado. Turquía es miembro de la OTAN pero no de la UE, mientras Chipre es miembro de la UE pero no de la OTAN. El litigio territorial entre ambos —la isla sigue dividida desde la intervención militar turca de 1974— entorpece y a menudo imposibilita la coordinación entre las dos organizaciones desde hace décadas. El  último episodio se produjo en septiembre de 2025, cuando Turquía solicitó participar en el programa de defensa SAFE y Chipre bloqueó la solicitud. El Estado turco hace lo propio con las peticiones chipriotas a la OTAN. 

Hay un país del que nadie habla en Bruselas cuando se debate la nueva arquitectura de seguridad europea. Marruecos firmó en abril de 2026 una hoja de ruta de cooperación en defensa con Estados Unidos por diez años. El país destina el 4% de su PIB a defensa —el doble del porcentaje español— e importa el 60% de su armamento del país norteamericano. 

El acercamiento a Marruecos por parte de Estados Unidos en materia de industria armamentística —que coincide con su alejamiento de la Unión Europea y su enfrentamiento político con España—  tiene ya consecuencias directas en su política internacional: una comisión de la Cámara de Representantes describió en abril de 2026 a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España pero "ubicadas en territorio marroquí", validando las históricas pretensiones marroquíes sobre las conocidas como “plazas de soberanía” españolas —como ha hecho también con los planes del reino alauita sobre el Sáhara—. La OTAN, por su parte, no cubre bajo su paraguas a Ceuta y Melilla, cuya defensa no está prevista por el artículo 5 del Tratado, lo que significa que una acción militar sobre las ciudades autónomas no provocaría automáticamente una respuesta de la Alianza.

Estas cuestiones, sin embargo, no parecen suscitar ninguna preocupación en las instituciones europeas, que consideran que las únicas potenciales amenazas al flanco sur provienen del Sahel: la inestabilidad, el terrorismo, los flujos migratorios y la creciente influencia rusa en el vacío dejado por Francia como potencia administradora. A pesar de ello, desde el sector diplomático de Bruselas se admite que, si bien establecer una hoja de ruta para esta región —cuyos tres países más relevantes son Burkina Faso, Malí y Níger, que han formado la Alianza de Estados del Sahel (AES)— es una prioridad para la Unión Europea en este mandato de la Comisión, no existe actualmente una postura unánime entre los países socios. Mientras tanto, Rusia aprovecha la indecisión y continúa expandiendo su influencia militar, económica y cultural en esta zona y en todo el continente africano, con el que mantiene ya un comercio por valor de 27.000 millones de dólares al año. 

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

El 8 de julio de 2025, un nuevo escándalo salpicaba al partido francés Agrupación Nacional (RN) y a sus socios en la Unión Europea (UE). La Fiscalía Europea abrió una investigación sobre posibles desvíos de fondos comunitarios, por un importe de 4,3 millones de euros, por parte del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), predecesor de Patriotas por Europa. La Fiscalía se basó en una investigación interna llevada a cabo por los servicios del Parlamento, que fue revelada por varios medios de comunicación europeos, entre ellos Le Monde y Die Zeit. 

Esta auditoría interna se llevó a cabo con motivo del cese de actividades del grupo ID, disuelto al final de la última legislatura. Fue por tanto un poco por casualidad, al término de una operación de control, a partir de algunas muestras de los gastos del grupo político incurridos entre 2019 y 2024, cuando la Dirección General de Finanzas del Parlamento (DG Fins) se topó con contratos dudosos, donaciones descabelladas, licitaciones sesgadas y otras facturas aparentemente muy infladas. 

La DG Fins había concluido que existían “irregularidades sustanciales” en la gestión de su presupuesto por parte de ID. Jordan Bardella, presidente del nuevo grupo Patriotas por Europa, se había quejado de una supuesta “operación de acoso”. 

“Pero los 4,3 millones no son más que la punta del iceberg”, denuncia Jonas Sjöstedt, eurodiputado del grupo La Gauche y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. “Por eso pedimos a la administración que compruebe cada céntimo gastado por ID y luego por Patriotas, para revelar el verdadero alcance de este asunto”. 

Diez meses después de las revelaciones, el Parlamento contiene la respiración, sin causar revuelo, a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía Europea. Pero esta situación de estancamiento no es del agrado de Transparencia Internacional ternational. La organización internacional contra la corrupción remitió el 24 de abril una denuncia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que Mediapart ha podido acceder. 

