Los excoordinadores federales de IU Gaspar Llamazares y Cayo Lara y dirigentes y cargos públicos de la coalición de izquierdas, críticos con la dirección de Alberto Garzón, han lanzado un manifiesto en el que denuncian que ni su organización ni Podemos han sabido hacer frente al avance de la derecha y la extrema derecha, por sus "estériles tacticismos cortoplacistas", sus "promesas demagógicas" o sus "miserias oportunistas". Informa Europa Press.

En este escrito, abierto a nuevos firmantes, lleva por título Por una izquierda con futuro: hacer que lo necesario sea posible. Constatan que se ha abierto un "ciclo conservador tradicional", caracterizado por el avance de la extrema derecha, y defienden que "es urgente que la izquierda y las fuerzas progresistas inviertan esta deriva abandonando sus inercias, su confusión y su ambigüedad". "La confianza mágica en que el tiempo acabará por darnos la razón, los discursos autocomplacientes, las promesas simplistas y demagógicas y las miserias oportunistas son lastres que es imprescindible eliminar", avisan.

Además de Lara y Llamazares, firman el manifiesto miembros de la dirección de IU, críticos con Garzón, como José Antonio García Rubio o la eurodiputada Paloma López, de la corriente '+ izquierda'; Tasio Oliver, del partido Izquierda Abierta, que lideran Llamazares y Montserrat Muñoz; el diputado valenciano Ricardo Sixto, impulsor del sector crítico Coordinadora de militantes Independientes de IU; el ex líder de IU en Andalucía Diego Valderas; o el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Sobre el acuerdo "cupular"

Aunque no hay mención expresa ni a Garzón ni a Pablo Iglesias, el escrito reprocha el acuerdo "cupular" de confluencia que alcanzaron los dos dirigentes para concurrir como Unidos Podemos en las generales de junio de 2016, en las que los resultados demostraron, a su juicio, que este tipo de pactos "no siempre suman, sino que, en ocasiones, restan y dividen". "La deseable aspiración a la unidad de acción de la izquierda política y social española debe ser real y basarse en el respeto a la pluralidad y no en pretensiones de hegemonía excluyente, en el reproche mutuo, en estatutos de limpieza de sangre o en estériles tacticismos cortoplacistas", reclaman.

En esta línea, la crítica a las direcciones de IU y Podemos por "arrojar al sumidero de la historia" la "ligera mayoría" que consiguió la izquierda en las elecciones generales de 2015, y por haber forzado unas nuevas elecciones en las que la derecha "recuperó su hegemonía". Así, apunta que mientras en Portugal se constituyó en 2015 un gobierno progresista, "la izquierda española apenas prestó atención a este hecho porque estaba demasiado ocupada en conseguir (o evitar, según el caso) el famoso 'sorpasso' y porque algunos estaban demasiado distraídos con la supuesta, próxima e inevitable ruptura del 'régimen del 78' y con remediar el "fiasco" de la transición".

Sobre la falta de "voluntad firme" de colaborar con medidas progresistas 

Aunque destacan que la moción de censura y "la mera existencia de una alternativa de gobierno tangible ha tenido un efecto positivo en la opinión pública", lamentan que las fuerzas progresistas no estén manifestando, a su juicio, su "voluntad firme de engancharse a este tren para propiciar un cambio real en el país". "Sin embargo, la realidad es que, seis meses después de la investidura de Sánchez, una parte de los apoyos parlamentarios ha roto con el Gobierno y su socio mayoritario ya lo da por liquidado", afirman, en referencia a Podemos, quien pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convocase elecciones si no era capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

A este respecto, los firmantes se muestran partidarios de que el Gobierno siga adelante aprobando medidas progresistas si no es posible sacar adelante las cuentas públicas, para no ir a elecciones con un Ejecutivo "asociado a conceptos como 'inviabilidad', 'inutilidad' o 'fracaso'. "Que cualquier fuerza progresista pueda oponerse a ello o, sencillamente, entorpecer este propósito constituiría un error imperdonable", advierten, al tiempo que piden "huir del círculo vicioso de crispación, volatilidad, confusión y sobresalto permanente que caracteriza la política española", porque eso beneficia a la derecha.

En este sentido, defienden que "el futuro de la izquierda pasa más por explicar, por convencer al no convencido y por defender con firmeza nuestros valores y nuestros objetivos estratégicos". "Pasa, en fin, por reconocernos a nosotros mismos en nuestra pluralidad, ejerciendo la crítica y la autocrítica pero sin poner jamás los intereses partidistas por encima de las posibilidades de colaboración", reivindican.

Primera conferencia del nuevo partido: Actúa 

Este manifiesto llega poco antes de que el partido Actúa, impulsado por la Izquierda Abierta de Llamazares, el exjuez Baltasar Garzón, la periodista Teresa Aranguren, o la abogada Cristina Almeida, celebre este sábado su I Conferencia Política para erigirse oficialmente como formación política. En este encuentro, que interpretan como "un antes y un después en la organización", establecerán entre otras cosas las pautas a seguir para afrontar el proceso electoral que se abre en 2019, y avanzan que harán "algunos anuncios importantes al respecto".

Profundización Democrática, tras la victoria de su candidato Antonio Estañ en el proceso autonómico valenciano, presenta sus documentos político y organizativo para Podemos Región de Murcia, y a Pablo Olmos como candidato a la Secretaría General con el objetivo de refundar Podemos "plaza a plaza".

Según explican en comunicado de prensa, Profundización Democrática es el equipo que logró ser la opción mejor valorada en Plaza Podemos en ocasión de Vistalegre 1 tras un proceso donde integraron multitud de aportaciones online, y que finalmente confluyeron en Sumando Podemos, que fue apadrinada por Pablo Echenique y Teresa Rodríguez.

En Vistalegre 2 se llegó a un acuerdo en el que el equipo de Íñigo Errejón asumía el modelo organizativo de Profundización Democrática.Profundización Democrática

Pablo Olmos, de 36 años, estudió Ciencias Políticas y ha trabajado muchos años en proyectos de Cooperación al Desarrollo en Panamá, India y Colombia. Fue el candidato número cinco en la circunscripción de Murcia en las pasadas elecciones autonómicas, y actualmente es el responsable de Participación del Consejo Ciudadano Autonómico.

El lunes Profundización Democrática presentará en rueda de prensa su lista al Consejo Ciudadano Autonómico, que contará con miembros de actual Consejo, de órganos municipales y portavoces de distintos círculos regionales.

Además de su presencia en los procesos valenciano y murciano, Profundización Democrática apoya la propuesta de Podemos desde Abajo en la comunidad canaria.

Concluyen que los documentos organizativo y político se caracterizan por retorno al espíritu del 15M y de profundización democrática dentro de Podemos.

Vamos por partes. La celebración en el Congreso del 37 aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española ha incluido imágenes y conversaciones que ya simbolizan el cambio político en España, aunque siga siendo una incógnita la profundidad del mismo. Hace sólo dos años habría sido inimaginable el despliegue de sonrisas y la afable conversación entre Rajoy e Iglesias en sede parlamentaria, pero no menos improbable se habría considerado que el liderazgo del PSOE estuviera protagonizado por Pedro Sánchez o que el candidato de Izquierda Unida fuera un joven que asomó de las concentraciones del 15-M, o que Albert Rivera sonara como nombre decisivo en la elección de la próxima presidencia del Gobierno.

Tirando de Adolfo Suárez

Era la primera vez que coincidía un 6 de diciembre en plena campaña electoral, y eso se ha notado a la hora de congregar este domingo feligreses en torno a la Carta Magna. Uno comparte más el criterio defendido por el historiador José Álvarez Junco, para quien la verdadera fecha de celebración de los valores constitucionales debería ser el 27 de febrero, porque fue ese día de 1981 cuando millones de españoles de todo el arco ideológico se echaron a la calle compartiendo una misma pancarta que decía: “Por la libertad, la democracia y la Constitución”, venciendo el miedo colectivo cuatro días después del golpe de Estado de Tejero, Armada, Milans y algún acompañamiento político, institucional, civil y financiero nunca suficientemente aclarado. “Este país, tan necesitado de símbolos y referencias compartidas, podría pensar en trasladar la fiesta nacional a esa fecha, en lugar del 12 de octubre o el 6 de diciembre”, propone Álvarez Junco.

Más del 60% de los 36,5 millones de españoles llamados a las urnas no teníamos edad para votar la Constitución en 1978. Los cuatro protagonistas del debate de este lunes nacieron entre 1971 (Soraya Sáenz de Santamaría) y 1979 (Albert Rivera). Si el cambio hacia una mejor política y para convencer a indecisos pasa, como venimos insistiendo, por ganar la batalla de la credibilidad, suena bastante más creíble y conveniente que quienes gateaban o no habían nacido en 1978 estén dispuestos a reivindicar los valores democráticos sin aferrarse a la literalidad de un texto que estuvo condicionado por miedos, intereses e improvisaciones sin cuento.

Rajoy, de nuevo gran ausente del debate, tenía entonces 23 años, y aunque el otro día le contó a Bertín Osborne que la primera vez que escuchó a Adolfo Suárez ya se dio cuenta de que era "un ganador", él prefería la Alianza Popular de Manuel Fraga, cuyo grupo parlamentario se partió en dos a la hora de votar el texto constitucional.

Una de las sorpresas de esta campaña es la competición que protagonizan tres de los cuatro principales cabezas de lista por revindicar la figura de Adolfo Suárez, obviamente al hilo del interés en cosechar esa “centralidad del tablero” que se supone que puede decidir la mayoría de gobierno. Mariano Rajoy lo ha hecho sin ningún disimulo organizando un acto electoral con homenaje al expresidente en su tierra natal de Ávila y con la complicidad de Adolfo Suárez junior (cuyo silencio sería el mayor favor que podría hacerle a la memoria de su padre). Albert Rivera reivindica para sí el legado suarista y lo ha explicitado reiteradamente. Pablo Iglesias, en el ciberdebate de El País, reiteró su propuesta de “hacer normal en las instituciones, en el Gobierno y en el Parlamento lo que es normal en la calle”, cosecha del mismo autor que el “puedo prometer y prometo” de aquel célebrediscurso redactado por Fernando Ónega. (Las recientes loas de Iglesias al consenso de la Transición y sus logros han levantado, por cierto, no pocas esporas en distintos círculos de Podemos). En ese mismo debate, Pedro Sánchez hizo caso a quienes vienen recomendándole que abandone el camino de competir con “lo nuevo” y ponga énfasis en reivindicar la experiencia de gobierno del PSOE y las figuras y valores del socialismo. Por eso hizo hincapié en el cambio de los ochenta con González y revindicó más que nunca las políticas sociales de Zapatero. 

