Las grandes energéticas españolas se unirán en los próximos días a sus competidoras internacionales en la publicación de los beneficios históricos que les reportó en 2022 la guerra en Ucrania. Si los más de 210.000 millones de euros que han conseguido las siete grandes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han superado todas las expectativas, las ganancias de los tres gigantes del petróleo y el gas en España, Repsol, Cepsa y Naturgy, prometen consolidar las cifras récord cosechadas hasta septiembre. En los nueve primeros meses de 2022, el trío sumó 5.265 millones de euros, un 64% más de lo que ganó en el mismo periodo del año anterior. Pero sus volúmenes de negocio han crecido aún más, rozando un alza del 78%. Los elevados precios del crudo y del gas, junto con unos márgenes de refino disparados, han obrado maravillas en sus cuentas de resultados.

De forma que, mientras estudian si recurren el impuesto del 1,2% que el Gobierno va a aplicar a sus ingresos, las petroleras también van a repartir generosos dividendos a sus accionistas. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar del extraordinario desempeño de estas compañías?

Fondos de inversión, bancos y fondos soberanos extranjeros copan la propiedad de Repsol, Naturgy y Cepsa. Lejos quedan los tiempos en que La Caixa (tanto en Repsol como en Naturgy), Sacyr (Repsol), ACS (Unión Fenosa) o el Banco Central (Cepsa) eran los dueños de los grandes del petróleo español. O los días en que el Estado controlaba Repsol, privatizada de forma progresiva entre 1989 y 1997. Las mayores compañías de un sector clave se encuentran en manos de inversores financieros foráneos.

En Repsol no hay ningún accionista de control. El principal es el fondo de inversión Blackrock, el mayor del mundo, propietario además de buena parte del Íbex 35, incluidas participaciones en el Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, ACS… En la petrolera presidida por Antonio Brufau el fondo estadounidense entró en 2009 y en estos momentos posee un 5,47% del capital. El segundo accionista es Norges Bank, que administra el fondo soberano de Noruega, uno de los más grandes del planeta, con un 3,25%. El fondo de inversión francés Amundi –cuya matriz es el banco Credit Agricole—tiene el 1,85%. Este mismo enero el banco estadounidense JP Morgan vendió el 1,59% que le quedaba en la petrolera, donde entró en junio de 2014 y en la que llegó a tener un 6,85% en marzo de 2020. En 2011 Caixabank era aún el dueño del 12,97% de la petrolera, que abandonó en 2019. También se fue Sacyr, el pasado mes de junio, tras vender el 2,9% que poseía en la compañía. Había llegado a tener el 20% en 2006. En 2021 el Santander contaba con un 3,8% de Repsol. Otro banco, Goldman Sachs, se hizo con hasta un 5,6% el año pasado a través de derivados financieros. Y Temasek, propiedad del Gobierno de Singapur, se hizo con un 2,43% en 2018.

Las acciones de Cepsa, por el contrario, se las reparten dos únicos actores: el fondo soberano de Abu Dabi, Mubadala, con un 61,36%, y el fondo de inversiones estadounidense Carlyle, con el 38,4% restante. Los emiratíes llegaron a Cepsa en 1988, a través de International Petroleum Investment Company (IPIC), también propiedad de la familia real, y fueron aumentando su presencia en la española comprando sus participaciones a Santander, Unión Fenosa y la petrolera francesa Total, que en 2011 dejó de ser el principal accionista. Ese año IPIC se hizo con el 100% de Cepsa. Desde 2017, y tras su fusión con Mubadala Development Company, el vehículo de inversión de Abu Dabi pasó a llamarse Mubadala Investment Company. Y, tras fracasar su intento para salir a Bolsa en 2018, los emiratíes le vendieron a Carlyle un 37% de la petrolera.

En Naturgy, Criteria Caixa, el hólding de inversiones industriales de Caixabank, aún mantiene una participación mayoritaria, del 26,7%. Le acompaña, con un 20,7% Rioja Acquisition Sàrl, una firma de inversión de Luxemburgo tras la que se encuentra el fondo británico CVC Partners y la familia March. CVC ha firmado un polémico acuerdo de financiación con LaLiga, al tiempo que cuenta con participaciones en otras empresas punteras españolas como Cortefiel y Deoleo o los geriátricos Vitalia. Un 20,6% de Naturgy tiene también Global Infrastructures Partners (GIP), un fondo estadounidense especializado en invertir en infraestructuras. Aunque tiene su sede en Nueva York, la inversión en Naturgy la gestiona a través de una sociedad registrada en Luxemburgo, GIP III Canary 1, Sàrl.

Además, un 14% es propiedad de Global InfraCo O (2) Sàrl, otra sociedad luxemburguesa tras la que figura el fondo australiano IFM, gestor de los ahorros de 120 millones de pensionistas en todo el mundo. En octubre de 2021 IFM fue el protagonista de una OPA fallida, con la que pretendía adquirir el 22,69% de las acciones de Naturgy, pero no pudo conseguir más que el 10,83%. A día de hoy ha ampliado su participación hasta el 13,9%.

Completa el accionariado de la compañía de Francisco Reynés Sonatrach, la empresa estatal de petróleo de Argelia, con un 4,1%.

La OPA de IFM vino precedida de seis meses de enfrentamiento con la dirección de Naturgy y con su principal accionista, Criteria. El nuevo socio había anunciado su intención de proponer la supresión del dividendo con el fin de impulsar las inversiones. Tanto los responsables de la empresa como el brazo inversor de Caixabank se opusieron. Adujeron que de ellos depende la financiación de los numerosos proyectos desarrolllados por la obra social de la Fundación La Caixa. En 2021, Naturgy repartió 1.707 millones de euros entre sus accionistas, y fueron más, 1.802 millones, los que distribuyó en 2020, el año de la pandemia. Hasta septiembre de 2022, el dividendo pagado alcanza los 769 millones de euros. Es decir, más de la mitad de esas cantidades, el 55,2% para ser precisos, se los han embolsado tres fondos extranjeros a través de firmas luxemburguesas: 942,26 millones en 2021 y 424,48 millones sólo hasta septiembre de 2022.

Los dividendos repartidos por Repsol en 2021 ascendieron a 1.326 millones de euros. En 2022, hasta septiembre, los accionistas recibieron 986 millones, un 66,2% más que en los mismos nueve meses de 2021. Este año, además, se les remunerará con 0,70 euros la acción, un aumento del 11%, y se ejecutará un plan de recompra de acciones de 36 millones de euros tras llevar a cabo una reducción de capital de 50 millones de acciones, lo que aumenta aún más la retribución a los accionistas.

Cepsa también fue generosa con sus dividendos. En 2021 repartió 523 millones entre Mubadala y Carlyle, un 166,8% más que en 2020, y hasta septiembre de 2022 pagó 250 millones más que en el mismo periodo del año anterior.

La pieza 7, la pieza 21, la pieza 10... El caso Villarejo se está empezando a llenar de líneas de investigación a las que el juez va poniendo fin y propone mandar a juicio sin la opinión favorable de la Fiscalía Anticorrupción, que no sólo recurre al considerar que ha habido un "cierre en falso", sino que va elevando el tono en sus escritos ante la que es, en su opinión, una incomprensible actuación del instructor. No ocurre en todas las piezas –una treintena desde que se abrió esta macrocausa en noviembre de 2017–, pero en los últimos meses se ha repetido el esquema: el magistrado considera que se ha agotado la investigación sin consultar a los fiscales, que rápidamente recurren directamente a la Sala de lo Penal, el tribunal que revisa la actuación instructora, pidiendo una corrección.

Esta situación ha ocurrido en algunas de las piezas más mediáticas y con intereses políticos y económicos en juego como la número 10, la del robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos, y la publicación de parte de su contenido en medios de comunicación, que fue cerrada hace un año; y más recientemente la 7, la que investiga la conocida como operación Kitchen de espionaje a Luis Bárcenas; y la número 21, el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo realizado desde Repsol y Caixabank. En los tres casos, Anticorrupción habla de cierres en falso y explica en sus extensos recursos todas las diligencias que, a su modo de ver, han faltado por practicar para agotar todas las vías de investigación antes de enviar las causas a juicio.

El último movimiento del juez Manuel García Castellón ha sido dictar el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– en la pieza 21 sin esperar a que la Sala de lo Penal resuelva los recursos tanto de la Fiscalía como de la acusación particular que ejerce el expresidente de Sacyr Luis del Rivero contra el sobreseimiento ordenado hace menos de dos meses para Caixabank y Repsol y sus respectivos presidentes, Isidro Fainé y Antonio Brufau. 

"No resulta procedente dictar un pronunciamiento de clausura de la instrucción, ni siquiera de carácter provisional, como de modo totalmente extemporáneo se ha decidido por el magistrado, de oficio y sin dar previo traslado al Ministerio Fiscal, lo que viene a suponer el cierre en falso de una compleja instrucción que tiene por objeto delitos desarrollados en el marco de la corrupción económica", reprocharon los fiscales del caso Villarejo el pasado mes de julio.

Apenas unas semanas imputadas

Sólo hacía unas semanas que García Castellón había imputado a las empresas como personas jurídicas por los trabajos de espionaje encargados al comisario jubilado y tomó la decisión de exonerarlas apenas transcurridos sólo unos días de tomar declaración a sus representantes. El auto de sobreseimiento para Caixabank y Repsol, dictado a finales del pasado julio, también incluyó a Fainé y Brufau, que estuvieron investigados tres meses. Una decisión que choca frontalmente con los autos en los que fueron citados a declarar como investigados, firmados por el propio juez y muy duros con la supuesta actuación que les atribuía en la contratación de Villarejo.

El objeto de investigación de la pieza 21 es elproyecto Wine, el encargo que Repsol y CaixaBank hicieron hecho al comisario para frustrar el asalto de Sacyr a la petroleraproyecto Wine a través de la empresa mexicana Pemex, un encargo por el que se desembolsaron más de 413.000 euros. Para el magistrado, de lo que se ha instruido sólo ve indicios para enviar a juicio a los jefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño, al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona, así como a Villarejo, el socio de éste Rafael Redondo y al también comisario jubilado Enrique García Castaño. Para los fiscales, sin embargo, era necesario realizar más diligencias para aclarar la posible implicación de las empresas y de sus presidentes en la contratación, sobre todo en lo que respecta a la eficacia de los sistemas de control de las compañías para evitar actividades corruptas.

Permitir el éxito de la trama corrupta

Algo similar ha ocurrido con la pieza 7, la que indaga en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para robar información sensible que pudiera afectar al partido en los tribunales. La secuencia fue la siguiente: el 2 de junio pasado, el juez imputó a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, en un auto en el que apuntaba a que el cerebro de la operación Kitchen estuvo en la séptima planta de la sede central de la calle Génovacerebrooperación Kitchen; ambos fueron a declarar a finales de ese mes; ni treinta días más tarde, y a la vez que Fainé y Brufau, García Castellón les exoneró en el auto en el que dio por concluida la instrucción.

Era más que previsible el recurso que acabó presentando la Fiscalía Anticorrupción, que no se ahorró en palabras gruesas hacia la instrucción del magistrado. "Incomprensible", "caótica", "precipitada", "inconcebible" son algunos de los adjetivos que utilizaron y expusieron ampliamente los flecos que, a su parecer, habían quedado sin investigar, que no son pocos y que convergen en la presunta implicación del PP en la trama. En este recurso elevaron el tono, llegando a advertir de que cerrar la pieza sin agotar todas las vías para encontrar el material robado a Bárcenas sería como asegurar el éxito del operativo ilegal.

El empeño con Pablo Iglesias

Como en el caso de Repsol y Caixabank, los fiscales han acudido directamente a los magistrados de la Sala de lo Penal, saltándose el trámite del recurso de reforma ante el propio instructor, lo que indica que lo consideran inútil dados los argumentos esgrimidos por García Castellón en sus autos. También lo hicieron hace un año, tras el cierre de la pieza 10, la conocida como caso Dina. En aquella ocasión, Anticorrupción también habló de cierre en falso y de "cercenar los derechos" de acusaciones e investigados.

Por un lado, el magistrado de la Audiencia Nacional había propuesto mandar a juicio esta pieza separada "sin practicar una sola diligencia en la dirección" que le marcó la Sala de lo Penal cuando le obligó a devolver al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de perjudicado. En concreto, seguir indagando en cómo acabó la tarjeta del móvil de Bousselham en medios de comunicación como Okdiario meses después de que la revista Interviú se la facilitara a Villarejo. Para los fiscales, el juez descarta los indicios de que fue el comisario o algún miembro de su "organización criminal" quien entregó al medio que dirige Eduardo Inda, así como a El Confidencialy a El Mundo, información contenida en la tarjeta "presuntamente robada" a la exasesora de Podemos.

Mientras cerraba esta pieza sin agotar la investigación, al mismo tiempo García Castellón pedía al Tribunal Supremo investigar a Pablo Iglesias, cosa que el alto tribunal rechazó aduciendo que, efectivamente, quedaban flecos sin esclarecer. Un año después, el instructor sigue esperando informes que encargó a la policía judicial para determinar una posible responsabilidad del exlíder de Podemos en los daños que presentaba la tarjeta de móvil de su excolaboradora. Y aún está pendiente que la Sala de lo Penal resuelva todos los recursos que se presentaron tras el cierre de la instrucción y que incluyen, además del citado de la Fiscalía, los de Bousselham e Iglesias como perjudicados y los de los periodistas de Interviú procesados. El retraso ya ha cumplido los doce meses sin que se sepa muy bien el motivo de esta dilación.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido archivar para Repsol y CaixaBank, así como para el presidente de la primera, Antonio Brufau, y al ex presidente de la segunda, Isidro Fainé, la investigación sobre la contratación por parte de ambas empresas del comisario José Manuel Villarejo para, presuntamente, espiar al entonces jefe de Sacyr, Luis del Rivero. Informa Europa Press.

En relación a Fainé y Brufau, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional al no constar su participación en la contratación de Cenyt, el buque insignia del grupo empresarial de Villarejo.

En este sentido, ha indicado que, de la documental aportada por ambas compañías se desprende que dicha contratación no recaía en el ámbito de control del presidente, sino en el de sus directores de seguridad.

"Sin indicios que apunten a que los presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferir a dichos presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello", ha dicho.