La denuncia de la ONG apunta en particular a Philip Claeys, miembro del Vlaams Belang, partido flamenco de extrema derecha, y secretario general del grupo Patriotas por Europa, cargo que ya desempeñaba en Identidad y Democracia. Según la organización, en los grupos parlamentarios el secretario general es el principal responsable en materia presupuestaria y el el gestor con capacidad para autorizar el pago de los gastos. Por ello, sostiene que los 4,3 millones de euros “sospechosos” no pudieron ser abonados sin su visto bueno.

Fue el mismo Philip Claeys quien firmó, el 8 de mayo de 2025, una carta en respuesta a las observaciones de la DG Fins, sin lograr convencer a los funcionarios de que retiraran sus constataciones de “incumplimiento” en los gastos del grupo. En este asunto, la mayoría de los pagos sospechosos se refieren a las actividades de la delegación francesa del grupo, es decir, Agrupación Nacional.

Al recurrir a la OLAF, Transparencia Internacional pretende que se lleve a cabo una investigación administrativa en paralelo a la investigación penal. Esta solicitud contrarrestaría así “la inacción de la administración del Parlamento Europeo”, tal y como lo expresa Nick Aïossa, director de la oficina europea de la ONG. Y es que Philip Claeys, que sigue siendo secretario general de su grupo político, continúa ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado.

Es él mismo quien da su visto bueno a los gastos de su grupo Patriotas, sobre los que precisamente pesan nuevas sospechas de fraude. El medio Table.Briefings reveló así, el 4 de noviembre de 2025, que se habían detectado 171.000 euros de fondos potencialmente irregulares en las cuentas de miembros de Patriotas, siguiendo el mismo patrón.

Para Nick Aïossa, el Parlamento Europeo no debe condicionar sus acciones al resultado de la investigación penal y podría actuar, al menos con carácter cautelar. “El Parlamento ha puesto en marcha su propia auditoría y ha concluido que se han producido gastos irregulares. Así, podría iniciar un procedimiento disciplinario o retirar toda autoridad presupuestaria a Philip Claeys. Con esta idea hemos recurrimos a la OLAF, cuya actuación, en el ámbito administrativo y disciplinario, puede resultar complementaria a la de la Fiscalía Europea”.

En el seno de la Asamblea, el tema genera un curioso guirigay. Algunas fuentes estiman que la administración es, de hecho, impotente en este ámbito, pues el contrato de Philip Claeys lo vincularía únicamente a su grupo político y no al Parlamento, que queda fuera de juego en materia disciplinaria. Otras fuentes, más numerosas y que cuentan entre sus filas con empleados de los grupos políticos, afirman categóricamente que todo empleado de un grupo político depende, en última instancia, de la secretaría del Parlamento y, por tanto, de la administración.

El asunto es delicado y jurídicamente complejo, ya que afecta a la autonomía de los grupos políticos. Y para Nick Aïossa, “el Parlamento no puede eximirse por completo de sus responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de empleados de grupos políticos”.

Esas cuestiones jurídicas no pueden, en ningún caso, justificar la inacción. Eso piensa Daniel Freund, eurodiputado ecologista alemán: “El Parlamento no debe esperar a que concluyan las investigaciones de la fiscalía para proteger el dinero de los contribuyentes, sino que debería actuar de forma proactiva para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la iniciativa de Transparencia está muy bien. Pero el problema de fondo persiste: el Parlamento no ejerce suficiente control sobre los gastos de los grupos políticos”.

En septiembre, la Comisión de Control Presupuestario transmitió a la presidenta del Parlamento Europeo su opinión tras el escándalo. Sus miembros enumeraron las medidas que deben adoptarse para que el Parlamento recupere lo que le corresponde, por ejemplo, imputando a Patriotas las irregularidades de su predecesor. Destacaron la continuidad entre el grupo ID y el de Patriotas, con la esperanza de que algún día se exija al grupo político actual el reembolso de las sumas “irregulares” del pasado.

En este documento, los eurodiputados incluso sugerían que la reorganización del grupo político parecía formar parte de un intento premeditado de impedir la “recuperación de los fondos europeos”. Entonces se añadió a la lista la idea de imponer sanciones disciplinarias. Los eurodiputados tampoco descartaban modificar el reglamento del Parlamento para que dichas sanciones permitieran recuperar los fondos.