Un debate singular

Esta noche de lunes habrá que comprobar si las estrategias se mantienen o si aparecen nuevas armas de captación de votos. El debate en Atresmedia es novedoso y hasta único. Y no sólo porque sus protagonistas sean setenteros.

1.- El candidato que (de momento) pasa por ser favorito en las encuestas para presidir el próximo gobierno es sustituido por su número dos, una decisión inconcebible en ninguna otra campaña electoral de occidente. Habrá que comprobar si se trata sólo (que no es poco) de evitar a Rajoy el trago de retratarse junto a un trío cuya juventud ya representa el cambio o si además Soraya Sáenz de Santamaría va a esquivar cualquier cuestión espinosa en la excusa de no ser la máxima responsable del PP.

2.- Por primera vez es un debate a cuatro y moderado por dos periodistas, expertos además en el género de la entrevista. Ana Pastor y Vicente Vallés podrán (y deberán) repreguntar lo que no repreguntaron a Rajoy los ciudadanos que en La Sexta Noche escucharon al presidente huir de los asuntos incómodos o afirmar un dato falso. De hecho serán los propios candidatos quienes se repliquen y repregunten si lo desean. En fin, por otra parte, lo que debería ser un debate sin corsés cuya implantación obligatoria en las campañas no habría que discutir más. (Falta, eso sí, garantizar debates en los que estén invitados también los candidatos de otras fuerzas con representación parlamentaria, como Izquierda Plural y UPyD. Si una cadena privada no quiere, para eso está o tendría que estar una radiotelevisión pública de verdad).

3.- Todos los candidatos tienen a la vista las encuestas propias y ajenas. Conocen el dato de ese 41,6 % de indecisos desconocido en anteriores citas electorales. Saben también que hay más de 9,5 millones de pensionistas cuya confianza se disputan en gran medida PP y PSOE; son quienes sí tenían edad para votar la Constitución y los que componen un target prioritario en el prime time de las grandes cadenas de televisión.

4.- Lo que ocurra en el debate no influye sólo en la audiencia directa. Su seguimiento también es digital y cualquier error de bulto o cualquier trampa política al descubierto tardará segundos en inflamar las redes sociales. Su eco llegará por tanto a cualquier otra franja de edad, incluida por ejemplo la de ese millón y medio de jóvenes que pueden votar por primera vez (y según el CIS lo harán siete de cada diez), aunque más de la mitad aún no tengan claro a quién.

No hay mitin capaz de lograr un 1% del efecto que este debate y el cara a cara del siguiente lunes entre Rajoy y Sánchez pueden tener en el resultado del 20-D. Entre indecisos, pero muy especialmente entre quienes están más atentos a las pantallas que a los programas electorales.

Ningún partido de ámbito estatal a la izquierda del PSOE ha conseguido más de 23 diputados en unas elecciones generales. Fue el PCE de Santiago Carrillo, que en los comicios de 1979 alcanzó una cifra que, desde entonces, ni esta formación ni IU –que en 1986 se presentó como coalición y posteriormente pasó a ser una federación– han conseguido superar. Pero, según los datos del CIS, Podemos podría romper este techo en las próximas elecciones, ya que el barómetro hecho público este jueves le otorga una estimación de 45 y 49 escaños y un 15,7% de los votos, sumando al partido las coaliciones en las que participa.

La izquierda a la izquierda del PSOE con implantación estatal tuvo su mejor momento en los inicios de la democracia. En las elecciones de 1977, que determinaron la composición de las Cortes constituyentes, el PCE obtuvo un 9,33% de los votos y 20 escaños, que combinados con el 4,46% del Partido Socialista Popular –6 escaños– le dieron una fuerza que nunca más volvió a adquirir. En 1979 el PCE consiguió su mejor resultado histórico, pero tan sólo tres años después sufrió un enorme batacazo: de 23 actas pasó a tan sólo cuatro, y del 10,77% de los votos se quedó en el 4%.

IU, sucesora del PCE como organización principal de la izquierda alternativa, consiguió en sus primeras elecciones –las de 1986– un 4,63% de los votos y siete diputados, pero no volvió a tener una fuerza similar a la de sus mejores tiempo hasta 1996, cuando capitaneada por Julio Anguita la federación se hizo con 21 escaños y un 10,54% de los votos en el Estado –en 1979 los comunistas habían obtenido el 10,77%–. La cifra es similar a la que obtuvo en 1989 –9,07% y 17 escaños– y 1993 –9,55% y 18 actas–, pero queda muy lejos de los resultados de IU en 2000, cuando Anguita fue sustituido por Franciso Frutos y la candidatura se derrumbó, pasando a obtener únicamente 8 diputados con el 5,45% de los votos.

En la actualidad, La Izquierda Plural –la coalición que integra a partidos como IU, Los Verdes, ICV y CHA– cuenta con los 11 diputados que le proporcionó conseguir el 6,92% de los votos en 2011. Su resultado entonces fue el mejor desde 1996 –en los comicios de 2008, por ejemplo, sólo consiguió dos diputados, tres menos que en 2004–, si bien la previsión del barómetro del CIS pronostica una fuerte bajada en los comicios que se celebrarán en apenas unas semanas, ya que IU-Unidad Popular sólo conseguiría tres o cuatro diputados.

Y es que, por primera vez desde la transición democrática, es muy probable que en la primera organización de la izquierda alternativa en el Congreso no esté presente el PCE. La estimación que el barómetro del CIS otorga a Podemos, aún sin contar las coaliciones en las que participa en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia –que quieren formar grupos separados–, ya le servirían para ello, y además la horquilla de entre 23 y 25 diputados que pronostica la encuesta para Podemos igualaría, como mínimo, el mejor resultado de los comunistas en la serie histórica.

'La canción del pueblo'

La tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana, comunmente conocida como ley mordaza, estuvo trufada de momentos simbólicos. En diciembre de 2014, cuando el Congreso iba a aprobarla, media docena de plataformas sociales organizaron un cortejo fúnebre simbólico por la democracia y las libertades fundamentales frente a la Cámara baja en el que participó prácticamente toda la oposición.

En el Pleno, los diputados de la Izquierda Plural escenificaron su rechazo al texto levantándose con una mordaza en la boca y activistas de La Solfónica 15-M entonaron desde la tribuna La canción del pueblo de Los MiserablesLa canción del puebloLos Miserables hasta ser desalojados. Algunos miembros del colectivo que participaron en la acción revivieron con infoLibre aquel momento.

Greenpeace en las alturas

Pero eso no fue todo. En octubre de 2014, la Policía impidió que Greenpeace desplegara un cartel de casi 200 metros con el lema "No a la Ley Mordaza" en la fachada de un hotel frente al Congreso. Una pretensión que los ecologistas lograron el pasado 30 de junio, con motivo de la entrada en vigor: desde una grúa de las obras de la Cámara colgaron una pancarta con el lema "La protesta es un derecho".

Y antes, en mayo de 2013, los activistas se encaramaron al tejado del Palacio de la Carrera de San Jerónimo escalando por los andamios de la fachada de la Puerta de los Leones y desplegaron una pancarta contra la Ley de Costas.

A pecho descubierto

Las activistas de Femen protagonizaron una protesta en el Pleno del Congreso en octubre de 2013, con tres mujeres gritando a pecho descubierto "¡El aborto es sagrado!" desde la tribuna de invitados cuando intervenía el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón defendiendo la reforma que pretendía impulsar el Gobierno.

Lo intentaron de nuevo en febrero de 2015, aprovechando el debate de la ley mordaza, pero en este caso sus dos activistas fueron interceptadas en el cordón policial exterior. En su pecho descubierto, lemas de "FEMEN for freedom" y "España sin mordaza".

Gritos de "ladrones" y "chorizos"

El 11 de abril de 2013, un grupo de afectados por la estafa de las preferentes fue desalojado de la tribuna de invitados tras prorrumpir en gritos contra los diputados, llamándoles "chorizos", "ladrones" y "sinvergüenzas". La protesta comenzó en el momento en el que el conservador Vicente Martínez Pujalte tomó la palabra y, ante los gritos incesantes, el presidente del Congreso, Jesús Posada, acabó ordenando su desalojo.

"Que se jodan"

Una de las frases más recordadas esta legislatura la pronunció la diputada del PP por Castellón Andrea Fabra, quien en julio de 2012, mientras el presidente Rajoy anunciaba un recorte de las prestaciones para los parados, gritó un "que se jodan" que se convirtió en trending topic en Twitter y objeto de airadas protestas de diputados y ciudadanos.

Esta diputada conservadora, esposa del exconsejero madrileño Juan José Güemes e hija del que fuera presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, condenado por corrupción, anunció que no optará a la reelección y que volverá a la Abogacía.

Ada Colau salta a la fama

La actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, saltó a la fama como portavoz de la Plataforma Antidesahucios, que protagonizó convulsos momentos en el Congreso. En febrero de 2012 lideró las protestas que forzaron al PP a aceptar la tramitación de su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago y la moratoria de los desahucios.

Unos días antes, cuando compareció en la Cámara para dar su punto de vista sobre el problema de las ejecuciones hipotecarias, Colau tachó de "criminal" al secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, por defender el sistema hipotecario que estaba llevando incluso al suicidio a muchos afectados por los desahucios.

Fuera de la tribuna por hablar en catalán

El uso de las lenguas cooficiales genera conflictos de forma recurrente. Sin embargo, pocas veces sucede lo que en abril de 2013, cuando los tres diputados de ERC fueron expulsados de la tribuna, uno tras otro, por emplear el catalán en los debates de tres normas diferentes. Los independentistas quisieron usar su lengua apelando a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que permite la enseñanza en castellano si un alumno lo pide.