En cuanto a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, el magistrado ha considerado que las dos tenían mecanismos de prevención implantados que "eran adecuados, con independencia de la final ocurrencia de los hechos objeto de investigación".

En esta pieza separada de Tándem se investiga el Proyecto Wine, por el cual habrían encargado a Villarejo que espiara a Del Rivero para evitar que este último se hiciera con el control de Repsol –de la que CaixaBank era uno de los mayores accionistas– a través de una alianza con la petrolera mexicana Pemex.

CaixaBank y Repsol se defienden en la Audiencia Nacional, pero lo hacen con estrategias enfrentadas. Sus encargos al comisario José Manuel Villarejo para tareas de espionaje contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ha llevado a las empresas a estar imputadas como personas jurídicas por delitos de cohecho y revelación de secretos en la macrocausa de corrupción Tándem, la que indaga en las supuestas actividades ilícitas del expolicía. Ambas empresas se unieron para hacerse con los servicios del comisario, pero como ya hicieran sus presidentes en su día, las estrategias de defensa están lejos de la colaboración: mientras el banco descarga toda la responsabilidad de la contratación en la petrolera, ésta se escuda en dos resquicios legales para tratar de eludir culpas.

Este lunes han comparecido ante el juez Manuel García Castellón los representantes legales de las dos compañías después del duro auto de imputación, en el que les recriminaba que no comprobaran que las empresas de Villarejo nunca tuvieron autorización para prestar servicios de detectives privados ni que el expolicía seguía en servicio activo cuando se le hicieron los encargos. Habrían sido los ex responsables de seguridad del banco y la petrolera los que allanaron el camino al comisario para acceder a contratos, cumpliéndose así uno de los patrones que rigen las piezas de la macrocausa en las que están implicadas grandes empresas del Ibex 35: esos directivos habían sido anteriormente policías nacionales.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 basaba la imputación de Repsol y CaixaBank en que "la falta de diligencia debida en la verificación de la empresa que se pretendía contratar y el carácter de funcionario en activo de Villarejo supone una omisión relevante con incidencia en la naturaleza de la actividad pretendida". Esto es lo que han tratado de explicar los dos representantes legales de las empresas acerca de la estrategia desarrollada en 2011 para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol.

Por un lado, por parte del banco, Ignacio Redondo Andreu ha repetido la estrategia ya apuntada por el expresidente Isidro Fainé: que la iniciativa de contratar al Grupo Cenyt, la empresa de Villarejo, partió de Repsol, y que CaixaBank se sumó a ella cuando los trabajos ya estaban en marcha porque tenía una importante participación en la compañía energética y, por tanto, un gran interés en cómo se desarrollara y resolviera la lucha por su control, según han informado fuentes jurídicas. Es lo poco que ha podido declarar, porque el magistrado ha interrumpido la comparecencia por falta de tiempo, así que seguirá este martes.

Unas horas antes, la representante legal de Repsol, María Díaz Aldao, había defendido durante dos horas esa "iniciativa" a la que apunta CaixaBank. Y para hacerlo, ha tratado de desbaratar la acusación de la "falta de diligencia debida" acudiendo a dos resquicios legales. Por un lado, el juez García Castellón afirma en su auto que "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como ha concluido un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado recientemente a la macrocausa. En su opinión, la falta de comprobación de este extremo por parte de Repsol y Caixabank supone un "grave fallo en la diligencia exigible en la contratación de un servicio que ambas justifican", una comprobación que se podría haber realizado "fácilmente", a través incluso de "fuentes abiertas" como el Boletín Oficial del Estado (BOE), y más aún cuando los responsables de seguridad de las compañías habían pertenecido a la Policía y sabían exactamente cómo hacer esa verificación acudiendo a la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo.

Según las fuentes consultadas, Díaz Aldao ha alegado que lo que se contrataron fueron servicios de inteligencia corporativa y no de seguridad privada, de modo que, conforme a la ley que regía entonces y a la actual, que data de 2014, no era necesario que Cenyt constara en ningún registro y, por tanto, no era necesario comprobar nada. Aparte, ha subrayado que el grupo empresarial de Villarejo tenía una reputación impecable en el mundillo de los trabajos de inteligencia, ya que ya había trabajado para otras grandes empresas del Ibex 35 y con administraciones públicas.

La clave para el cohecho

Por otra parte, el magistrado instructor recrimina igualmente a Repsol y CaixaBank que no verificaran que Villarejo era comisario en activo cuando le contrataron. Un hecho clave para confirmar la imputación por cohecho. Sobre esta apreciación, la representante de la petrolera ha enfatizado que se contrató a la empresa, no al comisario en concreto, y que la única forma de saber que era funcionario era acudiendo a un listado accesible sólo a policías en ejercicio, una condición que su entonces jefe de seguridad, Rafael Araujo, ya no ostentaba. Y además, ha apuntado que Araujo les transmitió que estaba convencido de que el comisario se encontraba en situación de excedencia.

Nunca hubo intención de ocultar que se había contratado al Grupo Cenyt, ha añadido Dïaz Aldao, según las fuentes jurídicas consultadas, tal y como demostraría el hecho de que las facturas pagadas a la empresa de Villarejo se reflejaron en el sistema interno. En su declaración, ha insistido en que los encargos se ajustaron a los parámetros legales y que éstos no incluían ni seguimientos ni escuchas, es decir, ninguna "acción intrusiva".

Y es que la investigación ha revelado que el proyecto Wine, el nombre con el que bautizó Villarejo este servicio a Repsol y CaixaBank por el cual habría recibido 413.600 euros, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y otras personas de su entorno". Por eso, la representante de la petrolera ha pretendido convencer al juez de que si hubo algún tipo de "acción intrusiva", debió ser a iniciativa del comisario y sin autorización de las empresas contratantes porque, además, de los informes que Cenyt fue entregando, ha dicho que no se podía deducir que se hubiera recurrido a una estrategia así.

El comisario José Manuel Villarejo le ponía nombre a los proyectos de espionaje que tenía entre manos y que realizaba a través de sus empresas. Eran otros los que le contrataban para que los llevara a cabo, a cambio de grandes sumas de dinero, para lo cual el investigado se valía de su buena posición en la Policía Nacional, donde permaneció en servicio activo hasta hace pocos años, para acceder a bases de datos oficiales e información privilegiada que otros detectives no tenían a su alcance. Su condición de policía en activo es lo que persigue a muchos de los particulares y empresas que recurrieron a sus servicios, pues implicaría un delito de cohecho, por lo que la mayoría alegan para defenderse que no conocían este hecho. Pero no saberlo no significa que no se pudiese comprobar. En el caso de Repsol y Caixabank, las últimas compañías imputadas como personas jurídicas en la macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional, el juez lo tiene claro: los indicios apuntan a que no hicieron los mínimos controles exigibles para hacer las verificaciones necesarias. Y en el caso de la petrolera y el banco, considera que lo tenían más bien fácil. Aparte, no confirmaron si la empresa del comisario podía realizar tales servicios, lo que supondría un delito de revelación de secretos.

"La falta de diligencia debida en la verificación de la empresa que se pretendía contratar y el carácter de funcionario en activo de Villarejo supone una omisión relevante con incidencia en la naturaleza de la actividad pretendida. Se trata de una negligencia estrechamente vinculada con el resultado delictivo investigado y exige, cuanto menos, que las entidades responsables expliquen en sede judicial por qué pudo producirse esta situación", explica el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en el auto en el que declara como investigadas a Repsol y Caixabank por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos y cita a sus respectivos representantes el próximo 26 de julio.

Villarejo llamó al espionaje para el que le contrataron, en 2011, Repsol y Caixabank proyecto Wine, por el cual habría recibido, según la instrucción, 413.600 euros, de los cuáles 218.900 euros se hizo cargo la petrolera y los 194.700 euros restantes los abonó el banco. Se trataba de obtener información para frustrar el pacto que Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, había alcanzado con la mexicana Pemex para tomar el control de Repsol. Para ello, dice el magistrado, "se accedió a tráficos de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y otras personas de su entorno". La investigación, que partió de los archivos hallados en el domicilio del comisario jubilado tras ser detenido en noviembre de 2017 y dio lugar a la apertura de la pieza 21 de la macrocausa Tándem, ha ido escalando en los puestos de responsabilidad de ambas empresas hasta llegar a sus presidentes, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y ahora una imputación de las propias compañías. Sobre Repsol, además, consta un segundo encargo a Villarejo que data de 2014.

Beneficio para las compañías

Recuerda García Castellón en su auto que los hechos imputables a empleados y directivos de la entidad "constituirían el presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica (...) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis.1 del Código Penal". Ese artículo concreto pone el foco en que el delito debe ser cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad y "en el presente caso se infiere indiciariamente que el encargo realizado por los directivos al investigado José Manuel Villarejo cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para que procediera a investigar a Luis del Rivero y su entorno se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil y en beneficio de la propia compañía". Las facturas fueron abonadas por Repsol y Caixabank.

Hay un punto en común que une a varias de las piezas separadas de la macrocausa y que tiene que ver con cómo llegó Villarejo a ser contratado por estas grandes empresas. Como en el caso de las investigaciones sobre BBVA e Iberdrola, fueron los exjefes de seguridad de las compañías, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (Caixabank) los que supuestamente le abrieron las puertas para sus negocios privados. Todos se conocían de sus respectivas etapas en la Policía Nacional. Y de este hilo tira el juez para recriminar a Repsol y Caixabank que no hiciera los mínimos controles pertinentes para ahora poder defender que los contratos con la empresa del comisario, Cenyt, son legales y que no sabían de la condición de Villarejo como agente en activo. 

"En el presente caso, las investigaciones practicadas, desde la provisionalidad de este momento procesal, permiten inferir de modo indiciario dudas sobre la diligencia empleada por las entidades en la contratación de los servicios de Villarejo al menos en dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público", dice el magistrado. 

Repsol, por ejemplo, envió al juzgado documentación sobre la legislación en materia de Seguridad Privada, los servicios contratados con la sociedad Cenyt, señalando que se trataba de actuaciones encaminadas a desarrollar ciertas tareas limitadas de inteligencia corporativa propias del ámbito de las investigaciones privadas reguladas por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. Y un informe interno concluye que “no hay indicios de que los directivos o empleados de Repsol hayan incurrido en ninguna conducta delictiva porque dada la naturaleza de los servicios solicitados al Grupo Cenyt, su contratación fue ajustada a derecho, como lo fue el objeto de dichos servicios…".

Ni qué era Cenyt ni si Villarejo seguía siendo funcionario

Pero el juez desecha estos argumentos. Por un lado, porque "ninguna de las mercantiles del Grupo Cenyt estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer actividades de seguridad privada", tal y como ha concluido un informe de la Unidad de Asuntos Internos incorporado recientemente a la macrocausa. La falta de comprobación de este extremo por parte de Repsol y Caixabank supone un "grave fallo en la diligencia exigible en la contratación de un servicio que ambas justifican". Es una comprobación que se podría haber realizado "fácilmente", a través incluso de "fuentes abiertas" como el Boletín Oficial del Estado (BOE), y más aún cuando los responsables de seguridad de las compañías habían pertenecido a la Policía y sabían exactamente cómo hacer esa verificación.

"Llamativo" es la palabra que utiliza el juez cuando explica la ausencia de comprobación efectuada por Araujo y Fernández Rancaño. Y nadie más en Repsol y Caixabank se preocupó, al menos supuestamente, de controlar la contratación de Cenyt. "Toda empresa de seguridad privada y despacho de detectives tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Seguridad Privada, que es además un registro público que se lleva en la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional. Resulta evidente que en el presente caso no se hizo comprobación alguna por parte de ninguna de las dos entidades para averiguar si Cenyt podía prestar servicios de seguridad privada", explica el magistrado.

Esto en lo que respecta a las empresas de Villarejo. Pero tampoco se comprobó si el comisario estaba en el servicio activo policial cuando se contrataron sus servicios. "Tenía la convicción plena de que continuaba en situación de excedencia" o "dio por hecho" son las alegaciones que da Repsol para justificar que Araujo diera el visto bueno a contratar a Villarejo. Caixabank, lo mismo sobre Fernández Rancaño: "en ningún caso era conocedor". Pero el juez entiende que "la falta de comprobación alguna sobre el servicio activo como funcionario público de Villarejo constituye otra omisión que requiere una explicación por parte de las dos personas jurídicas", pues los dos jefes de seguridad "debían conocer que el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía se publica anualmente mediante su inserción en la Orden General de la Dirección General de la Policía, cuya consulta resulta fácilmente accesible por cualquier funcionario de Policía".

Ante todos estos indicios, García Castellón ve "necesario esclarecer hasta qué punto las medidas implantadas en los respectivos programas de cumplimiento podrían haber evitado la comisión de las infracciones investigadas, lo cual, necesariamente, exige ofrecer a las entidades la posibilidad de ser oídas al respecto, con todas las garantías legales y en una condición que sólo puede ser la de investigadas".

Como es habitual, los altos directivos de grandes compañías suelen desmarcarse de actos supuestamente ilícitos en que habrían incurrido sus empresas cuando éstas son investigadas en los tribunales. En el caso del expresidente de Caixabank Isidre Fainé y del presidente de Repsol, Antonio Brufau, este viernes se ha cumplido el guion. No niegan que estuvieran de acuerdo en frenar el avance de Sacyr en el accionariado de la petrolera en alianza con la mexicana Pemex, pero ni uno ni otro dicen saber nada de la contratación de una compañía de espionaje propiedad de un tal José Manuel Villarejo. Es más, Fainé ha descargado toda la responsabilidad en Brufau, pues es quien, según afirma, tuvo la iniciativa y le dio todo hecho. El presidente de Repsol, por su parte, se limita a decir que él no estaba en esas cosas, de las que asegura que se encargaban los de abajo, en este caso, los responsables de seguridad.

Brufau y Fainé están imputados en la Audiencia Nacional, concretamente en la pieza 21 de la macrocausa de corrupción Tándem, por un presunto delito de cohecho, ya que sus empresas contrataron los servicios de Cenyt, la empresa del comisario Villarejo cuando éste todavía era policía en ejercicio. En esta investigación se indaga en el encargo por parte de Repsol y Caixabank al comisario ahora jubilado para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero. Villarejo lo denominó proyecto Wine, tal y como consta en los apuntes intervenidos.