Pero, por ahora, todo está paralizado a la espera de la investigación de la fiscalía. Esta semana, la sesión plenaria votará la “aprobación de la gestión presupuestaria” del Parlamento Europeo para sus gastos del año 2024. Se mencionarán los fondos sospechosos del grupo ID, solo como un pequeño recordatorio en medio del letargo. Mediapart se ha puesto en contacto, por escrito, con Philip Claeys y con la oficina de Jordan Bardella, presidente de Patriotas por Europa, pero por el momento no ha obtenido ¡respuesta.

Traducción de Miguel López

Durante su detención bajo custodia policial por apología del terrorismo, la eurodiputada francesa Rima Hassan fue falsamente acusada de haber transportado droga. Esta investigación fue archivada el 9 de abril por la fiscalía. Sin embargo, los resultados negativos de los análisis realizados le habían sido comunicados ya el 4 de abril.

La eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan no solo fue objeto de un tratamiento policial particularmente intrusivo ni fue injustamente acusada en los medios de haber transportado droga sintética. En este caso, la propia fiscalía parece haber fallado en su comunicación.

Volvamos atrás: inmediatamente después de la puesta bajo custodia policial de Rima Hassan el 2 de abril, numerosos medios, empezando por Le Parisien, acusaron a la diputada, sin cautela ni contraste de fuentes, de poseer 3-MMC (3-metilmetcatinona), una droga sintética. Algunos gramos de CBD, una sustancia perfectamente legal, dieron un resultado positivo en un test realizado por la policía, y la fiscalía abrió entonces una investigación incidental por tenencia de drogas.

Más de diez horas después del estallido mediático, a las 23:13, la fiscalía de París emitió una primera comunicación oficial que reforzaba esta información falsa. "El registro de los efectos personales de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias que parecían corresponder, por un lado, a CBD y, por otro, a 3-MMC, sobre las cuales fue interrogada", precisó la justicia. En esta intervención, la institución omitió mencionar el desmentido categórico de Rima Hassan, la falta de fiabilidad del test utilizado por la policía y el hecho de que debían realizarse análisis complementarios para confirmar ese resultado.

No fue hasta la tarde del día siguiente, y a petición de la defensa, cuando la fiscalía mostró mayor cautela. El desmentido de Rima Hassan fue finalmente comunicado a toda la prensa y la presencia de droga sintética en sus pertenencias se mencionó con mucha menos certeza. "Se han ordenado análisis complementarios en el marco de un procedimiento distinto, cuyos resultados no se esperan en un plazo cercano", precisó también la fiscalía de París.

Estos resultados descartaron cualquier presencia de droga sintética. Los análisis demostraron que el primer recipiente, etiquetado como "3-MMC" por la Policía, contenía en realidad CBD y que este no podía "ser caracterizado como producto estupefaciente". El segundo recipiente de la diputada también contenía CBD, con una tasa de THC ligeramente superior a la habitual pero en una cantidad tan reducida que la fiscalía decidió archivar el caso. Entre el 2 y el 9 de abril, políticos y medios se desataron para difundir esta información falsa, llegando algunos a calificar a la diputada de "yonqui"o "drogada".

"La fiscalía de París ha procedido al archivo de la investigación incidental, al considerar que las diligencias no han revelado ninguna infracción suficientemente caracterizada", anunció la fiscalía el 9 de abril, precisando que los análisis toxicológicos le habían sido "notificados la víspera". En realidad, como ha podido comprobar Mediapart, el laboratorio de análisis había indicado ya el 3 de abril a los agentes de Policía que entregaría los resultados al día siguiente. Sobre todo, desde el 4 de abril, los funcionarios informaron a la fiscalía de París, e incluso a su servicio de guardia del fin de semana, de los resultados negativos.

Entonces, ¿por qué la justicia tardó en revelarlos? "Que la fiscalía haya sido informada el 4 de abril no significa que la fiscal encargada de este caso lo supiera", replica una fuente judicial, que sostiene que la fiscalía "comunicó, por el contrario, muy rápidamente teniendo en cuenta el tratamiento mediático desproporcionado".