Uno de ellos, Joan Tardà, volvió a ser expulsado de la tribuna el pasado mayo por llamar "impresentable" al entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, tras haber señalado en un corrillo con periodistas que el trato que la Generalitat concedía al castellano era comparable al que el catalán vivió en el franquismo. Wert ya protagonizó otra polémica anterior cuando dijo que su ley buscaba "españolizar a los niños catalanes".

Constitución rota en la tribuna del Congreso

El incidente parlamentario que ha llegado más lejos es también el más reciente. El diputado de Amaiur por Navarra, Sabino Cuadra, rompió una Constitución en la tribuna del Congreso y, aunque en un primer momento el incidente quedó ahí, semanas después Posada le expulsó de la tribuna por negarse a rectificar como exigían varios grupos de la Cámara. La última decisión del presidente del Congreso ha sido borrar el episodio del Diario de Sesiones.

Las Marchas Negras

En julio de 2012, cuando apenas se habían cumplido seis meses de legislatura y miles de mineros recorrían España en las llamadas Marchas Negras, el presidente del Congreso tuvo que desalojar de la tribuna a un grupo de mujeres de mineros, que llamaron "mentiroso" al entonces portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Hernando mientras hablaba de las pensiones de este colectivo.

Los mineros volvieron a la Cámara baja en octubre de 2013, cuando el Pleno guardó un minuto de silencio en recuerdo de seis trabajadores muertos en una mina en León. Los diputados de la Izquierda Plural entonaron entonces el Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita, himno popular del gremio en honor de su patrona.

Las broncas de Celia Villalobos

La vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha estado con frecuencia en la picota por sus regañinas al presidir las sesiones parlamentarias. Muy sonadas han sido sus discusiones con el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, especialmente cuando éste preguntó en un debate cuántos diputados del PP quedaban sin cuentas ocultas.

Pero también se ha enzarzado con diputados del PSOE, como el andaluz Manuel Pezzi, que la acusó de "acoso" y "mobbing" por sus reiteradas llamadas al orden; con el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se quejó de que le llamara sólo por el primer apellido; o la entonces portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, quien llegó a acusar a la conservadora de "sectarismo" por quitarle la palabra en un debate sobre la filiación del presidente del TC.

El 'caso Zaida'

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, tuvo que rectificar y disculparse después de mandar callar a Irene Lozano poniéndose un dedo en la boca, tras escuchar las airadas acusaciones que la entonces diputada de UPyD le dirigió a cuenta del caso de acoso sexual a la comandante Zaida Cantera, que estaba en la tribuna. La oposición le acusó de "indigno, facha, prepotente y chulo".

"Al psiquiatra"

Otro ministro, el jefe de la Diplomacia, José Manuel García-Margallo, zanjó una pregunta recomendando al diputado de Convergència (CDC) Jordi Xuclà ir "al psiquiatra" por decir que el 27 de septiembre muchos catalanes votaron "a pesar del Estado y contra el Estado". Los nacionalistas reclamaron una rectificación y el ministro no encontró apoyo en el presidente Posdada y acabó retirando sus palabras visiblemente irritado.

El Pleno del Congreso ha dado este martes luz verde definitiva al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, que sólo han contado con el respaldo del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) –socio electoral del grupo conservador– frente a las críticas de toda la oposición por su carácter "electoralista" y por la falta de credibilidad que denuncia incluso Bruselas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asistido al debate y aprobación de las quintas cuentas de este Ejecutivo, la última norma que en esta legislatura aprobarán las Cortes dada su inminente disolución por la convocatoria de elecciones.

De hecho, la tramitación en agosto y dos meses antes de lo habitual del Presupuesto y las dudas expresadas por la Comisión Europea (CE) sobre el cumplimiento del déficit han sido los dos temas más mencionados en el debate, por delante de las enmiendas introducidas por el Senado.

Con este trámite, las cuentas que llegaron del Consejo de Ministros quedan modificadas por los 200 cambios que el PP ha propuesto en el Congreso y el Senado, más tres enmiendas aceptadas a los nacionalistas catalanes. Por el camino han quedado las casi 7.600 parciales registradas entre ambas cámaras por todos los grupos de la oposición.

Cuentas "caducadas y liquidadas"

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, cree que estas cuentas ya están "caducadas" porque se basan en proyecciones "falsas" que el PP ha "cuadrado a martillazos" con el único ánimo "electoralista" de "salvarse de la derrota" en las urnas, y ha criticado que tras las advertencias de la CE el presidente Mariano Rajoy no haya dado explicaciones y mantenga la "anomalía democrática" de aprobar el proyecto de ley en lugar de retirarlo.

Además, ha reprochado al Gobierno que "contara muchos cuentos" sobre que la credibilidad y estabilidad que darían estas cuentas a la economía, porque Bruselas ya ha avisado de que hará falta que el nuevo Ejecutivo los modifique. "Descansen en paz los últimos Presupuestos de Rajoy, que durarán hasta las elecciones", ha zanjado.

Para el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, la legislatura "termina como empezó, con el Gobierno mintiendo" y presentando los Presupuestos "más falsos de la historia de la democracia" y que "están muertos antes de nacer" por su falta de credibilidad. "Al ministro Montoro le ha petado el bumerán de los Presupuestos electoralistas en la cara. Se ha pasado de frenada", ha ironizado.

Rafael Calduch, portavoz económico de UPyD, ha puesto en duda la viabilidad "económica y política" y la "credibilidad" de las cuentas, que incluyen "importantes contradicciones contables", y ha criticado que una vez más el PP haya aprovechado su tramitación en el Senado para modificar normas que deberían haberse cambiado por otro procedimiento.

Puramente electoralistas

El portavoz de Convergència (CDC), Pere Macias, ha criticado la política "recentralizadora" y de asfixia a las comunidades aplicada por el Gobierno central a lo largo de toda la legislatura, que perjudica a los servicios sociales y a la economía productiva y que se consagra en estas cuentas.

"No hemos hecho un buen trabajo", ha admitido. A renglón seguido, Conxita Tarruella (Unió) ha señalado que los Presupuestos son "puramente electoralistas" por lo que aprobarlos es "una gran irresponsabilidad política". No obstante, ha valorado que el PP haya aceptado en el Senado varias enmiendas de los nacionalistas catalanes.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha calificado de "fraude democrático en toda regla" la presentación y aprobación de unas cuentas que gestionará otro Gobierno y con el que el PP sólo busca "pescar en el revuelto río electoral", y se ha congratulado de que concluya la actuación de este Gobierno, esperando que en la próxima legislatura se legisle "de forma más democrática".

Marginación automática

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, cree que el PP sólo intenta "edulcorar su oferta electoral" con un Presupuesto en el que se "inventa un optimismo tan fuera de la realidad" que incluso les han "llamado la atención". "Pero les da igual", ha criticado, señalando que la "destrucción" que deja el PP no está sólo en el "imaginario popular" y que "la realidad es contumaz".

Por Compromís-Equo, Joan Baldoví considera que estas cuentas perpetúan una "marginación" hacia la Comunidad Valenciana que se repite desde hace legislaturas, y ha tachado de "electoralistas" estas cuentas que "nunca se debería haber debatido". "Los valencianos comprobamos amargamente que nos cuesta más caro que a nadie ser españoles. No es victimismo, es la constatación de una injusticia repetida", ha dicho.

Pedro Quevedo (CC-NC) cree que este Presupuesto es el ejemplo paradigmático de una legislatura en la que ha "triunfado la ideología ultraliberal contra la lógica y el antiparlamentarismo contra el debate de las ideas y al consenso", mientras en España aumentan la "desigualdad y la pobreza" y se "marginaba" a Canarias.

Por su parte, Enrique Álvarez Sostres (Foro Asturias) ha cuestionado el "rigor y los excesos electoralistas" que también la Comisión Europea (CE) ve en estas cuentas, y ha reconocido que a la "sensación de desdén se suma a cierta impotencia" por las "humillaciones y vejaciones" que suponen para el Principado.

El portavoz de Geroa Bai en el Congreso, Bixente Serrano Izko, se empeña en "vender su mercancía, aunque esté averiada, cobrando en votos de cobradores incautos". "No van a cambiar el Presupuesto pero el próximo Gobierno tendrá que cambiarlos, aplicar más recortes o más subidas de impuestos. Pero los incautos compradores ya nada podrán hacer", ha avisado.

Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, ha reclamado la "retirada inmediata" de unos Presupuestos "antisociales, electorales, trucados y denunciados" por Bruselas, y ha criticado que las cuentas "van contra los pueblos".

Cumplir la constitución

Por último, el portavoz del PP, Rafael Hernando, dice que presentando los Presupuestos se "cumple la Constitución", que obliga a realizar este trámite tres meses antes de que expiren las cuentas vigentes, en lugar de "salir corriendo espantado como hizo el PSOE" en 2011.

Además, ha recordado que se trata de una previsión que parte del "gran cambio" experimentado por España estos años y del "cumplimiento del déficit de todos estos años", superando incluso las más negativas proyecciones de instituciones como la UE. Algo que volverá a suceder, ha pronosticado, gracias a unas cuentas que el conservador califica de "creíbles", "realistas" y "factibles".

"Es verdad que la CE habla de determinados riesgos, pero son por las comunidades y los ayuntamientos en los que ustedes han cometido la insensatez de dar el poder a quienes están por el gasto público", ha reprochado al PSOE, advirtiendo de que "hay otro riesgo" si se cambia el artículo 135 de la Constitución o "vuelven los gurús que enseñaban clases de economía en dos tardes" al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Por eso, Hernando ha advertido a los ciudadanos de que el 20 de diciembre deberán elegir entre "estabilidad, crecimiento y empleo" o "volver al pasado" o "arriesgar el futuro" dando un "salto al vacío" si votan a quienes "no han hecho nada en su vida pero van de plató en plató dando lecciones a todos".

"Nosotros somos los de hacemos y los de cumplimos, no los que nos inventamos historias o ponemos todo el día palos en la rueda de la economía. Aquí no hay nuevas y viejas políticas, aquí hay malas y buenas políticas. Y las mejores políticas son las que ha hecho el PP", ha zanjado, reivindicando el "orgullo" de haber contribuido a sacar a España de la crisis como diputado del PP y provocando así una sonora ovación de todo su grupo, puesto en pie.