Como era de esperar, no ha habido sorpresas. Los presidentes de dos empresas que se aliaron para espiar al presidente de otra echan balones fuera a pesar de que su imputación viene después de meses de investigación en los que se ha ido estrechando el cerco sobre los altos directivos. Pero no les investigan por supuestamente ordenar o supervisar una operación de espionaje, sino por contratar a un funcionario público para ello, supuestamente a sabiendas de que aún lo era y, por tanto, podía tener acceso a información privilegiada. No han negado lo primero, pero descartan tajantemente lo segundo. Y no sólo sostienen que no sabían que Villarejo era policía en ejercicio, sino que mantienen que tampoco estuvieron al tanto de cómo se cocinó y llevó a cabo el operativococinó.

Un operativo que ambas compañías habrían hecho unidas, pero que ahora, bajo investigación, abre una brecha entre ambas con directivos de Caixabank señalando en los últimos días a Repsol como la que lideró la contratación y dando a entender que habría estado al tanto de qué era Cenyt y quién era su propietario, el comisario Villarejo.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de Fainé y Brufau, el presidente de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, que ha declarado en primer lugar, ha negado cualquier irregularidad por su parte y ha atribuido la iniciativa de la contratación de Cenyt a Repsol. Al ser preguntado después por ello, el presidente de Repsol ha explicado que supo por su jefe de Seguridad, Rafael Araujo, que se había encargado el servicio de espionaje a una empresa de inteligencia, pero que desconocía que se tratara del comisario Villarejo o de una firma de su propiedad. Según Brufau, después no volvió a tratar del asunto y supone que Araujo despacharía del tema con el directivo responsable de medios de la compañía, Luis Suárez de Lezo. Éste también pasó esta semana por la Audiencia Nacional y descargó en el jefe de seguridad la responsabilidad de la contratación.

Los jefes de seguridad que antes eran policías

La clave que une a las investigaciones a empresas que contrataron los servicios de Villarejo está en los jefes de seguridad de las mismas, muchos de ellos antiguos policías que conocían al comisario de su etapa en el Cuerpo y que son los que habrían contactado con él o recomendado sus servicios de espionaje. La pregunta tanto en la pieza 21 como en otras como la número 9, que indaga en los encargos que habría hecho el BBVA, es si la responsabilidad se acaba en los jefes de seguridad. En el caso de estas dos piezas, el juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción no han tenido dudas tras años de pesquisas: los presidentes deben ser también investigados. Las conclusiones de las diligencias se verán más adelante.

Uno de los momentos clave de la declaración de Brufau ha sido cuando ha explicado que en una conversación con Fainé le dijo que sería bueno que las dos áreas de inteligencia corporativa profundizaran en la investigación relativa a la operación de Sacyr. Sobre esa conversación, Fainé ha sido menos clarificador, según otras fuentes consultadas. El expresidente de Caixabank indicó que fue un comentario sobre el que no se llegó a ahondar demasiado. Y que fue después cuando el presidente de Repsol le comunicó que desde su empresa ya habían contactado con quien llevar a cabo el encargo y le propuso compartir la información. Fainé asegura que delegó el asunto en el departamento de seguridad del banco y que se desentendió. Brufau, que él dio la orden general de atender a la situación que se abría con el movimiento de Sacyr, pero que fue genérico y que los responsables de seguridad se encargaron.

Miguel Ángel Fernández Rancaño, el encargado de la seguridad de Caixabank cuando tuvo lugar el encargo a Villarejo, afirmó el pasado diciembre en la Audiencia Nacional que el pago de los servicios siempre fue al 50% entre ambas compañías. En los registros practicados se encontraron cuatro facturas derivadas de este proyecto del comisario por un importe total de más de 280.000 euros, que fueron abonadas por Repsol y CaixaBank en una cuenta de Cenyt. Con estas cuatro facturas, la Policía hizo un estudio de trazabilidad del dinero y descubrió hasta siete abonos en dos cuentas de Cenyt con cargo a Repsol y Caixabank cuyo montante ascendería a 413.600 euros, informa Europa Press. Los presidentes también se desentienden del desembolso del dinero: no estaban en esos pormenores, según dicen.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado el próximo 29 de abril al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, como investigados en la pieza separada número 21 del caso TándemTándem en la que se analiza el encargo por parte de estas dos empresas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, informan fuentes jurídicas a Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto fecha para interrogar a Brufau y a Fainé un día después de que acordara su imputación por un presunto delito de cohecho.

El juez García Castellón aceptó así la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, en la que respaldaba la petición de imputaciones de la defensa de Del Rivero. El juez señala que existen indicios de que pudieran haber cometido un delito de cohecho.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem ha acordado citar como imputados al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en el marco de la pieza separada número 21 en la que se investiga el encargo por parte de ambas empresas del Ibex 35 al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han confirmado que el magistrado Manuel García-Castellón se hace eco así de la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada. En su informe, según avanzó El Mundo interesaban esa imputación al señalar que existen indicios de que pudieron cometer un delito de cohecho activo.

Junto a Brufau y Fainé, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputa también a los directivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de medios de Caixabank, Antonio Massanell.

La pandemia está causando estragos en las cuentas de las empresas. La profundidad de la herida varía dependiendo del sector pero, desde la banca y la industria hasta las empresas de transporte y el turismo, los resultados corporativos están acusando el impacto con cifras que disparan todas las alarmas. Aun así, casi la mitad del ÍBEX 35 repartirá dividendos este año. Pese a la caída de beneficios e incluso las pérdidas que algunas de las grandes compañías han registrado este primer trimestre y las negras previsiones económicas para este año y el próximo. Otras los han recortado, pero no eliminado, y algunas más han pospuesto su decisión al verano o el pago de la remuneración al accionista al otoño.

Además, los anuncios de reparto del dividendo se están sucediendo al mismo tiempo que los mandatos institucionales a las empresas para que reserven sus beneficios y refuercen su calidad financiera o los reinviertan.

Así, el Banco Central Europeo (BCE) ha exigido a las entidades financieras que no abonen dividendos sobre los ejercicios de 2019 y 2020 hasta al menos el 1 de octubre de este año. Tampoco deberían recomprar acciones. En el mismo sentido se han pronunciado la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) y en España la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones respecto a las aseguradoras. Según el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, la banca europea ya ha suspendido el pago de más de 27.000 millones de euros en dividendos, el 75% de la cantidad que las entidades financieras tenían previsto repartir antes de que llegara el coronavirus.

Además, las millonarias ayudas públicas con que las diferentes administraciones van a ayudar a las empresas coinciden en incluir entre sus requisitos de concesión que las beneficiarias se abstengan de remunerar a sus accionistas. La Comisión Europea permite ya a los gobiernos entrar en el capital de las compañías perjudicadas por el coronavirus, pero a cambio éstas tienen prohibido repartir dividendos –o recomprar acciones y pagar bonus a sus directivos– hasta que el Estado haya salido de sus consejos de administración.

Son las mismas exigencias establecidas por el Ministerio de Economía para conceder los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas españolas impactadas por el covid-19: deben utilizar la financiación obtenida para afrontar sus necesidades de liquidez; es decir, para pagar nóminas, impuestos y facturas o devolver créditos. Y otro tanto se requiere a las empresas a las que se exime de pagar cotizaciones a la Seguridad Social tras aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Con pérdidas

Entre las grandes compañías que han repartido dividendos pese a sufrir pérdidas se encuentran Ferrovial y Siemens Gamesa. La constructora de Rafael del Pino terminó el primer trimestre con unos números rojos de 111 millones de euros, un 13,2% más de lo que perdió en el mismo periodo del año anterior. La empresa anotó una provisión de 39 millones que ya figuraba en el plan estratégico presentado en febrero, antes del covid-19, pero que ahora aparece incluida en las medidas de “reducción de costes, reestructuración y revisión de las inversiones” que está tomando para “adaptarse” a la pandemia.

Pero las pérdidas no han sido obstáculo para que Ferrovial abone el primer pago de los dos en que tradicionalmente reparte de su dividendo anual. Eso sí, el abono, por importe de 234 millones de euros, será en acciones, lo que se conoce como scrip dividend.

Siemens Gamesa cifra en 56 millones de euros el impacto del coronavirus en sus cuentas del último trimestre, que le han conducido a unas pérdidas de 165 millones de euros, frente al beneficio de 49 millones de euros en el mismo periodo de 2019. De forma que ha retirado sus previsiones financieras para este ejercicio. Pero, como dice tener un balance y una posición de liquidez “sólidos”, 2.000 millones de euros, pagará el dividendo correspondiente a 2019, un total de 34 millones de euros, el doble de lo que desembolsó el año anterior.

La constructora Sacyr, fuera del ÍBEX desde 2016, repartirá dividendos con cargo a los resultados de 2019, pese a haber perdido 297 millones de euros en 2019 y pese a la crisis sanitaria: 0,110 euros por acción, pero no en efectivo, sino en papel.

Desplome de resultados

Telefónica, por el contrario, sí que ha tenido beneficios en el primer trimestre, 406 millones de euros, aunque la cifra supone un 56,2% menos que los registrados un año antes. La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete ha suspendido sus objetivos financieros para este ejercicio por culpa de la pandemia. Pero, apoyada por su “confianza en la flexibilidad de su modelo de negocio”, junto con su “sólida posición de liquidez y la esperada resistencia del comportamiento” de su actividad, abonará un dividendo de 0,4 euros por acción. No en efectivo, sino mediante acciones.

Además, el covid-19 llega justo en el momento más bajo de Telefónica en Bolsa desde hace años. Su acción ha llegado a estar por debajo de cuatro euros. Sólo la fusión con Liberty Global en Reino Unido la ha animado en los últimos días. Pese a ello, su capitalización en Bolsa, que alcanzó en sus mejores tiempos los 100.000 millones de euros, no supera ahora los 20.000 millones.

Logista, que aunque no está en el ÍBEX le ronda cada año, ha recortado su beneficio casi un 12% –65,9 millones– y culpa al covid-19. Lo que no le impide mantener su política de remuneración al accionista: distribuir al menos el 90% del beneficio neto consolidado y repartir un dividendo complementario de 0,81 euros.

Acciona ha ganado 78 millones de euros hasta marzo, un 6,9% más que en 2019, pero prevé que su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se reducirá este año un 15% por culpa de la pandemia. Así que ha decidido recortar a la mitad su dividendo: repartirá 105,6 millones de euros en lugar de los 211 previstos en principio. Además, ha presentado ERTE en al menos dos de sus filiales: Acciona Facility Services y EROM.

Decisión aplazada

Acerinox también han sufrido una caída de beneficios, en su caso del 14%, en los tres primeros meses del año. Ha ganado 28 millones de euros. Iba a pagar un dividendo de 0,4 euros por acción, pero ha desconvocado su junta general de accionistas, que estaba prevista para el pasado 22 de abril, y no la convocará hasta que “se den las circunstancias de estabilidad, certidumbre y visibilidad de los mercados que las decisiones importantes exigen”.

Otro tanto han decidido Aena, Inditex, Indra y Grifols. El operador aeroportuario se le han desplomado los resultados –23,1 millones– un 83,1% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2019. Por lo que ha aplazado su junta general de accionistas, inicialmente prevista para los días 31 de marzo y 1 de abril, y por tanto también el reparto de su remuneración al accionista. Además, ha dejado en suspenso las previsiones de tráfico y negocio que publicó el pasado febrero, debido a la paralización del transporte aéreo.

Inditex ha retrasado la decisión sobre los dividendos hasta el consejo de administración previo a la junta general de accionistas que celebrará en julio, y provisionará 287 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. “No se dan en el momento presente las condiciones necesarias para tomar la decisión adecuada sobre el reparto del dividendo”, ha explicado la multinacional de Amancio Ortega, cuyas ventas cayeron un 24% sólo entre 1 y el 16 de marzo pasados.

Los números de la semipública Indra son aún peores: su beneficio se ha hundió un 65,6% hasta marzo, y gana 6,3 millones de euros. También ha suspendido todos sus objetivos para 2020 y pospone la decisión sobre el abono de dividendos.

Los perjudicados del turismo

Al igual que AENA o Inditex, otro de los mayores perjudicados por la pandemia es IAG, el hólding de Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, que ha retrasado hasta septiembre su junta general de accionistas y no pagará el dividendo complementario de 0,17 euros por acción. Además, IAG ha presentado un ERTE para 13.900 empleados de Iberia, 4.000 de Vueling y 32.000 en British Airways. El grupo perdió nada menos que 1.683 millones de euros en el primer trimestre, mientras que había ganado 70 millones un año antes en ese mismo periodo.

La crisis del covid-19 también ha transformado los 11,5 millones de euros de beneficio obtenidos por Meliá Hotels International en los tres primeros meses de 2019 en unas pérdidas de 79,7 millones este año. De sus 326 hoteles, según informó a la CNMV, sólo mantiene abiertos 43. Aún no ha decidido qué hará con los dividendos. La junta general de accionistas no se celebrará hasta junio.

Amadeus es una víctima más del desplome del turismo. Tras disminuir su beneficio un 12,6% ya en 2019, no repartirá un dividendo complementario este año por importe de 320 millones de euros, al tiempo que prepara un plan de recortes por otros 300 millones sólo para hacer frente a las “duras condiciones de mercado” que le amenazan por culpa del coronavirus. Además, reducirá su programa de recompra de acciones, que es otra forma de remunerar al accionista.

El negocio inmobiliario tampoco escapa del contagio. Merlin Properties ha preferido “dejar en suspenso” el pago del dividendo complementario, 0,32 euros por acción. Decidirá si lo abona o no “una vez se evalúen las consecuencias que tenga para el negocio la situación creada por la pandemia”, sin descartar su cancelación. La socimi, que cuenta con una de las plantillas mejor pagadas el ÍBEX, también ha recortado un 25% la retribución de sus consejeros.

Atresmedia y Mediaset, dos de las compañías más generosas con sus accionistas, han tomado diferentes direcciones tras toparse con el covid-19, pese a que las dos sufren la misma caída de los ingresos de publicidad. Las ganancias de la primera –21,7 millones– han caído un 24,4% hasta marzo comparadas con el año pasado, mientras que las de la segunda –48,9 millones– se han reducido un 8%. Pero mientras la matriz de Antena 3 pagará en julio 0,25 euros por acción, tras retrasar su junta general de accionistas, Mediaset no pagará nada y destinará a reservas los 168,9 millones de euros que tuvo de beneficios en 2019.