"La fiscalía es indivisible", subraya el abogado de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth. "Había un perjuicio reputacional y de imagen considerable y perfectamente conocido por las autoridades. El hecho de disponer de estos resultados el 4 de abril era una información determinante, que debería haberse difundido de inmediato", considera. "Es incomprensible que la fiscalía comunique ya la misma noche del levantamiento de la custodia policial para mencionar una sustancia que se asemeja a la 3-MMC y que guarde silencio durante cinco días cuando dispone de análisis que descartan la presencia de estupefacientes".

Más allá de las investigaciones judiciales y de esta comunicación de la fiscalía, Vincent Brengarth denuncia el trato que recibió la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) durante su detención. De hecho, recurrió al Defensor del Pueblo el martes 14 de abril para denunciar "graves incumplimientos deontológicos por parte de los agentes de policía".

Según él, los policías, como reveló Mediapart, carecieron de neutralidad al etiquetar el precinto de CBD como "3-MMC" y al omitir el desmentido categórico de la diputada en su primer atestado. El abogado va más allá al cuestionar la actitud global de los tres investigadores.

Durante esta custodia policial, a Rima Hassan se le solicitó la toma de huellas dactilares, una prueba de ADN y una fotografía —a lo que se negó— e incluso se la obligó a pasar tiempo en un calabozo, pese a su cooperación. "Los agentes no justificaron en absoluto esta solicitud a la luz de los hechos imputados, y menos aún teniendo en cuenta la jurisprudencia europea que exige una necesidad absoluta", denuncia. "Para una infracción de este tipo, todo ello es una vez más totalmente desproporcionado, más aún tratándose de una diputada que goza de una protección particular".

En su escrito, también critica algunas preguntas "particularmente intrusivas" y "discriminatorias" formuladas durante el interrogatorio: "¿Qué piensa de las leyes vigentes en Francia y de los valores republicanos?", "¿De qué confesión es usted?"o "¿A qué corriente se siente próxima?", preguntaron en particular los tres investigadores. Y el abogado concluye: "Además, mientras Le Canard enchaîné reveló que el portavoz del Ministerio de Justicia habría intercambiado información durante la custodia policial de la señora Rima Hassan, resulta indispensable que se esclarezca por completo la naturaleza de la información que le fue transmitida".

Además, se han abierto otras investigaciones. Una, iniciada por la fiscalía de París, para identificar a los autores de las numerosas filtraciones policiales que tuvieron lugar durante su interrogatorio; otra, llevada a cabo por la Inspección General, para aclarar en particular el papel del portavoz del Ministerio de Justicia.

La diputada, por su parte, está citada el próximo 7 de julio ante el tribunal judicial de París para responder por los hechos de apología pública de un acto de terrorismo.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

El Reglamento de Retornos, que permitirá entre otras cosas crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, superó este lunes el primer escollo en el Parlamento Europeo (Eurocámara), despejando la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno, informa EFE.

El objetivo de la ley es acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno, y otra novedad es la imposición de obligaciones y sanciones a aquellos que deben abandonar la Unión Europea (UE).

La normativa fue aprobada en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y salió adelante gracias a una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas).

El PPE valoró el voto y justificó la alianza con la extrema derecha para sacar adelante el texto. "Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países. Tenemos un desacuerdo concreto sobre este principio", dijo el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy en relación con la posición defendida por los socialdemócratas (S&D).

Añadió que si el PPE encuentra una mayoría con otros que no son S&D y (los liberales) Renew, la sacará adelante porque "hay que dejar de ser pasivos frente a los retos que plantea la migración irregular".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló: "Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita".

Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, consideró una "novedad" que por primera vez el Parlamento Europeo (PE) esté "muy cerca del Consejo" en su posición, y recordó que normalmente el PE se sitúa más a la izquierda pero dijo que "esto ha cambiado".

Los socialidemócratas (S&D) se mostraron muy decepcionados por el texto finalmente respaldado, al considerar que propone retornos que reducen "drásticamente" los derechos de las personas afectadas y los centros de retorno en terceros países son un marco legal vinculante. Además, lamentaron la alianza política entre el PPE y la extrema derecha, que "sienta un precedente preocupante".

También los Verdes fueron muy críticos con el voto de hoy. "El texto adoptado, con una mayoría de derecha y ultraderecha, refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro las vidas de la población y violará su dignidad", lamentó la eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara.