El Grupo Popular en el Congreso rechazó este martes la proposición de ley presentada por Izquierda Plural (IU-ICV) para que se suspenda por ley la venta de armamento a países "invasores" u ocupantes de territorios ajenos. Según la diputada conservadora Andrea Fabra, España ya cuenta con un marco legal que establece los sistemas de control pertinentes para cumplir con el Derecho Internacional.

Con su iniciativa, la Izquierda Plural pretendía, según explicó el diputado de ICV Joan Josep Nuet, "reforzar el papel internacional de España y su compromiso con la paz, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional" embargando la venta de material bélico a los actores que provoquen un conflicto.

Nuet puso el ejemplo de Arabia Saudí, país al que, aseguró, España vendió armas en el primer semestre de 2014 por valor de 240 millones de euros pese a que "hay informes que hablan de bajas civiles y evidencia de violaciones de derechos humanos en los bombardeos en Yemen". Además, subrayó que otros informes apuntan a que este país vende parte de las armas "a la llamada oposición siria", por lo que armamento español podría estar sirviendo para la guerra civil.

De 400 a 4.000 millones en diez años

Nuet admitió que España ha suscrito los tratados internacionales para luchar contra la proliferación de comercio de armas y que en los últimos años ha mejorado la información y la transparencia sobre este asunto, pero mostró su preocupación por el aumento de las ventas, pasando de 400 millones de euros en 2003 a 4.000 millones en 2013.

Los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios no dudaron de la buena intención de la propuesta de la Izquierda Plural, si bien estimaron que no puede ser "efectiva" porque "la casuística es múltiple y llena de matices".

Este fue el argumento defendido por los portavoces de PSOE y PNV, mientras que UPyD fue más allá al afirmar que aprobando una ley como la que propone la Izquierda Plural, España "se cargaría el derecho de injerencia humanitaria y el deber de proteger, cuestiones fundamentales en el Derecho Internacional para garantizar la paz y la seguridad".

Por su parte, PP y CiU coincidieron al recordar que España ya cuenta con una legislación sobre el tema y un marco jurídico, además de unas vías de información. Además, Andrea Fabra aseguró que cualquier operación en el comercio de armas es estudiada y controlada.

"Nuestra legislación ya obliga a denegar exportaciones de armas allí donde no se cumple con el Derecho Internacional". "Ya contamos con un marco legal que establece los sistemas de control. La iniciativa de Izquierda Plural no podría mejorar en nada los sistemas de control", apuntó.

El Pleno del Congreso ha avalado el presupuesto de la Casa del Rey para 2016 con los votos de PP, PSOE, Unió (UDC), Coalición Canaria (CC), Foro Asturias y UPN, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Convergència (CDC), PNV, Amaiur, ERC, BNG, Compromís-Equo y Nueva Canarias lo han rechazado.

Según el proyecto de cuentas públicas presentado por el Gobierno, el presupuesto de la Casa del Rey para 2016 representa 7,86 millones de euros, con un aumento con respecto a presente año ya que se aplica a su personal la subida del 1% prevista el próximo año para todos los trabajadores públicos. Se trata de la primera vez en seis años que las cuentas de la Casa del Rey suben con respecto al año anterior. Esta partida comenzó a bajar a partir de 2010 y llevaba dos años congelada.

Además, el PP y el PSOE han rechazado las enmiendas de grupos minoritarios que pedían rebajar en distinta medida la cuantía de la partida presupuestaria a disposición del Rey.

Así, el BNG planteaba rebajar un 30% este presupuesto, mientras que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) apostaba por un recorte del 20%. Esquerra Republicana, por su parte, proponía suprimir toda la partida a cambio de poner un sueldo fijo a Felipe VI como jefe del Estado, con una retribución similar a la que percibe el presidente del Gobierno.

La Comisión de Presupuestos del Congreso asignará una partida extraordinaria de 200 millones de euros para la atención a los refugiados, según han acordado el PP y varios grupos de la oposición mediante una enmienda transaccional al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.

Según se señala en el texto de la enmienda, pactada entre PP, PSOE, Izquierda Plural y ERC, el proyecto de Presupuestos ya "reforzaba" las partidas para el sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional, dado el aumento del número de refugiados que se trató en el Consejo Europeo del pasado mes de julio.

No obstante, después de que la Comisión Europea (CE) haya asignado a nuestro país una cuota de casi 15.000 asilados a acoger y dado que "la evolución de los acontecimientos desde julio de este año hacen previsible la continuación en el aumento del ritmo de llegada de solicitantes a España", el Congreso ha decidido ampliar más allá de lo previsto las partidas presupuestarias destinadas a este objetivo.

Única propuesta de la oposición

Ésta es la única enmienda pactada con la oposición que, en principio, se incorporará a los Presupuestos para 2016, dado que los conservadores ya han avanzado durante el debate parlamentario que sólo votarán a favor del centenar de propuestas que ha presentado su grupo.

De hecho, el diputado del PP Francisco Márquez explicó durante su intervención de este martes en el debate sobre las cuentas del Ministerio del Interior que el presupuesto para políticas de asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a desplazados se incrementa en 2016 "nada más y nada menos" que un 105,28%, hasta los 6,2 millones de euros.

Una "fuerte subida" que tiene como objetivo "reforzar la Oficina de asilo y refugio, completando las medidas que ya se han venido adoptando este año, y hacer frente de una forma adecuada a las nuevas necesidades y a los compromisos que se derivan de los acuerdos del Consejo Europeo del pasado junio, y seguramente de los que en adelante haya que adoptar en función de la solidaridad europea que ahora se tendrá que poner sobre la mesa".

En concreto, Márquez mencionó un nuevo crédito para financiar un programa de asentamiento y reubicación de refugiados, algo "novedoso" en el Presupuesto y que estará dotado con 3 millones de euros. "Pero ésta no es la única aportación de este presupuesto a las nuevas circunstancias internacionales", apostilló, subrayando que "se mantienen dotaciones de crédito para la cooperación internacional por un importe de más de 13 millones".

Una cuantía distribuida en dos grandes bloques para avanzar en la "exitosa" política de lucha contra la migración ilegal. Por un lado, 13 millones para ayudas directas de cooperación policial y 292.000 euros para la formación en el ámbito de la cooperación. Y, por otra parte, un programa de fomento y retorno voluntario de inmigrantes que se ejecutará a través de la Organización Internacional para las Migraciones.

El PP ha rechazado incrementar los fondos destinados a cumplir los preceptos de la Ley de Memoria Histórica, como abrir fosas de la Guerra Civil o redefinir el Valle de los Caídos exhumando los restos del dictador Francisco Franco, porque "el 90% de estos temas ya se han solucionado satisfactoriamente", y ha acusado al PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de pretender "prolongar" este asunto "por razones ideológicas".

Así lo señaló el diputado conservador Pedro Ramón Gómez de la Serna durante el debate en la Comisión de Presupuestos del Congreso de las enmiendas de la oposición a las cuentas de 2016 para el Ministerio de la Presidencia. El Gobierno no ha destinado ni un euro por tercer año consecutivo a las partidas relativas a la memoria histórica.

Entre otras propuestas, los socialistas reclamaban asignar tres millones de euros a las propuestas locales de exhumaciones de represaliados del Franquismo, medio millón de euros a financiar actividades y proyectos de las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y 150.000 euros a la "resignificación" del Valle de los Caídos. Por su parte, la Izquierda Plural proponía transferir dos millones de euros a las comunidades que desarrollan tareas de "dignificación y exhumación" de las fosas comunes y otros dos millones a ayudas a las familias para las exhumaciones.

"El día de la marmota"

Durante su intervención ante la Comisión de este martes, Gómez de la Serna criticó a la oposición por presentar estas enmiendas en la sección de Presidencia porque "desde el año pasado" las cuestiones de memoria histórica dependen del Ministerio de Justicia. "Si no fuera una tragedia estaríamos hablando del día de la marmota", añadió, asegurando que se ha "cansado" de dar las cifras destinadas a este asunto, sobre el que "el 90% de los temas ya se han solucionado satisfactoriamente". "No se nos puede acusar de haber paralizado este programa de memoria histórica. Otra cosa es pretender prolongarlo en el tiempo por razones ideológicas", ha añadido.

En concreto, el diputado aseguró que de los 25 millones de euros destinados a la memoria histórica, 8,2 millones sirvieron para abrir 2.382 fosas y exhumar 45.134 cadáveres. Además, se han reconocido 1.620 víctimas, y la demanda de este tipo de declaraciones ha caído un 500%. Igualmente, Gómez de la Serna aseguró que ya se han retirado el 90% de los símbolos franquistas. "Y los que no se han retirado es porque tienen un especial valor histórico y afectan al patrimonio histórico", ha apostillado.

En este punto, el diputado del PP lamentó la "ignorancia deliberada" o "ceguera voluntaria" que, a su juicio, manifiestan los diputados del PSOE y de la Izquierda Plural en este tema, y les pidió que "no pasen de la ceguera al estrabismo" de olvidar que parte de la memoria histórica también consiste en recordar a las víctimas del terrorismo.

"Y sin embargo ustedes han apoyado a determinados partidos políticos que han alcanzado el poder en muchos lugares de España y que a día de hoy no han condenado determinados crímenes", continuó Gómez de la Serna, recordando que formaciones como la CUP –"aupada" al Gobierno de municipios como el de Badalona gracias a los socialistas– han recaudado fondos en favor de los presos de ETA, "muchos de ellos criminales de socialistas demócratas de pro" como Ernest Lluch.

Igualmente, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria el PSOE ha "llegado a un pacto con Bildu" para evitar el Gobierno del conservador Javier Maroto, "y el señor (Fernando) Buesa también fue asesinado por ETA". "Esa también es memoria histórica, mucho más reciente que la otra", ha añadido el diputado, reclamando de la oposición "un acto de equilibrio, valentía y coraje político llevando a esos ayuntamientos la reivindicación de la memoria de sus muertos, que son los de todos".

Los grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso están preparando un recurso para tratar de frenar la tramitación de la reforma exprés del Tribunal Constitucional que el PP ha planteado este lunes con idea de aprobarla en mes y medio.