Casi toda la banca anula o aplaza

Mención aparte merecen los bancos. Especialmente castigados los últimos años en la Bolsa, se encuentran ahora también en el ojo del huracán con la crisis. Y obligados por el BCE a no repartir dividendos hasta octubre, que incluso les ha amenazado con tomar “medidas coercitivas” si desobedecen.

Banco Santander, Banco Sabadell y BBVA han cancelado la retribución a sus accionistas. La entidad que preside Ana Patricia Botín ha anulado el dividendo complementario de 2019 , cuyo reparto estaba previsto para mayo, y dejado en suspenso el dividendo de este año. La junta general de accionistas no se celebrará hasta octubre. En el primer trimestre el beneficio de Banco Santander se desplomó un 82%, hasta los 331 millones de euros, tras provisionar el impacto del coronavirus con 1.600 millones de euros.

Las ganancias del Banco Sabadell se también se hundieron en el comienzo de 2020, un 63,7%, hasta quedarse en 94 millones de euros. En su caso la provisión por la pandemia alcanzó los 213 millones de euros. Así que ha anulado el dividendo de 0,04 euros por acción con cargo a 2019 inicialmente aprobado por su junta general de accionistas.

Las pérdidas de BBVA se cifran en 1.792 millones de euros, tras anticipar saneamientos por la crisis del covid-19 por importe de 1.433 millones de euros. Tampoco abonará dividendos con cargo al ejercicio en curso al menos hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por la pandemia, ha asegurado la entidad.

No obstante, otras entidades han sido menos drásticas. CaixaBank ha recortado también sus beneficios con cifras alarmantes, un 83,2%. La entidad que preside Jordi Gual ganó 90 millones hasta marzo después de hacer una dotación extraordinaria de 400 millones de euros por el coronavirus. Ha reducido el dividendo de 2019, pero no ha renunciado del todo al correspondiente a 2020: lo ha recortado del 50% al 30% del beneficio neto.

El descalabro en el resultado del semipúblico Bankia ha sido un poco menor pero aun así considerable, del 54%. Ha ganado 94 millones de euros por culpa de unas provisiones de 125 millones por el covid-19. Pero mantiene el abono del dividendo complementario de 2019, 355,32 millones. Sí que ha renunciado al dividendo extraordinario comprometido para 2020.

Bankinter ha pospuesto hasta octubre cualquier decisión sobre el reparto de beneficios entre sus accionistas. El banco de María Dolores Dancausa recortó sus ganancias un 10% en el primer trimestre, hasta los 130,3 millones de euros, tras notar una provisión de 107,3 millones por la crisis. Lo mismo han hecho con sus dividendos Abanca e ING.

Por el contrario, Mapfre abonará 447 millones de euros a sus accionistas en concepto de dividendo complementario con cargo a 2019. Desoye así las recomendaciones tanto de la Autoridad Europea de Seguros como de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda. Los beneficios de la aseguradora ascendieron a 609 millones de euros el año pasado, un 15,2% más que en 2018.

Otra aseguradora, Grupo Catalana Occidente, ha suspendido el dividendo complementario, pero sí repartirá el cuarto dividendo a cuenta de 2019.

Lastrada por el descalabro de los precios del petróleo, con el barril de Brent por debajo de los 20 dólares, el beneficio de Repsol cayó en el primer trimestre un 27,7%. Ganó 447 millones de euros. Como ha ocurrido a otras grandes compañías, la de Antonio Brufau tuvo que retrasar hasta finales de este año o el primer trimestre de 2021 la presentación de su plan estratégico , así como suspender la recompra de acciones propias del 5% que había anunciado por valor de 1.000 milones de euros. Sin embargo, en julio pagará a sus accionistas 0,55 euros por acción, en forma de scrip dividend.

Viscofan también recortó sus beneficios en 2019, un 14,7%, por lo que ganó 105,6 millones de euros. Pese al coronavirus, la empresa, que se dedica a fabricar envolturas plásticas para productos cárnicos, prevé aumenar sus ganancias este año entre un 6% y un 9%, según informó a la CNMV. Así que mantiene el reparto de dividendos de 1,62 euros por acción, que incluye el dividendo complementario de 0,96 euros el 4 de junio, tras pagar 0,65 euros en diciembre.

Con el covid-19 a favor

Claro que también hay compañías que ganan a pesar del covid-19 o incluso gracias a él. Es el caso de Ebro Foods, fuera del ÍBEX 35, pero cuyo beneficio ha crecido casi un 30% –hasta los 48 millones de euros– en buena parte gracias al aumento de sus ventas de alimentos a los hogares por el confinamiento. De manera que no tiene previsto aplicar ERTE y sí pagar un dividendo de 0,57 euros por acción.

ACS, la constructora de Florentino Pérez, asegura que la crisis del covid-19 no ha tenido ningún “impacto significativo” en sus cuentas. En 2019 ganó 962 millones, un 5,1% más que el año precedente, y este ejercicio retribuirá a sus accionistas con 630 millones de euros en forma de scrip dividend.

También las eléctricas mantienen el tipo y el dividendo. Iberdrola prevé que sus ganancias superen este año su récord histórico de 3.406 millones de euros, por lo que sostiene su política de remuneración a los accionistas. Hasta marzo, el beneficio alcanzó los 1.257 millones de euros.

Tampoco Endesa cree que la crisis sanitaria no va a afectar a sus objetivos para este año y que su capacidad para pagar dividendos se mantiene “intacta”, en palabras del director financiero, Luca Passa. Con cargo a 2019, abonará 1,475 euros por acción y la de este año subirá a 1,6 euros.

Enagás ha ganado un 14,7% más en el primer trimestre, con un resultado positivo de 119,1 millones de euros. La empresa destaca que no ha notado “impactos” por la pandemia, así que mantiene el dividendo: 1,6 euros en 2019 y 1,68 euros para este año. Entre 2021 y 2023 lo aumentará hasta que llegue a 1,74 euros al final del trienio.

Por el contrario, Naturgy redujo sus beneficios un 41,6% hasta marzo respecto al mismo periodo de 2019. 199 millones de euros en el primer trimestre del año. Pero eso no le impide sostener un dividendo de 1,37 euros con cargo a 2019 e incluso aumentar el de este año hasta los 1,59 euros por título. “No hay motivos para cuestionarlo”, subrayó el presidente de la compañía, Francisco Reynés al presentar sus resultados. No obstante, ha suspendido de forma temporal su programa de recompra de acciones, 400 millones de euros.

Finalmente, la semipública Red Eléctrica (REE) distribuirá un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2019 a partir de junio de 1,0519 euros, tras cerrar el primer trimestre con unos beneficios de 172,6 millones de euros. La cifra supone un recorte del 9,7% respecto al mismo periodo del año pasado.

No es ningún secreto que las grandes compañías energéticas españolas apuestan, con sus más y con sus menos, en público y en privado, por la transición energética. Saben que da muy mala prensa oponerse a la "revolución renovable", anunciada desde hace años y que se resiste a llegar. Pero también saben que es una apuesta segura, ya que el futuro del sistema solo pasa por lo verde. Y saben que da dinero. En ese sentido, las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las principales compañías del país pueden alinearse sin miedo con el desarrollo sostenible, con el medioambiente, con la biodiversidad o con los objetivos de descarbonización. Sus cuentas de resultados están a salvo. Además, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ha elaborado con el beneplácito, al menos parcial, del llamado oligopolio eléctrico, cuyos presidentes estuvieron en la presentación. También financiarán la cumbre del clima de Madrid. Pero en cuanto la política se distancia de sus intereses, se movilizan.

Todas las grandes compañías energéticas tienen su fundación, una organización separada pero dependiente en la que concentran sus esfuerzos de RSC: la contribución voluntaria de las empresas al bienestar social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su reputación y su valor añadido. Fundaciones como la de Endesa o la de Iberdrola organizan voluntariados ambientales, patrocinan iniciativas y abarcan ámbitos no solo relacionados, al menos directamente, con lo ambiental o lo energético. Otras fundaciones, como la de Naturgy o la de Repsol, funcionan en parte como legitimadoras de su modelo de negocio. Tras la intención de "fomentar un desarrollo sostenible", la gasística utiliza la Fundación Naturgy como un think tank para promover el uso de gas natural como combustible "de transición"think tank, entre el contaminante carbón y las energías renovables.

Y esto lo hace utilizando la ciencia: invita a investigadores y difunde sus trabajos siempre que ofrezcan una visión positiva o al menos neutra del uso de gas natural en el mix energético del paísmix, o como combustible para el transporte del presente y del futuro. También financia cátedras universitarias que, a través de investigaciones supuestamente imparciales, defiendan sus postulados. El uso de la ciencia para vender un modelo de negocio como parte del "sentido común", seleccionando solo los estudios que apoyan sus hipótesis y desechando el resto, es ampliamente estudiado por el Corporate Europe Observatory (CEO) en su informe Lobby planet: en Bruselas, grandes empresas intentan influir en las decisiones de la Unión Europea y sus órganos, utilizando esa y otras tácticas, para que la política sirva a sus intereses.

En el caso de la Fundación Naturgy, se trata de la fundación de una energética española más activa en lo que llaman "la generación de conocimiento": la promoción, el patrocinio y la publicación del trabajo de investigadores que apoyan el gas natural como combustible "de transición" entre un pasado sucio y un futuro limpio. La antiguamente conocida como Gas Natural Fenosa no tiene la batalla del todo ganada con su combustible fósil preferido. La empresa y sus afines defienden que el gas como generador de electricidad es mucho más limpio que el carbón, y por tanto pueden servir de respaldo a las renovables cuando éstas no puedan funcionar por motivos atmosféricos. Suelen obviar, como señalan los ecologistas, que las fugas de metano que se producen en el traslado y el tratamiento son, también, causantes del cambio climático.

En el ámbito del transporte también se producen encontronazos entre las empresas dedicadas al gas y el ecologismo. Tanto el sector del automóvil como las compañías que generan electricidad a través de gas natural y lo distribuyen aseguran que este combustible, ya sea comprimido (GNC) o licuado (GNL), ayuda a reducir la contaminación atmosférica en las ciudades. Los ecologistas opinan que, si bien en ciertos ámbitos ofrecen ventajas, no tiene sentido montar una infraestructura entera para un combustible que también contamina en un contexto de urgencia climática y de salud pública. La organización Transport & Environment señala que los vehículos ligeros propulsados por gas natural emiten menos NO (dióxidos de nitrógeno, culpables de los problemas con la calidad del aire) que los diésel y prácticamente lo mismo que los de gasolina. En cuanto al CO, gas de efecto invernadero, emiten mucho menos que los de gasolina y algo más que los que incorporan un motor de gasóleo. Sin embargo, en cuanto a vehículos pesados (autobuses y camiones), las diferencias en cuanto a contaminantes son mínimas o incluso negativas para el gas natural.

Financiando "conocimiento"

El debate está abierto y la Fundación Naturgy, que se define como una organización cuyos ejes troncales son "la formación, divulgación y sensibilización en temas de energía y medio ambiente, con el objetivo fundamental de promover el uso racional de los recursos energéticos y fomentar un desarrollo sostenible", está poniendo toda la carne en el asador para, a través de la ciencia, promover y popularizar el combustible fósil que les da de comer. La semana pasada, la fundación invitó a España al científico Vaclav Smil, que aseguró en una conferencia que España "va retrasada" en la transición energética, ante lo que recomendó "impulsar más el uso del gas natural para estar al mismo nivel que otros países europeos, para ser un país moderno".

La organización cuenta en su página web con un "centro de conocimiento", un espacio mediante el cual se puede acceder a todo el contenido investigador que la Fundación Naturgy promociona, patrocina y realiza, previo registro. De las últimas diez publicaciones en dicho apartado de la web en el momento de realización de este reportaje, que comprenden diapositivas de ponencias, informes e investigaciones, cinco vienen a respaldar sin ambages los planteamientos de la compañía gasística. En portada se puede encontrar al investigador Christopher Jones, que no solo fue invitado a Madrid a celebrar una ponencia sino que elaboró un informe en el que llama a la Comisión Europea a iniciar un "debate informado" en la opinión pública sobre los beneficios del gas natural.

Esta práctica de la Fundación Naturgy no es nueva. Cuando se llamaba Fundación Gas Natural Fenosa, impulsó la publicación del libro La calidad del aire en las ciudades, coordinado por el investigador del CSIC y experto en la materia Xavier Querol. La nota de prensa de la presentación se titulaba así: "La sustitución del 13% del parque móvil de Madrid y Barcelona por coches a gas natural reduciría 50.000 toneladas de emisiones al año". Transport & Environment reaccionó señalando que lo que hace reducir las emisiones es el abandono del diésel, no la implantación del gas: y que para luchar contra la contaminación, los vehículos eléctricos son muchísimo más eficaces. Querol, consultado por infoLibre, matizó dicho titular: en el contenido del libro, aseguró, se explica que el modelo a seguir es el de un parque móvil mucho más reducido como condición indispensable, y que los que queden se repartan el pastel: diésel mejorado, eficiente y fuera de estafas en las mediciones, eléctricos, híbridos y a gas. El investigador también afirmó que contó con "libertad absoluta" a la hora de realizar el trabajo.

Más allá del papel del gas natural en la descarbonización del país, la Fundación Naturgy también promociona trabajos que, en otros ámbitos, también defienden el papel y las posturas de la empresa, al margen del "desarrollo sostenible" que supuestamente fomenta la organización. Un trabajo coordinado por la investigadora de la Universitat de Barcelona María Teresa Costa-Campi, titulado La pobreza energética en España. Aproximación desde una perspectiva de ingresos, y publicado en el centro de conocimiento de la Fundación, asegura lo siguiente en su resumen: "Las actuaciones propuestas sostienen que parte del coste de hacer frente a la pobreza energética debe ser financiado por parte de las empresas del sector. Esta visión es incorrecta, no solo porque es regresiva e ineficiente, sino porque no busca resolver la verdadera naturaleza del problema".

Costa-Campi coordina la cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universitat de Barcelona (UB) en colaboración con Funseam, una fundación formada por las principales compañías energéticas de nuestro país. Incluida Naturgy. La investigadora asegura, ante las preguntas de infoLibre, que Funseam financia "una parte muy importante de los costes de la cátedra, sin los cuales no podría realizar su trabajo de investigación". No ha respondido, por el momento, a la pregunta de si los investigadores de dicha cátedra cuentan con independencia a la hora de hacer su trabajo.