Entre las disposiciones que esa diputada considera "problemáticas", aparte de los centros en el extranjero "incluso para familias con menores", se refirió a las "severas sanciones" previstas contra quienes no cooperen en su devolución o prohibiciones de entrada de por vida en un territorio.

La nueva normativa es una pieza más para impulsar las devoluciones, pues en la actualidad solamente uno de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE la abandonan, lo que preocupa a la mayoría de sus miembros.

La legislación permitirá prolongar las detenciones y que tanto la UE como uno o más Estados miembro lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno en el extranjero.

España siempre ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre esos centros y ha dicho que podrían tener un "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Lo que se apruebe en el pleno de la Eurocámara, con fecha aún por concretar, será la posición negociadora de esa institución sobre el texto definitivo cara a las negociaciones con el Consejo de la UE.

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

El Parlamento Europeo decidió este lunes paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y Estados Unidos firmaron el pasado verano por la incertidumbre que ha generado la sentencia de la Corte Suprema estadounidense que ha declarado ilegales los aranceles del presidente Donald Trump, informa EFE.

La Comisión de Comercio de la Eurocámara tenía previsto votar mañana el acuerdo para avanzar en el proceso de ratificación, pero el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes acordaron este lunes frenar el proceso hasta que Washington aclare las implicaciones que tiene para el bloque comunitario la sentencia del pasado viernes.

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurre", dijo en declaraciones a la prensa el jefe de la Comisión de Comercio, el socialdemócrata Bernd Lange, quien aseguró que se necesita "claridad y certeza jurídica" antes de poder ratificar el acuerdo.

Desde el pasado verano, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo, una gran mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15%, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0% -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, la UE quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15% que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Lange aseguró que los grupos políticos se volverán a reunir la semana que viene con la esperanza de que Washington haya aclarado ya si va a seguir cumpliendo su parte del trato y, si así fuera, apuntó la posibilidad de que el Parlamento Europeo podría ratificar el pacto en el pleno de marzo.

Al Parlamento Europeo acudió también el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, para abordar la situación con los eurodiputados, tras la videoconferencia que celebró este lunes con los ministros del ramo del G7 y los contactos que mantuvo el sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

"La estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas. Reiteré que el pleno respeto del acuerdo entre la UE y EEUU es primordial", escribió Sefcovic en redes sociales, insistiendo en el mensaje que Bruselas ha ido repitiendo desde que se conoció la sentencia.

El comisario mantendrá esta tarde otra reunión con los países de la UE para analizar la cuestión.

El juicio en Apelación contra Marine Le Pen por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo quedó este miércoles visto para sentencia, que será pronunciada el 7 de julio y que puede marcar el futuro político de la líder ultraderechista francesa, informa EFE.

Del veredicto dependerá que pueda encabezar una cuarta candidatura al Elíseo en las presidenciales previstas en 2027, para las que es la máxima favorita según los sondeos tras haber sido finalista en las dos últimas citas con las urnas, derrotada por el centrista Emmanuel Macron.

Le Pen, que rehusó hacer una última declaración ante el tribunal, aseguró en una breve declaración a los periodistas en el interior de la sala que "cuanto antes" se conozca la sentencia "mejor".

Condenada en primera instancia a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y el resto en arresto domiciliario, y a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, aspira a recibir una condena más ligera que le permita presentarse a las presidenciales.

A ello han dedicado sus esfuerzos durante la última jornada del juicio sus abogados, en seis horas de alegatos en los que han puesto la presión sobre los magistrados del tribunal: "Deben tomar una decisión jurídica con repercusión política", dijo su abogado Rodolphe Bosselut. En su alegato, aseguró que será "el último veredicto" contra su clienta y lo consideró "vertiginoso" para la corte: "En sus manos reposa la obra de su vida".

"Ha sacrificado su vida a la política y las elecciones están en el interés mediático de su veredicto", aseguró el letrado, que pidió al Tribunal de Apelación que no tenga en cuenta el "listón alto" fijado por los jueces de primera instancia.

Argumentos que rechazó el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, que ejerce la acusación particular y que consideró que "si bien el contexto político existe" el tribunal debe "pronunciarse sobre los hechos".

Los abogados de Le Pen insistieron en la línea de defensa establecida desde el primer día: si hubo delito, no hubo voluntad de cometerlo. "No se puede dejar de lado la buena fe" de mi clienta, afirmó Bosselut, quien hizo hincapié en la falta de alerta del Parlamento Europeo y en la transparencia total de su clienta.