La iniciativa, registrada al mediodía del martes, fue calificada de inmediato por el presidente del Congreso, Jesús Posada, sin esperar a la reunión que la Mesa del Congreso tiene prevista el martes de la próxima semana. Posada ha calificado la proposición de ley del PP antes de emprender este miércoles un viaje oficial a Cuba con varios miembros del órgano de gobierno de la Cámara.

Las prisas se deben al calendario que maneja el PP para poder aprobar la reforma antes de la disolver las Cortes y que pasa por incluir el primer debate de la reforma en el Pleno de la semana del 14 de septiembre, coincidiendo con la discusión de los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Meter la proposición de ley en la sesión plenaria de dentro de dos semanas exigía que fue admitida a trámite por la Mesa cuanto antes.

De entrada, el PSOE, Izquierda Plural, UPyD y otros grupos están trabajando en un recurso conjunto para que la Mesa reconsidere la calificación de la reforma del PP. Saben que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, pero tratan de alargar los plazos para intentar ralentizar la tramitación, que al faltar sólo mes y medio para disolver las Cortes ya está muy ajustada.

Una locomotora que despide el humo de la bandera alemana y que amenaza con arrollar a los partidos de la izquierda, obra del equipo de diseño de Papernet, ocupa la portada de tintaLibre del mes de septiembre. En el bloque de portada escriben el profesor de ciencia política y ensayista Ignacio Sánchez-Cuenca (La olla a presión de la izquierda); el periodista Ramón Lobo con un reportaje titulado Un descontento que busca alternativas; el diputado del PSOEy profesor de Sociología José Andrés Torres Mora (Una izquierda y con dificultades); el dirigente de Podemos Eduardo Maura (Las posibilidades de Grecia); y el periodista J. M. Martí Font (Alemania, un país como los demás). Entre todos ofrecen una panorámica de la izquierda española ante unos meses decisivos que pueden cambiar todo el mapa político. Por otra parte, en nuestra Página Abierta escribe en este número el novelista Luisgé Martín un artículo sobre el mundo del arte con el título de Majaderías.

Dos colaboradores de primera fila abordan la complicada situación en Cataluña ante las históricas elecciones del próximo 27 de septiembre. Se trata del veterano historiador Josep Fontana (La protesta catalana, más allá del independentismo) y el escritor y periodista Guillem Martínez (Muchas incógnitas y pocas certezas) que ofrecen una visión didáctica y abierta del conflicto catalán. Dentro del bloque político tintaLibre incluye también un perfil del presidente del Gobierno a cargo del periodista gallego Xosé Manuel Pereiro con el significativo titular de Mariano Rajoy, lo importante es no destacar, con una caricatura de Leandro Barea.

Un experto en esa materia, como el periodista Luis Pintor, se encarga de repasar el polémico futuro de las jubilaciones en España con un reportaje (Pensiones: la auténtica guerra de las galaxias) donde se muestran las distintas alternativas al problema. Entre las historias sociales incluimos también un reportaje sobre el deporte femenino (La igualdad se queda en el banquillo), firmado por Rosa Pascual; un artículo sobre la creciente ocupación del espacio público (Prohibido jugar a la pelota en la plaza), a cargo de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal; y una crónica sobre el lado oscuro de un gigante de la tecnología (Amazon, buena cara y malas prácticas), escrito por Carlos Carabaña.

En las historias culturales el mensual en papel de infoLibre ofrece en septiembre dos reportajes sobre la historia de la prensa de humor en España a raíz del 75 aniversario del fusilamiento del editor de la revista La Traca, Vicente Carceller. Por un lado, el profesor Josep Merita recuerda la trayectoria de Carceller en El dibujante que pagó su descaro con la vida y el caricaturista y escritor Jaume Capdevila se ocupa de un repaso a La prensa satírica española y su lucha contra el poder. A propósito de libros el escritor chileno Ariel Dorfman rinde homenaje a Lewis Carroll y recuerda el 150º aniversario de su Alicia en el país de las maravillas en un artículo titulado Alicia en el país de las izquierdas. Nuestra prepublicación habitual muestra en esta ocasión un capítulo de Capitalismo canalla, un ensayo del sociólogo César Rendueles, que publica la editorial Seix Barral en septiembre.

Dos historias internacionales ocupan asimismo las páginas de tintaLibre, una se refiere a Estados Unidos con el reportaje Madam president, que Javier Valenzuela dedica a Hillary Clinton; y la otra evoca la trayectoria de un empresario alemán venerado en Colombia (Leo Kopp, el santo cervecero de Bogotá) escrito por Lula Gómez. La entrevista en cómic también tiene una dimensión internacional en la figura del ensayista y activista Ignacio Ramonet retratado por Francisco de Zárate y Fernando Calvi. Nuestra contraportada está ocupada por el escritor Lorenzo Silva, entrevistado por Karmentxu Marín; y por los versos de Joaquín Sabina (Ocho cuartetos y un brindis estivales).

La revista tintaLibre de septiembre está a la venta desde el día 4 en quioscos y librerías y también está disponible para su descarga en teléfonos y tabletas de Apple y Android. Si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre de septiembre y todos los números anteriores en la sección especial de la revista aquí.

Varias formaciones reclaman la ilegalización de la entidad, una demanda a la que se suman asociaciones de víctimas. Todos ellos señalan además que, en otros países europeos que han sufrido dictaduras en su Historia reciente –Alemania e Italia son los ejemplos más mencionados–, no sería admisible la existencia de organizaciones que hicieran apología de los respectivos regímenes. Los representantes de los jueces, en cambio, opinan que con las leyes actuales sería complicado prohibir la actividad de la organización franquista.

El secretario de Política Federal del PSOE y portavoz de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Antonio Pradas, exige al Gobierno que investigue "si la fundación ha cometido algún ilícito" y aclare "si ha recibido cualquier tipo de subvención". La Fundación Franco recibió más de 140.000 euros de dinero público entre 2000 y 2003, durante la segunda legislatura de José María Aznar. Pradas también señala que la entidad tiene "difícil encaje con el Estado de derecho". "Su encaje con la ley parece contradictorio", subraya.

El representante del PSOE pide al Ejecutivo de Rajoy que aplique la ley y muestre el mismo "rigor" con la Fundación Franco que "con otras asociaciones y fuerzas políticas que han promovido la violencia". Su compañero de partido, el diputado y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, agrega que los objetivos de la FNFF son "claramente contrarios a la Ley de Memoria Histórica" y pide acabar con lo que considera "una asignatura pendiente" y "un síntoma de tardofranquismo". "Habra que plantear iniciativas para que el Gobierno y los partidos se definan al respecto" de la existencia de la fundación, añade Elorza.

Una anomalía en Europa

Joan Josep Nuet, diputado de la Izquierda Plural y también portavoz en la Comisión Constitucional, afirma que la actividad de la polémica entidad es consecuencia del poder de "los hijos del franquismo" en "papeles destacados de la economía y la política". "No quieren juzgar a sus padres", resume Nuet, para quien "las instituciones que promueven el odio, como esta fundación, deberían ser ilegales". El parlamentario ve en la FNFF una "anomalía histórica" que "ni en Italia ni en Alemania sería posible".

El portavoz adjunto de UPyD y diputado en el Parlamento Vasco Gorka Maneiro, asegura que "no tiene sentido que la fundación pueda seguir siendo legal" y que "parece evidente que claramente incumple la Ley de Memoria Histórica". "Los derechos y libertades, la dignidad de las víctimas de la dictadura y el recuerdo a todas las personas perseguidas por el régimen deben estar por encima de todo eso", apunta. Maneiro también critica la "opacidad absoluta" de la entidad franquista, que no presente sus cuentas desde 2009.

Otro de los partidos que piden la ilegalización de la organización franquista es Amaiur. Jon Inarritu, diputado del partido en la Cámara baja, sostiene que la existencia de la entidad es "nauseabunda" y "humillante para las víctimas", además de un síntoma de "la connivencia entre el Gobierno y el antiguo régimen". "La fundación va contra la Ley de Memoria Histórica y el Gobierno se muestra permisivo", añade el parlamentario, que apuesta por "buscar cauces para que desaparezca" cuanto antes.

"Las de la Fundación Franco son ideas que no deberían caber en una sociedad avanzada", coincide Joan Tardà, diputado de ERC, para quien la organización es una "anomalía" en Europa y busca "mantener viva a la bestia" para, en una situación "convulsa, como la actual", tratar de "resucitar" las ideas de la dictadura. Sobre la legalidad de la entidad, Tardà lamenta que existan "puntos de intersección entre lo legal y lo ilegal por los que haya podido colarse" la FNFF, y apuesta por reforzar la Ley de Memoria Histórica para actuar contra "la apología del fascismo, los crímenes de Estado y los de guerra".

En el BNG, su diputada Rosana Pérez subraya que la mera existencia de la organización es "escandalosa" y que su declación de objetivos incumple la citada Ley de Memoria Histórica. "Una fundación así no tiene cabida en un Estado democrático, pero con este Gobierno goza de total impunidad", dice Pérez, quien recalca que una entidad así "no puede seguir existiendo". "Es inaudito, realmente preocupante. En otro país no pasaría", apunta el diputado de Compromis-Equo Joan Baldoví. Baldoví manifestó que "debería comprobarse si la fundación cumple estrictamente la ley" y que, si no es así, "deberían tomarse cartas en el asunto".

Finalmente, desde las filas de Geroa Bai su portavoz en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, califica la existencia de la FNFF de "inconcebible" y pide "combatir" las ideas que propugna, así como la "suspensión" de su actividad con carácter inmediato. A preguntas de infoLibre, tanto el PSOE como la Izquierda Plural, Amaiur, ERC y Compromís barajaron la posibilidad de plantear iniciativas en el Congreso de los Diputados para preguntar por la entidad franquista, mientras que UPyD admitió que su representación "no le permite llegar a todos los asuntos", pero agregó que llegado el caso apoyaría las propuestas de otros grupos.

Las víctimas se sienten despreciadas

Las asociaciones de víctimas de la dictadura y vinculadas a la recuperación de la memoria histórica también se muestran indignadas por la existencia de la fundación. El presidente de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (AMESDE), Jaime Ruiz, señala que "defender la herencia de un dictador cruel y sanguinario" es "incompatible con el ideario democrático de la Constitución Española, que establece como valores a defender por cualqueir fundación la defensa de valores democráticos".