Preguntada sobre si la defensa activa y prácticamente continua del gas natural como "combustible de transición" es compatible con sus pilares de promover "el desarrollo sostenible", la Fundación Naturgy responde que no solo se dedican a eso. "La temática de las publicaciones y jornadas de la fundación abarca otros temas de interés relacionados con la energía, como la calidad del aire, el etiquetaje de vehículos, la eficiencia energética, la rehabilitación energética de viviendas, la economía circular, las renovables, la digitalización o la generación eléctrica distribuida. De toda esta actividad, la Fundación ha publicado en su web cerca de 200 libros, ponencias y artículos en los dos últimos años", aseguran.

Además, defienden la independencia y la "visión transversal" de los temas planteados: "Tanto en sus publicaciones como en las jornadas que organiza siempre ha contado con expertos de las diferentes temáticas que se plantean y que aportan su visión sin mediación por parte de la fundación ni de la compañía".

El caso de Repsol

La petrolera Repsol también se ha sumado al carro del uso de cátedras universitarias, financiadas parcial o totalmente por las compañías energéticas, que impulsan investigaciones acordes con el modelo de negocio de la empresa para influir en el debate público. En septiembre de este año, la Fundación Repsol anunció la creación de la cátedra de Transición Energética en la misma universidad que la de Funseam: la Universitat de Barcelona. Dicha cátedra se dedicará prácticamente en exclusiva, según anunciaron sus responsables, a "la investigación y divulgación de los sistemas de recuperación y aprovechamiento de CO2, uno de los grandes retos en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, clave para cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París". La Universitat de Barcelona confirma también que dicha cátedra está financiada por la empresa, aunque no aclaran si parcial o totalmente.

Para entender por qué la Fundación Repsol impulsa una cátedra para investigar sobre la recuperación y el aprovechamiento de dióxido de carbono, hay que entender previamente tanto el papel de Repsol en la transición energética como su posicionamiento, expresado en diversas ocasiones por su presidente, Antonio Brufau. La compañía se encuentra en una posición más complicada que las eléctricas: su negocio siempre ha sido el petróleo, en claras vías de extinción, y en su cartera, hasta hace unos años, nunca han tenido hueco las energías renovables.

Brufau, expresidente de Gas Natural Fenosa, no sigue el mismo discurso que los presidentes de Endesa, Iberdrola, Naturgy y otras corporaciones más centradas en el mercado eléctrico: ha atacado en varias ocasiones con dureza a los vehículos eléctricos por la inmadurez de su desarrollo y, en cuanto a la acción climática, siempre se ha mostrado contrario a hacer demasiados esfuerzos. Es más partidario de soluciones que, aún siendo parciales, no pongan en riesgo su negocio: por ejemplo, en julio de 2019 defendió con ahínco las plantaciones masivas de árboles, sumideros de carbono. "Si España dedicara el 20% del impuesto que se carga a hidrocarburos a la reforestación, habría emisiones netas negativas", dijo. Ignoró los efectos negativos que podría tener esta acción en el uso y consumo de recursos y en la biodiversidad de los ecosistemas, abordados en un estudio de Nature publicado pocas semanas después de sus declaraciones.

La tecnología de almacenamiento de carbono, aún en pañales y entre serias dudas de que algún día pueda llegar a convertirse en una realidad para atajar los peores efectos del cambio climático, cumple para Repsol la misma función que la plantación de árboles: soluciones que no aportan demasiado sin un recorte drástico de emisiones de gases de efecto invernadero, pero que son cómodas de defender para grandes empresas cuya cartera de servicios es altamente contaminante.

Hace unas semanas, la Comisión Europea publicó las emisiones de CO2 equivalente (CO2 y todos los gases de efecto invernadero) de todas las grandes instalaciones y compañías sujetas al mercado de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS) en 2018. Es decir: se hizo público qué grandes infraestructuras son las más contaminantes del continente y del país. Supimos que las emisiones de las aerolíneas están aumentando drásticamente, pese a que la consciencia sobre su impacto ambiental está aún en pañales: y supimos, también, que la central térmica de carbón de As Pontes (Endesa) es la más sucia de España. El pasado 22 de abril –Día de la Tierra– el Observatorio de la Sostenibilidad publicó el resultado de sumar los datos y traducirlos a la responsabilidad social corporativa: en 2018, ¿cuáles son las empresas más contaminantes de España?

La primera, y con mucha diferencia, sigue siendo Endesa, la eléctrica que posee y explota más centrales de carbón de España. Aporta casi el 10% de todas las emisiones de CO2 equivalente del país: un total de 30 millones de toneladas, sujetas al ETS, según el análisis del Observatorio de la Sostenibilidad. Pero el top 10 ha cambiado. En general, el oligopolio eléctrico desciende posiciones. Como ya vimos, las emisiones de las eléctricas subieron en 2017 para caer bruscamente en 2018. Dos causas se barajan: una, un esfuerzo rápido y consciente por la descarbonización: otro, que al ser un año lluvioso, la energía hidroeléctrica funcionó a pleno rendimiento, haciendo innecesario encender las térmicas (y, por tanto, contaminar).

Así, Endesa bajó sus emisiones en 2018 un 9% con respecto a 2017. Sus competidores, con una cartera de generación mucho más limpia, descendieron mucho más: Naturgy un 20%, EDP un 17%, y Viesgo e Iberdrola un 18%, en orden de más a menos contaminantes. Esta bajada evidencia a las empresas que no han hecho nada, o que no han hecho lo suficiente, por limitar su polución: Repsol, junto a su filial Petronor, ha escalado al segundo puesto desde el tercero, y Cepsa al sexto desde el séptimo. La primera redujo sus emisiones de CO2 equivalente un 1%, y Cepsa un 5%. "Endesa es y será el primer emisor durante muchos años hasta que no realice una profunda transformación de sus métodos de generación eléctrica. Sin embargo, las demás empresas del top 10 están cambiando profundamente", explica la organización en su informe.

¿Por qué Repsol, junto a su filial Petronor, es la segunda empresa más contaminante del país? La multinacional se encarga de todo el ciclo de vida del petróleo: a grandes rasgos, su extracción, su transporte, su procesamiento y su distribución y venta. La empresa cuenta con varias refinerías de petróleo, que convierten la materia prima en gasolina o en gasóleo, que emiten toneladas y toneladas de CO2 y que están sujetas al ETS. A nivel global, teniendo en cuenta los negocios de Repsol fuera de nuestras fronteras, la petrolera emitió en 2018, según su informe de sostenibilidad, 17,80 millones de toneladas de CO2, un 3,17% menos que los 18,38 millones de 2017.

La multinacional afirma estar comprometida con la "sostenibilidad" y la "lucha contra el cambio climático". "Nos hemos fijado el objetivo de reducir 1,9 millones de toneladas de CO2 equivalente entre 2014 y 2020", se puede leer en su página de compromisos ambientales, una cifra que, comparada con las totales de emisiones de la compañía, no parece demasiado elevada. Repsol se plantea como objetivos mejorar la eficiencia de los procesos, apoyar proyectos de captura de emisiones y apostar por la "innovación": nada que ponga en riesgo o intente reinventar su modelo de negocio. "Debemos reducir nuestras emisiones sin condicionar nuestra competitividad" es la máxima expresada por el presidente, Antonio Brufau. "España es el 1% de las emisiones del planeta, debemos tomar medidas, sí, pero que no condicionen nuestra competitividad. Seamos sinceros, el 70% de las baterías se fabrican en China y para su producción se utilizan energías de carbón altamente contaminantes”" declaró en febrero de 2019.

El peligroso crecimiento de las electrointensivas

Se conoce como industria electrointensiva la que necesita grandes cantidades de electricidad para llevar a cabo sus procesos. Ya de por sí esos procesos suelen ser contaminantes, a los que se le suma el impacto ambiental de la electricidad generada: Asturias, por ejemplo, es una de las regiones con más presencia de térmicas de carbón porque alimentaban, y alimentan, fábricas como la de Alcoa. Sujetas al mercado de emisiones, las empresas de industrias como la acera, la cementera o la de materiales de construcción no necesitan disminuir de un año para otro sus emisiones de CO2: de hecho, siguen creciendo. Animadas, juzga el Observatorio de la Sostenibilidad, por el aumento de la construcción en España pasados muchos de los efectos de la pasada recesión.

Cierran el top 10 de grandes contaminadores españoles en 2018 la cementera Cemex, que no ha descendido ni aumentado sus emisiones con respecto a 2017; LafargeHolcim, que con un sorprendente 11% es la única empresa del top que crece en impacto climático; y Cementos Portland, que ha logrado reducir un 1% el CO2 equivalente emitido. La multinacional suiza LafargeHolcim reconoce en su informe de sostenibilidad de 2017 que sus emisiones directas bajaron con respecto a 2016 por una "bajada de mercado", no por esfuerzos reales, y que sus emisiones indirectas aumentaron un 75%, por la procedencia más sucia de la electricidad consumida (debido a que fue un año seco).

En resumen, y como señala el Observatorio de la Sostenibilidad, el desarrollo económico y el impacto climático en España siguen de la mano. Es decir, que las reducciones de emisiones de CO2 se deben más a cuestiones circunstanciales relacionadas con la actividad que a esfuerzos reales. "Se observa que en España entre 1990 y 2017 las emisiones de CO2 subieron un 17% y el PIB un 73%, mientras en Europa en el mismo periodo las emisiones cayeron un 22% mientras que el PIB creció un 58%", afirma el informe. Y cada vez queda menos tiempo.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, afirmó que, a día de hoy, el coche eléctrico es una tecnología "inmadura" y ha subrayado que no es un modelo "sostenible" económicamente.

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, Brufau destacó que existe un debate "con un cierto papanatismo" sobre el coche eléctrico y aseguró que cuando llegue, ya que la tecnología es "imparable", tendrá "acomodo" en el negocio de Repsol.

No obstante, el directivo remarcó que se trata de una tecnología "inmadura" actualmente y que cuesta entre "una vez y media o dos" lo que un coche de combustión interna, por lo que "cuidado con el traspaso de renta, ya que no mucha gente se puede comprar un coche que valga una vez y media más que un coche tradicional".

A este respecto, apuntó que las subvenciones destinadas al coche eléctrico deben ponerse en relación con las recibidas por un vehículo de combustión interna.

Así, estimó que para cada coche eléctrico el Estado europeo está dispuesto a subvencionar aproximadamente 10.000 euros entre lo que deja de pagar el comprador como subvención en la adquisición más lo que no se ingresa por impuestos especiales, mientras que este tipo de vehículos suponen un ahorro de ocho toneladas de CO2 a lo largo de su vida, "lo que representa entre 1.000 y 1.500 euros por tonelada dejada de emitir".

"Esto no es sostenible, especialmente en países donde hoy generan la electricidad con el 40% de carbón", añadió al respecto el presidente de la petrolera.

Por otra parte, Brufau puso en valor que el petróleo no se destina solo a gasolina y que el 40% de todo el consumo de petróleo en el mundo es para productos petroquímicos o industriales.

Además, consideró que "hay medias verdades" en lo referente a la carbonización del mundo, ya que el CO2 no es "un mal gas, lo necesitamos para vivir", aunque un exceso del mismo produce "un calentamiento del planeta".

Así, defendió la necesidad de reducir las emisiones, pero aseguró que se trata de un esfuerzo que debe llevarse a cabo desde todos los frentes. "Esta es una batalla que tiene muchas caras, y unas pasan por descarbonizar la sociedad y otras por la mayor responsabilidad", dijo.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, percibieron cada uno de ellos una retribución de 2,9 millones de euros en el ejercicio 2015, según el informe anual con las remuneraciones de los miembros del consejo de administración.

En concreto, Brufau recibió un sueldo de 2,94 millones de euros el pasado año, un 22,9% inferior a los 3,81 millones de euros que tuvo de remuneración en 2014.

Esta rebaja en la remuneración del presidente de la compañía ya había sido acordada el año pasado, a propuesta del propio Brufau, para que el salario fuera acorde a la nueva distribución de las funciones en la compañía.

Por su parte, Josu Jon Imaz, que se convirtió en el primer ejecutivo de la compañía en abril del año pasado, ganó 2,9 millones se convirtió en el primer ejecutivo de la compañía en abril del año pasado,de euros en 2015, un 43,7% más que los 2 millones de euros que percibió el año anterior.

El otro consejero ejecutivo junto a Imaz, Luis Suárez de Lezo percibió 2,65 millones de euros el año pasado, un 11% menos que en 2014.

En total, el consejo de administración de Repsol recibió una remuneración de 12,61 millones de euros, un 0,26% más que en el año 2014.

Dentro del órgano rector, el presidente de Caixabank, Isidro Fainé, y Manuel Manrique, presidente de Sacyr, mantuvieron su retribución en 354.000 euros.

Repsol ha ampliado su acuerdo con el grupo mexicano Kuo en la sociedad de caucho sintético cuya propiedad comparten ambos, Dynasol. Esta joint-venture, participada al 50% por la compañía española que preside Antonio Brufau y la mexicana, propiedad de Fernando Senderos Mestre, uno de los principales empresarios del país norteamericano, fabricará “neumáticos de alto desempeño”. Y se convertirá, según el comunicado difundido por Repsol, en una de las 10 mayores empresas de este sector en el mundo.

Se da la circunstancia de que el consejero secretario general del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo, y el mexicano Fernando Senderos son consuegros. Algunas fuentes del sector ponen en duda los beneficios económicos de esta operación para Repsol, y la relacionan más con los intereses propios de Suárez de Lezo.

Repsol y Kuo se aliaron en Dynasol en 1999. Poseen dos fábricas, una en Altamira (México) y otra en Santander (España). A finales del segundo semestre de este año abrirá una nueva planta en Liaoning, en China. Hasta ahora era el segundo fabricante mundial de asfaltos modificados. También produce adhesivos y sellantes.

700 millones de facturación

Gracias a este nuevo acuerdo, Repsol aportará los acelerantes químicos para vulcanizar caucho que fabrica en su filial General Química (Álava). Por su parte, Kuo contribuirá con el caucho sintético en emulsión y el caucho nitrítico de sus factorías de Altamira y Liaoning. El resultado será una producción superior al medio millón de toneladas anuales de materiales en una gama ampliada de productos, así como una facturación anual que rozará los 700 millones de euros, asegura la compañía española.