Aseguró que Le Pen "no podía saber en el momento de los hechos que años más tarde sería acusada de desvío de fondos" y recordó que reconoció que "los asistentes parlamentarios pudieron trabajar para el partido", pero que "nunca tuvo voluntad de ocultarlo".

A ello añadió la que a su juicio fue una ausencia de demostración de que fuera ella quien ordenara un "sistema" que según la acusación había heredado de su padre para pagar con fondos de la Eurocámara a empleados que, en realidad, trabajaban para el partido.

Un sistema que entre 2004 y 2016 permitió desviar varios millones de euros y por el que la Fiscalía pidió en Apelación el pasado día 3 cuatro años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, y cinco de inhabilitación aunque sin aplicación preventiva.

La defensa se obstinó en destacar la debilidad de las pruebas presentadas sobre ese "sistema", una serie de mensajes internos que apuntaban a las órdenes directas de Le Pen y una reunión de todos los eurodiputados de la que solo existen testimonios indirectos.

Aunque oficialmente los abogados de la defensa pidieron la absolución de su clienta, sus alegatos iban dirigidos a obtener una pena más ligera que la de primera instancia, que le permita lanzar una cuarta candidatura al Elíseo.

Algo difícil de concebir en caso de una condena fuerte, aunque Le Pen tendría todavía la oportunidad de recurrir ante el Supremo, que se pronunciaría antes de fin de año.

Pero la líder ultraderechista ya ha asegurado que no esperará a esa última instancia para mantener su candidatura o retirarse en favor de su delfín, el joven Jordan Bardella, de 30 años, también favorito en los sondeos. Su abogado abundó en esa misma idea hoy. 

Los eurodiputados a cargo del pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos acordaron este miércoles una cláusula para suspenderlo si el presidente estadounidense, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario, como ocurrió durante la crisis de Groenlandia, informa EFE.

De esta forma, se pusieron de acuerdo para avanzar en la ratificación del pacto, al que también quieren añadirle una cláusula de extinción en marzo de 2028 y un plazo de seis meses para evaluar las medidas que adopte Washington para reducir aranceles a derivados de acero y aluminio.

Esto significa que el acuerdo UE-EEUU, cerrado en el verano de 2025 para evitar la escalada arancelaria entre ambos, podrá votarse en la comisión de Comercio del Parlamento Europeo el próximo 24 de febrero y en el pleno de la Eurocámara en marzo para posteriormente negociar el diseño final con los países de la Unión Europea.

Entre los términos acordados figura la opción de que Bruselas revise el acuerdo en su conjunto si la administración Trump no reduce los aranceles a productos derivados del acero desde el 50% actual al 15%, base que cubre la mayoría de los productos europeos que se exportan a Estados Unidos.

Si el acuerdo se implementa en los términos acordados el pasado verano, los mismos productos estadounidenses entrarían en la UE libres de aranceles, al igual que lo harían todos los bienes industriales.

"Tenemos esta propuesta de compromiso como señal de buena voluntad, pero si EEUU no reduce los aranceles para estos más de 400 productos en seis meses restableceremos nuestros aranceles (del 10%) automáticamente", señaló el negociador jefe del Parlamento Europeo para este acuerdo, el socialdemócrata Bernd Lange.

Por otro lado, el Parlamento Europeo apuesta por que el acuerdo "caduque" de manera automática en marzo de 2028, momento en el que Bruselas y Washington tendrían que renegociarlo. También la negociadora popular, la croata Željana Zovko, subrayó que el acuerdo es "equilibrado y mira hacia delante", y asegura que los intercambios de la Unión Europea con su socio comercial más relevante "pueden continuar".

El acuerdo llevaba semanas en la cuerda floja por la falta de consenso en el Parlamento Europeo sobre cómo incluir este tipo de salvaguardias después de las amenazas sobre la soberanía de Dinamarca y Groenlandia de Trump a comienzos de 2026, pero finalmente ha salido adelante con una amplia mayoría de populares, socialdemócratas, liberales y verdes.

Tras el voto en pleno en marzo, la Eurocámara deberá pactar la forma final del acuerdo con los países de la Unión Europea, que acordaron su posición negociadora antes de los anuncios de Trump sobre Groenlandia y no incluyeron este tipo de cláusulas.