"No entendemos que se ignore y desprecie a las víctimas mientras que el Gobierno no hace nada contra las organizaciones que exaltar la figura de un dictador: con las víctimas del terrorismo no pasaría algo así". Tanto Ruiz como Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, creen que debería ilegalizarse la entidad. "La FNFF es la típica anomalía que deriva de la transición española. El Estado debería ilegalizar la fundación y borrarla del registro de fundaciones, pero falta voluntad política", dice Peinado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coincide con esa demanda y denuncia que el Estado mantiene la desgravación en el IRPF para las donaciones que particulares entregan a la Fundación Franco lo que, a su juicio, implica "que se sigue dando dinero público" a la entidad franquista. "Como fundación no debería existir, un Estado no puede permitir el enaltecimiento de ideas que legitiman una dictadura y el uso de la violencia. Para ser demócrata hay que ser antifranquista", zanja.

Los jueces ven insuficiente la ley

Las asociaciones de jueces, por su parte, creen que una hipotética actuación para ilegalizar la Fundación Franco no tendría garantizado el éxito a la vista de los estatutos de la organización y las leyes españolas. Marcelino Sexmero, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, explica que "la regulación de la Ley de Memoria Histórica es insuficiente" para actuar contra la entidad franquista porque en España "nunca se ha establecido de manera tajante que el régimen fuera ilegal".

Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, coincide y expresa que la posible ilegalidad de la fundación vendría, en todo caso, derivada de algún acto concreto que desarrollara, y no del contenido de sus estatutos o de declaraciones de intenciones genéricas. "Habría que hacer un análisis de lo concreto, de los hecho, para ver si conculca la Ley de Fundaciones o la Ley de Memoria Histórica", apunta.

Por último, el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, asegura que "analizar los fines específicos de la fundación para perseguirla" supondría vulnerar "la libertad de opinión y pensamiento", y califica de "hecho objetivo" que "Franco gobernó durante 40 años", por lo que "la Ley de Memoria Histórica no puede impedir puntos de vista sobre ese hecho u opiniones sobre el significado de nuestro pasado".

El PSOE e Izquierda Plural han presentado una serie de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 en las que reclaman al Gobierno fondos para la apertura de fosas de la Guerra Civil y para "la redifinición y reorientación" del Valle de los Caídos, lo que implicaría la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

En concreto, el PSOE propone en sus enmiendas, recogidas por Europa Press, asignar tres millones de euros para la exhumación de aquellas personas que fueron fusiladas durante la dictadura y que acabaron enterradas en fosas comúnes. El objetivo es, dicen los socialistas, recuperar su "dignidad" y "memoria".

También pide al Gobierno que destine 500.000 euros a las actividades y proyectos de las asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria histórica y 150.000 a la "resignificación" del Valle de los Caídos.

En el año 2011, el grupo de expertos al que Zapatero encargó una propuesta para el Valle de los Caídos planteó la necesidad de exhumar los restos de Franco del mausuleo para trasladarlos donde decidiera la familia y convertir así el lugar en un centro de memoria democrática.

Estas enmiendas han sido promovidas por el diputado socialista Odón Elorza, que ya impulsó una proposición no de ley en el Congreso en la que el Grupo Socialista pedía declarar el Valle de los Caídos en un monumento "contrario a la cultura de la convivencia, la paz, la concordia cívica y la reconciliación" y reclamaba "las actuaciones que sean necesarias para proceder a su reconversión y resignificación".

Izquierda plural pide cuatro millones

Por su parte, la Izquierda Plural propone transferir dos millones de euros a aquellas comunidades que desarrollan tareas de "dignificación y exhumación" de las fosas comunes y asignar otros dos millones a ayudas a las familias para las exhumaciones.

Para la coalición de izquierdas, "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas de la guerra civil y dictadura, así como la divulgación de los resultados", debe ser una política pública garantizada por las administraciones "con carácter subsidiario".

Albiol (PP) dice que no es una prioridad

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, replicó este jueves a los socialistas que abrir fosas y exhumar a Franco no es una prioridad para los españoles.

En una entrevista en laSexta, Albiol dijo que "el dinero público en estos momentos se tiene que dedicar a priorizar lo que sea necesario".

El portavoz de Interior de la Izquierda Plural en el Congreso y diputado de IU, Ricardo Sixto, ha registrado este lunes una solicitud de informes y documentación en el Congreso para recibir "copia de la documentación existente sobre los cerca de 400 tuits con supuestas amenazas a Rodrigo Rato, u otros informes, si los hubiera", sobre los que hizo referencia el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en su comparecencia parlamentaria sobre la reunión con el expresidente de Bankia.

Sixto utiliza así las posibilidades reglamentarias que permite la Cámara Baja a los diputados para "conocer de primera mano y de la forma más concreta posible" uno de los principales argumentos utilizados por Jorge Fernández Díaz el viernes pasado para justificar la reunión que mantuvo en su despacho del ministerio con el ex vicepresidente del Gobierno del PP y ex máximo responsable de Bankia. En aquella comparecencia, Fernández Díaz justificó la decisión de haber recibido personalmente a Rato en Interior porque había una "fundada" preocupación por su seguridad, y citó como ejemplo más de 400 tuits amenazantes, aunque el expresidente de Bankia carece de cuenta en Twitter.

Desmontar la "milonga"

Ricardo Sixto ya pidió entonces la "dimisión irrevocable" de Fernández Díaz, además de tachar como "lamentables y vergonzosas" las explicaciones que ofreció sobre esta polémica reunión. "Solamente la milonga que ha venido a contarnos sería suficiente para exigirle su dimisión como ministro del Interior", le dijo. Para el portavoz de IU, no es creíble que la reunión se produjera para hablar únicamente de la "seguridad" de Rato, "como si el titular de Interior fuera el responsable de la seguridad de todas las personas que están sometidas a vigilancia en España".

Sixto, que expuso públicamente sus "serias dudas" sobre las razones dadas por Fernández Díaz para justificar este encuentro, cuestionó el hecho de que sea el ministro el que decida sobre las medidas de vigilancia concernientes a la seguridad de Rato. Además, el portavoz parlamentario de Interior de IU mostró su "preocupación, que compartimos con la Guardia Civil" de que dicha reunión "interfiera" con los casos que está investigando el propio cuerpo sobre los presuntos delitos cometidos por Rato.

Los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados han censurado hoy el encuentro mantenido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y Rodrigo Rato –exvicepresidente económico contra el que hay abiertas tres causas penales por delitos de corrupción– y han exigido al ministro que acuda a la Cámara baja para explicar los pormenores de la cita, que tuvo lugar en la sede oficial de su departamento el pasado 29 de julio.

El PSOE ha registrado un escrito en el que exige al titular de Interior que acuda al Congreso para aclarar tanto lo sucedido como "las responsabilidades políticas" que piensa "asumir por estos hechos". El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha calificado de "impresentable" la reunión y ha opinado que también "implica" al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien ha dicho que es "inconcebible" que no estuviera al tanto de lo ocurrido.

Hernando, en contra de la versión del Ministerio, se ha mostrado seguro de que el expresidente de Bankia charló sobre su imputación con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, así como de la información que sobre él puedan tener tanto Hacienda como la Guardia Civil. "Se produce el mismo día en que el señor Rato va a declarar. Estoy convencido de que no hablaron de dónde iban a pasar las vacaciones", ha dicho. "En el PP hay una estrategia para salvar al soldado Rato", ha dicho por su parte el portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Antonio Saura.

También en esa línea, la Izquierda Plural ha registrado una petición de comparecencia del ministro del Interior en el Congreso y, por boca de su diputado Ricardo Sixto, ha afirmado que Fernández Díaz "debe aclarar" las razones de ese encuentro porque "es inasumible" que un miembro del Ejecutivo "reciba en su propio despacho" a una persona "con varias causas penales abiertas", y menos aún que el encuentro se desarrollará "con cordialidad".

Mientras tanto, la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha exigido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha avanzado que "insistirá" en el tema porque, a su juicio, la situación debe conllevar "una dimisión o un cese". Además, en una serie de mensajes publicados en su página en Facebook, ha dicho que su grupo solicitará la comparecencia tanto del ministro y como de la número dos del Ejecutivo. 

Podemos y Ciudadanos rechazan la reunión

Desde las filas de Podemos, la secretaria general del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que "la espina dorsal del PP está podrida" y que ve en la reunión entre el ministro y Rato un símbolo de esa situación. "El PP se empeñará en decir que Rodrigo Rato era también una manzana podrida", ha añadido Rodríguez, para quien la cita demuestra que "el alma mater de la política de la política económica del PP sigue siendo reconocida por su cúpula".

Por su parte, el subsecretario de organización de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha exigido explicaciones a Fernández Díaz pero también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por un encuentro que ha calificado de "inoportuno y falto de todo rigor institucional". Según el dirigente del partido de Albert Rivera, Rajoy es responsable de las acciones de su ministro con independencia de que conociera o no la celebración de la reunión.

Reacciones en el PP

Incluso dentro del PP, la cita en sede ministerial entre el titular de Interior y Rodrigo Rato ha levantado algunas ampollas. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha asegurado que el ministro tiene que dar "explicaciones del contenido de la reunión", aunque ha añadido a renglón seguido que Rodrigo Rato "ha sido y es un referente en el PP y también en España" en materia de buena gestión económica y ha pedido que se reconcozca su labor en los gobiernos de José María Aznar.

Por contra, el PP en Cataluña ha evitado valorar los hechos y, a través de la vicesecretaria de Organización del PP catalán, Dolors Montserrat, se ha remitido a la versión oficial del Ministerio del Interior. En un comunicado, el departamento de Fernández Díaz ha sostenido que el ministro no habló con Rato de su “situación procesal” y que "lo correcto" era recibirlo en la sede oficial porque "no había nada que ocultar".