El Grupo Kuo, que factura 2.000 millones de dólares y exporta a 70 países, cuenta con una plantilla de 17.000 trabajadores.

Con este acuerdo, que adelanta el diario El País, queda definido el papel en Repsol de Brufau, quien será reelegido este jueves como presidente de la compañía durante una junta de accionistas en la que se ratificará además el nombramiento de Josu Jon Imaz como consejero delegado.

Según la información remitida por Repsol a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Brufau ha renunciado al cobro de sus blindajes a cambio de que su retribución anual ascienda hasta 2019 a 2,5 millones de euros brutos anuales.

El cese en las funciones ejecutivas constituía uno de los supuestos por los que Brufau tenía derecho a recibir una compensación económica por valor de 14,2 millones de euros, justificada a modo de blindaje para evitar que se produjese una "concurrencia postcontractual". El importe de 2,5 millones anuales que finalmente recibirá a cambio de renunciar a estos 14,2 millones se mantendrá fijo hasta la junta de 2019, momento en el que se extinguirá su nuevo contrato, indica la petrolera.

Durante los próximos cuatro años podrá seguir disfrutando de retribuciones en especie y, en caso de que se extinga el contrato de forma anticipada, tendrá derecho a recibir el importe pendiente de pago de cada anualidad hasta 2019, salvo que haya un desistimiento voluntario por su parte. Está previsto que, tras la junta de accionistas de este jueves, el consejo de administración de Repsol apruebe el traspaso de todas las funciones ejecutivas a Jon Imaz, de modo que Brufau continuará como consejero no ejecutivo.

A partir de ahora, ejercerá "determinadas funciones institucionales", pero tendrá "un papel relevante en la fijación y supervisión de la estrategia a medio y largo plazo en las relaciones institucionales con la Administración, accionistas y otros grupos de interés y en la supervisión de las tareas de dirección". Repsol también señala que Brufau, cuya permanencia como presidente es "primordial", quedará vinculado a la empresa "con un alto nivel de actividad, implicación y compromiso".

Repsol ha acordado la adquisición del 100% del capital social de la compañía canadiense Talisman Energy por un importe de 8.300 millones de dólares (6.640 millones de euros), más una deuda de 4.700 millones de dólares (3.760 millones de euros), lo que eleva la operación a unos 13.000 millones de dólares (10.400 millones de euros).

Se trata de la mayor operación internacional realizada por una empresa española en los últimos cinco años, según ha informado el grupo presidido por Antonio Brufau, que se sitúa así entre las 15 compañías petroleras privadas más importantes del mundo, con presencia en más de 50 países y con más de 27.000 empleados.

El acuerdo con Talisman supone el pago a sus accionistas de 8 dólares estadounidenses (6,4 euros) por cada acción, lo que representa una prima del 24% sobre la cotización media de los últimos tres meses. Las acciones de Talisman cerraron el viernes a 4,29 dólares en la Bolsa de Nueva York.

La transacción, que se financiará fundamentalmente con la caja propia de Repsol, culmina el proceso de transformación iniciado por la compañía tras la "exitosa" gestión de la recuperación del valor por la expropiación de YPF (6.300 millones de dólares). La adquisición ha sido valorada favorablemente y recomendada a sus accionistas por el consejo de administración de la compañía canadiense de forma unánime.

La oferta de Repsol deberá ser aprobada por los accionistas de Talisman presentes en una junta general extraordinaria que tendrá lugar antes del 19 de febrero de 2015. La transacción transformará a Repsol en uno de los principales grupos energéticos privados del mundo, con mayor presencia en países de la OCDE, al incorporar reservas y producción en países de gran estabilidad geopolítica.

Además, añade una extensa cartera exploratoria con activos productivos de alta calidad y potencial exploratorio, que aseguran el crecimiento de la actividad en los próximos años. Talisman Energy aportará a Repsol activos en producción de primera calidad y áreas de gran potencial exploratorio en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos) y el Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam), así como en Colombia y Noruega, entre otros países.

Una vez culminada la operación, Norteamérica aumentará su peso en Repsol, al suponer casi el 50% del capital empleado en el área de exploración de hidrocarburos de la compañía. El capital empleado en Latinoamérica será del 22%.

La incorporación de Talisman incrementará la producción del grupo Repsol un 76%, hasta los 680.000 barriles equivalentes de petróleo al día, y aumentará el volumen de reservas un 55%, hasta alcanzar los 2.353 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Una operación "trasformadora e ilusionante"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha subrayado que se trata de una operación "trasformadora e ilusionante" que convertirá a la firma en uno de los actores "más importantes" del sector energético internacional y le permitirá crecer como compañía y reforzar el carácter de Repsol como "empresa energética integrada con un proyecto sólido y competitivo". "Talisman es un grupo excelente que sumará su experiencia y contrastado conocimiento en activos en producción a los que ya posee Repsol en la exploración en aguas profundas. Todo ello permitirá dar un fuerte impulso al desarrollo del conjunto de la nueva compañía", ha añadido.

Repsol cumplirá los requisitos y trámites regulatorios precisos en Canadá y presentará una solicitud de autorización ante la autoridad gubernamental en materia de inversiones extranjeras, acreditando los beneficios de esta operación para ese país. Tras el cierre de esta operación, Calgary, en la provincia de Alberta (Canadá) se convertirá en una de las sedes corporativas más importantes de Repsol en el extranjero. Ambas compañías se proponen cerrar la transacción a mediados del próximo año, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluyen aprobaciones regulatorias y el consentimiento de terceros socios de Talisman en determinados activos.

El acuerdo contiene las previsiones habituales en este tipo de operaciones y que persiguen proteger su cierre satisfactorio como, entre otras, el compromiso del consejo de administración de Talisman de no buscar activamente otros posibles adquirentes, el derecho de Repsol de igualar ofertas superiores "no solicitadas" y el compromiso de consejeros y ejecutivos de Talisman de no vender sus acciones y de votar a favor del acuerdo. Talisman ha asumido también el compromiso de pagar a Repsol un importe de 270 millones de dólares en determinadas circunstancias si finalmente no se cerrara la transacción.

Además, Repsol también propondrá la adquisición de la totalidad de las acciones preferentes de Talisman por un precio de compra de 25 dólares canadienses por acción, más los dividendos devengados y no pagados a la fecha de cierre. La adquisición de las acciones preferentes está condicionada a que todas las condiciones previas a la compra de las acciones ordinarias se cumplan y a la aprobación de los titulares de las acciones preferentes. El cierre de la adquisición de las acciones ordinarias no está condicionado a la compra de las acciones preferentes.

JP Morgan ha actuado como asesor exclusivo financiero y Bennett Jones como principal asesor legal para Repsol de la transacción, mientras que Nomura y Goldman Sachs han sido los bancos agentes de Talisman. El acuerdo incrementará los niveles de competitividad de Repsol, aumentará y mejorará el equilibrio de su cartera de activos, potenciará el área de Upstream del grupo y proporcionará una importante plataforma de crecimiento.

Sinergias de más de 200 millones

Adicionalmente, la gestión conjunta de activos supondrá unas sinergias de más de 200 millones de dólares (160 millones de euros) al año, fundamentalmente por la optimización de funciones, gestión del portafolio de negocios y exploración, una mayor capacidad de comercialización en Norteamérica y la aplicación de tecnología y mejores prácticas operativas.

La transacción permite adelantar y superar significativamente los objetivos de crecimiento del área de Exploración y Producción (Upstream) de la compañía enmarcados en el Plan Estratégico 2012-2016, y consolida este negocio como el principal vector de crecimiento durante los próximos años. El capital empleado en esta área pasará a representar el 56% del total del grupo, frente al 35% actual.

"El acuerdo con Talisman es el resultado de un análisis exhaustivo de más de 100 compañías y activos en todo el mundo. En todas sus vertientes Talisman siempre ha sido la mejor opción por la excelente calidad de sus activos, incluyendo el gran talento de sus trabajadores, cuyo valor crecerá con la capacidad y el apoyo de Repsol. Esta es una operación transformadora para Repsol en la que todos ganamos", ha destacado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

La gran empresa sigue apostando explícitamente por la "estabilidad política y económica" que desde su punto de vista ha aportado el bipartidismo o la alternancia de PSOE y PP en el Gobierno. En esa sintonía se han expresado este martes los presidentes de Telefónica, César Alierta; Repsol, Antonio Brufau; y Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, que participaban en una mesa redonda organizada en Madrid por la consultora norteamericana ATKearney.

"El bipartidismo ha funcionado muy bien y seguirá funcionando", según César Alierta, que ha defendido la estabilidad como "fundamental" para el desarrollo económico español y ha recordado que la renta per cápita en España "ha crecido un 60% con la democracia, es decir con PP y PSOE". Preguntados por la moderadora del acto, la periodista y responsable de informativos de Antena 3 Gloria Lomana, acerca de la debilidad del biopartidismo y la irrupción de Podemos, los tres directivos han expresado su confianza en "el sentido común de los españoles", en palabras de Goirigolzarri. Brufau ha añadido que "la sociedad es madura, y cuando tenga que decidir apostará por la estabilidad".

Para el presidente de Repsol, Podemos ha mostrado "dos programas económicos completamente distintos, uno más bolivariano y otro de corte más nórdico". Brufau considera que Podemos "ya explicará" cuá será su modelo definitivo. Alierta ha reconocido que en foros internacionales le preguntan por Podemos, "sobre todo los portugueses". El presidente de Telefónica considera que "el país se ve peor de lo que está; tenemos que parecernos a EEUU, a Alemania, no a Italia", en referencia a la estabilidad política. El responsable de Bankia, por su parte, cree que "hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace; se habla de analistas preocupados por Cataluña, Podemos, etc, pero la realidad, el mercado, está dando una probabilidad altísima de estabilidad en España".

La moderadora les ha planteado si tenían alguna "petición" que hacer a PP y PSOE, y los tres han coincidido en reivindicar la necesidad de "un gran pacto sobre educación que impulse especialmente la Formación Profesional avanzada y conectada a las nuevas necesidades empresariales", en palabras de Alierta, que ha destacado la importancia de la digitalización de la economía y de un "esfuerzo por la formación continua". Como ejemplo, Alierta ha comentado que "los chavales de Formación Profesional saben manejar las tabletas digitales, quienes no saben son los profesores".

Brufau, más rotundo en términos políticos, ha reclamado a los dos principales partidos "generosidad para acercar sus posiciones". El pacto no es malo para nadie y es bueno para todos", según el presidente de la compañía energética.

Optimismo económico

Antes de responder a las preguntas sobre el bipartidismo y Podemos, los tres directivos han trasladado su confianza en la recuperación de la economía. Alierta, que es presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad, asegura que España "crecerá en 2015 más del 2%" y ha defendido que "las reformas hay que hacerlas de forma continuada". Gorigolzarri ha resaltado la necesidad de apoyar ese crecimiento "con unas condiciones de financiación excelentes, pero sanas". Según el presidente de Bankia, durante años "en España hemos necesitado mucho más crédito que otras economías para crecer", y confía en el desarrollo rápido de la unión bancaria europea para igualar los costes de los préstamos. Sobre su gestión, Goirigolzarri ha comentado a la salida del acto su confianza en que los ciudadanos den "una segunda oportunidad" a Bankia.

Los tres directivos han reconocido que "el ajuste laboral desde 2008, la devaluación interna y la moderación salarial" de estos años como los principales "impulsos de la competitividad" de las empresas españolas.

Repsol remuneró con 6,3 millones de euros a su consejo de administración durante el primer semestre del año, lo que supone un incremento del 7,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, motivado por la finalización del ciclo cuatrianual del plan de entrega de acciones y por la llegada de nuevos vocales, entre ellos el nuevo consejero delegado, Josu Jon Imaz, antiguo alto caergo del Gobierno vasco.

Excluidos estos efectos, la retribución fija y variable de los tres consejeros ejecutivos de la empresa habría registrado un descenso del 1,2%. Estos ejecutivos son el presidente de la empresa, Antonio Brufau, y el secretario del consejo, Luis Suárez de Lezo, así como el propio Jon Imaz, consejero delegado desde comienzos de mayo.

En concreto, la retribución fija del consejo aumentó un 6,3% en el semestre, hasta 2,01 millones, si bien la variable, percibida por los consejeros ejecutivos, registró un descenso del 10%, hasta 1,35 millones de euros.

Sin embargo, las atenciones estatutarias del resto del consejo ascendieron a 2,62 millones, un 7,8% más, tras los últimos cambios en el consejo de administración.

Por otro lado, la liquidación del primer ciclo de los planes de fidelización comportó una remuneración de 333.000 euros en el primer semestre, frentre a los 59.000 euros del mismo periodo del ejercicio anterior.

El plan cuatrianual de acciones del periodo 2007-2011 contempla la entrega de títulos al final del periodo y, en caso de que se mantengan las acciones pasados tres años, la entrega de una nueva por cada tres. 

El lingüista Noam Chomsky defiende que la democracia no puede crecer donde el poder político y el económico se concentran. O sea, lo que ha ocurrido en nuestro país, con una coalición de élites que no trabajan en beneficio de la comunidad, sino en el suyo propio, y que ha acabado con el debate entre izquierda y derecha para dar paso a otro entre ricos y pobres. Entre quienes acumulan cada día más poder y riqueza y quienes han llegado a la convicción de que hoy son más pobres que ayer, que lo serán aún más mañana y que ya no se sienten representados por quienes dicen representarlos. Este es el nuevo bipartidismo que ha sustituido al que desde la transición democrática ha permitido al PSOE y al PP alternarse en el poder. Una idea en la que han abundado intelectuales como José Luis Sampedro, que sostenía que el poder económico ha suplantado la voluntad de las urnas y sometido la política a sus intereses, y José Saramago, para quien si el poder real es económico no tiene sentido hablar de democracia.

Nunca hasta ahora se había hecho tan evidente la simbiosis entre el poder político y el económico, coaligados para mantener su status quo y evitar que nuevas formaciones y formas de hacer política surgidas de la indignación ciudadana irrumpan en el escenario público y pongan en entredicho la alianza de las élites. Sólo así se explica que un fenómeno como Podemos, que defiende nuevas instituciones inclusivas en las que los ciudadanos se vean representados, suscite tanta inquietud que haya llevado a los partidos tradicionales a calificarlo de movimiento antisistema, cuyo objetivo sería subvertir la normalidad con la que ellos han gobernado durante décadas.

El expresidente Felipe González llegó a decir de dicha formación, sin llegar a citarla, que sería una “catástrofe” que sus propuestas prendieran en la población, y no dudó en descalificarla, sin tener en cuenta que su respaldo en las urnas es tan legítimo como el que ha perpetuado al PSOE y al PP en el poder desde el advenimiento de la democracia. “Una alternativa bolivariana para España y para Europa sería una catástrofe sin paliativos”, dijo. Un movimiento de indignación que comparó de manera desdeñosa con las protestas globales del Mayo del 68 francés. La intranquilidad ante la hipótesis de que los resultados de las elecciones europeas se trasladen a las municipales y autonómicas del próximo año y, sobre todo, a las generales, es tal que entre las élites comienza a plantearse la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP, a semejanza de la suscrita en Alemania entre las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU) de Ángela Merkel, la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), la principal fuerza de centro-izquierda. Una opción por la que ya apuesta en público el propio Felipe González, que aboga por ella “si el país lo necesita”.

El miedo, otra vez el miedo, como recurso de los poderosos para aplacar la indignación ciudadana. Lo dijo Sampedro: “Nos gobiernan a través del miedo”. El miedo que ha hecho que durante años amplios sectores de la población hayan decidido pasar de la política, como si el precio de la luz o el pan, de la calidad de los servicios públicos o el recorte de derechos y salarios que afectan a todos no fueran consecuencia de decisiones políticas. El hombre-masa autocomplaciente del que hablaba José Ortega y Gasset, y del que Bertolt Brecht dice: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos (…) Es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales e internacionales”. Una situación que la movilización de mareas y movimientos como el 15M o Democracia Real Ya, y ahora Podemos, comienza lentamente a revertir, como un sirimiri que empieza a calar.

Pintadas contra la banca. DAVID ROCH

El problema es que los partidos parecen no haber entendido que la corriente de protesta ciudadana, cuya más reciente expresión ha sido la debacle electoral del bipartidismo en las recientes elecciones europeas, exige un cambio de ciclo y no meros retoques para que todo siga igual. Ya nadie cree en la refundación del capitalismo que las élites prometieron para convencer a los gobernados. Si queremos que todo siga como está, pensaron, es necesario que todo cambie.

Contra ese objetivo se rebelan los ciudadanos, convencidos de que el lema Otro mundo es posible no es tan utópico. Los economistas Serge Latouche y Didier Hapagès, especialistas de la teoría del decrecimiento, sostienen que “sin la hipótesis de que otro mundo es posible, sencillamente no hay política, sino sólo la gestión administrativa y tecnocrática de los hombres y de las cosas”. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología, y uno de los fundadores de Podemos, escribe que “un mundo se marcha, aunque no termina de despedirse, y otro se aproxima, aunque sus velas aún están lejos de la costa”, y se pregunta: “¿No son tiempos, pues, de una prudente audacia?”

Carmen Alcaide, expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), constataba lo obvio que las élites se niegan a reconocer en un artículo de opinión (El País, 24 de junio). Decía así: “La desconfianza surgida sobre las instituciones y los políticos actuales, derivada de la mala gestión de muchos y de la corrupción de algunos, unida al descontento de los ciudadanos por la crisis padecida, ha provocado la aparición de organizaciones políticas que claman por cambios institucionales importantes”.

La crisis económica, y sobre todo las medidas adoptadas para combatirla y la corrupción, están en el origen de la revuelta ciudadana, que ya no admite sin rechistar la creciente desigualdad entre las élites y la población. La consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada hizo público el pasado junio un informe que revela que el número de ricos en España aumentó un 11,6% en 2013 o, lo que es lo mismo, que los españoles que disponen de más de un millón de dólares (740.000 euros) para invertir creció el año pasado hasta las 161.400 personas. También ha crecido un 27% el número de ciudadanos con grandes patrimonios desde que comenzó la crisis en 2008, y las sicavs, en las que buscan cobijo los grandes patrimonios de nuestro país, ascendían a 3.035 a finales de 2013, que gestionan un patrimonio de cerca de 29.000 millones de euros. Ese mismo año, los cinco grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell) obtuvieron un beneficio de 7.274 millones de euros netos, de los que 4.370 millones correspondieron al Banco de Santander. Una cifra que casi dobla (90%) el beneficio obtenido en 2012. Es obvio que algunos han superado la crisis, si es que alguna vez se vieron afectados por ella.

La desigualdad no deja de crecer

En el otro fiel de la balanza, el resto de ciudadanos, que no han dejado de perder su poder adquisitivo. La brecha de la desigualdad no para de crecer, pese a lo cual son recurrentes los mensajes de las élites políticas y económicas para convencer a los ciudadanos de que ya hemos salido de la crisis y es cuestión de tiempo que los datos macroeconómicos se vean reflejados en las cifras del paro, el problema que más preocupa a los españoles. “A pesar de observar condiciones económicas más favorables que en años anteriores –vuelvo a Carmen Alcaide-, mientras no haya un crecimiento importante del empleo, será lento y difícil de corregir el aumento de la desigualdad provocada durante los años de crisis, las dificultades económicas por las que están pasando muchas familias y, sobre todo, el sentimiento de descontento y discriminación de muchos jóvenes que, una vez terminada su formación, no encuentran trabajo”.

La gran élite internacional que conforman el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la propia Unión Europea (UE), lleva años pregonando la austeridad como única solución para los problemas del mundo y exigen a los demás los sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.

Christine Lagarde, directora del FMI, hizo meses atrás una encendida defensa de lo que llamó esfuerzo reformista, una expresión que han abrazado con fervor políticos y economistas, que concretaba una rebaja salarial para los trabajadores, adicional a las que ya se han adoptado, del 10%, a ejecutar entre 2014-2015. Para dar ejemplo, se subió el sueldo un 11% nada más llegar al cargo en 2011, y en 2013 cobró 352.859 euros, un 1,8% más que el año anterior (la revalorización de su salario se hace en función del IPC de la ciudad de Washington, donde el FMI tiene su sede). Ese es su sueldo neto, sin retenciones como la nómina de cualquier trabajo. Un salario que equivale a 29.404 euros limpios al mes o 980 euros diarios, lo que hoy cobran, y gracias, muchos trabajadores de nuestro país al mes.

Mario Draghi, presidente del BCE, el hombre que con una simple declaración es capaz de que suba o baje la prima de riesgo de los Estados del Sur, goza de unos emolumentos algo superiores a los de Lagarde, exactamente 378.240 euros en 2013, con un incremento del 1,1% respecto a 2012. José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea hasta el próximo septiembre, cobra 25.554 euros mensuales, dietas y ayudas para vivienda aparte, y Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, defensor también a ultranza de la moderación salarial, disfruta de una nómina de 23.000 euros mensuales. Es obvio que, por fuerza, la realidad se vea de otra manera.

La puerta giratoria

Unus pro omnibus, omnes pro uno (todos para uno, uno para todos) es, aunque no oficialmente, el lema nacional de Suiza, y, también, de los tres mosqueteros. Un lema que define el actual pacto entre las élites para acudir al rescate mutuo cuando la situación lo exija. El “hoy por ti mañana por mí” del refranero, cuya manifestación más clara es la puerta giratoria, como se conoce el fenómeno por el que nuestros políticos pasan de lo público a lo privado y de lo privado a lo público sin pudor. Algunos expresidentes del Gobierno y exministros de Economía se mueven con soltura en ella. Hombres y mujeres con excelentes agendas internacionales capaces de engrasar relaciones y facilitar negocios.

La carrera del exministro de Economía Rodrigo Rato es un ir y venir de aquí para allá, siempre con sustanciosos salarios, mientras predica las bondades de las políticas de austeridad. Verán, cuando abandonó la res pública se situó al frente del FMI, pero no se enteró de la crisis que se nos venía encima. Ni siquiera cumplió su periodo de mandato, pese a lo cual tiene garantizado un salario de por vida. A los meses ya tenía trabajo como asalariado de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, para quien ya había trabajado, y de allí dio el salto al banco de inversión Lazard, con una retribución fija al año de un millón de dólares.

El PP lo rescató para hacerlo presidente de Bankia, el mayor escándalo financiero de nuestro país, que le ha costado al Estado, y por extensión a los ciudadanos, que son los que lo sustentan con sus impuestos, 23.000 millones de euros. Dimitió cuando trascendió el agujero contable, pero no se fue al paro. El Banco de Santander y Telefónica salieron en su rescate y lo contrataron como asesor. Tanto él como los 33 consejeros de la entidad están imputados por la Audiencia Nacional por delitos que suman hasta 15 años de prisión. La complejidad de la causa y las artimañas legales de sus letrados tienen la investigación en stand by.

Los retiros de González y Aznar

Su sucesor al frente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que aceptó un salario de 500.000 euros al año al tratarse de una caja intervenida, se situó al frente de Bankia tras abandonar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y recuperar su fondo de previsión, que en ese momento ascendía a 68 millones de euros. Ahora saca pecho, habla de la solvencia de la entidad y alardea de los 250 millones de euros de beneficio que ha dado la citada entidad en el primer trimestre de este año. Los 23.000 millones de euros públicos que se han ido por el desagüe y los centenares que les han arrebatado a los pequeños ahorradores con las participaciones preferentes y la deuda subordinada han pasado a ser anécdotas del pasado.

Felipe González es asesor de Gas Natural desde diciembre de 2010. El año pasado cobró 127.000 euros anuales, según el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros presentada a la junta general de accionistas del año 2014, en la que consta que en diciembre de 2013 era asesor de la presidencia de Indra (cabe recordar que su accionista de referencia es Bankia), una empresa constituida en 1993, siendo González presidente del Gobierno, al frente de la cual está desde entonces el socialista Javier Monzón.

El mandato de González venció el pasado 14 abril, pero, aunque anunció su intención de dejar el cargo porque se aburría, continuará un año más. En el consejo se sienta con empresarios como Antonio Brufau, presidente de Repsol; Demetrio Carceller, vicepresidente de Sacyr-Vallehermoso y Ebro Puleva; o Juan Rosell, presidente de los empresarios españoles. González justificó su presencia en la gasística con su interés por conocer el tema de la energía, ya que “me hubiera ido mejor asesorando a empresas con domicilio fiscal en las Islas Caimán”. Una broma sin gracia para los tiempos que corren.

José María Aznar tiene o ha tenido tal profusión de cargos que resulta difícil entender de dónde saca el tiempo para atender tantos frentes: asesor externo de Endesa para asuntos internacionales, asesor externo de la minera canadiense Barrick Gold, consejero de News Corporation y asesor también para Latinoamérica de DLA Piper, “despacho global de derecho de los negocios”, según se autodefine en su página web. Y, obviamente, su sueldo vitalicio como ex presidente.

Para Endesa han trabajado o trabajan todos los exministros de Economía. El actual, Luis de Guindos, dejó precisamente su puesto de asesor para ser nombrado ministro, aunque su experiencia en la administración pública se remonta a 2002, cuando Rodrigo Rato le nombró secretario de Estado de Economía a sus órdenes.

La derrota electoral del PP en 2004 lo devolvió al sector privado como presidente ejecutivo del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers para España y Portugal. El escándalo de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que llevó a la quiebra a la entidad, le llevó a Endesa y a los consejos de varias sociedades más, y vuelta a la administración con Rajoy. Su sucesor al frente de las cuentas públicas, Pedro Solbes, fue asesor del FMI tras dejar la cartera, y después se incorporó a Enel, la multinacional italiana a la que el Ministerio de Economía que él dirigía autorizó la venta el 92% de Endesa. El exministro completa su salario como asesor de Barclays Bank en España, sin olvidar que tiene un salario vitalicio como excomisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea entre 1999 y 2004.

La última en subirse al carro ha sido Elena Salgado, la última ministra de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero, en su caso como consejera de Chilectra, la distribuidora chilena de Endesa, además de convertirse en asesora de Abertis. También Miquel Roca i Junyent, exportavoz de Convergència i Unió en el Congreso, es vocal externo de la compañía, amén de otros cargos. Por otra parte, su despacho de abogados, Roca Junyent Abogados Asociados, lleva la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.

1.661 casos de corrupción financiera y política en 2013

La lista es profusa y desalentadora, y en no pocos casos la ausencia de honestidad ha llegado a convertirse en un delito, como demuestran los 1.661 casos de corrupción política y financiera contabilizados en 2013 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algunos de ellos macroprocesos por su enorme complejidad y el elevado número de implicados.

Los medios de comunicación, cuya principal responsabilidad sería denunciar los desmanes del poder, se han convertido en sus aduladores. Cómo no hacerlo si en sus consejos de administración se sientan representantes de todos los grandes bancos. Así las cosas, la Caixa es propietaria del Grupo Godó, editor, entre otros, de La Vanguardia y de El Periódico de Catalunya. Entre los accionistas del Grupo Prisa, editor de El País, está el Banco de Santander. Busquen en la hemeroteca el tratamiento que recibió Emilio Botín cuando Hacienda descubrió que tenía en Suiza una fortuna estimada en 2.000 millones de euros que normalizó tras pagar 200 millones de euros al fisco y evitar de este modo que le abrieran un procedimiento por delito fiscal. Encontrarán muy poco.

Por otra parte, en Vocento, la empresa editora de ABC, se encuentra la familia Ybarra (BBVA); los bancos italianos Mediobanca, Banco Sanpaolo y Unipol están entre los accionistas de El Mundo, y el editor de La Razón es José Manuel Lara, vicepresidente del Banco de Sabadell. 

El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano afirma que “los medios de comunicación de masas justifican los fines del sistema de poder, que impone sus valores a escala planetaria”. Una visión que completa Noam Chomsky, según el cual, “el cuadro del mundo que le presentan a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Prevalece, por tanto, el espectáculo, el entretenimiento y la propaganda.

Las nuevas formas en que se está organizando la rebelión ciudadana han recibido el calificativo de “populistas”. Si quienes utilizan este adjetivo para desacreditar a quienes amenazan sus privilegios consultaran el diccionario de la Real Academia Española (RAE), descubrirían que populista es un adjetivo con una única acepción, “perteneciente o relativo al pueblo”, y que el sustantivo populismo es la “tendencia a prestar especial atención al pueblo y a cuanto se refiere a él”.