Jueces, policías y guardias civiles se unen a la crítica

También los principales sindicatos de Policía han manifestado su malestar por el encuentro. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el ministro de Interior debe dimitir y asumir "responsabilidades públicas", mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) no ha pedido "expresamente" la renuncia del ministro, pero sí ha tachado de "falta de respeto" la cita, pues estima que "no procede" que "como jefe superior de las Fuerzas de Seguridad" se reúna con "una persona con cinco causas abiertas".

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) por medio de su presidente, Antonio Labrado, ha declarado que ve "llamativo" que Fernández Díaz haya mantenido una reunión con una "persona con cinco causas abiertas" y no con las asociaciones sindicales de la Policía, y la Unión Federal de Policía (UFP) ha manifestado que, si la reunión estaba vinculada a las investigaciones sobre Rato, "es evidente que el ministro debe dimitir".

Finalmente, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, se ha mostrado preocupado porque el encuentro pueda derivar en interferencias entre el poder político y el judicial o que como resultado del mismo puedan verse afectadas las investigaciones en curso contra Rato.

El PP registró este miércoles en el Congreso su propuesta para reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) en lo que se refiere a la elección de alcaldes y planteó, en concreto, un sistema que contempla la denominada prima de mayorías y también la convocatoria, en su caso, de una segunda vuelta. Su propuesta es que esa segunda vuelta se celebre si no hay ninguna formación que rebase el 30% de los votos.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que el PP quiere que esta propuesta se analice en el seno de una subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso, un órgano al que los conservadores acudirán ya con una iniciativa concreta.

"Se trata de un sistema a dos vueltas con una prima de mayoría en para que gobierne quien gana y no quien pierde", resumió Hernando, quien también explicó que con esta reforma buscan "reforzar el principio de la gobernabilidad, la estabilidad y la representación", informa Europa Press.

Modificar el artículo 180 de la Ley Electoral

En concreto, en su propuesta [aquí en PDF] el PP defiende una nueva redacción del artículo 180 de la LOREG. Quiere que los partidos que ganen las elecciones municipales puedan lograr una prima de mayoría (es decir, una representación extra en el consistorio) si logran más del 35% de los votos y una diferencia de cinco puntos sobre la lista que queda en segunda posición.

Con esos resultados, esa candidatura "obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puestos de concejal en el Ayuntamiento". Esa misma asignación de ediles, añade el PP, se producirá "cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos válidos emitidos en la circunscripción", y se distancie, al menos en diez puntos porcentuales de la siguiente candidatura.

Si no se diera ninguna de estas condiciones se haría una segunda vuelta en la que concurrirían todas las candidaturas que hayan superado el 15% de los votos, una presentación que el PP considera "razonable". Eso sí, en este nuevo proceso electoral quedan "expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas".

En esa segunda votación se daría una prima de mayoría a la lista que se haga con la victoria con más de un 40% o siete puntos de diferencia sobre la segunda. También en este caso, a la lista mayoritaria se le adjudicaría "la mitad más uno de los puestos de concejal del ayuntamiento y los escaños restantes se distribuirán entre las demás candidaturas, en función de los resultados obtenidos por cada una de ellas en la primera vuelta".

El PP añade que cuando ninguna candidatura alcance en la segunda vuelta el 40% de los votos válidos ni logre siete o más puntos de distancia respecto de la siguiente, la atribución de los puestos de concejales se realizará siguiendo el mismo procedimiento previsto en el artículo 163.1 vigente de la Ley Electoral, "según el resultado obtenido en la primera vuelta". Además, deja claro que en ningún aso se tendrán en cuenta las candidaturas que no logren por lo menos el 5% de los votos.

Evita coaliciones "a espaldas de los vecinos"

Este sistema que plantea el PP garantiza la mayoría absoluta a la lista más votada, dificultando así los pactos que precisamente en las pasadas municipales les han desalojado de muchos consistorios. Se trata, dice el PP en el texto registrado, de garantizar que "quien gane con claridad las elecciones gobierne, evitando las negociaciones opacas al margen de la voluntad electoral y asegurando que los gobiernos municipales se sustenten en el respaldo mayoritario de los ciudadanos".

El propio Hernando afirmó que quieren evitar los pactos "en los despachos, ajenos a la voluntad popular" después de que en las pasadas municipales se haya visto que en algunos municipios como Pamplona gobierna un alcalde que solo ha logrado el 16% de los apoyos. "Este sistema permitirá que no haya coaliciones a espaldas de los vecinos", exclamó.

El PSOE y los "pactos de perdedores"

Hernando recordó que el PSOE ya incluyó en su programa electoral la doble vuelta y subrayó que si ahora ha "cambiado de opinión" tendrá que explicar por qué. A su entender, los socialistas no quieren este debate porque han "favorecido los pactos de perdedores" tras las municipales de mayo, "cambiando las ciudades como si de cromos se tratara".

El dirigente del PP dijo que el Grupo Socialista no puede "negarse" a este debate sobre la reforma electoral porque "tendrá muy difícil explicar que se niega". "Y los ciudadanos tomarán buena nota de cómo algunos engañan", aseveró, tras señalar que la doble vuelta está en su programa y que en su día Pedro Sánchez dijo que no pactaría con "populistas" y luego llegó a acuerdos con Podemos. "Madurez y sensatez", demandó.

Al ser preguntado si el Grupo Popular está dispuesto a aprobar esta reforma con sus 185 diputados en solitario, Hernando dijo que quieren hacerlo por "consenso" como se ha hecho en las 18 veces anteriores. "Pero no vamos a renunciar a iniciar el debate y los trabajos. Y es muy oportuno que se abra en estos momentos", enfatizó.

Calendario y fórmula de trabajo

El PP quiere que la creación de esta subcomisión [aquí la petición en PDF] se debata en alguno de los dos plenos previstos para el mes de agosto (sobre el tercer rescate a Grecia o el que se producirá a finales de mes con motivo del debate de totalidad de los Presupuestos). El objetivo es que a comienzos del mes de septiembre, este órgano ya puesta estar trabajando, según Rafael Hernando.

La subcomisión estará compuesta por dos representantes de PP y otros dos del PSOE mientras que los demás grupos tendrán uno cada uno. Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado y para la realización del informe de la subcomisión podrán comparecer autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales y cuantas personas "resulten competentes en la materia".

El plazo para culminar sus trabajos que plantea el PP es de tres meses desde su constitución, pero todo estará al albur de cuándo se disuelvan las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales que se calculan para finales de noviembre o principios de diciembre.

El portavoz del Grupo Popular insistió en que se trata de una subcomisión "abierta", máxime cuando esta reforma para la elección de alcaldes puede conllevar la modificación de más de cuarenta artículos de la Ley Electoral. "Podemos hablar de todo", concluyó.

No es igual a gobernabilidad

El PSOE volvió a mostrar su rechazo a la iniciativa del PP, que vincula con "el miedo" que el partido del Gobierno tiene a perder las próximas elecciones generales. Su secretario de Política Federal, Antonio Pradas, recalcó en rueda de prensa en el Congreso que el PSOE no apoyará ninguna reforma de esa envergadura hasta que no pasen las legislativas y se constituya un nuevo Parlamento. 

Pradas juzgó que la presentación de esta reforma es algo propio de un Ejecutivo "atemorizado" y de un PP que ha visto que tras el 24-M "se le ha venido abajo todo el poder institucional". Tachó de "barbaridad" y de "poco talante democrático" plantear un cambio así ahora, porque la modificación de la LOREG debe ir acompañada de consenso, y ese nivel de acuerdo es muy difícil de lograr a pocos meses de unas elecciones. El dirigente dijo no entender la "prisa" de los conservadores, salvo que pretendan mantener vivo el debate de la reforma electoral y el gobierno de la lista más votada para las generales.

El secretario de Política Federal del PSOE reconoció que su partido sí incluyó en el pasado la segunda vuelta para garantizar la gobernabilidad, y en el próximo congreso ordinario, a principios de 2016, revisará su posición, pero remachó que una cosa es asegurar la estabilidad y otra el interés de un partido por intentar gobernar aunque no tenga mayoría suficiente para hacerlo. 

IU llama a la "rebelión" de los ayuntamientos

También rechazó la propuesta del PP el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso. José Luis Centella apeló a la "rebelión de los ayuntamientos" ante la "tropelía parlamentaria" y el "golpe institucional" del PP. Con esta iniciativa, denunció, "una persona no es igual a un voto" porque se prima al partido más votado, permitiendo que candidaturas con el 35% de los votos obtengan la mayoría absoluta en los ayuntamientos.

"El PP pretende conseguir con la ley lo que no consigue en las urnas, quiere dejar atado y bien atado algunas cosas antes de las elecciones generales que sabe que va a perder", denunció. Para Centella, el PP no ha sabido digerir la pérdida de feudos como los ayuntamientos de Madrid o Valencia, "cabeza visible" de la "unidad popular". 

Otro no llegó de Podemos: la iniciativa del partido de Rajoy "ataca la base de la democracia", el "pluralismo y la representación de todas las opciones políticas", dijo a través de su cuenta de Twitter:

El portavoz económico de la Izquierda Plural, Alberto Garzón, aseguró este miércoles que el acuerdo alcanzado este fin de semana sobre Grecia supone "el principio del fin" y no servirá de nada porque la situación de Grecia seguirá siendo un drama para sus ciudadanos, informó Europa Press.

Durante su comparecencia en el Pleno sobre el último Consejo Europeo, Garzón lamentó además la humillación a la que se ha sometido al pueblo griego al firmar un pacto peor que los anteriores y que va en contra de la voluntad de los ciudadanos.

"¿Qué necesidad había de humillar al pueblo griego?", se preguntó, tras asegurar que la UE debería haber apelado a la solidaridad y no a la humillación, que no debería ser una práctica cotidiana de la institución.

Según Garzón, había alternativas posibles y necesarias, pero habrían cerrado las puertas a los beneficios de unas minorías, por lo que se optó por el "principio del fin", porque no hay comunidad que se pueda construir en contra de su población.

A su parecer, finalmente "el gigante ha aplastado" a un pueblo luchador que defendía "con valentía" a su pueblo y han ganado los que no buscan el bienestar griego, sino "la humillación y el castigo" a un Gobierno rebelde.

En este sentido, Garzón lamentó que Europa hable de cierto déficit democrático cuando en realidad no hay democracia en Europa, puesto que quien manda realmente es el poder financiero, que utiliza "marionetas burócratas" para decidir políticas concretas.

Así, cuando un pueblo vota en contra de las ideas de la UE, esta élite financiera decide que los votantes se han equivocado, como ha ocurrido en otras ocasiones y ha como sucedido con el referéndum heleno, que no dijo que no al euro o la UE, sino a la austeridad.

"¿Cuándo ha estado usted en Grecia?", preguntó al presidente, tras explicarle que las calles están llenas de pobreza, miseria y desigualdad gracias a las políticas de la troika y a las prácticas de anteriores Gobiernos que hicieron trampas contables respaldadas por Goldman Sachs, presidida en ese momento por Mario Draghi. "No sólo no buscan a los responsables, sino que les dan las gracias", criticó, tras asegurar la Izquierda Plural es partidaria de una Europa diferente que se base en solidaridad.

Recuperar el rescate financiero

Sobre el dinero que ha puesto España para ayudar a Grecia estos años y la necesidad de recuperarlo que defiende el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Garzón le pidió al jefe del Ejecutivo que se preocupe también de recuperar el dinero invertido para rescatar a la banca.

En este sentido, lamentó que se hayan empleado más de 43.000 millones, casi la mitad del PIB de Grecia, para rescatar a una minoría social. "¿Se cree que somos tontos?", cuestionó, tras recordar que Grecia ha hecho prácticamente lo mismo y asegurar que la única conclusión que se puede sacar es que "son unos auténticos ladrones, de guante blanco y con elegancia, pero ladrones" que roban a los pobres para dárselo a los ricos.

"Para Mariano Rajoy"

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, tras finalizar su alocución, se acercó al escaño que ocupa Mariano Rajoy y le regaló un ejemplar de Las consecuencias económicas de la paz Las consecuencias económicas de la pazdel economista John Maynard Keynes, en el que se analizan los efectos del Tratado de Versalles con el que se selló la paz en 1919, y del que según Garzón hay que sacar lecciones porque "humillar a los pueblos", como se hizo entonces con Alemania y se ha hecho ahora, desde su punto de vista, con Grecia, contribuye al auge del fascismo.

El presidente del Ejecutivo se levantó para recogerlo y le estrechó la mano a modo de agradecimiento. "Para Mariano Rajoy, con la esperanza de que la razón se haga valer frente al fundamentalismo de mercado y que un mundo de justicia social se abra paso lo antes posible", reza la dedicatoria del joven diputado, quien se despide del presidente con un "Salud y República".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles su intención de someter a debate y votación en el Pleno del Congreso el nuevo programa de rescate de Grecia al que lleguen las instituciones comunitarias, según informó Europa Press.

Así lo avanzó durante su intervención en la Cámara baja para dar cuenta del Consejo Europeo de finales de junio. Rajoy también aprovechó para informar sobre la situación del país heleno tras las últimas semanas.

En este sentido, el presidente explicó que aunque en España "no es obligatorio" que las Cortes aprueben este tipo de acuerdos europeos, como sí pasa en otros Estados miembros, la intención de Rajoy es presentar a debate y aprobación la posición española sobre el programa dado que "son muchos los recursos que se reclama que garanticen los contribuyentes".

Y es que según los últimos cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades de financiación de Grecia han "aumentado notablemente" desde que se convocó el referéndum y se decretó el corralito hace dos semanas, por lo que ya se elevan a entre 82.000 y 86.000 millones de euros.

Se da la circunstancia de que tanto el PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) habían solicitado ya en la Cámara baja una comparecencia del presidente del Gobierno en relación con la situación de Grecia.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este martes, con los votos del PP y UPyD, el proyecto de ley de Segunda Oportunidad, que la oposición critica por considerar que establece un procedimiento poco ambicioso para rescatar a los deudores de buena fe y por la miscelánea de enmiendas que los 'populares' han presentado para modificar normativas sin ninguna relación.

La portavoz adjunta del PP Matilde Asián defendió que esta norma "profundamente social" persigue un "futuro con nuevas oportunidades" al "cerrar el círculo normativo del desendeudamiento de la economía española", tras abordar este problema en el ámbito empresarial. Pero siempre respetando la ley y "con garantías" porque "también hay acreedores de buena fe" y "hay que encontrar el equilibrio".

Además, aseguró que "se vuelve a incrementar la protección a los deudores hipotecarios", aumentando los umbrales del Código de Buenas Prácticas, incorporando nuevos colectivos y prorrogando la moratoria de los desahucios. Por eso, ante las críticas de que "no es suficiente", la dirigente conservadora replicó que el anterior Ejecutivo socialista no hizo nada para atajar la destrucción de pequeños negocios y los desahucios en la pasada legislatura.

Con respecto a las críticas por la presentación de enmiendas sin relación con el proyecto de ley, Asián recordó que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre leyes con contenido "heterogéneo" donde se establecen los parámetros admisibles que, a su juicio, se respetan en este caso, y además justificó las enmiendas en que incorporan normativa comunitaria o sentencias, entre otras cosas.

No es suficiente

El diputado socialista Jesús Caldera subrayó la importancia de una verdadera segunda oportunidad, lamentando que ni el texto original ni las enmiendas presentadas son suficientes, tal y como demuestra que desde que está en vigor el decreto ley "no ha habido un incremento sustancial de solicitudes de exoneración de deuda". "No es suficiente, no servirá para ayudar a quienes lo han perdido todo", considera el exministro, que cree que los requisitos son demasiado exigentes.

Por otra parte, cree que podría "arbitrarse un mecanismo suficientemente flexible" de exoneración sobre el 50% de los créditos públicos que no son privilegiados para "permitir mantener más actividades económicas y recuperar, en última instancia, un mayor volumen de deuda". Asimismo, Caldera mencionó sus enmiendas para dar una protección especial a familias vulnerables o fiadores y avalistas con vínculo familiar con el deudor.

El también socialista Manuel de la Rocha cree "insuficiente" que la norma no "salvaguarde en ningún caso la vivienda habitual", ni siquiera cuando "ha habido un comportamiento irresponsable del acreedor" o existen cláusulas abusivas o "escarnios" con los precios de tasación. Por eso, reclama al Parlamento que se "haga eco de las reivindicaciones ciudadanas", plasmada en el resultado de las elecciones municipales, y muestre una "firme determinación para hacer frente a los desahucios" mediante esta ley.

Además, aprovechó la ocasión para criticar el "abuso" que hacen los conservadores al aprovechar esta tramitación para "modificar un conjunto amplísimo" de normativas que "nada tienen que ver" con el objetivo del texto en debate. De hecho, el PSOE reclamó un informe de los servicios jurídicos sobre la adecuación de este proceso, que el PP rechazó con su mayoría absoluta por "no considerarlo necesario".

Rafael Calduch, portavoz económico de UPyD, coincide en que "hay que buscar el equilibrio entre derechos y obligaciones", de modo que "no se expulse de la actividad económica" a nadie pero tampoco se "sacrifique el sistema de préstamos". También cree que "no se puede tratar del mismo modo" un crédito privado que uno público, por lo que considera que una solución "práctica y razonable" sería que tras abonarse el 50% de las deudas con el Estado se pueda hacer una quita del resto.

Además, se sumó a las críticas al PP por introducir enmiendas que no tienen relación con el proyecto de ley, a pesar de lo cual apoyará el texto porque, aunque "mejorable", es necesario para resolver la situación de muchos ciudadanos.

"Es un tótum revolútum"

Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó que este proyecto no da una "verdadera" segunda oportunidad a los deudores de buena fe, y ha reclamado unos "ingresos mínimos" para los ciudadanos, la "paralización de los lanzamientos sin plazo", más oportunidades para reestructurar la deuda y requisitos menos estrictos para acceder a estos procedimientos, de modo que puedan beneficiar a quien lo necesita.

Además, recriminó a los conservadores que "degraden" el Congreso al presentar la "octava reforma de la Ley Concursal en la legislatura", obligar a hacer un debate sobre un "tótum revolútum" que además ya está en vigor, y, además, plantear enmiendas que nada tienen que ver con el tema del proyecto de ley y cuyo objetivo es dar "más oportunidades a los poderosos y ninguna a los pobres" en materia como la concesión de visados.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, valoró la "profunda intención negociadora" del PP que, sin embargo, no ha desembocado en un acuerdo, fundamentalmente al no haberse incluido finalmente a los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) en los acuerdos de exoneración de deuda. "Si hablamos de segunda oportunidad debe ser global, realista y objetiva", dijo, explicando así su voto en contra.

Por eso, y por la posibilidad de que se pueda revocar el concurso de acreedores durante los primeros cinco años si cambia la situación económica del deudor, los nacionalistas catalanes temen que muchos procesos de segunda oportunidad resultarán "inviables" y, por ello, la ley será poco útil para los ciudadanos.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también reprochó el "desaguisado" de las enmiendas misceláneas del PP a un proyecto de ley que ya incluía multitud de asuntos, aunque valora que "por fin se vaya avanzando" en el tema de la segunda oportunidad. Como otros portavoces, ha lamentado que el tratamiento de los créditos de derecho público "se separa de las recomendaciones internacionales" y que no se haya protegido también a avales y fiadores de familiares.

Además, el nacionalista vasco reclamó que se clarifique el respeto a las competencias autonómicas en materia de control y gestión de las bonificaciones a la contratación que también están reconocidas en este proyecto de ley. Sobre este asunto, otras formaciones como el PSOE o IU-ICV han pedido que no se financien con cargo a la Seguridad Social para no mermar aún más su caja.

Olaia Fernández Davila (BNG) rechaza la posibilidad de revocar la segunda oportunidad si la situación del deudor mejora y critica la falta de medidas retroactivas contra los desahucios, mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha coincidido en que se está "degradando" la acción legislativa y el proceso democrático por la falta de "una posibilidad real de diálogo" y por la introducción de enmiendas sin relación con el texto, y considera que esta norma es sólo un "bonito cartel" pero "no da una solución real" a los ciudadanos.

Dado que la Comisión de Economía cuenta con competencia legislativa plena, el texto será ahora remitido al Senado para continuar con su tramitación. No obstante, dado que el texto procede de un decreto ley, su contenido ya está en vigor.