Nada que ver con el sentido peyorativo que le dan las élites para descalificar a quienes ponen en peligro su posición.

Las posturas oficiales de los partidos políticos sobre el desafío soberanista del presidente de la Generalitat son de sobra conocidas. Y permanecen teórica y oficialmente inalterables desde que el pasado 12 de diciembre Artur Mas (CiU) pactó con ERC, ICV-EUiA y la CUP la pregunta de la eventual consulta sobre la independencia de Cataluña y una fecha, el 9 de noviembre. Así, los partidos promotores de este referéndum siguen sosteniendo, a día de hoy, que no hay planes B. Que no hay vuelta atrás y que la consulta va a celebrarse. El Gobierno y el PP, el partido que lo sustenta, no se salen tampoco de su argumentario. A saber: la consulta es ilegal y no va a celebrarse porque los ciudadanos de una comunidad no pueden decidir por todos los españoles. Y el PSOE, principal partido de la oposición y, hasta la fecha, aliado del PP en los que considera asuntos de Estado, tampoco ve posible esta consulta e invita a canalizar la cuestión a través de una reforma de la Constitución.

Pero en la práctica, entre bambalinas, es decir extraoficialmente, diferentes sectores políticos y empresariales comparten, desde tendencias ideológicas dispares, la necesidad de que la situación dé un giro que evite el tan anunciado como temido choque de trenes. Muchos de estos actores implicados han tenido la oportunidad de trasladar sus inquietudes al presidente del Gobierno que, de momento, se muestra en público inflexible apelando al 'no' mayoritario que el Congreso de los DiputadosCongreso de los Diputados dio a la petición del Parlament catalán del traslado de competencias para la celebración de la consulta.

¿Está gestándose otra hoja de ruta para Cataluña desde sectores influyentes para reconducir la situación y evitar un enfrentamiento entre instituciones? Distintas fuentes consultadas por este diario digital lo confirman. Hay movimientos en ese sentido. Uno de los focos más importantes de este debate surge en el contexto de la 'Gran Coalición', una operación política que, según ha venido informando infoLibre, está en marcha desde el otoño pasado con el impulso del Gobierno, de sectores del Partido Popular, de Rubalcaba y la llamada 'vieja guardia' del Partido Socialista, alentados y empujados por los grupos empresariales de mayor peso en el Ibex-35 y por la influencia mediática de Prisa, editora de El País.

En esta operación, que culminaría con un pacto PP-PSOE en las generales de 2015 si PP y PSOE no lograran la mayoría necesaria para gobernar en solitario, el desafío soberanista de Cataluña es una de las piezas claves del puzzle. De hecho, hay en el PP quien cree que el germen de la 'Gran Coalición' debe una parte crucial de su argumentario al escenario catalán. En este sentido, dirigentes conservadores consultados por infoLibre subrayan que en los últimos meses han sido insistentes los comentarios internos de que el expresidente socialista Felipe González ha tenido contactos con Rajoy para convencerle de que apueste por una reforma 'controlada' de la Constitución a fin de evitar que la situación estalle. El rey Juan Carlos habría estado al tanto de estos contactos, al igual que influyentes empresarios catalanes como Isidro Fainé (La Caixa), Antonio Brufau (Repsol) o José Manuel Lara (Planeta). Numerosos dirigentes socialistas han advertido que la fórmula de la gran coalición sería "suicida" para el PSOE y consideran que los poderes financieros y el PP están interesados en ese "abrazo del oso" para acabar con el principal partido de la oposición.

Oficialmente, Rajoy no se mueve de su postura: no habrá consulta. Pero en el Gobierno insisten en que "está dispuesto a hablar" porque es presidente "de todos los españoles" y "no puede dejar a un lado" a los catalanes.

Más autonomía para Cataluña

“Se habla de que la autonomía de Cataluña –y también la del País Vasco– saliesen más reforzadas que el resto, pero haciendo el difícil equilibrio de no perjudicar a las demás”, señala un dirigente conservador. No obstante, a tenor de las declaraciones públicas del PP y del Gobierno este escenario resulta aún lejano. En lo que va de legislatura, Rajoy y su equipo han explotado hasta la saciedad la invitación a los partidos de la oposición a cambiar las reglas del juego mediante una reforma de la Carta Magna. Así lo hicieron en el debate en el Congreso en el que se negó a Cataluña la competencia para celebrar una consulta y así se ha hecho en las últimas semanas a los partidos que piden un referéndum sobre el modelo de Estado. Es una oferta-trampa. Trampa porque el PP no está por una reforma constitucional. Se abrirían muchos más frentes que los que vayan a ser directamente tocados y no quiere una última fase de legislatura agitada. Y si el PP, con mayoría absoluta, no está por la labor, cree que no hay margen para más debate.

Rajoy siempre ha dicho que está dispuesto a hablar con Mas y que tiene una hoja de ruta para Cataluña. Pero, hasta la fecha, ni ha hablado con Mas ni ha desvelado esa hoja de ruta que culminaría con un recurso ante el Tribunal Constitucional tanto de la ley de consultas como de la convocatoria del referéndum si llegara a ejecutarse.

Dos discursos: el del PSC y el del PSOE

La de la reforma constitucional es, de hecho, la solución a esta crisis que propone el PSOE, basada en Declaración de Granada aprobada después en su conferencia política con el acuerdo de todos los sectores socialistas. Fuentes de la dirección del PSOE mantienen que “la única consulta que se puede hacer es una acordada y legal y que, por tanto, venga de una reforma de la Constitución”. Y eso, comentan, sólo es viable consultando a todos los españoles. Una reforma de la Carta Magna.

Mientras, el PSC sí cree legal la consulta. Lo que no comparte es la formulación de las preguntas –"¿Quiere usted que Cataluña se convierta en un Estado?" y "¿Quiere que este Estado sea independiente: sí o no?" –. De ahí que CiU se haya mostrado abierta a tocar el texto de las mismas a fin de contar con el respaldo de los socialistas catalanes. Esta misma semana, Miquel Iceta, candidato a liderar el PSC tras la marcha de Pere Navarro, volvió a insistir en que la cuestión planteada es una “chapuza” y mostró su convencimiento de que la consulta no se va a producir.

Los partidos promotores de la iniciativa no tardaron en recoger el guante lanzado por Iceta. “Si conseguimos que haya más [partidos] en el acuerdo, no creo que deba ser un problema modificar la pregunta", respondió ágil Núria Gispert, presidenta del Parlament.

¿Y si se cambia la pregunta?

La posibilidad de un cambio en los términos de la pregunta es un tema que está sobre la mesa en las citadas conversaciones entre políticos de diverso signo y empresarios. La conclusión a la que han llegado en esos círculos es que Rajoy no debería dejar de explorar esta vía, y así se lo han trasladado en diferentes contactos, directamente o a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, encargada por el presidente de sondear cualquier camino de solución a la 'cuestión catalana'.

A priori, el PP ve un importante obstáculo en esta posibilidad. Sostienen que su jefe de filas tendría muy difícil explicar por qué permite que los catalanes voten cuando uno de los ejes argumentales de su oposición a la consulta es que un pueblo no puede decidir por todos los españoles. “Da igual que suavicemos la pregunta. No tiene encaje. Ni esas, ni otras”, insiste un dirigente del PP de Cataluña.

En esta negativa de los conservadores subyace el miedo a que cualquier tipo de consulta con cualquier pregunta empeore la situación. “El hecho de celebrarla crea a Cataluña un estatus de nación que dura por los restos y eso le da un barniz de nación histórica. Si se les da ese privilegio, el zarpazo es más fuerte, porque se sienten legitimados”, precisa un diputado del PP.

Tampoco es una cuestión fácil para el bloque defensor de la consulta. Gispert (CiU) se ha abierto a modificar la pregunta. ERC, por ejemplo, insiste en que “si a alguien le tiembla del pulso”, su compromiso es continuar. “La consulta tiene fecha y preguntas. Estamos por esa fecha. Y por esa pregunta. Tenemos el respaldo del 80% del Parlament. Se ha anunciado. Se ha contado así”, recalcan fuentes de la formación.

“¿Por qué cambiar la pregunta ahora si había unanimidad desde la CUP a Unió? Cualquier tipo de rebaja o recorte supondría engañar a la sociedad catalana”, añaden desde ERC.

Cuestiones como esta hacen que el PP insista en la idea de que en CiU son “rehenes de ERC”. “El problema lo han creado en CiU, lo ha creado Mas. Y lo tienen que solucionar ellos”, señalan fuentes de la formación.

Recuperar a no independentistas enfadados con España

Desde las más altas instancias del empresariado catalán se ha trasladado al Gobierno, y también al PSOE, que una situación de bloqueo como la actual no es buena. Ni para Cataluña, ni para España. Y se explica de una forma muy gráfica: se calcula que en Cataluña hay un 40% de independentistas y un 30-35% de ciudadanos que dan la espalda a España no por ser independentistas, sino por hastío y decepción tras la sentencia del Estatut después de que su reforma fuera votada en referéndum. Sería un voto, por tanto, teóricamente "recuperable". Esta posibilidad, en una situación de declive de los dos grandes partidos, como se puso de manifiesto en las elecciones europeas del 25-M, es una invitación a la reflexión. Aunque financieros tan influyentes en Moncloa (y en Zarzuela) como Isidro Fainé, presidente de La Caixa, sigan públicamente de perfil acerca de la hoja de ruta soberanista, están trasladando en privado la visión de que "no habrá arreglo sin que se celebre algún tipo de consulta pactada". Consideran en esos círculos que el sentimiento de hartazgo en la calle "se llevaría por delante" a los promotores del "derecho a decidir" si finalmente hubiera un bloqueo del mismo, por muy acordado que fuera.

Y ahora... Felipe VI

Las fuentes consultadas por infoLibre precisan que el rey Juan Carlos, ahora ya exmonarca al haber cedido el testigo a su hijo, ha estado al tanto de estas conversaciones en las que sectores políticos y sociales debaten sobre hojas de ruta alternativas que eviten el choque de trenes. Proclamado ya Felipe VI, todas las miradas se dirigen a él. Y también las de los protagonistas. De hecho, el propio Mas se ha mostrado convencido de que el nuevo rey hará "alguna cosa para encontrar la solución".

Estas declaraciones del presidente de la Generalitat encendieron más de una alarma en el Gobierno del PP. Desde el Ejecutivo se apresuraron a insinuar que el desafío independentista de Cataluña no es cosa de Felipe VI. "Cada uno tiene la tarea que la Constitución le encomienda", defendió el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De hecho, más de uno en el PP quiso hilar fino y vio en el discurso del nuevo rey este mismo mensaje de la mano derecha de Rajoy en el Gobierno. "Un rey debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas", señaló Felipe VI. "Ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el Gobierno de la Nación y respetar en todo momento la independencia del poder judicial", añadiría acto seguido.

Al respecto, el líder de UDC y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reclamó este viernes no abusar a la hora de emplazar públicamente al nuevo rey para que resuelva la cuestión del proceso soberanista, ante el riesgo de que se produzca el "efecto contrario". "Cuanto más se lo pidamos públicamente, más limitaremos su capacidad de intervenir privadamente", avisó Duran en su carta web semanal el día después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, expresara su convencimiento de que Felipe VI mediará para intentar facilitar el diálogo entre el Gobierno central y el catalán. A su juicio, el rey no fue explícito en lo relativo al proceso soberanista catalán, aunque ha evitado juzgarlo hasta más adelante, y ha constatado sus limitaciones para poder actuar: "En el mejor de los casos, el rey puede hacer lo que puede hacer y, aunque siendo mucho, será insuficiente si los políticos no asumimos nuestras responsabilidades", zanjó.

Reticencias a este escenario

Desde el ámbito universitario, Lluis Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Girona, se muestra escéptico sobre la posibilidad de que las élites puedan tomar ahora las riendas de un proceso que, a su juicio, ha nacido de la sociedad catalana. 

“Aunque algunos quieran hacer ver que este proceso de desplazamiento de la sociedad catalana hacia posturas independentistas parte de las élites, no es así. Está dirigido desde la sociedad”, completa Orriols que considera que una hoja de ruta alternativa a la marcada sería “ir a contracorriente”. “Habría fuertes resistencias, por lo que los partidos tienen un escaso margen”.

Frente a quienes consideran que el escenario perfecto sería volver a antes de 2011, antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, y que Rajoy propusiera a Mas una nueva negociación del mismo, Orriols precisa que a su entender “la situación está dada”. “Es difícil cambiar las prioridades. Es difícil que se vuelva a antes de 2011”, dice.

Este doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford cree, además, que CiU ha entrado en un proceso en el que tiene muy complicado echarse atrás. “A los partidos les sería ahora muy difícil cambiar el rumbo. Este es un movimiento de origen más social que político”, insiste.

Otros escenarios posibles

Las posibilidades de una reforma constitucional, de una modificación de la pregunta o de negociar un Estatuto desde cero para desbloquear esta crisis están sobre la mesa de los muñidores de la 'Gran Coalición'. Si la situación no se desbloquea, existe el convencimiento, tanto en el PP como en el PSOE, de que el Gobierno frenará la consulta.

¿Qué pasará entonces? Las fuentes consultadas apuestan por dos escenarios: o Mas convoca elecciones plebiscitarias, o una entidad como la Assemblea Nacional Catalana convoca la consulta en lugar del Govern gracias a la ley de consultas que surja del Parlament.

En más de una ocasión, tanto Rajoy como Mas se han mostrado públicamente dispuestos a sentarse a dialogar para desbloquear la cuestión. Pero la cita, a día de hoy, no se ha producido. De hecho ambos reconocen que ni siquiera han hablado telefónicamente. En el Gobierno creen que el president cometió "un error de bulto" no yendo al Congreso a defender la solicitud del traspaso de competencias para la pregunta, aunque no aclaran en qué hubieran cambiado las cosas si Mas hubiera asistido.

En cualquiera de los escenarios planteados, las fuentes conocedoras de estas conversaciones comparten la necesidad de que las actuaciones lleguen antes del 18 de septiembre de 2014, fecha en que se celebrará el referéndum sobre la independencia de Escocia autorizado por el Parlamento de Londres. Después de esta fecha, si la separación del Reino Unido es respaldada en las urnas, los promotores de la independencia en Cataluña tendrán una carta internacional más que emplear y serán más reacios a cualquier tipo de diálogo o negociación.